El ingeniero de la Universidad Nacional del Sur, Santiago Maiz, es uno de los peritos convocados por el fiscal que interviene en la investigación de la explosión ocurrida el 28 de junio en la planta de Dow.

Esta mañana explicó en diálogo con FM De la Calle los alcances del informe realizado en base a la inspección ocular realizada dos días después del incidente y a la documentación entregada por la multinacional.

El documento fue firmado también por los ingenieros Daniel Ziegler y Mauro Puccinelli (UNS) y por el perito Andrés Medina. Los expertos concluyeron que al “error humano” se sumó la ausencia de una válvula de seguridad en el equipo V907.

¿Qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas?

Lo que pasó fue que por el corte de luz del fin de semana anterior la planta se detuvo y lo que se hizo fue poner en servicio ese sector. En los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente que y al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara.

¿Cuál fue el impacto en la planta?

Como es una instalación de vapor que funciona con alta temperatura, son equipos, cañerías y tanques que están aislados térmicamente y recubiertos con chapa de acero inoxidable delgadas y entre la chapa y los diferentes elementos hay una capa de aislante, eso estaba todo destruido, y el equipo en cuestión era una chapa torcida, uno miraba y decía eso era el tanque.

La explosión fue tremenda. La chapa del tanque tenía casi un centímetro de espesor, en la explosión pegó contra una brida y era como si hubiese calcado la forma de la brida la chapa del tanque. Hay una foto espectacular que sacó Dow donde uno puede ver la violencia o la energía que tenía ese tanque acumulada cuando explotó.

¿Eso implicó alguna consecuencia respecto de algún otro tipo de procesos más allá del que involucra agua a o vapor?

No. Ese tanque estaba en un lugar rodeado de, no sé si se hace así a propósito, pero estaba contenido por la misma estructura, las mismas cañerías y otros equipos. Por ejemplo, al lado del tanque había un intercambiador de calor de placas, que es un equipo muy pesado, que obviamente lo bajó de su pedestal pero que lo que hizo fue contener la explosión. Está muy protegido por la misma instalación. Supongo que tiene una lógica dentro de la instalación, cuando uno hace una planta también hace un estudio de riesgos.

Cuando el fiscal les pregunta respecto de la expansión del daño, hablan de una distancia de 35 o 40 metros del recipiente y, en segunda instancia, mencionan que el primer sector con materiales inflamables estaba a más de 50 metros. 10 metros parece muy poco. ¿Qué conclusión tienen respecto del riesgo de que esa explosión pudiese haber afectado algún otro tipo de proceso?

Lo que observamos es que en una zona primaria, 10 o 15 metros, esa explosión hubiese sido fatal si había una persona en ese lugar por la cantidad de líquido, la cantidad de agua a alta presión y temperatura. Y en un radio de 35 o 40 metros la explosión hubiese sido de alto riesgo por la cantidad de partículas proyectadas, válvulas, bridas que explotaron y fueron esparcidas.

La zona de caldera está a unos 50 metros, es lo primero que se encuentra con combustibles y llamas, lo que podía haber llegado a pasar es que golpeara algún proyectil, expulsado por la misma explosión, y que podría haber causado la ruptura de alguno de los equipos que trabajan con gas o llama. De ahí a que se forme una reacción en cadena hay una probabilidad que es muy baja porque tendrían que suceder una serie de eventos y que eso se traslade a otro lado.

¿Daño por fuera de la planta hubo?

No.

¿Y riesgo?

No, riesgo tampoco porque una de las cosas que nos preguntaban  era si podía haber desencadenado alguna reacción en cadena o fuga de material tóxico. En el lugar donde explota el tanque es solamente cañería de vapor que se utiliza en diferentes procesos, a diferentes temperaturas.

Todo lo que había era agua, que es tratada químicamente, se le quitan minerales o partículas que pueda tener, porque ese vapor se utiliza para mover turbinas de vapor o para diferentes procesos donde ese agua debe tener una calidad muy alta y debe ser baja en oxígeno para que no produzca corrosión. Pero no representa un grado de toxicidad que pueda comprometer a alguien.

