(Por Astor Vitali) La reacción ante las fiestas populares en Bahía Blanca tiene una larga tradición. Es conocida la eliminación del feriado de carnaval en dictadura. Pero a nivel local también se ejecutó la fulminación de la Feria de la Cultura durante la gestión anterior en cultura de Ricardo Margo. Debido a aislados hechos de violencia, el gobierno de Bevilacqua también suspendió el corso céntrico en 2015.

Ahora intentan un nuevo avance contra una fiesta que volvió a crecer a los últimos años y donde los hechos de inseguridad son una excepción repudiada por la sociedad y las asociaciones de murguistas. Sin embargo, operaciones mediáticas y políticas intentan mostrar esta fiesta popular como algo “ingobernable”.

De esta forma, el poder ejecutivo responsabilizó a la Policía Departamental de no querer “participar” debido a incidentes registrado ayer en una de las fechas previstas y, por ello, manifestaron verse en la “obligación” de suspender la fecha de hoy.

Esta insólita argucia dispara de inmediato una serie de interrogantes básicos: ¿la policía responde al gobierno o es parte de un Estado paralelo donde toman decisiones? ¿La policía tiene autonomía? ¿A quién responde? ¿Qué garantías de gobernabilidad ofrece un jefe comunal al que la policía no acata en algo tan básico y rutinario como es el corso céntrico? ¿Por qué suspenden y convierten en noticia del día la suspensión de esta fecha del corso céntrico y no se procedió de igual forma en relación a otros hechos de violencia ocurridos en diferentes escenarios durante febrero? ¿Qué intereses existen tras esta decisión?

¿O es que no hay voluntad política de dar continuidad a esta fiesta popular pero no se atreven a ponerle fin como sí lo hizo la anterior gestión de Margo con la Feria de la Cultura, cuando también se responsabilizó a “los vecinos que se quejan”?

“Sacate el antifaz”

Tras cada corso hay miles de personas que integran las murgas participando, pasando sus vacaciones tejiendo, cosiendo lentejuelas, haciendo cosas en familia, vistiendo a la comparsa, aprendiendo a tocar un instrumento, a bailar, a escribir una letra. Miles de personas organizadas en búsqueda de alegría y fraternidad.

¿Qué tipo de credibilidad puede pretender un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de un corso? ¿Cómo deben sentirse las miles de familias que ponen todo de sí para mejorar su entorno cuando su intendente y representante en cultura muestran semejante grado de incapacidad para garantizar que la policía haga su trabajo?

En países como Uruguay o Brasil, cualquier gobierno -de izquierda o derecha-, cualquier funcionario -probo o fútil-, tiene pleno conocimiento de que la fiesta popular del carnaval, con sus particularidades regionales, redunda en beneficios para la comunidad tales como instancias de integración, creación de trabajo directo e indirecto –sonido, luces, gastronomía, trasporte, docencia, utilería, indumentaria y un largo etc-, turismo y otras yerbas.

Los actuales funcionarios locales, en cambio, evidencian no defender la voluntad de su ciudadanía sino hacer caso –¿cuándo no?- al titular de mala fe que busca desprestigiar una práctica popular que debería ser política de Estado.

Sin embargo, es claro que estos funcionarios desconocen al pueblo que los votó y se sienten más interesados por demostrar obediencia ideológica a cierta pacatería y mediocridad de una minoría acomodada.

El proyecto vedado

La cuestión de fondo reside en la disputa político-ideológica del uso del espacio público. Algunos funcionarios policiales ya dejaron entrever la idea de confinar la fiesta popular a un lugar cerrado con ingreso pago, en futuras ediciones. La idea mickyvainillaezca de “encerrar” a los y las murguistas seguramente entusiasme a más de un funcionario. De hecho, en reuniones organizativas para la realización de este corso ya fue sugerido por autoridades aunque rechazada por la asociación de murgas. El movimiento murguero espera, obviamente, que las autoridades democráticas del gobierno local aboguen por el crecimiento de esta fiesta popular en espacios públicos.

