Pedro Peralta, presidente de la ONG Seac (Seguridad Social Ecológica y Asistencia Social), denuncia la venta irregular de terrenos y la connivencia del gobierno de Héctor Gay a través del ocultamiento administrativo y la facilitación de tierras mediante la delegación municipal que ejerce el radical Alberto Sangre.

En 2015 la entidad presentó proyectos de vivienda social. “Hicimos todo como marca la ley y nos encontramos con la venta irregular de tierras”, dijo el titutal de la asociación civil en el programa El mejor equipo  de FM De la Calle.

Seac intentó hacer el seguimiento del expediente que documenta el proyecto en cuestión, mediante la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, donde está a cargo el arquitecto Luis Pites, persona que designa el intendente. El funcionario les “negaba información”.

Luego de exigir reiteradas veces esa documentación “hace unos días atrás pudimos acceder a la copia del expediente y nos encontramos con serias irregularidades. No solamente el desvío de notas y pedidos de audiencia al intendente sino también la pérdida, un año atrás, de la denuncia concreta de que se venden (terrenos) bajo forma irregular”.

“Siempre planteamos que esto roza la estafa porque para concretar la denuncia buscamos a través de estos dos años de poder acceder a una tierra con sus papeles hasta que la encontramos. Hace unos días atrás compramos una hectárea, pagamos $65 mil y nos encontramos con que, más allá de tener escritura, está un sector usurpado”.

Al mismo tiempo, “en una hoja A4 con un planito dibujado en lapicera y firmado con una gestora, un abogado de la zona y autorizado por la delegación municipal, la gente paga entre $150 y $200 mil. Sienten que son dueños de eso porque han gastado los ahorros de su vida. (La transacción) no les brinda absolutamente nada porque la gente no accede a un lote con servicios”.

Las connivencias

Luego de los reclamos de la ONG, “empiezan a aparecer muy suavemente las notas que se habían perdido en 2016. Planteamos que el Concejo Deliberante y el intendente nos tienen que recibir y escucharnos”.

El delegado Alberto Sangre ya había desempeñado esa función entre 1991 y 2003. “Supuestamente volvía un delegado que íbamos a elegir entre todos. ¿A qué se dedica Sangre? A lo mismo. No podés dejar una rama porque Sangre tiene una sociedad con volquetes y tenés que llamar a ese servicio si no te multan”. En Cerri “el trabajo no existe”.

Peralta destacó que Sangre “se dedicó a denostar nuestro proyecto. A decir que él iba a manejar las tierras. Lo invitamos. Fuimos a verlo. Nunca respondió”.

También pidió que Sangre “se disculpe con el grupo de mujeres de la ONG que fue visitarlo, a verlo y a expresarle de qué se trataba todo esto para invitarlo a trabajar en conjunto y las denostó, las ninguneó y encima las prepoteó. Ese tipo de gente tiene que dejar la política. No está para la política: que se dedique a sus negociados”.

Sangre: el más demócrata de la nueva política

Alberto Sangre realizó una declaración testimonial en 2013 en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida, en el marco del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad.

En aquella oportunidad, el delegado de Gay sostuvo que “Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”.

En esta nota se puede leer como el hábil declarante se consideraba asimismo un “hijo de la democracia”.

Se realizarán las primeras actividades de “Polo/Puerto y conflicto social: desarrollo y derechos humanos en Bahía Blanca”. El viernes habrá una charla y el sábado radio abierta, música y un mural en homenaje a Juan Cruz Manfredini y Nicolás Biernat, víctimas de la precarización laboral.

Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.

Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.

La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.

“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.

Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.

“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.

Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.

La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.

paro

“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.

La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.

“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.

La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.

“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.

Siempre me matan, me matan

mapa mural

Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.

Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.

Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.


La familia de Santiago Maldonado querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos:

  1. Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;
  2. La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
  3. La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
  4. Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;
  5. Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
  6. Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;
  7. Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;
  8. Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;
  9. La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;
  10. La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.

Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:

  1. La inmediata aparición con vida de Santiago;
  2. Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
  3. Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
  4. Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
  5. Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.

 A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento.

A los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento.

Fuente: http://www.santiagomaldonado.com

Luego de los primeros seis meses del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que llevan adelante distintas organizaciones sociales ya se entrega el Certificado de Vivienda Familiar, un documento creado por el Decreto Nacional 358/17 que permite solicitar el acceso a los servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural.

Asimismo, sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Con este certificado se puede solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y prestaciones de salud, previsionales y educativas. Para el caso de habitantes extranjeros, el CVF sirve directamente como certificado de domicilio.

Según informaron CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas ya fueron recorridos más de 4100 villas y asentamientos en todo el país. “Lograr el acceso de forma igualitaria a todos los servicios públicos es el desafío más importante. Hoy se estima que más de tres millones de personas viven en condiciones de absoluta precariedad, sin acceso a agua potable, electricidad o cloacas. Pero los servicios públicos también incluyen la recolección de residuos, transporte, acceso a salud y educación, derechos fundamentales para tener un techo digno, que hoy están negados para gran parte del pueblo”.

En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle Yanina Lencina, integrante de Techo, comentó que “desde diciembre estamos pasando casa por casa en los barrios populares, en toda la periferia de Bahía, relevando a las familias que hace muchísimo tiempo están en asentamientos y barrios populares”. Ya pasaron por 9 de Noviembre, Paloni, Ferrocarril Roca, Los Mexicanos y continúan su trabajo en Caracol I y Caracol II.

“Todas las personas que ya fueron relevadas pueden pasar a buscar el Certificado de Vivienda Familiar por ANSES”, agregó. Para las familias que aun no fueron censadas, las organizaciones locales explicaron que junto a vecinos y vecinas siguen recorriendo los barrios populares. “Las visitas se realizarán en distintos horarios y cualquier habitante de la casa, mayor de 16, puede contestar la encuesta”.

Más información puede encontrarse en la página de Facebook “Barrios Populares” o escribiendo a [email protected]

Foto: Interbarrial Sur.

(Por Astor Vitali) El lunes 31 de agosto habrá un programa de radio menos en el aire de Bahía Blanca y región: La máquina de LU3 conducido por el comunicador, actor y dirigente sindical Ángel Dantagnan y por el periodista y artista plástico Federico Hidalgo. El programa versa sobre actualidad, rescates de archivo, difusión de actividades artísticas, promoción de la defensa de los derechos humanos y hasta dio vida a algunos personajes de ficción.

Hace pocos días anunciaron que La máquina “va a estacionar” y aclararon que la razón es “inicialmente, económica”.

Salvo en las cuestiones de fondo, entre la línea editorial de esta radio y la de aquel programa no hay plena coincidencia. Sus integrantes han adherido, en líneas generales, a las políticas impulsadas por el anterior gobierno. Como se sabe, De la Calle ha sido crítica desde una postura anticapitalista aunque se ha manifestado y trabajado en favor de normas que hacen a los derechos de tercera generación, el derecho a la información, asignación universal y otros temas donde había puntos de coincidencia.

Digo esto porque, estando el vuelo político por el piso, muchas personas suponen que quien algo defiende o cuestiona lo hace desde una lógica de oficialismos y oposiciones, prisma que como vara política empobrece de antemano cualquier debate. Entonces hace falta aclarar que uno se conmueve por la muerte de un programa de radio de esas características aun cuando no comparta en plenitud su línea editorial. La grieta es el prisma de los holgazanes. Más difícil es pensar cosa por cosa, caso por caso.

La máquina representa a una audiencia preocupada por la construcción de derechos, por las cuestiones culturales, por la vida de la democracia, por la participación ciudadana. Pero además de representar, La máquina es un espacio de radio donde trabajan personas que se quedarán sin trabajo.

¿Se puede decir que La máquina hacía periodismo sin objetividad? Por supuesto. Del mismo modo que La Nueva (Provincia) y La Brújula representan hoy los intereses de una nueva burguesía, cuya patria es la especulación en todo tipo de negocios. Negocios que necesitan protección mediática y esto es lo que hace que sea negocio comprar medios deficitarios. Así como nosotros hacemos periodismo con la mayor rigurosidad posible, claramente ubicados en los intereses populares. Acá la cultura no es Profertil.

El problema es que el sector público no tiene ninguna imparcialidad ni objetividad a la hora de otorgar la pauta publicitaria. Por un lado, aplicando el criterio de la masividad (esto es, a mayor audiencia mayor pauta) pone en marcha un mecanismo antidemocrático ya que se supone que si un medio tiene mayor estatus comercial pues debería depender menos de la pauta oficial y esta debería oficiar de equiparadora, ya que la mano invisible del mercado no estaría regulando nada.

Pero este es un criterio formal: lo cierto es que la pauta se va distribuyendo hacia los sectores que comparten negocios y visión de negocios con el oficialismo o para apagar incendios en la lógica de chantaje periodístico –si no me das tanto te publico tal cosa.

Por esto, podemos decir que hoy el gobierno administra el Estado de manera ilegal, ya que no garantiza el derecho a la información a través de la justa distribución de la pauta publicitaria.

Luego está el sector privado. Éste se conforma por empresas pero también por organizaciones. De las primeras no hay mucho que decir: aportan a los medios que reproducen su discurso en la lógica empresarial.

Pero de las organizaciones sociales y sindicales sí hay para decir. ¿Cómo es que hay instituciones progresistas, incluso adherentes al gobierno anterior, que cacarean por izquierda pero los huevos los ponen mensualmente y hace décadas en la canasta sin fondo de Rex Publicidades? Por poner un ejemplo. ¿Cómo es que se lamentan de la pérdida de espacios de comunicación alternativos pero cuando un periodista o productor de ese palo se acerca a ofrecer su medio para difusión publicitaria sólo reciben palmadas en la espalda? No sean hipócritas. Hay mucho empresario progre al que le gusta bañarse de “popu” cantando la marcha pero no se olvida de las reglas de juego a la hora de abrir el facturero.

