(Por Astor Vitali) El debate sobre las tarifas que se dio ayer en el senado argentino tuvo como eje la pre construcción del escenario electoral 2019. Se sabía de antemano que esa ley tendría poco vuelo ya que sería vetada. Con ello, nadie estaba discutiendo qué ocurriría concretamente con las tarifas para mañana, cuando vos tengas que ir a pagar las boletas.

La (i) responsabilidad del veto es enteramente del presidente Mauricio Macri. Está dicho por la Corte –además del sentido común- que los aumentos de tarifas no pueden superar el índice de aumento salarial nominal. Y digo aumento nominal porque el valor real de los salarios no sólo no ha aumentado sino que disminuyó.

Dicho esto, también es menester recalcar que nadie estaba discutiendo ni accionando desde el poder legislativo para frenar concretamente el efecto atroz que tiene el tarifazo sobre la economía de la población asalariada y de los sectores excluidos.

Lo que se termina negociando entre votos, senadores que se levantan o se sientan, charlas telefónicas entre gobernadores y funcionarios, veto o no veto es una pulseada para ver quién puede posicionarse mejor frente a las cámaras.

En este escenario, es destacable la capacidad del macrismo de reflotar la idea de la pesada herencia y aducir que esto debe hacerse porque “hay que pagar lo que la energía vale” y “había un desastre que no fue anunciado desde el comienzo”. En todo caso el error habría sido “no anunciarlo de entrada”, debido al mal consejo de las huestes gradualistas.

Los medios masivos reproducen esto sin mayor convicción. Pero aun así les ha servido para construir las defensas oficialistas en medios y en legislatura.

En términos concretos, estos argumentos son fácilmente rebatibles dado que el precio de la energía no es un tema conveniente para quienes quieren subir las tarifas. Por eso ocultan los estudios de costos ya que, si se publicaran, deberían reconocer que lejos de una situación desastrosa para las empresas generadoras y distribuidoras, éstas han sido y son beneficiarias de enormes ganancias por el pago de precios mayores que en países. Ni que hablar del aumento de costos fijos.

Lo que ocurre es que nadie en los estamentos de poder y/o representación está dispuesto a discutir nada en serio. Y en parte esto es porque nadie quiere dar el debate de fondo que es ni más ni menos el problema de cómo se produce energía, para quién y con quién. El modelo energético no está puesto en discusión por ninguna fuerza política con representación parlamentaria y capacidad de mover el amperímetro.

Lo de ayer fue un espectáculo desagradable de pocos protagonistas. Pero además un espectáculo donde los intereses del público no importan. Porque da lo mismo el resultado, total hay una audiencia desvelada para ver cómo diablos hace para pagar la tarifa. La tarifa es obligatoria.

En otras palabras, si la mayoría del pueblo tiene por voluntad rechazar de plano el aumento de tarifas -y esto es constatable-, el veto presidencial es una medida contra el pueblo que debería representar un presidente. Se supone que ante esto todas las organizaciones se expresarán, ya que se habla de un gobierno de origen popular que ha dado la espalda a su ciudadanía. Esto se llama mal gobierno y da derecho al pueblo a tomar medidas de rechazo y en defensa propia.

Los representantes del pueblo representaron sus intereses de especulación partidaria y el representante máximo en un sistema presidentalista representó los intereses del FMI.

En otras palabras, la representación del pueblo argentino está vacante.

Integrantes de la Cooperativa Apícola Pampero (CAP), Camila Buscaglia y Facundo Baglioni, estuvieron en FM De la Calle conversando sobre su labor en la cooperativa de trabajo conformada en 2012 y asociada a la cámara de productores apícolas del sudeste bonaerense. Los productos se consiguen actualmente en la Cooperativa Obrera, alugnas dietéticas, y en Diarco.

Baglioni, quien forma parte del equipo de gestión de la cooperativa y la comisión de industrialización, comentó que la cooperativa surge por la “filosofía de agruparse para lograr un objetivo. Los técnicos habían descubierto la fórmula para un producto sanitario de la colmena (acaricida que no deja residuos en la miel y no afecta la vida de las abejas) y se conformaron así para continuar con el trabajo mancomunado”.

Respecto al acaricida orgánico ‘Aluen CAP’ se trata de un invento patentado en Argentina con licencia ya otorgada en Rusia y pedida en varios países más. Buscaglia (del área de diseño gráfico, parte de la comisión de consignación y de gestión de la cooperativa) dijo: “que sea de industria argentina es de suma importancia, la idea es poder conservarlo acá y que se exporte a otros lugares”. Además remarcó que el producto “tiene más del 95% de efectividad en cualquier clima: hay que valorar que fue descubierto en Bahía Blanca”.

Cabe destacar que lxs apicultores forman grupos en cada una de sus localidades, “se reúnen, comparten sus experiencias y tienen un asesor técnico que los acompañe. La Cámara Apícola Pampero asesora aproximadamente a veinte cooperativas. […] Eso asegura un funcionamiento colectivo en la Cámara”.

Lxs integpamperorantes de la cooperativa aseguraron que “la actividad apícola es muy amplia y hay muchas tareas todo el año –especialmente en primavera-verano–. […] La idea es poder generar una apicultura autosustentable, […] lograr obtener miel libre de sintéticos”. Los precios de los productos se proponen en asamblea y luego son elevados a la asamblea de la Cámara para que también los aprueben.

El recambio generacional es un “grave problema porque la mayoría de los apicultores de la Cámara son grandes, de tradición familiar, enojados con la apicultura por ser un sector bastante bastardeado. Nosotros apostamos a generar más interés en la apicultura y aumentar el consumo de la miel, que tiene un índice bastante bajo en la Argentina mientras que a nivel mundial es un producto muy valioso”, afirmó Buscaglia.

Hace dos años llevan adelante charlas escolares en escuelas sobre apicultura y miel: “Dieron muchos resultados positivos; el cambio cultural es necesario hacerlo y tiene que venir acompañado de políticas públicas que favorezcan al sector, y restrinja el uso de agroquímicos”.

Baglioni aclaró que “el uso de agrotóxicos afecta a la apicultura directamente. No pueden convivir las colmenas en un campo que es fumigado con algún herbicida, fungicida o plaguicida, porque las abejas mueren y la miel se contamina. Argentina tiene un grave problema con el uso de agrotóxicos porque está muy poco regulado”.

Después de meses sin ser llamados por el gobierno de María Eugenia Vidal a discutir paritarias, lxs profesionales de la salud provincial decidieron recurrir a la justicia. Fernando Corsiglia, presidente de CICOP, aseguró a FM De la Calle que “es lamentable, va terminando el quinto mes del año y no tuvimos una reunión”.

“Lo que hemos decidido es en primer lugar, mandarle una carta documento que está saliendo en el día de hoy, al Ministro de Trabajo para que convoque a la paritaria obligándolo a que en un plazo de 72 horas esto ocurra y, luego, sí haremos la presentación judicial. La verdad, no es nuestra intención judicializar algo que el gobierno debiera estar permitiendo desde hace bastante tiempo”.

Expresó que “el 10 de mayo, luego de medida de fuerza y movilización que llevamos adelante trabajadores judiciales, ATE y algunos gremios docentes, nos convocaron a una reunión informal donde estuvieron presentes los vice ministros de Trabajo y de Economía”.

“Planteamos lo que planteamos habitualmente: la situación de salud, las condiciones en las que se trabaja, la situación salarial que es grave en esta dificultad para conseguir personal y, la imperiosa necesidad de tener una convocatoria. Pero no solo una convocatoria, sino propuesta salarial que se emparente con mejorar en serio las condiciones salariales de los profesionales de la salud”, aseguró.

