A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.

“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.

Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.

Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.

Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.

Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.

En otros dos se celebra un contrato con la  firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.

Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.

Imagen: Infobae.

“Casación dijo que no hay delito y Montezanti no tiene nada que hacer”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani luego de conocer el archivo de la demanda que le impuso el ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA recordó que el ex presidente de la Cámara Federal le inició tres causas por denunciar su participación en el terrorismo de Estado.

“Una es la que me inició por el agravio al honor, en el fuero civil. Terminé pagando 105 mil pesos, me embargaron el sueldo. Esto está apelado, queda una instancia en la Corte Suprema. Otra era esta, que es una demanda penal y de haber fallado en contra nuestro terminábamos varios años presos”.

“La tercera causa, que también se la gané, fue por pegar carteles frente a la Cámara Federal. Fue esa famosa causa donde el juez provincial manda a un policía a infiltrarse dentro de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti. Lo pasan a Ramos Padilla y también falla a mi favor. La única que queda es la del dinero”, comentó Patrignani.

Respecto al Juicio Académico en la UNS que nunca llegó a concretarse, Patrignani recordó que “la Universidad nombró a los jurados pero todos se excusaban y, por último, le llegó la obligatoriedad de jubilarse porque la ley que tenemos ahora lo obliga a jubilarse a los 70 años, y con eso zafó”.

Cabe destacar, además, que Montezanti optó por jubilarse también como magistrado horas antes de que se conociera la sentencia de un jury que se aprestaba a destituirlo. En ese sentido, Patrignani aseguró que hasta último momento el diputado nacional Nicolas Massot -sobrino de Vicente (ex dueño de La Nueva Provincia)- “estuvo presionando a gente del tribunal de enjuiciamiento para que zafara”.

 

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, archivó por inexistencia de delito la causa seguida al docente de la Universidad Nacional del Sur, Dante Patrignani, quien fuera denunciado por el ex camarista federal y docente Néstor Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

Según la denuncia del ex PCI, Patrignani pegó una serie de afiches donde se veía al ex magistrado luciendo una gorra militar, valiéndose para ello -de acuerdo a la denuncia- de información reservada que daba cuenta de la pertenencia de Montezanti a la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado.

Casación hizo lugar a los recursos presentados oportunamente por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa contra el fallo de la Cámara Federal bahiense que había revocado por prematura y contraria a derecho la resolución del juez de primera instancia.

El magistrado interviniente había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas y dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

El juzgado había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto.

El fallo de Casación se refirió a la arbitrariedad alegada por los impugnantes y, en efecto, hizo lugar a la pretensión. Señaló que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca no debió soslayar la inexistencia de delito sostenida por el titular de la acción pública, basada en que “la propia Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino informó que la documentación no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520”.

En esa línea, agregó que “si bien es sabido que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, existe el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos en cuanto sean decisivos o relevantes en el pleito, puesto que la falta de pronunciamiento con respecto a estos puntos trae aparejada la nulidad de los decidido por falta de fundamentación”.

El origen de la causa

En primer lugar, Montezanti demandó en sede civil a Patrignani por ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura.

Al momento de contestar la demanda por difamación, el profesor explicó que el ex camarista era Personal Civil de Inteligencia, y fundó su afirmación con una fotocopia del legajo personal del Ejército, con información en ese sentido.

“De modo que mediante los afiches, se había dado a conocer un hecho verídico en libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”, afirmó la defensa del demandado.

A raíz de ello, el ex magistrado -constituido como querellante en la causa- denunció penalmente al profesor y su letrada por violación de secretos, al considerar que la primera hoja de su legajo personal implicaba develar información reservada.

Libertad de expresión

El fiscal general Javier De Luca dictaminó en el expediente cuando subrogaba la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación había solicitado que se hiciera lugar a los recursos de casación interpuestos por el MPF y la defensa.

Entre sus argumentos sostuvo que si no existe delito, tal como lo había manifestado primeramente el fiscal de instrucción y luego confirmado el juez de esa instancia, no existe acción penal posible.

En este sentido, agregó que aquellas medidas que se consideraron pendientes de realización con el fin de dilucidar la cuestión de fondo presentadas por el denunciante “resultan innecesarias y no logran conmover los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que fueron recibidos por el juez de instrucción al archivar las actuaciones por inexistencia de delito”.