Dado que no han conseguido, durante esta edición ni la anterior, convencer al movimiento murguista de recluir la fiesta en algún club, estadio o espacio de deporte automovilístico (lugares que sugirieron las autoridades), ahora aparecen estas jugadas sucias que embarran la cancha a costa del lagrimón de niños y niñas que pretendían vivir un momento de felicidad en familia. En algunos casos, uno de los mayores momentos de felicidad del año.

Todas las señales apuntan a una política de doble vara: un fuerte impulso del sector privado en el ámbito de lo público expresado en el anuncio que hizo Gay acerca de la preponderancia que tendrá la FISA (UIBB y CCIS) en los festejos del 11 de abril y, por otro lado, represión de las expresiones de raigambre popular.

La responsabilidad política de haber suspendido el corso céntrico es únicamente de las autoridades del gobierno municipal. Aun cuando las autoridades policiales hayan presionado de una u otra forma, está claro que no se actuó con idoneidad y que resultan incapaces de garantizar seguridad a la comunidad y credibilidad en general.

Como hemos planteado en otro artículo, hay una línea que divide las aguas en términos socio-culturales y está demarcada por quienes eligen las anteojeras para no ver la fiesta que ocurre en su entorno, en su ciudad, frente a quienes eligen el antifaz para divertirse y mirar a los ojos al prójimo, a sus pares.

Foto: IC

Usuarios de EDEA S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y comunidad en general realizarán mañana una Marcha de las velas por fallas en la prestación del servicio, falta de atención a los reclamos, desinversión, incumplimiento del contrato de concesión y amplia utilización de contratos basura. Ganancias millonarias, 300 % de aumento y condonación de una deuda de 450 millones de pesos por parte del gobierno constituyen la usina de esta oscura trama de negocios con la luz.

En la jornada de hoy el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó un paro entre las 10 y las 13 horas. A su vez, dirigentes del gremio recorrieron los Consejos Deliberantes de la zona. Desde FeTERA adelanaorn que la semana próxima habrá nuevas medidas de fuerza.

José Rigane, titular de la federación sindical y Secretario Adjunto de la CTA-A explicó a FM De la Calle que hace 50 días comenzó el conflicto con EDEA SA porque “después de 7 u 8 meses en los que la empresa no resuelve los problemas más importantes que tenemos los usuarios-trabajadores”.

El sindicato denuncia que desde hace dos años la firma no toma nuevos trabajadores de manera legal y, contrariamente, “comenzó a contratar más personal” para tareas “en el mantenimiento y en la operación de redes” lo que “está prohibido por ley”. Además, “la empresa no reconoce al organismo de contralor (OCEBA) y tampoco hace presentaciones en el Ministerio de Trabajo ante las audiencias que hemos reclamado y se han realizado”.

Desenchufaron los controles

Rigane expresó que EDEA “se comporta como si fuera un estado dentro de otro estado, es decir, con sus propias leyes”.

“El poder político ni los organismos están a la altura de las circunstancias para poner a EDEA en exigencia para cumplir con el contrato de concesión y para no poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios cuando desarrolla este tipo de acciones no importándole nada más que la ganancia”.

Desde el punto de vista laboral, las irregularidades son visibles. Por ejemplo, en el caso de contratados “a los que los hacen trabajar a destajo”.

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Tarifa estacional: “nadie puede obligar a consumir”

A su vez, el dirigente denunció que “la empresa recaudó 2 800 millones de pesos y el gobierno nacional acaba de condonarle una deuda de 450 millones de pesos. Un privilegio que no tiene ningún usuario de a pie en Argentina”.

“EDEA también aplica la tarifa estacional, una tarifa inconstitucional; primero, porque nadie está obligado a consumir un servicio público y menos todavía que uno tenga que consumir con un determinado promedio en el año, cosa imposible de poder resolver porque además va en contra de las supuestas políticas de uso eficiente y racional de energía y del ahorro”.

Por otra parte, usuarios del servicio reclaman déficit de atención ya que sólo 9 ventanillas se abocan a recibir reclamos y atención al público, siendo más de 500 mil clientes quienes dependen del servicio.

