El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar

“Sorpresa no me causó. Ahora tomó una dimensión pública y me parece saludable porque permite debatir entre todes qué hacer con esta rémora de la democracia que hemos conquistado”, dijo el economista Francisco Cantamutto a FM De la Calle tras la confirmación de que es uno de las decenas de personas espiadas por el macrismo.

La titular de la AFI, Cristina Caamaño, realizó denunció a la conducción anterior del organismo, agentes, y al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje y la inteligencia realizada contra alrededor de 400 dirigentes sociales, militantes y académicos en el marco de la Cumbre de la OMC en 2017.

Cantamutto es columnista de Economía de En Eso Estamos e integra la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y militantes que impulsaron la “Confluencia Fuera OMC” y la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante 2017 y 2018 y que actualmente conforman el Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC.

“No es sorpresa porque nos prohibieron participar de la reunión interministerial de la OMC en el 2017 porque instábamos a la violencia. Esto llamó la atención, de dónde sacaban que nosotros hacíamos esto. Presentamos un recurso de habeas data para saberlo. Ese recurso avanzó, según las posibilidades personales de cada quien. En mi caso, junto a otras compañeras, la Cámara de Apelaciones nos dio la razón que el Ministerio de Seguridad debía responder, no así la AFI. Esto esta apelado ante la Corte Suprema”, detalló.

Según publicó Página/12, las fichas de Cantamutto y otro integrante de la Sociedad de Economía Crítica, destacan: “Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página/12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.

Cantamutto afirmó: “No puedo descartar ni aseverar que haya más información que esa. No hemos tenido acceso a las fichas porque nos han ido pateando con distintas excusas que han sido respondidas por la defensa que tenemos del CELS, porque más allá de la dimensión personal esto se trata de un problema de dimensión política. En un gobierno que se jactaba de su republicanismo hemos sido espiados”.

“Esto es profundamente antidemocráctico, me llama la atención ver a Bullrich defendiendo este espionaje cuando ha quedado claro que nuestras actividades no tenían nada de ilegal o delictivo sino poner en discusión de porqué venía la Organización Mundial del Comercio”.

Agregó que tras la denuncia de Caamaño “tenemos que ver si podemos anexarnos a la causa en carácter de querellante o de víctimas, tenemos que tener en claro las implicancias de cada caso. El CELS nos va a indicar los caminos posible, el recurso de habeas data ha seguido su curso en términos personales y ahora esta esta otra causa donde deberemos incorporarlo”.

Por último, mencionó que la UNS repudió la persecución ilegal a través de un comunicado.

Ante la denuncia presentada recientemente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la Justicia Federal sobre la realización de actividades de espionaje ilegal realizadas por dicha Agencia sobre académicos, dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales, el rector de la UNS, doctor Daniel Vega, expresó su máximo repudio a este tipo de prácticas ajenas al Derecho. Entre los espiados figura el doctor Francisco Cantamutto, docente del Departamento de Economía e Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS).

“Entendemos que de comprobarse el accionar ilegal denunciado, debe ser objeto del repudio de toda la sociedad que ha elegido para nuestro país la vida democrática, la pluralidad de ideas y el respeto a la libertad, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Los responsables de poner esos valores en riesgo deberán ser sancionados con la mayor severidad prevista por nuestras leyes”, indicó Vega.

“Lamentablemente, las instituciones académicas han sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de prácticas, pero en la vida democrática, las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”, agregó.

Fuente: Prensa UNS.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo 5° de la ley 23.737, que castiga a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal, por considerar que esa situación se encuadra dentro del ámbito de las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, declaró el sobreseimiento de una pareja a quien se le había secuestrado plantas de marihuana y semillas que se encontraban un vivero de su propiedad, ubicado en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires.

En el caso, durante un procedimiento policial realizado en dicho establecimiento y en la vivienda de los acusados, un hombre y una mujer, ambos licenciados en ciencias naturales, se les incautaron nueve plantas de marihuana, un envase de cartón en cuyo interior se hallaban ramas y hojas de la misma planta, un frasco con 55 semillas de cannabis sativa linneo y una gavilla de ramas también de marihuana. Ambos fueron procesados por el delito previsto en el artículo 5°, inciso a, de la ley 23.737, en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes.

Esa decisión fue apelada por la defensa, quien había entendido que existe es un error tratar a las plantas como si fuesen ya materiales producidos, lo cual conduce al juez de primera instancia a atribuir la tenencia de 81.745 dosis umbrales, cuando en realidad sólo tenían una cantidad de marihuana que razonablemente se puede considerar destinada al propio uso.

Asimismo, había indicado que en cuanto a la calificación cabría encuadrar el hecho en la figura del artículo 14, segundo párrafo, de aquella ley (tenencia de estupefacientes destinados al consumo personal), por lo que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esa norma sobre la base de los argumentos fijados por la Corte en el caso “Arriola”.

Según el voto del camarista César Álvarez, a cuya conclusión adhirió el juez Leopoldo Schiffrin (la minoría estuvo representada por la magistrada Olga Calitri), no hay dudas de que la sustancia en cuestión estaba destinada al consumo personal de los imputados. Y que por ello, sumado a las demás circunstancias del caso, se debe encuadrar el hecho en el penúltimo párrafo del artículo 5° de esa ley.