Es que el documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino, por el cual se denunció al docente por violación de secretos, no era una información secreta, lo que impedía que se configurase uno de los elementos esenciales del tipo penal. El demandante trabajó para el Ejército Argentino y ello constituye información de interés público cuya divulgación queda amparada por la libertad de expresión.

“Cualquier limitación al acceso de información y documentación podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, había dictaminado De Luca.

El representante del MPF había agregado que el informe en cuestión, presentado en la causa civil, no era suficiente para atribuir responsabilidad penal, en tanto de ese modo se estarían limitando los derechos al acceso a la información y el debate público de cuestiones de interés general como “garantía del sistema democrático”. El documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. Así las cosas, el fiscal general consideró que el expediente debía ser archivado por inexistencia de delito.

Ayer por la mañana, integrantes de la “Feria Patito” (Beruti y Estados Unidos) fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, el dr. Gustavo Avellaneda y la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González. Fue por el reclamo contra la orden de desalojo dictada por el juez de Faltas, Ricardo Germani. Por parte de las 450 familias ingresaron cinco representantes.

La denuncia fue promovida por el intendente Héctor Gay debido a “antecedentes como un incendio a fines de febrero y supuestos pedidos de la Sociedad de Fomento”. Esas tierras comunales habrían sido otorgadas a Vialidad Nacional. “La sociedad de fomento le pide a Vialidad que haga un espacio verde”, señaló ayer a FM De la Calle la feriante Miriam Montenegro.

Finalmente, según el letrado Leandro Aparicio, que acompañó el reclamo, los funcionarios “plantearon que no tenían problema en hacer una pausa para que no se practique la medida y en el mientras tanto que se regularice la situación”. A su vez, le preguntaron “a los vecinos si ellos conocían algún terreno” a lo que el abogado respondió que esto debería saberlo el gobierno.

Luego, los feriantes se acercaron al juzgado de Faltas y fueron atendidos por su secretario. Garantizaron de palabra que suspenderían la medida de desalojo.

La intervención fue “por intermedio de una gestión que realizó el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani”.

FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.

El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.

La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.

La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.

La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.

Abuelas de Plaza de Mayo comunicó el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Síntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse, luego de casi 42 años.

La familia

Norma Síntora nació en Cruz del Eje, Córdoba, el 9 de agosto de 1951. En 1968 comenzó a estudiar Ingeniería Electrónica en Córdoba donde conoció a quien sería su marido, Carlos Alberto Solsona. Tras una amistad de varios años, formaron pareja en 1974, en marzo de 1975 se casaron y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos.

Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A ella sus compañeros la llamaban “La Morocha”, “Raquel”, “Marta” o “La Turca”. Hacia finales de 1976, ante la ferocidad de la represión, la pareja decidió dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos por los riesgos que estaban corriendo y empezaron a pensar en el exilio. Por entonces, Norma cursaba su octavo mes de embarazo.

Pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977, alojada en la casa de sus compañeros de militancia Isolina Beatriz Rocchi y Rubén Castro, en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los tres continúan desaparecidos.

Al momento del secuestro, Carlos Alberto se encontraba fuera del país y luego debió exiliarse. La familia Solsona-Síntora pretendía escapar de la dictadura y reencontrarse en España: Norma con Marcos y su bebé –a quien pensaban llamar Pablo, si era varón, o Soledad, si era mujer–, y Carlos, ya fuera de Argentina.

Nada más se supo de Norma ni del bebé nacido/a en cautiverio. Se presume que, por la zona del secuestro, podría haber sido llevada a Campo de Mayo, donde habría dado a luz en alguna de las maternidades de ese centro clandestino de detención.

Marcos, el hijo mayor de Norma y Carlos, creció con sus abuelos, con una verdad contada lentamente, mirando fotos y leyendo las cartas que le enviaba su papá. Cuando cumplió 10 años, su abuelo paterno Domingo Solsona lo llevó con Carlos y se produjo el reencuentro. Luego Carlos formó pareja con Ana y tuvo otro hijo, Martín.