Rigane agregó que “los actuales dueños de EDEA” son los mismos propietarios de EDELAP y “hoy se encuentran a punto de ser procesados en la ciudad de La Plata casi por las mismas razones que se producen en Mar del Plata, es decir, por una falta de atención y continuidad en el servicio. Acá hay baja tensión en la periferia, cortes permanentes, barrios enteros que pasan varios días sin electricidad. Una demostración clara de que no hay mantenimiento preventivo, que no hay inversiones significativas y que obviamente el servicio no está a la altura de las exigencias que requiere el usuario.

A todo esto, el dirigente sostiene que la situación “ni si quiera está en correspondencia con lo que se paga”.

“Según el consumo de que hablemos la tarifa ha subido más del 300 por ciento. Ahora va a haber otro incremente a partir del 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un incremento significativo porque parte de una base muy alta. Ninguna de estas situaciones se puede comparar con Capital Federal”.

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(Por Julio Gambina) El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.

Precios “transparentes”

En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.

Tarifas eléctricas

Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.

Actualización salarial

Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.

Conflicto sindical y social

Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

Entre hoy y mañana el tribunal oral federal realizará el debate de una causa contra una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes en nuestra región. Comandado por Mauricio Gastón Larriaga el grupo contaba con la participación y protección del efectivo de la Policía Bonaerense Luis Martín Prada.

“Se trataba de una banda bien organizada, con gran poder adquisitivo e intervención en una amplia región interprovincial, abarcando la costa atlántica hasta la localidad de Viedma, con centro operativo y de distribución en Bahía Blanca. Se constató gran manipulación de dinero, de autos de alta gama de importante valor económico, otros negocios ilícitos adyacentes como ser el de automotores ‘mellizos’ y manejo a gran escala de estupefacientes”, concluyó el fiscal Antonio Castaño.

La instrucción local arrancó en febrero de 2011 cuando la justicia advirtió que Larriaga “cocinaba” cocaína con pasta base proveniente de Monte Hermoso y precursores químicos locales para abastecer a personas de su confianza quienes luego se encargaban de distribuirla.

A su vez, el Juzgado Federal de Viedma investigaba posibles proveedores a aquella ciudad. En ese marco, la madrugada del 5 al 6 de septiembre de 2014 Larriaga fue detenido en su domicilio de Soler 150 junto a Patricia Weintzettel y al policía Pradas. Se le secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, elementos para su fraccionamiento, rebaje y/o distribución y dinero. Otros dos kilos de coca fueron encontrados en su BMW.

Foto: Evangelina Martínez

Diez días después fueron allanadas las viviendas del resto de sus subordinados en Bahía Blanca y Mar del Plata, requisándoseles más droga, dinero y aparatos electrónicos.

El fiscal Antonio Castaño comprobó que Mauricio Gastón Larriaga comandaba una red de tráfico de estupefacientes apoyado en dos “relaciones amorosas con mujeres de su confianza” -Mariana Loustaunau en Mar del Plata y Patricia Weintzettel en Bahía Blanca- y una red de “punteros” distribuidores en Bahía, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Viedma, Carmen de Patagones y otras localidades. Algunos de ellos eran Marcelo Jonatan Coronado, Cristian Daniel “el chileno” Silva y Fernando Daniel “Piki” Sandoval quienes contaban con respaldo logístico, de transporte y protección de parte de Pradas.

“La mercadería era comprada por el mismo Larriaga en Mar del Plata o en las cercanías de Capital Federal y era transportada a Bahía Blanca (centro operativo de destino y distribución), de manera semanal, y a partir de esta ciudad distribuida por más de diez punteros a la región. Luego, Larriaga realizaba la recolección de las remesas de dinero resultante de la fructífera venta de narcóticos”.

Según el Ministerio Público, Pradas colaboraba en el negocio ilegal en Mar del Plata y además, acompañaba al jefe de la banda valiéndose de su investidura de funcionario policial a fin de “protegerlo” y transportar libremente los estupefacientes.

Las audiencias comenzarán a las 9 en la sede del Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle. La acusación estará a cargo del fiscal general Alejandro Cantaro.

