La sexta publicación de la colección de Cuadernos del Sur -que edita la UNS- se presenta el domingo a las 17 en FerroWhite. Emilce Heredia Chaz, licenciada en Historia y compiladora de la obra, pasó por el estudio de FM De la Calle.

La propuesta “se enmarca dentro de un proyecto de extensión universitaria donde se propone abordar la historia local y regional y que los conocimientos que se generan en la UNS sirvan de material para docentes de nivel secundario. Los cuadernos son trabajos colectivos y se organizan en dos partes: la primera es el núcleo principal problemático y la segunda propone actividades […] para despertar en el aula más sentidos”.

El núcleo duro de este sexto cuaderno es la cuestión neoliberal. “La ventaja de afrontar problemas complejos [de la historia argentina] desde lo local es que a los estudiantes les vuelve más cercano esos problemas y tiene el potencial de que se cuestionen el territorio donde viven, el cual tienen más posibilidades de transformar”.

“La perspectiva de la historia desde ese marco trata de deconstruir ciertos momentos fundacionales desde los cuales los sectores hegemónicos cuentan la historia de la ciudad. Siempre problematizando pasado, presente y futuro, entendiendo que la historia es todo eso al mismo tiempo”.

Sobre las distintas fundaciones mencionó que “la primera fue en 1828 con la instalación del fuerte en territorio indígena, la segunda habría acontecido a fines del siglo XIX (y principios del XX) a partir de inversiones inglesas con las que se construye el puerto y el ferrocarril”.

“Esta tercera de nuevo estaría en manos de inversiones extranjeras, que siempre aparecen sin sujeto, nunca se nombra a las corporaciones transnacionales. […] A mediados de los ‘90 desde el municipio hablaron del ‘Plan Estratégico Bahía Blanca’, a partir de ahí, generaron la promesa de un futuro de grandeza, de progreso y desarrollo para toda la ciudad, un discurso que silenciaba el momento que se vivía en la ciudad”.

“El ‘aluvión de inversiones’ estaba generando a partir –y a pesar– de todo lo que se estaba construyendo: la privatización de los ferrocarriles, el desguace de muchas empresas y entidades estatales con un saldo de desocupación enorme que generó alrededor de 4000 despidos”, explicó.

Heredia mencionó que recuperaron el trabajo de Valentina Riganti sobre la explotación sexual de Bahía Blanca en ese contexto, “entendiendo que así como la ciudad es un centro económico en términos del flujo de bienes comerciales también lo es en términos de circuitos de trata y prostitución de mujeres”.

En relación a los conflictos socioambientales, remarcó que el flujo de inversiones extranjeras “tuvo su punto más álgido cuando ocurrieron los escapes del año 2000 en el Polo Petroquímico, al ver las asambleas, piquetes y respuestas que se generaron por parte de la sociedad”.

Una de las características del ‘discurso de la globalización’, que se puede ver en discursos como los del Banco Mundial, es que son procesos de cambio sin agentes. “Parecen cambios inevitables, que se nos vienen encima. Sin embargo los actores aparecían en términos de quién debía responder ante estos cambios: nosotros tenemos que responder, adaptarnos”, explicó Heredia.

Jaime Linares, intendente en ese momento, dijo el 11 de abril de 1998: “La cuestión es aceptar estos cambios espectaculares que hoy se notan en el perfil urbano y de las costumbres. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en la nostalgia trágica derivada de una etapa pasada que ya no volverá”.

la tercera fundacion

Sobre el consenso para el progreso de una ciudad, aseguró que una peculiaridad de los procesos de planeamiento estratégicos es que “se llama a lo participativo, pero ves la diversidad de actores –una corporación transnacional frente a una sociedad de fomento– y uno se pregunta hasta qué punto es posible (en términos de igualdad, de relaciones de poder y del conflicto que es parte de esa relación social).

Al consultársele si considera que el proceso de la tercera fundación continúa o terminó, aseguró que “no tiene una respuesta unívoca, no está bueno decir que ‘es todo lo mismo’ o ‘es todo diferente’ sino preguntarse por los movimientos de cambios y continuidades. Cuando se analiza ese espacio productivo donde se radicó todo ese cúmulo de inversiones extranjeras en los ‘90, Bahía Blanca fue la ciudad de la provincia que más inversiones recibió en ese momento y, aún con un Estado que redistribuyó más, esas empresas siguieron creciendo”.

Según Heredia, lo único que cambia en relación a la renta que sale de actividades extractivas es “que en un momento se reparte un poquito más o un poquito menos, pero eso no afecta el cúmulo de ganancia de esas empresas”.

Días atrás, el intendente Héctor Gay brindó un discurso muy similar al de Linares en el marco del aniversario de la ciudad. La historiadora comentó que “es muy fuerte ver esa continuidad a lo largo de las sucesivas fundaciones […], que ciertas características de ese discurso siguen vivas: la ideología del desarrollo, la cuestión que siempre está pateada a futuro, que la respuesta siempre va a venir de afuera”.

Parecería ser que “Bahía Blanca es una ciudad que se tiene que entregar a los mercados globales para lograr ese progreso, y eso lo va a posibilitar el puerto o el polo. Esa ideología del progreso en desarrollo es algo muy fuerte en esos relatos históricos forjados en sectores hegemónicos”.

*El Cuaderno Nº6 va a estar disponible en formato digital a partir de la semana que viene en la página web del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.

Así lo destacó Santiago Rey, periodista y director de En Estos Días de Bariloche, en comunicación con FM De la Calle luego de cumplirse cuatro meses del fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel.

Rey comentó que esperan una pericia “fundamental que permitirá determinar cuál de los prefectos realizó el disparo mortal que le causó la muerte”. La semana pasada se conoció “otra pericia para entender cuál fue el marco en el que se dio ese avance de prefectura sobre la Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi”.

Hasta el momento “se comprobó que Rafael no tenía pólvora en las manos y cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura sí”. Además, hace dos o tres semanas se supo que la Prefectura efectuó “114 disparos”. “Algunos prefectos llegaron a descargar dos o tres cargadores completos de sus fusiles MP5, lo que da cuenta de que se trató de una cacería”, aseguró el periodista.

“En la inspección ocular, testimonios, etcétera, no se puede dar crédito de la existencia de un enfrentamiento o tiroteo como planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ausencia de pólvora en las manos de Rafael termina de confirmar que efectivamente los fueron a buscar”. Por otra parte, de acuerdo a la inspección ocular, “los disparos de Prefectura se efectuaron 1000 metros dentro del territorio”, es decir que ingresaron sin orden judicial.

“Lentamente se va conformando el escenario para tener claridad sobre lo que sucedió, falta el dato relevante: de qué arma de todas las que utilizaron, más de 20”, se ejecutó el disparo.

Rey comentó que formalmente no hay imputados. “La causa -a pesar del intento de los abogados de la familia para que se cambie la caratula a ‘homicidio culposo’- sigue figurando como ‘NN sobre muerte dudosa’ y, a raíz de esta decisión, quedaron imputados (y detenidos tres días) dos jóvenes: Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes estaban en la comunidad el día del ataque y cuando hirieron a Rafael son quienes bajaron el cuerpo buscando ayuda”.

Luego de lo ocurrido con Rafael Nahuel, con la presencia de reuniones de funcionarios del G20 y por “los fantasmas de los saqueos ocurridos en diciembre unos años atrás”, Bariloche estuvo militarizada durante el verano, con una presencia policial muy importante y un remanente de oficiales en la actualidad. Sin embargo, “no se produjeron hechos violentos salvo lo ocurrido después de la extradición de Facundo Jones Huala. No es el mismo panorama que en otros momentos”.

(Fotos de Alejandra Bartoliche - Patagonia Fotopress)

(Fotos de Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)

“La semana pasada hubo un anuncio de reestructuración interna de Gendarmería para llegar más rápido a los conflictos: 800 gendarmes se van a instalar en la Patagonia, distribuidos entre Neuquén y Río Negro (Bariloche)”.

En relación a la Justicia mencionó que hay impunidad en relación a varios casos: la búsqueda de los restos de Daniel Solano, los responsables del asesinato de Atahualpa en Viedma. “Es una provincia donde el estado ha protagonizado muchísimos hechos represivos, de gatillo fácil, represión institucionalizada, y la justicia no ha estado a la altura del lugar que le hubiese correspondido”.

A cuatro meses del asesinato de “Rafita” Nahuel, el director de En Estos Días dijo que “señalábamos como contexto de la marcha de ayer que hubo poca gente acompañando, familia y amigos en soledad, esta sensación de que efectivamente los sectores más pobres son los que ponen los muertos del conflicto social y luego la sociedad los olvida”.

Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

#JusticiaParaSantiago

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(Por Mauro Llaneza)”El mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una”, dijo el periodista Adrián Moyano a FM De la Calle.

El autor de “Crónicas de la resistencia mapuche” (2008), “Komütuam descolonizar la historia mapuche en Patagonia” (2013) e “Inakyal” (2017) destacó que “la comunidad agredida tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche. Aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado” y por recomendación de quienes la están formando “debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche

“Estamos en la disputa de dos lógicas muy antagónicas. Para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para  dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi”, agregó.

-Circulan videos de una región completamente militarizada en el marco del clima represivo que ya lleva dos muertos en los últimos meses en el marco de la persecución al pueblo mapuche. ¿Cómo está la situación?

En primera instancia hay que discriminar la información. Aquí el viernes tiene lugar una reunión en el marco del G20 con funcionarios de segunda línea y el despliegue que están haciendo circular por videos tiene que ver con garantizar la seguridad de esa cumbre. Lamentablemente se superpone con este clima de militarización que bien apuntabas que se vive en la ciudad desde hace unos diez días aproximadamente cuando empezaron a verse despliegues de unidades que son de por aquí para, después supimos, propiciar el desalojo de la comunidad que intenta una recuperación en la zona de Villa Mascardi desde hace unos meses.

Pero como bien decías, la demanda o la situación de represión viene de más larga data. Una mirada de largo plazo arrojaría que esta situación tiene unos 130 o 135 años cuando se perpetró la Campaña al Desierto pero se agudizó cuando el actual gobierno llegó al poder, un gobierno que forma parte o es del sector que se benefició directamente de la Campaña al Desierto, no hace falta más que ver el apellido y el origen social de varios de sus ministros y que coincide además con esta búsqueda de lluvia de inversiones por parte de la administración actual, varias de ellas emparentadas con la profundización del modelo extractivista y varios de esos proyectos están en territorio mapuche.

Así que uno entiende que esta construcción del nuevo enemigo interno y de tender a naturalizar situaciones de represión como la que se vivió el último sábado se explica por este esquema, por esta ecuación económica del gobierno de Cambiemos.

-Hablanos de la historia de la lof Lafken Winkul Mapu y de  Parques Nacionales, más allá de la imagen que tenemos de un territorio supuestamente preservado…

Parque Nacionales históricamente sirvió para que el Estado triunfante después de la Campaña al Desierto estableciera sus marcas sobre el antiguo territorio mapuche, o sea, la gente en general, sobre todo la que viene como turista a Bariloche, a San Martín de los Andes, Neuquén, tiene una imagen bastante idílica de Parques Nacionales pero la historia de esta institución del Estado en relación al pueblo mapuche se asocia al despojo, al desalojo, inclusive a destrucción de viviendas.

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Recuerdo en 1995 cuando fue el conflicto de Pulmarí, en la zona de Parque Nacional Lanín, la gente me contaba cómo recordaba cuando era niña que guardaparques habían demolido sus casas a tiro de caballos. Esta imagen un tanto asociada al conservacionismo de esta institución del Estado hay que matizarla con lo que fue su práctica histórica. Esta relación quiso cambiar a partir del conflicto de Pulmarí cuando se establecieron las prácticas de comanejo que están vigentes, que implican que en Parques Nacionales donde hay comunidades indígenas hay comisiones de comanejo para que los propios mapuches, en este caso, y los demás técnicos de Parques Nacionales establecieran planes de manejo en las zonas a preservar.