Por lo demás, en estos dos años de gobierno macrista son varios los puestos de trabajo, por un lado, y espacio de comunicación alternativa, por otro, que van quedando en el camino. Esto es menos acceso a la información y por tanto más formalidad de la democracia.

Lo concreto es que La máquina se rompió y algo de responsabilidad está en el Panorama que describimos. ¿Hacemos algo para repararla? ¿O nos alcanza con mirar las cosas por tv? Aunque la cuenten ellos.

La ministra Bullrich negó la responsabilidad del estado por la desaparición de Santiago Maldonado y acusó a las víctimas.

::: Errores, imprecisiones, omisiones y mentiras :::

Como organismo querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en virtud del acompañamiento a la comunidad mapuche y el reclamo por sus derechos que desde hace años viene realizando, la Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta su preocupación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich ayer en el Senado de la Nación.
Aunque existe una cantidad de hechos e indicios que orientan la principal hipótesis de la investigación hacia la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería, el Gobierno Nacional niega el hecho y no reconoce este delito gravísimo. Por eso, y en relación con lo expresado por la funcionaria, es imprescindible aclarar algunos puntos fundamentales.

 

1.- LA JUSTICIA INVESTIGA UNA DESAPARICIÓN FORZADA

La ministra Bullrich dijo que no es posible hablar de desaparición forzada y que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, todavía no ha caratulado de ese modo la causa. Sin embargo, desde las primeras horas de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM que presentó el primer habeas corpus, plantea la figura de la desaparición forzada. Esa investigación se tramita bajo el expediente FCR 8233/2017 en la Secretaría criminal y correccional del juzgado.

Además desde la semana pasada la CPM es querellante en la causa que lleva adelante la fiscal Ávila, que es quien investiga la desaparición de Santiago. Esta investigación tiene como hipótesis principal la desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, y en función de eso se adoptaron múltiples medidas para investigar este delito. Rastrillajes en los escuadrones de la fuerza en Esquel, El Bolsón y San Martín de los Andes, peritaje de sus móviles y hallazgo de pruebas, que están siendo analizadas, en el lugar de los hechos.

Los tres testimonios de los testigos pertenecientes a la Lof Cushamen declararon ante los miembros del Ministerio Público Fiscal que estuvieron allí en el momento de la desaparición. Afirman que vieron como la Gendarmería lo detenía, lo golpeaba y lo trasladaba fuera del territorio en los móviles oficiales. Cabe destacar que ellos fueron quienes denunciaron el hecho desde las primeras horas posteriores al operativo represivo del 1 de agosto. Hoy se está investigando su desaparición porque ellos lo expusieron ante la opinión pública y luego ante los funcionarios judiciales.

Sin embargo, Bullrich promueve una perspectiva de múltiples posibilidades y pretende que los senadores y todo el pueblo argentino mantenga varias hipótesis abiertas sobre suposiciones que sólo ella construye para eludir algo que ya resulta evidente: fue la Gendarmería.

Cuando una fuerza de seguridad es sospechada de un crimen como este, no hay nada más grave que esto y el Estado debe asumir y reconocer esa sospecha y actuar en consecuencia porque es su propia responsabilidad. Lejos de esto la Ministra hace una defensa corporativa de la fuerza y a modo de justificación dice: “no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”.

2 – ESTÁ PROBADO QUE SANTIAGO MALDONADO ESTUVO EN EL LUGAR

Han pasado dos semanas desde que desapareció Santiago Maldonado. Nadie (excepto el Gobierno Nacional) duda que estuvo en el lugar durante el violento operativo de Gendarmería el martes 1 de agosto. Como decíamos, los integrantes de la comunidad y su propia familia han constatado esto, reconociendo pertenencias de Santiago recolectadas en los rastrillajes del lugar (un cuello, un gorro y un collar). Los perros entrenados han reconocido su rastro en los lugares donde los testigos describen.
Sin embargo, la Ministra sigue poniendo en duda y refiriéndose con ambigüedad sobre la posibilidad de que Santiago haya estado efectivamente allí en el momento en que sucedieron los hechos.

3 – EL JEFE DE GABINETE PABLO NOCETTI DIRIGIÓ Y ESTUVO PRESENTE EN EL OPERATIVO REPRESIVO

La Ministra de seguridad intentó desvincular a Pablo Nocetti (segundo cargo político en importancia luego de ella) del violento operativo represivo realizado por Gendarmería el martes 1 de agosto. No pude negar que haya estado en el lugar porque los relatos de los testigos y las fotografías así lo demuestran, pero lo excusó diciendo que estaba allí de paso.

Un burdo intento por apartarlo de una acción represiva en la que él mismo se ha involucrado, reivindicando todo lo actuado y prometiendo extremar aún más el uso de la fuerza del Estado, con declaraciones públicas que tuvieron una masiva difusión días atrás. Allí el alto funcionario del Ministerio de Seguridad expuso con claridad que había seguido de cerca las circunstancias del operativo en el cual desapareció Santiago.

4 – EL OPERATIVO REPRESIVO DEL MARTES 1 DE AGOSTO NO FUE ORDENADO POR EL JUEZ OTRANTO

Una vez más, frente a las preguntas de los senadores, la Ministra insistió en ampararse en una supuesta orden del juez Otranto como justificación del operativo represivo realizado por Gendarmería el pasado martes 1 de agosto. Sin embargo, en respuesta a un requerimiento puntual de la CPM sobre el mismo punto, el juez contestó hace unos días: “al respecto le informo que no he dictado ninguna resolución que autorice el allanamiento del lugar […] Toda esta actuación fue ejecutada por iniciativa de la fuerza de seguridad de acuerdo a las facultades que le confiere el código procesal nacional.” La Gendarmeria ingresó al territorio de la comunidad de manera ilegal, sin orden judicial alguna. Además prendieron fuego pertenencias de estas familias muy pobres (materiales de construcción, colchones, vajilla, etc.), acto que no tiene justificación alguna y también constituye un delito. No existía ninguna flagrancia que justifique el accionar de la fuerza, toda vez que la ruta había sido desalojada horas antes.

5 – NO TODOS LOS DÍAS DESAPARECEN PERSONAS EN EL MARCO DE UNA REPRESIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Al comienzo de su intervención, en su intento por deslegitimar la figura de la desaparición forzada, la Ministra dijo que todos los días desaparecen personas intentado equiparar el caso de Santiago Maldonado con tantos otros asociados a otro tipo de delitos como femicidios, trata de personas o fugas por decisión propia.

Lo que resulta inadmisible de esta afirmación es que no reconozca la gravedad del delito que aquí se persigue, gravedad que precisamente es tal porque involucra de manera directa a las fuerzas del Estado en la autoría del hecho y por lo tanto a su conducción política.

6 – LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA TAMBIÉN SON VÍCTIMAS

Todavía hoy la ministra Bullrich continúa atacando a la familia de Santiago Maldonado con acusaciones que además de inoportunas son falsas. Habló de la imposibilidades de comunicarse con ellos, intentó hacerlos responsables de generar obstáculos y dilaciones en el avance de la investigación demorando, por ejemplo, los estudios para los cotejos de ADN. Al explicar que lo primero frente a un caso de desaparición es la colaboración de la familia expresó que esto no había sucedido y que por el contrario se habían encontrado con una negación. Cabe destacar que la primera reunión con funcionarios de su cartera se produjo en Esquel a casi diez días de la desaparición de Santiago.

Resulta muy grave que la máxima responsable política de los hechos que condujeron a la desaparición de Santiago Maldonado termine agraviando a la familia y haciendo un intento por responsabilizarla por los magros avances de la investigación. Frente a la desaparición forzada de personas y el uso arbitrario de la fuerza pública hay una única responsabilidad y es la del Estado.

Lejos de promover dispositivos públicos de acompañamiento terapéutico y contención de la familia, se la revictimiza acusándola de no colaborar. La falta de sensibilidad de la funcionaria es gravísima y claramente demuestra su carencia de objetividad y la defensa cerrada e injustificable de la fuerza. Pero además, desconoce la esencia de la figura de la desaparición forzada como crimen y el impacto que esto puede generar en la familia de la víctima, lo que resulta alarmante viniendo de una funcionaria pública.

7- LA MINISTRA BULLRICH OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN

Lejos de colaborar con la investigación, la decisión de mantener a la Gendarmería Nacional custodiando el ingreso a la comunidad mapuche, implica obstaculizar la misma. La fuerza señalada como responsable de la desaparición forzada de Santiago continúa hostigando y amenazando a sus habitantes. No sólo el Ministerio no ha brindado garantías a los testigos para que puedan declarar libremente ante la justicia, sino que además, con sus declaraciones y acciones, se fortalece la idea de que la fuerza puede cometer múltiples delitos sin consecuencia alguna. ¿Cómo pedir a los testigos que declaren o dejen actuar a las fuerzas de seguridad en el territorio si, ademas de la histórica y sistemática represión y persecución que han sufrido, se los sigue hostigando en el lugar y también con cada declaración de la Ministra donde insiste en tratarlos de terroristas sin prueba alguna?

Retirar a Gendarmería del lugar es una potestad de la Ministra. Su negativa a hacerlo entorpece la investigación y, por lo tanto, fortalece la impunidad. Cabe mencionar que su apartamiento y reemplazo en dichas tareas fue solicitado por la CPM ante la justicia federal hace ya una semana, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas en este sentido. El Juez y la fiscal informaron que no están allí por orden judicial sino por decisión política del Ministerio de Seguridad.

