María Julia Eliosoff explicó en la columna de Economía de FM De la Calle que los indicadores del mercado laboral en contexto de pandemia que reflejan la situación de las mujeres no son alentadores: “En términos absolutos hay más mujeres desempleadas y en inactividad”.

“Hubo una segregación horizontal, ya que están sobre representadas en determinadas actividades económicas como las administrativas, las turísticas y las gastronómicas, muchas de las cuales se cerraron”, afirmó.

Por otra parte, “en otros sectores vinculados a la salud y la educación, se precarizó aún más la situación laboral”. Se trata de contextos donde los insumos hospitalarios escasean y la conectividad es casi nula.

El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.

Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.

Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.

En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.

Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.

“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.

“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.

Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.

La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.

Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.

Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.

“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.

Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.

En una nueva entrega de Asuntos Latinoamericanos, la historiadora Julia Giménez entrevistó a Pilar Troya Fernández, subsecretaria de Educación de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.

Dialogaron acerca de la modificación de algunos artículos de la ley que penaliza el aborto. A partir de esta reforma se legalizó la interrupción del embarazo por causales de violación o estupro.

“Lo que ha pasado a partir del ‘Vivas Nos Queremos’ contra la violencia a partir del 2016 es que han surgido un montón de colectivos feministas más jóvenes, un relevo generacional. Había menos organizaciones antes y la agenda era menos radical”, dijo Troya Fernández a FM De la Calle.

Explicó que “el aborto estaba penalizado por distintas causales, excepto riesgo de vida de la madre, y decía ‘violación o estupro de mujer idiota o demente’. Eso era el Código Penal del año 1934. Hubo una disputa interna dentro del partido, cuando estaba Correa, porque él estaba abiertamente en contra y el Código Penal quedó idéntico pero con una redacción que decía ‘mujeres con discapacidad'”.

“Hubo una serie de colectivos que presentaron una demanda de inconstitucionalidad respecto a esos artículos. La Corte reconoció que eran inconstitucionales y que no tiene sentido hacer discriminación entre mujer con o sin discapacidad respecto a lo que es una violación y atendiendo a los principios de derechos humanos y de la posibilidad de no revictimizar”, comentó Fernández.

Por último, señaló que “lo que pasó no es una legalización, la Corte dijo que son artículos inconstitucionales y que la Asamblea tiene 6 meses para redactar una nueva ley”.

La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3%  de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.

Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.

“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.

Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.

Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.

En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.

“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.

El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Tehuel De la Torre, joven trans de la localidad bonaerense de San Vicente, está desaparecido hace más de un mes. Luego de cinco allanamientos y una serie de rastrillajes hay dos sospechosos detenidos aunque la carátula de la causa sigue siendo “Averiguación de paradero”.

En el marco de la búsqueda se realizaron varias marchas pidiendo por su aparición con vida. 

“El 11 de marzo a las 19 sale de la casa hacia una entrevista de trabajo porque iba a hacer de mozo en un evento. Me lo cruzo cuando venía de mi trabajo 19:30. Me dijo que iba a ver a un amigo ‘Luis’. Esa fue la última vez que lo vimos”, comentó a FM De la Calle su hermana, Verónica Alarcón.

Agregó que luego “viene la novia y nos avisa que no había vuelto a la casa, hicimos la denuncia y empezamos a averiguar. Se hicieron allanamientos en la casa de (Luis) Ramos y encontraron pertenencias de Tehuel: su celular roto y la campera”.

Días después, apareció en la causa Oscar Montes, un chatarrero de la zona. La justicia peritó los teléfonos de Ramos y Montes, habían sido reseteados los dos del mismo día. Sin embargo, encontraron una foto donde estaban los tres: Ramos, Montes y Tehuel.

En primera instancia, Ramos y Montes fueron interrogados como testigos sobre si habían visto a Tehuel. Ambos lo negaron. El 23 de marzo Ramos fue detenido y Montes cuatro días después. Eligieron no declarar. 

“Estuvimos con Sergio Berni, se hizo un pedido de recompensa para ver si alguien tiene más información, estuvimos con la ministra de Géneros de la Provincia, Estela Díaz, se comprometieron a brindar recursos para la búsqueda”, dijo Verónica.

Para aportar datos

Quien tenga alguna información sobre su paradero, comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente: por teléfono al 0221-429-3015 o por mail en [email protected]. También se puede llamar al 911. ACTUALIDADARGENTINALGBTI+TRANSFEMINISMOS

Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.

Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.

En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.

“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.