Yendo a las causas, el informe de la empresa que aceptó el CTE, puso el foco sobre un error humano, que no se abrió una válvula en la puesta en marcha post corte de energía. ¿Comparten esa hipótesis?

Sí, hay un error humano en los pasos del procedimiento de la puesta en marcha. Si uno sigue esos pasos es imposible que el tanque esté conectado a una fuente de presión y que no tenga una salida o escape. Pero además de ese error humano, que es una válvula que no se abrió para liberar el vapor que entraba, ese equipo no tenía válvula de alivio de presión. Si la hubiese tenido ni nos hubiésemos enterado que hubo un error humano porque en lugar de explotar el tanque se hubiese activado el sistema de seguridad.

¿Qué quiere decir que no tenía esa válvula? ¿No estaba ocasionalmente o nunca la tuvo?

No figura en los planos que hubiese una válvula de seguridad ahí. Desde el diseño no fue contemplada.

Ustedes citan una documentación del fabricante del recipiente que dice que debe tenerla y que se debe encargar la empresa de ponérsela.

Ese tanque fue fabricado bajo la norma ASME VIII División 1, que es una norma estadounidense, acá se usa una norma similar. En esa norma hay un apartado de los sistemas de seguridad que abarca y dice claramente que todo lo que es recipiente a presión debe tener un dispositivo de alivio de presión.

En todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad, hace diferenciaciones si el recipiente está expuesto a la llama o no, pero en todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad. Dice que no es necesario que lo provea el fabricante pero sí lo debe instalar quien lo utiliza. Desde la puesta en marcha debe tener un dispositivo de alivio de presión.

¿Hace cuánto tiempo funcionaba este equipo en Dow?

El equipo tiene fecha de fabricación del año 99.

¿Desde entonces estuvo funcionando sin esa válvula?

Claro, ese equipo se fabricó en el 99 y debe haber sido instalado en ese año o al año siguiente.

¿Desde aquel entonces hasta aquí no hubo un organismo de control que advirtiera esa situación?

No, porque generalmente cuando uno fabrica bajo esas normas debe acatarlas. Uno cuando vende su producto dice que su planta está bajo norma ASME VIII, mismo lo exige el comprador. Eso queda a cargo de la empresa.

Esa válvula, aun habiendo error humano, ¿hubiese impedido la explosión?

Claro, esa válvula hubiese liberado el exceso de presión.

Hacen una sugerencia de no puesta en marcha o habilitación de la planta hasta que esto no esté resuelto…

La misma norma con la que fue fabricada la planta indica que en el caso que haya algún incidente se debe cambiar todo a nuevo. Es porque uno debe tener 100% de confiabilidad en los equipos que está poniendo para que no vuelva a suceder. Todos los equipos que estaban en un radio de 35 a 40 metros se deben cambiar a nuevo o, en el caso que sea un equipo muy caro, debería revisarse por completo.

La pericia judicial que relevó las causas y consecuencias de la explosión en Dow ya está en manos del fiscal Cristian Aguilar.

Cuatro expertos concluyeron que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

“Si se hubiera instalado un dispositivo de seguridad, la presión en el interior del recipiente V907 nunca habría llegado a valores de riesgo por lo que se habría evitado el siniestro”.

El documento fue firmado por Daniel Ziegler, Mauro Puccinelli y Santiago Maíz del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y por el perito ingeniero mecánico oficial Andrés Francisco Medina.

“Entendemos que, hasta que no se inspeccione y/o repare cada cañería, recipiente o dispositivo que pudiera haberse dañado en la explosión, no debería habilitarse el funcionamiento de la planta”, destacaron.

Expansión del daño y riesgos

Los peritos aseguraron que existió riesgo de daño a otros bienes de la empresa aunque no pudieron cuantificarlo y respecto al posible daño a terceros sostuvieron que “es muy bajo o prácticamente nulo”.

“La explosión hubiese sido de carácter fatal en un radio menor a 10 metros debido a los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). En un radio de 40 metros hubiese sido de alto riesgo por el impacto de las proyecciones de material”.

En cuanto al radio de expansión del daño afirmaron que “por las proyecciones de las piezas expulsadas en la explosión” se infiere que fue de 35 a 40 metros. Hubo afectación “de diferente magnitud en la cañería, diferentes dispositivos y estructuras aledañas”.

