El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó nuevamente a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Esta vez fueron siete las denuncias vecinales que advirtieron el episodio.

Si bien el inicio del trámite para multar a la empresa es lo que corresponde, evidencia que algo anda mal porque la explosión que el 28 de junio alertó a la ciudad y parte de la región no significó ni un mínima infracción para Dow.

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow”, dijo a FM De la Calle el titular del CTE, César Pérez, horas después del hecho.

El 16 de junio, Profertil fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco. La madrugada del viernes pasado otras cinco denuncias motivaron la misma sanción.

Según lo informado por el municipio, el incremento de ruido registrado anoche se produjo a partir de las 20:45 “como consecuencia de las maniobras de parada no programada de planta de urea”.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.

Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

(Periferia) Investigadores e investigadoras de CONICET concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense está bajo “un alto y constante” impacto causado por la actividad humana, al encontrar dosis de 16 hidrocarburos y metales pesados, en 5 especies de sus humedales.

Científicas y científicos argentinos presentaron un informe del estudio que realizaron en el Estuario de Bahía Blanca, donde encontraron Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en ejemplares de saraquita, pescadilla de red, corvina rubia y gatuzo , capturados en 2015 y 2016.

Pero, además, en otro estudio, identificaron concentraciones de metales pesados en sedimentos, en material “particulado en suspensión” y en la especie de cangrejo Neohélice de dos regiones de humedales de la ciudad.

Los científicos del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense se encuentra bajo una “alta y constante presión antrópica” ocasionada por la actividad humana.

Es que en el Estuario de Bahía Blanca se ubican varios puertos, ciudades y uno de los complejos industriales más grandes de Sudamérica, y se vuelve objeto de análisis por las consecuencias mediambientales que ocasiona.

Las conclusiones de los dos estudios fueron presentadas en la quinta reunión de Geoquímica de las Superficies, realizada entre el 12 y el 14 de junio, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Hidrocarburos 

En el primer estudio los investigadores concluyeron que las concentraciones de hidrocarburos en todas las especies estudiadas “fueron menores a 100 ppb y fueron mayores en los juveniles que en los adultos Saraquita fue la especie que presentó la mayor carga”.

Además, “el 5% de las muestras analizadas se hallaron por sobre los niveles de seguridad o screening (USEPA), el parámetro que determina la peligrosidad de su consumo para humanos.

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) son una serie de compuestos orgánicos persistentes con una vida media de 6 meses que son constituyentes naturales del petróleo crudo y conforman una fracción de hasta el 20% del total de sus hidrocarburos, explican en el informe que se encuentra disponible en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

También resultan de los procesos de combustión incompleta a alta temperatura de diversos tipos de materia orgánica.

Anualmente, aproximadamente 6,1 millones de toneladas métricas de productos derivados del petróleo y su combustión terminan en los océanos, según las conclusiones de un estudio elaborado por Mervin Fingas, jefe de la división de ciencia y tecnología de emergencias del centro Environmental Technology Centre of Environment Canada, en 2010.

La mayor proporción de estos hidrocarburos deriva de “fuentes antropogénicas” como la actividad industrial, el transporte, la energía y derrames de petróleo y es por eso que los investigadores concluyeron que “el medio marino está siendo víctima de atropellos humanos como la eliminación de gases de los barcos o el vertido de lubricantes usados“.

En el estuario de Bahía Blanca las fuentes de este tipo son abundantes debido a que en sus costas se emplazan grandes ciudades como la propia Bahía Blanca y Punta Alta con unos 400 mil habitantes, según cifras del INDEC de 2010. Allí, por tanto, hay puertos comerciales e industriales de aguas profundas como Puertos Rosales, Ingeniero White y Galván con parques industriales y petroquímicos.

“Las cuatro especies bajo estudio evidenciaron trazas de HAPs en los músculos, siendo mayores las cargas en los juveniles y en la especie que cumple todo su ciclo de vida en el estuario”, a pesar que “los niveles de riesgo tóxico por hidrocarburos para el consumo de peces se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad”, expresaron los investigadores.

