“Teníamos razón desde el comienzo, lo ocultaron, no salen a reconocerlo. El operativo ya se desarrolló ante el desconocimiento de las poblaciones”, dijo a FM De la Calle Domingo “Mingo” Jofré, integrante de las Asamblea Jáchal No se Toca, colectivo que denunció que un cargamento de 100 toneladas de mercurio serían trasladados desde la mina Veladero de San Juan hasta el puerto de Bahía Blanca.

El asambleísta hizo un llamado a comprometerse con las causas ambientales y manifestó su deseo: “Que algún fiscal o algún juez, aunque sea por vergüenza, no por empatía, se presenté en el puerto de Bahía Blanca, pregunte de dónde salió, con autorización de quién, por dónde recorrió, cómo llegó hasta ahí”.

“Con eso hay una cadena de mandos que tendrían que estar presos y se determinaría el cierre de esta mina ilegal que está violando la Ley de Residuos Peligrosos produciéndolos, violando la Ley de Glaciares destruyéndolos, violando la Ley de Medio Ambiente y las leyes naturales porque está destruyendo nuestra cordillera y violando nuestra Ley de Minería que dice que después de tres incidentes la mina debe cerrar definitivamente y esta mina ya se cansó de insultar a nuestro territorio”, afirmó.

Jofré participó de una mesa virtual junto al biólogo e investigador CONICET, Guillermo Folguera, referida a los alcances del mercurio y los riesgos de su traslado.

Según lo informado por el Consorcio de Gestión del Puerto son cinco contenedores de 20 toneladas cada uno que «permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG».

“La mina Veladero es de oro y plata, por lo menos eso es lo que declara. Se dedican a obtener un lingote que se llama de metal doré, donde van oro, plata y otros elementos que nunca declaran. La faena minera se trata de volar y triturar una montaña y llevar esa roca a un valle de lixiviación, es decir un piletón. Ahí vuelcan esa montaña triturada y la riegan con una solución. Hacen un cóctel que tiene el efecto de extraer de esa roca triturada los minerales diseminados, les interesa el oro, la plata, etcétera, y ahí aparece el mercurio que es un mineral prohibido”, argumentó Jofré.

Explicó que el mercurio “es un subproducto no deseado de la megaminería en nuestro territorio, en Veladero. Es una actividad que produce en su accionar residuos peligrosos altamente tóxicos y prohibidos en el mundo. Ahí ya hay una faena y destrucción, por más que el ministro (Matías) Kulfas venga a decir que en Veladero se está haciendo patria es extractivismo”.

La comunicación oficial da cuenta que el cargamento fue trasladado “con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina” .

Al respecto, el asambleísta mencionó que “son las mismas instituciones que deberían haber controlado que no se produzcan los derrames que ocurrieron en Veladero en 2015. Un año después nos enteramos de dos más, nos enteramos por mensajes de empleados que entraban en pánico, no por los órganos oficiales. No puedo creer que estén controlando porque nunca controlaron”.

El residuo tóxico se exportará para su tratamiento en Suiza y su posterior disposición final en Alemania. “Si hay negocio debe ser non sancto porque la utilización del mercurio está prohibido, no se puede usar ni comercializar, no se puede usar para nada legal. Hace ruido que 100 toneladas de mercurio vayan cruzando el Atlántico medio a escondidas, van a Suiza, hacen un tratamiento y después van a Alemania”.

Por su parte, el biólogo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera sostuvo que todo depende de “la confianza en que los empresarios amigos del poder hagan bien las cosas y tengan suerte en el camino. Está todo sostenido desde ahí. Hay que empezar a discutir qué democracia tenemos, el informe del puerto de Bahía aparece una primera cuestión aparentemente oficial, donde no se menciona quién se hará cargo”.

Destacó que “la falta de información no es un equivoco, es una parte fundamental, si no no pueden hacer lo que hacen. En los derrames del 2015, 2017, fue informado de manera informal, en todos los temas no hay informe oficial, megafactoría de cerdos, aprobación de trigo transgénico, la megaminería en Andalgalá”.