“El mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Algunas partes fueron encontradas a, aproximadamente, 35 metros”. Si bien descartaron “riesgo de reacción en cadena”, informaron que “los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encuentran a más de 50 metros del lugar del incidente”.

No había válvula de seguridad

“El recipiente falló a una presión de más de 10 veces superior a la presión de operación del equipo. Esto indica que el equipo carece de dispositivo de seguridad, es decir, una válvula de alivio de presión como indica la norma (…) bajo la cual fue fabricado”, escribieron.

Según la norma mencionada, es “responsabilidad del usuario asegurarse que los dispositivos de alivio de presión requeridos estén correctamente instalados antes de la operación inicial. Estos dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del recipiente”.

El equipo afectado fue construido hace 20 años y su puesta en marcha se realizó varias veces, entre paradas programadas y/o de emergencia. “Esta secuencia de inicio si no es respetada taxativamente, produce el incidente sucedido al no contar con válvula de seguridad”.

“La secuencia del procedimiento de puesta en servicio, debería modificarse asegurándose que nunca el equipo llegue a una presión superior a la de trabajo independientemente de la existencia de errores humanos”, advirtieron.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos respondió al informe de Dow Argentina sobre las causas de la explosión ocurrida en la planta el 28 de junio.

“El análisis de la empresa se centra en el error humano. Siempre hay un factor humano que juega pero nunca es el único factor, hay niveles de seguridad por capas”, manifestaron.

El secretario general Claudio Guerra dijo a FM De la Calle que, “además del error humano, tiene que fallar el sistema de alivio automático, fallar alarmas. Cuando la empresa habla de error humano y las autoridades se quedan en silencio después de un incidente como ese, a nosotros nos preocupa”.

El comunicado del gremio señala las distintas instancias de control: “En la industria, la primera capa es el procedimiento operativo: aquí es preponderante la acción humana. La segunda capa es el monitoreo y control automático en sala de control, con sistemas digitales (DCS: Digital Control Systems). La tercera capa está conformada por sistemas de parada de emergencia (Emergency Shut Down). La cuarta capa tiene elementos mecánicos: válvulas de seguridad, discos de ruptura”.

“Las personas nos equivocamos, es común que alguien se olvide una parte del proceso, gente que trabaja de noche, en turnos, cansados. Que se diga que un error humano tuvo esa consecuencia es inaceptable”, comentó Guerra.

Por oto lado, sostuvo que “hablar sólo de un error humano omite el análisis e impacto de: el diseño de los equipos, la estrategia de seguridad, las disminución de personal y sus polifuncionalidades y la ausencia o ineficacia de organismos de control estatal”.

En cuanto al pedido del sindicato para ser incorporados al Comité de Control y Monitoreo, Guerra comentó: “Sabemos que el tema fue tratado ayer en el propio Comité, esperamos que nos permitan incorporarnos, somos muchos con muchos años trabajando y nos parece que podemos ser una voz importante e interesante”.

 

Una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó la explosión en el Cracker 2 de Dow el 28 de junio.

Así lo plantea el informe final presentado por la multinacional al Comité Técnico Ejecutivo. Dicha válvula “debió ser la primera en abrirse” al poner en marcha la planta luego del corte nacional de energía del domingo 16.

El documento firmado por el apoderado Víctor Seguí, describe que “la presión del equipo V-907 aumentó como consecuencia del ingreso de la corriente de condensado proveniente del horno H-123 (90bar) que es la situación operativa normal de diseño, puesto que la válvula de alivio de presión que asegura el equipo no estaba alineada correctamente”.

“No se siguió con la metodología del sistema operativo de manejo del equipo para su puesta en marcha. Ello generó un sonido explosivo en el momento en que se liberó el vapor de agua allí contenido. El incidente no generó la liberación controlada ni descontrolada de ningún producto químico, tóxico o inflamable”, concluye.

Dow explota, CTE explica

Dos días después de la explosión, Dow habló de su “compromiso con la transparencia”, rezongó por las fakes news sobre el episodio y prometió “continuar informando” sobre sus causas. Desde entonces, ningún representante de la empresa dio la cara.