Hubo un conflicto anterior en 2015 cuando varias personas mapuches de distinta procedencia intentaron recuperar un espacio territorial en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el lugar que se llama Ñirihuau Arriba, y ahí la reacción del Estado fue bien distinta a la actual, si bien hubo denuncias en juzgados federales hubo instancias de conversación, de diálogo con otros poderes del Estado y, más allá de situaciones que competen a la interna del pueblo mapuche, es el espacio que hoy considera como suyo la comunidad Huenu Ñirihuau.

Aquí la reacción fue totalmente opuesta, la gente que está participando de la experiencia, la comunidad agredida, tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche, aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado, es un proceso que viene de varios años y esta joven vive en un barrio castigado de San Carlos de Bariloche y, por recomendación de sus orientadores, es decir, de sus machis que la están formando en este proceso, ella debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche, y se eligió un predio que está muy cerca de Villa Mascardi que es aquí a 36 kilómetros del centro de la ciudad.

Esta comunidad estaba fundamentando su proceder en esta afirmación de la cultura mapuche pero evidentemente estamos como suelo decir, en la disputa de dos lógicas muy antagónicas, para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para, en este contexto, dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi. No hay margen para la comprensión, como quedó en la víspera documentado una vez más a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad.

-Hasta ahí no me hablaste ni de armas, ni de la RAM, ni de un Estado propio. ¿Hay algo de eso en los discursos de las comunidades con las que tenés contacto en la región? ¿Qué opinás de la RAM y qué relación tiene con esta comunidad?

El Estado como forma de organización de lo público, es decir, como institución vertical que monopoliza la coerción y se establece a través de jerarquías es una lógica ajena a la del pueblo mapuche. El pueblo mapuche nunca, si bien desde 1550 en adelante tuvo que lidiar con las formas estatales que trajeron los españoles primero y desde fines del siglo XIX con la usurpación estatal chilena y argentina, el pueblo mapuche nunca aspiró a construir un Estado porque es ajeno a su idiosincrasia.

La manera mapuche de ejercer la política tiene que ver con la horizontalidad y la circularidad y con la ausencia de centralización política. Lo que, dicho sea de paso en opinión de quien te habla, favoreció una resistencia de 360 años aproximadamente desde la llegada del español hasta la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía.

Así que construir un Estado a la manera del Estado moderno, con fronteras, límites y organización burocrática y justamente el ejercicio vertical del poder es ajeno al pueblo mapuche. Ninguna organización mapuche activa reivindica formaciones estatales para garantizar o para arribar a la libre determinación.

Cuando me preguntan sobre la existencia de la RAM yo respondo más o menos de esta manera: el mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una. Una experiencia de unos peñi y lamngen que evidentemente eligieron en su momento radicalizar su protesta pero inclusive los sectores mapuches de más trayectoria o de más representatividad han tomado distancia de la RAM, hace unos dos meses aproximadamente o más, con un comunicado que hicieron público y trascendió mediáticamente.

La descripción que ganó los grandes medios de comunicación en los últimos días sobre un grupo casi guerrillero bajando de la sierra aquí en Villa Mascardi es absolutamente una creación de vaya a saber quién, en este caso parecería ser de Prefectura con el aval del Ministerio de Seguridad. No tiene ningún correlato con la realidad, bueno, invito a la gente a que vea los diarios de la zona para que entiendan a quién mató esta bala de la Prefectura, esta bala del Estado represor y entenderá que muy lejos está de la realidad esta instalación de una amenaza a la seguridad nacional aquí en los lagos de la cordillera.

-Ayer Radio Mitre decía impunemente que la RAM es similar al ISIS…

En todos estos meses, ante inquietudes de compañeros y compañeras como en este caso, yo digo que no es nueva esta demonización del pueblo mapuche, en su momento se lo asoció a las FARC, a ETA, o sea, a la organización guerrillera que estuviera más o menos de moda en el sentido de atemorizar a la clase media argentina. No tiene ningún punto de contacto con la realidad y hablando y pasando en limpio aquí tenemos desde agosto de 2017 hasta la actualidad, un compañero muerto y un peñito muerto y los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado. Si me preguntas a mí, son las auténticas amenazas a la seguridad de la gente en estos espacios territoriales.

-¿Qué reconstrucción hiciste de lo sucedido este fin de semana con la muerte de Nahuel y cómo está ahora la comunidad y los heridos?

La reconstrucción que yo puedo confiar no es muy distinta de la que circula en los medios de comunicación. Yo sugiero que la gente que quiera informarse que lea En Estos Días, un portal de aquí de Bariloche o mismo El Cordillerano, a pesar de que es un medio comercial.

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Fue asesinado por la espalda este peñi en el marco del operativo que decidió el juez federal. Yo estaba en Buenos Aires cuando sucedió el episodio participando de la jornada sobre Genocidio y Política Indígena que organizó la Red y retorné el domingo por la tarde. Los compañeros y compañeras que estuvieron acompañando y cerca del proceso me cuentan que el sábado hubo mucho nerviosismo, en aquel momento el objetivo era que las fuerzas de seguridad no bajaran ningún compañero o compañera más porque era muy fácil caer en las provocaciones. Felizmente se apaciguaron un poco los ánimos, ahora hay distintas instancias mapuches y no mapuches que están reclamando un espacio de diálogo y negociación con Parques Nacionales, con las distintas dependencias del Estado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que es el gran ausente en todo este conflicto.

Desde Nación las órdenes son otras, a la luz del tenor de las declaraciones de la ministra en la víspera, parecen obviar que aquí hay gente que sufre, hay gente que llora, la insensibilidad no tiene límites porque esa conferencia de prensa tuvo lugar cuando estaba teniendo desarrollo el velatorio de Rafael, de manera que es una… estoy cerca del insulto pero es una insensibilidad a toda prueba la que está ejerciendo esta funcionaria y el gobierno al cual responde pero en definitiva por estos días se está tratando de establecer algún vínculo de diálogo más allá de que jurídicamente ya se está presentando la APDH para acceder a la causa.

-¿Y quedan dos detenidos?

Tengo entendido que hay dos peñis que están detenidos y hay peñis que están en la comunidad heridos, no quieren bajar porque hay una de ellas que es testigo presencial del asesinato de Rafael y comprensiblemente teme por su vida. Así que está tratando de establecer un marco de negociación para poder declarar, para poder brindar la información que requiera el Poder Judicial si efectivamente tiene la vocación política de investigar qué sucedió allí.

-Leía un testimonio este fin de semana que decía que en Bariloche había sectores que celebraban que se habían asesinado a un indio, ¿esto es así?

Hubo un comunicado formal de la Cámara de Comercio celebrando el desalojo o el intento de desalojo del jueves último, porque el desalojo no se perpetró del todo, pero fue datado con anterioridad a la muerte de Rafael. Lo que no quiere decir que efectivamente a nivel grupos de whatsapp o publicaciones en redes sociales haya celebraciones por este fallecimiento.

A uno le llama la atención que este gobierno que llegó al poder con el mensaje de concordia, de la alegría y del reencuentro entre los argentinos hace un rato largo que está profundizando el odio, la xenofobia, el racismo. Cuando un observa como es el proceder de las fuerzas de seguridad ante otro tipo de movilizaciones, inclusive en el conurbano bonaerense o mismo en la capital o provincias en los últimos tiempos no ha habido este despliegue. Uno tiene que recordar que hubo un operativo con 300 efectivos, policías, cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad en cercanías de donde está teniendo lugar la recuperación de Pu Lof en Resistencia en Cushamen y donde los que participan de esa ocupación o recuperación son no más que 15 peñi y lamngen y el despliegue de las fuerzas de seguridad es muy desproporcionado.

Otro tanto sucedió aquí. Evidentemente está actuando el racismo como política por parte de este gobierno con la complicidad de las fuerzas de seguridad y también del Poder Judicial. De manera que uno puede decir que es el Estado en su conjunto el que está desnudando su raigambre colonialista, su raigambre racista y sin ningún disimulo, sin ninguna sutileza, así que para los oyentes y oyentas de la radio, tengan en cuenta que no hay que aceptar acríticamente lo que dicen los grandes medios de comunicación.

Aquí lo que se está apuntalando es una lluvia de inversiones que espera hace rato este gobierno, que implica una profundización del extractivismo y varios de esos emprendimientos tienen previsto desarrollarse -ya se están desarrollando- en espacio territorial mapuche. Lo que está sucediendo es una especie de puesta en escena para naturalizar escenarios de represión y disfrutar del consenso de algún sector de la ciudadanía argentina.

Fotos: En Estos Días y El Cordillerano.

El martes 1° de agosto de 2017 decenas de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) entraron con violencia al territorio que la comunidad mapuche Pu Lof reclama como propio en Cushamen, Chubut. La GNA tenía orden de la justicia federal para despejar la ruta 40 pero, con el argumento de la “flagrancia” -promovido por el Poder Ejecutivo Nacional- ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes. Santiago Maldonado era uno de ellos.

Cuando ese operativo ilegal y violento finalizó, faltaba “el Brujo”, como se conocía a Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparición considerando la posibilidad de que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. En ese momento inicial, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado ya que en casos como este sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática.

En las primeras semanas, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó a Maldonado de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar tanto la búsqueda como la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que pudo comenzar a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.

Transcurría el tiempo y buscar a Maldonado no era la prioridad estatal. Diez días después, la pregunta “¿dónde está Santiago Maldonado?” ya había ocupado calles, plazas y plataformas digitales y los medios de comunicación del país y del mundo hasta convertirse en una cuestión central de la agenda política. La empatía de amplios sectores sociales con la familia Maldonado no alentó al Poder Ejecutivo a involucrarse en una solución del caso; más bien, pareciera haber ocurrido lo contrario: mientras el Estado no podía encontrar a Maldonado, la estrategia del gobierno fue intentar romper la extendida solidaridad con la demanda. Así, destinó profusos recursos a atacar a la familia, a la comunidad y a quienes los acompañaban.

Hasta ahora ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, como ingresar sin orden judicial, arrojar piedras a los manifestantes o hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

El 17 de octubre Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut, en el mismo lugar en el que en agosto los gendarmes afirmaron en el sumario administrativo haber llegado persiguiendo a los manifestantes.

La constatación de que un participante de una protesta social había fallecido durante una represión llevada adelante por fuerzas federales no modificó el enfoque del gobierno nacional. En los días posteriores a los primeros trascendidos de la autopsia, numerosos funcionarios se dedicaron a instalar una nueva conjetura: si Maldonado no fue secuestrado por la GNA, tal como había denunciado la Pu Lof, no existen responsabilidades estatales y, en cambio, lo que debe ser investigado son las denuncias de la comunidad y el rol de los organismos de derechos humanos.

La comunidad fue el primer actor en denunciar la desaparición y sus primeros relatos sobre el operativo fueron ratificados por los propios gendarmes. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, por ahora se puede saber que Maldonado intentó cruzar el río para escapar y permaneció en el agua fría lo que lo llevó a una muerte por hipotermia y asfixia por sumersión. La idea de que las discordancias con parte del relato de algunos miembros de la comunidad exime al Estado argentino de responsabilidad por los hechos que culminaron con la muerte de Santiago y por la deficiente búsqueda posterior no resiste un mínimo análisis.

Santiago Maldonado murió mientras participaba de una protesta. Pasaron 78 días hasta que fue encontrado. El Estado en lugar de mostrar su voluntad de proteger a la víctima y a su familia, los maltrató con recurrencia y en ocasiones con saña. Ninguno de esos tres hechos puede naturalizarse. Ninguno de esos hechos puede ser tratado como si fuera un accidente o un incidente más de la ineficacia estatal. A continuación sintetizamos las acciones principales que en virtud de esa agenda y de las estrategias propias del trabajo del CELS llevamos adelante desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha.

La pregunta ¿qué pasó con Santiago Maldonado? aún no fue esclarecida.

1. ¿Qué acciones judiciales impulsó el CELS?

A partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, se iniciaron dos expedientes: un habeas corpus que tenía como fin encontrarlo y una causa para investigar las posibles responsabilidades penales en la desaparición, que fue caratulada como “N.N. s/desaparición forzada de persona”.

Habeas corpus- medidas de búsqueda

Los primeros habeas corpus fueron presentados por el Defensor Oficial Federal Fernando Machado y la Comisión Provincial por la Memoria el 2 de agosto. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero. El 3, el CELS sugirió en un escrito enviado al juez:

– la preservación de la zona del Pu Lof donde fue visto Maldonado por última vez
– el rastrillaje del Pu Lof
– el pedido a las morgues de información sobre el ingreso de cuerpos no identificados
– el allanamiento de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería
– la pericia de un cuello de polar de Santiago

El mismo día, el CELS aportó los datos de Ariel Garci, quien tenía información sobre una línea telefónica utilizada por Maldonado.

El 9 de agosto, el CELS se presentó como parte, debido a que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Seguridad activaban una búsqueda exhaustiva, reiteró las medidas ya sugeridas y pidió complementar con:

– el rastrillaje de las rutas 15 y 71
– la incorporación de una antropóloga forense para mejorar la estrategia de búsqueda
– la ampliación de las medidas respecto a la Gendarmería Nacional
– la convocatoria a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.

El 17 de agosto el CELS propuso al juez Otranto que convocara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que asesorara en la búsqueda. El pedido fue aceptado pero la participación del EAAF no se materializó porque el juez no le hizo ningún requerimiento.

En las semanas siguientes el CELS:

– ofreció testigos que podían relatar los últimos meses de Maldonado en El Bolsón y contar cuándo lo habían visto por última vez ya que desde el Poder Ejecutivo se ponía en duda su presencia en el lugar en el momento de los hechos
– participó de declaraciones de Claudina y Ailinco Pilquiman, Andrea Millañanco y Soraya Guitart, integrantes de la comunidad
-participó de las declaraciones de 19 gendarmes
-participó de los rastrillajes de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería Nacional realizados el 10 de agosto de 2017.
-aportó un video del momento en el que la comunidad habla con el defensor Machado sobre el procedimiento realizado por la Gendarmería y afirman que no saben dónde está una de las personas que participaba del corte y que creían que había sido detenido.

Causa penal- Medidas de investigación

El 15 de agosto, a dos semanas de que no se supiera nada de Santiago, el CELS pidió ser querellante en la causa que investiga qué sucedió con Santiago y la comunidad en el contexto de la represión de la protesta y las responsabilidades penales por la desaparición de Maldonado y las irregularidades del operativo. Esta causa, delegado por el juez a la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de la Fiscal Subrogante Silvina Ávila, tiene como propósito determinar la responsabilidad que le cabe a la Gendarmería Nacional por lo sucedido el 1 de agosto en Cushamen.

En el expediente caratulado como desaparición forzada, el CELS pidió algunas medidas de pruebas ya solicitadas en el habeas corpus que no habían sido realizadas. A ellas se le sumaron el registro de comunicaciones de todos los efectivos involucrados en el operativo y la  ampliación de búsqueda de ingreso de un cuerpo sin identificar en las morgues de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Luego de varias semanas, se allanaron los escuadrones de Gendarmería donde se secuestró información relevante de los discos rígidos, computadores y se secuestraron los teléfonos.

Como detectó que faltaban al menos 78 fotografías y numerosos videos, que habían sido tomados durante el operativo, algunos de los cuales se habían distribuido a los medios de comunicación pero no aportado a las causas judiciales, el CELS solicitó el 6 de septiembre que se requiriera la urgente incorporación de estas imágenes a la investigación, lo cual fue aceptado por la fiscalía. El 26 de septiembre se recibieron las fotos recuperadas, aunque quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos.

Al analizar las fotos recuperadas, se constató que muchos gendarmes habían llegado a la vera del río Chubut, que portaban escopetas y bastones, que cuatro camionetas y un camión habían ingresado a la comunidad. Estas evidencias contradijeron las declaraciones de los gendarmes que en el habeas corpus habían ocultado el uso de bastones cerca del río y el incendio de las pertenencias de la comunidad, habían afirmado que habían ingresado sólo 2 camionetas, entre muchas omisiones y contradicciones en sus testimonios respecto a qué hicieron, con quienes estaban, y cuánto permanecieron en la orilla del río.

El 29 de agosto el Ministerio de Seguridad aportó al expediente extractos de los sumarios administrativos. Lo mismo hizo el 10 de septiembre. El 15 de septiembre pedimos que fueran aportados en forma completa, lo cual fue aceptado por la Fiscalía.

En el marco de este expediente, pero también con efectos en el Habeas Corpus, el 19 de septiembre el CELS recusó al juez federal Guido Otranto. Luego de brindar dos declaraciones periodísticas al diario La Nación, quedó evidenciado que estaba adelantando opinión y que había perdido imparcialidad como juez de la causa. El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusación, por lo cual ambos expedientes quedaron a cargo del Juez Federal Gustavo Lleral.

2 . ¿Cuáles fueron las irregularidades del operativo de Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017?

A las diez y media de la mañana del 1 de agosto, el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Pablo Escola dio inicio al desalojo del corte de la ruta 40 que los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia realizaban en protesta por la detención de Facundo Jones Huala. El juez federal de Esquel Guido Otranto había dictado la orden de liberar la ruta.

Los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta quedó liberada. Entonces, los gendarmes decidieron ingresar, sin estar autorizados judicialmente a hacerlo, con la justificación de perseguir una “flagrancia” para detener a los que cortaban y porque les estaban arrojando piedras. El uso de la figura de “flagrancia” para detener a los manifestantes fue indicado, y definido como una estrategia conjunta con las fuerzas de seguridad federales y locales, en los días previos por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Con esa excusa, cincuenta y dos efectivos entraron al territorio y permanecieron allí 5 horas. Algunos persiguieron a los mapuches y realizaron más de ochenta disparos con municiones antitumulto. Como puede verse en las imágenes producidas por los propios gendarmes, los agentes recolectaron piedras para arrojárselas a quienes huían. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla, varios de ellos portando escopetas.

Lo que sucedió en la orilla todavía no se ha dilucidado por completo pero se pudo establecer que varios gendarmes vieron a los mapuches cruzar el río, que al menos uno de los gendarmes reconoció haberles arrojado piedras y otro, haber disparado.

En las primeras semanas, decisivas para dilucidar el hecho, estas circunstancias fueron ocultadas por las autoridades.

Luego de la persecución, los gendarmes allanaron viviendas, secuestraron objetos de la comunidad; algunos fueron registrados en las actas, otros, quemados en una fogata. Dos mujeres y dos niños fueron retenidos durante cuatro horas. El allanamiento y el secuestro de elementos se hicieron sin orden judicial, pero luego fueron convalidados telefónicamente por el juzgado.

La Gendarmería se retiró del territorio a las 17 horas. Según consta en el sumario instruido por la Gendarmería, al mediodía el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, se hizo presente en el lugar del operativo y “destacó la actividad llevada a cabo por la institución”. El sumario interno se cerró sin identificar las irregularidades, ni las faltas cometidas ni recomendar las sanciones que corresponden.

3. ¿Cómo actuó el Poder Judicial en la investigación?

El origen del operativo y la conflictividad entre la comunidad, las fuerzas de seguridad y la justicia federal demoraron la respuesta judicial a la denuncia de la desaparición. Las dificultades que tiene el Estado para investigar violaciones de derechos de las que puede ser responsable se agravaron en este caso, sucedido en un lugar aislado, en el contexto de una comunidad que tiene temor y es reticente a colaborar con el sistema judicial y de la desconfianza que desde el principio tuvieron el juez y la fiscal federales.

La intervención de la GNA comenzó por una orden judicial para despejar el corte de la ruta 40 y, luego, utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar a la Pu Lof. Este operativo violento fue convalidado judicialmente con posterioridad. El 1 de agosto, el defensor oficial Fernando Machado registró el operativo y que una persona estaba desaparecida. Ninguna otra de las autoridades judiciales acudió a la comunidad ese día, aunque habían ordenado el desalojo. El 2 de agosto, el Machado y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron dos habeas corpus. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero.

La primera reacción fue esquiva: el aparato judicial no le dio credibilidad a la denuncia ni intervino de inmediato para determinar si esa desaparición era, o no, una consecuencia de la represión. Por el contrario, se actuó con las hipótesis de que Maldonado no estaba en el corte o de que se había ido por voluntad propia. Como consecuencia, en los primeros días la búsqueda fue limitada y se demoraron medidas necesarias.

El 4 de agosto en la audiencia de habeas corpus la GNA negó haberlo detenido pero no dio, ni se le exigió, ninguna explicación. Recién el día 5, el juez decidió rastrillar dentro de la Pu Lof. Esta medida, por la hostilidad entre la comunidad y el juez federal Guido Otranto, se hizo mal y fue incompleta. Durante semanas, el juez no pudo resolver el conflicto con la comunidad de modo tal de destrabar la realización de medidas indispensables como el ingreso al territorio y la toma de testimonios.

En este contexto, las medidas de búsqueda fueron tardías y mal encaradas; mientras el Ministerio de Seguridad filtraba información destinada a instalar que Maldonado no había estado el 1 de agosto en el lugar de la represión.

El inicio de la investigación de la responsabilidad penal por la posible desaparición forzada también fue dificultoso: las primeras medidas sobre las camionetas de la GNA se realizaron con demoras y los gendarmes fueron avisados de que iban a ocurrir. Recién el 15 de agosto fueron allanados los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.

Cuando el Ministerio de Seguridad comenzó a aportar de manera parcial información de las declaraciones de los gendarmes en la investigación administrativa, hubo un giro en las dos causas judiciales. En la medida en la que los testimonios confirmaban que, tal como lo habían denunciado integrantes de la Pu Lof, los gendarmes habían llegado a la orilla, era preciso investigar ese lapso de tiempo en el que efectivos y mapuches se encontraron en el río.

En el habeas corpus se hicieron rastrillajes que no dieron resultado; el realizado con violencia el 18 de septiembre en el lugar en el que apareció el cuerpo tuvo deficiencias técnicas.

Paralelamente, la fiscalía recaratuló la causa penal como “desaparición forzada” y fue acumulando información y prueba para determinar cómo fue el operativo y qué sucedió con Maldonado. La fiscalía contó con la colaboración de Procuvin en la elaboración de hipótesis y en la producción y control de las pruebas. Por su parte, la fiscalía federal no fue capaz de construir un vínculo con la familia Maldonado, lo que dificultó el acceso de los familiares a la investigación.

Tras el apartamiento del juez Otranto por el pedido de recusación, le sucedió el juez federal Gustavo Lleral, quien tuvo otra estrategia hacia la comunidad que hizo posible el ingreso al territorio el 17 de octubre, día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Maldonado.

4. ¿Cómo fue la respuesta del Poder Ejecutivo?

Recién seis días después de la desaparición, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó las primeras reacciones del gobierno que se orientaron en tres sentidos: defender a la Gendarmería antes de investigar; plantear hipótesis alternativas sin correlato con el expediente y desviar el foco de la atención hacia la comunidad mapuche.

El 4 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Nación negó que GNA tuviera que ver con la desaparición de uno de los manifestantes. A tono con esta línea, en los primeros días, el Ministerio de Seguridad no se concentró en investigar y puso en marcha el sistema de búsqueda de personas como si Maldonado no hubiera estado en el lugar o se hubiera ido voluntariamente. Luego, no aportó en tiempo y forma la información con la que contaba. En un informe del 18 de agosto, haciendo propias las primeras afirmaciones de los gendarmes, aseveró que no había habido irregularidades en el operativo y que se había actuado en cumplimiento de la orden del juez. Ambas afirmaciones se demostraron falsas.