“No taparnos los odios, abrir los ojos, reconocer que desde hace mucho tiempo hay gente que reacciona a esto. Escuchar a esa gente que dice que hay un gobierno que cogobierna con la mineras, hablan tanto de la soberanía y la patria y están cogobernando con poderes extractivistas, llevándose recursos no renovables, el costo lo estamos pagando con la salud y el medioambiente”, finalizó Jofré.

El Consorcio del Puerto de Bahía Blanca confirmó este miércoles la llegada de 100 toneladas de mercurio provenientes de la mina Veladero. Ingresaron al sitio 21, muelle concesionado a Patagonia Norte S.A. y son custodiadas por Prefectura Naval.

Según el comunicado, son “cinco contenedores consolidados y precintados” con el residuo peligroso distribuido “en envases de máxima seguridad”.

La CTA de Bahía Blanca, alertada por la información difundida por la Asamblea Jáchal No se toca, destacó que el traslado se realizó “a espaldas de la población de Bahía Blanca e Ingeniero White y del conjunto de las localidades” atravesadas por el convoy.

“Queda absolutamente comprobado que la megaminería genera enormes cantidades de residuos peligrosos, que la mina Veladero viola las Leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente”, manifestó la central y agregó que “por acción u omisión los gobiernos son responsables, tanto en el ámbito municipal, como en el provincial y nacional”.

El Consorcio del Puerto informó que los contenedores “fueron trasladados desde la provincia de San Juan con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina, según protocolos nacionales e internacionales de seguridad vigentes”.

“Los contenedores, de 20 toneladas cada uno, permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG”.

El comunicado oficial agregó que “todo el procedimiento de consolidación de residuos peligrosos se enmarcó en lo estipulado por la Ley N° 24051, su decreto reglamentario N° 831/93 y en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 23922, garantizando de esta manera los máximos niveles de seguridad ambiental”.

Desde la CTA concluyeron que “la megaminería es incompatible con la vida de los territorios y es parte del modelo de saqueo extractivista que nos une en la lucha de la cordillera al mar y del norte al sur de la Argentina”.

La intervención del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación difundió que la Brigada de Control Ambiental (BCA) fiscalizó los contenedores en el establecimiento que opera la firma Minera Andina del Sol S.R.L. en la provincia de San Juan.

La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, cuyo titular es Sergio Federovisky, le otorgó a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. la renovación de su Certificado Ambiental Anual (CAA) como generador, operador y exportador de residuos peligrosos. Dicho certificado alcanza la gestión integral de residuos peligrosos consistentes de mercurio metal líquido desde su generación, incluyendo la etapa intermedia de tratamiento de estabilización, hasta su disposición final.

Además, autoriza a la firma a exportar 500 toneladas de mercurio líquido para su tratamiento en Suiza y posterior disposición final en Alemania. También estipula que la empresa debe mantener actualizado su libro de operaciones, asentando sus diferentes etapas, e informar a la cartera ambiental nacional modificaciones sobre el proceso de generación de los referidos residuos, su sistema de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final y cualquier incidente o accidente donde el mercurio generado se vea involucrado en un plazo de 48 horas; y, al momento de la renovación, la cantidad anual producida de ese residuo peligroso, junto con el stock total almacenado.

(Por Yica Guardia – Conexión Socioambiental) Amanecimos el martes con la noticia de que un cargamento de cien toneladas de mercurio, cuya partida desde la mina Veladero (San Juan) con llegada al puerto de Ing. White prevista para el lunes próximo denunciaba la “Asamblea Jáchal No se toca”, ya había arribado a la ciudad.

Visibilizamos parte de los lamentables efectos del ejercicio megaminero y del desarrollo extractivista en el territorio, el cual genera enormes cantidades de residuos peligrosos. Tránsito de sustancias tóxicas como el mercurio no orgánico, violando las leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente. Tal responsabilidad se vuelve tácita. La información a la ciudadanía encubierta, medios hegemónicos de comunicación callados, impunidad latente, órganos de contralor estatales que administran su función superficialmente y corruptamente en tantos otros casos, como leyes que se incumplen recurrentemente.