Ante el mutismo de la multinacional y tras varios días de silencio forzado por parte de las autoridades municipales, el titular del CTE César Pérez fue el vocero del informe final: “Confirma una de las posibles hipótesis que teníamos, que habíamos evaluado con la información que teníamos”.

“Esto se maneja así, la empresa hace su análisis y nosotros recibimos la información. Evaluamos, en función de eso, si técnicamente es viable o es una causa justificada de la explosión”, dijo y explicó: “Podemos resumirlo como una falla operativa, un error humano en llevar adelante el procedimiento de alineación del equipo para la puesta en marcha del mismo”.

Toda la documentación fue remitida al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Fiscalía. El primero deberá resolver si cabe alguna sanción, en tanto desde el ámbito judicial resta determinar si la explosión implicó la comisión de un delito, es decir, si hubo o no afectación a personas o bienes de terceros.

Pérez estimó que, “en función de los daños, la empresa puede estar dos meses más sin producir, dependiendo del tiempo que demore la construcción de un recipiente similar, más la adecuación de las cañerías menores anexas a este equipo”.

El informe relata que luego del corte de energía y la parada de planta siguieron varios días de “preparación para iniciar las maniobras de puesta en marcha”, incluyendo reparación de equipos.

La madrugada del viernes 28 de junio escuchamos la explosión. Dice Dow: “Durante las maniobras de preparación para la puesta en marcha de la planta Cracker BB2, se produjo un evento de seguridad de proceso que motivó la rotura del aparato sometido a presión identificado como V-907 (en adelante, el ‘Equipo’), destinado a la contención de condensado y vapor”.

Según la versión oficial, la explosión “no produjo heridos ni afectación al ambiente, en tanto el equipo no era destinado al uso, transporte ni almacenamiento de sustancia química alguna que pudiera causar impactos negativos”.

El proceso de mantenimiento del equipo estallado y sus tres válvulas de seguridad había estado a cargo de SAIPP S.R.L. y contaba con habilitación del OPDS.

En cuanto al origen de la sobrepresión, Dow sostiene que “constató la condición de cerrada de una válvula de operación manual que debió ser la primera en abrirse de acuerdo a lo que indica el procedimiento crítico de puesta en servicio, en la cañería de salida superior del recipiente V-907, circunstancia que impidió el funcionamiento del dispositivo de alivio de presión”.

“Ello provocó la presurización del equipo por encima de su valor de diseño y posterior rotura. La explosión ocurrió a las 00:20 debido a una sobre presión mecánica. Se estima que la presión alcanzó entre 5 y 10 MAWP (6.91 BAR)”.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

Un mes y un día después de la explosión del 28 de junio en la planta de Dow, el Comité Técnico Ejecutivo cuenta con el informe final de la empresa sobre las causas del episodio aunque la Municipalidad aun no autorizó su difusión.

Desde el área de Prensa se informó a FM De la Calle que el acceso al documento está supeditado a una reunión que mantendrán el titular del CTE, César Pérez, y el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. Se confirmó que la explosión no mereció siquiera una infracción por parte del órgano de control.

La empresa despidió al jefe de Operaciones, Eduardo Carranza, y lo reemplazó por Leandro Furland quien se desempeñaba como superior del primero en la dirección de la planta. El cargo del degradado Furland fue ocupado por José Impolino.

Hernán Zerneri, de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, dijo que en una reunión extraordinaria del Comité de Control y Monitoreo las autoridades de Dow afirmaron que la explosión ocurrió “por un error humano”.

Agregó que Dow tendría que haber sido infraccionada: “Tengo entendido que el monitoreo de ruido detectó niveles por encima de lo permitido. En el caso de emisiones de humo por antorcha cuando son los cortes de energía también se la infracciona, la vara tiene que ser igual en todos los sentidos”.

“La reunión se disparó hacia las fake news y la credibilidad a las empresas. Hubo una enérgica respuesta de nuestra organización, de la cooperadora del Hospital Menor y algunos integrantes que no considerábamos oportuno que se intente adjudicar esta responsabilidad a la comunidad”.

