El Tribunal Oral rechazó un pedido de la defensa para suspender el debate oral en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca y reanudará las audiencias el próximo jueves a las 10.

Será mediante un sistema mixto con presencia de jueces, querella y defensa en Colón 80 y permitirá que testigos e imputados elijan participar desde el Aula Magna o por videoconferencias. Deberán respetarse los protocolos de seguridad en el marco de la pandemia. 

Las jornadas testimoniales comenzarán priorizando la convocatoria a quienes no integran grupos de riesgo y residen en Bahía Blanca. Habrá transmisión pública.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal Pablo Fermento aseguró “que son diversas las jurisdicciones en las que se reanudaron los debates por crímenes contra la humanidad” y “afirmó que la utilización de vías de comunicación instantánea, virtual y remota, garantiza los principios de inmediación, publicidad y el pleno ejercicio de los derechos de defensa por parte del imputado (en sentido material y técnico), sin poner en riesgo la salud de las partes intervinientes en el debate”.

Por pedido de la querellante Mónica Fernández Avello y la Fiscalía, el tribunal no recurrirá a las fuerzas de seguridad para trasladar a testigos que no cuenten con los recursos suficientes. Deberán acercarse por su cuenta y reclamar el reintegro de los gastos. Los certificados de circulación se otorgarán cuando sea necesario.

Fermento propuso que “al momento de notificar a los testigos se les haga saber sus derechos, las medida de prevención, distanciamiento, higiene y seguridad adoptadas para su protección. Para cada testigo solicitó la confección de un formulario modelo (homologado por autoridad sanitaria) que sea remitido junto con su notificación, que será completado a modo de declaración jurada sobre su estado de salud, patologías previas y pertenencia a población de riesgo, y que manifieste su voluntad de declarar en forma virtual o presencial”.

Además, requirió que se fijen las declaraciones con intervalos de tiempo para evitar acumulación de testigos; se permita la presencia de un integrante del equipo de acompañamiento psicológico en la sala y que se informe a quienes declaren que la audiencia será transmitida de forma pública.

El abogado de la UNS, Francisco Fuster, pidió participar por videoconferencia por integrar el grupo de riesgo aunque el tribunal recordó que la querella deberá funcionar unificada y que, igualmente, podrá seguir la transmisión o designar un sustituto.

Para el defensor oficial Gustavo Rodríguez “el avance del juicio en las condiciones propuestas conlleva la afectación de posiciones defensivas” y constituiría “asumir un alto riesgo para su salud y su vida” de los represores. A su entender, “la única posibilidad sería que los imputados sigan las audiencias de debate por videoconferencia desde sus domicilios, pero al respecto realizó algunas observaciones”.

“Si se acepta que el desarrollo de una audiencia virtual imposibilita la contradicción de prueba relevante debido a la ausencia de una comunicación rápida y efectiva con los acusados, se llega a la conclusión de que cualquiera de las posibilidades que se han pensado para un desarrollo virtual impide la satisfacción de la defensa en juicio y esa es una garantía que no debe perjudicarse”, respondió el tribunal.

Los jueces Roberto Amábile, Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido afirmaron que “el defensor no logra demostrar de modo concreto y efectivo la vulneración de los derechos de sus asistidos”.

Recordaron que los acusados podrán concurrir teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la ciudad y que la sala garantiza ampliamente las condiciones suficientes de higiene. “La concurrencia desde su domicilio hasta la sala y el regreso, no genera un aumento de riesgo para su salud si se cumple con las medidas sanitarias fijadas por las autoridades”.

Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad muestra que suman 245 sentencias por delitos de lesa humanidad y que, respecto al año pasado, creció el número de detenidos y la cantidad de prisiones domiciliarias como forma de arresto.

Sobre el estado de las causas, el relevamiento arroja que de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (263), el 41% obtuvo sentencia (245), el 11% está elevada a juicio (67) y sólo el 3% está actualmente en etapa de debate (17).

En cuanto a la condición de los imputados, en comparación con 2019 se verifica un aumento en la cantidad de detenidos y una disminución de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad que se encuentran libres. Mientras en 2019 el número de detenidos era de 884, el informe actual destaca que para junio de 2020 ya son 905; y que, por otra parte, mientras el año pasado la curva de personas en libertad mantenía su tendencia ascendente, alcanzando una cifra de 1590, en este 2020, luego de cinco años de un aumento constante, la cifra desciende al número de 1562.

Asimismo, el trabajo de la Procuraduría también refleja un aumento en la cantidad de prisiones domiciliarias en comparación con el año pasado: mientras en el 2019 608 personas estaban arrestadas bajo esa modalidad, este año el número aumenta a 649. Ese incremento se debe, en parte, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron la morigeración de la modalidad de prisión con arresto domiciliario, de los cuales 22 personas obtuvieron este beneficio.

Por último, el informe indica un total de 3316 personas investigadas por delitos de lesa humanidad según la máxima situación procesal alcanzada, de las cuales 995 están condenadas. La cifra desagregada consta de 605 procesados, 540 imputados, 181 con falta de mérito, 162 absueltos, 91 sobreseídos, 71 indagados y 26 prófugos. Asimismo, fallecieron 645 personas vinculadas al juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

H.I.J.O.S. Bahía Blanca repudió que un represor que debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción dicte cursos de formación al Servicio Penitenciario de Tucumán.

