La jueza federal Gabriela Marrón mandó investigar al perito Marcos Herrero, quien acompaña la querella de la familia de Facundo en la causa por su desaparición forzada seguida de muerte. Lo ordenó a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el fallo que denegó medidas vinculadas  al accionar de la Bonaerense.

Ante el fracaso de las intervenciones de los canes de la Policía Federal, recientemente apartada, Marrón reprochó los resultados positivos de Yatel. El perro marcó el patrullero en el cual se encontró un pelo cuyo ADN es compatible con Cristina Castro, encontró el amuleto en el Puesto Policial de Origone y la piedra turmalina en un patrullero bahiense.

¿En qué se basa Marrón para denunciar al adiestrador? ¿Después de cuánto tiempo pueden los perros detectar el olor humano? ¿Quiénes son los expertos traídos al expediente por el fiscal Ulpiano Martínez?

En la resolución, la jueza puso en duda que la sandía con la vaquita de San Antonio en su interior perteneciera a Facundo y se preguntó si la “trasladaba con él a todos lados como refiere la madre”. Tras ello, atacó directamente su “legalidad” y “validez”.

El amuleto fue encontrado por Yatel en el segundo allanamiento a la estación policial de Origone, a la cual ella misma autorizó el ingreso de Marcos Herrero como perito de parte. “Los canes de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde se encontró el amuleto pero sí lo hizo el perro de Herrero”, plantea Marrón en referencia a los animales de la Policía Federal, institución que fue apartada del caso por su parcialidad.

Sin embargo, dijo, “la ciencia” y “la técnica –a través de profusa bibliografía-” dan cuenta que los canes entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo.

Para la jueza, de la combinación de “la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver” surge “que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima”.

Aplicó la misma lógica al hallazgo de la turmalina en el patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca: “Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos meses fallecido, como mínimo”.

Por ello, concluye que es “necesario y también forzoso” que la Fiscalía “investigue el accionar del perito”.

Rastro criminal

Lo extraño del caso es que la magistrada, que controla la investigación delegada en la Fiscalía, habiendo reconocido la aptitud y legalidad de Herrero para ser perito de parte, ahora lo cuestione sin reproches hacia las fuerzas federales y los testigos que firmaron las actas de los allanamientos en los que actuó.

Fuentes allegadas al adiestrador explicaron a FM De la Calle que la técnica utilizada en Origone se denomina “rastro criminal” e implica la búsqueda de material biológico humano en un determinado perímetro y no necesita un olor de referencia.

«Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, (…) Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos», dijo Herrero en aquella oportunidad.

Diferente fue el trabajo sobre el Toyota Etios en Bahía Blanca, en el cual se aplicó la técnica de “rastro específico”, que sí requiere del olor humano.

Sin embargo, los antecedentes de Herrero destruyen las conclusiones de los peritos convocados por Santiago Ulpiano Martínez para desacreditar al rionegrino, quienes hoy son invocados como “la ciencia” y “la técnica” por la jueza Marrón.

Dichos “expertos” informaron que el olor humano no podría detectarse después de 72 horas. ¿Cómo hicieron entonces Herrero y sus perros para encontrar el cuerpo de Micaela Ortega y pertenencias de su femicida 35 días y once meses después del crimen, respectivamente?

Otro caso en el cual se destacó la labor del perito fue el de Araceli Fulles, otra víctima de femicidio cuyo cuerpo fue encontrado por uno de los canes de Herrero 25 días después de su desaparición, enterrado debajo de un contrapiso.

“La ciencia” y “la técnica” tienen nombre propio

Se trata de dos de los tres “especialistas” requeridos por el recusado Martínez para relativizar las pericias de Yatel y su guía. Uno es el Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, y el otro el veterinario y comisario correntino Mario Rosillo.

Cuando la jueza dice que “el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima” lo hace sobre una de las conclusiones de Mazzei. Aunque lo informado sea que “en rastro por olor referenciado se sabe que el umbral de latencia se ubica alrededor de las 72 hs., si bien se han conseguido buenos resultados con un rastro de mayor edad'”.

Agrega el director de Defensa Civil: “Lo cierto es que a partir de las 72 hs. el rastro empieza a perderse, estando directamente relacionado con las condiciones ambientales, climáticas, meteorológicas, topográficas y tipo de superficie”. Condiciones que el propio Herrero reconoce como obstáculos a considerar, si bien en el caso de la sandía y la turmalina se trató del interior de un calabozo abandonado y el de un vehículo.