Metales pesados  

En el segundo estudio, realizado por investigadoras del IADO y de la Universidad Nacional del Sur, concluyeron que “el comportamiento de los metales en ambas matrices podría deberse a las diferentes características de cada puerto analizado: uno dedicado a la pesca artesanal, afectado por el dragado del Canal Principal, por las industrias presentes en Puerto Ingeniero White y por la descarga cloacal ?Tercera Cuenca? y otro cercano a la Base Naval, al sector de reserva de combustible ?Baterías?, afectado también por la descarga cloacal de Punta Alta.

“Por otro lado, la presencia de biofilms junto con la materia orgánica existente en los sedimentos estarían reteniendo a estos contaminantes impidiendo su liberación al ambiente”, concluyen los investigadores.

Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua y tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios.

Los más importantes son Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Estaño y  Cinc.

De ellos, los tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos.

De hecho algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones.

Autores 

El estudio sobre metales pesados estuvo a cargo de las investigadoras Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini, Daniela Truchet, Diana Villagrán, Eleonora Fernández y Carla Spetter.

De la investigación sobre hidrocarburos formaron parte Andrés Arias, Ana Carolina Ronda, Ana Laura Oliva, Tatiana Recabarren, Lautaro Girones, Melina Orazi, Gabriela Blasina, Andrea López Cazorla, Norma Tombesi y Jorge Marcovecchio.

Ambos estudios se encuentran disponibles en el sitio del repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

(Por Giuliana Crucianelli) Donde termina avenida Dasso. Donde no hay más avenida, solo descampado. Donde las pocas calles que hay son de tierra y la basura se acumula en un baldío, allí está la Sociedad de Fomento del Barrio Boulevard Juan B. Justo. Al final del recorrido de la 500. Cruzando el Puente La Niña, con un fondo de chimeneas. Con un fondo de “progreso”.

-Bajáte acá nena que yo sigo para la ruta, me dijo el colectivero cuando le pregunté si sabía dónde quedaba Reconquista al 3000.

Gracias siglo XXI por el GPS, pensé. Tres perros flacos salen al encuentro en una vereda donde no pasa ni una bicicleta. Al lo lejos diviso un cartel: Unidad Sanitaria. Eureka. La encontré.

-Buen día, vengo a la reunión del Proceso Apell.

-Sí, es por acá. ¿Vos quién sos?

-Soy de FM De la Calle. Nos enteramos de esta reunión abierta y vine.

Una a una las personas, pocas, se presentaron. Luego tomó la palabra Gabriela, vecina del 26 de Septiembre e integrante del Apell. Dirigiendo la mirada hacia mí, dijo:

-Esta reunión estaba convocada con anterioridad a la explosión en Dow. Era para la comunidad educativa de la 703.

Más tarde me enteraría que fue voluntad de la docente Mirta abrir la reunión a la comunidad y convocar estudiante por estudiante, familia por familia, a que se sumen al encuentro.

Tití, peluquera y vecina del Boulevard, abrió el juego:

-Parece que nos toman el pelo.

Ah la flauta, arrancamos tranqui, pensé.

Comenzó a contar: olores, ruidos, que un día salió afuera y le picaba la garganta, que cuando llamó al CTE le dijeron que era por el tanque negro -¿Qué tanque negro? Si eso no existe más-, que a los pibes a los quince días de nacer les dan un PAF, que nunca antes nadie se había enfermado, que cuando le decís al médico que vivís en White lanzan un ahhh y bueno usted qué quiere, pero cuando hay que firmar un certificado ninguno lo firma.

Una catarata de sucesos que terminaron con un:

-¿Para qué carajo nos llaman?.

Rubén llegó a la reunión con ropa de fajina listo para irse a trabajar. Toda la vida en “el Bule”.

-La verdad es que yo no escuché nada, vivimos al lado de la termoeléctrica que cada dos por tres mete unos venteos que te tiembla toda la casa. Nos acostumbramos a los ruidos.

-La próxima deberíamos decirle al CTE que venga porque hay cosas que nosotros no podemos contestar, dijo un miembro del proceso Apell.