“Nos resulta intolerable que un acusado de los peores delitos que la humanidad puede registrar, sea convocado para ‘formar’ fuerzas democráticas”, manifestó el organismo.

Se trata de Enrique Stel, quien está acusado por “haber planificado y consumado los secuestros, seguidos de tortura, en perjuicio de 51 víctimas y en 2019 se amplió esa acusación, sumándole la de delitos sexuales”.

Con rango de subteniente integró el Batallón de Comunicaciones 181 y fue Jefe de Sección de la Compañía Combate “Mayor Keller”.

Según informó H.I.J.O.S. Bahía Blanca “al momento de ser detenido en 2014, Stel, estaba reciclado en el Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán desde marzo de 2007, y llamativamente advertirmos que lo han vuelto a convocar a ocupar un cargo en el mismo espacio institucional, el Ministerio de Seguridad Tucumano, para ‘dictar cursos de formación’ algo inadmisible y repudiable en plena democracia”.

El organismo exigió “se revierta de manera inmediata, la participación de Stel dentro de las fuerzas de seguridad y una vez más, pedimos la celeridad en los juicios de lesa humanidad, que entre todas las impunidades que acarrean más de 40 años de demora, esta también este inaceptable caso”.

(Testimonio de Dr. Medardo Avila Vazquez – Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696) Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba (Clínica Caraffa), el pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la Provincia (APROSS) para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis.

T.F. vive en Villa de María de Rio Seco, este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigarlos. El padre de T.F. murió en un accidente de tránsito, ahora vive con su madre, tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba (a 300 km), con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena.

En realidad tenía una LEUCEMIA, al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado llorando sin parar aterrado y dolorido. Solo acompañado de su abuelo paterno (un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio), porque su madre esta internada en Deán Funes teniendo otro bebe…

El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más aún. Al pobre niño le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de medula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima, lo trasfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, el viernes 5, teníamos confirmado el diagnostico de leucemia linfocítica aguda de células B.

El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de “medicina basada en la evidencia” como el metanálisis que ilustra esta crónica.

En este estudio de Wigle et al. revisando 14 estudios publicados la conclusión es que la madres expuestas a agrotóxicos tiene dos veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo norma de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos.

A la tarde de ese viernes nuestra onco-hematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de Deltisona B (metilprednisona). No teníamos en gotas y la farmacia de la Clínica me informa que recién el lunes podría conseguir…. Deltisona B gotas hay en todas las farmacias y sale $470. Le aviso al Director médico que no teníamos la deltisona, pero que los pediatras la podríamos comprar en la farmacia del lado y arreglamos el lunes, todo OK.

El sábado concurro nuevamente a ver los pacientitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda Deltisona B porque por las altas dosis que necesitaba el niño solo alcanzaban para día y medio y en el almacén comestibles y bebidas para el padre.

Bueno, el lunes 8 el niño estaba mucho mejor, las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropa al padre, las chicas de laboratorio le compraron comida, agua y golosinas.

Esa mañana, como a las 09:00 fallece Débora una niña de 6 años con un cuadro neurológico metabólico progresivo incurable que cuidábamos desde hace más de un mes, su estado era terminal y fue algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros.

Mientras estábamos acompañando a la familia en ese momento tan desgarrador y humano, justo en ese momento me llama el joven y neoliberal abogado que junto con otra joven contadora, hijos de los dueños fundadores están manejando la clínica desde hace muchos meses. Bueno, me llama este gerente para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la Deltisona supuestamente sin autorización, vociferarme diciéndome que esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de CARIDAD!, situación que emotivamente me sobrepaso harto de meses de bullyng y falta de respeto y lo reputie como la situación, por lo menos, se lo merecía.

Conclusión, al medio día me llama para despedirme… y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años.

Sorprendido aunque sentía que este final no estaba muy lejos. En todos estos años trabaje como empleado en negro (como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia) bajo mi responsabilidad estuvo el cuidado de más de 12.000 niños y 1800 recién nacidos y por suerte y dedicación tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias, claro que también cometimos muchos errores, a algunos no pudimos ayudar a sobrevivir otros no supimos tal vez, pero no dejamos nunca de aprender de ellos. También forme varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso.

En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros era un lugar más para cuidar y ayudar a niñes enfermos y nos manejamos con amplio criterio hospitario, seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran en un 80% médicos que también trabajaban allí mismo. Esta situación desapareció, hoy la maneja un exclusivo criterio empresarial y este quedó expuesto en la patética situación de mi despido.

Y en medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios, seguramente les dolía que siempre apoye los reclamos por los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid… y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la “economía”, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora, aprovecharon y me despidieron.

Esta supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad.

No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, volvería a proteger como pueda a ese niñito fumigado y enfermo de muerte, volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara que te voy a cagar a trompadas.

Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esa Clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud. Los médicos de todos los servicios, las excelentes enfermera/os, las administrativas, camilleros, personal de limpieza, de la cocina, de mantenimiento, de diagnóstico.

Gracias amigos y compañeros, nosotros cada uno de nosotros sabemos todo lo que ponemos, cuanta pasión, cuanta compasión, cuanto dolor, para tratar de ayudar al enfermo, al doliente, al desvalido, porque esa es nuestra función en esta vida. Les agradezco poder haber trabajado con ustedes, muchas gracias a todos. Y si, se aprovechan de nuestra nobleza, pero algún día tendremos que levantarnos para defender nuestra dignidad.

