Triple A: se espera fecha de reanudación del juicio

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El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Vicentin y soberanía alimentaria “son dos modelos contrapuestos”

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El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

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Espionaje: “legal” o “ilegal”, está mal

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(Por CORREPI) La noticia pasó inadvertida para la mayoría de los “medios grandes”: “Rodrigo Etchudez, un joven músico y comerciante de la ciudad de Monte Quemado al norte de la Pcia de Santiago del Estero, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por una nutrida delegación policial que, sin orden judicial, lo esposó y se lo llevó detenido a la seccional local. El motivo: una publicación en su cuenta de Facebook rechazando la actitud represiva del gobierno provincial”.

Casi en simultáneo, en plena Ciudad de Buenos Aires, con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, se emitió la resolución 144/2020, que establece en cabeza de las fuerzas de seguridad la facultad de hacer tareas de “prevención sobre plataformas y fuentes digitales públicas que no constituyan violación a la intimidad”.

En términos menos académicos, bien podríamos calificarla como un Manual para el ciberpatrullaje o el “control legal” de la disidencia política e ideológica. Cuantas más facultades suma el aparato represivo del estado, más amenazado se encuentra el cuerpo social que administra.

La decisión de su formulación constituye una inequívoca decisión política: el ciberespionaje, en tanto herramienta de control social, integra el menú de medidas persecutorias que, bajo la apariencia de una necesidad regulada, esconde una limitación inadmisible a derechos elementales de la población. Que la resolución pretenda que no tendrá validez si se vulnera la intimidad de los ciudadanos, no garantiza que no se atropelle su pública necesidad de protestar: Cualquier red social (ése es el nuevo “territorio” a invadir por el estado) es hoy empleada por organizaciones del pueblo para convocar, movilizar, reclamar, denunciar, exigir. El gobierno abrió la puerta para que expresamente ese avasallamiento se realice.

Desde 1983, son incontables las ocasiones en que el estado fue descubierto en tareas como las que ahora viene a regular. Como en los tiempos de Alfonsín, con su DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) convertido luego en División de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado, protegido por el menemato y la misma justicia que invocaba la categoría de “secreto de estado” para legitimar la información mal habida sobre más de 250 militantes del arco de la izquierda, o el despliegue de pinchaduras de teléfonos y seguimientos de la SIDE (hoy AFI) y de la inteligencia propia de la PFA, que fue un clásico de la época.

El año 2001 fue emblemático en materia de espionaje, como ocurrió sobre las organizaciones que se movilizaron ante la Casa de la Provincia de Salta en repudio a los asesinatos de dos piqueteros en un corte de ruta. “En función de tareas de inteligencia previa…” comenzaba cada sumario de detenciones producidas en medio de actos de protestas masivas a lo largo y ancho del país, como en agosto de 2004 o en diciembre de 2005. Infiltraciones, como la sufrida por la Agencia Rodolfo Walsh, listas negras de abogadxs en el servicio penitenciario, y el denominado Proyecto X que, descubierto en 2013, con los cuadros de Gendarmería encargados de escuchar, espiar, seguir e informar sobre todo activista sindical, estudiantil, social y político. En todos esos casos, CORREPI patrocinó junto a otras organizaciones las correspondientes denuncias, incluyendo cuando nos tocó ser víctimas directas. Ni hablar de las escuchas macristas por mano del “Fino” Palacios y Ciro James, causa en la que Mauricio fue sobreseído 12 días después de asumir como presidente.

Hoy se suman las redes sociales con el “ciberpatrullaje”, con un detalle que, sin embargo, no tiene nada de novedoso: La resolución firmada por la ministra Frederic se ampara en la “prevención de narcotráfico y terrorismo”, expresiones propias del andamiaje represivo con el que -desde la caída de las Torres Gemelas y agravada por la crisis capitalista del 2008- se justifican mundialmente todo tipo de persecuciones.

La nota periodística de Santiago del Estero amplía: “La simple opinión de un ciudadano expresada en una red social bastó para que las autoridades activen un importante operativo policial destinado a aprehender a Etchudez, detenido este domingo en su propia casa por una gran cantidad de efectivos que procedieron a esposarlo e ingresarlo a la comisaría de Monte Quemado, donde permaneció durante más de 9 horas.”

La paradoja más grande es que todo esto sale a la luz en simultáneo con la mega causa de espionaje, escuchas y otras canalladas que ponen al descubierto la verdadera naturaleza política y moral del macrismo y sus aliados. Un escándalo mayúsculo, del que nos enteramos –a diferencia de los episodios anteriores, descubiertos por las víctimas- por la denuncia efectuada ante la justicia por la interventora de la AFI, que aportó registros digitales y fichas que prueban el espionaje a organizaciones políticas, como el PTS; gremiales, como el SUTE (Sindicato Único de Trabajadorxs de la Educación de Mendoza); a trabajadorxs de prensa (más de 100 afiliadxs al SiPreBA) y a funcionarios y referentes públicos de la oposición y del propio partido de gobierno.