La reunión siguió con las bondades del programa de respuesta ante emergencias, las recomendaciones de la ONU y, en contrapartida, vecinas planteando que nadie les decía la verdad.

Las sirenas se accionan cuando las personas deben confinarse. No se pueden confinar por más de dos horas, tienen que ir a buscarlas antes. Legalmente hay dos horas para avisar a la comunidad que pasó. Lo mejor es que se guarden en casa. Cuando haya una emergencia la sirena comunitaria va a sonar sin parar.

Así sucedía la reunión, entre los pasos a seguir ante un riesgo inminente y la vida cotidiana. Mirta preparaba unos cafés con mucho edulcorante para calmar los ánimos.

-La gente está preocupada pero con ganas de participar, de saber qué hay que hacer ante una emergencia. Nos alientan a seguir con el desafío de capacitar y hacer una instrucción a los vecinos, concluyó el coordinador del Proceso Apell, Daniel Ayala.

-Esto hace 30 años que nos está pasando. Todo esto es una pelotudez, es humo para la tribuna, me dijo Tití antes de volver a la peluquería.

Un llamado telefónico puso fin a la reunión, aunque poco a poco se había ido disipando. Antes de irme, la maestra y tres vecinos me pidieron mi teléfono.

-Por si pasa algo.

Me fui por donde llegué. Ya mediodía y las calles seguían inhóspitas. En la parada del colectivo me crucé con otra vecina que volvía a su casa.

-Viste cómo es… -dijo al saludarme- Acá nadie te explica nada.

Escuchá el reporte desde Ing. White para En Eso Estamos:

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.

Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.

“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.

En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.

“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.

“Instrúyese al intendente municipal de Bahía Blanca a clausurar en forma preventiva toda planta industrial del Polo Petroquímico o Zona Portuaria de ese Municipio cuya acción o inacción por falta de medidas adecuadas de prevención, constituya grave peligro de daño inminente sobre la salud de los trabajadores, de la población o del medio ambiente”, ordena el Decreto 31 del 11 de enero de 2001.

Previamente, la norma -que puede leerse en el sitio web del municipio- delega en el jefe comunal “las atribuciones de control y fiscalización de las obligaciones de las empresas” radicadas en el polo y el puerto para la “preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los habitantes de Ingeniero White”.

Justamente la comunidad whitense fue la que motorizó la firma por parte del entonces gobernador Carlos Ruckauf ante la “inacción” del ex intendente Jaime Linares. Ocurrió meses después de los escapes de cloro y amoniaco en las plantas de Indupa y Profertil.

“Es esencial la inmediatez para la efectividad de las medidas de control de las obligaciones de las empresas para preservar el medio ambiente, caso contrario la legislación cae en vía muerta y es meramente declarativa”, dice uno de los considerandos del decreto.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

En el marco del aumento de la pobreza y el desempleo en la ciudad y tras la explosión en la planta de Dow y la ratificación judicial de las pruebas de la contaminación del estuario, la agrupación Nuevos Vientos destacó: “Que unos pocos ganen cada día más, lleven sus ganancias fuera del país, a costa de nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro medioambiente no es desarrollo”.

El ex concejal Raúl Ayude dijo a FM De la Calle que “el discurso es macroeconómico, de déficit cero y ves que la gente está más lejos de satisfacer sus necesidades básicas y que en promesas de miles de millones de dólares de inversiones no se generan puestos de trabajo, al contrario, se terminan produciendo riesgos a la salud y medioambientales”.

“Por ejemplo lo que sucedió con la justicia y la confirmación de lo que se había puesto en duda que era la contaminación de al ría y la responsabilidad tanto de empresas como de la Municipalidad, el Consorcio, sumado a lo terrible que pasó en Dow el otro día. Cuando había pasado una hora de la explosión  y nadie sabía lo que tenía que hacer”.

“La decisión acerca de elegir un modelo de ciudad debe darse en un marco participativo de todos los sectores que componen la comunidad. No solo las empresas y el gobierno de turno, sino también las universidades, asociaciones intermedias y vecinos en general, en un debate público y abierto donde se evalúen las repercusiones de dichas instalaciones e inversiones”, afirma el comunicado de Nuevos Vientos.