“La conducta descripta tiene una única posibilidad que es el consumo personal, y en consecuencia, no existe otro destinatario más allá del autor, de los efectos de dicha conducta”, aseguró Álvarez. Y agregó: “No es, de ninguna manera, compatible con la letra y el objetivo de la primera frase del artículo 19 CN, que se imponga una sanción por tal conducta”.

“No hay posibilidad de evitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo análisis, toda vez que de su propia redacción y de toda posible interpretación resulta una clara afectación del principio consagrado en la letra expresa del artículo 19 de la Constitución Nacional”, indicó.

En ese marco, dijo que “en el ámbito de la autonomía privada nos encontramos con la capacidad de cada individuo de definir su propio proyecto de vida, de elaborar sus propias reglas de conducta, en definitiva de ser y de hacer consigo mismo lo que mejor le parezca sin interferencias, ni de los otros ni del Estado”.

“Ni el legislador como sujeto ideal equiparable al colectivo social, ni los distintos individuos integrantes de ese colectivo, tienen atribución para legislar sobre las acciones autorreferentes de los otros individuos, justamente porque no existe posibilidad de que las normas así establecidas se proyecten sobre sus vidas”, añadió.

Fuente: Revista Pensamiento Penal.

Se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso.

Días atrás informamos sobre la impunidad que reina en la causa y la denuncia de la familia contra 21 personas por la «probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías».

Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios. El trámite corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul.

Compartimos en esta nota el apoyo al pedido de justicia de decenas de organizaciones acompañadas por Nora Cortiñas y Dora Barrancos, la expresión de un centenar de mujeres convocadas por Acciones Feministas y la canción que Silvia Palumbo dedicado a Kathy como “un homenaje a todas las víctimas de femicidios del poder, muchas de las cuales aún no tienen justicia”.

Femicidio del Poder

Como espacios y organizaciones preocupadas por el estado de la causa de Katherine Moscoso, exigimos que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, resuelva con suma urgencia en las denuncias presentadas por la familia de Katherine Moscoso en torno a la impunidad que ha impedido esclarecer el aberrante femicidio de Kathy.

La familia ha denunciado dicha impunidad que reina en el caso a 5 años de que apareciera enterrada en un Médano después de que se la vió por última vez en un boliche bailable de la localidad y después de una semana de búsqueda.

Un entramado de complicidades que involucra al poder político de Monte Hermoso, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, envuelve a este caso que ha gozado de un absoluto encubrimiento de quienes deberían investigar.

Incluso la amenaza e intimidación a testigos también es parte de este escandaloso caso en el que la única imputada que tuvo la causa es una jovencita con retraso madurativo amiga de Katherine.

En estos días 21 denuncias realizó la familia a través de su abogado Leandro Aparicio, solicitando asimismo detenciones; entendemos que es necesario que estas presentaciones tengan una respuesta a la mayor brevedad.

En Bahía Blanca reina una absoluta impunidad en casos de femicidios, siendo este escandaloso.

¡JUSTICIA POR KATHERINE!

Acompañan:

Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Dora Barrancos (Investigadora CONICET, militante feminista, CABA)

ADHIEREN:

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

CTA Bahía Blanca

Secretaría de Mujeres y Géneros CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas (Bahía Blanca, BsAs)

Mala Junta Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Mujeres Autoconvocadas Punta Alta (Pta. Alta, BsAs)

Organizacion Feminista Guapabanda (Gral. Pico, La Pampa)

DesBandadas (Bahía Blanca, BsAs)

Ni una Menos (Luis Beltrán, Rio Negro)

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Pampa)

Proyecto La Banda Lavanda

Mujeres Empoderadas Lincoln (Lincoln, BsAs)

Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea” (Santa Rosa, La Pampa)

Bahía Contra La Trata (B. Blanca, BsAs)

Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa)

ADUNS (B.Blanca, BsAs)

SUTEBA Bahia Blanca

Brujas Tamboras del Sur (Puerto Madryn, Chubut)

Les ATs PampaS Agrupación de Acompañantes Terapéuticos (Santa Rosa, La Pampa)

Corriente Clasista René Salamanca (B.Blanca, BsAs)

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca (B. Blanca, BsAs)

Comunismo Revolucionario. Partido Marxista Leninista Maoísta (B.Blanca, BsAs)

Juntas y a la Izquierda MST (B.Blanca, BsAs)

Corriente Nacional Lohana Berkins, Partido Comunista (B.Blanca, BsAs)

Federación Juvenil Comunista (B-Blanca, BsAs)

Cardumen (B.Blanca, BsAs)

Artistas por la No Violencia (Bahía Blanca, BsAs)

Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes. Colegio de Trabajadorxs Sociales. Distrito Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Bahía Rosa – Socorristas en Red, feministas que abortamos (Bahía Blanca, BsAs)

Cátedra Pedagogía II. Educación y DDHH. Proyecto de Investigación en Pedagogías Críticas y DDHH (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca)

Watu Corriente Comunista (B.Blanca, BsAs)

Frente Feminista Nacional y Popular

Red de Comunicadoras Bahía Blanca

Pan y Rosas – PTS en el FIT Unidad (B. Blanca, BsAs)

Feministas Humanistas Bahía Blanca

Estudiantes Autoconvocades Cs. de la Educación UNS (B.Blanca, BsAs)

Agrupacion Mujeres de Bahia Blanca, CEPA- Corriente estudiantil popular anti imperialista- UniTe humanidades

Pdt – tendencia del Partido Obrero BBca.