Once testimonios fueron escuchados esta semana en las primeras audiencias del juicio Ejército III tras la feria judicial. El próximo martes 21 a las 15 la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri, completará la prueba testimonial de la Fiscalía y se escucharán testigos de las defensas. También habrá sesión el miércoles 22 desde las 9.

El 17 de febrero comenzará un breve juicio al comisario inspector (r) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Abel Boccalari. El represor estaba incluido entre los imputados del debate en curso pero su proceso fue suspendido. Los jueces Marcos Aguerrido, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Juan Pablo Salas deberán resolver sobre la responsabilidad del ex miembro de la Sección Cuatrerismo local en el secuestro y desaparición de Julio Mussi.

Las audiencias son un antídoto público contra el negacionismo. A Colón 80 de Bahía Blanca pueden ingresar mayores de 18 años con sus DNI y estudiantes desde los 16 con permiso del tribunal. Lee la reseña de las declaraciones del lunes 6 y el martes 7 ACÁ.

Bahiensas Feministas y agrupaciones feministas convocamos a organizaciones y mujeres independientes a sumarse a la asamblea de coordinación del próximo 8 de marzo. Será el miércoles 15 a las 17.30 hs en SUTEBA- Las Heras 361.

Este 8 de marzo las mujeres PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos.

Desde Bahía Blanca, nos sumamos a la Internacional Feminista porque estamos convencidas que las mujeres somos la primera línea de resistencia frente a todas las opresiones impuestas por el patriarcado y el capitalismo y estamos construyendo una ofensiva feminista que actualmente está articulando movimientos de mujeres de más de 30 de países.

#SolidaridadNuestraArma

¿Por qué este 8 de marzo las mujeres paramos?

Históricamente, el 8 de marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres. Hemos llamado a este día “Día de la mujer trabajadora”, porque todas lo somos, por el trabajo asalariado precarizado y mal pago fuera del hogar y el trabajo no reconocido, invisibilizado, impuesto dentro del hogar. Pero en este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

#MujeresEnHuelga

¿Qué denunciamos?

Que los estados nos empobrecen y explotan, y que esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Que la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina llega hasta el 27%. Que, a su vez, no se reconoce el trabajo reproductivo y que las tareas de cuidado no remuneradas impuestas terminan por reproducir la explotación clasista y colonial entre las mismas mujeres.

Que esta situación se agrava con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno, que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor. Los procesos de recesión económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que son quienes garantizan todo aquello donde el Estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda.

Que la desigualdad y falta de autonomía económica nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables aún ante la violencia machista, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

Que en Argentina nos falta una mujer por día, víctima de femicidio.

Que los crímenes de odio hacia las identidades disidentes están invisibilizados.

En Bahía Blanca, hace 12 años, Alejandra Galicio fue asesinada por ser trans. Su caso nunca fue investigado.

Que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el Estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte.

Que los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable.

Que la Iglesia, con complicidad y aval del estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente en la restricción de nuestras libertades y en la opresión de nuestros cuerpos.

Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVONNE GALLARDO, IRINA MONTOYA, DOLORES SANCHEZ, RUTH UTRIERA, DAIANA MENDEZ, SILVANA RIETTI, SOFIA DIAZ, CARMEN FLORES, MARIA LUISA MONTAGNA, VIVIANA AGUILERA, JESSICA ELIAS, LUISA PERALTA, EUDES BAZAN, CLAUDIA GODOY, LEONELA COSTA, STELLA GOTTAU, ALEJANDRA GALICIO, MELINA SAAVEDRA, MARIA SILVA.

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¿Por qué luchamos?

Por los derechos de las mujeres trabajadoras.

Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. No al ajuste. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico. Cupo laboral trans y trabajo genuino.

Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485, con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la erradicación de la violencia y el apoyo de las víctimas. Incremento del número y la calidad de refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Apoyo económico, asesoramiento legal y psicológico gratuito para las víctimas.

Contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Basta de justicia patriarcal. Basta de femicidios. Basta de travesticidios. Basta de violencia institucional. Basta de discriminación y criminalización a nuestras compañeras trans. Respeto y cumplimiento de la ley de identidad de género. Por el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado. Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito.

Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Por un estado y una educación laica y no sexista.

Separación de la iglesia del Estado. Educación laica. Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado.

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios.

Por el reconocimiento del derecho a territorio de los pueblos originarios y retiro de las fuerzas represivas de los territorios ancestrales. No al desalojo de las comunidades originarias. Basta de extractivismo y de favorecer a los capitales antes que al bienestar de la tierra y sus habitantes.

Contra la criminalización de la protesta social.

Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y los protocolos represivos del estado.

Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la de las mujeres de todo el mundo.

#HuelgaDeMujeres #SolidaridadNuestraArma

Evento en Bahía Blanca:https://www.facebook.com/events/266543353760345/
Contacto de prensa: Sofia 291- 156450301. Griselda 291- 154616470
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
#SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike
Twitter: @womensstrike
Página oficial: http://www.parodemujeres.com/
email: [email protected]

(Por Astor Vitali) La premiación fue creada en 1973 con el objetivo de destacar lo que los jurados designados entendían como mejores producciones de aquellas que permanecieron en cartel durante la temporada estival en la ciudad portuaria. Inicialmente se planteó como una herramienta turística pero con el pasar del tiempo las producciones teatrales buscan la estrella como una manera de promocionar su trabajo para el resto del año en Buenos Aires y otras plazas.

Durante la edición 2017, la compañía de teatro El Séptimo Fuego resultó ganadora en la categoría obra marplatense por la obra “Gregorio por Nachman”. El grupo teatral amplificó la voz de una parte importante de la comunidad artística local en ese escenario reclamando la renuncia de la responsable de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, Silvina Rojas, a través de una bandera desplegada y el uso de remeras.

Por otra parte, las autoridades eliminaron la entrega del premio en honor a la memoria del actor desaparecido Carlos Waitz de la ceremonia central. La Delegación Mar del Plata y el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores dirigió una misiva al ente municipal de turismo para poner “en conocimiento el profundo malestar que ha causado” al gremio “que el premio Carlos Waitz, cuyo nombre es en homenaje a nuestro compañero actor detenido desaparecido, siendo el único actor del país secuestrado del escenario en plena función teatral, no se entregue en la ceremonia principal”.

La dirigencia no comprende la decisión “intempestiva e inconsulta, cuando nunca se había dado una circunstancia similar en años anteriores” en los que han entregado el premio en presencia de sus compañeros actores que trabajaron en la temporada Marplatense, durante la ceremonia principal.

A su vez, el documento expresa que “el premio Carlos Waitz es muy importante para nuestro gremio, sobre todo este año teniendo en cuenta que se cumple el cuarenta aniversario de la desaparición de nuestro compañero y que iba a ser otorgado a los integrantes de la comedia municipal que lleva el nombre de otros dos actores desaparecidos: Nachman – Conti, como un gesto de reconocimiento a sus trabajadores en la lucha por su preservación y dignificación, por lo cual este desagradable incidente adquiere una connotación especial en medio de la crisis cultural y de tantas declaraciones negacionistas del terrorismo de estado, y lo sentimos como una profunda ofensa, no solo a nuestra institución, sino a la memoria de nuestros compañeros”.

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Fuera del Teatro Auditorium se llevaron a cabo diferentes protestas. Durante la transmisión oficial a través de la televisión pública llegó a verse, al mismo tiempo que artistas ingresaban por la alfombra roja, a otro grupo de artistas realizando una intervención en la que mostraron la leyenda “fuera Rojas” en su cuerpo. Luego, mientras la premiación se desarrolló, los y las asambleístas en defensa de la cultura pública también expresaron su rechazo a la actual secretaria de Cultura Silvana Rojas.

La funcionaria está cuestionada por la cancelación de diferentes programas durante 2016, el cierre del Teatro Diagonal además de adeudar remuneraciones a trabajadores y trabajadoras de la cultura del sector público.