Dr. Medardo Avila Vazquez
Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696

Se cumplen 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo en el cual la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea dejaron caer toneladas de explosivos para derrocar a Juan Domingo Perón. Se estima que el ataque a la población civil dejó más de 350 muertos y centenares de heridos.

Alejandro Horowicz, doctor en Ciencias Sociales y autor de “Los cuatro peronismos”, dijo a FM De la Calle que se trató “un fenómeno tan inusitado como bombardear la Plaza de Mayo, fue un objetivo civil que no tuvo más objeto que sembrar el terror directo y mostrar hasta que punto estaba dispuesta, en este caso, la Marina de Guerra a destruir lo que haga falta para conseguir su objetivo”.

“Es un mensaje político, si la sociedad argentina no se anoticia de esto tiene el ’76 para saber cómo la ESMA es la continuación de ese bombardeo”, destacó.

Es necesario entender en qué contexto se inscribe el bombardeo: “Una sociedad que lleva sus conflictos a un punto donde ya no es posible resolverlos sino por vía militar. La oposición al gobierno legítimo del general Perón, no solo por ganar elecciones sino porque de hecho constituye un período que no por tener manchones deja de ser centralmente democrático, no niego el comportamiento del gobierno peronista con la oposición, pero conviene destacar el comportamiento de la oposición con Perón. En la misma plaza, apenas dos años antes, en un acto de la CGT y la presidencia ponen bombas donde murió mucha gente en el subterráneo”.

En relación al rol de la oposición y la Iglesia Católica en aquella jornada, Horowicz recordó que “participó un sector radical -Miguel Zavala Ortíz participó personalmente en el bombardeo, un hombre que fue canciller del gobierno ‘democrático’ del dr. Illia-. La participación de la Iglesia Católica es producto del enfrentamiento que tiene el gobierno peronista desde el ’54, enfrentamiento que llevó a terminar con la educación católica en la escuelas públicas, terminar con la proscripción de los prostíbulos y a establecer el divorcio vincular”.

“Estamos hablando de enfrentamientos delicados. Las buenas relaciones de la Iglesia con el gobierno peronista producen un nivel de enfrentamiento porque se atribuye a la aparición de la Democracia Cristiana como partido y al hecho de que Perón consideraba la constitución de este partido contra su gobierno. En rigor era una política mundial de la Iglesia contra la izquierda”, agregó.

Para el investigador el motivo fundante es que “Perón le pisa los callos a la Iglesia y tiene que ver con la educación de las mujeres. El peronismo plantea la educación física, esto a la Iglesia la sacude, en consecuencia estamos diciendo que la autopercepción que las mujeres jóvenes empiezan a tener de su propio cuerpo empieza a ser distinta a las anteriores. Las mujeres que tienen más de 60 años rara vez sepan nadar y es difícil que las chicas de menos de 30 no lo sepan. estamos hablando nada más ni menos que el uso del cuerpo y la autodefensa”.

Horowicz mencionó que la respuesta al bombardeo existió: “Fue el primer momento donde efectivamente el gobierno se planta pero empieza a quedar claro que esto avanza en una dirección de guerra civil. Perón tiene que decidir si está dispuesto a sostener la guerra civil o se retira. Luego queda claro, en septiembre del ’55, que dispone la capacidad armada para reprimir efectiva y eficazmente y que decide no hacerlo”.

Comienza la etapa de la Revolución Libertadora y esto “impone al movimiento obrero y a los sectores más duros del peronismo, a los que sobreviven. Basta comparar las elecciones de 1951 donde el peronismo gana por paliza, cuando se producen las elecciones constitucionales de 1957 el peronismo gana las elecciones pero obtiene la mitad de votos, de cuatro millones pasa a dos. Es un retroceso es enorme. Estamos hablando del costo político de la derrota de 1955, lo cual le costó 17 años remontar y no fue producto de la estrategia de Perón sino de la crisis política argentina, del Cordobazo y del Viborazo”.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

(Por CORREPI) La noticia pasó inadvertida para la mayoría de los “medios grandes”: “Rodrigo Etchudez, un joven músico y comerciante de la ciudad de Monte Quemado al norte de la Pcia de Santiago del Estero, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por una nutrida delegación policial que, sin orden judicial, lo esposó y se lo llevó detenido a la seccional local. El motivo: una publicación en su cuenta de Facebook rechazando la actitud represiva del gobierno provincial”.

Casi en simultáneo, en plena Ciudad de Buenos Aires, con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, se emitió la resolución 144/2020, que establece en cabeza de las fuerzas de seguridad la facultad de hacer tareas de “prevención sobre plataformas y fuentes digitales públicas que no constituyan violación a la intimidad”.

En términos menos académicos, bien podríamos calificarla como un Manual para el ciberpatrullaje o el “control legal” de la disidencia política e ideológica. Cuantas más facultades suma el aparato represivo del estado, más amenazado se encuentra el cuerpo social que administra.

La decisión de su formulación constituye una inequívoca decisión política: el ciberespionaje, en tanto herramienta de control social, integra el menú de medidas persecutorias que, bajo la apariencia de una necesidad regulada, esconde una limitación inadmisible a derechos elementales de la población. Que la resolución pretenda que no tendrá validez si se vulnera la intimidad de los ciudadanos, no garantiza que no se atropelle su pública necesidad de protestar: Cualquier red social (ése es el nuevo “territorio” a invadir por el estado) es hoy empleada por organizaciones del pueblo para convocar, movilizar, reclamar, denunciar, exigir. El gobierno abrió la puerta para que expresamente ese avasallamiento se realice.