Un puerto lejano que aparece como destino y perfecta opción. Confusión y desinformación, típicos mecanismos de un sistema que deja rastros que esperamos no den frutos como hace unos años atrás ocurrió en Choropampa en Perú. Recordando aquel triste suceso, el viernes 2 de junio del año 2000 un camión de transporte produjo el derrame de 151kg de mercurio metálico ocasionando daños irreparables en la salud y mortales en su caso en la población.

Damos nota de esto citando parte de un informe de investigación brindado por Conicet: “Los informes del daño que ocasiona el mercurio una vez inhalado indican que el 100% del mercurio elemental atraviesa las membranas alveolares de los pulmones y se difunde hacia la sangre, desde donde es distribuido por todo el cuerpo y que, además entre un 75 y un 80% es retenido por el cerebro, los riñones y el feto de mujeres embarazadas”.

Respecto de la llegada del reciente convoy de mercurio debemos decir que no es la primera vez que transitan por el territorio sustancias con residuos altamente tóxicos y peligrosos. Siempre sucede con la connivencia de los gobiernos provinciales y nacionales y la tímida aparición de los diferentes organismos de contralor que escoltan estos tránsitos por tierra, con total ausencia de información hacia las poblaciones que ignoran semejante travesía.

No existe justificación ni excusa para estas maniobras que atentan contra la vida desde su primera vertiente que es la misma existencia de megaminería en nuestro país.

Cada Estado que mal administró estos territorios socavó sus bienes comunes, extirpó sus recursos hasta sobrepasar límites y consecuencias de degradación social, económica y sanitaria. Como de seguridad ambiental. Un sistema de negociados entre jefes patriarcales gubernamentales y sus colegas en valores corporativos y empresariales, cierran un mercado privado financiero de ganancias extradimensionales y abren camino a un sinfín de responsabilidades jamás cubiertas ni cargadas al portador.

Preguntarnos por qué existen aún este tipo de megaproyectos de minería a cielo abierto, por qué utilizan sustancias tóxicas, por qué se permite el uso del agua abusivamente, por qué no existen órganos de contralor eficientes y respetuosos de la ley y de las normativas vigentes. (…) Preguntas retóricas, preguntas necesarias preguntas que ya no queremos hacernos y de las que no esperamos respuestas, porque no las requerimos.

Quienes denunciamos estos hechos sólo buscamos y accionamos para acabar con el statu quo actual extractivista, ecocida y terricida. Podríamos agregar genocida encubierto o descubierto para quien sepa ver las consecuencias previsibles, peligrosas y evitables de estas acciones.

Aún aguardamos declaraciones oficiales por parte del directorio del Puerto de Bahía Blanca como personalmente por parte del presidente del Consorcio, Federico Susbielles. También del CTE (Comité Técnico Ejecutivo) dependiente del gobierno municipal, ARES Ambiental y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentabel (OPDS). Lo mismo respecto a los Ministerios de Energía y Minería y Medio Ambiente.

Y, lo más urgente, aún desconocemos cuánto tiempo permanecerá la carga en almacenamiento en el Puerto de Ingeniero White.

La Cámara Federal denegó a Mega S.A. un recurso de casación y ratificó la anulación del convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y su apoderada en el marco de la causa por contaminación del estuario.

Ante las quejas de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y la Fiscalía General, el tribunal había descartado las propuestas de las empresas del polo petroquímico. Las mismas contaban con el aval de la jueza federal Gabriela Marrón.

Mega sostuvo que la Cámara había “equiparado un acuerdo programático sujeto a verificación de su cumplimento con una homologación anticipada que se computa como existente”.

Calificó la medida como “arbitraria” porque pretendería “introducir requisitos o condiciones que no estaban previstos en la resolución cautelar” y afirmó que la querella “intervino previo a la homologación del acuerdo por lo que se respetó la bilateralidad y la participación de las partes”.

Por último, aseguró que su plan cuenta con un “informe técnico”, que “garantiza la intervención de los organismos de contralor” y que “ningún órgano del Poder Judicial puede imponer la intervención de la UFIMA, sino que es una competencia del Ministerio Publico Fiscal”.