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(Por José Luis Ares*) I. Los diarios The New York Times y The Washington Post dieron a conocer un supuesto borrador del flamante gobierno para reabrir las cárceles clandestinas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y para revisar los métodos de interrogación a sospechosos de terrorismo.

Ello motivó comentarios en la prensa del Presidente Donald Trump. Dijo que siente que el “submarino mojado” funciona; que la lucha contra el terrorismo es fuego contra fuego, dado que el Estado Islámico está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales. Agregó que la decisión final la tendrán el Secretario de Defensa y el Director de la CIA, y que quiere hacer todo lo que está autorizado a hacer legalmente.

Una orden ejecutiva del Presidente George W. Bush (dejada sin efecto luego por Barack Obama) había autorizado técnicas que llamaron de “interrogatorio mejorado”.

El “submarino mojado” (waterbording) consiste en colocar al individuo en una tabla inclinada con las piernas por encima de su cabeza, colocando un paño en su cara y vertiendo agua continuamente sobre la tela para evitar que respire. La CIA lo ha llamado una “técnica profesional de interrogatorio” y tiene la ventaja de no dejar marcas visibles en el interrogado.

II. La afirmación de que ese siniestro procedimiento sirve para obtener información ha sido contradicha por numerosas personas que incluso no tienen pruritos éticos. Así, un antiguo funcionario de la CIA, Bob Baer, ha sostenido que el resultado de un interrogatorio con esa técnica no es fiable ya que la persona está dispuesta a dar cualquier tipo de información, aunque no sea cierta con tal de que el suplicio acabe. Este aserto no es muy original ya que en el siglo 18 el Marqués de Beccaria decía -en cuanto al uso de la tortura para conseguir confesiones- que el inocente sensible se declarará culpable si cree hacer cesar con ello el tormento; es un medio seguro para absolver a los criminales robustos y condenar a los inocentes débiles.

III. Pero aun cuando sirviera, habría que establecer si es legal, a estar a los dichos del novel presidente de Estados Unidos.

La Constitución de ese país prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma y también proscribe todo castigo cruel e inusitado (enmiendas V y VIII).

Estados Unidos suscribió la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, 1984), que establece que es tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener información, una confesión o castigarla, intimidarla o coaccionarla, y sea infligido por un funcionario público.

Resulta curioso que algunos solo invoquen la constitución cuando conviene a su ideología, como ocurre con la disposición que consagra el derecho del pueblo norteamericano a tener y portar armas.

Claramente, la técnica conocida como “submarino mojado” constituye un acto de tortura y como tal se encuentra prohibida por la normativa vigente en el gran país del norte, a pesar de que se diga que se trata de una técnica de interrogación. Por más que el Presidente Trump hable de “hechos alternativos” para ocultar o deformar la verdad, algo es lo que es sin importar como se lo denomine, por aquello del llamado “fraude de etiquetas”.

IV. En nuestro país, en los albores del gobierno patrio, la Asamblea del año XIII prohibió la aplicación de tormentos para la investigación de crímenes y mandó que los instrumentos sean inutilizados en la Plaza Mayor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que darle valor a una confesión prestada bajo apremios de la policía implica violación al art. 18 de la Constitución Nacional que prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma, y que el Estado no puede ser beneficiaria de un hecho ilícito, no pudiéndose dar valor al resultado del delito y apoyar sobre él una sentencia judicial (caso “Montenegro” de 1981).

A riesgo de ser tildado de idealista e ingenuo, no puedo menos que añorar y traer a colación la conducta de un funcionario ejemplar de la democracia. Cuando se había detenido a un sospechoso que podía tener información sobre el paradero del prominente político Aldo Moro, secuestrado por terroristas, un subordinado sugirió al jefe de los Carabineros someterlo a apremios. La respuesta del General Carlo Alberto dalla Chiesa (luego asesinado por la mafia) fue memorable: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.

Más allá de las claudicaciones éticas y de las transgresiones legales que implican pensar en esas técnicas de torturas a detenidos, también intranquiliza darse cuenta que líderes de la mayor potencia del mundo crean necesario recurrir a esas deleznables y anacrónicas prácticas, y con todos sus recursos tecnológicos sean ineficientes, mostrándose impotentes ante el terrorismo transnacional.