Desde 1983, son incontables las ocasiones en que el estado fue descubierto en tareas como las que ahora viene a regular. Como en los tiempos de Alfonsín, con su DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) convertido luego en División de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado, protegido por el menemato y la misma justicia que invocaba la categoría de “secreto de estado” para legitimar la información mal habida sobre más de 250 militantes del arco de la izquierda, o el despliegue de pinchaduras de teléfonos y seguimientos de la SIDE (hoy AFI) y de la inteligencia propia de la PFA, que fue un clásico de la época.

El año 2001 fue emblemático en materia de espionaje, como ocurrió sobre las organizaciones que se movilizaron ante la Casa de la Provincia de Salta en repudio a los asesinatos de dos piqueteros en un corte de ruta. “En función de tareas de inteligencia previa…” comenzaba cada sumario de detenciones producidas en medio de actos de protestas masivas a lo largo y ancho del país, como en agosto de 2004 o en diciembre de 2005. Infiltraciones, como la sufrida por la Agencia Rodolfo Walsh, listas negras de abogadxs en el servicio penitenciario, y el denominado Proyecto X que, descubierto en 2013, con los cuadros de Gendarmería encargados de escuchar, espiar, seguir e informar sobre todo activista sindical, estudiantil, social y político. En todos esos casos, CORREPI patrocinó junto a otras organizaciones las correspondientes denuncias, incluyendo cuando nos tocó ser víctimas directas. Ni hablar de las escuchas macristas por mano del “Fino” Palacios y Ciro James, causa en la que Mauricio fue sobreseído 12 días después de asumir como presidente.

Hoy se suman las redes sociales con el “ciberpatrullaje”, con un detalle que, sin embargo, no tiene nada de novedoso: La resolución firmada por la ministra Frederic se ampara en la “prevención de narcotráfico y terrorismo”, expresiones propias del andamiaje represivo con el que -desde la caída de las Torres Gemelas y agravada por la crisis capitalista del 2008- se justifican mundialmente todo tipo de persecuciones.

La nota periodística de Santiago del Estero amplía: “La simple opinión de un ciudadano expresada en una red social bastó para que las autoridades activen un importante operativo policial destinado a aprehender a Etchudez, detenido este domingo en su propia casa por una gran cantidad de efectivos que procedieron a esposarlo e ingresarlo a la comisaría de Monte Quemado, donde permaneció durante más de 9 horas.”

La paradoja más grande es que todo esto sale a la luz en simultáneo con la mega causa de espionaje, escuchas y otras canalladas que ponen al descubierto la verdadera naturaleza política y moral del macrismo y sus aliados. Un escándalo mayúsculo, del que nos enteramos –a diferencia de los episodios anteriores, descubiertos por las víctimas- por la denuncia efectuada ante la justicia por la interventora de la AFI, que aportó registros digitales y fichas que prueban el espionaje a organizaciones políticas, como el PTS; gremiales, como el SUTE (Sindicato Único de Trabajadorxs de la Educación de Mendoza); a trabajadorxs de prensa (más de 100 afiliadxs al SiPreBA) y a funcionarios y referentes públicos de la oposición y del propio partido de gobierno.

Lo que parecen no entender es que el problema no está en la legalidad o ilegalidad del espionaje, sino en la naturaleza misma del acto de espiar, que es acechar, amenazar, vigilar. Y que es siempre, en todos los casos, una repudiable decisión política.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo 5° de la ley 23.737, que castiga a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal, por considerar que esa situación se encuadra dentro del ámbito de las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, declaró el sobreseimiento de una pareja a quien se le había secuestrado plantas de marihuana y semillas que se encontraban un vivero de su propiedad, ubicado en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires.

En el caso, durante un procedimiento policial realizado en dicho establecimiento y en la vivienda de los acusados, un hombre y una mujer, ambos licenciados en ciencias naturales, se les incautaron nueve plantas de marihuana, un envase de cartón en cuyo interior se hallaban ramas y hojas de la misma planta, un frasco con 55 semillas de cannabis sativa linneo y una gavilla de ramas también de marihuana. Ambos fueron procesados por el delito previsto en el artículo 5°, inciso a, de la ley 23.737, en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes.

Esa decisión fue apelada por la defensa, quien había entendido que existe es un error tratar a las plantas como si fuesen ya materiales producidos, lo cual conduce al juez de primera instancia a atribuir la tenencia de 81.745 dosis umbrales, cuando en realidad sólo tenían una cantidad de marihuana que razonablemente se puede considerar destinada al propio uso.

Asimismo, había indicado que en cuanto a la calificación cabría encuadrar el hecho en la figura del artículo 14, segundo párrafo, de aquella ley (tenencia de estupefacientes destinados al consumo personal), por lo que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esa norma sobre la base de los argumentos fijados por la Corte en el caso “Arriola”.

Según el voto del camarista César Álvarez, a cuya conclusión adhirió el juez Leopoldo Schiffrin (la minoría estuvo representada por la magistrada Olga Calitri), no hay dudas de que la sustancia en cuestión estaba destinada al consumo personal de los imputados. Y que por ello, sumado a las demás circunstancias del caso, se debe encuadrar el hecho en el penúltimo párrafo del artículo 5° de esa ley.