8.- LA MINISTRA CONSTRUYE UN ENEMIGO Y UNA HIPÓTESIS DE GUERRA PARA DESVIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA ATENCIÓN PÚBLICA

Gran parte del tiempo la Ministra lo utilizó para construir con falacias e imprecisiones la idea de un enemigo poderoso que pone en peligro al Estado Nacional y constituye una amenaza para las personas y las instituciones. Nada tan alejado de la realidad. La comunidad la integran cinco familias que viven allí de manera muy precaria. Ante los distintos hechos de represión e ingreso en sus tierras, se han defendido arrojando piedras contra armas de fuego con balas de plomo y de goma que utiliza la Gendarmería.

Lejos de posibilitar instancias de mediación y diálogo, el Estado solo hace uso de la fuerza estatal desproporcionada y construye un imaginario de grupos terroristas y violentos a los que solo se puede derrotar mediante la represión. Y para esto la Ministra brinda información recortada y poco consistente de cantidad de causas penales y denuncias iniciadas, sin aclarar cuántas de estas tuvieron condenas o están siendo investigadas. Cabe aclarar que no hay ningún miembro de la comunidad mapuche condenado por los delitos que denuncia la Ministra. También lee testimonios de supuestas víctimas de la agresión mapuche, pero omite leer la gran cantidad de relatos que dan cuenta de los heridos, muchos de ellos graves, por parte de la Gendarmería y la policía provincial de Chubut.

La Ministra debería estar informada de las diez causas penales abiertas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche que incluso tramitan en los mismos juzgados, como la del espionaje ilegal por parte de la AFI durante el año 2015 y dos que involucran a la propia Gendarmería.

La imparcialidad es clara, la Ministra considera injusto acusar a la Gendarmería hasta tanto no avance la causa penal, pero adjudica autoría y condena a miembros de la comunidad mapuche de hechos que aún están siendo investigados por la justicia.

Ningún conflicto se resuelve con la fuerza. Se requiere del diálogo y el respeto. Hacen falta dispositivos adecuados y capacitados para intervenir en estos casos. El Gobierno defiende claramente los intereses del grupo empresarial Benetton, por sobre los derechos vulnerables de la comunidad mapuche que reclama sus tierra ancestrales.

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Desde el martes 15 de agosto la empresa bahiense Dienst Consulting cuenta con un nuevo contrato millonario otorgado mediante una licitación cuestionada judicialmente. Se trata del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC.

Dienst Consulting es la misma firma que administra de manera onerosa y abusiva desde 2009 las licencias médicas de docentes y auxiliares bonaerenses y es propiedad de Guillermo Martín, socio de Gustavo Elías en La Nueva Provincia y financista de los hobbies automovilísticos del camarista Eduardo Freiler. Con Scioli o con Vidal, sus cuentas no pararon de crecer.

En 31 de marzo la Agencia Nacional de Materiales Controlados resolvió adjudicarle “el servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados” que entró en vigencia esta semana.

Según informó el diario Hoy, el contrato es objeto de una investigación judicial en el marco de la cual se realizaron allanamientos “tanto en oficinas de la empresa Dienst Consulting como en la sede de la agencia gubernamental cuya titular es Natalia Gambaro, una funcionaria que formó parte del partido creado por el empresario Francisco de Narváez. Actualmente, se le atribuyen estrechos vínculos con el operador judicial del macrismo y actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici”.

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Gambaro fue imputada por “los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Se le atribuye, entre posibles ilícitos, haber cometido irregularidades por la firma de la Resolución 0015/17“.

“Estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto que lo único que hace es generar un kiosko cerrado para unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los usuarios de armas que quieren acceder a tener una licencia vigente”, dijo Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, en diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

Como padre de Alfredo, joven asesinado por el “tirador serial de Belgrano” en julio de 2006, y como miembro de Rad, Marcenac afirmó que siempre pidieron controles exhaustivos -“fundamentalmente en los requisitos psicológicos”- pero opinó que con esta decisión el gobierno va por “un camino contraproducente”, mediante una licitación hecha “como para que la ganara esta empresa” y con un fin “recaudatorio”.

“Nos parece una locura que una sola empresa organice y tenga la facultad de pedir los certificados psicológicos y psicofísicos para los usuarios de armas y además nos parece una locura el valor de 3500 pesos. Cuando recién se inició la licitación era de 4500 pesos, así que el negocio todavía era mucho mayor-, después de muchos reclamos accedieron a bajarlo de un día para el otro mil pesos. Evidentemente el margen que tiene esta gente para la emisión de los certificados es altísimo”, comentó.

Hasta ahora regía “un sistema muy light” en el cual los certificados eran emitidos por psicolog@s o psiquiatras matriculad@s. Por eso desde la red habían solicitado “una homologación de los criterios de evaluación”.

“Que aquellos profesionales que firmaran un certificado para un futuro usuario de armas tuviera una serie de requisitos a cumplir, todos iguales, con dos o tres test, de acuerdo a lo que en su momento había sugerido el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Y que, además, se hiciera una historia clínica y por lo menos se guardara durante el período de vigencia de la licencia por cualquier requerimiento que hiciera el Estado”, explicó.

Télam 06/07/2016 Buenos Aires: La familia del estudiante Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 por Martin Ríos, "el tirador de Belgrano" rechaza la absolución y se mantiene firme en el reclamo de justicia.Los padres de la víctima en el lugar del hecho. Foto: Analía Garelli

Télam 06/07/2016 Buenos Aires: La familia del estudiante Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 por Martin Ríos, “el tirador de Belgrano” rechaza la absolución y se mantiene firme en el reclamo de justicia.Los padres de la víctima en el lugar del hecho. Foto: Analía Garelli

Para Marcenac, aquellos usuarios deportivos o empresas de seguridad que necesitan habilitación renovarán sus licencias con el nuevo sistema, aunque por el alto costo -del cual el certificado es solo una parte- “muchos de ellos van a optar por no renovar sus licencias”.

La ANMaC asegura tener actualmente un millón 200 mil usuari@s registrados, “lo que es una verdad a medias -dijo- porque la mitad de esas licencias están vencidas”. Este número se incrementará “si sigue esta política de generar restricciones burocráticas y a través de los costos, no tiene ningún sentido, es un camino totalmente equivocado y que genera más ilegalidad”.

(Por Paula Ércoli) El Concejo Deliberante, a través de la presentación de la concejala María Laura Biondini (Cambiemos), prorrogó la Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género. ¿Cuál es la situación actual de las políticas públicas que buscan atender esta problemática? ¿Cómo interviene la declaración de la emergencia?

Balances y análisis, herramientas necesarias.

2012. Manuel Mendoza (GEN) presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza “Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género”. El objetivo principal, según el texto, era “revertir el número de víctimas”. El objetivo principal, según lo manifestó el edil en la sesión, era habilitar la reasignación de partidas presupuestarias para el real cumplimiento de la Ley Nacional 26.485. La iniciativa se aprobó. El mismo año se creó por la Ordenanza 16.687 la Mesa Local de Violencia de Género, conocida como Red Local de Violencia de Género e integrada por distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la temática.

2015. Manuel Mendoza presentó nuevamente la declaración de emergencia con los mismos objetivos que el 2012 y mencionó en sus argumentos el trabajo que ya realizaba la Red Local construyendo indicadores por consultas por denuncias por violencia de género en la Comisaría de la Mujer, la Secretaria de Salud, Promover, Región Sanitaria, Nido y otros; sumados a los datos del Observatorio de Género de la Fiscalía, dos organismos que hoy dan cuenta estadísticamente de la situación de violencia que viven las mujeres.

Agosto de 2017. María Laura Biondini pidió la prórroga de la emergencia sin consulta o preaviso a ninguna de las instituciones que trabajan con la temática de violencia, por ejemplo, al Consejo Local de las Mujerescreado por iniciativa de funcionarias de su propia gestión. El Presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, luego de lo que suponemos se trabajó en comisión, proclamó: “en consideración ingreso fuera de término de despacho”, miró a sus pares y dictaminó: “aprobado por unanimidad”. En menos de 20 segundos tenemos una nueva Declaración de Emergencia en materia de Violencia de Género.

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Todos estos esfuerzos ya mecanizados por darle un carácter de emergencia a la violencia que sufren las mujeres y las sexualidades disidentes, confluyeron en la pregunta: ¿Cuál es el presupuesto que maneja la Dirección de Género para intentar revertir esta situación? No hay datos certeros.

Según Soledad Monardez, Directora de la Secretaría de Políticas Sociales, y Leticia Tamborindeguy a cargo de la Secretaria de Promoción y Protección de Derechos, dicho presupuesto se nutre de partidas otorgadas por sus áreas y de la Secretaria de Seguridad, la cual destina parte de sus ingresos para llevar adelante el Plan Integral contra la Violencia de Género presentado en septiembre de 2016. No hay balance ni planificación posible sin conocer datos, porcentajes que determinen cuál es la situación presupuestaria actual de una oficina que maneja recursos públicos.

La Dirección de Políticas de Género lleva un año en funciones y tiene prometida la planificación de presupuesto propio a partir de octubre. Como marca la Ley 26.485, las organizaciones e instituciones que trabajan con la temática deberían ser parte de este proceso, con acceso real a los datos que permitan hacer un seguimiento de las acciones de gestión.

Si se analizan los datos, parte de la emergencia de la que tanto se habla puede argumentarse con la falta de accesibilidad que las mujeres tienen a los dispositivos propuestos por el Estado: botones antipánico, residencia en el Refugio, solo por mencionar aquellos que se proponen ante una situación de riesgo.

Por falta de accesibilidad no sólo entendemos “que el dispositivo exista”, como lo plantea Soledad Monardez, sino que el Estado analice y observe porqué si en el último trimestre de este año la Red Local cuantificó 632 consultas por denuncias -55% por violencia verbal/psicológica y 30% por violencia física- y la Fiscalía obtuvo en junio de este año 160 denuncias, la gran mayoría por lesiones agravadas (72%) y amenazas (55%), ¿qué sucede con los dispositivos estatales si hay sólo quince botones antipánico en uso y una persona refugiada? Es responsabilidad del municipio intentar determinar las causales de esta situación, que también amerita caracterizarla como de “emergencia”.