El 7 de agosto comenzaron las investigaciones internas. Un sumario iniciado por Gendarmería afirmó “la inexistencia de conductas sancionables disciplinariamente”. Por otro lado, Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación realizó encuestas y entrevistas a gendarmes. En una charla previa a la realización de las entrevistas, Barberis le dijo a los gendarmes: “En este barco estamos juntos, ¿está claro?”. En el informe señaló que algunos efectivos habrían arrojado piedras contra los mapuches y justificó esa acción como una “conducta imitativa” que había respondido a las agresiones de los manifestantes y concluye sin solicitar una investigación disciplinaria. Hasta hoy, ningún gendarme fue sancionado por las irregularidades.

La información obtenida en estas actuaciones administrativas fue aportada al Poder Judicial por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas, en representación del Poder Ejecutivo, tarde, en fragmentos y por insistencia de las querellas, entre ellas el CELS.

Recién el 29 de agosto, el ministerio aportó al habeas corpus los cuestionarios realizados dos semanas antes. Se demoró hasta el 11 de septiembre para aportar la transcripción de las entrevistas. Nunca explicó por qué esperó todos esos días para incorporar estas actuaciones mientras insistía a través de los medios de comunicación con la hipótesis de que Maldonado había fallecido el 21 de agosto en un episodio de violencia contra un puestero. Tampoco explicó por qué el comandante segundo del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, negó que los gendarmes hubieran llegado a la orilla del río. Gendarmería Nacional y la ministra de Seguridad negaron que hubiera registros audiovisuales del operativo, lo que también se demostró falso.

En simultáneo con este retaceo de información, por intermedio de Cané y Barberis, el Ministerio de Seguridad de la Nación intervino de forma directa en el expediente del habeas corpus. Y realizó una vasta tarea de filtración de las medidas de investigación y sus resultados a los medios. Otros funcionarios de alto rango fueron parte de esta estrategia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación que en un fecha  tan tardía como el 30 de agosto declaró: “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.

Durante el tiempo en que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, el gobierno hizo reiteradas afirmaciones infundadas y ofensivas. Desde la Ministra a cargo de Gendarmería que afirmó ante el Senado de la Nación que no tiraría “gendarmes por la ventana” cuando se le demandaba que separara preventivamente a determinados agentes; hasta una de las máximas representantes políticas de la coalición de gobierno que a más de dos meses de su desaparición afirmó que había un “20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile” por propia voluntad y con motivaciones políticas.

5. ¿Por qué el CELS recurrió a las Naciones Unidas?

Para el 5 de agosto y a pesar de que ya se había presentado un habeas corpus, el accionar del Estado en materia de búsqueda y de investigación no era el que correspondía a una desaparición en el contexto de un operativo represivo.

Para que las estrategias de localización adquirieran otra fuerza, ese día el CELS solicitó una acción urgente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que instara al Estado a tomar las medidas necesarias para encontrar a Maldonado. La gravedad de la situación era tal que el 7 agosto el Comité concedió la acción urgente y le pidió al Estado argentino que adoptara una estrategia integral y exhaustiva de búsqueda y asegurara la exclusión de la GNA de la investigación, entre otras medidas. El Comité también le pidió al Estado que adoptara medidas cautelares de protección de la vida e integridad de la familia Maldonado, de sus abogados y de la comunidad mapuche y garantizara que no fueran objeto de violencia ni hostigamiento. A partir de ese momento el Estado argentino hizo presentaciones al Comité en los cuales adoptó la misma estrategia que tuvo a nivel nacional.

El 18 de septiembre, el CELS, en una segunda presentación al Comité, reiteró la falta de una respuesta estatal adecuada y denunció que el Ministerio de Seguridad no colaboraba en la causa judicial aportando la información que tenía y, al mismo tiempo, llevaba adelante una campaña de desinformación. El CELS también señaló que el Estado tampoco había cumplido con la solicitud del Comité respecto a la familia, que, por el contrario, recibió numerosos ataques.

El 6 de octubre el Comité dictó otra resolución en la que llamó la atención sobre las demoras de las autoridades para investigar el rol de la Gendarmería en los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado y para aportar declaraciones, fotografías y videos al expediente. El Comité solicitó al Estado: informar de los motivos de estas dilaciones, investigar y sancionar intervenciones de las autoridades que hubieran podido entorpecer la efectividad de la búsqueda y de la averiguación de la verdad y asegurar la imparcialidad, independencia y autonomía de la investigación.

El 21 de octubre el CELS informó al Comité el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.

El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otras organizaciones, sin la participación del CELS.

6. ¿Qué establece la autopsia respecto de las circunstancias de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado?

La autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. En conclusión, se trató de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.

Si bien en la médula no se encontraron diatomeas, su presencia en las cavidades cardiacas -nueve distintas: seis en el ventrículo izquierdo, tres en el derecho, indica que se trató de una asfixia por sumersión. También son indicadores de la asfixia los cambios en el pulmón. Las transformaciones halladas en la piel son propios de la hipotermia.
La data de la muerte se estableció a través de tres métodos y dio un rango que no puede ser de menos de 53, 60 o 73 días, según cada método.

Por último, se concluyó que el cuerpo no tiene lesiones externas, por lo tanto no puede suponerse a priori que haya sufrido violencia física en otro lugar. Tampoco se encontraron evidencias de que el cuerpo haya estado en otro lugar que el del hallazgo.

7. ¿En qué consiste el conflicto que atraviesa el territorio donde tuvo lugar la protesta?

La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa desde 2015 un área en la localidad Cushamen que reivindica como ancestral, en disputa con la empresa trasnacional Benetton. Al mismo tiempo, el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala está detenido desde el 26 de junio en una causa en la que se discute su extradición a Chile, situación que motiva protestas frecuentes.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acción directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

En 2016, el gobierno nacional promovió este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese año, Gendarmería Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificación y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la policía provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y Río Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les ordenó utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un día antes del operativo que desembocó en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declaró a Radio Nacional Esquel que los mapuches querían “generar caos y desorden y temor en la población” y que tendrían relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotráfico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cuál es la actividad terrorista concreta.

En este contexto, se realizó el operativo del 1 de agosto. En las semanas siguientes, la desaparición de Maldonado no generó que el gobierno nacional buscara abrir un canal de dialogo  con la comunidad: hizo exactamente lo contrario.

Maldonado desapareció en un territorio ocupado por una comunidad con fuertes resistencias a relacionarse con instituciones estatales, debido a sus convicciones ideológicas y a los antecedentes de discriminación, arbitrariedad y violencia policial. Los primeros relatos de la comunidad que activaron el reclamo social extendido por la aparición de Maldonado fueron, semanas después, ratificados por los gendarmes en sus declaraciones y por las imágenes. Luego, la comunidad no aceptó el ingreso de las fuerzas de seguridad al territorio o lo limitó y fue reticente a testimoniar. Al asumir en la causa del habeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral inició un proceso que culminó con el ingreso a la comunidad el 17 de octubre, día en el que Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut.

8. ¿Por qué el CELS consideró que el hecho debía investigarse como una desaparición forzada?

Santiago Maldonado fue visto por última vez en el contexto de un operativo represivo e ilegal de la Gendarmería Nacional. Esta situación hacía necesario investigar qué participación tenía la Gendarmería en la desaparición de Maldonado a fin de encontrarlo y de establecer responsabilidades.

Investigar un episodio como una posible desaparición forzada no supone asegurar a priori que el hecho implicó la comisión de ese delito sino que en tanto hay indicios de responsabilidad estatal esa hipótesis debe ser confirmada o descartada. Ni el tipo penal “desaparición forzada” ni la figura del derecho internacional exigen que el hecho sea parte de un plan sistemático, tal como afirmó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de desaparición forzada no significa asimilar estos hechos con una política de desaparición de personas y menos aún con la última dictadura.

A medida que las semanas pasaban y Maldonado no era encontrado, los testimonios, el ocultamiento de información realizado por el Ministerio de Seguridad y las imágenes del operativo fueron indicios de que había una relación entre la ausencia de Maldonado y el operativo violento en la Pu Lof el 1 de agosto. Esas responsabilidades estatales aún están siendo investigadas.

9. ¿Qué características tiene la desaparición de personas en democracia y cuáles son las dificultades para investigarlas?

En democracia, las desapariciones ocurren por motivos diversos, algunas son voluntarias y otras no. Estas últimas implican una diversidad de responsabilidades estatales. Detrás de estos casos, hay explicaciones relacionadas con redes criminales, con violencias estructurales -como la de género- y con el funcionamiento violento de las fuerzas de seguridad, entre otras. La responsabilidad estatal es distinta y específica en cada una de estas situaciones.

En todas las desapariciones suele haber, además, una responsabilidad estatal por el déficit de las acciones de búsqueda. El Estado aún no sabe actuar de manera eficaz frente a la denuncia de una desaparición. Cuando las personas o sus familias pertenecen a los sectores de menores recursos económicos está situación se agrava porque se suelen agregar la discriminación y el mal trato.

En este contexto, para resolver una desaparición se deberían formular hipótesis basadas en lo que se sabe de la vida de la persona y de las circunstancias en la que desapareció, en cuándo, dónde y por quién fue vista por última vez; en qué contacto tuvo con instituciones de seguridad o con otros grupos con capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, esto habitualmente no sucede.

Hay desapariciones que ocurren como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad, como hecho extremo de sus prácticas ilegales, violentas y de hostigamiento. En algunos casos, los policías ocultan el cuerpo para encubrir otros delitos.

También existen patrones en las investigaciones judiciales: en violaciones de los derechos humanos -no solamente desapariciones- con frecuencia el Poder Judicial toma la versión de los agentes de seguridad, la investigación y salvaguarda de evidencias se asigna a la misma fuerza denunciada y se despliegan estrategias de ocultamiento. El encubrimiento suele ser la reacción habitual frente a la denuncia de un hecho, se tenga o conocimiento de lo ocurrido. Esto habilita la introducción de hipótesis falsas y que aquellas que pueden orientar la investigación hacia el establecimiento de responsabilidades estatales sean descartadas u omitidas.

Simultáneamente, existen prácticas y omisiones estatales que hacen posible que una persona permanezca desaparecida. Entre ellas, la desidia estatal en el trato de ciertos cuerpos por parte de instituciones de salud, judiciales y de seguridad que ocasiona que una persona fallecida pueda permanecer sin ser identificada en una morgue o en un cementerio, mientras su familia la está buscando, en algunos casos durante años.

Como resultado de esta amalgama de patrones estructurales y deficiencias institucionales en los mecanismos de búsqueda e identificación, en una gran cantidad de casos existe responsabilidad estatal en la ocurrencia de una desaparición y/o en su prolongación a lo largo del tiempo aunque no se esté frente a un caso de desaparición forzada, cuando ocurre un secuestro o un ocultamiento deliberado de un cuerpo.

10. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?

Santiago Maldonado murió como consecuencia de la intervención violenta del Estado ante un conflicto con una organización social y política, que es considerado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional al que hay que responder con dureza.

El uso de la fuerza policial en las manifestaciones públicas abarca el modo en el que se diseñan y llevan a cabo los operativos y la forma en que la autoridad política responde por las irregularidades. En este caso, el Estado no sólo omitió el deber de protección y cuidado, sino que introdujo riesgos para la integridad y la vida de los manifestantes y de la comunidad, entre otros derechos que fueron vulnerados por la intervención de la Gendarmería.

La intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones está regulada por instancias internacionales, regionales, nacionales y por normas internas de las instituciones de seguridad. Estas obligaciones no ceden por el hecho de que algunos manifestantes arrojen piedras, sino que incluso estos actos deben responderse de acuerdo a principios de legalidad y proporcionalidad, de modo de que la respuesta no cause consecuencias más graves de las que busca inhibir. Para eso existen protocolos que establecen con precisión cómo debe escalarse el uso de la fuerza, quiénes pueden asumir cada decisión y con qué controles se deben llevar a cabo. La Gendarmería Nacional cuenta con normativas específicas para lo que denominan operativos “contradisturbios” que en esta intervención fueron ignoradas por completo. La actuación de la Gendarmería no se encuadró en ninguna normativa existente. Ante un operativo plagado de ilegalidades y contradicciones, la respuesta de la autoridad política responsable tampoco respondió a los principios de gobierno civil, control político y rendición de cuentas previstos. Por el contrario, afirmaciones como las de Bullrich y Barberis dejaron en claro que no habría sanciones por lo ocurrido durante la represión.