“La conducta descripta tiene una única posibilidad que es el consumo personal, y en consecuencia, no existe otro destinatario más allá del autor, de los efectos de dicha conducta”, aseguró Álvarez. Y agregó: “No es, de ninguna manera, compatible con la letra y el objetivo de la primera frase del artículo 19 CN, que se imponga una sanción por tal conducta”.

“No hay posibilidad de evitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo análisis, toda vez que de su propia redacción y de toda posible interpretación resulta una clara afectación del principio consagrado en la letra expresa del artículo 19 de la Constitución Nacional”, indicó.

En ese marco, dijo que “en el ámbito de la autonomía privada nos encontramos con la capacidad de cada individuo de definir su propio proyecto de vida, de elaborar sus propias reglas de conducta, en definitiva de ser y de hacer consigo mismo lo que mejor le parezca sin interferencias, ni de los otros ni del Estado”.

“Ni el legislador como sujeto ideal equiparable al colectivo social, ni los distintos individuos integrantes de ese colectivo, tienen atribución para legislar sobre las acciones autorreferentes de los otros individuos, justamente porque no existe posibilidad de que las normas así establecidas se proyecten sobre sus vidas”, añadió.

Fuente: Revista Pensamiento Penal.

Durante la pandemia todo ha cambiado, muchas actividades y rubros se han paralizado o modificado. Sin embargo, lo que no cesa son los femicidios ni la violencia machista.

Hoy, 3 de junio, el Ni Una Menos no encontrará al movimiento feminista en las calles pero sí estarán presentes las consignas por un mundo más igualitario que dieron origen a la fecha. En el aire de FM De la Calle recordamos el reclamo de quiénes todavía claman por justicia para sus hijas, amigas, hermanas, madres. O por ellas mismas.

Edición: Astor Vitali

Guión y producción: Giuliana Crucianelli.

Si sos víctima de violencia podes comunciarte con:

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(Por CTA Bahía Blanca) Es 28 de mayo, a horas del 51 aniversario del cordobazo la cúpula de la CGT realiza una reunión virtual con autoridades del FMI para pedir un “acompañamiento”en la renegociación de la deuda para hacerla “sustentable”.

No es nueva esta conducta rastrera de burocracias sindicales a espaldas de la base trabajadora. La misma conducta tenía buena parte de la dirigencia sindical ante la dictadura que encabezaba el general Onganía en el 69. Por eso brillaban con luz propia dirigentes como el inolvidable Agustín Tosco, capaz de comprometer toda la energía colectiva de su sindicato, el Luz y Fuerza cordobés, para confluir en la calle con miles de manifestantes de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil y protagonizar la jornada del cordobazo.

Un hito en las luchas obreras y el principio del fin de aquella dictadura.

Antes y ahora existía y existe esa cúpula encaramada en los sindicatos para disfrutar privilegios y prebendas y traicionar en toda la línea los intereses de quienes dicen representar.

Habráse visto tamaña impostura. Ir a mendigar acompañamiento al organismo internacional que ha propiciado e impulsado todos los planes de ajuste contra el pueblo.

Una conducta digna y soberana, dicha con la frente alta de quienes no saben de agachadas, impulsaría hoy una campaña que les diga en la cara en medio de la crisis, ni un peso de una deuda fraudulenta e ilegítima debe ir para ustedes mientras haya un trabajador o trabajadora sin laburo o un pibe o piba con hambre. Esa plata es la deuda con el pueblo en salud, alimentos, viviendas y educación.

Nada se puede esperar de esa gente que firma acuerdos con los patrones de la UIA para recortar los salarios de los miles de compañeros y compañeras suspendidos. Otro exponente de ese sindicalismo sumiso y genuflexo por propia conveniencia, como Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, dijo hace unos días luego de acordar un recorte del 25% de los salarios de los trabajadores/as suspendidos/as: “Tenemos que definir un nuevo país y pensar que les falta a los empresarios para decidir sus inversiones y qué costo laboral necesitan para la competitividad laboral”.

Es el mensaje de las grandes patronales que dicen si no rebajan los sueldos, si el Estado no nos aporta el 50% de los salarios vía ATP, dejamos de invertir. O dicho con más claridad, si no aceptás más explotación no tendrás laburo! Y el dirigente sindical hace suyo ese discurso! El cinismo de los Cavalieri, Daer y compañía echa luz sobre qué lado del mostrador ocupan. Por qué esa gente se preocuparía si el aumento a las jubilaciones es de un mísero 6% si ellos viven como ricos? Cómo van apoyar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las superganancias de banqueros y grandes empresarios si repiten como loros el discurso de los Rocca, Pérez Companc y cia.

A 51 años del Cordobazo será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29. Cuando la clase trabajadora se moviliza en función de sus propios intereses, que son los derechos sociales para las mayorías, no hay dictadura, patronal o burocracia capaz de contener esa fuerza colectiva.

Alcanza con ver al otro, a la otra, compañero, compañera, como alguien a quien sumar a la lucha, poner bien alto el valor de la solidaridad de clase y no subordinarse ante ningún poder político o económico que no represente nuestros intereses colectivos. Si los de arriba quieren descargar la crisis que nosotros no generamos sobre nuestras espaldas, hay que plantarse con toda la fuerza posible para defender nuestras vidas frente a la pandemia y para no aceptar ninguna extorsión que avance para pisotear nuestros derechos, ningún recorte, ningún despido, ningún convenio a la baja.

