Ya son ocho los jóvenes muertos tras el incendio de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría ocurrido el jueves. Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas. El edificio estaba clausurado como lugar de detención, sin embargo, había 27 personas.
La Comisión Provincial por la Memoria afirmó que “es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.
Sandra Raggio dijo a FM De la Calle que “en 2015 ya presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar, por la situación de las comisarías”.
“Lamentablemente, después de esa presentación, ocurrió la masacre de Pergamino y ahora ocurre la masacre de Esteban Echeverría. Y además, cada vez peor. La verdad que es bastante -no sé cuál sería la palabra- decepcionante es demasiado poco, desolador, pensar que frente a estos acontecimientos tan aberrantes no haya decisiones políticas que se correspondan con la gravedad de los hechos”.
-Ustedes hablaron con sobrevivientes y descartan cualquier versión referida a un motín o fuga. ¿Qué testimonios recogieron?
No, No, ni motín ni fuga ni nada. Había una situación de sobrepoblación en el lugar, eso está claro. Esa comisaría estaba clausurada como lugar de detención por una resolución del año 2012 del Ministerio de Seguridad que después hizo oídos sordos a su propia resolución y empezó a mandar detenidos ahí. En marzo de este año por un habeas corpus que presentó el Juzgado de Garantías de Esteban Echeverría, el juez de garantía ratificó la clausura y ordenó que de manera inmediata se desalojara la comisaría, se lo ordenó hasta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Dio la orden el juez porque peligraba la vida de las personas. También elevó por desobediencia la causa a la fiscalía y tampoco hubo avances en ese tema.
Acá las responsabilidades funcionales son claras, más allá de lo que ocurrió. Porque la cuestión del fuego es una forma de protesta muchas veces de los propios reclusos. Pasó en Pergamino, pasó acá, pasó en Magdalena. El tema es cómo responde el Estado que tiene a esas personas en custodia. Era un lugar que realmente era una ratonera porque no tenía ningún tipo de ventilación, estaban hacinados y creemos que la justicia, que fue quien ordenó que desalojaran el lugar, ahora debería abocarse a la investigación de las responsabilidades funcionales que expliquen la muerte de estas ocho personas y dos que están en extrema gravedad.
Raggio manifestó que “hay testimonios de las personas detenidas de la celda 2, que sobrevivieron todos, que en un momento cuando empieza el incendio ellos se despiertan por el fuego y entonces van a intentar mojar las toallas, que es como una medida de protección por el tema del humo, y cuando van a abrir las canillas no salía agua. Hay que investigar por qué no sale agua. Según las personas que estaban allí siempre había agua, en ese momento no había agua”.
Por otra parte, destacó que “hay una política de persecución penal, de encarcelamiento, orientada a estos eslabones más débiles del delito y de delitos no graves que no hay distinción. La policía capta para el sistema penal, las fiscalías convalidan, los jueces terminan convalidando las privaciones de la libertad. Ahí tenemos un montón de gente procesada en comisarías, por delitos menores que serían excarcelables. Algunos también eran por tenencia simple de estupefacientes”.
“La única forma de resolverlo es repensando la política criminal. No vamos a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo al consumo, no vamos a resolver el robo de autos y el mercado ilegal de autopartes persiguiendo solo a los que roban el auto. Si no nos avocamos a la investigación de delito complejo, de las redes delictivas, de los mercados ilegales y todavía estamos esperando que haya una política de seguridad”.
“Hay también una sensación de inseguridad ligada con lo que pasa en la calles, con el hurto que a la gente pareciera que le parece bien que todo eso que le puede causar un daño a uno de manera directa esté preso. Pero en un mapa de la inseguridad no es lo prioritario. Para que haya mayor seguridad lo que hay que tratar de resolver son las cadenas delictivas que organizan el delito”, dijo.
La integrante de la CPM comentó que el organismo aborda el debate de la seguridad “porque pareciera que a los que defendemos los derechos humanos no nos importan las políticas de seguridad”.
“Estas políticas de seguridad ligadas con la mano dura, con el aumento de la crisis de inflación, etcétera, no dan ningún resultado. Si se sigue invirtiendo y gastando plata en políticas de seguridad, se desatienden las otras áreas del Estado que deberían estar. Se desatiende la promoción y protección de niños, niñas y adolescentes que tiene 0,37% del presupuesto del año pasado del año pasado, 38% que tiene seguridad y capaz están subejecutados esos presupuestos”.
Raggio concluyó: “La justicia se lo advirtió a la gobernadora, al ministro Ritondo, no sólo nosotros como organismo de derechos humanos, la propia justicia, y desoyen las órdenes de las justicia. Entonces, cómo vamos a tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté ligada con la ley y respeto a las instituciones si el propio Poder Ejecutivo no respeta las órdenes de los jueces”.