El Concejo Deliberante analizará este jueves la rendición de cuentas municipal del 2017. Desde Integración Ciudadana “desaprobaron” los números y aseguraron que ponen en evidencia “un estilo de gobierno”.

“La rendición de cuentas es una apreciación de carácter político, sobre el cumplimiento de las metas y los compromisos presupuestarios que se asumen al momento de su aprobación y que, naturalmente deben ser evaluados desde ese ángulo por los concejales. El aporte que nosotros estamos haciendo es para mostrar grandes contradicciones en sus resultados y, fundamentalmente, el tema del estacionamiento medido aparece en el año 2017 donde queda en evidencia muy clara, las deficiencias que han existido en materia de gestión”, dijo Raúl Woscoff.

Uno de los puntos cuestionados por la agrupación es la rescisión del contrato de estacionamiento medido y pago en el marco de la cual “se abonaron sumas al concesionario cuando, de mediar causas justas para romper el vínculo contractual, no habría necesidad para ello. Por otra parte las deficiencias de implementación con el nuevo concesionario generaron incumplimiento en recursos afectados para instituciones, como también falta de percepción de multas a los infractores de las normas del estacionamiento”.

“Debe tenerse en claro que la SAPEM TRANSPORTE actúa por delegación del Intendente y ante las deficiencias de gestión de la primera, el segundo debió avocarse para evitar las distorsiones en la gestión. No debe olvidarse que el Tribunal de Cuentas ya ha tomado intervención en este tema con el fin de evaluar la aludida conducta. La coherencia impone que quienes desde el Concejo Deliberante se presentaran ante el organismo de contralor renueven su cuestionamiento”.

Por otra parte, afirmó Woscoff, la información necesaria para explicar y eventualmente justificar lo actuado, en general, de las gestiones desarrolladas por ambas SAPEM,  no ha tomado estado público,  pues no se encuentran publicados los balances y documentación relevante de las mismas,  siendo obligatorio hacerlo de conformidad con la Ordenanza de Gobierno Abierto, impidiendo el control de las gestiones.

El ex concejal manifestó que el municipio realizó una compra a la Cooperativa 11 de Mayo “de casi 800 mil pesos en kilos de carne que aparecían con valores que no son compatibles con los valores de mercado existentes. Esas son dos partidas que aparecen con órdenes de compra que, en su momento fueron cuestionadas durante el 2017, en carnes y en pollos porque no correspondían a los valores de plaza. Lo que revela que alguien a lo mejor no compró del todo bien”.

Finalmente, el dirigente se refirió al sueldo del intendente y opinó que “es llamativo porque si hay una obligación legal para liquidarlo el tema es si esa misma obligación está para percibirlo. Yo creo que ahí éticamente hay una cuestión, por supuesto podemos disentir, no sólo con el beneficiario sino con muchos otros que si a lo mejor corresponde liquidarlo en esa forma hay que percibirlo íntegramente”.

“Pero es evidente que, en situaciones de grave distorsión en materia de ingresos en contra de los sectores más vulnerables, uno se pregunta si ya no es el momento de generar una suerte de fondo con parte de los ingresos, no solo de él sino de otros funcionarios políticos que tenga un destino justamente para emergencias sociales graves“, aseguró.

Entre el 25 y el 27 de Mayo sesionó la asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) en Radio Sur FM 88.3, emisora ubicada en el barrio de Parque Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el corazón del barrio “Monteagudo”, un complejo de viviendas construido de manera cooperativa por el Movimiento Territorial Liberación (MTL) mediante la Ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Autogestión de Vivienda, ejemplo de política pública para dar solución al déficit habitacional y combatir la especulación inmobiliaria.
En el transcurso de la asamblea, recibimos en distintos momentos la visita de compañerxs de América Profunda[1], RICCAP[2], Damián Loreti[3] y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con quienes intercambiamos sobre temas vinculados a la realidad de las radios comunitarias y el derecho a la comunicación, en un contexto de persecución a comunicadores y comunicadoras populares y de concentración del sector, propiciado desde políticas públicas de ajuste, aumento de tarifas, regulación en favor de sectores concentrados y trabas a la hora de acceder a fondos públicos destinados por ley al fomento del sector.
Reafirmamos la pelea por los derechos consagrados en la Ley 26.522 y la necesidad de seguir luchando por democratizar las comunicaciones en nuestro país y América Latina. En este sentido manifestamos nuestra preocupación a partir de conocer el proyecto de ley denominado “Ley Corta” de telecomunicaciones, remarcando el incumplimiento del Gobierno Nacional del compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de generar una ley que garantice el derecho a la comunicación y la pluralidad luego de amputar por vía decretos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Ante la preocupación que nos generan las reuniones que se vienen llevando adelante bajo el marco de la Cumbre del G20, manifestamos nuestro rechazo a la realización de las mismas en nuestro país, a las temáticas y abordajes que allí se van a presentar y explicitamos nuestra decisión política de contrainformación en los meses de noviembre y diciembre en el marco del foro de presidentes.
Resaltamos también el trabajo que venimos realizando con respecto a la desigualdad de género, definiendo instancias y abordajes desde la comunicación popular, alternativa y comunitaria. En este sentido nos expresamos a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
También conversamos sobre el agravamiento de la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires y en particular la que sufren vecinos y vecinas de los barrios populares, con el compromiso de dar difusión a todos estos casos dando voz a los testimonios de las víctimas y sus familias, tantas veces ignoradas por el periodismo hegemónico. Por ello decimos: Basta de represión estatal/violencia institucional, fuera la policía de nuestros barrios, Control popular a las fuerzas de seguridad.
Agradecemos a lxs compañerxs del MTL por ponerse a disposición para la realización de esta asamblea.
¡Sin medios comunitarios no hay democracia!
Buenos Aires, 27 de Mayo de 2018
[1] Productora comunitaria de contenidos radiofónicos, creadora del sitio Radio x Radio
[2] Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa http://www.riccap.org/es/
[3] Abogado y Doctor en Ciencias de la Información, vicepresidente de AMARC Internacional

El abogado de la familia de Ángel Almada en la causa que investiga la muerte del joven violinista de Ingeniero White, Leandro Aparicio, dijo a FM De la Calle que en la investigación “hubo algunas pericias muy rantifusas, para decirlo en lunfardo, pero de hecho hay causas conexas donde hay imputados comisarios, ex-delegados, que obviamente uno no puede soslayarlas y que tienen relación a un encubrimiento que se ha realizado, y nadie va a hacer eso por un suicidio”.

“En esto ha trabajado mucho la familia y la gente amiga y la gente que a pesar de tener algún miedo ha declarado. Esta causa ha avanzado por el impulso que le ha dado la querella y se combina un poco la inmovilidad, como pasa ahora que hace tres meses que no tiene ningún tipo de movimiento desde que le llego al señor este fiscal”, manifestó en relación a Jorge Viego.

En cuanto a la causa que investiga el posible encubrimiento del caso, Aparicio explicó que “una vez que pueda ver lo que han declarado, veremos si nos sirve para la causa principal”.

“Estamos pendientes de las pruebas que hemos pedido anteriormente y que no van a llevar a acreditar los autores materiales para nosotros del homicidio de Ángel. Hasta que esas personas no sean halladas o no declaren la causa sigue en un limbo”, aseguró.

Los organismos de derechos humanos nacionales presentaron ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo. La causa tiene como imputado a un ex-integrantes del ERP.

El periodista y diputado santafesino Carlos del Frade, quien investigó el caso, dijo a FM De la Calle que “en julio de 1974, se produce un intento de copamiento de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, por un célula del Ejército Revolucionario del Pueblo. Como consecuencia del intento de ese copamiento, que no se lleva adelante, es secuestrado el entonces capitán del Ejército Argentino, Argentino Del Valle Larrabure”.