“Siempre hay gente malintencionada pero acá amerita que se revise el PRET, los mecanismos de comunicación. Es un plan que tiene formas de comunicación de hace 20 años. Que la empresa se haga cargo de lo que hizo, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer”.

Al ser consultado si el CCyM tuvo acceso al informe de la empresa señaló que “no es un organismo municipal, está creado por ley con muchas instituciones, no es un organismo que pertenezca al organigrama municipal. Lo que se intenta es que el municipio otorgue dentro de la página un espacio a este organismo. La obligación de comunicación es por parte del Estado, debería tener su propia pagina web, un presupuesto, todo esto no está”.

Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida, tras la explosión de un sector de la planta de Dow el pasado 28 de junio. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol. Durante la mañana, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay hicieron una recorrida por el establecimiento.

En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. La investigadora Emilce Heredia Chaz dialogó in situ con FM De la Calle relatando que en esta oportunidad se sumaron “nuevas caras” y explicando que esta nueva instancia asamblearia es “algo muy incipiente pero nos estamos reuniendo de nuevo para pensar esta coyuntura. La inauguración de este Dow Center es una oportunidad que surgió para hacer visible nuestro reclamo y salir de nuevo a la calle”.

¿Por qué Dow Chemical construye Dow Center?

“Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellos llaman de responsabilidad social empresaria. Lo particular es que son políticas que no existían cuando era de mayoría estatal. Llegaron cuando se privatizó y se trasnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llevaron adelante estas políticas porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales que generar conflicto. Frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionar la conflictividad”, argumentó la docente.

Emilce vive en Villa Bordeu, a más de diez kilómetros del polo petroquímico. La noche del 28 de junio “vibró la casa y éramos cinco vecinos en la calle diciendo: ¿qué pasó? Pusimos Radio Nacional, muy ingenuamente, porque ese proceso (por Apell) siempre se presentó como una solución pero cuando esto ocurre nunca aparece como respuesta”.

Como habitante de la comunidad bahiense le resulta impactante que “una sola empresa pueda hacer vibrar a una población de trescientos mil habitantes. Es muy impresionante. Eso del cuerpo no me lo puedo sacar”.

Sin embargo, como investigadora, no le sorprende ya que “si uno sigue las distintas auditorias uno puede ver que estas emanaciones tanto a la atmósfera como a la ría son algo constante. Los mismos registros oficiales dan cuenta de esa situación. Todo esto es parte de su modo de producir”.

Debates: ¿Hay posibilidad de convivencia?

“En la asamblea se volvió a debatir en términos de erradicación” de las empresas, como ocurrió en el contexto del escape del año 2000. La respuesta que dio el modelo fue “más controles” que luego no se evidencian como práctica real.

“La cuestión es generar debate y abrirlo. Pensarlo en términos de progreso y qué entendemos por eso. Muchas veces nos ponen en la dicotomía es el ambiente o el trabajo. Y cuando vamos a ver esos números de la riqueza que generan y qué nos quedamos los bahienses, tanto en términos de tributación de impuestos como en puesto de trabajo, no es tan así. Si además consideramos las economías regionales que han afectado destruyendo puestos de trabajo como es la pesca artesanal”.

Para culminar, Heredia Chaz sostuvo que “incluso con esos números con los que nos corren y nos exigen respuesta: ellos tampoco las tienen en términos de generar un desarrollo de nuestra economía local”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo, se preguntó si el centro de alto rendimiento tiene que ver con “deducciones impositivas o con otro tipo de negocio lucrativo en rededor del deporte”.

Como docente de educación física, el profesor explicó que “el enfoque deportivo dirigido hacia el alto rendimiento es uno que está orientado a una pequeña franja de deportistas que por capacidad, por oportunidades y por talento consiguen ubicarse en esa pequeñísima franja de alta competencia”.

En la ciudad se practica “un deporte al que nosotros aspiramos que sea un derecho, una práctica socio cultural fuertemente arraigada en el país y en la ciudad. Quienes quieren acceder a esta práctica deben tener las posibilidades de hacerlo libre espontánea y gratuitamente, para que eso se constituya en un derecho”.