Por otra parte, este caso plantea viejas y nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para buscar personas, sobre todo cuando puede existir alguna responsabilidad estatal. Como desde la sociedad civil se demanda desde hace años, el Estado debería organizar los recursos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal para encarar búsquedas e investigaciones que den respuestas mejores.

Finalmente, la capacidad del Estado de encarar investigaciones judiciales serias, imparciales y efectivas también está en juego, así como el modo en el que actores puntuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo utilizan los medios de comunicación para influir sobre la investigación. En este caso en particular esta práctica recurrente ocasionó niveles altos de desinformación a la sociedad y dolor a la familia Maldonado.

La investigación debe continuar hasta determinar las circunstancias y responsabilidades por la muerte de Santiago Maldonado.

Foto: M.A.F.I.A.

Fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación asesinaron ayer a Rafael Nahuel (22) e hirieron a otrxs integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, quienes se encontraban en cerros cercanos al Lago Mascardi donde se refugiaron luego de la brutal represión del jueves.

Mujeres Originarias por el Buen Vivir y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron este domingo a una marcha que partirá a las 18 desde Plaza Rivadavia.

“Según informan desde el Lof las tres personas volvían de la montaña luego de resguardarse por días y proteger su integridad física en la ‘mega cacería’ que desplegaron el jueves 23 los grupos especiales GEOP y ALBATROS de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de gendarmería nacional”, dijo la abogada de APDH, Natalia Araya.

La noticia comenzó a viralizarse en el mismo momento en que en la localidad bonaerense de 25 de Mayo despedían los restos de Santiago Maldonado, muerto en el rio Chubut en el marco de la represión de Gendarmería a la Lof en Resistencia Cushamen el 1 de agosto.

“El primer medio local que informó sobre el asesinato titula ‘Tras el choque con fuerzas federales hay un muerto en Villa Mascardi’, como si se tratara de un nuevo ‘accidente’ o ‘fatalidad’. No ‘hay un muerto’: lo asesinó el aparato represivo del gobierno de Mauricio Macri”, aseguraron desde la Coordinadora contra la Represión Institucional.

El jueves los agentes de la Policía Federal y el grupo Albatros entraron golpeando las puertas de las casas levantadas por los Mapuche en la comunidad Winkul Mapu, en el lago Mascardi. En ese lugar, a 35 kilómetros de Bariloche, había mujeres y niños.

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Los agentes irrumpieron a las cinco de la madrugada y destruyeron viviendas. La decisión judicial justificó el desalojo en un intento de impedir que el sitio se convierta en otro Pu Lof de Resistencia de Cushamen, el lugar donde apareció muerto Santiago Maldonado. Durante el operativo detuvieron a varias mujeres y niños pequeños.

“Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio”

Recién llego del Hospital de Bariloche. Desde las cinco de la tarde estamos acompañando a mujeres mapuche con sus chicxs y miembros de distintas comunidades que quieren saber quién de los suyos fue asesinado o herido en la represión – cacería en el Lago Mascardi. Hace cinco horas que nadie les informa nada.

Las mujeres corren atrás de las ambulancias que llegan a la guardia para saber si traen a sus heridos. Abogadas defensoras de derechos humanos interpusieron Habeas Corpus preventivo.

La Cámara de Comercio local celebró la represión. Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio. Hay gente en la ciudad que “quiere bala”. Ví a mujeres mapuche llorando, angustiadas, sufriendo. Las ví cortando la calle y haciendo fuego en la puerta de Parques Nacionales. Las ví correr de la policía y bajar hacia Catedral.

Ví como dos hombres de casi dos metros fueron a pegar a mujeres mapuche y a sus hijos pequeños que habían interrumpido una misa para denunciar que estaban asesinando a su gente. Ví a dos jóvenes que fueron a impedir que eso ocurriera.

Una mujer le pegó a un niño mapuche en la catedral. Lo vi llorar y a su madre, preguntar quién lo había hecho, sin que nadie respondiera. Escuché a los fieles decir que si estaban matando mapuche “algo habrán hecho”. Cinco horas esperando que alguna autoridad local, provincial, nacional informara qué estaba pasando en el Lago Mascardi.

La ciudad se llenó de policías, la ruta camino a El Bolsón estuvo horas cortada, no dejaron pasar a organismos de DDHH que iban al lugar donde se estaba produciendo la represión – cacería. Hace un rato ordenaron allanamientos en el km 7, donde vive una mujer de la comunidad, sus lamienes pedían urgente abogados y abogadas que las acompañen.

Me vine a casa a escribir éstas líneas, algunas personas y organizaciones esperaban en el hospital novedades.

La espera y el silencio, una crueldad infinita.

Susana Yappert, comunicadora, integrante de la corriente La Colectiva.

Quién era Rafa, el joven mapuche de 22 años asesinado ayer

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Alejandro Palmas, del Colectivo Al margen, del que Nahuel participaba, lo recordó con emoción y tristeza, y contó que cuando supo que Rafael Nahuel se iba al campo a participar de la recuperación del territorio mapuche, lo vivió con alegría. Palmas afirma que la recuperación fue pacífica y que le resulta inverosímil la teoría del enfrentamiento que salieron a instalar ayer rápidamente Clarín y La Nación.
La abogada Sonia Ivanoff confirmó que hay dos detenidos e incomunicados que podrian ser testigos del asesinato de Nahuel. (Por La Retaguardia)

El chico era de Nahuel Hue, una de las barriadas populares de El Alto de Bariloche y fue asesinado ayer por las fuerzas federales, en la Lof Lafken Winkul Mapu.

A Alejandro Palmas se le quiebra la voz cuando habla de Rafael Nahuel: “era un pibe joven, andaba por los 22 años, participaba de un espacio que tenemos, una organización en un barrio muy humilde del Alto en Bariloche, que lleva adelante un emprendimiento de carpintería productiva para que los pibes le puedan encontrar una salida, estamos en el barrio, compartimos el almuerzo, hacemos talleres de música, telar mapuche, boxeo…
El Rafa era uno de ellos, habíamos ido a esquiar al Cerro Catedral, le fascinaba el esquí, esas cosas a nosotros nos hacían pensar porque si hubiera tenido oportunidades hubiera podido ser instructor pero eso no es una posibilidad para los pibes de los barrios. Era propositivo, siempre con una sonrisa, colaboraba con todo ahí, con el resto de los chicos… había hecho herrería, un pibe de barrio común, que andaba con otros amigos… Un pibe bien de barrio, de origen mapuche, que a diferencia de los otros pibes sentía orgullo de ser mapuche, no se avergonzaba de su apellido”.

En su página, Al margen publicó una nota en la que relatan que Rafael Nahuel “había aprendido a soldar y se manejaba con la carpintería. Las últimas semanas reparó el arco de futbol del Ruka Che donde todos los martes y viernes nos juntamos a fabricar el proyecto de vida que la ciudad les niega”.

Hace unos días, el mejor amigo de Rafa les anunció que se había ido con su tía a la recuperación mapuche de Mascardi. Palmas nos cuenta que lo vivieron con alegría, “sus familiares son autoridades del pueblo mapuche, él se estaba empezando a reconocer en cuál es la historia del pueblo mapuche, eso siempre iba a ser mejor que el destino que les dejá aca la ciudad a los pibes de los barrios. Era una alternativa para encontrar un proyecto de vida”.

“El tiroteo comenzó en la tarde de ayer con pedradas lanzadas por una decena de mapuches ocultos en lo alto de un cerro”, dice La Nación, y tanto ese diario como Clarín hablan de enfrentamiento. Consultado sobre este supuesto enfrentamiento, Alejandro afirma: “la gente es completamente pacífica, la recuperación fue pacífica, la idea de ellos era poder volver al estilo de vida tradicional del pueblo mapuche. Veo imposible que estuviesen armados y que hubieran osado enfrentarse con la cantidad de efectivos que había. Lo veo inverosímil, pienso que tiene que ver con la construcción de los medios hegemónicos para poder justificar este asesinato. Estamos convencidos que las fuerzas de seguridad tiraron plomo, que es lo que vienen denunciando las mujeres que fueron detenidas el día jueves. Ahora van a fabricar o plantar un arma para poder justificar. No creemos que la gente que está llevando a cabo la recuperación era gente violenta, nada que ver, era gente que quería volver a tener animales, a tener una huerta, volver a un estilo de vida más cerca del campo”.

Anoche, Alejandro estuvo como tantos otros, diferentes organismos de derechos humanos, gremiales, de pueblos originarios, en la puerta del hospital: “nos congregamos ahí especulando con que si había habido heridos iban a llevarlos al hospital público, en principio sin saber qué estaba pasando, para estar juntos, para ver qué estaba pasando en la ciudad. A la una y media de la mañana llegó una ambulancia con un cuerpo de la zona de Mascardi y se trataba de Rafael Nahuel. Para nosotros sigue siendo un enigma que pasó con los heridos”.

Por lo que pudo reconstruir La Retaguardia, los heridos continúan en el territorio.
En Bariloche hay muchísima presencia de fuerzas de seguridad, Palmas lo confirma: “ayer pasamos la ruta de Mascardi a Bariloche, en la zona de la recuperación mapuche había policía federal, prefectura, gendarmería, policía de la provincia, infantería, camiones, helicópteros, retenes cortando la ruta, pedían documentos, revisaban los coches; en Bariloche lo mismo, rodeando el hospital, antimotín, con escudos”.

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A pesar de que el juez Villanueva había negado anoche que hubiera detenidos, la abogada Sonia Ivanoff, que asiste al lonko Facundo Jones Huala, preso y con posibilidades de ser extraditado a Chile, informó que hay dos personas detenidas e incomunicadas a disposición ese Juez. Son Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González. Ivanoff contó que el juez había negado que hubiera detenidos cuando recibió a abogados de Bariloche, y que ella misma constató con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) las dos detenciones.

“Es muy importante saber sus nombres porque ellos podrían ser testigos de en qué circunstancias murió Rafael Nahuel. El gobierno desde el 30 de agosto del año pasado, ha largado un plan de entender que los mapuches al intentar imponer sus ideas por la fuerza son un peligro. Ayer, mientras se velaba a Santiago, mataron al lamien Rafael Nahuel. Pedimos por favor protección para otros que hayan visto en que circunstancias mataron a Rafael”.

Compartimos la nota de Santiago Rey, del portal En estos días, sobre Rafael Nahuel, quien ayer fue fusilado en Río Negro por fuerzas federales. “Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro”.

Rafa, un pibe de barrio
Tenía 22 años. No era militante mapuche, pero estaba en Villa Mascardi para acompañar a algunos familiares en la comunidad desalojada. Participaba en actividades solidarias y comunitarias, y hacía changas para aportar a la casa. Otro joven, pobre, y del Alto, muerto violentamente en Bariloche.

A la una y media de la mañana del recién comenzado domingo, María Nahuel llegó a la humilde casa de la familia de Rafael, en el barrio Nahuel Hue. Llevaba la peor noticia: el joven asesinado por la Prefectura durante la represión en la comunidad en Villa Mascardi era Rafael Nahuel.

Los padres de Rafael y su hermano menor de sólo 12 años enmudecieron y se abrazaron. A las dos de la mañana los recibió el Juez Gustavo Villanueva, pero no los dejó ver el cuerpo.

Rafael no era militante mapuche. La rama paterna de su familia, sí. Su tía, María Nahuel fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado jueves. Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro.

Chulengos y parrillas
“Vivía en una casa y una familia muy vulnerada, muchos problemas”, coinciden en contextualizar todos los referentes de organizaciones que compartieron actividades y proyectos con Rafael Nahuel.

Flaco, hermano del medio, laburador, Rafael participaba del proyecto Semillero del Colectivo Al Margen, donde aprendía el oficio de carpintería, luego del almuerzo y el fulbito diario. Este año había comenzado a participar de esa actividad, y con la misma organización conoció el distante Cerro Catedral, bajo el programa Esquí Social.