Lo que parecen no entender es que el problema no está en la legalidad o ilegalidad del espionaje, sino en la naturaleza misma del acto de espiar, que es acechar, amenazar, vigilar. Y que es siempre, en todos los casos, una repudiable decisión política.

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Cannabis: la Cámara platense avaló el autocultivo para consumo personal

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La Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo 5° de la ley 23.737, que castiga a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal, por considerar que esa situación se encuadra dentro del ámbito de las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, declaró el sobreseimiento de una pareja a quien se le había secuestrado plantas de marihuana y semillas que se encontraban un vivero de su propiedad, ubicado en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires.

En el caso, durante un procedimiento policial realizado en dicho establecimiento y en la vivienda de los acusados, un hombre y una mujer, ambos licenciados en ciencias naturales, se les incautaron nueve plantas de marihuana, un envase de cartón en cuyo interior se hallaban ramas y hojas de la misma planta, un frasco con 55 semillas de cannabis sativa linneo y una gavilla de ramas también de marihuana. Ambos fueron procesados por el delito previsto en el artículo 5°, inciso a, de la ley 23.737, en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes.

Esa decisión fue apelada por la defensa, quien había entendido que existe es un error tratar a las plantas como si fuesen ya materiales producidos, lo cual conduce al juez de primera instancia a atribuir la tenencia de 81.745 dosis umbrales, cuando en realidad sólo tenían una cantidad de marihuana que razonablemente se puede considerar destinada al propio uso.

Asimismo, había indicado que en cuanto a la calificación cabría encuadrar el hecho en la figura del artículo 14, segundo párrafo, de aquella ley (tenencia de estupefacientes destinados al consumo personal), por lo que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esa norma sobre la base de los argumentos fijados por la Corte en el caso “Arriola”.

Según el voto del camarista César Álvarez, a cuya conclusión adhirió el juez Leopoldo Schiffrin (la minoría estuvo representada por la magistrada Olga Calitri), no hay dudas de que la sustancia en cuestión estaba destinada al consumo personal de los imputados. Y que por ello, sumado a las demás circunstancias del caso, se debe encuadrar el hecho en el penúltimo párrafo del artículo 5° de esa ley.

“La conducta descripta tiene una única posibilidad que es el consumo personal, y en consecuencia, no existe otro destinatario más allá del autor, de los efectos de dicha conducta”, aseguró Álvarez. Y agregó: “No es, de ninguna manera, compatible con la letra y el objetivo de la primera frase del artículo 19 CN, que se imponga una sanción por tal conducta”.

“No hay posibilidad de evitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo análisis, toda vez que de su propia redacción y de toda posible interpretación resulta una clara afectación del principio consagrado en la letra expresa del artículo 19 de la Constitución Nacional”, indicó.

En ese marco, dijo que “en el ámbito de la autonomía privada nos encontramos con la capacidad de cada individuo de definir su propio proyecto de vida, de elaborar sus propias reglas de conducta, en definitiva de ser y de hacer consigo mismo lo que mejor le parezca sin interferencias, ni de los otros ni del Estado”.

“Ni el legislador como sujeto ideal equiparable al colectivo social, ni los distintos individuos integrantes de ese colectivo, tienen atribución para legislar sobre las acciones autorreferentes de los otros individuos, justamente porque no existe posibilidad de que las normas así establecidas se proyecten sobre sus vidas”, añadió.

Fuente: Revista Pensamiento Penal.

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Ni Una Menos: el reclamo más vigente que nunca

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Durante la pandemia todo ha cambiado, muchas actividades y rubros se han paralizado o modificado. Sin embargo, lo que no cesa son los femicidios ni la violencia machista.

Hoy, 3 de junio, el Ni Una Menos no encontrará al movimiento feminista en las calles pero sí estarán presentes las consignas por un mundo más igualitario que dieron origen a la fecha. En el aire de FM De la Calle recordamos el reclamo de quiénes todavía claman por justicia para sus hijas, amigas, hermanas, madres. O por ellas mismas.

Edición: Astor Vitali

Guión y producción: Giuliana Crucianelli.

Si sos víctima de violencia podes comunciarte con:

Línea 144 [email protected]
?App gratuita para celulares
?Línea solo de WhatsApp (+54) 112771 6463/ 11 2775 9047/ 11 9075 90 48

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Cordobazo: “Será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29”

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(Por CTA Bahía Blanca) Es 28 de mayo, a horas del 51 aniversario del cordobazo la cúpula de la CGT realiza una reunión virtual con autoridades del FMI para pedir un “acompañamiento”en la renegociación de la deuda para hacerla “sustentable”.

No es nueva esta conducta rastrera de burocracias sindicales a espaldas de la base trabajadora. La misma conducta tenía buena parte de la dirigencia sindical ante la dictadura que encabezaba el general Onganía en el 69. Por eso brillaban con luz propia dirigentes como el inolvidable Agustín Tosco, capaz de comprometer toda la energía colectiva de su sindicato, el Luz y Fuerza cordobés, para confluir en la calle con miles de manifestantes de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil y protagonizar la jornada del cordobazo.