“A partir de ese momento, se dan negociaciones con el Ejército Argentino, y el Ejército se olvida de Larrabure, no quiere saber absolutamente nada con él. Cuando Larrabure se entera de esto se suicida en julio del año 1975, en un lugar donde estaba detenido acá en la zona sur de la ciudad de Rosario y luego su cadáver es encontrado en agosto de ese año, 1975”.

Del Frade comentó respecto a la causa judicial que “hasta muy entrada la década del ’80 en ningún momento se habla del asesinato de Larrabure. El mismo día que se está practicando la autopsia, en donde se habla entre otras cosas de ese potencial suicido y nunca se habla de asesinato, ya en Buenos Aires el juez federal Niklison declara que se trato de un asesinato después de torturas y de haberlo mal alimentado, al entonces capitán del ejército”.

“Por eso la reapertura del caso Larrabure no es solamente la reivindicación de la teoría de los dos demonios, sino que es la justificación hoy, en el presente, de aquellos que pusieron el cuerpo para defender a los titiriteros de los que realmente hicieron el golpe, que son los integrantes poder económico que gobiernan la Argentina a través de sus propios gerentes. Esto es lo más atroz, esto apunta directamente al presente y es lo que se quiere hacer incluso ahora con la idea de meter al Ejército en asuntos internos. Una fenomenal vuelta al pasado, un enorme retroceso y a eso le sirve la reapertura de la causa Larrabure”, aseguró.

El ex integrante del Coro Estable y de la Unión de Músicxs del Sur fue sentenciado este mediodía a 8 años de prisión por abusar de una menor. La secretaria de la UMSur, Irene Abreu participó de las audiencias la semana pasada y se refirió al respecto en FM De la Calle.

Sobre el juicio manifestó que “fue muy duro porque se pone mucha impotencia, frustración y sensibilidad en juego […] El comentario entre todos y todas es que se revictimiza a la persona que sufre el abuso. […] Es clarísimo lo inserto que esta en una cultura machista la responsabilización de la víctima donde es incuestionable, el abuso se cometió y esa persona tiene que pagar por el delito”.

Abreu habló de ‘revictimización de la víctima’ por determinadas preguntas que el defensor de Robaina, Avellaneda, le realizó a integrantes de la familia de la víctima. Si bien el tribunal “marcó escasos límites, fue inteligente la actuación de la fiscalía porque hizo énfasis en las pruebas”.

Robaina además de atleta era integrante de la UMSur, y participaba de varios espacios. Abreu aseguró que desde el gremio de músicxs lo tomaron como “un proceso lamentablemente extenso, profundamente doloroso, pero lo llevamos sin dudas. Respetamos los plazos de las víctimas involucradas, tiempos de denuncias, considerando que no se puede ser tibio en ese tipo de situaciones.

A través de una resolución emitida por la cúpula de la Gendarmería Nacional y publicada en el Boletín Oficial, se dio a conocer la decisión de permitirle a los efectivos de esa fuerza usar sus armas de fuego personales durante sus actos de servicio argumentando falta de recursos para garantizarles sus armas de dotación.

Desde la Red Argentina para el Desarme (R.A.D), emitieron un comunicado en el que sostienen que la resolución “va a contramano de las discusiones actuales a nivel internacional sobre la regulación de las armas de dotación. El sentido tomado por los países desarrollados en esta materia es el de regular y limitar el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad por fuera de su horario de servicio. Esta tendencia responde a un diagnóstico que muestra que la utilización de las armas de dotación por fuera del servicio aumenta los abusos policiales y los riesgos letales tanto de la ciudadanía en general como de los propios agentes o de su grupo familiar.”

En diálogo con FM De la Calle, el abogado integrante del Instituto Nacional en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la R.A.D, Julián Alfie, sostuvo que “nosotros desde la Red para el Desarme, impulsamos el control de armas de fuego en cualquier ámbito, entendiendo que el arma de por sí como instrumento es un riesgo”.

“En enero del 2016, sale el decreto por el cual se declara la emergencia en seguridad y, a partir de ese momento empezó un proceso de autonomización policial y de desgobierno político de la fuerza que, esto no es más que un reflejo de esa decisión, es decir, ya que la decisión la esté tomando la propia gendarmería y no el Ministerio de Seguridad, es toda una señal del desgobierno en el que están las fuerzas”, aseguró.

Una resolución del Ministerrio de Educación redujo los alcances de los títulos de 37 carreras universitarias. Alba Picardi, titular del Colegio de Psicólogxs de nuestra ciudad, comentó que “sorprendió fue que no hubiese una comunicación previa”.

“Tal vez si esto se hubiese podido hablar con los colegios profesionales previo a la publicación, no porque las universidades no tengan la facultad de determinar esto, sí la tienen, y la tienen por ley. Pero hubiera facilitado y no hubiera generado tanta confusión”.

“En principio lo que vemos, y tomando en cuenta también las declaraciones que han sacado las universidades y facultades de psicología respecto de la resolución, veíamos que fue un cambio que tuvo que ver con organizar las actividades reservadas a título y que no debería modificar los alcances que tiene el título. Es decir, modifica de 16 actividades que estaban reservadas al título las lleva a 5, pero aparentemente son 5 amplias”, agregó.

“Por lo que vamos entendiendo del análisis que estamos haciendo, esto tiene que ver en parte con reorganizar aquellas funciones de cada profesión que en el artículo 43 están englobadas las profesiones que tienen de alguna manera algún riesgo que puede comprometer, por el potencial riesgo que tiene el ejercicio, algún bien de la población o la comunidad. Y lo que hicieron fue reorganizar estás actividades puntuales y las que requieran alguna mirada o tutelaje del Estado por el riesgo que implican”.

Consultada sobre si estas modificaciones tienen injerencia en quienes se reciben de ahora en más o contempla a todas las personas que ejerzan alguna de las carreras mencionadas en la resolución, sostuvo que “es vigente para todos, no sólo para lo que se reciben de aquí en más, porque tiene que ver con el alcance de los títulos de licenciado en psicología y psicólogo, con lo cual alcanza a todos los que estamos en la actividad”.

La maternidad es un conjunto de fenómenos de una gran complejidad. El feminismo y el movimiento de mujeres buscaron durante muchos años correr este rol social de la estructura patriarcal, donde lo femenino y lo maternal parecieran coincidir por completo, augurando a todas las mujeres el destino de concebir, gestar, parir, amamantar y criar.

De esta manera, las mujeres organizadas, pusieron en el centro de la escena la acción necesaria de ELEGIR. Elegir ser madres o no serlo. En caso de optar por la maternidad: elegir cómo concebir, cómo gestar y parir y elegir cómo y hasta cuándo amamantar y criar.

Del 14 al 20 de mayo  se desarrolló a nivel mundial la Semana del Parto Respetado. FM De la Calle dialogó con referentes locales que este año trabajaron bajo el lema: “Menos intervención, más cuidado”.

Sergio Mendoza, jefe de la Unidad de Obstetricia del Hospital Interzonal José Penna, planteó que a pesar que lxs profesionales fueron formados para la intervención, “se ve qué importancia tiene no interferir en la evolución del trabajo de parto para que sea de la manera más natural posible. Cuando el parto evoluciona espontáneamente las complicaciones son menores”.

En 2015 se aprobó la Ley de Parto Humanizado (25.929) que promueve derechos tanto para las mujeres madres como para las niñas/os nacidos. En nuestra ciudad, ese mismo año, el Concejo Deliberante creó el Programa Municipal para la Promoción del Parto y el Nacimiento Respetado.