“Estos modelos de alto rendimiento, por más abierto que se pronuncie que va a ser, están dirigidos a una pequeñísima fracción de deportistas que tiene los niveles de alta competencia. Que circunstancialmente se abra a la sociedad no quita cuál es el sentido de esto. Y la alta competencia está ligada al negocio y al lucro. Sin que esto signifique ninguna desvalorización hacia aquellos deportistas notorios y notables de la ciudad que se han destacado a nivel nacional e internacional”.

Desde el punto de vista político, el dirigente reforzó la idea de cuestionar que el evento se lleve a cabo “a pocos días de una explosión que puso en riesgo la seguridad de buena parte de la seguridad de Bahía, sin que haya una explicación fehaciente de las razones”. El evento se hizo “bajo el nombre de Dow” que “está claramente identificada socialmente como una de las empresas del polo petroquímico que contribuyen a la contaminación de la ría, que han hecho de la precarización laboral  y de las tercerizaciones una razón de existencia laboral y que ha costado la vida de trabajadores”.

A su vez “que esta empresa sea recibida con todos los honores por el presidente y la gobernadora y no se le haga ninguna pregunta ni la más mínima mención a la explosión de hace unos días significa que el poder político convalida estos negocios de estas grandes empresas que no les importa un comino la seguridad y la vida, como lo está denunciando esta asamblea”, concluyó.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Di Chiara, dijo a FM De la Calle que la empresa Dow contrata ingenieros no matriculados tal como exige la ley. “Le estamos pidiendo a Dow que nos haga un informe sobre sus ingenieros matriculados porque no tenemos registro de esta situación”.
Destacó que “tenemos posibilidad de iniciar acciones porque está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión”.
“Esto es una tarea que realizamos cotidianamente en defensa de la profesión y es lo que nos corresponde porque hay una ley que así lo exige. Hay empresas que tienen una respuesta distinta o, por lo menos, tenemos respuestas. Esto sucede en el ámbito privado y en muchas oportunidades en el ámbito público. Se contratan ingenieros y no se exige que estén debidamente matriculados”, comentó el Di Chiara.

¿Por qué las empresas no verifican la matrícula de los profesionales que contratan? “No lo sabemos, no llegamos a entender. Podríamos entender que haya profesionales que hayan sido contratados para cualquier tarea que no sea ingeniería, entonces ahí podría no llegar a tener la matrícula habilitante pero no está desarrollando tareas de ingeniería. Ahora, si yo busco un ingeniero es porque quiero que desarrolle tareas de ingeniería”.

Consultado respecto de la explosión en Dow, Di Chiara dijo: “Prefiero no opinar de la explosión porque no tenemos una serie de notificaciones que pedimos, tanto al CTE como otros, las conclusiones que siempre nos mandan. Prefiero no adelantar una opinión personal en un tema que es institucional”.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.

“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.

“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.

Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.

Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.

“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó nuevamente a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Esta vez fueron siete las denuncias vecinales que advirtieron el episodio.

Si bien el inicio del trámite para multar a la empresa es lo que corresponde, evidencia que algo anda mal porque la explosión que el 28 de junio alertó a la ciudad y parte de la región no significó ni un mínima infracción para Dow.

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow”, dijo a FM De la Calle el titular del CTE, César Pérez, horas después del hecho.

El 16 de junio, Profertil fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco. La madrugada del viernes pasado otras cinco denuncias motivaron la misma sanción.

Según lo informado por el municipio, el incremento de ruido registrado anoche se produjo a partir de las 20:45 “como consecuencia de las maniobras de parada no programada de planta de urea”.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.

Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

(Periferia) Investigadores e investigadoras de CONICET concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense está bajo “un alto y constante” impacto causado por la actividad humana, al encontrar dosis de 16 hidrocarburos y metales pesados, en 5 especies de sus humedales.

Científicas y científicos argentinos presentaron un informe del estudio que realizaron en el Estuario de Bahía Blanca, donde encontraron Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en ejemplares de saraquita, pescadilla de red, corvina rubia y gatuzo , capturados en 2015 y 2016.

Pero, además, en otro estudio, identificaron concentraciones de metales pesados en sedimentos, en material “particulado en suspensión” y en la especie de cangrejo Neohélice de dos regiones de humedales de la ciudad.