A lo largo de la gestión 2016-2017, el presupuesto proveniente de Seguridad se utilizó para capacitar a la Policía Local y a la Guardia Urbana y proveer protocolos para cada patrullero, crear un equipo especializado de la Policía Local en materia de violencia de género, comprar botones antipánico y construir el Primer Refugio Municipal (aún no inaugurado), según el Plan presentado en septiembre de 2016.

Promover, servicio municipal de contención y asistencia a la víctima; los seminarios del 2016; el Proyecto “Querernos tanto”, taller de cuatro encuentros que se realizó en el pabellón de mujeres de Villa Floresta; la inauguración del Consultorio de Diversidad que funciona todos los martes en el Hospital Municipal; y la llegada de 200 cupos del Programa Nacional Ellas Hacen, son algunas de la políticas que se suman a la gestión y que, según las declaraciones de las funcionarias, se supone que son sustentadas por las dos secretarías mencionadas anteriormente.

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¿Para qué utilizarán la prórroga de la Declaración de Emergencia por Violencia de Género? ¿Qué mecanismos disponen para que las organizaciones e instituciones que abordan la temática puedan ser parte de los procesos de decisión, ya que si bien es sumamente importante la implementación de propuestas, también lo es que los/las agentes sociales no gubernamentales puedan aportar su visión?

Parte de dicho aporte es el que mencionan Corina Rodríguez Enríquez y Gabriela Marzonetto en su texto “Organización Social del Cuidado: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina”,  donde resulta central observar:

-“La falta de sistemas de información unificados generando la superposición de esfuerzos y recursos, y la demanda insatisfecha y desprotección en otras”. Esto puede observarse en la necesidad de la unificación del presupuesto de una Dirección y en la falta del estudio del “laberinto burocrático” que las mujeres se encuentran cuando van a hacer la denuncia por violencia. Esta última cuestión no es sólo responsabilidad del Poder Judicial, como plantea Soledad Monardez, sino también del municipio proponiendo los caminos necesarios para que la información se unifique según la Ley 26.485.

– “Las diferencias en el nivel educativo del recurso humano (las autoras lo plantean respecto a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, pero se traslada a cualquier dispositivo) que imposibilita la paridad del servicio, reproduciendo las diferencias socio-educativas”. Si bien se promovió la formación del personal de salud a lo largo del 2016, las trabajadoras del refugio de mujeres no han recibido en los últimos años instancias de formación con perspectiva en violencia de género, cuestión central para lograr el sostenimiento y seguimiento de las mujeres que se encuentran en este dispositivo, más allá de la presencia del equipo técnico.

-“La remuneración del recurso humano que varía por provincia, en el marco general de bajos salarios para esta actividad, cuestión que también afecta la calidad de los servicios”. Las dependencias de políticas sociales de los municipios al no ser ´económicamente productivas´ siempre han sido aquellas con los sueldos más reducidos, Bahía Blanca no es la excepción. A esto se suma que tanto en la gestión anterior y actual, las/los trabajadoras son vinculadas bajo la modalidad de contrato, obligándolas/os a convertirse en monotributistas, perdiendo así todos los derechos laborales.

En consecuencia, resulta necesario debatir y discutir la situación actual de todas las políticas e iniciativas públicas, garantizar el real acceso a la información y la efectiva participación de la ciudadanía. En caso de que esto no suceda la gestión puede transformase en un vector que se suma a la reproducción de las desigualdades y que deja por fuera el derecho de las personas a elegir la manera en que desean satisfacer sus necesidades y atender su problemáticas.

Como querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la Comisión por la Memoria (CPM) acompañó esta mañana un nuevo rastrillaje en la lof Cushamen. Un collar de Santiago fue encontrado en la vera del río donde el joven fue visto por última vez el martes 1 de agosto. Para las querellas y la familia se refuerza una única hipótesis: se lo llevó Gendarmería.

Entre las ocho y las doce del mediodía se realizó un nuevo rastrillaje en la lof Cushamen. Alrededor de 400 efectivos de Policía Federal y Prefectura participaron de un operativo conducido por el juez federal Guido Otranto. Se realizó un importante despliegue con helicópteros y drones que permitieron ampliar, dentro de la lof Cushamen, la zona que había sido explorada en una oportunidad anterior. Como organismo querellante en la causa, la CPM acompañó la diligencia judicial, de la que también participó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Alrededor de las once de la mañana, el perro que se utiliza para detectar rastros condujo a los investigadores a un lugar en el que hallaron un collar que pertenecía a Santiago. Allí se tomaron muestras periciales y el objeto fue retirado. Estaba a menos de 100 metros de donde había sido encontrado el gorro de Santiago la semana pasada, y en el área donde todos los testigos dicen haber visto a Santiago cuando fue golpeado por efectivos de la Gendarmería y subido a una camioneta de esa fuerza.

Este hallazgo, que significó el fin del operativo realizado esta mañana, refuerza la única hipótesis que hasta ahora viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

Resulta fundamental resaltar que todo el operativo realizado el día de hoy se realizó dentro de la comunidad mapuche Cushamen, y que en todo momento contó con el apoyo y acompañamiento de sus integrantes. Dos mujeres mapuches estuvieron presentes durante el operativo y mostraron su disposición con la investigación.

Este nuevo hallazgo y la predisposición para cooperar de la comunidad mapuche hacen del operativo de hoy un paso clave en la investigación, al tiempo que inhabilita muchas de las ambigüedades y los intentos por minimizar el caso que formaron parte de la exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta mañana en el Senado de la Nación.

Ya no hay dudas: Santiago estuvo ahí y se trata de un caso de desaparición forzada donde la principal fuerza responsable es la Gendarmería.

Fuente: CPM.

Dos semanas pasaron desde la desaparición del joven que fue a acompañar la lucha de la Lof en Resistencia de Cushamen. Incluso pasaron las elecciones primarias y todavía no hay novedades de su paradero. Recién hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico un informe sobre el caso.

Esteban Santamaría, integrante del colectivo de FM Alas (El Bolsón), comentó a El Mejor Equipo cómo está la situación en el lugar y afirmó que luego de la desaparición de Santiago se vive un escenario de tensión.

Santamaría mencionó el allanamiento realizado el fin de semana en la Biblioteca del Río, orquestado por el juez federal Guido Otranto, y dijo que las autoridades ingresaron de forma “muy violenta y se llevaron cosas de Santiago”. Además, contó que la Policía Federal llenó las calles de uniformados para preguntarle a lxs vecinxs del lugar sobre el paradero de Maldonado. “Han ingresado hasta en centros culturales”, acotó.

En relación a lo que ocurre en la Lof, el integrante de FM Alas, relató que en Cushamen, “siempre está la presencia de Gendarmería en la zona”. Aseguró que en los medios están diciendo cosas que no son ciertas y confirmó que los integrantes de la Lof, a pesar del temor que tenían, prestaron declaración la semana pasada, frente a un grupo especial de la Justicia que viajó hasta allá por tratarse de un caso con protección de testigos.

“Sí, estuvo el juez Otranto, haciendo un peritaje hace una semana y media, en la zona donde se encontró la boina. Del peritaje aún no tenemos ningún resultado, respecto a la sangre y la soga que se encontraron en Gendarmería Nacional. Pero sabemos que no se ha tomado declaración a los principales sospechosos, que justamente pertenecen a Gendarmería”, concluyó.

Para contextualizar la desaparición de Santiago, a quiénes resisten las comunidades mapuches y quiénes ocupan su territorio ancestral, El Mejor Equipo realizó un informe sobre la extranjerización de las tierras. Escuchálo:

En consonancia con el llamado de los organismos de derechos humanos nacionales a movilizarse esta tarde a Plaza de Mayo, la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego convocó a una concentración y movilización a las 19 en Plaza Rivadavia para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios y la campaña medática que pretende instalar la idea de un ‘terrorismo mapuche’. El Estado está obligado a articular en tiempo y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quienes fueron los actores responsables, deben obligar a Gendarmería Nacional a dar cuenta de lo sucedido”, aseguraron desde la central.

En tanto, la Cámara Federal de Apelaciones ratificó la incompetencia de la justicia bahiense para atender la acción de habeas corpus presentada por un grupo de bahienses en favor del joven desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia Cushamen.

El juez federal Walter López Da Silva había manifestado respecto al habeas corpus que “las medidas tendientes a dar con el paradero y salvaguardar la integridad física de Maldonado –que fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Esquel– suponen un contralor judicial suficiente que prescinde de cumplir nuevamente con el trámite” y agregó que “ello podría derivar en pronunciamientos contradictorios”.

“De esa manera, señaló que al conocerse la autoridad de la que emanó la orden en cuyo marco o ejecución por parte de Gendarmería Nacional se habría producido el acto lesivo de la libertad personal de Santiago Maldonado es el juez federal con competencia en el lugar el llamado a intervenir”, afirmaron los camaristas Pablo Candisano Mera y Leopoldo Velázquez.

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Las personas que requirieron la medida pretendían que “se ordene de manera inmediata a Gendarmería Nacional a que brinde toda la información referente al paradero de Santiago Andrés Maldonado y se disponga una audiencia con sus autoridades a fin de reconocer el alojamiento actual y el estado de salud”. Mencionaron además que del operativo participaron, al menos, el Escuadrón de Gendarmería 34 de Bariloche, el 35 de El Bolsón, el 36 de Esquel y los Escuadrones de Ramos Mejía y de Rawson.

El fallo de la Cámara destaca que desde el juzgado se comunicaron con la sede judicial de Esquel desde donde informaron que el 2 de agosot se inició un habeas corpus en el marco del cual se realizó una audencia y “se han tomado distintas medidas a fin de averiguar su paradero”. Tambíen se menciona el comunicado del juzgado patagónico en el cual se indicaba que no se había corroborado que Santiago “haya sido detenido por la Gendarmería Nacional” y se acusaba a la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda.