Respecto a las condiciones del sistema de salud pública Mendoza comentó que hay muchas cosas que se pueden hacer para promover el parto respetado pero que la primera dificultad que se encuentra es que el hospital está hecho para otra época. Sin embargo, recalcó que aún en estas condiciones “la gente viene más al hospital que a los lugares privados y eso es un logro. En Bahía Blanca tenemos uno de los cursos de preparación integral para la maternidad más completos”.

Un sector del activismo feminista problematiza la idea de “parto respetado” para no olvidar el cuidado de la mujer en los momentos pre y posparto. Aleida Ríos es enfermera e integrante del Círculo de Mujeres y destacó la necesidad de respetar los tiempos, la forma, la elección de la medicación y el nivel de información que reciben las mujeres que eligen ser madres.

Para Aleida es fundamental “no convertir el parto en un sufrimiento. Me parece que la formación de los médicos, de las enfermeras, de los y las obstetras tiene que estar atravesado por una perspectiva de género. Porque ahí los profesionales entenderíamos muchas cuestiones. Y estamos viendo que es muy sutil el cambio todavía el hecho de posicionar a la mujer como sujeta de derecho. Lo que no quita que los equipos de salud trabajen muy bien, en el ámbito público, tal vez porque está mas vigilado; en el ámbito privado es distinto, en Bahía Blanca por ejemplo el nivel de cesáreas es muy alto”.  Ríos recomendó además no patologizar y no infantilizar el cuerpo de las mujeres.

 Por su parte el Consejo Local de las Mujeres (CLM) de Bahía Blanca trabaja en una mesa de coordinación para la prevención y erradicación de la violencia obstétrica en conjunto con la Dirección de Políticas de  Género, la Dirección del Hospital Penna y la Secretaría de Salud del municipio. Para Maggie Itten, integrante del CLM, la violencia obstétrica está muy invisibilizada, por lo tanto, el objetivo es “revertir esto y que sea la mujer la protagonista de sus decisiones y no el equipo médico”. La difusión de información es el principal objetivo.

A tres años de la aparición sin vida de Kathy, la familia convoca este miércoles a marchar en Monte Hermoso para pedir justicia por el femicidio. Wanda Banegas, prima de Kathy, comentó en FM De la Calle cómo sigue la causa. “Seguimos con los asesinos acá sueltos, estamos viviendo con ellos”.

Mañana a las 18 horas se concentran en la Plaza Fonavi de Monte Hermoso “donde Kathy pasaba muchísimo tiempo. Vamos a hacer una marcha y luego un encendido de velas” como se hizo en años anteriores. También van a presentar al recientemente conformado grupo de tamboras del lugar y estarán acompañas por el grupo bahiense DesBandadas.

Respecto a la causa explicó que Del Cero ya no es el fiscal, “es lo que veníamos pidiendo pero la causa está en legajo reservado y no nos dicen nada. […] Si no hay novedades en estos meses, vamos a ir a Bahía Blanca a hacer una marcha y trataremos de que nos den una reunión con el Fiscal General”. Sin embargo, antes de que fuera desplazado pidió el apartamiento del abogado de la familia, Leandro Aparicio; al respecto Banegas expresó: “nos enteramos ahora que Del Cero no solo dejó la causa sin hacer nada, dormida en un cajón, también pidió que sacaran a nuestro abogado”.

La familia de Kathy no tiene expectativas que del juicio de la pueblada (entre el 28 y 31 de mayo) surja algún dato que colabore en la causa por femicidio, y Banegas aseguró “acá está metido alguien poderoso porque esto ya se tendría que haber sabido. Estamos cada vez más seguros y se confirma más nuestra sospecha de quién pudo actuar en el femicidio de Katherine”.

Marco Teruggi, cronista de Telesur y autor de ‘Lo que Chávez sembró’ (ed. Sudestada), analizó en FM De la Calle el resultado de las elecciones en la república bolivariana de Venezuela. “¿Qué se ganó? Se ganó renovar el poder político, mantenerse en el gobierno y desde ahí abordar con urgencia los problemas apremiantes que hay sobre la población”, comentó.

Primero resaltó que es “la cuarta elección que gana el chavismo en menos de un año, contra muchos pronósticos. No es poco considerando el contexto material y geopolítico en el que estamos, donde se saben las presiones internacionales y económicas sobre Venezuela”. Sobre las presiones manifestó que “hubo declaraciones del Secretario de la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá… ya diciendo que iba a haber fraude. Estaba en juego algo grande y en ese contexto, haber logrado una victoria por más de 4.000.000 de votos de diferencia sobre el segundo no es poca cosa”.

Teruggi aseveró que “hay un llamado del Presidente a encontrarse en una mesa de trabajo, pero evidentemente enfrente hay una voluntad política muy diferente, […] están construyendo otro escenario. […] El chavismo tiene la vocación de abrir puertas al diálogo con empresariados, sectores privados, sectores de la oposición, pero enfrente veo una decisión inmodificable de dar por tierra con el proceso venezolano”.

Para mejorar la situación económica del país “lo más importante en términos de pensar espacios unitarios es con los sectores de la economía. […] Hay un sector internacional (Rusia, China, Irán) donde se han visto pasos claros relacionados con lanzar una criptomoneda para sortear un bloqueo financiero (fuertemente instalado). Después hay que hacer un debate a nivel interno porque es un país que tiene una lógica importadora muy fuerte pero poco arraigado el tema productivo. También están los males internos: la corrupción es algo que está y que ha atacado núcleos centrales de la economía como el petróleo y las exportaciones”.

Respecto a la percepción de las comunas sobre estas elecciones, consideró que “hubo un chavismo que no votó producto de un desencanto con la dirección chavista y que hay una necesidad urgente de respuestas. […] Veo a un pueblo que ha vuelto a apostar […] o se recupera o se está entrando en una situación que se agrava y que golpea sobre todo a los sectores populares; acá no están perdiendo los ricos, están perdiendo los pobres”.

Cristina Muñoz y Luzmira Villagrán, integrantes de la asociación de jubiladxs “La Norma Plá”, hicieron uso de la Banca 25 el jueves en el Concejo Deliberante para manifestar una serie de demandas y padecimientos a partir de las políticas de este gobierno. Muñoz visitó el estudio de FM De la Calle para profundizar sobre los reclamos.

“Desde el año pasado intentamos comunicarnos con el Intendente para plantearle la situación de los 48.000 jubilados de la ciudad. Nunca nos recibió, por esa razón pedimos la Banca 25, el espacio adecuado para formular reclamos que los que nos representan deben atender. […] Si hay una demanda que no es tratada por otro espacio, el HCD tiene la facultad de armar una comisión que responda a esas necesidades. Pedimos que armen una mesa para el adulto jubilado y pensionado”.

La lista de demandas incluyó la “situación de precariedad en la que se encuentran muchísimos jubilados, agravado por el tarifazo, la jubilación mínima de $7600 y la inestabilidad monetaria –los cambios que empobrecen cada vez más ese salario–, y la deficiente prestación de PAMI […] que incluye “la falta de médicos de cabecera que cubra la cantidad de afiliados (actualmente hay 9.000 jubiladxs sin cobertura); costos de gestiones médicas para personas que están en situación de precariedad (que el municipio afronte esos gastos); la demora con la que se dan turnos son de hasta 73 días (hasta en enfermos oncológicos), entre otros”, comentó Muñoz.

“El corolario de la Banca 25 lo dio Luz porque fue muy impactante su testimonio, conocer en vivo y en directo, para personas que evidentemente no están conociendo el padecimiento de muchísima gente, fue sorpresivo y movilizó. […] Algún concejal se acercó y comentó que la idea era tramitar la comisión para la atención de los adultos mayores y jubilados; el tema es perseverar” hasta que cumplan. […] “Sabemos que en 2017 una concejala presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria para adultos mayores jubilados y pensionados, nunca fue tratado”, expresó.