Por otro lado, Mazzei indica que la justicia debería convocar peritos “certificados por la Dirección Nacional de Cinotecnia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación” aunque, tal como manifiesta, “está pendiente (estaba prácticamente a ponerse en marcha el año pasado) la certificación de canes y guías Detectores de Restos Humanos (de RH) y canes y guías de Rastro por Olor de Referencia”.

Más contradicciones

La predisposición de Rosillo hacia el pedido de Martínez es aún más generosa. En la causa manifestó que “se ha sugerido que el intervalo calificado para una búsqueda abierta es de 24 a 72 hs. como óptimo. El ideal para una búsqueda rápida son 12 hs.”.

Sin embargo, en su libro “La identificación humana forense con caninos” (2017) sostiene: “La resistencia del olor humano se ha demostrado en los objetos sometidos al calor, las explosiones, el envejecimiento y la contaminación por otros olores. De manera similar, el olor humano en el campo se ha demostrado viable a pesar de la influencia del medio ambiente y el envejecimiento. (…) También se cree que el olor no va a sobrevivir por largos períodos de tiempo fuera. Sin embargo, los últimos estudios conllevados con la experiencia indican que el olor humano es más resistente de lo que se creía anteriormente”.

Rosillo citó en la causa de Facundo un protocolo de odorología forense de Salta que menciona procesos para la recolección de olor “con más de tres meses de antigüedad” y comentó que en 2010 encontró a un puestero de estancia de Cipoletti desaparecido por “más de 5 meses”.

El comisario retirado mostró su entusiasmo con el expediente en una segunda presentación en la cual sugiere a Ulpiano Martínez hacer un peritaje con olor de referencia en laboratorio sobre la zapatilla encontrada intacta a metros del esqueleto del joven. Evidentemente creyó que, aun habiendo pasado tres meses y medio de la desaparición forzada, todavía podría dar resultados. Quien no tenía ningún apuro ni interés era el fiscal recusado: “toda vez que dicho elemento será sometido a un examen pericial, de momento no se producirá la medida propuesta”.

Rosillo también ha sostenido versiones contradictorias según el lugar que ocupe en las causas. Por ejemplo, como perito de la defensa en la causa por el abuso sexual y muerte de Marito Salto afirmó que el olor humano solo persiste 72 horas y, convocado por el Tribunal Oral correntino en el Caso Schaerer dijo que “el habitáculo de un automóvil es idóneo para preservar huellas olorosas por un tiempo de dos a dos años y medio”.

Un atentado contra la verdad

Los fiscales Heim y Azzolin y las querellas apelaron el fallo de Marrón. Desde la Comisión Provincial por la Memoria destacaron en un comunicado que “los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender”.

Agregaron que “en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación” y “a pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación”.

(Por Comisión Provincial por la Memoria) La jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad.

Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron una serie de nuevas medidas de prueba; entre ellas, el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro.

A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó una gran parte las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas. La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad.

Cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas. Todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón.

La decisión de rechazar masivamente las medidas de prueba se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Una decisión parcial y antojadiza que no se ajusta a las reglas de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales. Más grave aún, denegar las peticiones probatorias de los fiscales, tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial.

Contrariamente a lo que quiere suponer la jueza Marrón, hacer lugar a estas medidas de prueba de ninguna manera significa desconocer el principio de inocencia. En cambio, rechazar las medidas como hizo, sí es una falta institucional grave: la debida diligencia le impone a la jueza, ante un conflicto de garantías constitucionales, la necesidad de preservar la investigación. Una vez más, con toda claridad, la decisión de la jueza parece estar adoptada en la voluntad de no investigar.

En la arbitrariedad de sus decisiones, insistimos todas tendientes a concluir la investigación sin llegar a la verdad, llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa. Y, fundamentalmente, se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero.

De esta manera, busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo. Según la información brindada por la empresa Megatrans, prestataria del monitoreo del servicio AVL, el móvil se geolocalizó durante aproximadamente tres horas (entre las 12 y 15:45) en diverso puntos del cangrejal, llegando a estar a sólo 800 metros del lugar del hallazgo del cuerpo esqueletizado.

Los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender: por un lado, invalida el hallazgo de estos objetos sin cuestionar las actas de allanamiento y registros, y sin poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y los testigos. Por otro lado: si como ella sostiene fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento? Una verdadera sinrazón.