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Roberto Amábile argumentaron que no existe una sentencia definitiva que habilite la queja ante el tribunal superior y, en relación a la alegada arbitrariedad, manifestaron que la apoderada de la empresa se limitó a plantear su “disconformidad con el análisis” de la Cámara.

Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.

Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.

Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.

“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.

Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.

Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.

En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.

“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.

Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.

“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.

“Estamos perdiendo el estuario”

“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.

Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.

“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.

Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.

“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.

Se presentó en la legislatura de Neuquén el informe “La basura del fracking en Vaca Muerta”, el cual evidencia la historia de contaminación e irregularidades en Comarsa, uno de los basureros petroleros más importantes del sector.

La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, organismo de control de la actividad.

“De las actas surge que la empresa instaló piletas clandestinas en terrenos fiscales que ocupó. Desde al pacto YPF – Chevron en 2013 la empresa aceleró la ocupación,  la vivienda más cerca al basurero Comarsa está a 25 metros, según un decreto de 2015 tendrían que estar a 8 km de las zonas urbanizadas. En una inspección hablan de 244 mil metros cúbicos de residuos”, dijo a FM De la Calle Esteban Martiné redactor de La Izquierda Diario.

En Comarsa “se acumulan los residuos del fracking que vienen tanto de compuestos químicos que se mezclan con agua y arena silícea como materiales que están presentes en el subsuelo donde hay metales pesados y material radioactivo. Acumularon gran cantidad de material en suelo descubierto sin impermeabilizar, exponiéndolo ante las inclemencias del clima y a que esto se pueda filtrar al subsuelo. En distintas ocasiones Comarsa miente sobre el volumen de residuos”.

Lo más importante es que “está todo registrado desde los ojos del Estado, hubo una connivencia muy fuerte en todo sentido, hubo también una connivencia desde el Estado provincial y municipal, que en el 2013 les cedió terrenos a un valor de $35 el metro cuadrado que en ese entonces era lo equivalente 1 kilo de yerba”.

Martiné destacó que desde el Estado nacional también hay responsabilidad “por ser autoridad de aplicación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El año pasado el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, planteó que la situación era alarmante, sin embargo, meses después el Estado nacional incluyó a las empresas petroleras en un nuevo plan de estímulo a la producción del gas como es el GasAr. Hubo una connivencia estatal sin grieta”.

El periodista dijo que en 2015 Comarsa debería haber iniciado un plan para retirarse de Neuquén. En cambio, “le habilitaron una nueva planta con terrenos fiscales en la localidad de Añelo, punto caliente de Vaca Muerta, pero no garantizaron el cierre y esa planta sigue funcionando”.

“Hoy las piletas de Neuquén están vacías pero el material sigue acumulado y están haciendo un tratamiento de biorremediación que significa mover el residuo. En Neuquén hay un déficit habitacional muy grande, hay permanentemente toma de terrenos, las vecinas de Casimiro Gómez -el barrio más cercano- dicen que no se puede respirar, es sofocante, no se pueden sacar el olor a hidrocarburo de la ropa”.

Por último, Martiné enfatizó que “hubo al menos 15 multas de la Subsecretaría de Ambiente cuando la gravedad de los hechos ameritaban la clausura. Las cinco multas más caras son las que Comarsa no paga, son cinco millones de pesos. La ley establece que por cada día de mora se cobra un 10% más, son alrededor de 500 millones de pesos”.

Pescadores artesanales se movilizaron desde el puerto hasta el Municipio para pedir una respuesta luego de más de diez años de iniciada la causa por contaminación en la ría. Son 52 familias que perdieron sus fuentes laborales.

“Supuestamente el intendente se iba a hacer cargo de nuestro tema y nunca lo hizo. Estamos hartos de falsas promesas, hace 3 años que la causa esta archivada por el fiscal (Santiago Martínez) y la jueza (Gabriela Marrón), que creo no son gente idónea para estar en esta causa, esto debería estar solucionado”, comentó a FM De la Calle Héctor Seijas.

Agregó que “acá cada vez se contamina más y todos miran para el costado. A nosotros nos sacaron de nuestro puesto de trabajo peor que a los perros, nos mandaban a Prefectura, nos sacaban los materiales y hasta nos podrían meter presos”.