“El fallo de la Suprema Corte atrasa seis años. Pareciera que no existiera crisis sanitaria, ni superpoblación, ni hacinamiento, por eso me retrotraigo a seis años cuando había 26 mil detenidos. Actualmente hay 50 mil y el cupo es de 24, tenemos más de 120% de superpoblación”, dijo a FM De la Calle el defensor oficial Jorge Sayago.

La crítica apuntó a la decisión de la Suprema Corte de “reencauzar” el fallo de Casación que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19

Sayago explicó que “la Corte dice que cada juez, a los fines de salvaguardar cada caso, decida individualmente. Propicia soluciones individuales a un tema general como la superpoblación. El mensaje de la Corte es absolutamente contradictorio”.

“Lo plantea como una cuestión de competencia. Es una revocación, revoca las pautas del fallo de Casación. Dice que lo que dijo Casación lo tiene que resolver individualmente, con todas las instancias y esperar a que quede firme. Eso se torna inacabable, es interminable y a los fines de salvaguardar la vida y frente a una situación provisoria, eventualmente la tutela va a ser ineficaz o se va a llegar tarde”, agregó.

El defensor oficial afirmó que “lo de la Corte dice es que la distinción entre delitos leves y graves no va. Va todo para atrás. Da una serie de pautas a los fines de morigerar, que son más gravosas que las que establece el Código sin pandemia y sin superpoblación. Muy poca gente o casi nadie va a salir y entiendo que esto obedece a las condiciones mediáticas y políticas”.

Sobre la notificación a las víctimas en caso de otorgarse domiciliarias a detenidos por delitos graves, mencionó que ” la Ley de Víctimas establecía una modificación del Código, cómo y cuándo notificar a la víctima. A eso el legislativo de la provincia no adhirió. Es decir, no hay una obligación legal de notificar a las víctimas porque no está la ley en la provincia”.

El director asociado de Región Sanitaria I, Lauriano Alimenti, aseguró días atrás a FM De la Calle que “hay condiciones” de aislamiento en las cárceles y que el organismo brinda “el soporte para que se puedan llevar a cabo” y el Servicio Penitenciario lo ejecuta.

Al respecto, Sayago comentó: “Me da un poco de liviandad, hay que decir qué soporte y en qué situación. Si la cuidad no está capacitada para soportar un contagio masivo, difícilmente la unidad pueda soportar algo”.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El fiscal Pablo Fermento destacó la necesidad de analizar cómo reanudar los juicios de lesa humanidad. “Es una situación que no sabemos qué plazo va a tener. Lo cierto es que no se va a normalizar todo de un día para el otro y que no se van a poder realizar concentraciones de gente. En vista de eso, está bueno que se ponga en el tapete, que empiece a planificarse”.

“Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte. Tenemos este juicio con estas características, no es lo mismo Triple A que Ejército. Al de Ejército vamos a llegar con muchísimas víctimas que ya pasaron por juicios, los acuerdos con la defensa de cuáles van a ser los puntos a probar, cosas que se utilizan en otros juicios y acá no: la existencia de un plan criminal y situaciones tales que ya ni se discuten. Hay que sentarse, pensarlo, buscar soluciones, medios, escuchar a las partes y tratar problemas concretos”, dijo a FM De la Calle.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas sobre el terrorismo de Estado reanuden los debates «con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria» respecto de los procesos «cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes».

Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A. El TOF bahiense solicitó al Consejo de la Magistratura la adecuación del sistema de videoconferencias.

“Los juicios, por las características que tienen, se vienen haciendo de manera mixta. Cada vez hay más jueces e imputados por videoconferencia. No es novedoso pero sí algo que va a avanzar más allá de lo que pase con la pandemia en lo inmediato. Plantea toda una cuestión, hay sectores que dentro de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que tienen posiciones no del todo coincidente“, dijo Fermento.

Dentro de los motivos para no demorar más el debate, mencionó que el paso del tiempo “juega con las domiciliarias o el cese de preventivas, los plazos siguen avanzando, se van estirando y las miradas desde la justicia empiezan a titubear, hay idas y vueltas con respecto a los criterios que son difusos y después el punto final biológico”.

Según el fiscal, la plataforma que utiliza el Poder Judicial es de “una calidad muy inferior que Zoom y Jitsi, con lo cual es todo un problema porque la mediación en el juicio depende de eso y de las medidas sanitarias”.

Las falencias del sistema ya generaron demoras e inconvenientes en los juicios anteriores y podrían ser verdaderos obstáculos en causas como la de Ejército que llegará con el debate más numeroso en cuanto a imputados, defensores, jueces, querellantes y testigos.

En cuanto a las y los testigos Fermento afirmó que “muchos quieren estar presentes, es el caso del hermano de Víctor Oliva Troncoso. Vino al principio del juicio y quiere volver cuando haya que declarar porque entiende que no es lo mismo que los jueces lo vean por una pantalla que tenerlos cara a cara”.