Más aún, en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación: allanaron el domicilio de la ex pareja de Facundo sin orden judicial; amenazaron, hostigaron y pretendieron imputar al ex-cuñado de Facundo; persiguieron y atemorizaron a testigos, abogados y familiares y presentaron testigos falsos o que declararon sin informar que eran policías. Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad.

A pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación.

El Estado argentino se comprometió ante los organismos internacionales a investigar y juzgar los delitos de gravedad institucional; incluso en este caso, a partir de una presentación de la CPM, interviene el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La jueza federal Gabriela Marrón debe estar a la altura de esta responsabilidad; y si no lo está, entonces deberá el Estado encontrar el camino institucional para garantizar que la investigación continúe hasta llegar a la verdad.

Uno de los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto, dijo que el fallo de la jueza Gabriela Marrón que deniega medidas de prueba como el allanamiento a dependencias policiales y el secuestro de teléfonos de efectivos de la Bonaerense es “escandaloso”.

“Es doblemente grave porque rechaza esta medida y las vuelve no operativas. Si en un fallo que se carga en el sistema público se advierte de los 50 teléfonos que se van a secuestrar, ¿que van a hacer los primeros que se enteran? Eliminar, cambiar, perder y esos teléfonos no van a estar, esa información no va estar”, declaró a FM De la Calle.

Afirmó que la titular del Juzgado Federal 2 “se ha dedicado a defender a ultranza el rol de la policía y ha relativizado sus actitudes autoincriminatorias”.

En el marco de una entrevista para el tercer capítulo del documental ¿Quién mató a Facundo?, Peretto destacó que “nada deja de escandalizarnos” en la causa y lo ejemplificó con la convocatoria por parte del fiscal Ulpiano Martínez a peritos que “contradigan la postura de Marcos Herrero cuando el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la legalidad, con testigos, sin reservas en el acta, absolutamente filmado”.

“A la jueza Marrón hay que definirla por cuál ha sido su comportamiento. Lo cierto es que, a 160 días de la desaparición, a la única persona que tiene denunciada en el expediente es a mí porque supuestamente había revelado un secreto profesional que yo en esta causa no tengo. El secreto profesional es de los peritos, dice que yo suscribo a un acta de confidencialidad que no lo puede probar porque no lo suscribí”. 

Peretto mencionó los “mensajes de texto entre los policías que dicen ‘vos quedate tranquilo que nadie va a saber que fuimos nosotros’. Encontrar material genético de Facundo arriba de un patrullero después de un contacto no declarado. De encontrar pertenencias de Facundo en un calabozo, después de borrar mensajes, aplicaciones. Después de todo eso la jueza no solamente no tiene a nadie imputado sino que se ha dedicado en este fallo a defender a ultranza el rol de la policía”.

 “En un momento del fallo dice ¿quién no borra mensajes? ¿quién no desinstala aplicaciones? ¿quién no cambia el número de teléfono? Y ataca a los que han sumado a la construcción de esta hipótesis: a Marcos Herrero, no es normal que haya encontrado la sandía de Facundo, el hermano tiene una igual, dejando entrever que podría haber sido colocada cuando la primera que llega es la Federal, cuando nadie tuvo contacto salvo el jefe del operativo, cuando está filmado el procedimiento policial, cuando se repite la escena,  la bolsa con la vaquita se coloca en el mismo lugar y los perros no lo advierten”.

El abogado se preguntó: “¿Va a decir que los mensajes lo colocamos nosotros? ¿Va a decir que la turmalina la colocamos nosotros? ¿Que intervenimos los GPS de los patrullero y colocamos un Toyota Etios de la Policía de Bahía 35 minutos detenido al lado del cuerpo, merodeando donde aparece la mochila? Es inexplicable”.

Sin embargo, el querellante aseguró que están convencidos de que “hay cosas que no van a dejar dormir nunca a los que intentan encubrir, que fueron burdos y evidentes”.

“(El policía de Origone Alberto) González ha sido el mal alumno que en su libreta anotaba datos de la causa. No los van a dejar dormir los mensajes de texto, los testigos que vieron, los GPS que hablaban, las capturas de pantalla del facebook de la mamá, la manipulación de información en lectoras de patente”.

“Con todas esas circunstancias, sea con esta jueza u otro, la causa de Facundo está muy cerca de la verdad, independientemente de que eso sea un escollo más dentro de la investigación, nada ha sido fácil”, concluyó Peretto.