Un hito en las luchas obreras y el principio del fin de aquella dictadura.

Antes y ahora existía y existe esa cúpula encaramada en los sindicatos para disfrutar privilegios y prebendas y traicionar en toda la línea los intereses de quienes dicen representar.

Habráse visto tamaña impostura. Ir a mendigar acompañamiento al organismo internacional que ha propiciado e impulsado todos los planes de ajuste contra el pueblo.

Una conducta digna y soberana, dicha con la frente alta de quienes no saben de agachadas, impulsaría hoy una campaña que les diga en la cara en medio de la crisis, ni un peso de una deuda fraudulenta e ilegítima debe ir para ustedes mientras haya un trabajador o trabajadora sin laburo o un pibe o piba con hambre. Esa plata es la deuda con el pueblo en salud, alimentos, viviendas y educación.

Nada se puede esperar de esa gente que firma acuerdos con los patrones de la UIA para recortar los salarios de los miles de compañeros y compañeras suspendidos. Otro exponente de ese sindicalismo sumiso y genuflexo por propia conveniencia, como Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, dijo hace unos días luego de acordar un recorte del 25% de los salarios de los trabajadores/as suspendidos/as: “Tenemos que definir un nuevo país y pensar que les falta a los empresarios para decidir sus inversiones y qué costo laboral necesitan para la competitividad laboral”.

Es el mensaje de las grandes patronales que dicen si no rebajan los sueldos, si el Estado no nos aporta el 50% de los salarios vía ATP, dejamos de invertir. O dicho con más claridad, si no aceptás más explotación no tendrás laburo! Y el dirigente sindical hace suyo ese discurso! El cinismo de los Cavalieri, Daer y compañía echa luz sobre qué lado del mostrador ocupan. Por qué esa gente se preocuparía si el aumento a las jubilaciones es de un mísero 6% si ellos viven como ricos? Cómo van apoyar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las superganancias de banqueros y grandes empresarios si repiten como loros el discurso de los Rocca, Pérez Companc y cia.

A 51 años del Cordobazo será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29. Cuando la clase trabajadora se moviliza en función de sus propios intereses, que son los derechos sociales para las mayorías, no hay dictadura, patronal o burocracia capaz de contener esa fuerza colectiva.

Alcanza con ver al otro, a la otra, compañero, compañera, como alguien a quien sumar a la lucha, poner bien alto el valor de la solidaridad de clase y no subordinarse ante ningún poder político o económico que no represente nuestros intereses colectivos. Si los de arriba quieren descargar la crisis que nosotros no generamos sobre nuestras espaldas, hay que plantarse con toda la fuerza posible para defender nuestras vidas frente a la pandemia y para no aceptar ninguna extorsión que avance para pisotear nuestros derechos, ningún recorte, ningún despido, ningún convenio a la baja.

Por el contrario, afirmar que una salida a la crisis a medida de nuestros intereses sólo puede contener el anhelo de un país libre ataduras con el poder financiero internacional y que no se guíe por la lógica de la rentabilidad del capital sino por los valores de la solidaridad y la cooperación de la clase trabajadora.

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Femicidio de Kathy: cinco años de impunidad

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Se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso.

Días atrás informamos sobre la impunidad que reina en la causa y la denuncia de la familia contra 21 personas por la «probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías».

Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios. El trámite corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul.

Compartimos en esta nota el apoyo al pedido de justicia de decenas de organizaciones acompañadas por Nora Cortiñas y Dora Barrancos, la expresión de un centenar de mujeres convocadas por Acciones Feministas y la canción que Silvia Palumbo dedicado a Kathy como “un homenaje a todas las víctimas de femicidios del poder, muchas de las cuales aún no tienen justicia”.

Femicidio del Poder

Como espacios y organizaciones preocupadas por el estado de la causa de Katherine Moscoso, exigimos que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, resuelva con suma urgencia en las denuncias presentadas por la familia de Katherine Moscoso en torno a la impunidad que ha impedido esclarecer el aberrante femicidio de Kathy.

La familia ha denunciado dicha impunidad que reina en el caso a 5 años de que apareciera enterrada en un Médano después de que se la vió por última vez en un boliche bailable de la localidad y después de una semana de búsqueda.

Un entramado de complicidades que involucra al poder político de Monte Hermoso, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, envuelve a este caso que ha gozado de un absoluto encubrimiento de quienes deberían investigar.

Incluso la amenaza e intimidación a testigos también es parte de este escandaloso caso en el que la única imputada que tuvo la causa es una jovencita con retraso madurativo amiga de Katherine.

En estos días 21 denuncias realizó la familia a través de su abogado Leandro Aparicio, solicitando asimismo detenciones; entendemos que es necesario que estas presentaciones tengan una respuesta a la mayor brevedad.

En Bahía Blanca reina una absoluta impunidad en casos de femicidios, siendo este escandaloso.

¡JUSTICIA POR KATHERINE!