Agrega que “deben recuperarse ámbitos participativos abiertos e institucionales como el funcionamiento histórico y regular que tuvo la comisión asesora de medioambiente del HCD, herramienta importante para evaluar proyectos”.

La concejala Paola Ariente confirmó que la Comisión Asesora Ambiental no se reúne desde 2018 y aseguró que hay disconformidad desde el Comité de Control y Monitoreo por el manejo de la información luego de la explosión en Dow.

“Si mal no recuerdo no nos reunimos desde mitad del año pasado, el último pedido que hice para que la Comisión Asesora se reuniera fue con el informe que hay de la causa judicial de la contaminación de la ría donde pedí que la gente del IADO, UNS y CONICET pudieran venir a explicar el Programa Integral de Monitoreo que venían efectuando. Se aprobó y nunca se citó”, comentó.

Según la web del Concejo, el último encuentro convocado por el oficialista Leandro Santomassimo fue 6 de noviembre de 2018 para discutir “la evolución del clima la ciudad en los últimos 40 años”. Ariente comentó que “es él quien hace el orden del día y convoca a las reuniones. Como coordinador es quien tiene que estipular la reunión”.

El edil participó este mediodía de una reunión con voluntarios interesados en “trabajar articuladamente un proyecto de apoyo, rescate y socorrismo para animales”.

Ariente informó que presentó una serie de cuestionamientos sobre lo ocurrido en Dow en el Comité de Control y Monitoreo donde hay “disconformidad” por no haberse enterado de los hechos”por los canales formales”.

En cuanto a los fondos destinados a temáticas ambientales, dijo que en la rendición del Centro de Control y Monitoreo “se nos explicó cuál había sido la subejecución, que por una cuestión de contrato y convenio pasaban para este año, pero respecto al dinero que se había destinado al proceso Apell, que no se había ejecutado, no se nos dio una repuesta satisfactoria de por qué no se habían gastado. Hay un guardia ambiental menos porque un inspector dejó su cargo y debe estar por abrirse el concurso. El resto no te sabría decir porque hubo una reducción de personal o de horas”.

Respecto a la  posición del bloque frente a lo ocurrido el viernes pasado, refirió que “no nos puede seguir pasando esto de que cada vez que ocurre un suceso los canales comunicativos sean tan confusos, que siempre tengamos una versión de la empresa, que si bien es válida no puede ser la única”.

“La gente no tiene la respuesta política de quienes deberían tenerla. Ni la gente ni lo concejales tampoco. No nos puede seguir pasando esto, los protocolos hay que revisarlos”, afirmó.

Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

Alejandro Barrera, secretario general de la Unión Jerárquicos Petroquímicos, aseguró a FM De la Calle que les preocupa que las responsabilidades de la explosión en la planta Dow recaigan sobre el personal jerárquico de la empresa, el cual no cuenta con representación sindical.

“Muchas de estas compañías cuando hacen esas investigaciones llegan a conclusiones donde los mandos medios, que serían nuestros afiliados, son atacados o despedidos y sin tener la incidencia de un sindicato. Nos perdemos la posibilidad de defender al personal que es el más fácil de atacar, en el sentido que se puede responsabilizar a la gente sin verificar qué pasó”, afirmó.

Barrera aclaró que “hace dos años convocamos a la gente de Dow pero el día que les informamos que estábamos haciendo reuniones para conformar el sindicato despidieron a una persona. Después no pudimos convocar a nadie más. Lamentamos no tener representación en Dow”.

La UJPe está conformada por los mandos medios y superiores, administrativos, profesionales y técnicos. En la actualidad su desarrollo comprende a integrantes de la plantilla de Unipar Indupa.

“Lo único que veo que estuvo mal es una cuestión de comunicación, evidentemente las redes sociales son mas rápidas que los medios. Todo el Polo está monitoreado por el CTE y es quien debería comunicarle a la comunidad lo que pasó, es el primero que se entera. A los cinco minutos ya había fotos circulando, me parece que hay que comunicar más rápido para que la gente no se asuste”, opinó.