“Yo voy a plantear estar en sala y que los jueces estén en sala. Hay una cuestión que es que hay dos que no son de acá. La cuestión será con los grupos de riesgo”, adelantó.

Agregó que”lo primero que van a querer sacar es el público por la concentración”. Si bien en muchas audiencias la participación mermó, “lo cierto es que el volumen simbólico de los juicios en gran medida se va a perder. Son situaciones complejas, miradas encontradas, lo estamos charlando todos”.

Domiciliarias y excarcelaciones

El fiscal destacó que en la jurisdicción no se otorgaron prisiones domiciliarias por la pandemia de coronavirus. “La situación de detenidos en sede carcelaria, de acuerdo con los informes que mandaron los servicios, es muy diferente a lo que se ve en un escenario común. Están en pabellones muy por debajo de la capacidad, con otras condiciones de higiene, ventilación”.

Respecto a la excarcelación de tres represores ordenada por Casación la semana pasada, explicó que “no guarda relación con la pandemia en un punto y sí guarda relación indirectamente. En el criterio en cuanto a la razonabilidad de los plazos de preventivas de detenidos por delitos de lesa ya se viene haciendo una lectura favorable a los imputados desde hace unos años. Sin embargo, en estos casos la decisión respecto a Gandolfo, Bonini y Maidana es contraria al criterio de Corte”.

“El fallo Acosta dice que el plazo de la preventiva debe analizarse caso por caso de acuerdo a situaciones concretas y no aplicar el plazo de la ley de los dos años y prórroga por un tercer año. La Sala II de Casación no hace mención a Acosta, omite toda consideración sobre ese tipo de parámetros que la Corte dice que hay que contemplar”.

“A los tres imputados se le prorrogó el cese de la prisión en marzo aplicando el fallo Acosta, cantidad de víctimas, complejidad de los hechos, dificultades para investigar este tipo de hechos. Va a Corte y no dice nada de eso, dice que es infundado porque el juicio está parado y no hay una fecha de inicio del debate.

¨Ahí sí ya está la pandemia porque uno de los factores por los cuales está parado es ese. Si bien ese juicio no tenía fecha, depende de la realización del juicio de Triple A. Ahí sí hay una incidencia, más allá de que se podría plantear que se realicen juicios simultáneos”, concluyó.

“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.

La fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación Penal que se reanude una parte de los juicios orales relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que quedaron suspendidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Casación recomendó esta semana en un escrito firmado por su presidenta, Ángela Ledesma, que los tribunales orales que tengan en trámite este tipo de causas “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Entre los procesos mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Ramos había pedido a la Cámara que ejerza sus atribuciones de superintendencia e “inste a los distintos tribunales a reanudar la tramitación de estos procesos judiciales con los recaudos que impone la Autoridad Sanitaria” y los que aquella disponga. En la respuesta de ayer, Casación Federal se pronunció en ese sentido, en los términos de la Acordada 10/20 “y en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento”.

La fiscal federal había argumentado que “el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los Tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”.

En ese sentido, propuso también que se “evalúe convocar a sesionar a la Comisión Interpoderes y conformar un equipo interdisciplinario para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos”. Sobre este punto, la Cámara de Casación indicó que esa Comisión “ha funcionado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manera que sugirió “consultar al cimero tribunal acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora”, señaló Ángeles Ramos.

Por otro lado, la titular de la Procuraduría había destacado que Mar del Plata fue el “ejemplo” de la posibilidad de continuar, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad “reanudó la audiencia de juicio, escuchó últimas palabras y dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como ´Juicio Acumulado”. Fue “con la presencia mínima de las partes, con distancia entre ellas y con la transmisión en vivo por CIJ y redes sociales”. En el mismo sentido se pronunció respecto del TOF 2 de Rosario, que reanudó las audiencias para escuchar el alegato de las defensas en la causa conocida como “FECED III”; y del TOF 1, también de Rosario, que resolvió retomar el debate con el acuerdo de todas las partes en la causa “Saint Amant”.

La nómina de juicios orales mencionadas en la nota

La Procuraduría detalló los juicios orales que se encuentran en distintas etapas del desarrollo del plenario y quedaron paralizados por las medidas dispuestas frente a la pandemia, y uno en el que resta conocer los fundamentos de la sentencia.

A) Juicio oral con veredicto:
TOF 6 CABA, “SUPERINTENDENCIA”, causa CFP 16.441/02/TO1, “Gallone, Carlos Enrique y otros”. Estaba pendiente la lectura de los fundamentos fijada para el 19/03/20.

B) Juicios orales paralizados con prueba concluida:
1) TOF 5 CABA, “ESMA IV”, causa 1891. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

2) TOF 2 San Martín, “ARSENAL ZARATE – CAMPANA”, causa 3238, “Di
Nappoli, Omar Edgardo”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

3) TOF 1 La Plata, “BRIGADA DE SAN JUSTO”, causa 373/2011,“Etchecolatz, Miguel O. y otros”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y
dúplicas.

4) TOF Mar del Plata, “CNU 2”, causa FMP 33013793/2007, “Corres, Oscar
y otros”. Estaba pendiente la delaración indagatoria de un imputado y alegatos.