Escuchá la entrevista:

La licenciada en Economía Agostina Costantino analizó en FM De la Calle los números del Indec sobre la pobreza en Argentina. “La situación estructural se vio agravada no sólo por la pandemia sino también por algunas decisiones respecto a la distribución del ingreso que se vienen tomando desde el año pasado”.

Costantino detalló que las cifras corresponden al segundo semestre del año pasado y exponen que “un 42% de las personas en nuestro país están cobrando bajo la línea de pobreza y un 10% están bajo la línea de indigencia. Sus ingresos no les alcanzan para cubrir la canasta alimentaria”.

La columnista explicó que “la comparación interanual muestra que la pobreza aumentó un 6,5% en promedio en todo el país. La región más afectada fue el Gran Buenos Aires, y tiene directamente que ver con la pandemia, por el parate de las industria en esa zona y la prohibición a la circulación” hacia un lado y otro de la General Paz.

Según la Encuesta Permanente de Hogares “el ingreso promedio de una familia pobre en el segundo semestre del 2020 fue de $29.500 mientras que la canasta básica total, estuvo en $50.000. La brecha con el monto de la canasta básica total, aumentó respecto a 2019”. La economista explicó que “no sólo se acrecentó la proporción y la cantidad de pobres, sino que las personas pobres son más pobres que antes ya que cobran en promedio cada vez menos ingresos con respecto a lo que cuesta la canasta básica total”.

Mujeres y niñeces

Costantino dijo que “el INDEC aún no publicó detalles, sino un informe: del total de personas pobres, la incidencia sobre los niños es realmente escalofriante. Las cifras muestran que el 57,7% de las personas entre 0 y 14 años, son pobres, casi 6 de cada 10”.

En relación a la feminización de pobreza, la economista citó una investigación de BAE Negocios, realizada por Macarena Turubiano, quien “compara el primer trimestre 2020 con el tercer trimestre del 2020, e intenta analizar qué pasa con los ingresos laborales y no laborales”.

“¿Qué es lo que explica este aumento en la pobreza? Turubiano narra que en el primer trimestre, las tasas de ocupación de desempleo y actividad entre varones y mujeres, fue más o menos similar. La diferencia está en el punto de partida ya que ellas enfrentan cotidianamente una tasa de ocupación mucho menor que ellos, 35% en el primer trimestre, contra 49%”.

Asimismo, Costantino mencionó que la investigación de BAE Negocios “analiza específicamente el tema de los ingresos y observa que en la normalidad pre pandemia los salarios correspondientes a las mujeres ya eran inferiores al de los varones: $36 mil contra $28 mil”.

“Es en la distribución de ingresos, donde ocurre la feminización de la pobreza, porque en los deciles más bajos hay una mayor proporción de mujeres. Estructuralmente en Argentina, un dato nunca cambiaba: dentro del 10% más pobre de la población, 7 de cada 10 eran mujeres. Al tercer trimestre del 2020, esa proporción del decil más bajo de ingreso, descendió de a 6 de cada 10, por la existencia del IFE, que fue escasa pero tuvo un efecto importante”.

En este sentido, la licenciada en Economía, pronosticó que “lo más esperable que esta cantidad de mujeres, haya vuelto a subir porque el IFE se cortó. Es real que al mismo tiempo que se corta el IFE, el Estado siguió manteniendo otro tipo de política de transferencia de ingresos, como el ATP, que son subsidios a empresas para pagar salarios”.

Costantino invitó a reflexionar sobre estas medidas: “¿Cómo se financia ese ATP? ¿Qué efectos tiene sobre la distribución de ingresos? ¿Cómo recauda el Estado? Todavía no se ve la plata del gravamen a las grandes fortunas y en la Cámara Baja se aprobó el aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias (NdR ayer el Senado lo transformó en ley). Se decide disminuir cargas a los sectores asalariados en blanco que son los que mejores estarían en la distribución de ingresos pero se resuelve hacer menos progresivo a un impuesto progresivo y no se toca uno regresivo, como es el IVA”.

En el ámbito local, disminuyó la pobreza y subió la indigencia. “Bahía Blanca está dentro de los más bajos en todo el país con un 24%. Esto podría estar relacionado con el parate de actividades no tan abrupto como en Gran Buenos Aires o CABA, muchas actividades volvieron antes que en otras ciudades, no creo que sea por la incidencia del IFE”, concluyó.

Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.

“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.

“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.

Foto: Tamame y Pavón junto a González

“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.

Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.

“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.

La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.

“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.

En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.

El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular

Gustavo Mandará se refirió a la censura de la edición impresa del periódico La Nueva del sábado del 27 de febrero en la cual se difundía una causa armada por la Policía Bonaerense.