Néstor Luis Montezanti pidió asumir su propia defensa en la causa en la cual fue procesado por haber integrado la Triple A. A la vez, el ex presidente de la Cámara Federal bahiense pretende sostener a su defensor oficial.

Desde el Juzgado plantearon que deberá optar entre una u otra opción aunque la resolución fue apelada. Mientras tanto, seguirá siendo representado por Gustavo Rodríguez, al igual que  sus compañeros de banda quienes están siendo juzgados en debate oral.

El juez Walter López da Silva calificó al reo como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.

En su escrito, Montezanti se queja de la “actitud facciosa de la Fiscalía” por comunicar información de la causa a sus “organizados enemigos” y de supuestos ataques de “muchachos polifuncionales” que “tanto fungen de patoteros como de merodeadores dañinos nocturnos como de testigos”.

Según da Silva, “el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan”.

En su solicitud para asumir su defensa, el ex juez fijó domicilio legal en su estudio de Blandengues 98 donde cuenta con “biblioteca”, “placa de bronce” y “poltrona”.

Afirmó que su residencia principal hasta que empezó “esta pesadilla” era la ciudad de Buenos Aires aunque la cuarentena lo encontró en Bahía Blanca y “desde entonces estoy anclado, aunque por cierto no en París”. Aquí estará “mientras la violación flagrante de la Constitución Nacional rija soberana al impedir el desplazamiento libre de los habitantes de la Argentina por el territorio nacional”.

Informó que cuenta con otra residencia la cual mantiene en reserva por una necesidad de “seguridad y tranquilidad” dado que tiene que vérselas “en absoluta soledad y desamparo: en ocasión de prestar declaración indagatoria, un grupo de energúmenos bullangueros se instaló en la puerta del juzgado en clara actitud amenazante y permaneció allí las muchas horas que duró el acto. Debí retirarme escoltado por un nutrido grupo policial”.

Sostuvo que si da Silva lo requiere entregará la dirección a condición de que sea guardada en la caja de seguridad dado que “la prosecretaria administrativa es enemiga personal mía”, “testigo hostil” y cercana a uno de sus denunciantes.

La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.

El ex rector del Instituto Juan XXIII, Benjamín Stochetti, declaró en el Juicio Triple A sobre el crimen del sacerdote salesiano, Carlos Dorñak. La madrugada del 21 de marzo de 1975 la banda paraestatal realizó un raid se secuestros y fusilamientos que también tuvo como víctimas a Fernando Alduvino y a María Isabel Mendivil.

“Lo que ocurrió esa noche fue tan fuerte para mí que, por años, lo que tal vez le pedía a dios era que nunca estuviera un tiempo más pacífico, más nuestro, más acogedor que el que teníamos en ese momento. Le pedía a dios que siempre tuviera alguna dificultad porque no quería tener la experiencia de un rayo a mediodía”, afirmó.

Según su relato, el hecho fue “un desmoronamiento” para la institución que provocó que “cosas que se quisieron hacer en ese momento recién se realizaran en los últimos años”.

El cura y docente mencionó que junto a compañeros de su congregación como Benito Santecchia, José Del Col, Oscar Barreto y Juan y Valentín Reebok trataban “de animar al alumnado de acuerdo a lo que la Iglesia Católica nos proponía desde hacía unos años”. Al grupo solían sumarse párrocos diocesanos para “preparar las predicaciones del domingo”.

En alguna ocasión, Stochetti participó con Barreto de reuniones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. “En el país había surgido de acuerdo al ejemplo de una veintena de obispos que después del Concilio propiciaba la mejora del mundo a través de la práctica de la justicia auténtica y la preocupación por los más necesitados”.

Destacó que “algunos de ellos, aunque no estuvieran enrolados en ese movimiento, por su acción o por su mentalidad habían tenido problemas. El más conocido es el caso del padre José Zamorano, un misionero español. Irrumpieron en su casa en horas de la noche, creo que eran fuerzas de seguridad”.

Stochetti dijo que Dorñak era un “músico muy exigente que hasta que no lograba la perfección en lo que hacía no se quedaba tranquilo”. Dirigía el coro de la institución y “su proclama de cura había sido de un salmo que dice: yo amo la belleza de tu casa”.

“Si había alguien que en cuestión de compromiso, de preocupación, no tuviera nada que ver con ni subversión ni siquiera con trabajo entre los pobres, era justamente Carlos Dorñak. Era docente, encargado de todo lo que tiene que ver con la documentación, el ecónomo de la casa, de tal manera que era muy amable, bondadoso y sensible”.