“Yo lo tengo en mi cuerpo”

  • El jueves, luego de la exposición de Cristina, Luzmira compartió su testimonio: “yo lo tengo en mi cuerpo, invito a vivir a muchos con $7000, con enfermedades, con dolores, con aumentos de luz y de gas que no puedo usar porque no se puede pagar, una mujer que luchó y pagó sus aportes…”
  • “Cargué 30 kilos de carne, bolsas de cebolla y de papas, creyendo que iba a ser feliz porque iba a tener un buen aporte. $7000 que no me sirven ni para vivir, cuando salí tuve que comer polenta hervida.
  • “Necesitamos un subsidio porque PAMI lo niega. ¿Sabe cómo es ver eso en carne propia? Yo lo viví, es tremendo. Dicen ‘no hay pobreza’, ‘se vive bien’, ‘pague las boletas con $7000’”. […] Lo llevo en carne propia”.
  • “Necesitamos cooperación y ayuda para que ahí la que abra la puerta [en el centro de jubiladxs de Nocito] tenga su pedazo de pan y su taza de leche, con amor”.
  • “Me hice todos los estudios para hacerme mis operaciones y conseguir mis remedios, para que me digan que no. ¿Cómo yo cuantas habrán?

Se cumplen este sábado 159 años de la masacre indígena perpetrada por las fuerzas de Bahía Blanca. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Compartimos en este aniversario un material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu. En dicha ocasión, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualizó los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

Kumelen Newen Mapu realizará una ceremonia este 19 de mayo a las 9 en Parque Noroeste. Posteriormente se compartirá un desayuno a la canasta.

En 1859 el Estado de Buenos Aires se había dividido de la Confederación Argentina.

Calfucura, que era el jefe indígena más importante en ese momento, del grupo salinero, había tenido buena relación con Rosas, basada en la diplomacia y las raciones -una cantidad de ganado, caballar y vacunos- y lo que se llamaban vicios -yerba, azúcar, tabaco-, bienes de consumo que venían del mundo occidental, criollo, que el Estado les daba a los grupos indígenas en compensación por mantener la paz en la frontera.

Cuando cae Rosas y se produce la secesión de Buenos Aires de la Confederación, el nuevo gobierno, los liberales de Mitre, los herederos de los unitarios que después pasaron a gobernar parte de la Argentina, tenían un plan distinto que era bajar sustancialmente las raciones y enfrentar a los grupos nativos.

Calfucura adoptó una posición de reacción contra eso, buscó aliarse con Urquiza -el jefe de la Confederación- en contra de Buenos Aires mientras negociaba con Buenos Aires si podía reestablecer el equilibrio y la paz.

No fue posible. Hubo malones en el ’52, ’53, después una pequeña paz y en el ’55 y ’56 otra serie de malones por parte de Calfucura y de varios de sus aliados.

bahia originaria

Uno de los talentos de Calfucura fue no cerrarse en su propio grupo, parte de las raciones iban a sus propios capitanejos y hacia otros pueblos o grupos indígenas en las pampas y en la cordillera y más allá, en la Araucanía, lo que hoy es territorio chileno. Calfucura había hecho una red diplomática muy grande.

La mayoría de los malones están concebidos desde el punto de vista indígena como un resarcimiento de un daño. En la lógica indígena las personas que han sido ofendidas están obligadas a vengarse de esa afrenta y no pueden eludirlo.

Había varias afrentas acumuladas en el marco de una política agresiva del Estado que empezó con la caída de Rosas y se fue profundizando cada vez más.

La principal fue lo que ocurrió en febrero de 1858. El ejército de Buenos Aires invadió las tolderías de los salineros. Fue la primera y la única vez que lograron hacerlo. Buenos Aires decidió pasar a la ofensiva y envió dos expediciones. Una más al norte contra los ranqueles, en lo que hoy es el norte de la provincia de La Pampa, esa expedición fue catastrófica porque estaba mal preparada y porque es un territorio árido en el que hay poca agua en superficie y hay que conocer bien dónde está y cómo sacarla.

En cambio, a la expedición del sur algunos la consideran un fracaso pero en realidad no lo fue. Se armaron dos columnas, una salió de Bahía Blanca y otra de Azul. Se juntaron en la Sierra de la Ventana, en Sierra de Curamalal, y de allí remontaron los arroyos de Pigüé y demás, mantuvieron algunas escaramuzas con partidas indígenas y siguieron avanzando hacia el núcleo de la territorialidad salinera que era la laguna de Carhué y la planicie que está alrededor, que es muy fértil, era el campo de invernada para sus ganados. De ahí hacia el oeste hasta Salinas Grandes, pasando Salinas Grandes, eso era lo que se llamaba el monte pampeano en el que hay árboles que no son de gran porte pero dan sombra y frutos que alimentan al ganado y a las personas.

Ese territorio fue invadido por las fuerzas de Buenos Aires, prácticamente sin combate porque Calfucura y sus aliados adoptaron la estrategia de salir rajando.

Destruyeron los toldos, se llevaron los animales, las ovejas y las vacas, y destruyeron los sembrados. En contra de la leyenda que suele circular, los indios cultivaban la tierra e inclusive las fuentes militares de la época hablan de que cada toldería tenía su huerta, que eran tanto de pantas autóctonas como plantas introducidas por los criollos. Por la cantidad de toldos, huertas y la superficie ocupada, podemos calcular que había unas tres mil personas, que es mucha gente para la densidad poblacional de esa época.

bahia originaria 2

Parte de los invasores habían salido de Bahía Blanca y eran el comandante militar, el comandante de la Legión Agrícola, incluso gente de las pulperías, vecinos de Bahía Blanca, gente que estos indígenas conocían de todos los días. No tenemos que pensar que esas poblaciones estaban separadas por una frontera que nadie cruzaba. Todo lo contrario, estaba lleno de gente que iba y venía, de hecho Bahía Blanca se fundó con un contingente de militares, por supuesto, de pulperos y de indígenas. Y desde ese momento de fundación en adelante, los nativos siempre estuvieron, a veces viviendo en los alrededores, a veces viniendo a comerciar. Pero no una vez por año: todo el tiempo. Calfucura, de hecho, se carteaba con mucha gente de Bahía Blanca. Por ejemplo con el mayor Iturra que es uno de los comandantes de la expediciones.

Entonces, ahí se la jura.

Sigue manteniendo correspondencia pero Iturra le hace otra tracalada. Calfucura después de la invasión manda a una de sus esposas en una especie de prenda de paz, con otra gente a comerciar a Bahía Blanca y le dice a Iturra: “Cuídemela, cuiden a la gente que va con ella”. Iturra la mete presa y la manda a Patagones.

Ya son dos ofensas.

Y la tercera, el mismo año de 1858, Yanquetruz -que era cacique de los tehuelches- es asesinado en Bahía Blanca en circunstancias que no están del todo claras. Aparentemente, en una pulpería se emborrachó, se peleó con alguien de la Guardia Nacional y lo mataron.

Yanquetruz era pariente de Calfucura, no estaba en buenos términos con él, al contrario, parecía que iba a tomar el partido del Estado de Buenos Aires, pero de todas maneras era pariente y estaba obligado a vengar su muerte según el Ad Mapu, el código de costumbres de los mapuche.

Una serie de ofensas y una situación política que hizo que Calfucura movilizara todas las fuerzas que tenía disponibles para atacar Bahía Blanca.

Eran entre 1500 y 3000 guerreros, que es muchísimo. La guarnición de Bahía Blanca, sumando todas las fuerzas, la Guardia Nacional, la Legión Agrícola, los soldados de línea, los Granaderos, sumaban como mucho 500 o 600 hombres.

18486403_686904578163714_4794650140776819317_n

Cierro lo de la invasión del ’58.