Seijas dijo que “se sigue contaminando, la jueza y el fiscal firmaron que en 18 meses iban a arreglar la ría, no podés arreglar en 18 meses la macana que te mandaste durante 30 años”.

Al respecto, la Cámara Federal revocó semanas atrás todos los convenios firmados entre el fiscal Martínez y apoderados de las empresas por no haber dado intervención a la querella, a la Fiscalía ni a organismos técnicos y de control. Previamente, los acuerdos habían sido homologados por la jueza Marrón.

Seijas recordó que “en el Consorcio (de Gestión del Puerto) se firmó un acuerdo por 6 meses, hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Dicen que trabajan pero no vemos avances de nada, que dejen de contaminar las empresas, que dejen de tirar desechos cloacales a la ría”.

Por último, enfatizó: “Estamos mal lamentablemente, haciendo changas, viviendo como se puede y con la pandemia peor. A veces no podemos salir ni a ganarnos el pan, se nos re complica”.

Compartimos el documento entregado por hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en la reunión interministerial que mantuvieron la semana pasada en Casa de Gobierno.

Llamado de las Mujeres de las Naciones Indígenas

Nosotras, las mujeres de las 36 naciones indígenas, habitadas por las fuerzas telúricas y la sabiduría de nuestras ancestras, hemos salido de nuestros territorios a caminar para sanar. Sanamos encontrándonos con todos los pueblos y seres, sanamos también por el cariño de esos pueblos que se organizaron para alojarnos, alimentarnos, cobijarnos en solidaridad y respeto. Brotaron lágrimas de sus ojos y esperanzas de construir un mañana mejor, fueron narrándonos los nefastos efectos de este sistema sobre las vidas. Cruzamos de punta a punta el país recogiendo esas voces inaudibles.

Hemos llegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trayendo nuestras medicinas, ancestrales y sagradas, en un momento que creemos histórico porque somos conscientes que no hay tiempo que perder, que el #Terricidio es innegable.

Celebramos la oportunidad del diálogo con responsables del Estado Argentino porque el negacionismo que ha sido el proceder ideológico de una casta opresora ya no servirá como lógica política, para no hacernos responsables de este presente producto de una matriz civilizatoria que hoy colapsa y no vislumbra futuro. La misma matriz que produjo el genocidio de los pueblos y naciones indígenas.

Este caminar fue arduo y necesario, fuimos empujadas por las sequías, los incendios, las violaciones a nuestras hijitas en el marco del #chineo, cansadas de tanta impunidad ante tantos crímenes, no podemos pensar en sanar sin justicia. Es por ello que decidimos caminar, con pasos amorosos y comprometidos por la vida, porque no se trata sólo de nosotras sino del mundo.

Son tiempos en los que nos determinan los hechos, convocadas por el llamado de la tierra, de nuestros ancestros y ancestras, estamos decididas a recuperar el Buen Vivir como Derecho, que es la única alternativa civilizatoria que nos rescatará de un sistema de muerte.

Desde nuestro legado ancestral no admitiremos #megaminería, #fracking, #desmontes, #megarepresas, #monocultivos y #agrotóxicos entre tantas industrias contaminantes bajo la idea de “desarrollo y progreso” porque eso es destrucción absoluta.

Estamos en vísperas de la conmemoración del 25 de mayo, para el Estado argentino el primer grito de libertad; y para los pueblos y naciones indígenas alaridos de dolor que aún hoy reclaman memoria, verdad y justicia.

Nuestros hombres indígenas nos han precedido en un intento de diálogo, que se estableciera desde el respeto y reconocimiento de paridad, naciones parlamentando y acordando, sin embargo han fracasado. Nosotras guardianas de los territorios y de todas las formas de vida estamos decididas a no fracasar, porque no claudicaremos, no nos resignamos y no traicionaremos.

Invitamos a los pueblos del mundo a decir #BastaDeTerricidio.

Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.

“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.

La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.

Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.

“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.

¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?

El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.

¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?

Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.

Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.

¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?

Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.

Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?

Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.

Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.

Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?

No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los  juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.

En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.

Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?

Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.

¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?

No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.

La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.

Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).

La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.

El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.

Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.

Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.