Los científicos del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense se encuentra bajo una “alta y constante presión antrópica” ocasionada por la actividad humana.

Es que en el Estuario de Bahía Blanca se ubican varios puertos, ciudades y uno de los complejos industriales más grandes de Sudamérica, y se vuelve objeto de análisis por las consecuencias mediambientales que ocasiona.

Las conclusiones de los dos estudios fueron presentadas en la quinta reunión de Geoquímica de las Superficies, realizada entre el 12 y el 14 de junio, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Hidrocarburos 

En el primer estudio los investigadores concluyeron que las concentraciones de hidrocarburos en todas las especies estudiadas “fueron menores a 100 ppb y fueron mayores en los juveniles que en los adultos Saraquita fue la especie que presentó la mayor carga”.

Además, “el 5% de las muestras analizadas se hallaron por sobre los niveles de seguridad o screening (USEPA), el parámetro que determina la peligrosidad de su consumo para humanos.

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) son una serie de compuestos orgánicos persistentes con una vida media de 6 meses que son constituyentes naturales del petróleo crudo y conforman una fracción de hasta el 20% del total de sus hidrocarburos, explican en el informe que se encuentra disponible en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

También resultan de los procesos de combustión incompleta a alta temperatura de diversos tipos de materia orgánica.

Anualmente, aproximadamente 6,1 millones de toneladas métricas de productos derivados del petróleo y su combustión terminan en los océanos, según las conclusiones de un estudio elaborado por Mervin Fingas, jefe de la división de ciencia y tecnología de emergencias del centro Environmental Technology Centre of Environment Canada, en 2010.

La mayor proporción de estos hidrocarburos deriva de “fuentes antropogénicas” como la actividad industrial, el transporte, la energía y derrames de petróleo y es por eso que los investigadores concluyeron que “el medio marino está siendo víctima de atropellos humanos como la eliminación de gases de los barcos o el vertido de lubricantes usados“.

En el estuario de Bahía Blanca las fuentes de este tipo son abundantes debido a que en sus costas se emplazan grandes ciudades como la propia Bahía Blanca y Punta Alta con unos 400 mil habitantes, según cifras del INDEC de 2010. Allí, por tanto, hay puertos comerciales e industriales de aguas profundas como Puertos Rosales, Ingeniero White y Galván con parques industriales y petroquímicos.

“Las cuatro especies bajo estudio evidenciaron trazas de HAPs en los músculos, siendo mayores las cargas en los juveniles y en la especie que cumple todo su ciclo de vida en el estuario”, a pesar que “los niveles de riesgo tóxico por hidrocarburos para el consumo de peces se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad”, expresaron los investigadores.

Metales pesados  

En el segundo estudio, realizado por investigadoras del IADO y de la Universidad Nacional del Sur, concluyeron que “el comportamiento de los metales en ambas matrices podría deberse a las diferentes características de cada puerto analizado: uno dedicado a la pesca artesanal, afectado por el dragado del Canal Principal, por las industrias presentes en Puerto Ingeniero White y por la descarga cloacal ?Tercera Cuenca? y otro cercano a la Base Naval, al sector de reserva de combustible ?Baterías?, afectado también por la descarga cloacal de Punta Alta.

“Por otro lado, la presencia de biofilms junto con la materia orgánica existente en los sedimentos estarían reteniendo a estos contaminantes impidiendo su liberación al ambiente”, concluyen los investigadores.

Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua y tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios.

Los más importantes son Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Estaño y  Cinc.

De ellos, los tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos.

De hecho algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones.

Autores 

El estudio sobre metales pesados estuvo a cargo de las investigadoras Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini, Daniela Truchet, Diana Villagrán, Eleonora Fernández y Carla Spetter.

De la investigación sobre hidrocarburos formaron parte Andrés Arias, Ana Carolina Ronda, Ana Laura Oliva, Tatiana Recabarren, Lautaro Girones, Melina Orazi, Gabriela Blasina, Andrea López Cazorla, Norma Tombesi y Jorge Marcovecchio.