Esa expedición se retira de las salinas, vuelve a las sierras y tiene pensado volver a atacar y expulsar a los indios de ahí. Pero Calfucura vuelve al lugar, les queman el campo y les empiezan a hacer una serie de incursiones menores que los obligan a retirarse y toda esa gente vuelve a Bahía Blanca y Calfucura empieza a planear el contragolpe.

Eso es lo que se produce el 19 de mayo de 1859, un malón muy grande.

Se produce a la madrugada, de noche, eso es clásico de todos los ataques de la guerra fronteriza de la región y en todas las que se enfrentan sociedades no estatales con sociedades estatales. Se realizan al amanecer, cuando el enemigo está desprevenido, si es posible antes de que amanezca porque se puede marchar de noche sin ser vistos. Los militares hacían lo mismo.

Primero se van llevando el ganado que hay en las estancias de los alrededores, después directamente entran en las pocas calles que estaban delimitadas en la ciudad y saquean algunos objetivos claves. Uno era una pequeña estancia que estaba en el medio de la ciudad donde había provisiones y armas de la Guardia Nacional.

Segundo, un lugar que es objeto de especial atención que es el almacén de Iturra, que había tomado la precaución de morirse dos meses antes pero estaba su viuda y ellos sabían cuál era su negocio, prácticamente estaba dedicado al comercio con indígenas. Lo saquearon, se tomaron todo lo que había y, además, hubo un gran empeño en quemarlo, en demostrar que estaban tomando una represalia contra él. De hecho, las bajas que se dieron entre los nativos se supone que se dieron en ese contexto, se ensañaron algunos con la pulpería de Iturra y dieron tiempo a que la Guardia Nacional y la Legión salieran, porque al principio se habían enclaustrado en el fuerte. Estaba en la esquina de 19 de mayo y Zelarrayán.

La historiografía más oficial sobre Bahía Blanca y la época dice que hubo una heroica actuación de la Guardia Nacional y de la Legión Italiana, que expulsaron a los invasores. En realidad no fue así o, por lo menos, expulsaron a los pocos invasores que habían quedado en el casco de la ciudad pero el grueso de los atacantes se quedó todo el día a la entrada de la ciudad. Los indios tenían una fuerza muy superior y los bahienses solo atinaron a defender como podían el casco de la ciudad. Cuando los indios le plantearon una batalla a campo abierto no pudieron hacerlo, los indios le hicieron un desfile ecuestre que es un desafío, es mostrar la propia fuerza ante el otro.

18486086_686903814830457_8011553080813819225_n

Al día siguiente, el comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad.

Al otro día le escribieron una carta diciendo: “Por favor termine con esto”. Porque los cadáveres seguían ardiendo. Imagínense el olor a carne quemada y, además, la barbarie. Ni siquiera los propios pobladores que habían vivido el ataque y todas sus consecuencias, la crudeza, ni siquiera ellos podían soportar semejante barbarie. No se sabe qué pasó, se supone que finalmente la cortaron con eso.

Dentro de la lógica indígena -dentro de la de todos los pueblos del mundo- los cuerpos de los muertos son algo que hay que respetar, que necesitan un tratamiento especial que les asegure su paso a la otra vida o un determinado bienestar que por supuesto en este caso no pasó. Es una afrenta clásica de todos los conflictos que van escalando hacia un lugar de no resolución el de no respetar esta especie de convenciones de dar un tratamiento humanitario a los cadáveres de los vencidos, es un gesto clásico de desprecio.

Ese ataque fue el más grande de ese momento pero era parte de una serie de ataques que Calfucura y sus aliados, incluyendo al gobierno de Paraná, atacaron otro fortines de la frontera y, de hecho, terminaron ese mismo año tomando y ocupando los fuertes de Azul y Tandil. Durante un tiempo lo tuvieron tomado fuerzas mitad indígenas de Calfucura y mitad de la Confederación. Buenos Aires recuperó esas poblaciones más o menos rápidamente en un par de meses.

Ese contexto empieza a terminar con la batalla de Cepeda, una primera batalla entre Buenos Aires y la Confederación, y sobre todo con Pavón cuando Urquiza se rinde y empieza el proceso de unificación del Estado nacional que va a cambiar las condiciones para los indígenas, va a debilitar mucho su posición porque ahora ya no tienen dos Estados para negociar o combatir, tienen uno solo en proceso de unificación, de integración cada vez mayor al mercado mundial, de formación de instituciones estatales como el Ejército.

18527771_686903738163798_1022915647598797695_n

Entonces, de ahí en más la situación va a ser cada vez más difícil. La década del ’60 es una década impasse porque desata la Guerra del Paraguay y las fuerzas del Estado están enfocadas en eso, pero la década del ’70 es una década en que el Estado nacional tiene la decisión definitiva de avanzar sobre territorios indígenas.

No es la ocasión más notable en la modesta y sórdida historia de Bahía Blanca, en varios sentidos hubo hechos mucho más terribles.

En el ’29 Lavalle fusila a Dorrego. Estomba era unitario y su sucesor, Morel, también. Morel lleva una columna desde Bahía Blanca para tratar de ayudar a Lavalle, ahí hay un grupo de indígenas que toma el partido contrario, el federal. Las fuentes dicen “fueron seducidos por Rosas”. ¿Qué hacen? Se dan vuelta y matan a todos los oficiales de la localidad y además sitian Bahía Blanca durante un tiempo prolongado, están a punto de tomar Bahía Blanca hasta que finalmente son dispersados.

En la década del ’30 hubo una cantidad de invasiones, en el marco de todas las expediciones que hizo Rosas, sobre el territorio borogano -por ejemplo- que era el mismo que después ocupó Calfucura y sobre los ranqueles que fueron expediciones tremendas. Masacres en las que murió mucha gente -sobre todo varones y adultos pero mujeres también- y mujeres y niños fueron secuestrados y traídos a Bahía Blanca como cautivos. Las mujeres fueron violadas, las familias fueron separadas y partidas. Eso no pasó solamente en la llamada Campaña del Desierto sino antes también, incluida esta ocasión en la que Bahía Blanca fue el punto de concentración de esa población.

Tampoco fue “el último malón”. En 1870 hubo otro malón grande, también comandado por Calfucura, Cañuquil y sus aliados, pero se llevaron todas las haciendas de los alrededores de Bahía Blanca y no entraron a la ciudad, entonces en la memoria local quedó como un hecho distinto, con otra magnitud.

Edgardo Form, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, visitó FM De la Calle para conversar antes de su presentación en la sede local de la entidad sobre los desafíos que enfrenta el cooperativismo en la actualidad. Al momento también está a cargo interinamente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) –mientras Ariel Guarco preside la Alianza Cooperativa Internacional–.

El cooperativista comentó que Guarco está “cumpliendo su rol al frente del organismo fundado en 1895. Es un orgullo porque es la primera vez que un compatriota accede a la presidencia y fue electo sobre la base de una propuesta que procura poner a la ACI de cara a los desafíos del cooperativismo y contribuir a debates de la agenda contemporánea (generar trabajo decente, relaciones pacíficas entre países, creación de bienes y servicios con sentido social y solidario entre otros)”.

Respecto a la reinstalación de políticas neoliberales aseguró que “estamos ante un escenario complejo, hay que agudizar la inteligencia para preservar los logros que se obtuvieron en años previos, garantizar la continuidad de las entidades, explorar alternativas para sortear los obstáculos y un tema clave es la integración, hacemos mucho hincapié en la cooperación entre cooperativas (sexto principio de la cooperación)”.