5) TOF Comodoro Rivadavia, “BEL”, causa FCR 24000925, “Hermello, Hernán Alvaro; Rodríguez, Watsonm; Delfín Heriberto-Nichol Tito”. El MPF alegó el 9/3/2020. Quedó pendiente continuar con alegatos, réplicas y dúplicas.

C) Juicios orales paralizados con prueba pendiente de producción:

1) TOF 1 CABA, “ORLETTI V” causa 2637/04, “Vaello, Orestes y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”

2) TOF 4 CABA, “VESUBIO III”, causa 14.216/03, “Lugo, Eduardo David y otros”.

3) TOF 4 San Martín, “CONTRAOFENSIVA”, causa 3055, “Riveros, Santiago Omar – Caso 459”.

4) TOF 1 San Martín “CAMPO DE MAYO – ÁREA 400”, causa 3005, “Riveros, Santiago Omar y otros”.

5) TOF Bahía Blanca, “TRIPLE A” causa 93000165/2013, “Aceituno, Raúl Roberto y otros”.

6) TOF Mar del Plata, “LA CUEVA III”, causa FMP 13000001/2007/TO3, “Ullúa Eduardo Salvador y otros” -se reanudó hoy-.

7) TOF 1 Tucumán, Megajuicio “TÁRTALO”, causa 400795/2004- “Tártalo, Guillermo y otros”.

8) TOF 1 Mendoza, “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aerea” causa FMZ 14000591/2009/TO1, “Escobar, José Antonio y otros”.

9) TOF San Juan, Megajuicio III, causa FMZ 54004613, “Cardozo, Eduardo Daniel y otros”.

10) TOF Jujuy, “LA NOCHE DEL APAGÓN”, causa 76000048/2012,
“Braga, Rafael Mariano y otros”.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su pareja. Cintia se encuentra en su casa pero tiene parte del rostro, pecho y manos quemadas. Familiares y vecinas que ayudaron a socorrerla denuncian que la familia del agresor las amenaza por redes sociales.

En la causa interviene la UFIJ Nº 5 a cargo de Jorge Viego. Esta tarde le tomarán declaración por videoconferencia a Cayuñir, quien se encuentra detenido.

“Él tenía a la beba en brazos, primero estaba arriba de la cama porque yo le había terminado de dar el pecho. Cuando la va a busca le digo ‘a la nena no te la llevás’. Me dijo ‘ahora vas empezar con que la bebé no es mía’. Yo le dije ‘yo se que es tuya’. Me dice ‘¿sabés lo que voy a hacer ahora? Te voy a rociar con alcohol y te voy a prender fuego’. Agarró el alcohol y me lo empezó a tirar encima, cuando va a buscar el encendedor tiró la primera chispa y se prendió todo fuego. Me saqué la remera como pude y salí corriendo, lo primero que hice fue mirar a la beba de tres años y vi que no la agarró a ella, la remera la tiré arriba arriba de la cama y fue ahí donde empezó a prender fuego todo”, relató Cintia.

Una vecina, Liliana, escuchó los gritos e intercedió: “Cuando vi que no abrían, empujé la puerta y me metí. Ahí la veo a ella salir de la pieza, toda quemada, prendida fuego, la cabeza, el cuerpo, la puerta. Ahí le preguntamos qué hiciste, ‘le dije que la iba a prender fuego, le tiré alcohol y la prendí’. Yo empecé a los gritos y llegaron los vecinos que llamaron a la ambulancia y la policía”.

“No me permitía que la lleve al hospital, me decía que la llevaba él, yo lo empecé a empujar, a gritar, y a decirle que la llevaba yo. Él sacó la moto y se fue. Ahí llegó la policía, la ambulancia. Estaba todavía el fuego en la cama, en el piso, la ropa, y lo apagamos”, relató Liliana.

Cintia convivió en el encierro con el violento: “Antes había habido golpes, nunca lo denuncié”. ¿Tenías miedo? “Sí. Ahora no tengo miedo, pero no sé lo que puede llegar a pasar después de esto. Estamos recibiendo amenazas”.

“Él no me dejaba salir a ningún lado, a donde iba me acompañaba, iba a trabajar me acompañaba, se quedaba en mi trabajo, era muy obsesivo, no me dejaba tener celular. Cuando estaban los dos (hijos) más grandes nunca pasó nada, pero cuando se iban ahí era donde siempre discutíamos y pasaban estas cosas”.

La víctima no tiene botón antipánico ni custodia policial. Las autoridades están al tanto de que esta recibiendo amenazas.

“Yo voy a seguir, no tengo miedo, así reciba amenazas yo voy a seguir con todo esto, porque me arruinó todo”, afirmó.

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

La Asociación Judicial Bonaerense firmó un convenio con la Suprema Corte para regular el teletrabajo en el Poder Judicial.

“Es una especie de acuerdo paritario sin tener una ley de convenio colectivo de trabajo. Establecimos lo que tiene que ver con el desarrollo para un funcionamiento de la justicia sin que se vulnere el derecho de trabajadores y garantizando que la población tenga el acceso a la justicia y la tutela jurídica”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Flavio Meles.

El acuerdo tiene como eje central la voluntariedad del teletrabajo. “Sabemos que el hogar no es un ámbito natural de labor, menos ahora donde los dispositivos informáticos puede ser que no estén adecuados, puede ser que vivan en lugares con poca señal de internet, también que el dispositivo lo tengan que compartir con sus hijos para tareas escolares o con la pareja para que puedan trabajar en sus rubros”, afirmó Meles.