Carlos y los abuelos Solsona y Síntora radicaron tempranamente la denuncia sobre el bebé que buscaban en Abuelas de Plaza de Mayo. Existen registros de las presentaciones del abuelo Héctor Síntora en la filial de Abuelas de Córdoba, que mencionaban la desaparición de su hija embarazada de ocho meses.

La búsqueda

En 2012, a partir de diversas informaciones recibidas sobre una joven que había sido inscripta como hija propia por un matrimonio, desde Abuelas se resolvió la aproximación del caso. La documentación reunida mostraba, entre otras cosas, que la partida de nacimiento apócrifa había sido firmada por un médico de la Policía Federal Argentina y que el parto había ocurrido en domicilio. En 2013, el equipo de Aproximación del área de Investigación de Abuelas, contactó a la presunta hija de desaparecidos que vivía en el exterior para invitarla a realizarse el examen de ADN.

El equipo realizó la comunicación por teléfono y quedó en continuarla vía correo electrónico. La mujer adelantó que en 2014 viajaría al país para seguir conversando sobre la posibilidad de analizarse y se le transmitió que la prueba genética también podía efectuarse a través del Consulado. Ante la falta de respuesta subsiguiente, el área de Investigación informó a la presunta nieta que su caso sería derivado a la Unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

El juez Sergio Torres tomó la causa y, a través de la representación diplomática del país donde reside la mujer, intentó en dos oportunidades que se analizara. Ante las negativas, envió un exhorto a la Justicia de ese país, que rechazó realizar un allanamiento para verificar la identidad de la joven.

En junio de 2017, a partir de un allegado de la joven que la incentivó a buscar su origen, se pudo retomar el vínculo. Este amigo, que vive en la Argentina, fue atendido por el equipo jurídico y el de Presentación Espontánea de nuestra Asociación, para despejar dudas y restablecer los puentes para que la mujer accediera finalmente a analizarse.

Hace dos semanas la nueva nieta ingresó al país y, por una notificación de Migraciones, se presentó a la Justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que arrojó que es hija de Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona.

Abuelas notificó a su papá y a sus hermanos sobre el encuentro, quienes viajaron hasta aquí para conocer todos los detalles del caso. Su papá Carlos, sus hermanos Marcos y Martín y sus sobrinos la esperan para abrazarla y reconstruir más de 40 años de historia arrebatados por el terrorismo de Estado.

Este caso devela la trama de complicidad que conlleva el delito de apropiación de identidad y la necesidad de que toda la sociedad se comprometa a resolverlo. El encuentro de Carlos con su hija no habría sido posible de no haber recibido las informaciones acercadas desde la sociedad, no podría haberse constituido como caso si el Estado no se hubiera comprometido con la búsqueda, y a esto se suma el acompañamiento de su amigo que la guió para que se sacara las dudas sobre lo que la restitución implicaba, las gestiones con los consulados de Argentina en otros países, la labor de la Unidad Fiscal de Investigación, del Juzgado Número 12, de la CONADI, el BNDG y de nuestros colaboradores. Todos y cada uno de los eslabones de esta cadena han hecho posible que la #Nieta129 vuelva a casa. Por eso repetimos: rompamos el silencio, el tiempo es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 39 y 45 años, ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó.

“Un documental no puede cambiar la realidad pero puede ser una herramienta para comenzar a transformarla”, se presenta el proyecto A r t Ó cine, el cual produjo diversos documentales, entre ellos, “La crisis causó dos nueva muertes” y el más reciente “Antón Pirulero”.

Patricio Escobar dirige este último film que pone de manifiesto la desaparición forzada de personas en democracia: “Del ’83 hasta ahora hay más de 200 casos. Eso no es algo normal y no cualquiera puede desaparecer una persona. Tiene que estar implicada la policía, la justicia, el Estado en general. Cada cual tiene que hacer su juego y de ahí sale Antón Pirulero”.

“Cada uno tiene un mismo patrón, la policía está implicada, la justicia no investiga o investiga a los familiares. Eran chicos de cierta edad que por lo general vivían en lugares excluidos de la sociedad”, comentó Escobar a FM De la Calle.