¿Qué proponen las empresas?

Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.

Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.

Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.

Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.

Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.

El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.

La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.

La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.

El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales  técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.

En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.

“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis  adecuado  sobre  la  ejecución  del  caso,  máxime  cuando  se  excluye  de  la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.

La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas  involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.

Una gran nube de humo negro se vio esta mañana en Loma Paraguaya. Provenía de la antorcha de Refinería Bahía Blanca, planta que se vio totalmente paralizada tras un corte eléctrico,

El Comité Técnico Ejecutivo advirtió que producto de su puesta en marcha podría visualizarse mayor luminosidad, venteos y ruido durante el resto del día.

“Se generó un corte en la línea de media tensión que provoca que la planta se pare en su totalidad, la compañía Mega también paró sus plantas. Refinería intentó arrancar enseguida pero sin éxito, por eso se genero esa nube de hubo negro”, explicó a FM De la Calle, el coordinador del CTE Walmir Morete.

Dijo que “recibimos dos denuncias de la comunidad, igualmente ya habíamos asistido. Para realizar un acta de infracción tenemos que estar presentes cuando sale el humo. Como superaron el límite de tiempo admisible por la ley, fue notificada de la infracción y se lleva a las oficinas. Se infraccionó por humo, eso es de todo”.

Agregó que “es humo negro porque es mala combustión, estuvo un rato largo largando, el problema fue que no se activaron los generadores que permiten que la planta siga en funcionamiento cuando se corta la energía, eso es otro tema a solucionar”.

“Eso es algo interno de ellos en el mismo proceso. Cada sector tiene un generador que le permite seguir funcionando. Cuando tienen una baja en tensión provoca que se paren los equipos, si sale el humo que sale, es porque no se prevé una parada, esta funcionando de manera normal y de golpe se para todo, se activan las medidas de seguridad y por eso sale por la antorcha”, mencionó Morete.

Advirtió que la parada de planta llevará todo el día y que la empresa informará el horario de puesta en marcha. Mega, por su parte, no fue infraccionada.

Por último, en relación al software que años atrás permitía a la comunidad monitorear las cámaras del CTE a través de la web de Gobierno Abierto señaló que “las cámaras que tenemos, de las domo que son del CTE, no está funcionando el sistema, sí las cámaras. Estamos trabajando en la pagina web del CTE, la idea es que eso vuelva y que la comunidad pueda ver lo mismo que vemos desde el centro del monitoreo”.

Foto: Jorge Rubio.

Los incendios del Delta pusieron en el debate público la necesidad de caminar hacia una ley de preservación y mantenimiento de los humedales.

Un grupo de profesionales de la ciencia que investigan estos espacios geográficos elaboraron un documento con aspectos que deberían ser contemplados en la normativa.

La doctora en Ciencias Biológicas e integrante del CERZOS CONICET, Paula Pratolongo, es una de las firmantes y comentó los aportes en diálogo con FM De la Calle.

¿Qué es un humedal?

Es un ambiente donde las funciones están dominadas por el agua pero no es una laguna profunda. El agua es poca o es intermitente o son suelos encharcados. Hay funciones que me determinan que eso es un humedal. De esas funciones se derivan de las cosas que valoramos del ecosistema, que puede ser un valor económico o intangible.

Una de esas funciones es que purifican el agua, eso tiene que ver con el nivel de la inundación. Si yo tengo un ambiente donde la inundación somera, con agua poco profunda, hay un intercambio muy intenso ente el suelo y la atmósfera.

Esa alternancia entre un período que se inunda y otro que no, hace que haya reacciones químicas en los suelos, que hacen que mucho del nitrógeno que entra como fertilizante y que potencialmente podría causar un daño se transforma en nitrógeno gaseoso, en el componente principal de la atmósfera. Eso hace que si yo ingreso una carga de nutrientes exagerada, como un residuo cloacal, genera floraciones de algas tóxicas y nocivas, disminuye la proporción de oxígeno y puede provocar mortandad de especies. Todo eso se se evita si tengo una franja de humedales entre el desecho y la franja de agua.

¿De qué se trata y para qué serviría un registro de humedales?