“Hacía changas con todo lo que había aprendido”, cuenta a En estos días Alejandro Palmas, referente de Al Margen.

Fue Alejandro el que a las 22,30 horas del sábado llevó a su vivienda en el Alto de Bariloche a la familia de Rafael, luego de varias horas en la puerta del Hospital. Les compró unas empanadas y los acompañó hasta que a la 1,30 María Nahuel llegó con la noticia.

“Es un pibe re de barrio, changueaba como podía para ayudar a la familia”, recuerda Alejandro mezclando los tiempos presente y pasado. ¿Por qué estaba en la comunidad? “Iba a ir un rato al campo, le dijo a la familia, a acompañar a algunos familiares y amigos. No era militante mapuche, pero tenía clara la lucha territorial que se estaba dando. Cada tanto participaba de algunas ceremonias”, rememora Alejandro.

Hincha fanático de Boca, jugaba al fútbol en cuanto potrerito había en los barrios del Alto. Mientras caminaba por esas calles de tierra, levantaba todos los fierros que encontraba, para hacer algún chulengo o parrilla. “Era muy buen soldador”, explica Fernando Fernández Herrero, referente del San José Obrero, una fundación que trabaja en la integración de los chicos de la zona.

En 2011 Rafael se acercó a la experiencia popular denominada Alto Construcciones -que luego derivó en el San José Obrero-, un espacio para el aprendizaje de oficio, la contención y la búsqueda de una salida laboral para los jóvenes de los barrios más vulnerados de Bariloche. Con sólo 15 años, Rafael participaba de un grupo de la capilla del Nahuelo Hue, y desde allí llegó al proyecto Alto Construcciones. “Rápidamente aprendió el oficio de herrero, le ponía muchas ganas al taller”. Tantas que, sin llegar a ser un capacitador, se convirtió en un líder del grupo.

Fernández Herrero le dice Rafita. “Era muy flaquito Rafita”, dice. “Era el típico pibe de familia muy golpeada que anda por la calle solo y que se las arregla como puede. Muy buen pibe”, dice, y suma a Rafael a la larga lista de jóvenes, pobres y del Alto que murieron en los últimos años. En distintas circunstancias murieron, pero siempre son jóvenes, pobres y del Alto.

Rafa siempre andaba con Facundo, otro pibe de su edad, otra familia vulnerada, otra historia de pobreza en el Alto de Bariloche.

Facundo murió hace aproximadamente un año, luego de sufrir problema de adicciones y verse implicado en un hecho delictivo. Fue condenado siendo menor y devuelto a su familia. Allí murió.

Un año después a Rafael lo mató la Prefectura. Los pobres siguen poniendo los muertos de la grieta social.

Fuentes: Anred, La Retaguardia, www.enestosdias.com.ar

Caso Santiago Maldonado: Audiencia del día 24 de noviembre de 2017

En el día de la fecha se nos ha informado los resultados de los peritajes pendientes de la autopsia de Santiago.

De ellos, se infiere que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, a la que coadyuvó un cuadro de hipotermia.

Asimismo, se estimó el tiempo de sumersión del cuerpo en las aguas por tres métodos diferentes: el primero estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua; el segundo más de 60, y el tercero más de 73 días.

Sin embargo la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce y por eso continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva.

Superada la relevante etapa médico-legal, el Juez Federal Dr. Gustavo Lleral dispuso a nuestro pedido, nuevas medidas de prueba a llevarse a cabo las próximas semanas.

Al mismo tiempo que exigimos Justicia y saber la verdad, prestamos permanente colaboración en la causa para averiguar cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago.

Ratificamos que continúan vigentes las siguientes certezas:

a) que el 1 de agosto hubo una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal conducida y apoyada por las autoridades políticas;

b) que se produjeron desvíos y entorpecimientos en la causa de parte de la Justicia Federal de Chubut y el Poder Ejecutivo Nacional;

c) que es necesario contar con el apoyo de investigadores especializados e independientes para lograr conocer la VERDAD, obtener JUSTICIA y evitar la IMPUNIDAD en el caso de la muerte de Santiago.

Velorio e inhumación de Santiago:

Agotada la labor pericial sobre el cuerpo de Santiago, sus restos serán velados en la calle 6, esq. 29 de la ciudad de 25 de Mayo, mañana sábado 25 de noviembre, entre las 16 y las 22 hs. El domingo 26, el velorio continuará entre las 08.00 y las 11.00 hs, momento en que será trasladado al Cementerio Parque Paraíso para el responso e inhumación.

El velorio estará abierto a la comunidad y el entierro será reservado para los familiares y amigos. En ambos casos, se ruega asistir sin teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video a los efectos de preservar la intimidad de la familia.

Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad y apoyo recibidas sin las que esta lucha hubiera sido imposible.

Familiares de Santiago Maldonado

Del 10 al 12 de noviembre se realizará la octava Feria del Libro de Sierra de la Ventana, una construcción autogestiva y comunitaria que recuperó los galpones ferroviarios en los cuales nació y se transformó en una verdadera fiesta cultural en la región.

La invitación incluye presentaciones de libros, talleres, música, danza, teatro, paseos guiados, patio de comidas y feria artesanal rodeados por las sierras y arroyos de la comarca. “Sencillamente venir ese viernes, sábado y domingo, tomarse estos días para llenarse el alma y el corazón de alegría, de charlas, de debates”, propuso Fernanda Tenca por el aire de FM De la Calle.

La integrante del grupo organizador comentó que “en general lo que hacemos es ver a quiénes invitar, quiénes tienen ganas de participar y este año llamamos a convocatoria porque había mucha gente que tenía ganas de ser parte de la octava Feria del Libro. Hasta el 5 de septiembre pusimos una fecha límite y se llenó de hermosas propuestas. El cronograma se fue armando solo y algunas propuestas quedaron afuera porque no hay más horas en el día lamentablemente”.

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El recrudecimiento de la persecución a los pueblos originarios y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado estará presente en el encuentro. El historiador Mariano Nagy expondrá sobre Historia de la Crueldad, libro de varios autorxs coordinado por Osvaldo Bayer. En tanto, Luciano Literas hará lo propio con “Diplomacia, malones y cautivos en la frontera sur, siglo XIX. Miradas desde la antropología histórica”.

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Tenca aseguró además que “más allá de sentirse tentado por alguna de las actividades es interesante vivir la experiencia general de lo que es la Feria del Libro de Sierra de la Ventana que después de ocho ediciones (…) pasó de ser una feria del libro local a ser una fiesta cultural de la región y eso nos llena de alegría”.

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“Es un evento que se va generando desde los vecinos y vecinas de la comunidad, con apoyo de las bibliotecas populares, empezó a ser un evento que por ahí lo realizaban tres vecinas y hoy ya somos quince que estamos desde marzo juntándonos todos los viernes para poder brindar el corazón abierto a todas las personas que quieren ser parte”, afirmó.

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FM De la Calle tendrá su espacio con producciones de Editorial Sudestada, La Vaca y Herramienta. La grilla incluye stands, editoriales y participantes de la comarca, Tornquist, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Buenos Aires, Tres Arroyos y Olavarría. Más información en facebook Feria del Libro Sierra de la Ventana

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(Por Mauro Llaneza) Luego de la victoria electoral de Cambiemos en los principales distritos del país, el profesor de la Universidad de General Sarmiento e investigador de las derechas latinoamericanas de CLACSO, Ernesto Bohoslavsky, dijo a FM De la Calle que “estamos ante un fenómeno político masivo, ante una maquinaria electoral exitosísima y eso nos abre a una serie de desafíos no solo acerca de cómo pensarlo sino de cómo taclearlo en términos más políticos”.

Desde las ciencias sociales propuso analizar las cabezas de los millones de votantes amarillos antes que las de la dirigencia PRO. “Parece que el nivel de antipatía que recoge el kirchnerismo en la Argentina también está operando. Hay gente que aún a pesar de que los números le dan mucho peor que hace dos años prefiere este camino porque entiende que es el que lleva a la muerte natural del kirchnerismo”.

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-¿Qué características tiene lo nuevo? ¿Cómo se compone esa sintonía con la mayoría de la sociedad?

Cambiemos o el PRO tiene una serie de novedades respecto a lo que habían sido las prácticas de las derechas en la Argentina que normalmente no habían recibido mucha simpatía popular, si uno lo mide en términos de gente que puede colocar en la calle o de votos que puede recibir en las urnas. Hasta la aparición del PRO, las derechas en la Argentina habían recibido escaso apoyo electoral, lo cual no quiere decir poco éxito político porque normalmente conseguían colocar sus hombres en los gabinetes con cierta independencia de quién había ganado las elecciones.

Estamos efectivamente ante una fuerza política electoral que de ninguna manera desdeña el camino de las urnas, va a su encuentro y le va bien. Entonces, como titularon Sergio Morresi y Gabriel Vommaro, el PRO es un partido nacido para ganar, un partido que juega este juego y le va bien y ha tenido la capacidad para sintonizar bastante bien una serie de deseos, de miedos, de antipatías y de expectativas de millones de argentinos.

Estamos ante una fuerza política inteligente y sensible, no es una pantomima, no es una caricatura. Es una fuerza política que llegó con intenciones de quedarse y que tiene una agenda de reformas probablemente más ambiciosa de lo que ha declarado hasta la fecha.

Vengo de las ciencias sociales, me interesa menos tratar de reconstruir qué tienen en la cabeza los dirigentes del PRO y más qué tienen en la cabeza los millones de votantes, cuáles son los miedos, las expectativas. Ese me parece un fenómeno mucho más interesante y mucho más difícil para abordarlo.

-Sobre todo porque un primer análisis suponía que el impacto negativo de las medidas económicas sobre las grandes mayorías iba a afectar futuros resultados electorales y sucedió lo contrario. ¿Qué hay en las cabezas de las y los votantes?

Estamos hablando de algo que hicieron millones de argentinos simultáneamente, por lo tanto, tiene que haber múltiples causas que están operando a la vez. Algunas de naturaleza más provincial o local y otras de orden más nacional. Es una obviedad saber que lo que a uno le ocurre en el bolsillo incide al momento de votar. Ahora, el punto es que no es lo único que incide.

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Ahí tenés, en efecto, un voto a Cambiemos que no tiene que ver con adhesión, ni siquiera con una valoración positiva de la gestión sino porque entiende que es un camino que lleva a eliminar al kirchnerismo como posibilidad política a futuro.

Después tenés un porcentaje de la población que sí adhiere a valores ideológicos que uno podría llamar de derecha o que tiene que ver con una agenda más conservadora. Entiendo, y lo muestran las encuestas, que es un porcentaje relativamente chico. Aquellos que tienen valores más duros de derecha. Digamos, la gente que está dispuesta a hacer una apología explícita de la dictadura en Argentina es una minoría.

En Cambiemos no vas a encontrar una apología de la dictadura, en general vas a encontrar más desinterés sobre el asunto, no van a desarrollar una política explícita contra los derechos humanos, simplemente no van a financiar nada en ese sentido.

Hay un conjunto de expresiones políticas que no tienen que ver con identificarse con valores de derecha sino identificarse con la antipatía por el kirchnerismo. Y esa identificación es tan fuerte al punto de que permite despreciar el impacto de las políticas públicas. Gente que te dice a mí me va mal pero prefiero esto porque el país va bien. Es algo que para muchos nos resulta esquizofrénico o absurdo pero que les funciona efectivamente a los votantes, a millones de personas.

¿Dejarán de votarlo? Es difícil de saber si un empeoramiento muy notable de sus condiciones de vida termina llevándolos a un comportamiento electoral alternativo.

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-¿Cuánto hay de individualismo o de aceptar la idea de la meritocracia o de la igualdad de oportunidades?