Cabe destacar, que el juez Guido Otranto se negó a sacar a la Gendarmería de la zona de la desaparición de Maldonado, presencia que intimida a los testigos de los hechos, y recién ayer allanó el Escuadrón 36 con a la Policía Federal.

“Más allá de advertirse que la situación denunciada por los presentantes habría sido canalizada dentro del marco de la acción que se encuentra en trámite en la jurisdicción de Esquel, la mencionada sede resulta competente tanto por la fuerza de seguridad denunciada como en razón del territorio, por lo que por elementales principios de inmediatez y celeridad, debe entender en autos”, resolvieron Candisano y Velázquez.

La Comisión por la Memoria en Esquel

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante ante el juzgado federal de Esquel. Durante una entrevista con el juez Guido Otranto, se pidió además el avance de la investigación y el cese de las hostilidades contra la comunidad mapuche.

La semana pasada, apenas conocida la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM —que desde hace años viene acompañando a la comunidad mapuche de Esquel con el reclamo por el respeto de sus derechos— presentó un habeas corpus por desaparición forzada ante el juez federal de Esquel Guido Otranto. Esta fue la primer acción presentada al día siguiente de su desaparición, a la que luego se agregaron otras, y que aún sigue tramitando bajo el número FCR 8233/2017.

Ayer por la mañana Nora Cortiñas, Sandra Raggio y Roberto Cipriano García se entrevistaron con el juez federal Guido Otranto a quien le solicitaron que intervenga para que la Gendarmería sea apartada de la causa y que disponga el cese de la violencia estatal contra la comunidad mapuche, en tanto efectivos de esta fuerza de seguridad persisten hasta el día de hoy en la puerta de la lof Cushamen hostigando y amenazando testigos.

Además, se le pidió al juez que se haga presente en el lugar para tomar declaración a los testigos de la represión protagonizada por Gendarmería la semana pasada, circunstancia en la que se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de proteger la integridad de los testigos y mantener en reserva su identidad. Otro pedido fue que se dé intervención a la PROCUVIN, fiscalía de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, lo que ya se concretó en la causa.

(Por Daniel Feierstein) El movimiento de derechos humanos argentino fue una de las columnas vertebrales de la lucha por memoria, verdad y justicia, lucha que obstaculizó la realización simbólica de los objetivos genocidas así como enfrentó cada intento de impunidad o cada reaparición de los fantasmas represivos o golpistas.

No es sólo la imagen de las Madres marchando en la Plaza durante los años más duros de la dictadura la que viene a nuestra memoria al recordarlos, sino el acompañamiento masivo a la entrega del informe de la CONADEP, las manifestaciones contra las leyes de punto final, obediencia debida y contra los indultos, la organización de los escraches allí cuando reinaba la impunidad o la presencia nuevamente en la plaza aquel 20 de diciembre, poniéndole el pecho a la policía montada cuando De la Rúa decretó el Estado de Sitio.

Ello no quita que en los momentos en que hubo gobiernos contradictorios, no hayan existido matices y disputas. Alfonsín generó muchas expectativas y, por tanto, algunas figuras se identificaron mucho con sus políticas, en tanto que otros cuestionaban el acercamiento, a la luz de sus vacilaciones y reivindicando la autonomía y pluralidad del movimiento de DDHH. En el caso de Néstor y Cristina Kirchner el debate fue más fuerte aún e involucró temas no menores: las reacciones ante la nueva desaparición de Jorge Julio López, el asado en la ESMA, la designación de César Milani al frente del ejército, la sanción de una ley antiterrorista, entre otros. Tanto las Madres, los Hijos, los Familiares y los Sobrevivientes como la APDH, CELS, SERPAJ, LADH o MEDH, entre otros, tuvieron posicionamientos disímiles o disputas a su interior. Y era legítimo que así fuera, siempre ocurre si se tiene enfrente a un gobierno menos monolítico.

Sin embargo nada de ello parece ser lo que ha guiado el evento realizado hace un mes (el 12 de julio) en el Centro Cultural San Martín, donde se propuso “una nueva agenda de los derechos humanos” (evento cubierto por el diario Perfil y en el que participaron Patricia Valdez, Graciela Fernández Meijide, Hugo Vezzetti, Claudia Hilb, entre otros). Llama la atención que para la discusión de dicha “nueva agenda” no se hubiera invitado a ninguno de los referentes históricos de esta lucha de más de 30 años. Ni a quienes se mostraron más cercanos a los gobiernos kirchneristas ni a quienes cuestionaron con dureza las políticas gubernamentales. No se convocó a un diálogo fraterno ni se incluyó a ninguna de las partes en los debates de esta década.

Cabe agregar que el contexto en el que se realizó el evento incluye la aparición de balas de FAL frente a la sede de la APDH La Matanza, la multiplicación del encarcelamiento a luchadores populares, atisbos de impunidad por parte del poder judicial y de la Corte Suprema (a través del 2×1, las domiciliarias, las preventivas, las absoluciones), recrudecimiento de las amenazas a fiscales, querellantes y militantes, profusión de pintadas reivindicatorias de los genocidas, destrucción de murales o placas de homenaje a los desaparecidos, intentos de autorizar la participación militar en el conflicto interno, protocolos de represión de la protesta, declaraciones negacionistas de funcionarios de gobierno, proliferación de organizaciones de apoyo a los represores… esa es la oportunidad elegida para salir a descalificar en bloque al movimiento de derechos humanos… ¿cuándo fue que se jodió el movimiento de derechos humanos?, pregunta Patricia Tapatta Valdez, en una abstracción que iguala y aplana a un movimiento que se caracterizó en todos estos años por su pluralidad, discusiones de alto voltaje, incluso enfrentamientos públicos entre sus figuras más respetadas.

Como la mayoría de los participantes de dicho evento son académicos (algunos incluso colegas queridos o respetados) y como el cuestionamiento que más aparece en la nota periodística que lo cubre se vincula a poner en duda el número de víctimas del genocidio argentino o la importancia del juzgamiento de los responsables del mismo, no puedo menos que recordarles el sentido de la oportunidad, algo fundamental para cualquier intervención pública.

Fuimos muchos los que cuestionamos (con el debido cuidado y respeto por las luchas libradas) distintos posicionamientos de figuras (emblemáticas o no) del movimiento de derechos humanos durante el kirchnerismo, del mismo modo en que se cuestionaron las acciones de Graciela Fernández Meijide u otros miembros del movimiento durante el gobierno de la Alianza o de otros en períodos previos.

El balance de las actitudes asumidas durante la década kirchnerista deberá hacerse más pronto que tarde, en un diálogo que nos incluya a todos y que nos permita escucharnos, aprender, cicatrizar las heridas de errores, oportunismos, agresiones, descalificaciones, difamaciones.

Pero ante un gobierno que busca igualar a víctimas y victimarios de un genocidio, que prepara otra vez a las fuerzas represivas para intervenir ante el conflicto social generado por un brutal ajuste con su tendal de despidos y destrucción salarial, que acompaña los reclamos internacionales de los represores para concluir con el proceso de juzgamiento, que busca retroceder en todas y cada una de las conquistas del movimiento popular. Esto es, ante un gobierno que no tiene contradicción alguna, la oportunidad nos conmina a acercarnos a las Madres (a todas las Madres, las que pensaron una cosa y las que pensaron la contraria y en la figura de las Madres a los sobrevivientes, a los hijos, a los familiares, a los infinitos compañeros que vienen librando estas luchas desde la propia dictadura), como lo hicimos en cada manifestación popular, gritando (o apenas susurrando), “madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, como lo hicimos centenares de miles el pasado 10 de mayo.

Los debates se dan cara a cara, junto a los involucrados y en un tono fraterno, por duras que sean las cosas que debemos decirnos.

Pero no, Patricia. Por suerte no se jodió el movimiento de derechos humanos. Y estos años lo necesitaremos más que nunca, para enfrentar los desafíos que se nos vienen.

PD: Esta nota fue escrita hace ya dos semanas y enviada a un medio periodístico donde, vaya a saber por qué, jamás fue publicada. En el interín entre su escritura y hoy tuvimos la preocupante desaparición de Santiago Maldonado, que no hace más que ratificar el sentido de la oportunidad de los planteos referidos en la nota y la importancia de sostener la vitalidad del movimiento de derechos humanos que salió a exigir respuestas. No he visto (pero quizás es apenas mi ignorancia) un comunicado de quienes quieren construir “la nueva agenda de derechos humanos” que se sume al reclamo por la aparición con vida de Santiago. Ojalá los encontremos este viernes en la manifestación.

(Por Mauro Llaneza) El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo en Bahía Blanca invitado por Cáritas y otras agrupaciones de las iglesias Católica y Metodista para participar de un homenaje al obispo riojano Enrique Angelelli, asesinado por el terrorismo de Estado hace 41 años.

El artista y docente renegó del “monocultivo de las mentes” y aseguró que la paz no es la ausencia de conflicto sino que se alcanza “cuando logramos establecer las relaciones humanas, la comprensión en la diversidad, no en la uniformidad”.

“Cuando a mí me dicen que un militante es amargado yo digo: ‘Ojo, ese no es un militante. Ese es un amargado’. Porque en realidad, aquellos que estamos trabajando junto al pueblo y caminamos juntos, tenemos que tener esa alegría interior, no podemos ser amargados, porque si somos amargados no podemos aportar.

“Cuando vemos tanta miseria, tanta pobreza o tantas muertes, tanto dolor, siempre hay una luz de esperanza, siempre hay algo que nos mueve a seguir, a no renunciar”, dijo en una charla junto a los sacerdotes Juan D’amico y Renzo Adami, ordenado en Córdoba por Angelelli.