La normativa “limita la jornada laboral, la conexión del equipo con la central que establece la credencial de teletrabajo tiene que ser de 8 a 14. Tal cual como si uno fuera a su lugar de trabajo y cumpliera ese horario. También se habilita a que puedan denunciar cualquier tipo de abuso o exceso que pueda llegar a producirse. Para eso establecimos canales de denuncia en el correo electrónico [email protected] y a nivel provincial también al correo [email protected]”, comentó.

Por último, Meles señaló que se acordó, además, “la prohibición de que un trabajador se lleve material físico de trabajo a la casa. Esto evita de algún modo que el papel pueda llegar a ser transmisor del virus”.

(Por Nacho Urruspuru) A más de dos años y medio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, conversamos con Sergio, su hermano mayor. Desde su cuarentena en Bariloche brindó precisiones sobre la causa judicial y compartió parte de las experiencias acumuladas durante este tiempo en el cual su vida cambió de manera definitiva.

El Vikingo, así lo llaman quienes lo conocen, nos avisa que ya tiene preparado el mate y, por ende, está listo para empezar a contarnos quién era Santiago. Ese joven de 28 años que un primero de agosto en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, cercado por el río Chubut de un lado y por un operativo plagado de gendarmes desde el otro, “mágicamente” desapareció.

A partir de todo esto empecé a conocer otros aspectos de Santiago, porque había un montón de cosas de las cuales yo no estaba al tanto. Así me enteré del caso en que ayudó a construir una casa con adobe. En todos los lugares en los que él paraba estaba vinculado con la tierra. Es más, hace poco en una pizzería de acá de Bariloche empezó a trabajar un mozo que cuando me reconoció se acercó para contarme que había conocido a Santiago en Mendoza haciendo un curso sobre hierbas naturales. Pero más que un amante, él era un defensor de la naturaleza. De hecho, en el lugar donde lo desaparacen estaba acompañando un reclamo por tierras. Él tenía la convicción de que a cada persona al nacer se le debía adjudicar una porción de tierra. Son todas cosas que se van sumando sobre ese Santiago que yo no conocí y un poco me perdí por la diferencia de edad y esta cuestión de estar en distintos lugares.

Para muchos, Santiago fue una figura que los alentó a comenzar una carrera, a militar, o incluso a ir a una marcha por primera vez en sus vidas; para otros era sólo un artesano, un tatuador, un simple hippie sucio, un vago. El año pasado comenzaron a difundir algunas canciones que él había hecho donde puteaba a todos: a Cristina, a Néstor, a Macri y al Papa; eso lo hizo la derecha porque en ese momento le servía. Los mismos que decían que era un hippie sucio, reflotaron sus canciones y ahora lo trataban de artista. Recuerdo que en ese momento Lorena (compañera de Abuelas de Plaza de Mayo) me dijo “pero si Santiago era anarquista, ¿qué pretenden, que cante la marcha peronista?”. Él era eso pero cada persona le puso el rótulo o etiqueta que quiso,. Para mí Santiago era mi hermano.

Desde casi el momento mismo de la desaparición, el caso de Santiago Maldonado despertó en la sociedad expresiones muy contrapuestas. Por un lado, enormes muestras de solidaridad, empatía, compromiso y acompañamiento inundaron masivamente las calles de todo el país. Por el otro, potenció expresiones dolientes e irresponsables impulsadas por el odio que tienen muchos hacia las personas que se revelan. ¿Qué cosas pasan por la cabeza de alguien que, habiendo perdido a su hermano en circunstancias tan extraordinarias, se le presentan en simultáneo estas dos caras de nuestra sociedad? ¿La seguirá viendo de la misma manera?

Una cosa es cuando lo ves de afuera y otra cuando lo vivís en carne propia. Me acuerdo del asesinato de Nora Dalmaso en Córdoba, no estoy seguro en qué año fue, pero no existían como ahora las redes sociales. Se llegaron a hacer remeras con la leyenda: “Yo no estuve con Norita”. Fue de una bajeza terrible, esa deshumanización se me emparenta mucho con lo vivido con Santiago. Hay una porción muy grande de gente con saña y también tenés a los que incluso han conocido a Santiago de chico, pero sabés la clase de discurso que tienen. En esas personas pesa esa cosa de “mejor no me meto” o “algo habrá hecho” o “no opino para no quedar mal”. Todo eso al principio es doloroso y provoca indignación, te dan ganas de decirle: “che, acá estoy, soy de carne y hueso y lo que digo lo digo de verdad, no es que está inventado que Santiago no está y lo estamos buscando”. Acá hasta hubo una diputada nacional que dijo que Santiago estaba en Chile con la RIM (en referencia a la RAM) y que, cuando apareció el cuerpo, llegó a bromear con que estaba conservado como Walt Disney. Esa persona, a días de haber dicho esto, obtuvo el 50% de los votos en Capital Federal. Entonces, hay cierto sector de la sociedad que necesita de ese discurso. De hecho, yo sé que el día de mañana, cuando se pueda llegar a saber la verdad, esa misma gente va a seguir pensando igual. ¿O escuchamos a alguien decir “que idiotas fuimos los años pasados cuando decíamos que no queríamos tanto Estado”? Y ahora, si no hubiera un Ministerio de Salud qué estaríamos haciendo. El año pasado, cuando salimos a apoyar al personal del Hospital Posadas, del Garrahan, eran todos unos vagos. Ahora salen a aplaudirlos puntuales a las nueve.