Todo eso pesa, pero yo no creo que el PRO lo haya inventado. Buena parte del problema de que nos estemos desayunando con estos resultados y con los de 2015 creo que tienen que ver con el hecho de que muchos teníamos una imagen de la sociedad argentina que no coincidía con lo que la sociedad argentina era en efecto. Creo que suponíamos que estaban mucho más consensuados y generalizados una serie de valores y la sopa que nos estamos tomando tiene que ver con que no era así.

En efecto, hay un peso del individualismo, una cierta convicción de que si se deja a los hombres librados a su suerte en el mercado terminarán triunfando aquellos que más se esfuerzan, aquellos que tienen más méritos, aquellos que saben aprovechar sus oportunidades. Es un poco lo que está detrás del discurso del emprendedorismo.

Me parece que estos valores estaban extendidos en la Argentina antes pero pertenecían al mundo de la experiencia más privada. Pertenecían a discursos más íntimos no al mundo de los discursos públicos. Hoy eso se ha modificado en muchos aspectos, qué se puede decir y qué no en público.

Hay una porción significativa de los argentinos que tienen unos valores, una serie de valoraciones morales que confluyen muy bien con la exaltación del individualismo, con la idea que en el mercado te va según se merece y no según tu lugar de origen. Ahí hay un punto duro de roer. ¿Cómo romper esa convicción de que si sos pobre es porque efectivamente no hiciste todo el esfuerzo que corresponde?

La Patagonia como laboratorio

Entre los estudios de Bohoslavsky se destaca su mirada sobre la realidad de la Patagonia. Al ser consultado sobre el escenario de las reivindicaciones territoriales mapuches y la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, brindó su impresión como historiador.

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“Toda la serie de discursos que se hicieron públicos o semipúblicos a través de redes sociales y de comentarios en los diarios sobre la desaparición de Santiago Maldonado, son un excelente laboratorio para medir cuáles son los sentidos comunes que están operando sobre qué es nación, qué es territorio, quiénes somos los argentinos, etcétera”.

“Es interesante también pensar cuántas de las reacciones sobre la desaparición durante casi 80 días de Santiago Maldonado nos ayudan a entender cómo es que nos imaginamos, quiénes nos imaginamos que somos los argentinos y también pensar cómo fue posible la dictadura del 76. Me parece que ahí hay una cantidad de elementos, desde psicológicos a culturales, que tenemos que revisarlos en algún momento para ver aquello que también somos. Aquel conjunto de sujetos que también forman la patria, aquellos sujetos que están en las antípodas en términos morales e ideológicos, por lo menos en mi caso, pero que son compatriotas que tienen una perspectiva muy conservadora”, agregó.

Bohoslavsky destacó que, “en esa perspectiva, la historia de los argentinos es una historia sin indígenas. Y cualquier percepción de reconocerles preexistencia a la Nación, incluso cuando esté consagrada en la Constitución, les parece que es definitivamente no solo antojadiza sino, además, inmerecida”.

“Volviendo a la idea de que a cada uno le va según su cantidad de esfuerzo y no según el punto de partida, está presente la idea de que si las comunidades de pueblos originarios son pobres es porque efectivamente son borrachos, vagos y mal entretenidos como se hablaba hace mucho tiempo”.

El cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de Santiago.

La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener Justicia.

Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago: este dolor no sabe de palabras.

Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al Juez Lleral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos. No sólo quienes le quitaron la vida sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda.

Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficacia y parcialidad del Juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes.

A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por Justicia, con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas, que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la Verdad y lograr Justicia.

La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de esta familia, para la que pedimos respeto.

Por Santiago, por nosotros

(Por Adrián Moyano) En 1492 nada alteró la vida cotidiana del Wallmapu. Saludamos a Antü como cada día, continuamos con las tareas en nuestras tierras, los wampo nos condujeron por ríos y lagos, bebimos nuestros pulku y besamos a nuestros pichikeche.

Octubre no es octubre en el Wallmapu porque 40 años demoraron los invasores en asomarse a la Pikunmapu. Y no se atrevieron a entrar. Recién en 1541 el wezache Valdivia levantó Penco, en la margen norte del Bío Bío y ya le salieron al cruce nuestros futrakecheyem. Aquí, nada de dioses ni de profecías esperadas.

Octubre no es octubre porque la guerra fue despiadada y de exterminio para los nuestros, pero aquí los españoles no pudieron. Después de tres décadas de increíble mortandad, de sufrimientos indecibles, de lágrimas y sangre, los mayores equilibraron la cuenta y en 1598, arrojaron a los winka al norte del río sagrado.

Aquí no pudieron el rey, sus gobernadores, caballeros y soldados. Y en 1641 pi ta winka, España tuvo que admitir la independencia y la soberanía mapuches del Bío Bío hacia el sur. En Ngulumapu y en Puelmapu. De mar a mar.

Y saludamos a Antü como cada día, volvimos a nuestras tierras para que nos alimente, retornaron los wampo y a caballo, se extendió la libertad mapuche. Y bebimos nuestros pulku y besamos a nuestros pichikeche. Y crecimos y vivimos.

Una década, dos décadas, tres… Muchas. Que se hicieron siglos. Más de 300 años de libertad, de cultura, de viento en el rostro, de kütral en nuestros hogares, de wangelen resplandecientes en las noches, de bienestar… De az mongen, küme mongen.

El 12 de octubre de 1492 nada sucedió en el Wallmapu. Octubre no es octubre para los mapuche de Puelmapu. Aquella pesadilla colonial no la soñamos nosotros, hasta el 25 de mayo de 1879, cuando el wezache Roca formó a sus tropas en Choele Choel e hizo sonar sus clarines, sus cañones.

Octubre no es octubre para los mapuche del Puel Mapu.

Octubre es Mayo.

Evis Millán, referente en Bahía Blanca de Mujeres Originarias por el Buen Vivir e integrante de la comunidad Pillan Mahuiza, visitó FM De la Calle en el marco de la campaña de persecución contra los pueblos originarios desplegada por el gobierno nacional y el Poder Judicial al amparo de los medios masivos de comunicación.

Afirmó que “hay muchos intereses por parte de las megaempresas, sobre todo en la Patagonia, por eso se meten en las comunidades en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, no es por casualidad esta represión”. En pocos días se cumplirán dos meses del operativo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen en el marco del cual desaparecieron a Santiago Maldonado.

“Estamos conmocionados con esta situación que se está viviendo a diario en las comunidades. Si bien los pueblos originarios en general siempre nos vimos avasallados por este Estado que se formó a través del genocidio, en estos últimos años es terrible la represión que se comete a diario”.

La familia Millán pertenece a la comunidad mapuche Pillan Mahuiza de Corcovado, a 130 kilómetros de Esquel, y recuperó su territorio hace casi dos décadas. “Es un espacio donde hay un río, hay un bosque. Cuando lo recuperamos sabíamos que había empresas cómplices con el gobierno que querían llevar a cabo cinco represas”.

“Vivíamos en Esquel y una de mis hermanas decidió recuperar el espacio porque estaba con sus hijos, no tenía trabajo, vivía una situación extremadamente mala. También activábamos en otra organización conformada por comunidades y lo que decidimos era empezar a recuperar esos espacios para poder vivir bien”, recordó.

Así lograron frenar las represas en aquella época aunque saben que las empresas no abandonaron su objetivo. “No solamente nos vamos a ver afectados como mapuches sino el pueblo de Corcovado, un montón de lugares van a quedar bajo agua, bosques enteros. Y sabemos que este tipo de emprendimientos no es para dar ayuda a la comunidad como generalmente dicen, que van a generar trabajo y demás, el fin de esas empresas es abastecer a las mineras”.

Entre el “montón de cosas” que pasaron a partir de la recuperación territorial reiteraron las amenazas por parte de la policía. “Esas tierras eran de comunidades y en el ’37 fueron desalojadas por un plan sistemático de los gobiernos y, en compensación, parte de esas tierras se las dieron a la policía para levantar una comisaría que hoy funciona como casa, donde está mi familia. La comisaría se trasladó y quedó todo abandonado. Dentro de la comunidad hay un cementerio mapuche donde están muchos de los familiares de los primeros pobladores, nosotros tenemos nuestra madre ahí”.

“Somos pueblos preexistentes a este Estado. Me parece necesario hacer una revisión histórica porque siempre nos tratan de negar derechos porque dicen que venimos de Chile. Hace 13 mil años que estamos, no existían para nosotros las fronteras de Chile y Argentina. Esto es un montaje que se hace de un sistema opresor”, manifestó.

Para comprender el contexto, comentó que “en Gulu Mapu (Chile) hace rato que viven esto, el Estado chileno se maneja con la ley antiterrorista y nuestros hermanos por defender su territorio contra las represas, las mineras, la tala de los bosques, hoy están siendo encarcelados. En este momento hay un juicio contra una de nuestras referentes espirituales que es la machi Francisca y ella está siendo condenada por defender su lugar, por oponerse al emprendimiento de una empresa que está avasallando el territorio”.

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“Se quiere trasladar ese marco a la Argentina, entonces, los mapuches y los pueblos originarios que defendemos nuestro espacio somos terroristas”.

Millán planteó que urge que el Congreso apruebe la prórroga de la Ley 26160 de “emergencia territorial” que frena los desalojos de comunidades originarias hasta tanto se realice un relevamiento a nivel nacional.

“Hasta ahora ningún partido ha hecho algo realmente por los derechos de los pueblos originarios. Lamentablemente esta ley, que en cierta manera nos permitiría vivir tranquilamente en nuestros espacios, está tratando de que llegue a su fin. Vence el 23 de noviembre y eso va a permitir que las empresas se sigan metiendo en las comunidades, que desalojen a la gente”, dijo.

Agregó que “dentro de la lógica de los pueblos no existía la propiedad y el Estado fue metiendo la propiedad privada. Hoy nos vemos en una situación complicada porque si no contamos con título vamos a ser desalojados y la mayor parte de las comunidades a lo sumo tienen títulos provisorios, pero no hay nada legal. Sí el gobierno en muchas oportunidades ha logrado hacer aparecer como arte de magia el título de propiedad para las empresas”.

El 27 habrá una movilización al Congreso. Millán invitó a las agrupaciones sociales y políticas “para organizarnos y parar esta situación porque no es solamente contra los pueblos originarios”. “¿Queremos que sigan las empresas metiéndose y explotando y destruyan todo o realmente queremos una mejor sociedad para todos, un buen vivir?”, preguntó.

Fotos: Foro Pueblos Originarios (cabecera) y FM De la Calle.

El senador nacional Jaime Linares se refirió en la última emisión de El Mejor Equipo de FM De la Calle a la prórroga de la Ley 26.160 de 2006 que frena los desalojos de tierras donde vivan comunidades originarias hasta que se realice un relevamiento de dichos territorios. Además, dio su opinión sobre el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios con la Armada en la Base Espora y otras de la Patagonia.

“Hay algunos senadores que creen que hay que hacer alguna corrección. Nosotros creemos que en primer lugar hay que definir la prórroga y si quieren hacer alguna modificación que la trabajen”, dijo el ex intendente bahiense sobre la norma que se trataría el próximo miércoles 27.

Linares afirmó que como “no se hacen los relevamientos” resulta “muy complejo determinar en muchos lugares el tema de cómo está la propiedad” y destacó que en el norte “los wichis, son pueblos nómades que se van moviendo dentro de un área en función de la necesidad de pesca o de mantenimiento. Después hay, como en todos lados, tipos que se van apropiando de las tierras, los van desplazando y están cambiando culturalmente los derechos de la gente”.

La necesidad de la prórroga de la norma resulta urgente en un contexto de intensificación de la permanente persecución estatal a las naciones originarias en el marco de la cual la Gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

“Hace un tiempo se hizo una ley que limita la tierra en manos de extranjeros cosa que todavía estamos esperando noticias del otro gobierno que iban a hacer un catastro en un año y ya llevamos como cinco y no sabemos cuál es exactamente las tierras que disponen Benetton”, manifestó el legislador.

Agregó que “por otro lado, hay una fuerte presión por parte de algunos locales, para impulsar la soja para zonas en donde no estaba, entonces me parece que hay muchos intenciones dando vuelta, y la verdad es que la Constitución del ’94 crea la tenencia de la propiedad comunitaria, que es exactamente para involucrar este tipo de casos”.