Acompañan:

Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Dora Barrancos (Investigadora CONICET, militante feminista, CABA)

ADHIEREN:

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

CTA Bahía Blanca

Secretaría de Mujeres y Géneros CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas (Bahía Blanca, BsAs)

Mala Junta Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Mujeres Autoconvocadas Punta Alta (Pta. Alta, BsAs)

Organizacion Feminista Guapabanda (Gral. Pico, La Pampa)

DesBandadas (Bahía Blanca, BsAs)

Ni una Menos (Luis Beltrán, Rio Negro)

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Pampa)

Proyecto La Banda Lavanda

Mujeres Empoderadas Lincoln (Lincoln, BsAs)

Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea” (Santa Rosa, La Pampa)

Bahía Contra La Trata (B. Blanca, BsAs)

Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa)

ADUNS (B.Blanca, BsAs)

SUTEBA Bahia Blanca

Brujas Tamboras del Sur (Puerto Madryn, Chubut)

Les ATs PampaS Agrupación de Acompañantes Terapéuticos (Santa Rosa, La Pampa)

Corriente Clasista René Salamanca (B.Blanca, BsAs)

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca (B. Blanca, BsAs)

Comunismo Revolucionario. Partido Marxista Leninista Maoísta (B.Blanca, BsAs)

Juntas y a la Izquierda MST (B.Blanca, BsAs)

Corriente Nacional Lohana Berkins, Partido Comunista (B.Blanca, BsAs)

Federación Juvenil Comunista (B-Blanca, BsAs)

Cardumen (B.Blanca, BsAs)

Artistas por la No Violencia (Bahía Blanca, BsAs)

Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes. Colegio de Trabajadorxs Sociales. Distrito Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Bahía Rosa – Socorristas en Red, feministas que abortamos (Bahía Blanca, BsAs)

Cátedra Pedagogía II. Educación y DDHH. Proyecto de Investigación en Pedagogías Críticas y DDHH (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca)

Watu Corriente Comunista (B.Blanca, BsAs)

Frente Feminista Nacional y Popular

Red de Comunicadoras Bahía Blanca

Pan y Rosas – PTS en el FIT Unidad (B. Blanca, BsAs)

Feministas Humanistas Bahía Blanca

Estudiantes Autoconvocades Cs. de la Educación UNS (B.Blanca, BsAs)

Agrupacion Mujeres de Bahia Blanca, CEPA- Corriente estudiantil popular anti imperialista- UniTe humanidades

Pdt – tendencia del Partido Obrero BBca.

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Economía popular de plataformas: propuesta rosarina para repartos

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El aislamiento obligatorio elevó a los servicios de reparto a domicilio a la categoría de servicio esencial. Las aplicaciones multinacionales dominan el mercado y se obtienen enormes ganancias a costa de cadetes y comerciantes con escasa intervención del Estado en la regulación y el cobro de impuestos.

El Movimiento Evita propuso en el Concejo Deliberante de Rosario un proyecto de ordenanza para crear la APP Rosario, “Aplicación Pública de Pedidos de Rosario”.

“LA APP permite intermediar entre tres actores: usuarios, comerciantes y productores de la economía social y popular y las empresas registradas en la ciudad de cadetería y mensajería”, comentó a FM De la Calle el concejal Eduardo Toniolli.

El legislador afirmó que “la filosofía que promueven es que son apps de intermediación entre libre prestadores de un servicio, cadetes, y usuario. Producto de esa pretensión intentan en todos los niveles del Estado, con obligaciones y normativas que son reconocidas, no tributar, desconocer la relación de dependencia y, en el plano municipal, obviar cualquier legislación”.

Toniolli destacó que “estas empresas pasaron de cobrar en los inicios un 7% a cobrar hoy el 33% de cada envío. Se quedan con la tercera parte de lo que recibe la empresa y en algunos casos de convenios nuevos, llegan a quedarse con el 45%”.

“El cadete está sobreexplotado, ni siquiera se lo reconoce como trabajador, Rappi dice rappitender, Glovo habla de glovers. En el caso de Rappi hay un plateo casi filosófico pero es un discurso que apunta a desmontar cien años de adquisición de derechos”.

El concejal señaló que hubo un antecedente municipal surgido al calor de la disputa por la posible llegada de Uber. “Propusimos el Móvil Taxi que es intermediación entre usuarios y las unidades de taxis de la ciudad de Rosario. Tiene todo lo que ofrece Uber y más, porque está la Municipalidad de por medio. Está el nombre del chofer, se puede elegir si es hombre o mujer, ofrece ver dónde está la unidad y cuánto falta para llegar. Lo único que no ofrece es el viaje compartido porque la normativa no lo dispone. El software lo desarrollaron las cámaras de taxistas”.

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A 161 años de la “hoguera del escarmiento”

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Una vez más y ante la pandemia que nos impide encontrarnos para reflexionar sobre aquellos hechos, compartimos este material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu.

El 19 de mayo de 1859 las fuerzas de Bahía Blanca perpetraron una verdadera masacre indígena. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Fabiana Méndez, integrante de Kumelen Newen Mapu, dijo esta mañana que se trata de “un 19 de mayo particular pero cada uno de los hermanos en sus territorios recuerda esta fecha con la fuerza de la ancestralidad que nos une. Estamos en permanente contacto con las comunidades”.