Por el contrario, afirmar que una salida a la crisis a medida de nuestros intereses sólo puede contener el anhelo de un país libre ataduras con el poder financiero internacional y que no se guíe por la lógica de la rentabilidad del capital sino por los valores de la solidaridad y la cooperación de la clase trabajadora.

Se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso.

Días atrás informamos sobre la impunidad que reina en la causa y la denuncia de la familia contra 21 personas por la «probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías».

Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios. El trámite corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul.

Compartimos en esta nota el apoyo al pedido de justicia de decenas de organizaciones acompañadas por Nora Cortiñas y Dora Barrancos, la expresión de un centenar de mujeres convocadas por Acciones Feministas y la canción que Silvia Palumbo dedicado a Kathy como “un homenaje a todas las víctimas de femicidios del poder, muchas de las cuales aún no tienen justicia”.

Femicidio del Poder

Como espacios y organizaciones preocupadas por el estado de la causa de Katherine Moscoso, exigimos que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, resuelva con suma urgencia en las denuncias presentadas por la familia de Katherine Moscoso en torno a la impunidad que ha impedido esclarecer el aberrante femicidio de Kathy.

La familia ha denunciado dicha impunidad que reina en el caso a 5 años de que apareciera enterrada en un Médano después de que se la vió por última vez en un boliche bailable de la localidad y después de una semana de búsqueda.

Un entramado de complicidades que involucra al poder político de Monte Hermoso, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, envuelve a este caso que ha gozado de un absoluto encubrimiento de quienes deberían investigar.

Incluso la amenaza e intimidación a testigos también es parte de este escandaloso caso en el que la única imputada que tuvo la causa es una jovencita con retraso madurativo amiga de Katherine.

En estos días 21 denuncias realizó la familia a través de su abogado Leandro Aparicio, solicitando asimismo detenciones; entendemos que es necesario que estas presentaciones tengan una respuesta a la mayor brevedad.

En Bahía Blanca reina una absoluta impunidad en casos de femicidios, siendo este escandaloso.

¡JUSTICIA POR KATHERINE!

Acompañan:

Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Dora Barrancos (Investigadora CONICET, militante feminista, CABA)

ADHIEREN:

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

CTA Bahía Blanca

Secretaría de Mujeres y Géneros CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas (Bahía Blanca, BsAs)

Mala Junta Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Mujeres Autoconvocadas Punta Alta (Pta. Alta, BsAs)

Organizacion Feminista Guapabanda (Gral. Pico, La Pampa)

DesBandadas (Bahía Blanca, BsAs)

Ni una Menos (Luis Beltrán, Rio Negro)

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Pampa)

Proyecto La Banda Lavanda

Mujeres Empoderadas Lincoln (Lincoln, BsAs)

Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea” (Santa Rosa, La Pampa)

Bahía Contra La Trata (B. Blanca, BsAs)

Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa)

ADUNS (B.Blanca, BsAs)

SUTEBA Bahia Blanca

Brujas Tamboras del Sur (Puerto Madryn, Chubut)

Les ATs PampaS Agrupación de Acompañantes Terapéuticos (Santa Rosa, La Pampa)

Corriente Clasista René Salamanca (B.Blanca, BsAs)

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca (B. Blanca, BsAs)

Comunismo Revolucionario. Partido Marxista Leninista Maoísta (B.Blanca, BsAs)

Juntas y a la Izquierda MST (B.Blanca, BsAs)

Corriente Nacional Lohana Berkins, Partido Comunista (B.Blanca, BsAs)

Federación Juvenil Comunista (B-Blanca, BsAs)

Cardumen (B.Blanca, BsAs)

Artistas por la No Violencia (Bahía Blanca, BsAs)

Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes. Colegio de Trabajadorxs Sociales. Distrito Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Bahía Rosa – Socorristas en Red, feministas que abortamos (Bahía Blanca, BsAs)

Cátedra Pedagogía II. Educación y DDHH. Proyecto de Investigación en Pedagogías Críticas y DDHH (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca)

Watu Corriente Comunista (B.Blanca, BsAs)

Frente Feminista Nacional y Popular

Red de Comunicadoras Bahía Blanca

Pan y Rosas – PTS en el FIT Unidad (B. Blanca, BsAs)

Feministas Humanistas Bahía Blanca

Estudiantes Autoconvocades Cs. de la Educación UNS (B.Blanca, BsAs)

Agrupacion Mujeres de Bahia Blanca, CEPA- Corriente estudiantil popular anti imperialista- UniTe humanidades

Pdt – tendencia del Partido Obrero BBca.

El aislamiento obligatorio elevó a los servicios de reparto a domicilio a la categoría de servicio esencial. Las aplicaciones multinacionales dominan el mercado y se obtienen enormes ganancias a costa de cadetes y comerciantes con escasa intervención del Estado en la regulación y el cobro de impuestos.

El Movimiento Evita propuso en el Concejo Deliberante de Rosario un proyecto de ordenanza para crear la APP Rosario, “Aplicación Pública de Pedidos de Rosario”.

“LA APP permite intermediar entre tres actores: usuarios, comerciantes y productores de la economía social y popular y las empresas registradas en la ciudad de cadetería y mensajería”, comentó a FM De la Calle el concejal Eduardo Toniolli.

El legislador afirmó que “la filosofía que promueven es que son apps de intermediación entre libre prestadores de un servicio, cadetes, y usuario. Producto de esa pretensión intentan en todos los niveles del Estado, con obligaciones y normativas que son reconocidas, no tributar, desconocer la relación de dependencia y, en el plano municipal, obviar cualquier legislación”.