Acerca del limbo y del loop Judicial

Hoy la causa está paralizada. Pero la verdad es que a pesar de todo ese letargo de la justicia, yo creo que hemos logrado cosas que quizás hoy no se ven pero van a dejar un precedente. En este proceso hubo tres rastrillajes en el lugar, pero el cuerpo recién aparece en un cuarto rastrillaje casualmente dos días antes de las elecciones. Ahí existe un sinfín de responsabilidades, desde el juez Guido Otranto, a quien el día de mañana le cabrá un juicio político como corresponde; al juez Lleral que después de más de un año sin hacer absolutamente nada cerró la causa un día antes de que Argentina sea anfitriona del G-20 y a muchos otros. En el gobierno de Macri todo era pura burbuja, necesitaban hacer aparateadas y cosas infladas como cuando hicieron ese mega operativo con 400 efectivos que estuvieron en el mismo lugar donde después apareció el cuerpo pero no vieron nada. Ahora, en concreto, ningún perito, ni siquiera el Equipo de Antropología Forense, pudo determinar ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió Santiago. Eso en la autopsia no está. Tampoco se pudo explicar cómo el cuerpo de Santiago, después de 77 días, aún contaba con cuero cabelludo, uñas y huellas digitales, cuando, de haber estado realmente sumergido en esas aguas, debería haberlos perdido en el lapso de 16 a 35 días.

Hasta este momento el expediente no ha parado de girar dentro de un loop judicial. Primero se cerró, se reabrió cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego se volvió a cerrar.  Se volvió a reabrir, pasó de un juez a otro, ese otro juez no la aceptó, pasó a Cámara, luego a Casación Penal, luego volvió a Cámara hasta que por tercera vez volvió a caer en manos de Lleral, cuando está demostrado que no puede sostener imparcialidad y hasta él mismo se inhibió de tomar la causa nuevamente. Hoy pedimos simplemente que la causa tenga un juez y tenga un fiscal.

Al escuchar a Sergio hablar sobre los golpes bajos y canallas que desde el poder intentaron asestar contra él y su familia o relatar los artilugios de los distintos funcionarios judiciales para congelar la causa, cualquiera puede percibir su grado de determinación. No se exaspera nunca pero su voz no vacila. Relata hechos dolorosos y traumáticos con una naturalidad y aplomo que, mientras me sigue contando lo que piensa del gobierno macrista y del actual, me lleva a preguntarme si este tipo habrá sido siempre así. Enseguida, como si estuviera leyendo mi mente, Sergio suelta: “No es que yo esté en contra de un gobierno en especial, yo estoy en contra del Estado”. Personalmente, yo no sé nada sobre la vida de Sergio antes de toda esta locura, pero esa frase, tan anarquista, me da indicios de que efectivamente algo en él cambió. Por un momento se escucha hablar al Lechuga en la voz de su hermano, el Vikingo.

Mientras yo divago, Sergio sigue hablando. Hace instantes le había preguntado si el cambio de gobierno le generaba algún tipo de expectativa en lo que respecta al avance de la causa. Había empezado con una rápida descripción de cómo el régimen macrista presionaba y se inmiscuía sistemáticamente en la administración de la justicia. De ahí pasó a explicar el hecho de que si bien tiene buena relación con muchos de los actuales funcionarios, incluso amistad con el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, si lo tiene que putear a la hora de llevar un reclamo no va a dudar en hacerlo. “Así como te dije que valoro que hoy tengamos nuevamente Ministerio de Salud, tampoco puedo mirar para otro lado cuando las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires a cargo de Berni reprimen como el otro día, más allá de que Berni haya sostenido y expresado que lo de Santiago fue una desaparición forzada. Eso no impide que yo cuestione, no quiero ser obsecuente, y no me gusta el grupo de aduladores. Cuando hay que llamar la atención se hace, cuando hay que felicitar o agradecer también se hace.

Ya pasó más de media hora de entrevista así que me dispongo a hacer mi pregunta final, la cual encerraba una respuesta de las que más me interesaba conocer. Luego de repasar el accionar vulgar y mafioso de la ex ministra Patricia Bullrich o de la ex diputada Elisa Carrió, entre otres, quienes incansablemente se encargaron de confundir a la opinión pública, de sembrar pistas falsas, de presionar, de extorsionar y de calumniar, no puedo dejar de pensar en la condición de víctimas por partida doble de Sergio y su familia, a quienes nunca dejaron vivir su dolor en paz. Resumidamente, lo que pretendía era que Sergio me dijera si para él alcanzaba con un fallo condenatorio a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago, o si, además, esta debía alcanzar a aquellas altas esferas del poder que tanto habían jugado a embarrar la cancha. Después de todo lo vivido, ¿qué sería para vos lograr Justicia?