“Sabemos las dificultades, no solo del pueblo nación mapuche sino de los hermanos de las 36 naciones originarias. Los hermanos del norte, las hermanas, están haciendo un reclamo por el derecho de retornar a su casa, las comunidades mueren de hambre y dengue. El hostigamiento no ha mermado, hemos tratado de visibilizar todo lo que ha ocurrido con la comunidad Buenuleo. Las grandes empresas no han parado con el extractivismo, no hubo cuarentena. Se continúa con el asesinato de la tierra. Cuando no hay una resolución, la no resolución sigue siendo un acto de desprecio. El genocidio hacia los pueblos no ha parado, no cesa”, afirmó.

En el video que puede verse en esta nota, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualiza los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

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¿Algunas empresas tienen coronita con los protocolos?

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(Por CTA Bahía Blanca) Lo ocurrido con las empresas contratistas en la construcción del parque eólico de Mayor Buratovich(partido de Villarino) pone de manifiesto un tratamiento diferenciado para ellas.

Ha quedado en evidencia que cuentan con autorización para hacer caso omiso de las recomendaciones sanitaristas para trabajadorxs procedentes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid 19.

Se les ha permitido cumplir con sólo 3 días de cuarentena cuando los protocolos recomendados por epidemiólogos establecen 14 días.

Esto generó que en los últimos días aumenten de manera significativa los casos de esta enfermedad en nuestra población, demostrando que la ambición de las empresas pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y de toda la comunidad.

No tenemos dudas que de algún nivel de autoridades de gobierno tiene que provenir una venia política para permitir esa medida que pone en peligro todo el esfuerzo de resguardo comunitario y las políticas de salud pública para enfrentar la pandemia.

De algún nivel de gobierno sea municipal, provincial o nacional tiene que haber partido la decisión de conceder a esta empresa Tel del poderoso grupo Perez Companc las prerrogativas para no cumplir las medidas de resguardo.

Demandamos enérgicamente que se rindan cuentas y se determinen las responsabilidades políticas.

Así como también exigimos que el municipio publique un protocolo para las empresas que de ahora en

adelante deberán regirse de acuerdo a las recomendaciones de lxs expertxs y que las autoridades de salud sean debidamente notificadas por las empresas de cada persona que ingresa a nuestra ciudad para su correcto seguimiento epidemiológico.

Desde la CTA estamos convencidxs que esta doble vara tiene un sólo origen posible: la lógica de las ganancias empresarias puestas por encima de la salud y de las necesidades populares.

Debemos exigir que se ponga fin de inmediato a estas habilitaciones discrecionales para las empresas.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

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Piden que la justicia investigue el brote de Covid 19 en el parque eólico

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La Municipalidad denunció ante la justicia federal el brote de contagios de Covid 19 en el parque eólico del grupo Pérez Companc en Mayor Buratovich para que se analice si hubo responsabilidad de parte de las autoridades de las empresas y las autoridades del Partido de Villarino.

Por el momento son 11 los contagios vinculados a los trabajadores que tres el cierre de los alojamientos de Villarino se instalaron en nuestra ciudad. “Me hubiera gustado que nos hubieran avisado que venían”, dijo el intendente Héctor Gay.

Agregó que “queremos que la justicia investigue si todos los actores, no nos detenemos en nombre propio ninguno, cumplieron lo que tenían que cumplir. Si lo hicieron y no hubo ningún dolo, bien, nos entró el virus y tenemos que aguantar las consecuencias. Pero no es justo de la comunidad de Bahía Blanca tenga que soportar esta situación”.

El jefe comunal advirtió además que algunos empresarios pretendían que el Municipio corriera con los gastos de los empleados que hoy están en cuarentena y se quejó de que en algunos casos las obras sociales no respondieron y tuvo que recurrirse al hospital público.

Para Gay “de no ser por este episodio del parque eólico de Villarino estaríamos en el día 18 sin contagios, lo cual es realmente muy plausible. Hemos tenido durante todo el fin de semana un trabajo arduo para identificar a cada una de las contratistas y subcontratistas de todos los parques y todos los emprendimientos que están autorizados en la región porque evidentemente hay comportamientos difíciles”.

“En general se han ido adecuando pero inicialmente no lo hicieron y nos trajeron trabajadores del AMBA, que hoy es la peor zona del país, y no se cumplieron los protocolos de cuarentena y demás. En esto también hay responsabilidad de algunos, por suerte no de todos, de quienes brindan alojamiento. A veces en función de obtener un dinero se pasan por alto situaciones sanitarias”.

Por ejemplo, el intendente mencionó: “Este fin de semana cinco trabajadores que venían para otra empresa fueron a alojarse en un hotel, con mucha responsabilidad les dijeron que si se alojaban tenían que estar en cuarentena porque venían del AMBA, no lo aceptaron, se fueron y alguien les alquiló un departamento en calle Villarino. Ahora estamos controlando pero en ese momento nos habían generando incluso una situación de malestar en todo el consorcio del edificio, todo porque algún propietario o algún intermediario quería hacerse unos pesos independientemente de dónde venían los trabajadores”.