En una entrevista que FM De la Calle emitirá el viernes a las 10 por el 87.9Mhz, Pérez Esquivel se refirió a las detenciones políticas de Milagro Sala, Agustín Santillán y Facundo Jones Huala y a la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería tras la represión en Cushamen.

“(Pablo) Noceti, que es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, quiere confundir a la gente, me menciona a mí, habla de los kurdos, de terrorismo y que van a ser castigados pero no habla de cómo les quitan las tierras a los pueblos originarios, cómo los persiguen, cómo los meten presos. En el caso de Facundo Huala el año pasado acompañamos el juicio en Esquel, que fue en el regimiento de Gendarmería.

“El juez lo escuchó, lo liberó, es el juez federal Otranto. Lo liberó y después que Macri se encuentra con la presidenta de Chile, Bachelet, lo detienen otra vez para extraditarlo. Entonces, ¿dónde queda el derecho de justicia?”, manifestó.

El titular del Servicio Paz y Justicia afirmó que Milagro Sala “es una presa política. Nosotros estuvimos como miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, con Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil, fuimos a ver en la cárcel a Milagro. Estuvimos como dos horas con ella y después hablamos con el gobernador Morales. Morales decía: ‘Yo no tengo nada que ver, esto es un problema judicial'”.

“Esto es un problema político. A Milagro la detuvieron y la condenaron antes de ser juzgada, cosa que no puede ser, tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas están reclamando la libertad de Milagro. Es una condena antes de ser juzgada y esto no es posible. El caso de Facundo Huala también”.

“Lo otro: hay desaparecidos -subrayó Pérez Esquivel-. Hay ahora otro desaparecido más, de los que fueron a apoyar a Facundo Huala, Santiago Maldonado, un chico de veintipico de años que hasta el día de hoy no se sabe. (Mientras tanto) el presidente Macri se está ocupando de Venezuela”.

Horas antes de la entrevista, a pocas cuadras de la sede de Cáritas, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay habían encabezado un acto de campaña con globos de colores, vallas y gendarmes. “Esa no es la democracia”, advirtió el Nobel.

“Yo tuve un amigo de caminada por América Latina que ustedes conocerán, Eduardo Galeano. Siempre decía: ‘Esto más que democracia son democraduras’. Dice: ‘Se levantaron del sillón pero están al lado’. Estas democracias están agotadas, no sirven más, esto es como sostener el statu quo del poder y hacernos creer que nosotros, porque votamos, vivimos en democracia. No es cierto esto, ¿no?”.

El activista propuso “comenzar a repensar democracias participativas, democracias donde el pueblo no delegue totalmente el poder. Y para esto necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo contrato de repensar cuál es la vida de los pueblos. Porque si vos ves que aumenta la pobreza, que los chicos (…) tienen hambre…

“Hubo un director de la FAO, que era un médico, Josué de Castro, que escribe un libro extraordinario, te estoy hablando del año 68, se llama La geografía del hambre. En un parte del libro dice “los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre”. Esa es la rebelión de los pueblos, es conflicto, lamentablemente esto es así. La única forma de contener este modelo que está aplicando Macri es con la represión, no con el diálogo, no con la participación del pueblo”, dijo Pérez Esquivel.

El juez federal Walter López da Silva rechazo un habeas corpus presentado por un grupo de bahienses para dar con el paradero de Santiago Andrés Maldonado, desaparecido por la Gendarmería tras la represión en el Lof en Resistencia Cushamen el 1 de agosto. Esta tarde, familiares de Santiago brindarán una conferencia de prensa junto a Nora Cortiñas en Bariloche.

El magistrado local declinó su competencia en favor del Juzgado de Esquel dado que, “las medidas tendientes a dar con el paradero y salvaguardar la integridad física de Maldonado” que aquel realiza, “suponen un contralor judicial suficiente” y su intervención “podría derivar en pronunciamientos contradictorios, sumando un estado mayor de incertidumbres”. La Fiscalía General apelará para mantener activo el recurso.

La Comisión por la Memoria (CPM) viajará hoy a Esquel para profundizar el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado. Nora Cortiñas, Roberto Cipriano García y Sandra Raggio se reunirán con familiares de Santiago, organizaciones sociales y de derechos humanos de la zona y con integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron detenidos la semana pasada luego de la brutal represión de Gendarmería. Se entrevistarán también con el juez Otranto, la fiscal Ávila y el defensor oficial Machado, y visitarán al lonko Facundo Jones Huala, detenido en la Unidad Federal 14 de Esquel.

Los organismos de derechos humanos convocaron a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo viernes a las 17. “Es tremendo el dolor que produce tener que pedir de nuevo por un desaparecido. Es lo peor que le puede pasar a una madre, a un hermano”, aseguró Estela de Carlotto.

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“Los hemos convocado para denunciar un hecho de extrema gravedad, que es la primera aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por las Naciones Unidas”, dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros, exigieron a la ministra Patricia Bullrich que “de cuenta de su desaparición e informe al respecto dando las respuestas pertinentes frente a la gravedad de los hechos” y al “Estado Nacional se ponga al servicio de la investigación, garantizando la misma y arbitrando los medios para localizar a Santiago”.

Bullrich defendió el accionar de la fuerza de seguridad y acusó a la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda y pretender una “república independiente” en el antiguo territorio del Wallmapu ocupado por el empresario italiano Benetton.

La permanente persecución contra el pueblo mapuche se intensificó el 29 de julio cuando fueron reprimidas mujeres, niñas y niños en Esquel y siguió el 31 con la detención de nueve personas que pedían la libertad del lonko Facundo Jones Huala frente al Juzgado Federal de Bariloche.

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El 1 de agosto la Gendarmería entró ilegalmente al lof de resistencia, destruyó e incendió rukas, herramientas, juguetes, semillas y libros. Varias personas pudieron escapar al cruzar un rio. Testigos afirman que Santiago no pudo hacerlo y fue golpeado y subido a una camioneta de Gendarmería.

El Juzgado Federal de Esquel informó el domingo que hasta entonces no se había corroborado que Santiago “haya sido detenido por la Gendarmería Nacional” y afirmó que los vehículos que participaron del procedimiento fueron identificados y resguardados para determinar si Maldonado “fue subido a alguno de ellos”.

Acusó a integrantes del  Pu Lof en Resistencia Cushamen de impedir un rastrillaje de Prefectura río abajo “más allá de los 400 metros del lugar” y el uso de drones y de obstaculizar la búsqueda con perros adiestrados. Finalmente pidió a las organizaciones que acompañan el pedido de aparición con vida del militante que aporten testigos presenciales a quienes prometen garantizar su seguridad.

Al día siguiente y en línea con el Juzgado, la fiscala subrogante de Esquel, Silvina Alejandra Ávila, comunicó que se hacía cargo de la investigación penal por la desaparición forzada y las posibles irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto. La funcionaria manifestó que estaba en trámite una acción de habeas corpus a favor de Maldonado.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Maldonado exige “la acción urgente del Estado parte para buscarle y localizarle” y para identificar a los responsables. Solicita al Estado argentino que le informe “sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para localizarlo, para aclarar su desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”. El gobierno nacional ofrece una recompensa de $500.000 para quienes “brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero” de Maldonado.

“El Estado está obligado a articular en tiempo y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quienes fueron los actores responsables, deben obligar a Gendarmería Nacional a dar cuenta de lo sucedido. Creíamos haber superado esas prácticas nefastas e inadmisibles. Como Familia, además del lógico dolor e incertidumbre, seguiremos responsabilizando al Estado hasta que aparezca Santiago”, manifestó la familia Maldonado.

El lonko sigue preso

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Ayer, el lonko Jones Huala comunicó desde la cárcel de Esquel que lleva ocho días de huelga de hambre por “haberse agotado todas las vías para la superación de tan evidente injusticia, llamando abierta y explícitamente a la rebelión de todo Nuestro Pueblo a través de la Dirección Estratégica de La Vanguardia de Weichafes Organizados desde el Kuifirakizuam y Az Mapu”.

“La cárcel y la represión intentan sembrar temor en Nuestro Pueblo, no debemos caer en la trampa de su violencia, debemos responder con legítima defensa, como valientes, no como cobardes ni traidores. Ellos quieren silenciarnos, mantenernos sumisos en el tramposo juego de la burocracia y la falsa e hipócrita legalidad burguesa, leyes que no dudan en romper cuando el rico lo ordena, allí los jueces se olvidan el Estado de Derecho convirtiéndose en secuestradores, y lacayos de terratenientes y empresarios”, aseguró.

Huala, cuyo juicio por extradición a Chile fue declarado nulo, dijo que “si se permite el doble juzgamiento, se permite la ilegalidad del poder formal, es decir, no solo no habrá justicia para nosotros sino para nadie, burlan sus propias leyes, cuando quieren, como lo hicieron las dictaduras militares en los 70”.

(Por Juliana Gonçalves) El pasado 25 de Julio, las calles de varias ciudad de Brasil fueron ocupadas bajo el grito “Mulheres Negras e Indígenas por nós, por todas nós, pelo Bem Viver“. En lucha contra el machismo, el racismo y la violencia, miles de mujeres participaron por segundo año consecutivo de la Marcha de Mujeres Negras que se realiza en torno al Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña y en el Día Nacional de Tereza Benguela.

El 25 de julio restaura a las mujeres negras la ancestralidad de lucha y fuerza que no queda en el pasado. La ancestralidad que nos acompaña como fuerza vital activa en el presente. El ejemplo de Terezade Benguela, define que nosotras, mujeres negras de la diáspora de hoy, somos los sueños más osados de nuestros antepasados.