Uno de los principales focos de la ley es destinar fondos y establecer quien se encarga de hacer el inventario. Primero, tenemos que definir a qué cosa consideramos humedal y a qué no. Después hay que decir a dónde están, cómo son, qué funciones tienen, cómo se modifican en el tiempo. Es una herramienta de gestión.

Tenemos ejemplo de los humedales asociados a la ría, cada vez que hay que hacer una obra que modifique algún aspecto de ese humedal hay que hacer un estudio de impacto, audiencia pública, se consulta a expertos. Si se cambia la cabeza y se trabaja sobre la gestión del territorio, contar con este inventario hace que uno pueda definir qué se puede hacer y qué no, con qué intensidad, cómo vamos a entender cómo funciona cada espacio de la provincia y cómo podemos intervenir en eso.

¿Qué cambiaría al momento de evaluar el estuario bahiense?

Obligarnos a poner en marcha el inventario, obliga a tener una legislación específica dentro de lo que se considera humedal y va a imponer determinadas pautas de uso. A partir de la ley se va a evaluar de otra manera el uso del espacio, ya no va a ser el impacto aislado de determinada cosa que quiero poner o sacar. Va a estar ordenado qué se puede hacer y qué no, no me tengo que poner a mirar en cada caso específico qué impacto tiene.

¿Qué resistencias enfrenta esta ley?

En la parte académica somos siempre los mismos, la gente que promueve estas iniciativas son siempre las mismas. El problema de base que hay que resolver no tiene un trasfondo político pero entran otras cosas que ponen en juego intereses de otros sectores y ahí la parte técnica no discute demasiado.

Nuevamente el avance de las empresas mega mineras pone en vilo a la comunidad de Andalgalá. Nuevamente, como en la última década, la movilización y la resistencia son sinónimos de lucha popular en defensa del agua y la vida en la provincia de Catamarca.

El proyecto denominado Mara, resultado de la fusión que realizó la empresa canadiense Yamana Gold con la suiza Glencore y la estadounidense Newmont, pretende utilizar las viejas instalaciones de La Alumbrera: “Nadie se hace cargo y en la orfandad que nos deja el Estado no nos permite vivir tranquilos, no tenemos paz desde hace 11 años”, expresó a FM De la Calle, Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo.

La vecina de Andalgalá denunció que “desde el 7 de abril han pasado maquinarias al cerro por un departamento cercano para comenzar 11 pozos de perforación. Esto fue documentado por nuestros compañeros y alertamos al pueblo. El gobierno, argumentando la situación pandémica, nos puso en fase roja y empezaron las restricciones de circulación, vigilada con mucha policía trasladada desde la ciudad capital”.

“A pesar de esta prohibición, las mujeres nos manifestamos haciendo una sentada dos días seguidos a la misma hora frente del edificio de la empresa. El 10 de abril, se cumplieron 584 sábados que hacemos una manifestación pública. En medio de la caminata, un grupo de chicos comenzaron con disturbios y se trasformó en caos. Nuestra gente se quedó un rato pero logramos seguir caminando hasta la iglesia del pueblo”, explicó Farías.

Según narró la asambleísta, dos días después de los hechos “comenzaron los allanamientos y las detenciones violentas a varios compañeros, casi todos varones, también a algunos vecinos que no son de la Asamblea”. En las últimas horas, continuaron los arrestos en Andalgalá y la zona: “Así se vive, quienes tienen que hacerse cargo, la siguen careteando. Las autoridades siguen lamentándose por el vidrio roto en un local partidario pero la cuestión de fondo, una minera a 15 km de nuestro pueblo, queda siempre en la nebulosa”.

La compañía canadiense “hace un impresionante pozo en las nacientes de nuestro río. Teníamos una ordenanza municipal que protegía pero fue derogada, declarada inconstitucional por la Suprema Corte catamarqueña. A partir de allí se movieron de forma conjunta la Secretaría de Minería y la empresa para dar inicio a estos pozos”.