En cuanto a los controles, Gay afirmó que “se hacen” pero destacó que “las personas que iban y venían tenían el certificado de tránsito y que estaban prestando servicios para un bien esencial. No se hacen las 24 horas, hay un control en el fitosanitario y en el acceso pero estamos hablando de mucha gente. (…) Pero no va por ahí la cuestión, sí hubo negligencia de que algún contratista trajo gente del AMBA y no hicieron la cuarentena ahí está el problema. No podés controlar a 300.000 habitantes”.

/por

“Nos mataron a Ramona”

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(Por La Garganta Poderosa) Apretando los dientes, golpeando el teclado, aguantando la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar, ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas, ni cuando jugaron a cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, ¡Ramona no se murió!

A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron! Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir, cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá!

Esto es un crimen.
Y no vamos a parar,
¡hasta que paguen todos los responsables!

NO PODEMOS MÁS.

JusticiaPorRamona

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INDEC: más de ocho de cada diez bahienses acceden a internet y usan celulares

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El 64,4% de los hogares de Bahía Blanca cuenta con computadora y el 84,4% con acceso a internet. Además, el 83% de la población mayor a 4 años accede a internet, el 42,2% a computadoras y el número crece al 83,3% en el caso del celular.

Los datos surgen del módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

El relevamiento ofrece información básica sobre los accesos a computadora e internet en los hogares urbanos, como así también sobre el uso de telefonía móvil, computadora e internet por las personas
residentes en dichos hogares.

A fines del año pasado se registró que el 60,9% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9%, a internet.

Además, los datos muestran que en la Argentina 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan internet.

En la distribución territorial se registran diferencias en el acceso hogareño entre aglomerados de 500.000 y más habitantes y aquellos más pequeños; en estos últimos hay 1,5 puntos porcentuales más de acceso a internet. En el contexto regional, Patagonia, Noroeste y Gran Buenos Aires registran el mayor acceso de los hogares a internet (89,7%, 86,4%, y 83,7%, respectivamente), y superan la media nacional. Se advierte mayor incidencia en el acceso a computadora en los hogares de las regiones Patagonia y GBA (69,4% y 61,9%, respectivamente).

Población que utiliza las TIC: celular, computadora e internet

En la Argentina, 80 de cada 100 personas utilizan internet y 84 de cada 100 emplean teléfono celular.

En términos comparativos, se registra un incremento en el uso de internet (2,3 puntos porcentuales) y de teléfono celular (0,8 puntos porcentuales); acompañados de un descenso en la utilización de computadora (1,2 puntos porcentuales) respecto del mismo período del año anterior.

La región Patagonia encabeza el conjunto de aglomerados que, en promedio, muestran mayor uso de telefonía móvil (88,8%), computadora (45,1%) e internet (86,8%). Entre las 6 regiones, el Noreste presenta el menor uso de internet (76,2%) y se ubica a 3,7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, próximo a otras regiones como Cuyo y Pampeana. La región Noroeste del país es la que registra menor incidencia en el uso de computadora (36,3%), con una diferencia de 5,1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

El celular es la tecnología con mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil (el 84,3% de la población de los aglomerados relevados, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior).

El uso de las TIC según edad y sexo

Se registra el mayor uso de internet en los grupos comprendidos entre los 13 y los 29 años, 90 de cada 100 personas de esas edades lo utilizan (entre el 90,7% y 91,9% de la población).

El teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendida para la población joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,6% y el 95,9% de las personas de 18 a 64 años y el 67,7% de la población de 65 años y más. En la mayoría de los grupos de edad (18 años y más) se utiliza más el teléfono móvil que la computadora e internet.

Los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años constituyen los grupos en que la utilización de internet supera la de celular y computadora, con una diferencia sustantiva en el primer caso (22 puntos porcentuales en el grupo etario de 4 a 12 años).

Los adolescentes comprendidos en el grupo de edad de 13 a 17 años son los que más usan computadora (56,0%). Entre los 18 y los 29 años, las personas hacen mayor uso del teléfono celular que los demás grupos etarios; también se advierte su empleo extendido entre los 30 y los 64 años.

La diferencia en la utilización de las TIC relevadas entre varones y mujeres es estrecha, con un porcentaje mayor en el caso de los varones en todas las tecnologías. Los varones se encuentran por encima de las mujeres por 1,4 puntos porcentuales en el uso de internet y 0,6 en el empleo de computadora. En cuanto al uso de celular, los varones están por encima de las mujeres solo por 0,2 puntos porcentuales.

Usos de las TIC según el máximo nivel educativo alcanzado

El nivel educativo alcanzado muestra diferencias en relación con el uso de celular, computadora e internet (gráfico 6). Los mayores usos de las tres tecnologías indagadas se observan en la población residente en hogares urbanos que alcanza el nivel superior y universitario (completo o incompleto), tendencia que se expresa a nivel de la media del total de aglomerados como en los grupos de edad de 18 años y más. También es importante el uso en la población que alcanza el nivel secundario.