El asesinato de Dorñak

La vivienda del Juan XXIII era una casa de familia con varias habitaciones. En las dos del frente dormían Santechia y Dorñak. La de Stochetti daba al patio y, sobre esa, había otras dos que ocupaban Barreto y Del Col.

Aproximadamente a las dos y media de la mañana el cura escuchó explosiones y, unos segundos después, el padre Santecchia golpeaba la puerta de su habitación. “Le pedí que no hablara, me quedé quietito, él subió para avisar. Una vez que se silenció todo salí por la puerta o por la ventana y quise avisar al Colegio Don Bosco”.

Trepó uno de los árboles del patio. “Miré hacía la calle con la intención de saltar y vi a muy corto espacio, unos dos metros, a unos tres jóvenes, más bien altos, delgados, con armas, probablemente eran metralletas. Me quedé quietito en el follaje y unos minutos después, cuando vi que ya no estaban salté”.

Volvió con otros sacerdotes del Don Bosco y se encontraron con “el cuerpo tirado y fallecido, con un charco grande de sangre, que era el padre Carlos”. La patota destruyó e incendió con bombas molotov una sala donde funcionaba el mimeógrafo, dejó “un montoncito de escritos subversivos” y robó “una pistolita” que había en la casa.

Luego del asesinato de Dorñak, los curas del Juan recibieron una carta en la cual les daban un plazo para abandonar la ciudad. “Algunos se fueron, pensaron que era mejor distanciarse y otros nos quedamos. Yo era rector, me quedé más de una semana. Tal vez suspendimos las clases uno o dos días pero luego continuaron. Después de unos días el inspector opinó que era mejor que me fuera”.

Stochetti afirmó que a partir de allí “comenzó una vida de control” que lo llevó a Chos Malal, Junín de los Andes y, finalmente, a Luis Beltrán como director de una escuela agrícola. “Dentro de ese colegio había alguien que pasaba información de mis salidas”, comentó. Años después volvió como inspector y profesores del Juan XXIII le contaron que habían sido amenazados e interrogados respecto a su paradero. Mencionó además, una falsa alarma de bomba en la iglesia de Don Bosco cuando estaba por encabezar una misa en 1984.

El salesiano afirmó que se decía que la Triple A “era un sector político social violento”, gente “reclutada o que había optado por esos grupos” y que estaba vinculada “sobre todo a un gremialista, (el secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce, también al sindicato de la Uocra y luego, sin definir bien las cosas, a las fuerzas militares, la policía, a las tres armas, sobre todo a la Marina”.

“Sé que esa misma noche hubo otros crímenes y tal vez antes y después también. Se comentaban casos de allí y de otras partes que hasta muy tristemente se habían confundido con alguno que habían asesinado”, sostuvo.

Sostuvo que La Nueva Provincia “tenía su ideología, por allí no la podían ocultar. Tenían el monopolio de información en Bahía Blanca y por supuesto que no estaba para nada de acuerdo con nuestra postura posconciliar del Juan XXIII”.

La casa de los curas estaba frente a la delegación de la Policía Federal. Sin embargo, el testigo aseguró que “jamás” pensó en pedirles ayuda porque en las fuerzas armadas y de seguridad “hay de todo”.

En el juicio están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. Las audiencias continuarán los días 23, 29 y 30 de octubre.

“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.

En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.

“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.

En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.

En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.

“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.

La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.

“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad.

Lo hizo luego de cuatro años de inactividad y ante un pedido de juicio político. Sin embargo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo rechazaron la invitación por entender que fue una jugada “oportunista” del magistrado. Tampoco asistieron la mayoría de los organismos de derechos humanos.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle que consideran que la reunión “no existió, al no participar los tres poderes no hay ‘Interpoderes'”.

Más allá de los intereses de Rosenkrantz, el espacio “generaba la posibilidad de ir a disputar. Para nosotros no hay escenarios amigos, no hay gobiernos amigos. El gobierno decidió no ir, una táctica errónea porque en política cuando alguien dice no voy siempre pierde, y nos quitó la posibilidad de reclamar. ¿A quién le reclamamos? ¿A (Horacio) Pietragalla? Si no se hace cargo de nada”.

Agregó que “estamos enojados, aunque con la derecha no nos enojamos, a la derecha la combatimos. Programáticamente pedimos la ampliación de la Corte Suprema para terminar con esto, decimos que hay que cambiar la Corte, la Constitución, y no solo eso sino cambiar el Código Penal, los que pretenden corrernos sin ir a la reunión es una pavada”.