Tereza de Benguela era llamada de reina. Sin embargo, fue conocida por su estilo democrático y parlamentario de liderar el quilombo del Quarter, en Mato Grosso, alrededor de 1740. Desafió la corona portuguesa y el sistema esclavócrata por más de 20 años, hasta ser capturada y asesinada por el ejército, en 1770. Es por ese icono de la resistencia negra en el Brasil colonial que, en 2014, el 25 de julio se convirtió en el Día de la Mujer Negra, en consonancia con la fecha internacional que se estableció en 1992.

Las mujeres negras en movimiento están hermanadas en la construcción y defensa de un nuevo marco civilizatorio de sociedad. Y esa lucha gana aliento en la articulación nacional que llevó a la Marcha de las Mujeres Negras contra el racismo, el machismo, la violencia y el Bien Vivir en 2015.

Por primera vez en la historia de Brasil, 50 mil mujeres ocuparon las calles de Brasilia para cobrar políticas públicas y reparación por las desigualdades estructurales enfrentadas por nosotras.Desde la marcha de Brasilia, el concepto de Buen Vivir viene siendo cada vez más reivindicado por los movimientos de mujeres negras. Se hace urgente explicar las raíces del Buen Vivir, ya que el término puede ser fácilmente desvirtuado ignorando la fuerte crítica contra el modelo desarrollista de la sociedad que vivimos. El Buen Vivir no tiene nada que ver con la prosperidad financiera.

Por ello, traeré algunas definiciones sobre el término a partir de la óptica de las mujeres negras en diálogo con los conceptos trabajador por el político y economista ecuatoriano Alberto Acosta en su libro O Bem Viver – Uma oportunidade para imaginar outros mundos a raíz a partir de las ideas del economista  Pablo Dávalos.

El Buen Vivir sueña otros mundos posibles

La teoría del Buen Vivir nació de la práctica histórica y de la resistencia de los pueblos originarios de América Latina. Ella presenta una forma diferente de relación entre los seres humanos, las sociedades y la naturaleza.

Alberto Acosta afirma que el ” Buen Vivir es una filosofía en construcción, y universal, que parte de la cosmología y del modo de vida amerindio, pero que está presente en las más diversas culturas”. Y cita la ética y la filosofía africana del ubuntu – “yo soy porque nosotros somos”.

La noción de Buen Vivir propone también abandonar la idea de progreso, porque considera que esa noción es discriminatoria y violenta. Sus principios son relacionalidad, complementariedad, reciprocidad y correspondencia. El Buen Vivir surge para descolonizar la democracia y devolverle su sentido original, de gobierno del pueblo y para el pueblo. Los autores proponen el Buen Vivir para evitar la destrucción provocada por los mercados, el capitalismo y la modernidad. Alberto Acosta, en su libro, presenta el Buen Vivir no como una alternativa, sino como la única vía que de hecho puede contraponerse al capitalismo. A diferencia del socialismo, que presenta la diversidad mientras recorta dentro de la lucha contra el capitalismo, el Buen Vivir trae la diversidad como fundamento.

El Buen Vivir se contrapone a la base eurocéntrica de nuestra sociedad

El Buen Vivir parte del principio que un lugar más igualitario y justo sólo puede existir sin la presencia de elementos como el racismo, el machismo y las formas de opresión que son estructurantes del capitalismo. Como nos recuerda la intelectual feminista bell hooks (que pide que su nombre sea escrito así, en minúsculas, por creer que lo más importante es lo que escribe, no quién es), una sociedad balizada por la ideología de la supremacía blanca, imperialista, capitalista y patriarcal nunca va a ser justa.

Las sociedades eurocéntricas, basadas en las ideales de la blancura, tienen como base de su desarrollo la concentración de poder, la acumulación de riqueza, la explotación como sustento de la sociedad, el dominio de otros pueblos y la masacre epistémica de todo lo que no es blanco.

Estos elementos se traducen en la construcción de un estado desigual. Un estado que desconoce las alteridades y la transforma toda y cualquier diferencia en desigualdad.

‎El Buen Vivir exige otra economía, sustentada en los principios de solidaridad y reciprocidad, responsabilidad, integralidad. El objetivo es construir un sistema económico sobre bases comunitarias. Esta nueva sociedad se aleja de los valores de las sociedades eurocéntricas y más cercanas a los valores civilizatorios amerindios y africanos, como el cooperativismo, la ancestralidad, la memoria y la oralidad.

El Buen Vivir y las mujeres negras

En una sociedad regida por el capital, basada en el racismo y el machismo, las mujeres negras no tienen visibilidad, a no ser como un recurso a ser explotado. Aquí vemos cómo la lucha de todas las mujeres contra ese sistema es también la lucha de los pueblos indígenas y negros. En ese sentido, la gran intelectual Lélia Gonzáles, en construcciones con las mujeres latinoamericanas e indígenas en la década de 1970, ayudó a crear diálogo entre el Buen Vivir y las mujeres negras. Lélia supo garantizar el espacio para que mujeres negras e indígenas se encuentren, en lo que ella llamaba los amefricanos, en la búsqueda de prácticas políticas descolonizadoras. Este diálogo fue retomado y fortalecido en el proceso de construcción de la Marcha de las Mujeres Negras de 2015. En esta nueva sociedad pautada en la unión de mujeres lo que prevalece es el sentido de comunidad. El Buen Vivir permite soñar otros mundos y da base para una práctica política que busca la deconstrucción de las opresiones estructurales a partir del rompimiento de prácticas colonizadoras. Es importante resaltar que las mujeres (todas) siempre estuvieron a la vanguardia de esas construcciones. A ejemplo de lo que nos enseñó Lélia Gonzales, la unión femenina es fundamental para la construcción de un proyecto feminista efectivamente transformador en Brasil.

—–Traducción: María Julia Giménez

(Por Enrique Gandolfo / Secretario adjunto CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego / A 110 años de la huelga en el puerto de Ing. White) El 23 de julio de 1907 amanecía en el Puerto Comercial con los obreros en huelga. Las casas de chapa y madera, muchas montadas sobre pilotes, fueron testigo del paso de los trabajadores hacia la Casa del Pueblo, un lugar propicio para deliberar y decidir como continuar con los reclamos.

Bien temprano había acontecido un incidente y una pelea con dos capataces ingleses que no se plegaban al paro. Los reclamos eran varios: por la reincorporación de dos compañeros despedidos, por reducción de las horas de trabajo, por mejores salarios. Los estibadores agregaban uno propio: que las bolsas de cereal no pesaran más de 70 kilos.

En 1907 se hacían obras de ampliación del muelle del Ferrocarril Sur (de propiedad inglesa) y de edificios destinados a la Aduana y a la Subprefectura. Por aquellos años ya se exportaban un millón de toneladas de trigo anuales y de enero a marzo trabajaban 5 mil obreros.

Bahía Blanca tenía un intendente (Jorge Moore) y concejales pero curiosamente todos llamaban Lord Mayor a un señor inglés que luego compraría imponente casa en la avenida (hoy Alem 41). Mister Arthur Coleman era el Superintendente del Ferrocarril Sur. Además, tuvo en sus manos la administración de servicios fundamentales para la ciudad como la electricidad, los tranvías, el Mercado de Victoria, el gas y el agua, actividades vinculadas al mismo ferrocarril inglés.

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Preocupado también por los reclamos obreros, el hombre fue muchos años presidente de la Sociedad Protectora del Trabajo, una organización que propiciaba el trabajo “libre”para evitar las molestas huelgas sindicales. Es que además de ganarse el pan con su trabajo, los obreros tenían oídos receptivos para ideas que eran la materia prima de la conciencia: la de los socialistas y los anarquistas.

Aquella mañana en la Casa del Pueblo, el calor de las pasiones justicieras hacía olvidar el frío del invierno junto al mar. En la Subprefectura se recibe una orden precisa de su jefe, el comandante Astorga, que se encuentra en Bahía: “Hay que capturar a los delincuentes”. Hay 700 personas congregadas dentro y fuera del edificio. La patrulla produce ocho descargas cerradas sobre la multitud. Hay numerosos detenidos y ocho heridos. Dos de ellos de gravedad van a fallecer en los días siguientes: Atiliano Pascual y José Falcioni, un italiano de 30 años socio de la Sociedad Recreativa La Siempre Verde.

A partir de ese momento el paro en el puerto es total. En Bahía la Federación Obrera llama a una asamblea que se va a realizar en su local de Lamadrid 199. Al día siguiente muere Atiliano Pascual. Sus compañeros lo van buscar al hospital y lo llevan a pulso hasta el cementerio. Se inicia una una colecta para ayudar a las familias de las víctimas. La asamblea de la Federación Obrera decide un paro de 48 horas. Van a adherir los albañiles, los pintores, los carpinteros, los barraqueros, los cocheros de plaza, los mozos, dependientes del comercio y muchos empleados del Ferrocarril pese a las presiones de los gerentes.

El 26 una gran manifestación de cinco mil personas se moviliza en una ciudad militarizada a la que han llegado tropas de refuerzo. En el puerto la manifestación consigue la libertad de los presos. A la ciudad también han llegado el diputado socialista Alfredo Palacios y el director del anarquista diario La Protesta, Carlos Balsan.

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El 27 fallece José Falcioni. Al día siguiente, en el puerto, más de dos mil personas -entre las cuales hay mujeres y niños- inician el cortejo fúnebre. Al pasar por La Siempre Verde, la bandera y la orquesta de la Sociedad Recreativa se suman al cortejo. Antes de dirigirse a la estación hacen una parada frente a la Subprefectura donde la orquesta toca una marcha fúnebre y un orador arenga a la multitud. En el patio aparece el comandante Astorga. Valientemente, el orador Antonio Brizzi lo señala y lo responsabiliza de los hechos. Un cabo y dos marineros intentan detenerlo. Se produce una lucha cuerpo a cuerpo y luego suena una descarga. Astorga ordena tirar contra el pueblo trabajador. En la huida, el ataúd y los instrumentos de la orquesta quedan en la calle. José Falcioni ha sido acribillado por segunda vez. Ahora, cuando yace sin vida dentro de su ataúd. Nuevamente hay varios heridos de bala.