“Que la sociedad esté pidiendo más mano dura nos lleva a más represión, a estar más vigilados, a que la policía haga lo que quiera. Acá estamos viviendo los casos de gatillo fácil cada vez más seguidos. Parte de la máquina de desaparecer personas es la sociedad que mira para otro lado, a quién le importa que desaparezca un pibe de la villa”, se preguntó Escobar.

Mirálo:

El fiscal auxiliar Pablo Fermento dijo a FM De la Calle que “es muy probable” que el siguiente juicio oral sea el que investiga “los hechos anteriores al golpe de Estado”.

Hoy se conmemoran 44 años del asesinato del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo en los pasillos de la UNS por parte de la Triple A.

Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados como coautores del delito de asociación ilícita. Aceituno, además, está acusado como el autor del homicidio del militante de la Federación Juvenil Comunista.

“Salvo Aceituno, detenido en el penal de Santa Rosa, todos están excarcelados. Aceituno tiene imputado un delito de homicidio agravado y en el resto de los casos como es asociación ilícita las penas que se prevén les permiten acceder al beneficio”, comentó el fiscal.

En cuanto a la situación procesal del ex camarista, Néstor Luis Montezanti, Fermento explicó que “en 2015 cuando fue imputado no se presentó a indagatoria y fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla cuando estaba subrogando el Juzgado N° 1 de la ciudad”.

“En la indagatoria solicitó una serie de medidas de prueba que se terminaron de producir hace unos días y, ahora, insistimos con el pedido para que se resuelva su situación. Está en plazo el juez para dictar el auto de mérito: puede sobreseerlo, procesarlo o dictar falta de mérito”.

En cuanto a la continuidad de las causas de lesa humanidad, la Fiscalía retomara este jueves a las 14 en Colon 80 el alegato del Juicio Armada II.

Por su parte, la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo realizará esta tarde el histórico acto homenaje en el Ala de Ingeniería de Alem 1253.

El Archivo de la Memoria UNS entregó documentación de 1975 a la Unidad Fiscal que investiga delitos de lesa humanidad. Fue en los actos oficiales por el Día de los Derechos Humanos en la universidad y por el aniversario del asesinato de David “Watu” Cilleruelo.

“Son boletines informativos que se distribuían en los medios de prensa locales, son de casi toda la gestión de (Remus) Tetu. Entendimos que podrían ser interesantes para conocer la dinámica cotidiana de la UNS”, dijo a FM De la Calle el historiador José Marcilese.

Consultado por la publicación del día del homicidio de “Watu”, Marcilese destacó que “fue escueta, en líneas generales hablaba de un discurso bastante despojado de responsabilidades, no fue significativa la información. Una breve crónica de una situación policial. Meses después del asesinato de Watu, un grupo de alumnos busca confrontar con el rector y la gestión y son expulsados”.

El interventor universitario Remus Tetu y el diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce fueron los pilares locales de la banda paraestatal comandada a nivel nacional por José López Rega.

 

Durante un año adolescentes de entre 15 y 18 años de la ciudad de La Plata, investigaron los contenidos de la Ley de Eduación Sexual Integral, a los cuales el Estado les niega el acceso.

El proyecto se llevó a cabo extracurricularmente en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria.

¿El resultado? Un libro 180 páginas que recorre los contenidos más variados referidos a educación sexual, pasando por violencias machistas, femicidios, diversidad sexual, despenalización y legalización del aborto, el problema de la trata y la explotación sexual, la situación de las mujeres travestis y transgénero, etcétera.

Andrea Beratz, la docente a cargo de acompañar esta tarea comentó a FM De la Calle que “es una recopilación de fuentes y datos, desde ahí se empezó a armar el libro. Trabajábamos en la escuela, en casa, noches sin dormir. Días enteros trabajando, fines de semanas enteros. Fue un año de muchísimo laburo de los pibes”.

Además, la docente comentó que “queríamos trabajar con los medios, cómo titulan y cómo se escriben estos temas. Buscamos casos emblemáticos, hicimos un recorrido histórico”.

“La ESI se reglamentó, enviaron materiales a las escuelas pero la vorágine que estamos viviendo a nivel social, cultural y estos cambios que se vienen dando, hacen que materiales de este tipo queden desactualizados. Sentimos la necesidad de actualizarlos. La Ley de identidad de Género se sancionó mucho después de la Ley de Educación sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario también, hay muchos temas que quedaron por fuera del material”.

