Los incendios del Delta pusieron en el debate público la necesidad de caminar hacia una ley de preservación y mantenimiento de los humedales.
Un grupo de profesionales de la ciencia que investigan estos espacios geográficos elaboraron un documento con aspectos que deberían ser contemplados en la normativa.
La doctora en Ciencias Biológicas e integrante del CERZOS CONICET, Paula Pratolongo, es una de las firmantes y comentó los aportes en diálogo con FM De la Calle.
¿Qué es un humedal?
Es un ambiente donde las funciones están dominadas por el agua pero no es una laguna profunda. El agua es poca o es intermitente o son suelos encharcados. Hay funciones que me determinan que eso es un humedal. De esas funciones se derivan de las cosas que valoramos del ecosistema, que puede ser un valor económico o intangible.
Una de esas funciones es que purifican el agua, eso tiene que ver con el nivel de la inundación. Si yo tengo un ambiente donde la inundación somera, con agua poco profunda, hay un intercambio muy intenso ente el suelo y la atmósfera.
Esa alternancia entre un período que se inunda y otro que no, hace que haya reacciones químicas en los suelos, que hacen que mucho del nitrógeno que entra como fertilizante y que potencialmente podría causar un daño se transforma en nitrógeno gaseoso, en el componente principal de la atmósfera. Eso hace que si yo ingreso una carga de nutrientes exagerada, como un residuo cloacal, genera floraciones de algas tóxicas y nocivas, disminuye la proporción de oxígeno y puede provocar mortandad de especies. Todo eso se se evita si tengo una franja de humedales entre el desecho y la franja de agua.
¿De qué se trata y para qué serviría un registro de humedales?
Uno de los principales focos de la ley es destinar fondos y establecer quien se encarga de hacer el inventario. Primero, tenemos que definir a qué cosa consideramos humedal y a qué no. Después hay que decir a dónde están, cómo son, qué funciones tienen, cómo se modifican en el tiempo. Es una herramienta de gestión.
Tenemos ejemplo de los humedales asociados a la ría, cada vez que hay que hacer una obra que modifique algún aspecto de ese humedal hay que hacer un estudio de impacto, audiencia pública, se consulta a expertos. Si se cambia la cabeza y se trabaja sobre la gestión del territorio, contar con este inventario hace que uno pueda definir qué se puede hacer y qué no, con qué intensidad, cómo vamos a entender cómo funciona cada espacio de la provincia y cómo podemos intervenir en eso.
¿Qué cambiaría al momento de evaluar el estuario bahiense?
Obligarnos a poner en marcha el inventario, obliga a tener una legislación específica dentro de lo que se considera humedal y va a imponer determinadas pautas de uso. A partir de la ley se va a evaluar de otra manera el uso del espacio, ya no va a ser el impacto aislado de determinada cosa que quiero poner o sacar. Va a estar ordenado qué se puede hacer y qué no, no me tengo que poner a mirar en cada caso específico qué impacto tiene.
¿Qué resistencias enfrenta esta ley?
En la parte académica somos siempre los mismos, la gente que promueve estas iniciativas son siempre las mismas. El problema de base que hay que resolver no tiene un trasfondo político pero entran otras cosas que ponen en juego intereses de otros sectores y ahí la parte técnica no discute demasiado.