Ambos estudios se encuentran disponibles en el sitio del repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

(Por Giuliana Crucianelli) Donde termina avenida Dasso. Donde no hay más avenida, solo descampado. Donde las pocas calles que hay son de tierra y la basura se acumula en un baldío, allí está la Sociedad de Fomento del Barrio Boulevard Juan B. Justo. Al final del recorrido de la 500. Cruzando el Puente La Niña, con un fondo de chimeneas. Con un fondo de “progreso”.

-Bajáte acá nena que yo sigo para la ruta, me dijo el colectivero cuando le pregunté si sabía dónde quedaba Reconquista al 3000.

Gracias siglo XXI por el GPS, pensé. Tres perros flacos salen al encuentro en una vereda donde no pasa ni una bicicleta. Al lo lejos diviso un cartel: Unidad Sanitaria. Eureka. La encontré.

-Buen día, vengo a la reunión del Proceso Apell.

-Sí, es por acá. ¿Vos quién sos?

-Soy de FM De la Calle. Nos enteramos de esta reunión abierta y vine.

Una a una las personas, pocas, se presentaron. Luego tomó la palabra Gabriela, vecina del 26 de Septiembre e integrante del Apell. Dirigiendo la mirada hacia mí, dijo:

-Esta reunión estaba convocada con anterioridad a la explosión en Dow. Era para la comunidad educativa de la 703.

Más tarde me enteraría que fue voluntad de la docente Mirta abrir la reunión a la comunidad y convocar estudiante por estudiante, familia por familia, a que se sumen al encuentro.

Tití, peluquera y vecina del Boulevard, abrió el juego:

-Parece que nos toman el pelo.

Ah la flauta, arrancamos tranqui, pensé.

Comenzó a contar: olores, ruidos, que un día salió afuera y le picaba la garganta, que cuando llamó al CTE le dijeron que era por el tanque negro -¿Qué tanque negro? Si eso no existe más-, que a los pibes a los quince días de nacer les dan un PAF, que nunca antes nadie se había enfermado, que cuando le decís al médico que vivís en White lanzan un ahhh y bueno usted qué quiere, pero cuando hay que firmar un certificado ninguno lo firma.

Una catarata de sucesos que terminaron con un:

-¿Para qué carajo nos llaman?.

Rubén llegó a la reunión con ropa de fajina listo para irse a trabajar. Toda la vida en “el Bule”.

-La verdad es que yo no escuché nada, vivimos al lado de la termoeléctrica que cada dos por tres mete unos venteos que te tiembla toda la casa. Nos acostumbramos a los ruidos.

-La próxima deberíamos decirle al CTE que venga porque hay cosas que nosotros no podemos contestar, dijo un miembro del proceso Apell.

La reunión siguió con las bondades del programa de respuesta ante emergencias, las recomendaciones de la ONU y, en contrapartida, vecinas planteando que nadie les decía la verdad.

Las sirenas se accionan cuando las personas deben confinarse. No se pueden confinar por más de dos horas, tienen que ir a buscarlas antes. Legalmente hay dos horas para avisar a la comunidad que pasó. Lo mejor es que se guarden en casa. Cuando haya una emergencia la sirena comunitaria va a sonar sin parar.

Así sucedía la reunión, entre los pasos a seguir ante un riesgo inminente y la vida cotidiana. Mirta preparaba unos cafés con mucho edulcorante para calmar los ánimos.

-La gente está preocupada pero con ganas de participar, de saber qué hay que hacer ante una emergencia. Nos alientan a seguir con el desafío de capacitar y hacer una instrucción a los vecinos, concluyó el coordinador del Proceso Apell, Daniel Ayala.

-Esto hace 30 años que nos está pasando. Todo esto es una pelotudez, es humo para la tribuna, me dijo Tití antes de volver a la peluquería.

Un llamado telefónico puso fin a la reunión, aunque poco a poco se había ido disipando. Antes de irme, la maestra y tres vecinos me pidieron mi teléfono.

-Por si pasa algo.

Me fui por donde llegué. Ya mediodía y las calles seguían inhóspitas. En la parada del colectivo me crucé con otra vecina que volvía a su casa.

-Viste cómo es… -dijo al saludarme- Acá nadie te explica nada.

Escuchá el reporte desde Ing. White para En Eso Estamos:

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.

Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.

“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.

En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.

“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.