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Grave retroceso de la Corte bonaerense frente a la pandemia en las cárceles

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

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Juicios virtuales: “Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte”

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El fiscal Pablo Fermento destacó la necesidad de analizar cómo reanudar los juicios de lesa humanidad. “Es una situación que no sabemos qué plazo va a tener. Lo cierto es que no se va a normalizar todo de un día para el otro y que no se van a poder realizar concentraciones de gente. En vista de eso, está bueno que se ponga en el tapete, que empiece a planificarse”.

“Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte. Tenemos este juicio con estas características, no es lo mismo Triple A que Ejército. Al de Ejército vamos a llegar con muchísimas víctimas que ya pasaron por juicios, los acuerdos con la defensa de cuáles van a ser los puntos a probar, cosas que se utilizan en otros juicios y acá no: la existencia de un plan criminal y situaciones tales que ya ni se discuten. Hay que sentarse, pensarlo, buscar soluciones, medios, escuchar a las partes y tratar problemas concretos”, dijo a FM De la Calle.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas sobre el terrorismo de Estado reanuden los debates «con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria» respecto de los procesos «cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes».

Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A. El TOF bahiense solicitó al Consejo de la Magistratura la adecuación del sistema de videoconferencias.

“Los juicios, por las características que tienen, se vienen haciendo de manera mixta. Cada vez hay más jueces e imputados por videoconferencia. No es novedoso pero sí algo que va a avanzar más allá de lo que pase con la pandemia en lo inmediato. Plantea toda una cuestión, hay sectores que dentro de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que tienen posiciones no del todo coincidente“, dijo Fermento.

Dentro de los motivos para no demorar más el debate, mencionó que el paso del tiempo “juega con las domiciliarias o el cese de preventivas, los plazos siguen avanzando, se van estirando y las miradas desde la justicia empiezan a titubear, hay idas y vueltas con respecto a los criterios que son difusos y después el punto final biológico”.

Según el fiscal, la plataforma que utiliza el Poder Judicial es de “una calidad muy inferior que Zoom y Jitsi, con lo cual es todo un problema porque la mediación en el juicio depende de eso y de las medidas sanitarias”.

Las falencias del sistema ya generaron demoras e inconvenientes en los juicios anteriores y podrían ser verdaderos obstáculos en causas como la de Ejército que llegará con el debate más numeroso en cuanto a imputados, defensores, jueces, querellantes y testigos.

En cuanto a las y los testigos Fermento afirmó que “muchos quieren estar presentes, es el caso del hermano de Víctor Oliva Troncoso. Vino al principio del juicio y quiere volver cuando haya que declarar porque entiende que no es lo mismo que los jueces lo vean por una pantalla que tenerlos cara a cara”.

“Yo voy a plantear estar en sala y que los jueces estén en sala. Hay una cuestión que es que hay dos que no son de acá. La cuestión será con los grupos de riesgo”, adelantó.

Agregó que”lo primero que van a querer sacar es el público por la concentración”. Si bien en muchas audiencias la participación mermó, “lo cierto es que el volumen simbólico de los juicios en gran medida se va a perder. Son situaciones complejas, miradas encontradas, lo estamos charlando todos”.

Domiciliarias y excarcelaciones

El fiscal destacó que en la jurisdicción no se otorgaron prisiones domiciliarias por la pandemia de coronavirus. “La situación de detenidos en sede carcelaria, de acuerdo con los informes que mandaron los servicios, es muy diferente a lo que se ve en un escenario común. Están en pabellones muy por debajo de la capacidad, con otras condiciones de higiene, ventilación”.

Respecto a la excarcelación de tres represores ordenada por Casación la semana pasada, explicó que “no guarda relación con la pandemia en un punto y sí guarda relación indirectamente. En el criterio en cuanto a la razonabilidad de los plazos de preventivas de detenidos por delitos de lesa ya se viene haciendo una lectura favorable a los imputados desde hace unos años. Sin embargo, en estos casos la decisión respecto a Gandolfo, Bonini y Maidana es contraria al criterio de Corte”.

“El fallo Acosta dice que el plazo de la preventiva debe analizarse caso por caso de acuerdo a situaciones concretas y no aplicar el plazo de la ley de los dos años y prórroga por un tercer año. La Sala II de Casación no hace mención a Acosta, omite toda consideración sobre ese tipo de parámetros que la Corte dice que hay que contemplar”.

“A los tres imputados se le prorrogó el cese de la prisión en marzo aplicando el fallo Acosta, cantidad de víctimas, complejidad de los hechos, dificultades para investigar este tipo de hechos. Va a Corte y no dice nada de eso, dice que es infundado porque el juicio está parado y no hay una fecha de inicio del debate.

¨Ahí sí ya está la pandemia porque uno de los factores por los cuales está parado es ese. Si bien ese juicio no tenía fecha, depende de la realización del juicio de Triple A. Ahí sí hay una incidencia, más allá de que se podría plantear que se realicen juicios simultáneos”, concluyó.