Al día siguiente Astorga recibe orden de la Marina de Guerra de presentarse en Buenos Aires, en la Prefectura General de Puertos. A la estación van a despedirlo distinguidos ciudadanos representantes de la banca, el comercio, la industria y los principales diarios. Algunos nombres todavía resultan hoy conocidos: intendente Jorge Moore, general Pablo Riccieri, Dr. Leónidas Lucero, Dr. Valentín Vergara, Ángel Brunel, Enrique Julio, para citar algunos.

Los mismos ciudadanos dirigen un telegrama al ministro de marina contra almirante Betbeder: “No hacemos sino exteriorizar un sentimiento latente y unánime de la población conservadora de Bahía Blanca en el comercio, en el foro, en la industria, que a diario ven amenazados sus intereses, sus vidas, en el avance continuo de multitudes inconcientes, que so pretexto de teorías igualitarias tienen convertida a la ciudad en fermento de pasiones encontradas (…) En estos hechos desgraciados, hállase envuelto el subprefecto de Bahía Blanca. En nuestro concepto (…) este funcionario ha cumplido el penoso deber de defender a sus soldados de la agresión de una masa turbulenta y provocativa. Tristes días nos esperan si solo la anarquía y la sedición llegan a gobernarnos. Respetuosamente hemos deseado exteriorizar a V.E. estos sentimientos en honor del Teniente Astorga”.

No son los mismos sentimientos los que abrigan los trabajadores quienes van a continuar la huelga otros dos días. Cuando las noticias llegan a Buenos Aires, las dos centrales sindicales la FORA (anarquista) y al UGT (socialista) deciden un paro en todo el país a llevarse a cabo el jueves 1 de agosto. La clase trabajadora muestra una vez más el valor de la solidaridad ante la represión y los atropellos de los poderosos.

La obstinada memoria

Portada

La memoria histórica de los de abajo siempre pugna por el lugar que le corresponde. Intenta abrirse paso entre la telarañas construídas por la historia oficial que solo sabe del “progreso” y de los grandes hombres que hicieron la ciudad. Pocos recuerdan a Atiliano Pascual y a José Falcioni y a los hombres y mujeres de aquella pueblada.

Al comenzar la década del ’70 esta historia es rescatada por el grupo Teatro Alianza que hace una profunda investigación antes de la puesta de la obra que va llamarse “Puerto White, historia de una Pueblada”.

Dardo y Coral Aguirre, Julio Teves, Mónica Morán, son algunos integrantes de ese grupo que decide estrenar la obra un 19 de agosto de 1973 en Villa Nocito. Avanzaba la década del ´70 y el grupo Alianza recorría Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y parte de América Latina.

El sábado 26 de julio de 1975, en el diario El país de Cali, Colombia, Dardo Aguirre y Julio Teves, denunciaban la represión y persecución que se aplicaba en Argentina bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón. “En Argentina para hacer teatro hay que jugarse la vida y la prueba de que ellos es así es que cuando nuestro grupo montó ‘Puerto White’ nos amenazaron con matar a uno de los integrantes”.

Ya con la dictadura, el 13 de junio 1976 Mónica Morán, maestra, titiritera e integrante del grupo, es secuestrada y su cuerpo aparece unos días después acribillado. Ella había escrito en la obra teatral la parte del relato del velatorio y el cortejo fúnebre de José Falcioni. Decía así: “Era domingo 28 de julio de 1907, estábamos todos junto a tu cuerpo. Andrés lloraba. Te llevábamos con pena y con orgullo por las calles del Puerto. Pasamos por la Casa del Pueblo ¿Te acordás Falcioni? Allí vibraban tus gritos todavía. No era un ataúd lo que llevábamos: era un pedazo de fuego en la mañana. Paloma de pólvora tu cuerpo. Frente a la Subprefectura estaba el que te mató. Y fue Brizzi que no aguantó la rabia y la vergüenza y lloró a los gritos frente al asesino. Pero hubo una respuesta”.

Blog Puerto WhiteFalta un capítulo de esta historia. En el 2007 se hace una nueva puesta de la obra bajo la dirección de Julio Teves con el grupo Nuevodrama. Luego de la puesta un actor en la cocina del museo del Puerto va a recordar lo siguiente.

El teniente Astorga volvió a Bahía luego de aquella masacre y falleció unos años después. “En esa época los ataúdes se sellaban con una larga estañadura para evitar que las emanaciones del cadáver se propagasen más allá del cajón. Era un trabajo peculiar que se encargaba a los hojalateros, habitualmente dedicados a parchar fuentones y ollas o las maltrechas chapas de los techos de las casas. Así ocurrió ante el fallecimiento del capitán de navío Astorga que estuviera a cargo de la Subprefectura hasta 1914. Habían pasado muchos años y cuando llegó el momento de sellar el ataúd, el hojalatero pidió a los asistentes que se retiraran para realizar su tarea. Una vez a solas con el cajón, vinieron a su mente los fusilamientos que había perpetrado Astorga y accionó el soplete sobre su rostro mientra repetía: ‘Esto por Pascual, esto por Falcioni'”. Selló el cajón, recibió su salario y se fue. Muchos años después, lo contó a sus nietos y uno de ellos en los ’70 esperó en las escalinatas del Teatro Municipal a los actores para referirles lo que su abuelo había contado.

A 110 años de la pueblada ninguna calle, ninguna plaza, ninguna escuela recuerda a aquellos hombres. En el 2008 en un acto por el Primero de Mayo, en la calle frente a la Municipalidad integrantes de Nuevodrama recrearon un fragmento de la obra.

Fotos: Federico Randazzo – http://lasgrietasdelrelatohistorico.blogspot.com.ar/

En el marco de la investigación desarrollada por los fiscales Horacio Castaño y Marcelo Colombo el empresario y ex presidente de Huracán, Víctor Hugo Iglesias, quien se encontraba prófugo desde el pasado 7 de julio, se presentó el martes ante el Juez Federal N°2. Fue encerrado en una sede policial de Azul hasta tanto se lo traslade a una cárcel federal.

La Fiscalía había solicitado una serie de medidas de investigación para dar con el paradero del hombre, sobre quien pesaba un pedido de captura en virtud de que se le imputa el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

La investigación se inició en abril de 2016, cuando 25 mujeres fueron rescatadas durante una serie de allanamientos realizados en los locales “La Esquina”, “Broadway” y “El chaparral” y un domicilio particular ubicado en Bahía Blanca. La profundización de la pesquisa permitió identificar a los responsables, quienes ya eran investigados por delitos similares.

En junio de 2016, los fiscales Castaño y Colombo, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), respectivamente, solicitaron el procesamiento de cuatro personas: Iglesias –principal imputado-, Eduardo Horacio Gutt –oficial de la Prefectura Naval Argentina-, Alfredo Ismael García –oficial retirado de la Prefectura- y Alberto Martín Vargas.

Tanto García como Iglesias están imputados en otras investigaciones, ya elevadas a juicio oral, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos bahienses “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

El pasado 7 de julio, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas, Eduardo Horacio Gutt e Iglesias, quien se mantuvo prófugo hasta el martes, cuando se presentó con su abogado en la sede del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca.

La Fiscalía está a la espera de que el Juzgado le remita la causa para formular el pertinente requerimiento de elevación a juicio.

Fue hoy minutos después de las 10 de la mañana en Rondeau y las vías (a la altura del 1000 de la citada calle). Del desalojo participaron fuerzas de la policía local, “grupo de apoyo” y hasta hubo presencia de gendarmería. También hubo participación de trabajadores municipales.

Algunas personas desalojadas fueron subidas a patrulleros que se las llevaron de ahí.

Se trata de unos 2 vagones donde vivían temporalmente personas de bajos recursos. Cabe recordar que Bahía Blanca sufre un déficit de vivienda que afecta a unas diez mil familias, según estudios universitarios.

No contentos con el desalojo, finalmente, una topadora dio vuelta los vagones varias veces con el fin de que no puedan volver a ser habitadas por personas en situación de calle. Movieron una de las estructuras durante varios metros.

A su vez, todas las pertenencias de las personas indigentes fueron tiradas en las inmediaciones y también pasaron la topadora sobre algunos de esos objetos.

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El 2 de junio, mediante un comunicado, el Espacio Cultural La Nave, cercano al lugar donde ocurrió el desalojo, expresó que “en este momento el espacio es centro de atracción de muchas miradas, distintos sectores interesados en apropiación, debido a ser un lugar estratégicamente posicionado, amplio, con varias condiciones para su uso, con un edificio cuidado y mantenido desde hace tres años exclusivamente por los artistas, familias de los chicos que concurren a las clases, vecinos y gente que sin esperar nada a cambio colabora con el proyecto de un espacio limpio y sano en este sector de la ciudad”.

Por ello solicitaron apoyo a toda la comunidad para la continuidad del proyecto de recuperación del patrimonio a través del trabajo artístico. Concretamente, se invitaba a visitar el espacio de lunes a sábado de 9 a 20 Hs.

Por su parte, “vecinos del Barrio Noroeste, la ONG Parque Noroeste, la Biblioteca Fija y Ambulante y La Nave” también acercaron una nota a la ciudadanía comunidad en la que manifestaron su preocupación por “los rumores de que se instalará en Rondeau al 1000 hasta Moreno un depósito de autos y motos secuestrados y maquinaria para compactar cada 6 meses alambrado y cementado”.

En esa nota expresaron que “con este indígnate suceso” perderían “la posibilidad de embellecer y continuar con los espacios verdes” y “aumentaría la situación de abandono del sector” ya que “se incrementaría ampliamente la presencia de roedores, insectos y ruidos molestos”.

Además del centro cultural antes mencionado, a pocos metros también se encuentra el Jardín de infantes Nº 913.