“No estoy enterado que haya análisis desde lo político en el Concejo. Desde lo personal me preocupa, me indigna, trabajé 15 años y sufrí y padecí muchas cosas pero nunca nada como esto”, dijo el concejal del Frente de Todos.

Agregó que “el diario de papel no es ni por asomo lo que era hace 15 años. Lo que se perdieron fueron 700 ejemplares pero simbólicamente es alevoso. El clima de los trabajadores es de una indignación grande, ellos están con la espada de las condiciones de trabajo. En otro momento hubiera sido un escándalo pero es un tema gravísimo”.

“No digo que no corresponda que se trate aquí (en el Concejo), pero tampoco tengo claro si más allá de la difusión del tema hubo alguien que se haya agraviado personalmente como para que el Concejo como órgano político pueda expedirse. Al Concejo se le complica muchas veces intervenir cuando no hay una instancia concreta”, apuntó.

Mandará sostuvo que “lo más grave es que a la opinión pública le importa poco. Entre los que estamos metidos en el mundillo periodístico hablamos, pero nadie te lo plantea como una situación de dominio público”.

“Espero un mundo donde no sea tan desoladora la realidad de muchas mujeres”, dijo Celeste al ser consultada sobre el futuro de su hija en el marco del Paro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.

El pedido de justicia por el femicidio de Susana Melo en Ing. White hace un año, fue una de las consignas principales en Bahía Blanca.

“Además de venir por mí, vengo por muchas que no pueden venir, es terrible el índice de la violencia”, comentó una de las manifestantes a FM De la Calle.

Compañeras de la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu participaron del 8M y denunciaron el chineo -la violación de niñas de las comunidades- y el avance del extractivismo no solo sobre los territorios sino sobre las cuerpas de las mujeres indígenas.

“Lo que nos representa es no tener más miedo, salir a la calle igual. Yo capaz me quedaba en mi casa, ahora creo que todas tenemos que salir”, afirmó una integrante.

También estuvieron presentes mujeres Autoconvocadas de Género Deporte y Diversidad, espacio que está construyendo un diagnóstico para conocer la situación respecto a la inclusión de las mujeres en el deporte: “Es necesario que abran las canchas para que podamos tener injerencia en esas decisiones”.

Escuchá estas y otras voces en este informe:

Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.

Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.

“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.

El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.

El apoyo de Cristina y Rosalía

“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.

Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.

Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.

La pandemia profundizó las desigualdades

La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.

Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.

Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.

“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.

Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.

Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.

¿Qué hicieron los gobiernos?

La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.

“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.

Cuidados desiguales

Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.  

“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.

“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.

A casi un año del femicidio de Susana Melo en Ing. White, la familia denuncia que no tienen novedades del juicio ni de nuevas medidas en la investigación.

El 21 de marzo del año pasado, la mujer fue asesinada por su pareja, Raúl Gregorio Costa, quien confesó haberla matado y permanece en prisión preventiva desde entonces. Días atrás, allegados a la víctima denunciaron que Costa tenía acceso a redes sociales.

“Hace unos días me llamaron de la Comisaría 3º para ir a identificar ropa de mi mamá que secuestraron en el allanamiento hace casi un año. Solamente nos tomaron declaración cuando todo pasó, después nunca nos llamaron”, señaló a FM De la Calle Rosana, hija de Susana.

Agregó que “le hicimos saber enseguida a la justicia que tenía acceso a redes, no puede ser que el goce de esos derechos adentro, nosotros estamos esperando el juicio y no pasa nada”.

Dos meses antes del femicidio, Costa golpeó a la víctima y le fracturó la tibia y el peroné. Melo terminó internada. “Cuando la mandó al hospital en enero le mandaba mensajes amenazándola. Esos mensajes los tiene la justicia. Cuando la mató andaba contando por todos lados que le iba a pegar un tiro”.

Rosana radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer cuando Costa golpeó a su madre: “Quedó en la nada porque tenía que ir a declarar una de las testigos que es clave para el juicio y la señora no quería tener problemas, no sabemos si estaba amenazada”.

“Tengo entendido que tuvo otras denuncias, de su pareja anterior y varias denuncias más por inconvenientes en la calle”, subrayó.

Rosana señaló que noticias como el femicidio de Úrsula Bahillo la hacen pensar en su madre. “Creemos que las mujeres estamos muy desamparadas, porque a la primera denuncia tienen que hacer algo, si tiene una perimetral y se vuelve a denunciar que se acercó, no hacen nada. La justicia a la mujer no la cuida, si no nos cuidamos entre nosotras no nos cuida nadie”.

La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.

La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.

“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.

La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.

“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.

Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.

“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.

Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.

“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.