Al final, señaló Schulman, “terminó el día y Ronsenkantz sigue en la Corte, los juicios siguen hechos mierda y el gobierno no hace nada”.

El dirigente mencionó que “los procesos de Memoria Verdad y Justicia son responsabilidad del Estado argentino. Que el Ejecutivo siga mirando para otro lado o que el Legislativo pueda creer que puede estar ausente no lo convalidamos”.

“Están al margen de la lucha contra la impunidad, la impunidad no es poner al Sargento García que estaba tomando mates y torturaba un rato. En Bahía la impunidad es de los dueños de La Nueva Provincia, de Montezanti y de todos los jueces que lo avalaron durante años sabiendo que había participado del grupo de tareas que agredió a los estudiantes el día que habían protestado por el asesinato de Watu, de eso presentamos pruebas hace 15 años. La impunidad toca al poder real y por eso los que tienen alguna complicidad están asustados y los que no lo quieren enfrentar hacen estas cosas que hizo el gobierno con la Comisión Interpoderes que es funcional a que siga la impunidad”.

“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”, concluyó Schulman.

El Centro de Estudios Legales y Sociales concurrió al encuentro y detalló sus planteos en un comunicado. Advirtió que “la falta de compromiso que caracterizó estos años” incluyó “dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”.

La periodista Adriana Meyer, quien cubre la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro para Página/12, conversó con FM De la Calle sobre la nueva etapa de la causa.

“El uso del lenguaje nunca es neutro ni casual y se juega con esto del informe final de la autopsia como final de la causa. Es la antítesis. La causa, previo a la autopsia, había tenido un vuelco importante cuando empezaron a trabajar los fiscales Heim y Azzolin, hay nueva prueba que los querellantes prefieren no revelar porque está en marcha”, apuntó.

Meyer, quien publicó recientemente una nota de opinión titulada “Que parezca un accidente“, afirmó que “buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales. Algunos periodistas critican respecto de quienes investigamos lo de adherir a la posición de la familia: a la víctima hay que escucharla en serio”.

Respecto del hallazgo de ADN de Facundo en un patrullero, señaló que se trata de un cabello “que como no esta el bulbo, se puedo dar con ADN mitocondrial que corresponde a Cristina. Eso sumado a una certera identificación de los testigos de uno de los policías sospechados, una serie enorme de medidas que hacen a la querella estar esperanzada que se va a llegar al pedido de encarcelamiento e indagatoria de los sospechados”.

Meyer sostuvo que “hay que reiterar y machacar, ante enormes esfuerzos por encubrir, que el objeto de la causa desde que pasó al fuero federal es desaparición forzada. Pasa el tiempo y ves operadores periodísticos que responden a sectores de la policía y sectores muy conservadores del Poder Judicial que vuelven a a la carga con la hipótesis del accidente, que no fue descartada pero está muy abajo, la primordial sigue siendo la desaparición forzada de persona”.

En relación al informe de los resultados de la autopsia destacó que “hay tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente cuando la autopsia dicen que con lo que hay, un cuerpo desmembrado, sin carne, es decir, unos huesos y esqueleto incompleto, pusieron que fue una muerte violenta de asfixia por sumersión, pero no hay elementos para afirmar ni que fue un homicidio ni un accidente ni suicidio. La hipótesis de suicidio nunca fue hipótesis para los investigadores”.

“También es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros. Eso, según expertos que consulté, va a ser respondido en la investigación penal”.

¿Qué matices hay en el trabajo y el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Corte?

“Hay un primer cuestionamiento dicho por Creimer, que no hubo un ateneo, una discusión previa y cuando ella fue a la reunión el informe ya estaba redactado. Salvando eso, el día de la reunión tuvo discusiones fuertes respecto a algunas disidencias, especialmente con equipos de la Corte y de la justicia. No cargaría las tintas sobre el Equipo, así como son hiper profesionales y rigurosos, su capacidad empieza y terminan en una excelente identificación de huesos. Esta causa es mucho más que un conjunto de huesos”.

Agregó que “lo que cuestionaba Creimer no tenía que ver con el EAAF sino con la odontóloga que le dijo a la mamá de Facundo una cosa el día de la autopsia y después se desdijo. A las claras hubo presiones para que el informe dijera algunas cosas. Por lo que dijo Creimer, a ella también la querían presionar para que firme en conformidad, el lío se armó cuando ella dejó escrita su disidencia”.