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Juicios virtuales: “Hay compañeros que esperaron 40 años para otra cosa”

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“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.

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Tiple A: Casación recomendó reiniciar juicios virtuales

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La fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación Penal que se reanude una parte de los juicios orales relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que quedaron suspendidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Casación recomendó esta semana en un escrito firmado por su presidenta, Ángela Ledesma, que los tribunales orales que tengan en trámite este tipo de causas “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Entre los procesos mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Ramos había pedido a la Cámara que ejerza sus atribuciones de superintendencia e “inste a los distintos tribunales a reanudar la tramitación de estos procesos judiciales con los recaudos que impone la Autoridad Sanitaria” y los que aquella disponga. En la respuesta de ayer, Casación Federal se pronunció en ese sentido, en los términos de la Acordada 10/20 “y en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento”.

La fiscal federal había argumentado que “el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los Tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”.

En ese sentido, propuso también que se “evalúe convocar a sesionar a la Comisión Interpoderes y conformar un equipo interdisciplinario para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos”. Sobre este punto, la Cámara de Casación indicó que esa Comisión “ha funcionado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manera que sugirió “consultar al cimero tribunal acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora”, señaló Ángeles Ramos.

Por otro lado, la titular de la Procuraduría había destacado que Mar del Plata fue el “ejemplo” de la posibilidad de continuar, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad “reanudó la audiencia de juicio, escuchó últimas palabras y dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como ´Juicio Acumulado”. Fue “con la presencia mínima de las partes, con distancia entre ellas y con la transmisión en vivo por CIJ y redes sociales”. En el mismo sentido se pronunció respecto del TOF 2 de Rosario, que reanudó las audiencias para escuchar el alegato de las defensas en la causa conocida como “FECED III”; y del TOF 1, también de Rosario, que resolvió retomar el debate con el acuerdo de todas las partes en la causa “Saint Amant”.

La nómina de juicios orales mencionadas en la nota

La Procuraduría detalló los juicios orales que se encuentran en distintas etapas del desarrollo del plenario y quedaron paralizados por las medidas dispuestas frente a la pandemia, y uno en el que resta conocer los fundamentos de la sentencia.

A) Juicio oral con veredicto:
TOF 6 CABA, “SUPERINTENDENCIA”, causa CFP 16.441/02/TO1, “Gallone, Carlos Enrique y otros”. Estaba pendiente la lectura de los fundamentos fijada para el 19/03/20.

B) Juicios orales paralizados con prueba concluida:
1) TOF 5 CABA, “ESMA IV”, causa 1891. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

2) TOF 2 San Martín, “ARSENAL ZARATE – CAMPANA”, causa 3238, “Di
Nappoli, Omar Edgardo”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

3) TOF 1 La Plata, “BRIGADA DE SAN JUSTO”, causa 373/2011,“Etchecolatz, Miguel O. y otros”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y
dúplicas.

4) TOF Mar del Plata, “CNU 2”, causa FMP 33013793/2007, “Corres, Oscar
y otros”. Estaba pendiente la delaración indagatoria de un imputado y alegatos.

5) TOF Comodoro Rivadavia, “BEL”, causa FCR 24000925, “Hermello, Hernán Alvaro; Rodríguez, Watsonm; Delfín Heriberto-Nichol Tito”. El MPF alegó el 9/3/2020. Quedó pendiente continuar con alegatos, réplicas y dúplicas.

C) Juicios orales paralizados con prueba pendiente de producción:

1) TOF 1 CABA, “ORLETTI V” causa 2637/04, “Vaello, Orestes y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”

2) TOF 4 CABA, “VESUBIO III”, causa 14.216/03, “Lugo, Eduardo David y otros”.

3) TOF 4 San Martín, “CONTRAOFENSIVA”, causa 3055, “Riveros, Santiago Omar – Caso 459”.

4) TOF 1 San Martín “CAMPO DE MAYO – ÁREA 400”, causa 3005, “Riveros, Santiago Omar y otros”.

5) TOF Bahía Blanca, “TRIPLE A” causa 93000165/2013, “Aceituno, Raúl Roberto y otros”.

6) TOF Mar del Plata, “LA CUEVA III”, causa FMP 13000001/2007/TO3, “Ullúa Eduardo Salvador y otros” -se reanudó hoy-.

7) TOF 1 Tucumán, Megajuicio “TÁRTALO”, causa 400795/2004- “Tártalo, Guillermo y otros”.

8) TOF 1 Mendoza, “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aerea” causa FMZ 14000591/2009/TO1, “Escobar, José Antonio y otros”.

9) TOF San Juan, Megajuicio III, causa FMZ 54004613, “Cardozo, Eduardo Daniel y otros”.

10) TOF Jujuy, “LA NOCHE DEL APAGÓN”, causa 76000048/2012,
“Braga, Rafael Mariano y otros”.

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Crece la curva de genocidas excarcelados o con domiciliaria

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La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

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