El Manual está disponible en la web de la Comisión Provincial por la Memoria, en la pestaña de Jóvenes y Memoria, es de descarga libre y gratuita.

“Para mi es un orgullo tremendo lo que han hecho los chicos, es mas que loable y valorable porque trabajaron con la rigurosidad de un trabajo de investigación que está a la altura de cualquier otro. No dimensionamos todavía la magnitud de toda la repercusión”, finalizó Beratz.

 

(Por Rodrigo Holzmann) Llega al aula magna repleta junto a Sergio Maldonado, confirmando que la lucha, su lucha, continúa hoy y se renueva en cada injusticia que se produzca en cualquier parte del mundo.

Múltiples generaciones se apiñan en el auditorio, pero es la juventud una amplia mayoría que invita a soñar.

Se pone de pie y su altura no difiere mucho de cuando estaba sentada, un mágico silencio se apodera de la sala, la magnitud de su figura gana la escena y uno, simple mortal, se quedaría toda la vida escuchándola.

Habla de su hijo Gustavo como de los treinta mil, de cómo las parieron a la Plaza y sobre todo a la lucha. De sus “candorosos” consejos para que su hijo no fuera al frente en la marchas y como ella después de su desaparición, puso su cuerpo en primera fila para reclamar lo que hiciera falta.

Nos cuenta que viajó a Turquía (sí, a Turquía!!!) para visitar a la diputada kurda en huelga de hambre por la liberación su líder independentista, preso desde 1999. Que vive cerca del Hospital Posadas, de los miles de despidos, de la lucha de sus trabajadores, de la precarización del trabajo de las enfermeras. Del derecho a la salud.

 

De su presencia en la lucha de los trabajadores despedidos de SENASA y de la importancia de la tarea del organismo en la salud pública.

Cuenta que acompañó a laburantes cesanteados del INTI en sus reclamos. Toma el vaso de plástico que está sobre la mesa para explicar, con didáctica paciencia, cuan necesario es la labor desarrollada por el INTI en el control de los materiales con que se fabrica todo.

Relata su encuentro con los trabajadores de TELAM que rajó el gobierno, de la importancia de los medios de comunicación y de los intereses a los que responden los hegemónicos.

Nombra al movimiento feminista, estalla la tribuna, habla de la importancia de su irrupción, de su potencialidad y vigencia. Sugiere, con dulzura, revisar alguna cuestión.
Va del Papa (que no la quiere) a Colombia que desarma a las FARC para matarlas más fácil. De la Iglesia Católica y su doble cara, cúpula partícipe de la Dictadura en oposición al buen trabajo de los curas en las villas.

Desgrana la lucha inclaudicable de las Madres, de sus posiciones políticas, del respeto a las diferencias y de la triste realidad que se nos están muriendo. Con el agravante de irse sin saber la verdad sobre sus hijos y nietos.

De su hijo Gustavo a la actualidad, de los históricos des manejos del Poder Judicial.

Reflexiona sobre las deudas de la Democracia. Que si existen pobres no existe democracia.

Del aparato represivo de la Dictadura, de su vigencia y como nunca fue desmantelado en treinta y cinco años de democracia. Une las puntas de un mismo lazo y afirma que el caso de Santiago Maldonado es la prueba palmaria de ése dispositivo represor intacto, hoy al servicio del poder judicial.

El pañuelo blanco en la cabeza, el verde en la muñeca y la foto de su hijo en el pecho son sus únicas armas para enfrentar todas las luchas, las de ayer, hoy y siempre.

Habla, se ríe, bromea con Sergio, guiña cómplice un ojo a las chicas y a cada ratito te emociona. Lloro con lágrimas profusas y parece que me contestara “¿Quién dijo que los hombres no lloran?”.

Lloro por su lucidez, su voluntad, su fresca lucha con noventa años, su ejemplo, por como la aplaudimos, por como la amamos, por su necesaria existencia.

Te oxigena, te da ánimo, te empuja a lucha, te levanta de tu asiento y salís con unas ganas tremendas de ser, aunque sea mínimamente, como Norita Cortiñas.