Asimismo la periodista señaló que el hecho que la jueza no haya incluido esta firma en disidencia parcial de la perito de la querella en el comunicado entregado a los medios “no es neutral”.

“Me hace acordar a los 55 peritos de (el juez Gustavo) Lleral de la causa Maldonado, resultó que eran 26. No soy quien para cuestionar a un perito, pero hay cosas operativas. ¿Por qué la jueza omitió semejante cosa? La disidencia de la perito es lo que permite seguir debatiendo en la causa y que esto no sea un cierre”, señaló.

Meyer afirmó que “en la desaparición forzada el encubrimiento de la fuerza sospechada es parte del mismo delito. En la primera parte del expediente había solo versiones policiales. Cuando eso llega a la instancia que se agota la causa provincial y pasa a federal, un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía ven que hay elementos. Esos organismos no se meten si no ven claramente la intervención de la policía”.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías anuló la elevación a juicio y la prisión preventiva contra Axel Moreyra, el joven acusado de ser autor de un robo con arma en la zona de El Pinar que nunca cometió y por el cual estuvo detenido durante más de treinta días.

Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba. El cuestionamiento central es que se probó que el imputado estaba en otro sitio en el momento del hecho.

El chico continúa en prisión domiciliaria hasta que se realice una audiencia con el nuevo juez, Guillermo Mércuri, quien deberá resolver teniendo en cuenta las definiciones de la Cámara.

Juan González, abogado defensor de la familia Moreyra, explicó a FM De la Calle que la decisión tomó en cuenta “una valoración de la prueba que habíamos presentado como defensores. Se hace una nueva resolución y determina la arbitrariedad de la jueza”.

“Nuestra hipótesis está basada en pruebas acompañadas en el expediente, hicimos una pericia ocular, se acercó la mamá al lugar, recorrimos la zona, vimos cámaras, el chico estuvo en otro lugar que no coincide con la zona en la que fue el robo. Las víctimas se comunican al 911 16:06 cuando tenemos registrado a Axel en calle 14 de Julio, cerca del cementerio, donde iba caminando con su hermana. Las cámaras lo registran a las 16:02, es imposible que el joven esté en dos lugares al mismo tiempo. Esa prueba no se valoró correctamente ni por la fiscalía ni por la jueza”.

González aseguró que les llamó la atención “porque hemos presentado testigos y pruebas. La geolocalización de celulares la pedimos y nos la negaron”..

Señaló que “con lo que ya surge con la carga de prueba de la fiscalía y con la de la defensa, creemos que no existe la probabilidad positiva que se requiere para que una persona tenga un grado de sospecha para aplicar preventiva y llegar a juicio”.

El letrado agregó que “Axel es inocente hasta que se demuestre lo contrario con sentencia firme y con un juicio justo. El proceso llevado a cabo por el Ministerio Publico Fiscal ha carecido de esto. Si alguien levanta una acusación que tiene una pena de 5 a 15 años de prisión, mínimamente tiene que ir a hacer una pericia ocular. ¿Cómo no puede salir a buscar testigos? ¿Cómo no va a ir hasta el lugar”.

“La familia está muy mal, están viendo esto como una pesadilla, ahora el está en modalidad domiciliaria, no sale de la habitación. Esto es un tema que genera un trauma, Axel es un chico que nunca pisó una comisaría, que no tiene antecedentes. Esta situación la están viviendo con muchísima angustia”, concluyó.

“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.

“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

Esta tarde Cristina Castro encabezará una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Participarán también los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la dra. Virginia Creimer y une representante del organismos de derechos humanos.

El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:

• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.

• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.

• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).

• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.

• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.

• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).

• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).

• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.

• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.

• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.

• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.

• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.

• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.

• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.

• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.

• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.

Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.

A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.

Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.

Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.

El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.

“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.

Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.

Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.

Un joven de 20 años fue golpeado por la policía y estuvo tres días detenido en la DDI acusado de un robo calificado que no cometió. La Bonaerense lo levantó el 24 de agosto en Barrio Universitario. Su madre habló con FM De la Calle sobre el episodio de similares características al ocurrido en El Pinar con la detención de un joven imputado por un robo con armas que no cometió.

“Mi hijo iba caminando por 12 de octubre, lo intercepta un patrullero, lo detiene, le preguntan nombre y apellido, le piden DNI. Les comenta de dónde viene, le dicen tenemos ahí a tu compañero con el que vos cometiste el delito. Lo acusaron de un robo con un menor de edad”, comentó a FM De la Calle su madre, Liliana.