Toniolli destacó que “estas empresas pasaron de cobrar en los inicios un 7% a cobrar hoy el 33% de cada envío. Se quedan con la tercera parte de lo que recibe la empresa y en algunos casos de convenios nuevos, llegan a quedarse con el 45%”.

“El cadete está sobreexplotado, ni siquiera se lo reconoce como trabajador, Rappi dice rappitender, Glovo habla de glovers. En el caso de Rappi hay un plateo casi filosófico pero es un discurso que apunta a desmontar cien años de adquisición de derechos”.

El concejal señaló que hubo un antecedente municipal surgido al calor de la disputa por la posible llegada de Uber. “Propusimos el Móvil Taxi que es intermediación entre usuarios y las unidades de taxis de la ciudad de Rosario. Tiene todo lo que ofrece Uber y más, porque está la Municipalidad de por medio. Está el nombre del chofer, se puede elegir si es hombre o mujer, ofrece ver dónde está la unidad y cuánto falta para llegar. Lo único que no ofrece es el viaje compartido porque la normativa no lo dispone. El software lo desarrollaron las cámaras de taxistas”.

Una vez más y ante la pandemia que nos impide encontrarnos para reflexionar sobre aquellos hechos, compartimos este material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu.

El 19 de mayo de 1859 las fuerzas de Bahía Blanca perpetraron una verdadera masacre indígena. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Fabiana Méndez, integrante de Kumelen Newen Mapu, dijo esta mañana que se trata de “un 19 de mayo particular pero cada uno de los hermanos en sus territorios recuerda esta fecha con la fuerza de la ancestralidad que nos une. Estamos en permanente contacto con las comunidades”.

“Sabemos las dificultades, no solo del pueblo nación mapuche sino de los hermanos de las 36 naciones originarias. Los hermanos del norte, las hermanas, están haciendo un reclamo por el derecho de retornar a su casa, las comunidades mueren de hambre y dengue. El hostigamiento no ha mermado, hemos tratado de visibilizar todo lo que ha ocurrido con la comunidad Buenuleo. Las grandes empresas no han parado con el extractivismo, no hubo cuarentena. Se continúa con el asesinato de la tierra. Cuando no hay una resolución, la no resolución sigue siendo un acto de desprecio. El genocidio hacia los pueblos no ha parado, no cesa”, afirmó.

En el video que puede verse en esta nota, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualiza los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

(Por CTA Bahía Blanca) Lo ocurrido con las empresas contratistas en la construcción del parque eólico de Mayor Buratovich(partido de Villarino) pone de manifiesto un tratamiento diferenciado para ellas.

Ha quedado en evidencia que cuentan con autorización para hacer caso omiso de las recomendaciones sanitaristas para trabajadorxs procedentes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid 19.

Se les ha permitido cumplir con sólo 3 días de cuarentena cuando los protocolos recomendados por epidemiólogos establecen 14 días.

Esto generó que en los últimos días aumenten de manera significativa los casos de esta enfermedad en nuestra población, demostrando que la ambición de las empresas pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y de toda la comunidad.

No tenemos dudas que de algún nivel de autoridades de gobierno tiene que provenir una venia política para permitir esa medida que pone en peligro todo el esfuerzo de resguardo comunitario y las políticas de salud pública para enfrentar la pandemia.

De algún nivel de gobierno sea municipal, provincial o nacional tiene que haber partido la decisión de conceder a esta empresa Tel del poderoso grupo Perez Companc las prerrogativas para no cumplir las medidas de resguardo.

Demandamos enérgicamente que se rindan cuentas y se determinen las responsabilidades políticas.

Así como también exigimos que el municipio publique un protocolo para las empresas que de ahora en

adelante deberán regirse de acuerdo a las recomendaciones de lxs expertxs y que las autoridades de salud sean debidamente notificadas por las empresas de cada persona que ingresa a nuestra ciudad para su correcto seguimiento epidemiológico.

Desde la CTA estamos convencidxs que esta doble vara tiene un sólo origen posible: la lógica de las ganancias empresarias puestas por encima de la salud y de las necesidades populares.

Debemos exigir que se ponga fin de inmediato a estas habilitaciones discrecionales para las empresas.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

La Municipalidad denunció ante la justicia federal el brote de contagios de Covid 19 en el parque eólico del grupo Pérez Companc en Mayor Buratovich para que se analice si hubo responsabilidad de parte de las autoridades de las empresas y las autoridades del Partido de Villarino.

Por el momento son 11 los contagios vinculados a los trabajadores que tres el cierre de los alojamientos de Villarino se instalaron en nuestra ciudad. “Me hubiera gustado que nos hubieran avisado que venían”, dijo el intendente Héctor Gay.

Agregó que “queremos que la justicia investigue si todos los actores, no nos detenemos en nombre propio ninguno, cumplieron lo que tenían que cumplir. Si lo hicieron y no hubo ningún dolo, bien, nos entró el virus y tenemos que aguantar las consecuencias. Pero no es justo de la comunidad de Bahía Blanca tenga que soportar esta situación”.

El jefe comunal advirtió además que algunos empresarios pretendían que el Municipio corriera con los gastos de los empleados que hoy están en cuarentena y se quejó de que en algunos casos las obras sociales no respondieron y tuvo que recurrirse al hospital público.