Tras un breve silencio, por primera vez Sergio respira hondo antes de responder. Que se logre Justicia sería que Santiago esté nuevamente con vida. Entonces, parto de la base de que no hay Justicia porque es imposible que eso suceda. Ahora, algo que se asemeje a eso sería llegar a la verdad. Me gustaría conocer la verdad y creo que a todos los que acompañan el reclamo, y a los que no también porque hay una necesidad de verdad. Yo quiero saber qué le pasó a Santiago, quiero saber dónde está Julio López, quiero saber qué le pasó a Luciano Arruga, quiero saber qué le pasó a Daniel Solano. Eso es la necesidad de la verdad. Porque la desaparición forzada es más que un título o una carátula. Es algo horrible porque sentís que se te cagan de risa en la cara. Estás en un lugar dónde todos saben lo que pasa y, mientras vos no te enteras, hay un montón de gente que sí sabe lo que le pasó a Santiago, dónde estuvo. Hay genocidas que están con vida y saben dónde están los y las desaparecidas y no lo dicen, se lo llevan a la tumba.

Después de esa necesidad de la verdad por supuesto que me importa la condena. No sólo para los que lavaron las camionetas, los que rompieron las fajas de seguridad, los peritos que firmaron y después recibieron subsidios, no solo toda esa cadena sino también para los de arriba, Macri, Bullrich y todos los que están en esa línea.

Mentalmente doy por finalizada la entrevista, Sergio ya me respondió todo lo que me interesaba y más. Sería bueno que empiece a pensar en algún tipo de saludo y agradecimiento antes de que termine de hablar. Pero de repente escucho: “Sentís que todos te mienten, el juez te miente, el fiscal te miente, los gendarmes mienten, todos mienten y nadie investiga nada porque a nadie le conviene. Es como dice la canción de Sara Hebe: “nadie se suicida en una comisaría y los cuerpos no aparecen flotando río arriba”. Pero el otro día apareció una chica que oh casualidad! se suicidó en una comisaría. En Gesell, días antes de lo de los rugbiers, apareció en la puerta de la comisaría un chico de 38 años que pesaba 85 kilos ahorcado con un buzo. Todo eso queda tapado. Me parece que hay que hacer un trabajo de fondo y los que lo tenemos que impulsar somos nosotros. Si yo me quedo reclamando sólo por lo de Santiago, me quedo en la cómoda mía. Hay que involucrarse. A mí me llena un montón poder hacer de puente para un pibe en Tucumán que no sabe cómo llegar a pedir ayuda. No me dedico a eso y tampoco quiero en mi vida esa mochila de hacerlo todo el tiempo, pero no me puedo quedar sólo con lo de Santiago, de hacerlo estaría mirando mi ombligo y nada más. Si todas las personas empezamos a avanzar un poquito, todo ese Poder Judicial, todos esos Cané, todos esos Bullrich se van a terminar cayendo.

En sus palabras encuentro, y estoy seguro de que ustedes también, un altísimo grado de compromiso, dignidad, humanidad y empatía. El mensaje que transmite Sergio no se circunscribe a un reclamo de justicia por una pérdida personal. Bien podría ser así y absolutamente nadie podría reprocharlo. Por encima de ello, su mensaje toma una dimensión colectiva. Él lo dice bien clarito y simple: Santiago no es el primero ni será el último en desaparecer forzadamente. Y comprender esto no parece llevarlo a ninguna resignación, más bien parece conducirlo al entendimiento de que la de Santiago, como tantas otras, es una causa colectiva.

En mi cabeza comienza a trazarse un paralelismo entre el caso de Sergio y el de la enorme Nora Cortiñas, a quienes casualmente -o no tan casualmente- conocí un mismo día. Fue en el Centro Cultural La Panadería, el 27 de marzo de 2019, donde me encontré compartiendo una mesa con Norita, “la Madre de todas las Batallas”, acompañada por el “Vikingo” Sergio Maldonado: “el Hermano de todas las Luchas”.

“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

El Tribunal Criminal N°1 rechazó el pedido del defensor de Pablo Cuchán, Maximiliano De Mira, quien realizó la solicitud pidiendo que se valorara que tiene una hermana con discapacidad a quien se le dificulta concurrir al establecimiento penitenciario y que la madre tampoco puede ir por cuestiones de salud.

La decisión se basó en el dictamen desfavorable que se encuentra fundado en el informe psicológico que se produjera respecto del femicida de Luciana Moretti.

Ese informe psicológico señala que es incapaz de efectuar autocríticas, en particular, en relación con sus acciones conflictivas.

Asimismo, se destaca que resulta impulsivo, concluyendo que “nos encontramos frente a un sujeto con una clara tendencia a la manipulación y una personalidad de orientación narcisista con marcados rasgos de inmadurez e infantilismo. Cuchán ha ido ocupando en la dinámica familiar un lugar de privilegio que de alguna manera le sostiene y facilita ese lugar de omnipotencia y egocentrismo a lo largo del tiempo, justificando sus conductas transgresoras impidiendo de esta forma la adquisición paulatina de responsabilidades más adultas”.

Cabe destacar que el Fiscal Marcelo Romero Jardín se había opuesto en su momento a dicha solicitud porque, además Cuchán, había violado anteriormente las reglas de conducta lo que originó que se revocara el beneficio.

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!