Barrera integra la mesa sindical de la CGT, espacio al cual representa en las reuniones de la Comisión Asesora Ambiental que coordina el concejal de Cambiemos Leandro Santomassimo. “Este año no nos convocaron nunca, antes hemos tenido algunas reuniones donde se discutían temas de medio ambiente de la ciudad”, dijo.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

Federico Manfredini, soldador de alta presión durante más de 30 años en Solvay Indupa, comentó a FM De la Calle cómo vivió la explosión en la planta de Dow la madrugada del viernes y recordó algunos mecanismos y formas de trabajo de las empresas del polo.

“Me tembló la cama, las ventanas, el portón. Al principio pensé que era un temblor.  A la mañana hablé con mis ex compañeros y me explicaron lo que sabía todo el mundo”, aseguró el papá de Juan Cruz, joven bahiense fallecido por precarización laboral en Camin Cargo Control.

Manfredini dijo que “las causas siempre son por falta de material, por no haber cambiado caños o por una válvula que no abrió. Son fallas de cuestiones mecánicas, fallas reales. Ahora, si hicieron mantenimiento o no no lo vamos a saber, no te lo van a decir. (Ernesto) Monterroso se cayó a la pileta (de Solvay) por falta de mantenimiento. Eso fue arreglado rápidamente y al otro día estaba todo en condiciones óptimas”.

“El factor riesgo siempre está, se trabaja con presiones muy altas y me llama la atención que un caño de vapor haya hecho tanto ruido. Seguramente hay válvulas que registran eso, que cortan automáticamente o cierran cuando hay un desperfecto. El choque de vapor con la atmósfera es muy grande. Llama la atención que no hayan dejado entrar a los bomberos”.

Manfredini recordó un incidente en el año 87: “Se prendió fuego el fósforo de monómero vinílico. Estaba dividida en tres partes la planta de Solvay. Eso fue muy alarmante porque teóricamente desapareció todo el fósforo. Yo estuve en la reparación del artefacto”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que se deben hacer públicos los registros de mantenimiento a las unidades. Tienen que ser todos los años. Muchas veces durante el año se hacen paradas de planta para arreglar cañerías y válvulas pero no son públicas”.

Manfredini recordó que después del escape de cloro del 2000 “fueron muy exigentes con toda la cañería, con el tipo de soldadura, con el modus operandi de trabajo. Estuvimos muy cerca, todo lo que pasó por esa nube no quedó nada. Como me dijo alguna vez algún gerente de una planta: ‘Mientras salga el producto por el caño, no nos hagamos problema'”.

El fiscal de Delitos Culposos Cristian Aguilar investiga si existió algún delito alrededor de la explosión ocurrida en Dow el viernes pasado. Esta mañana informó que busca determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

“No cualquier explosión es un delito penal, de lo contrario serán infracciones administrativas. La Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo, esa no es función del fiscal ni del Poder Judicial. Eso atañe al poder estatal, en este caso, a lo administrativo. La investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció”, comentó.

La intervención judicial de oficio la inició Marcelo Romero Jardín, quien se encontraba de turno al momento del episodio que alertó a Bahía Blanca. Durante el domingo, Aguilar y el juez Guillermo Mércuri -subrogando a la jueza de Garantías Susana Calcinelli- realizaron una inspección ocular junto a peritos de la UNS.

Aguilar manifestó que “no hubo escape de amoníaco, lo que hubo es una explosión de vapor y agua. No hay verificada la existencia de personas muertas o heridas. Incendio o explosión es la denominación técnica del delito”.

Santiago Maíz, secretario de Extensión, Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería de la UNS, destacó que lo que explotó fue “agua a elevada temperatura con lo que se producen dos productos de Dow, hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros par la zona más cercana”.

“El tanque está totalmente destruido. Pedimos los datos de los registros, era un tanque de tres metros de alto por uno de diámetro. Se ve la chapa abierta completamente. La tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros. Estaban destrozados diferentes aparatos cercanos al recipiente”.

¿Qué es la sobrepresión?