(*) Juez en lo Correccional. Profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.

(Por Francisco J. Cantamutto) Cerró el primer año de gobierno de Cambiemos, y las previsiones que hiciéramos resultaron acertadas: el rumbo elegido es el del ajuste y las reformas regresivas. El sesgo social del gobierno no admite demasiadas dudas, al menos en sus rasgos generales: abundan los datos sobre el aumento de la pobreza y el desempleo, la caída del salario real, de las asignaciones sociales y jubilaciones, pues todas aumentaron por detrás de una inflación desbocada. El efecto sectorial dio por principales beneficiarios del nuevo esquema a las fracciones ligadas al procesamiento de recursos naturales y las financieras. Sobre esto, el balance ha sido claro.

Tras ese año, agotándose ya el efecto del relato de la herencia, Macri realizó algunos cambios de gabinete. El más resonado, fue el reemplazo de Prat Gay por la dupla Dujovne-Caputo. Para el segundo, se trató de una promoción para poder ejecutar su rol de tomador compulsivo de deuda sin ataduras. Para el primero fue una sorpresa, en la cual su carácter de casi ignoto ayuda a subordinarse a los requerimientos del presidente –además de aportar vínculos personales con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. El programa parece simple, pero no lo es: debe ajustar… en año electoral. La clave para congeniar parece estar en ajuste, deuda y obra pública.

Sin embargo, las inconsistencias del ajuste, que se promueve como racional, incluso como “con rostro humano”, provocaron renuncias masivas en el ministerio de Salud. El secretario de Obra Pública, Daniel Chaín, un histórico del PRO, fue desplazado por no lograr reanimar el sector de sus competencias, aun de muy tibia performance. Isella Costantini se debió ir por no lograr mayor ajuste en la aerolínea de bandera, que abriera el mercado a las aerolíneas de bajo costo. En la misma línea se puede interpretar el reemplazo de Melconian por González Fraga en el Banco Nación: en primer lugar, anular las aspiraciones personales y consolidar así la subordinación total al mandato del “equipo chico” del PRO; en segundo lugar, castigar su permisividad con la paritaria de bancarios. Pero en tercer lugar está también el hecho de que Melconian –un histórico defensor del endeudamiento- cuestionó que el gobierno estuviera colocando demasiada deuda en el banco que le tocaba administrar, superando los niveles técnicamente sostenibles. El pecado de soberbia por cuestionar el modelo fue castigado. González Fraga, quien desde las tribunas festejó el ajuste social, asume con la idea de lanzar créditos productivos e hipotecarios destinados a los sectores más acomodados (la propuesta que lanzó apenas asumió permite acceder a créditos solo al 10% de la población).

Y el programa para 2017 comenzó a ejecutarse, entonces, sin pausas.

Dujovne, tal como predicó desde su tribuna en los medios, llegó con la idea fija del ajuste fiscal, raíz de todos los males según su mirada. Según destacó de primera fuente La Nación –donde el devenido ministro publicaba sus columnas- el recorte tiene tres ejes. El primero es la reducción de secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos a través de su fusión, buscando funciones duplicadas entre ministerios. No es llamativo que, entre los más de 20 ministerios de Macri, busque estas duplicaciones en Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y ANSES. Según sus cálculos, se ahorrarían así $65.000 millones, equivalentes a un 0,8% del PBI. Llamativamente, pretenden asegurar que esto no significará recortes de planes de esos ministerios.

El segundo eje por el que pasa el recorte es conocido ya: se trata de los subsidios a la energía y el transporte. Aunque el ritmo de reducción no es claro, el sentido sí lo es: ahorrar cerca de 3% del PBI por la vía de subas de tarifas. Esas subas componen el tarifazo, que fue un factor de conflicto relevante en 2016. En estos meses vinieron sustanciales subas de la electricidad –junto a discursos de Aranguren sobre cómo ahorrar energía-, a las que se sumará en abril un nuevo aumento del precio del gas en boca de pozo. Esto incrementará no solo las tarifas de gas, sino también las de electricidad. Ambos incrementos impactan sobre el conjunto de la producción, a los que se adiciona la suba de los combustibles. Un cóctel que erosiona los salarios reales sin necesidad de ajuste nominal.