“La unión hace la fuerza y a la hora de peticionar a las autoridades no es lo mismo ir por separado”, expresó en relación al freno a os artículos de la reforma tributaria que incluían la aplicación del impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales. “Es una vulneración de la naturaleza de las cooperativas que, por definición, no tienen fines de lucro. En conjunto fuimos a diferentes bloques del parlamento nacional y durante la sesión de diputados se eliminaron los dos artículos que pretendían aplicar el impuesto”.

Sobre los tarifazos afirmó que “impactan de manera dramática. Un estudio de un Observatorio de la Economía Social y Solidaria explicaba que hay 16.000 trabajadores de empresas recuperadas que corren el riesgo de quedar sin trabajo por el impacto que tienen las tarifas”. Si bien en el Congreso se está discutiendo el tema, “el presidente advirtió que no hay posibilidades de modificar el régimen tarifario”.

Form comentó que tuvieron una reunión –junto con representantes de distintas federaciones que agrupan cooperativas eléctricas– “con uno de los funcionarios que está en la Secretaría de Energía de la Nación, donde planteamos la necesidad de estudiar la configuración de un fondo compensador a nivel nacional que ayude a compensar los mayores costos”.

Sobre el emprendedurismo que pregona el gobierno opinó que “suena a solución individual, nosotros hablamos de soluciones colectivas. […] Para afrontar grandes desafíos es necesaria la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Paulo Freire decía que ‘la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida que se percibe que no es solitaria’”.

Rodolfo De Lucía, fiscal de la causa que tiene como imputados a los abogados Roberto Daniel Carmona y Rafael Benedicto Díaz Flaqué por la estafa de la firma DyF Fiduciaria, hizo referencia en FM De la Calle a la jornada de alegatos y el pedido de nueve años de pena por la imputación del delito de defraudación en relación a su actuación en tres de los emprendimientos que mantenía la empresa.

“Desde el principio la fiscalía los acusa de formar una asociación ilícita junto a Sergio Favretto, en el marco de esa asociación –destinada a cometer defraudaciones contra los emprendimientos que administraba DyF– haber colaborado con Favretto para que cinco hechos puntuales de defraudación (administración fraudulenta) pudieran ser llevados a cabo”, comentó el fiscal.

También explicó que “el delito de sociedad ilícita tiene como pena entre 3 y 10 años de prisión, los de estafa cada uno 6 años (máximo). […] Teniendo en cuenta los agravantes que consideró la fiscalía, extensión del daño que se causó con esta maniobra (por montos y damnificados), y la especial formación profesional que tienen Carmona y Flaqué –abogados–, vuelve más reprochable su conducta”.

De Lucía expresó que no calcularon el monto total de afectados por la maniobra, “es muy grande. La imputación hacia Carmona y Flaqué no era concreta, se les imputa haber generado pasivos por 12 millones de pesos y haber sustraído tres manzanas de terreno que pertenecían a otros dos emprendimientos. […] Cuando en otros fideicomisos sacaron la cuenta de cuánto han perdido, las sumas son mayores teniendo en cuenta que también fueron damnificados proveedores y empleados, entre otros”.

En relación a los controles por parte del Estado para evitar este tipo de situaciones o si hay alguna instancia que falle, aseguró que “el fideicomiso (dentro del Código Civil y Comercial) es una herramienta que permite la realización de desarrollo inmobiliario. Hay determinadas conformidades de proyecto que a nivel municipal tiene que ser aprobados. Quizás falta control cuando estos planes se vuelven de magnitud. […] Parecería que no hay un control del Estado de en qué medida estos proyectos son viables, y no es la primera vez que sucede en Bahía Blanca, pasó con los Alternativa Bahiense en su momento. Tenemos estafas similares en trámite, no sería raro que también lleguen a juicio (en la ciudad y en Punta Alta)”.

Sobre la posibilidad de recuperar algo de lo perdido: “depende de cada fideicomiso, algunos estaban sin avances en las obras, otros ya eran edificios en construcción –que se han podido recuperar con inversores externos–. La quiebra de DyF no fue suficiente para responder por todas las deudas, hay casos donde las personas que pusieron dinero no van a recuperar nada”, explicó.

Si bien el lunes se conoce la sentencia de Carmona y Díaz Flaqué, Favretto “técnicamente no es un prófugo porque no está correspondientemente notificado. Tiene pedido de detención hace años y captura –incluso internacional–. Cuando podamos dar con él tendrá que rendir cuenta por unos cuantos hechos más que se le imputarían solo a él. Hoy lo buscamos activamente y no está confirmado que esté fuera del país”.

El sociólogo Daniel Feierstein dijo a FM De la Calle que al negacionismo  y a la lógica de los dos demonios “se la enfrenta políticamente y con acciones sociales”. Fue durante su visita a Bahía Blanca para brindar un seminario en el Departamento de Humanidades en la UNS.

El investigador, que publicará próximamente el libro “Los dos demonios, recargados”, participó además de una entrevista pública coordinada por Fabiana Tolcachier y Jessica Visotsky integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

¿Cómo sintetizarías la idea de los dos demonios recargados?

El objetivo es tratar de analizar cómo reaparecen las lógicas de los dos demonios pero con otros sentidos, con otros objetivos, con otras intencionalidades que en algún punto son más graves de lo que fue el surgimiento en los años ‘80 de la teoría de los dos demonios. Entonces, un poco de ahí el concepto de “recargado” que es tratar de mostrar como la novedad de este momento y la peligrosidad, la disputa que se está dando en las representaciones en el intento de aprovechar este sistema de equiparación de las violencias, básicamente para demonizar cualquier posibilidad de resistencia con un orden injusto.

 ¿A través de qué acciones por ejemplo?

El objetivo de los dos demonios comparaba dos violencias en los setenta absolutamente distintas, la violencia genocida y la violencia insurgente pero con el objetivo de legitimar el juzgamiento de las violencias genocidas. Entonces, más allá de los problemas que podía tener, el objetivo de esta equiparación tenía que ver con mostrar la importancia y la gravedad de la violencia genocida.

Mientras que la aparición ahora de esos sistemas de equiparación por un lado tiene el objetivo de intentar volver a perseguir a los sobrevivientes de las experiencias de las insurgencias o de confrontación social en la Argentina, quienes para el caso han sufrido desapariciones, asesinatos, exilio e infinidad de persecuciones, además de la persecución legal. Pero, por otro lado, y esto es más grave en esta necesidad de demonizar, se buscan demonizar también los modos actuales de intentar enfrentarse a eso que no tiene nada que ver con los modos de los setenta y que, sin embargo, son demonizados en el mismo sistema. Acá podemos ver desde la represión del pueblo mapuche en el sur, hasta la represión a la manifestación social a fin del año pasado. 

Imaginamos que en este contexto la presencia de la política de seguridad y el apoyo del gobierno nacional independientemente de la perspectiva del poder judicial en algunos temas, tiene un peso…

Exactamente. Lo llamo “recargado” porque esa política de seguridad que está encarnada en Patricia Bullrich es una novedad desde el año ‘83 para acá. Si bien los años ‘80 fueron el momento de mayor hegemonía de la teoría de los dos demonios, en ningún momento esto llevó al desbocamiento de las fuerzas de seguridad ni a esta idea de Bulrich y de Michetti del beneficio de que ante cualquier caso el beneficio de la duda debe ser a favor de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. En este sentido le veo mucha más gravedad que a la versión original, porque están intentando avanzar sobre un consenso de la democracia Argentina a partir del fin de la dictadura que era la contención del ejercicio de la fuerza represiva. En este sentido la idea es poder pensar cómo la discusión de los setenta no es sólo eso.