La mujer relató que al día siguiente recibió un llamado desde la sede policial: “Me dicen que mi hijo estaba detenido por un robo agravado. No lo podía creer porque mi hijo es un pibe trabajador, tiene una hija, es tranquilo, no tiene junta”.

“Fueron dos o tres días de angustia, desesperación, por no saber a dónde acudir. Cuando lo pararon en la calle hubo abuso de autoridad, el trago amargo no te lo saca nadie. Mi hijo todavía sigue con la causa, jamás tuvo una entrada de una comisaría. A mi hijo le arruinaron la vida”.

“En el momento que lo detienen uno de ellos le pega cachetazos, le dijo decí la verdad, confesá, obligándolo a que el diga yo fui y robé”, apuntó Liliana.

Dos días después del hecho, mientras el joven todavía estaba detenido, le tomaron declaración. “Coincidió con la declaración de la prima porque él estaba tomando mates con ella a la hora del hecho. Ese mismo día le dieron la libertad”.

“El es albañil, jamás en mi vida imaginé que iba suceder. Me lo traje a vivir conmigo, está con mucho temor de salir a la calle, ya a una cierta hora no quiere salir, sale de trabajar y va derecho a ver a su hija”.

-¿Temor a la policía?

Sí, la verdad que sí.

Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que hace 30 días vive una pesadilla. Contó que su hijo Axel está detenido desde el 31 de agosto por un robo con armas que no cometió.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida”, afirmó. Intervienen la fiscala Claudia Lorenzo y la jueza de Garantías Marisa Promé.

 

Ojeda relató que suele salir a caminar con su hija por la zona de El Pinar. Ese día no tenía ganas y le pidió a Axel que acompañe a su hermana.

Según comentó, salieron 15:56 del domicilio ubicado en el barrio Sánchez Elias: “Suben por Bermúdez, los capta una cámara de vecinos, los capta una cámara del SIPREVI frente a la leñera, cruzan al cementerio y son interceptados por policías en moto. Lo revisan a Axel, mi hija me llama y me dice que vaya, escucho cómo la policía intenta sacarle el teléfono”.

“Me dicen que hubo un masculino que circulaba con un arma entre sus prendas, me dicen que me quede tranquila, que no tiene absolutamente nada. Me tienen 25 minutos demorada, me dicen que bajemos a la Comisaría Cuarta para ver antecedentes. Terminamos yendo, cuando baja mi hijo, entra a la comisaría, me saca un oficial y me dice que mi hijo queda detenido por robo agravado por uso de arma”, afirmó la mujer. 

Axel estuvo arrestado durante cinco días en la Cuarta, lo trasladaron al Destacamento de Palihue hasta el 7 de septiembre y al día siguiente lo llevaron a Coronel Suárez donde permanece detenido. Desde la Fiscalía informaron que la causa ya fue elevada a juicio. 

Ojeda mencionó que su hijo es asmático, que tuvo que llevarle la medicación personalmente y que solo puede comunicarse con él dos veces por semana.

Axel está acusado de robo a mano armada. La familia ofrece testigos que vieron a dos hombres en moto robar las mochilas a un grupo de adolescentes que circulaban por la zona. A partir de la identificación de una joven, la policía persiguió a uno de los implicados que volvió al lugar y finalmente escapó.

“La descripción de los delincuentes no coincide con la de mi hijo, me allanaron mi casa, buscaban pertenencias de los chicos, las mochilas, gorras, ropa y no encontraron nada. La policía cuando redacta la denuncia dice que la chica es la novia y  que estaba tres cuadras, en realidad es su hermana. Me tomé todo el trabajo que la justicia no hizo”, agregó Ojeda.

“La fiscal me denegó varios testigos que presenté. No me da explicaciones, mi hija y yo pedimos muchas veces poder declarar, estoy pidiendo el rastreo de la localización del teléfono de mis hijos, eso demuestra que nunca estuvieron en el sector del robo. Si acudo a los medios es porque no me dan respuesta. Hace 30 días que tengo a mi hijo encerrado y lo único que hace es llorar”.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida. Llevo 30 días sin ver a mi hijo, Axel está estudiando, es un chico alegre, en casa hay valores y principios, son mis únicos dos hijos, me desvivo por ellos. Acaba de cumplir 20 años en julio. Yo siempre creí en la justicia y ahora no me dejan demostrar que mi hijo es inocente”, concluyó.