“Mientras tenga la fuerza, voy a estar”, dijo en FM De la Calle Nora Cortiñas, quien acompaña a la familia de Santiago Maldonado en la búsqueda de justicia por su desaparición y muerte.

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora afirmó que con sus 89 años recién cumplidos su impulso es “el compromiso del día a día y la semilla que dejaron los 30 mil”.

“Ellos luchaban y las Madres recogimos esas banderas de lucha. Nada es obligatorio, nada es forzado más que por la búsqueda por la verdad y justicia y gracias a que una parte del pueblo hace memoria”.

“La democracia se hace todos los días. A este gobierno no le interesa ni la democracia, ni la transparencia ni la justicia. No le interesa que el pueblo esté bien, con vida digna. Nada de lo que hace este gobierno lo hace a favor del pueblo. Empezando por la comunicación, el ataque a la prensa, a la docencia, a la salud pública”, aseguró.

Cortiñas agregó que “el cuidado del pueblo, con instituciones como el INTI  -que preserva los materiales que usamos para la vida diaria- o el SENASA -que controla los alimentos que comemos-. A este gobierno no le interesa nada, es ajeno. Lo único que hacen es hacer más ricos a sus amigos ricos. La deuda externa es el hito más grave que tenemos, es con el hambre del pueblo”.

“Tenemos que juntarnos para tratar de recomponer la república. Con la entrega de los bienes naturales se va la soberanía nacional. Nunca viví un Gobierno tan depredador de todo el trabajo que hace el pueblo para construir un país. Estoy donde sé que no hay justicia. Mientras me de la fuerza voy a estar”.

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, compartió una entrevista con Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia en la emisión de este miércoles de En Eso Estamos.

Sergio Maldonado se refirió en FM De la Calle al espionaje sufrido por su familia en el marco de la investigación sobre la desaparición y muerte de su hermano Santiago.

“A mitad de año nos enteramos de la intervención de mi teléfono, aunque (el juez)  Lleral se calló la boca, la fiscal y el juez se dedicaron a investigarnos a nosotros en vez de buscarlo a Santiago”.

Maldonado agregó que “cuando aparece un D’Alessio, si te ponés a ver, no es Bullrich. Si D’Alessio tenía toda esa estructura, personal servicios de inteligencia, todo a disposición, qué le queda para que tengan Gendarmería, Bullrich, Gonzalo Cané. ¿Cómo pueden dudar de lo que nos hicieron a nosotros?”.

“(El gendarme) Echazú se autoimputó y de esa manera tuvo acceso a la causa. En la otra causa de espionaje se presenta Gonzalo Cané, que en ese momento estaba en el Ministerio de Seguridad y después pasa al Poder Judicial. Su abogado es el mismo de Pintos, que es el prefecto que le dispara a Rafael Nahuel y de Chocobar, personajes que están involucrados en el gatillo fácil. Como todos responden al Estado, los abogados de Echazú son los abogados que responden al Ministerio de Patricia Bullrich”.

“En la apelación del cierre de la causa, por momentos defendían a Echazú y por momentos a Gendarmería. Decían que estaba justificado lo que habían hecho de ingresar ilegalmente porque ellos se basan en la figura de flagrancia”.

Sergio Maldonado compartió una entrevista con su abogada Verónica Heredia y la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, en la emisión de este miércoles de En Eso Estamos.

La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, repasó las responsabilidades políticas y las irregularidades de la causa que investiga la desaparición y muerte del joven.

“Las responsabilidades van desde el Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad y toda la estructura del Ministerio, luego Prefectura. Porque si es cierto que Santiago -como ellos quieren sostener- perdió la vida el 1 de agosto y estuvo allí hasta el 17 de octubre, Prefectura tiene que explicar entonces por qué no lo encontró”.

Para la abogada, el juez Guido Otranto “tiene que venir y contestar por qué antes había dicho que Santiago se había ahogado. Fue el 18 de septiembre con más de 400 personas a ese lugar, un rió de profundidad de dos metros. No se peritó, no se sabe cuál es el cause de ese rió. No hicimos el 1 de agosto de 2018 la misma reconstrucción. Lleral omitió todo esto deliberadamente para llegar a esta conclusión”.