32247430_1632506160178823_3008263259544354816_n

Vos has resaltado el problema de la pérdida de pluralidad en los organismos de derechos humanos que se ha registrado durante los últimos años, ya con dos años del gobierno del macrismo, ¿cómo evaluás la responsabilidad de los sectores afines al kirchnerismo y, también, cómo han actuado los sectores más críticos en relación a cómo se ha montado el macrismo sobre cierto desprestigio a partir de algunos episodios de corrupción?

Yo creo que uno de los tickets fundamentales para impedir el aumento de la represión ha sido la legitimidad de los organismos de derechos humanos y  eso es lo que está puesto en cuestión. En esa “puesta en cuestión”, que por supuesto es una ofensiva de los sectores más conservadores y del propio macrismo, hay mucho de lo que yo llamo “los errores no forzados”, que son los errores que cometió el propio campo popular y los organismos de derechos humanos y que facilitaron esta deslegitimación.

Fueron ambos sectores y esta es la miopía, tanto de los sectores que terminaron acercándose al gobierno kirchnerista como de los sectores que fueron incapaces de ver una conquista de ese gobierno, lo cual generó un quiebre, una simplificación donde se tenía, por un lado, un sector que planteaba que no había ninguna violación de derechos humanos por parte del gobierno, lo cual es inaceptable porque el gobierno siempre viola los derechos humanos y los organismos están para señalarlo. Pero había otro sector que no era capaz de distinguir la diferencia entre un proceso de juzgamiento con más de mil condenados y la impunidad que precedió a ese período.

Entonces, me parece que en este quiebre, en esta pérdida del pluralismo, no poder zanjar internamente las contradicciones ante un gobierno efectivamente contradictorio y complejo, juega un papel muy importante en la deslegitimación y en la homologación de los organismos como parte de un discurso antikirchnerista a partir de la “lógica del curro”, de la identificación partidaria.

No creo que esté todo perdido pero se vuelve un desafío a dos años de gobierno de macrista, cuando todavía seguimos teniendo dos marchas ante cada proceso de denuncia, lo que parece bizarro en estas condiciones.

En ese sentido ¿en Buenos Aires lograron por lo menos un acto unificado el pasado 24 de marzo?

No. Este otro tema fue una movida mediática que planteó que se había logrado cuando todavía no era así y eso fue uno de los elementos que lo impidió. Estuvimos muy cerca, lo cual es muy importante: hubo actos únicos en lo que fueron las manifestaciones de reclamo por Santiago Maldonado, por ejemplo.  Pero no, finalmente el 24 de marzo volvió a haber dos actos pese que habíamos estado muy cerca de lograrlo.

Es difícil pensar poder atravesar unos cuantos años de descalificaciones mutuas, de chicanas totalmente innecesarias que han dejado muchas heridas y, por otro lado, ver cierta miopía actual como para no poder tomar decisiones por encima de estas cuestiones personales. Se logró avanzar un poco y a veces surgen estas vehemencias que por lo general es lo absurdo, porque no tiene nada que ver con una calificación del momento actual. Verdaderamente no hay diferencias significativas de las necesidades de este momento sino que tiene más que ver en analizar cómo zanjar cuestiones del pasado que están obturando la posibilidad de acciones conjuntas. Yo soy optimista en el sentido de que más temprano que tarde se supone que esto tendría que recomponerse.

Otro de los puntos en los que haces hincapié en el libro es la defensa del concepto de genocidio. ¿Por qué tenemos que ir más hacia el genocidio y no utilizar figuras como crímenes contra la humanidad o terrorismo de Estado para retratar lo que sucedió en nuestro país?

Hay muchos motivos. Te voy a mencionar los dos o tres que considero más importantes y que van quedando muy claros en este momento.

El primero es que es el único concepto que permite quebrar la dualidad, algo tan fuerte de las lógicas de los dos demonios recargados. Los otros conceptos nos introducen en discusiones que siempre nos llevan a la dualidad. El concepto de genocidio es el que plantea que ninguna acción que podamos dar sobre la legitimidad o no de las acciones insurgentes, no tiene ningún punto de comparación con lo que implica la organización de un genocidio.

El segundo elemento es a quiénes afectaron los hechos, me parece que la potencia del concepto de genocidio tiene que ver con entender que hubo un intento de destrucción el grupo nacional argentino y esto implica que toda la población sufrió los efectos del terror, algo que no queda para nada contemplado en conceptos como terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde se los ve de un modo más individual y directo, donde pareciera que las víctimas fueron los que sufrieron en sus cuerpos la represión estatal y me parece que es fundamental entender que un genocidio deja marcas en toda la sociedad, no solamente en aquellos sujetos que afectó directamente o en sus familiares.

El tercer elemento es la solidez jurídica del concepto, que existe en nuestro país desde 1956 y que, por lo tanto, da muchas más herramientas para la claridad, solidez de su aplicación jurídica y sobre todo la distinción con cualquier otro tipo de práctica.

Estos son algunos de los elementos entre muchos otros que le dan una diferencia fundamental, no tanto el hecho que se cree que sería más grave que otros delitos, eso no tiene ningún sentido, pero sí cómo construimos la memoria de lo que ocurrió.

yy

Hablando de lo jurídico, ¿cómo ves esta etapa de los juicios?

En un sentido creo que muestra las cuestiones que hemos conquistado, los juicios continúan, han habido sentencias muy importantes en estos dos años: la de Mendoza, la de la ESMA 3. Más allá de que hay como cierta autorización a los jueces más renuentes a cajonear causas o a otorgar mayor número de prisiones domiciliaras o a intentar revertir las presiones preventivas.

También hay como pequeños indicios contra los sobrevivientes de la experiencia genocida por las acciones desarrolladas por la insurgencia. Me parece que ahí sí hay un peligro cierto, mucho más que la impunidad que es esta igualación entre lo que no tiene punto de comparación. Por eso digo que esta revictimización de los sobrevivientes -que exactamente son eso: sobrevivientes- y más allá de la valoración de si las acciones que desarrollaron primero han prescripto en relación al paso del tiempo, lo segundo es que han sido juzgadas legal e ilegalmente numerosas veces. Fueron desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y juzgados en los años ‘80.

Ese discurso de “memoria completa” o de reinstalación del proceso de juzgamiento es extremadamente falso, mentiroso y peligroso, porque creo que tiene más posibilidades de construir consenso que la posibilidad de la impunidad, que me parece que ha quedado claro con la marcha de mayo del año pasado que hay un fuerte rechazo social a la posibilidad de la impunidad. La causa Larrabure me parece que es la puerta de entrada a esta mirada equiparadora, creo que en este sentido es muy importante la disputa social, política y jurídica que se está dando alrededor de esa causa para no permitir ese proceso de igualación.

¿Qué te pareció la decisión de la Fundación del Libro de levantar la proyección en la Feria de la película “Será Venganza” que reivindica a represores de nuestro país?

Me pareció excelente y creo que es el camino porque ante esta ofensiva de miradas que buscan distorsionar las construcciones del pueblo argentino uno puede pensar que la salida tendría que ver, como propuso un proyecto de Nilda Garré, con impedir y negar penalmente la expresión de estos consensos. Yo creo que es un enorme error.

Creo que a estas lógicas de los dos demonios recargados y al negacionismo se las enfrenta políticamente y con acciones sociales. No creo que el derecho penal esté para penar pensamientos, creo que lo que sí corresponde es llevar a cabo acciones sociales y no otorgarles espacio, por lo tanto hay una enorme responsabilidad incluso de los periodistas de impedir y cerrar el espacio a la manifestación de estas expresiones pero por una decisión política y no por una decisión penal que no implica consenso social.

Entonces, me parece que en este sentido ilumina el camino, como ocurrió en la Feria del Libro, que sea la propia sociedad la que diga que no está dispuesta a tolerar y brindar espacios a estos modos de agresión de la memoria social.

Fotos: Cristian Gonzalez y FCPyS UNCUYO