Farías explicó que “les han dado una servidumbre de agua de 7 mil metros cúbicos por segundo y ya está impactando, imagínense cuando quieran comenzar las excavaciones, ni imaginar cuando vuelen el cerro. Somos gente que vivimos del agua de las montañas, no tenemos napas. Logramos dictamen favorable en 2016 porque el proyecto era inviable ambientalmente hablando. Pero todo lo dejan sin efecto, estos gobiernos son nefastos y entreguistas, todos los partidos políticos son culpables”.

Este jueves la asamblea El Algarrobo informó que dos de los detenidos obtuvieron el arresto domiciliario y los otros nueve deberán esperar que se resuelva su situación procesal privados de su libertad. Por otro lado, destacó que “ante la presencia real de camiones del ejército, la paz de nuestra ciudadanía volvió a zozobrar ante la falta de información oficial. Situación que captó la atención debido a la sensibilidad palpable de éstos días”.

Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.

Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.

En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.

“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.

Escuchá la entrevista:

Hernán Zerneri, integrante de la Asociación Ambiental Unión 20 de Agosto, dijo a FM De la Calle que el escape de ácido clorhídrico en la planta de Unipar fue por “una falla en una soldadura” y no por la rotura de la junta de una brida como se informó en primer término.

“En el momento que se da la liberación del cloruro había una lluvia torrencial, cuando monitorearon el entorno estaba lloviendo y eso favoreció la dilución del material para que no llegue a la comunidad. Ya van dos ‘suertes'”, dijo en referencia al escape de cloro del 2000 cuando el viento llevó la nube amarilla hacia el estuario.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del jueves. “A las 2 horas se controló y se activó el PRET 1 por protocolo. En función de presiones y volúmenes de las empresas cualquier producto que liberen puede tener una afección al entorno”, explicó.

“La empresa presenta un motivo oficial, en este caso en Unipar es una falla de materiales que tiene más que ver con el mantenimiento preventivo que con la capacitación de la gente. Hay que atender cuál es la causa raíz de cada cosa para pedir que se refuercen recursos para que no se repitan”.

Zerneri afirmó que “nuestro pensamiento del tema pasa por el mantenimiento preventivo que hacen las industrias respecto a sus instalaciones. Puede haber una falla y que el material de la cañería presente una porosidad”.

Por otro lado, informó que la semana pasada se realizó una reunión del Comité de Control y Monitoreo y entre los temas tratados incluyeron “cuestiones que hacen al quehacer del CTE, además de aspectos comunicacionales que tienen que ver con el Municipio y el CCyM y retomamos una agenda de comunicación perfilado a todo el año”.

Esta madrugada el Comité Técnico Ejecutivo informó que la empresa Unipar realizó “una parada no programada de planta debido a la pérdida de cloruro de hidrógeno en la unidad de pirólisis 2400”.

La ex Indupa activó el nivel de emergencia PRET 1 y el CTE comunicó que no se detectaron “anormalidades”. La situación fue controlada pasadas las 2:30.

El coordinador del organismo, Walmir Morete, dijo a FM De la Calle que la empresa avisó a las 12:15 “que debía parar una de sus pantas en forma no programa debido a un escape de cloruro de hidrógeno. Es ácido clorhídrico en estado gaseoso, no es un derrame sino un gas”.

“La pérdida podría hacer sido desde una brida, debieron parar la planta para despresurizar y arreglar lo roto. No es menor, la empresa decreta un PRET 1, es nivel amarillo, el más bajo, son accidentes que tengan como única consecuencia daños materiales puertas adentro de la empresa y no tienen un daño exterior a la planta. Interviene Defensa Civil y Bomberos de Ing. White que van a la planta”, explicó Morete.

El CTE concurrió a “inspeccionar y realizar mediciones para detectar si este gas está en la periferia de la planta. Se decretó que no, estaba lloviendo torrencialmente y había viento, eso probablemente ayudó”.

“La empresa lo que hace es parar la planta y bajar presiones hasta que queda parada, hasta que no circula más, parte de eso se ventea a la antorcha. Medimos con equipos en el perímetro de la planta para ver si se detectaba. Es tóxico, corrosivo y con olor picante que se detecta con el olfato. No recibimos denuncias de vecinos de White ni de Bahía. Entendemos que la lluvia dispersó, estamos esperando el informe de la empresa para saber cuánto fue”.