“¿Quiénes son los responsables? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial -Otranto y luego Lleral- y el Ministerio Público Fiscal porque dejaron actuar desde la máxima Procuración a una persona que no es competente, que ni siquiera es fiscal. Rindió un concurso para ser secretaria y terminó siendo la fiscal que se dedicó a investigarlo a Sergio”, recordó.

Verónica Heredia compartió una entrevista con Sergio Maldonado, hermano de Santiago y la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, en la emisión de este miércoles de En Eso Estamos.

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Sergio Maldonado, hermano de Santiago, brindarán una charla esta tarde en Bahía Blanca.

Será a las 19 en el Salón de Actos del edificio de Alem 1253 de la Universidad del Sur.

La actividad, convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego, se realiza en el marco del 43º aniversario del golpe de Estado cívico militar eclesiástico.

“Norita” no solo es un emblema del camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia y de la reivindicación de lxs 30 mil detenidxs desaparecidxs sino también un ejemplo de solidaridad con las luchas del campo popular.

Sergio, por su parte, asumió el reclamo de Juicio y Castigo a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago, militante anarquista solidario con la recuperación territorial del pueblo mapuche, perseguido por la Gendarmería junto a integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen durante la represión del 1 de agosto de 2017.

Del encuentro participará, además, la dra. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado y defensora de los derechos humanos.

El Hogar de jóvenes y adolescentes Rincón de Nuestros Sueños atraviesa grandes dificultades económicas. El ex director y psicólogo de la institución, Alejandro Otero, comentó la situación en FM De la Calle.

“Tuvimos que reducir muchísimo el personal, las 24 horas hay una sola persona que hace todo: cocina, lava, plancha, sale con los chicos, hace los deberes”.

El hogar se fundó hace una década con grupos de hermanos que vivían en el Patronato de la Infancia. “Nacimos de una necesidad del Estado, en su momento el Municipio pagaba los sueldos de cuidadores y equipo técnico. Con el tiempo dejó de pagar el sueldo y nos dio un monto fijo”.

“Este año nos dieron un aumento del 15%. Eso implica reducir la cantidad de horas de la gente que cuida los chicos”, comentó Otero.

El hogar recibe un subsidio municipal de 130 mil pesos con el cual se pagan sueldos y alquiler de la casa, más una beca por joven que otorga la gestión provincial. “Es una realidad de toda la provincia, casi todos los hogares que son ONG´s han cerrado. Es imposible sostener dispositivos así dependiendo de la voluntad de la gente, es mucha plata pero si no los chicos estarían en la calle”.

Rincón de Nuestros Sueños funciona como “una casa común, los chicos hacen actividades fuera del hogar, nadie usa uniforme.  Hace pocos días egresó un pibe que estuvo diez años viviendo en el hogar, se fue porque egreso no porque se le encontró una solución. Ese pibe se cayó del sistema”, finalizó Otero.

Tras la clausura por parte de ENaCom y luego de haber reparado el desperfecto que provocaba interferencias, Radio El Grito FM del Valle de Traslasierra exige volver al aire.
Diego, integrante de la emisora, dialogó con  FM De la Calle sobre el conflicto que atraviesan.

“Después de una visita imprevista del ENaCom que nos marcó una interferencia que ya solucionamos, vemos que por la metodología que vienen implementando, por los plazos imposibles de cumplir y los montos que escapan a nuestras realidades de medios comunitarios, vamos a tener que estar fuera del aire varios días”.

“Nos parece totalmente injusto que los medios comunitarios seamos sometidos a eso, no favorece al desarrollo de los medios, sigue favoreciendo la concentración mediática y sigue atentando contra la pluralidad de voces”, destacó.

Desde el colectivo de El Grito señalaron que “aprovechando el argumento de las posibles interferencias sobre el Servicio Móvil Aeronáutico, declaran la ilegalidad de nuestras emisoras cuando es el propio Estado quien no ha cumplido con el llamado a concurso para el otorgamiento de licencias que permitan a las radios comunitarias ajustarnos a derecho. En el caso de nuestra emisora comunitaria Radio El Grito FM 95.5 MHz nos encontramos censados en el año 2010 (…) como paso previo al llamado a concurso para el otorgamiento de licencias a las radios comunitarias. Concursos que aún hoy, seguimos esperando”.