En relación a la desaparición forzada de Maldonado y al desempeño del gobierno sobre la causa judicial, Linares comentó: “Hubo un muy mal manejo del gobierno de la situación. Me parece ha habido una clara sobreactuación de la ministra cuando vino al Senado, diciendo que ella banca a los gendarmes. En realidad lo que debe poner es un claro límite, una cosa es la responsabilidad de una fuerza, y otra cosa es la eventualidad de un exceso que hay que castigarlo y hay que controlarlo”.

“La Gendarmería es la fuerza del Proyecto X de Berni. Entonces hay que tener control muy fuerte sobre estas fuerzas, en donde siempre se generan para reprimir y, a veces, están formados para este tipo de represión y en ese marco hay que tener una fuerte auditoria de las fuerzas”.

Tropas norteamericanas en Patagonia

Por otro lado, el senador se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en el que se permite a fuerzas extranjeras realizar ejercicios conjuntos en nuestro país: “Yo estaba en contra, como estaba en contra de las fuerzas armadas argentina en Haití. Como estuve en contra de la base China en Río Negro, porque me parece que es otro tema bastante complejo para tener insertado ahí en la Patagonia”.

“Son temas que se tratan muy rápidamente por intereses de los gobiernos de turno y, me parece, que no le hace bien un debate tan corto y de tan poca visión”, concluyó.

Rechazo de la CTA rionegrina

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro manifestaron su absoluto rechazo e intimaron a las y los diputados que representan a su provincia para que se expidan al respecto.

“Quieren aumentar la represión y el disciplinamiento en una de las regiones de mayor conflicto del país. Con las tropas extranjeras intentan garantizar el saqueo de nuestros recursos, la extranjerización de la tierra y el uso de ríos, lagos y mares”, señaló el secretario general Rodolfo Aguiar.

La Central advirtió sobre el peligro que el Gobierno Nacional avance con esta norma y que varias de las fuerzas políticas que se dicen opositoras, presten su aval -votando afirmativamente esta ley- justo en un contexto en el que las autoridades y las fuerzas de seguridad están bajo sospecha, además de fuertemente cuestionadas en todas las provincias al sur del río Colorado.

Para la CTA esta denominada autorización de rutina para el ingreso de fuerzas militares extranjeras genera una situación grave, ya que está vinculada de manera directa, no solo con el caso Maldonado, sino con la posibilidad de perseguir, reprimir y seguir debilitando las garantías constitucionales en la región del país que tuvo el 50% del total de conflictos que se sucedieron en los últimos 18 meses.

El proyecto de ley, girado por el Poder Ejecutivo, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional denominado “Cormorán” fue tratado por la Cámara de Senadores en la sesión legislativa del 7 de septiembre pasado y lleva por número de expediente 308/17.

A 11 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, bajo la convocatoria de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, organizaciones sociales, partidos políticos y centros de estudiantes se convocaron en la Plaza Rivadavia bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sumando el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.

Celeste Moore, docente y actriz del grupo Nuevodrama, interpretó “Un poema para que aparezcas” escrito por Eliana Cossy, amiga de Santiago Maldonado. Evis Millán de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y Fabiana Méndez de la Kumelen Newen Mapu dieron lectura al documento principal del acto previo a la movilización.

 “El Estado argentino se conformó invadiendo el territorio donde existían mas de 40 naciones, de las cuales hoy quedamos alrededor de 37. El pueblo mapuche es una de ellas, con 13 mil años de antigüedad en la Wallmapu, territorio que abarca ambos lados de la cordillera, lo que hoy es nombrado como Chile y Argentina. Los Pueblos Originarios siempre hemos interpelado a este modelo que promueve un estado monocultural, eurocentrista, monoreligioso y del cual el poder económico, político y clerical imponen un orden que hoy se encuentra en una crisis mas grande”, leyó Millán.

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El reclamo por la aparición con vida de Santiago, puso en el centro de la escena la situación que atraviesan actualmente los pueblos originarios. Existe una real preocupación de que no se renueve el próximo 23 de noviembre la ley 26.160, normativa que suspende los desalojos en las tierras de comunidades indígenas en todo el país. La ley ya tiene dictamen de dos comisiones en el Senado y continuará siendo tratada el miércoles 27 de septiembre en una sesión especial. “Es necesario pactar un acuerdo de cohabitabilidad entre los Pueblos Originarios y el Estado argentino, ya que es una cuestión histórica”, aseguraron.

Además, denunciaron los allanamientos que Gendarmería Nacional realizó en el Consejo Zonal Wijice en Neuquén, la situación de alerta que mantienen las comunidades de Chubut, la detención arbitraria de Elizabeth Loncon en el marco de la causa de Santiago Maldonado y el hostigamiento ante los fuertes intereses económicos de empresarios y empresas trasnacionales en Chile, donde luego de 103 días de huelga de hambre por parte de cuatro presos políticos, aún no ha habido avances en la causa. Se los acusa de haber quemado una iglesia sin que haya evidencia alguna.

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Este año, las movilizaciones en todo el país por la aparición con vida de Jorge Julio López estuvieron acompañadas por el pedido de aparición de Santiago Maldonado. Nuestra ciudad no fue la excepción y dijo: “Ninguna impunidad ante la desaparición forzada de personas”.

“Más de doce” efectivos uniformados y de civil y “vehículos sin identificación” fueron destinados a la comarca serrana de Tornquist por las autoridades policiales de Bahía Blanca para informar sobre quienes participaron en dos manifestaciones que pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Unas cuarenta personas se movilizaron el miércoles 30 de agosto a la plaza del reloj de Sierra de la Ventana por el Día Internacional  de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y otras tantas el viernes 1 de septiembre a Plaza Salerno de Villa Ventana, al cumplirse un mes de la represión de Gendarmería en Cushamen que terminó con la desaparición del militante anarquista.

“Cuando hablamos de un acto en una localidad tan pequeña hablamos de familias con sus hijos, con el termo, con el mate, con las mascotas, compartiendo lecturas, tratando de entender y aprender porque realmente somos muy ignorantes de nuestros derechos”, dijo a FM De la Calle Jorge Canolik desde Villa.

El pueblo de menos de mil habitantes estables cuenta con un móvil y dos oficiales a quienes conocen y acuden “ante cualquier necesidad”. La Superintendencia de Planificación y Operaciones Policiales ordenó a las reparticiones de la Bonaerense -el 27 de agosto mediante una “DIRECTIVA RESERVADA” calificada como “MUY URGENTE”- “extremar medidas preventivas que cada situación amerite e informar en el ACTO al estamento superior directo” ante la “Semana de agitación 28/5 al 1/9” (sic).

Canolik comentó que “el viernes no seríamos más de cuarenta personas en la plaza (…) un lugar verde, tarde de sol, sonido de los pajaritos, los chicos que habían ido haciendo dibujos y discursos, por supuesto, micrófono abierto para que cada uno expresara su preocupación o lo que sentía o lo que proponía en relación a este tema”.

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Destacó la intervención de Zaida Franz, Madre de Ana Teresa Diego, militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida en septiembre de 1976. “Una mujer de 82 años que se puso de pie para hablar con todos nosotros y explicarnos que es muy importante defender esta democracia que costó tanto conseguir y desde esa mirada, la de una mujer que perdió a una hija en la dictadura, que está desaparecida, esas palabras resonaban con mucha fuerza”.

Mientras el acto se desarrollaba, a las vecinas y a los vecinos les llamó la atención la presencia de tres tipos sospechosos -“me gusta decir tres masculinos, para que nos vayamos entendiendo”- que observaban desde lejos. “Lo comentamos, cuando faltaba poquito para que el acto terminara, la gente se retiró del lugar y nos quedábamos con la duda: quiénes serían”.

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Colanik recordó que “alguien dijo: capaz que son policías y están yendo a la comisaría”. Caminaron tres cuadras hasta el destacamento y lo confirmaron. Volvieron a la plaza y compartieron las novedades. Decidieron ir juntxs a pedir explicaciones. “Sí, sí, éramos nosotros”, les contestaron.

“A partir de ahí empezó una escena patética, el final del hilo, estábamos un grupo de vecinos en la comisaría, que es la nuestra, estamos hablando del lugar al que acudimos ante cualquier necesidad, conocemos a los dos efectivos que están normalmente.

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“Había más de doce efectivos y, viendo la presencia de una cantidad de vecinos, empezaron a aparecer muchos más efectivos de civil que había, vehículos sin identificación y finalmente alguien que pertenecía a la jurisdicción de Bahía Blanca, y empezaron a explicarnos que ellos respondían a las órdenes de las autoridades y que tenían que presentar un informe sobre lo que estaba pasando”, relató. “Muchachos, ¿por qué no se presentan con uniformes? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no participan?”, preguntaban lxs manifestantes.

El grupo mostró su disgusto y preocupación por el despliegue policial que “sobrepasó totalmente la magnitud del acto en sí, todo un operativo que si te lo pongo en modo de efectividad te diría realmente el gasto de los recursos en forma tan desproporcionada es algo por lo menos para preguntarse, muchachos ¿a qué estamos jugando?”.

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En el diálogo mantenido en la puerta de la comisaría, los efectivos admitieron que les tenían identificadxs, “que ya sabían quiénes habían estado en el acto del miércoles, veían que había mucha gente que de un acto se había trasladado a otro”. “En la escala de un pueblo pequeño esto es casi una comedia italiana, es algo ridículo. Estamos en la plaza jugando a que te vigilo y después somos los mismos vecinos”, concluyó Canolik.

Gobierno cazafantasmas

Infobae publicó días atrás copia de la “DIRECTIVA RESERVADA” del domingo 27 de agosto, calificada como “MUY URGENTE”. Lleva la firma del comisario general Sergio Osvaldo Moreno, el Superintendente de Planificación y Operaciones Policiales; y está dirigido a todas las reparticiones de la Bonaerense, como por ejemplo las Superintendencias de Seguridad de las zonas, Norte, Oeste, Sur (…); a “Inteligencia Criminal”, al “Servicio Centralizado de Infantería y a la “Dirección Seguridad Especial Halcón”, entre otras.

El comunicado interno ordena “extremar medidas preventivas que cada situación amerite e informar en el ACTO al estamento superior directo” ante la “Semana de agitación 28/5 al 1/9”.

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En concreto, manda a la Bonaerense “reforzar el servicio y puestos de guardia previendo la asignación de retenes, en particular aquellas dependencias que alojen detenidos y armamento”; “extremar el control de ingreso/egreso de personas de las dependencias donde se encuentre cumpliendo funciones personal policial” y “actualizar y poner en práctica rol de incendio, plan de evacuación y de reacción del personal policial”. Además, se indica que “el personal de Cuerpos y FF. Especiales, deberá proceder al recargo para potencial respuesta y vigilancia del material y armamento”.

La policía de la gobernadora Vidal pone el foco en “los últimos acontecimientos de dominio público, con ataques que han involucrado a FF.AA (Fuerzas Armadas), FF.SS (Fuerzas de Seguridad) Federales y Provinciales, y del Poder Judicial, con afectación de instalaciones y personal propio. Y ante la posibilidad de que estas acciones puedan escalar y adquirir otro tipo de expresiones tales como agresión a personal de facción, transportes del personal ya sea en movimiento o estático y objetivos edilicios, con afectación del personal policial (…)”.

Fotos: Facebook Natalia Molina y Clau Sos, compartidas por la Biblioteca Macedonio Fernández  y Jorge Canolik.

En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

FM Alas 89,1

Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.

No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.

En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.

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Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.

Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.

Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.

Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.

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Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.

Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.

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Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.

Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.

Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.

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Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.

Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

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A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.

Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.

“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.

Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.

El comunicado completo:

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.

Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.

En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.

Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS
EL ESTADO ES RESPONSABLE

CTA BAHIA BLANCA-DORREGO
http://www.santiagomaldonado.com/comunicado-oficial-la-familia-2482017/