Justamente, un eje no declarado es el ajuste inflacionario, que Cambiemos tanto criticó del gobierno anterior. Con una inflación total bien por encima del 40% y paritarias muy por debajo, el gobierno logró una ajuste importante. La paritaria bancaria, que había roto el techo, fue objetada por el ministro de Trabajo Triaca, pero recientemente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gobierno pretende que las negociaciones paritarias actuales –en especial, con docentes- cierren por debajo del 20% este año. Según sus previsiones, la inflación de 2017 se ubicará en torno al 18%, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indica que todos los analistas esperan un número mayor.

En cualquier caso, la pretensión del gobierno es cerrar omitiendo el ajuste que ya ocurrió: el de 2016. Al mismo tiempo, busca incorporar en las negociaciones la flexibilización por diversas vías, como atestigua el acuerdo con petroleros, que crea una nueva rama para hidrocarburos no convencionales con otras condiciones que sus pares. El gobierno probablemente evite pasar la flexibilización por el Congreso antes de las elecciones, y la introduzca por esta vía alterna. Aquí se expresaran los pedidos empresariales por contratos por tarea, y aumento de la carga de aportes por parte de los propios trabajadores.

El tercer eje de Dujovne es el ajuste en las 53 empresas públicas, que acusan según la cuenta oficial un déficit de $50.000 millones, lo que representa alrededor de un 0,6% del PBI. YPF, Aerolíneas, Correos, ENARSA, AySA, Canal 7, Radio Nacional y Télam son algunas de las que tiene enfocadas para avanzar. El esquema de ajustes aquí puede pasar por privatizaciones parciales, vaciamiento, o la temible iniciativa público-privada, aprobada como ley el año pasado. Ya se están sentando las bases para una nueva reforma del sistema jubilatorio, habilitando nuevamente la participación privada en un mercado creado a tal efecto.

Con este ajuste en mente, el gobierno espera poder eliminar algunos impuestos, tal como demandan diversos empresarios. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de reanimar la obra pública, a sabiendas que es año electoral.

Sin embargo, las cuentas aún no cierran. El blanqueo del 2016 implicó una recaudación de $82.000 millones, que contuvo parcialmente el déficit, y dio cierto aire para continuar el ajuste estructural sin que el efecto sea notable velozmente. La gran excusa del sospechoso blanqueo, la “reparación histórica” atrajo a apenas 300.000 jubilados de 2,4 millones que podían optar por él.

La otra fuente de contención es la toma masiva de deuda. El plan declarado para este año es la toma de deuda por 40.350 millones de dólares, que se utilizarán en mitades para cubrir el déficit y pagos de deuda pasada. Solo en enero, Caputo ya emitió 17.036 millones de dólares, el equivalente al 42,2% de lo necesario para pasar el año. Dos quintas partes de esa emisión vencen en seis meses o menos: plazos extremadamente cortos. El gobierno está apurado por colocar deuda antes que el efecto Trump siga encareciendo las tasas de interés globales.

La entrada masiva de deuda ha incrementado las reservas –Sturzenegger ya está buscando dónde colocarlas a interés- y también sostenido el tipo de cambio. Comenzando febrero, el dólar ha bajado de los $16, a pesar de que el presupuesto estima que se ubicará en torno a los $18. Mantener el dólar bajo durante un tiempo más permitirá sostener el impulso a la importación de bienes de consumo, fomentando así un bienestar pasajero. Es probable que la devaluación llegue con las elecciones, preferentemente luego de ellas.

Para tentar al capital especulativo, Dujovne colaboró eliminando los plazos mínimos de permanencia en el país, que eran de 120 días. Altas tasas de interés y dólar planchado son una gran oportunidad de negocios financieros.

La combinación de ajuste, deuda y obra pública parece que será la clave de este 2017 que recién empieza.