Maíz explicó que “ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías y lo vuelve a recircular. Pasó la presión de trabajo varias veces y explotó. Nos tienen que pasar los registros de las válvulas, los planos de la planta. La sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no funcionó. Lo que vimos es un registro que nos mostraron y se ve que la presión se elevó en cuestión de minutos”.

Aguilar insistió en que “para que sea delito se requieren diversas situaciones: que existan lesiones u homicidio. Si esto no ocurre, se requiere una afectación indeterminada de bienes y a personas. Daño ambiental es otro tipo de delito. Es necesario acreditarlas”.

El ingeniero Maíz comentó que, “por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo que fue lo que derivo en la explosión. Seguramente en esa parada hubo que hacer alguna tarea operativa para el arranque y pudo haber fallado alguna válvula pero todavía no está clara la causa de la explosión”.

Hernán Zerneri, titular de la la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, destacó la falta de recursos en los organismos de control y concientización y la subejecución presupuestaria reconocida por el gobierno municipal.

“Los responsables de la empresa manifestaron que la sirena de planta no se activó porque no hubo intervención de productos combustibles ni de fuego. Eso nos abre un interrogante: ¿cuál es el protocolo interno de activación de alarmas internas de la planta siendo que además puede haber fugas tóxicas en las que no interviene fuego y puede que no sean  combustibles? Sin embargo, ¿en ese caso no activan la alarma? Parece que la explicación la ajustaron a lo que pasó“., afirmó.

Zerneri sostuvo que “habrá que evaluar de qué manera establecer la comunicación a partir de ahora y también agiornar el PRET. Por ejemplo, el coordinador de APELL manifiestó que no se habían cumplido ninguno de los pasos comunicacionales del PRET. No podemos darnos el lujo de cometer tantos errores en la comunicación en esta etapa de la manifestación de un episodio como este porque está en juego la respuesta que la propia comunidad tiene que dar en el caso de una emergencia tecnológica“.

La asociación integra el Comité de Control y Monitoreo, organismo de “carácter consultivo” del Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, el cual debe controlar las “emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial” en el Polo Petroquímico y el puerto.

Consultado sobre la emisión de gases mediante las antorchas de piso, Zerneri dijo que su instalación “vino a solucionar el problema de todos los gases que emanaban en una parada de planta imprevista. Estos gases se enviaban a la antorcha de altura y generaban una columna de humo negro que se veía a varios kilómetros. Si no salió un humo negro de las de piso significa que hubo una buena quema y combustión, que no repercutió en la cuestión ambiental atmosférica”.

Presupuesto

Zerneri advirtió que “la plantilla de APELL tiene un coordinador y una sola persona activa que es técnica y administrativa. La respuesta a la emergencia, si bien APELL coordina y no es la que actúa operativamente, no puede manejarse solamente con dos personas. Es una plantilla muy pobre para atender un tema tan importante como este”.

En cuanto al presupuesto, comentó que “en una reunión de Comité de Control y Monitoreo el propio Gobierno municipal presentó un resumen de los gastos del Comité Técnico. Tenemos casi 4 millones de pesos que no se ejecutaron. (…) Solamente se ejecutó 700 mil pesos de casi 5 millones”.

Agregó que “si se pudiera ejecutar el total del presupuesto tal vez podríamos tener mayores simulacros, mayor personal del área, podríamos tener un sistema de comunicacional como el de hace unos años con una respuesta más inmediata no solamente de una app sino de WhatsApp”.

De la Secretaría a la Subsecretaría de Gestión Ambiental

“Fuimos la única institución que en su momento, cuando hubo un replanteo del organigrama municipal, solicitamos públicamente a través de notas, hasta nos reunimos con el intendente, del cambio de rango que tuvo el área de medio ambiente. No es menor. Planteamos que teniendo uno de los polos petroquímicos más importantes de Sudamérica, el contrato con terceros más importantes del presupuesto municipal que es el de recolección y disposición de residuos urbanos, sufre la deposición de rango, el área ambiental pasa a ser subyacente a otros”.

“Pasando de secretaría a subsecretaría la autoridad máxima no puede plantear temas en reunión de gabinete como debería”, comentó.

Foto: Telefé.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.