Para Gay “de no ser por este episodio del parque eólico de Villarino estaríamos en el día 18 sin contagios, lo cual es realmente muy plausible. Hemos tenido durante todo el fin de semana un trabajo arduo para identificar a cada una de las contratistas y subcontratistas de todos los parques y todos los emprendimientos que están autorizados en la región porque evidentemente hay comportamientos difíciles”.

“En general se han ido adecuando pero inicialmente no lo hicieron y nos trajeron trabajadores del AMBA, que hoy es la peor zona del país, y no se cumplieron los protocolos de cuarentena y demás. En esto también hay responsabilidad de algunos, por suerte no de todos, de quienes brindan alojamiento. A veces en función de obtener un dinero se pasan por alto situaciones sanitarias”.

Por ejemplo, el intendente mencionó: “Este fin de semana cinco trabajadores que venían para otra empresa fueron a alojarse en un hotel, con mucha responsabilidad les dijeron que si se alojaban tenían que estar en cuarentena porque venían del AMBA, no lo aceptaron, se fueron y alguien les alquiló un departamento en calle Villarino. Ahora estamos controlando pero en ese momento nos habían generando incluso una situación de malestar en todo el consorcio del edificio, todo porque algún propietario o algún intermediario quería hacerse unos pesos independientemente de dónde venían los trabajadores”.

En cuanto a los controles, Gay afirmó que “se hacen” pero destacó que “las personas que iban y venían tenían el certificado de tránsito y que estaban prestando servicios para un bien esencial. No se hacen las 24 horas, hay un control en el fitosanitario y en el acceso pero estamos hablando de mucha gente. (…) Pero no va por ahí la cuestión, sí hubo negligencia de que algún contratista trajo gente del AMBA y no hicieron la cuarentena ahí está el problema. No podés controlar a 300.000 habitantes”.

(Por La Garganta Poderosa) Apretando los dientes, golpeando el teclado, aguantando la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar, ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas, ni cuando jugaron a cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, ¡Ramona no se murió!

A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron! Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir, cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá!

Esto es un crimen.
Y no vamos a parar,
¡hasta que paguen todos los responsables!

NO PODEMOS MÁS.

JusticiaPorRamona

El 64,4% de los hogares de Bahía Blanca cuenta con computadora y el 84,4% con acceso a internet. Además, el 83% de la población mayor a 4 años accede a internet, el 42,2% a computadoras y el número crece al 83,3% en el caso del celular.

Los datos surgen del módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

El relevamiento ofrece información básica sobre los accesos a computadora e internet en los hogares urbanos, como así también sobre el uso de telefonía móvil, computadora e internet por las personas
residentes en dichos hogares.

A fines del año pasado se registró que el 60,9% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9%, a internet.

Además, los datos muestran que en la Argentina 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan internet.

En la distribución territorial se registran diferencias en el acceso hogareño entre aglomerados de 500.000 y más habitantes y aquellos más pequeños; en estos últimos hay 1,5 puntos porcentuales más de acceso a internet. En el contexto regional, Patagonia, Noroeste y Gran Buenos Aires registran el mayor acceso de los hogares a internet (89,7%, 86,4%, y 83,7%, respectivamente), y superan la media nacional. Se advierte mayor incidencia en el acceso a computadora en los hogares de las regiones Patagonia y GBA (69,4% y 61,9%, respectivamente).

Población que utiliza las TIC: celular, computadora e internet

En la Argentina, 80 de cada 100 personas utilizan internet y 84 de cada 100 emplean teléfono celular.

En términos comparativos, se registra un incremento en el uso de internet (2,3 puntos porcentuales) y de teléfono celular (0,8 puntos porcentuales); acompañados de un descenso en la utilización de computadora (1,2 puntos porcentuales) respecto del mismo período del año anterior.

La región Patagonia encabeza el conjunto de aglomerados que, en promedio, muestran mayor uso de telefonía móvil (88,8%), computadora (45,1%) e internet (86,8%). Entre las 6 regiones, el Noreste presenta el menor uso de internet (76,2%) y se ubica a 3,7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, próximo a otras regiones como Cuyo y Pampeana. La región Noroeste del país es la que registra menor incidencia en el uso de computadora (36,3%), con una diferencia de 5,1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

El celular es la tecnología con mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil (el 84,3% de la población de los aglomerados relevados, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior).

El uso de las TIC según edad y sexo

Se registra el mayor uso de internet en los grupos comprendidos entre los 13 y los 29 años, 90 de cada 100 personas de esas edades lo utilizan (entre el 90,7% y 91,9% de la población).

El teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendida para la población joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,6% y el 95,9% de las personas de 18 a 64 años y el 67,7% de la población de 65 años y más. En la mayoría de los grupos de edad (18 años y más) se utiliza más el teléfono móvil que la computadora e internet.

Los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años constituyen los grupos en que la utilización de internet supera la de celular y computadora, con una diferencia sustantiva en el primer caso (22 puntos porcentuales en el grupo etario de 4 a 12 años).

Los adolescentes comprendidos en el grupo de edad de 13 a 17 años son los que más usan computadora (56,0%). Entre los 18 y los 29 años, las personas hacen mayor uso del teléfono celular que los demás grupos etarios; también se advierte su empleo extendido entre los 30 y los 64 años.

La diferencia en la utilización de las TIC relevadas entre varones y mujeres es estrecha, con un porcentaje mayor en el caso de los varones en todas las tecnologías. Los varones se encuentran por encima de las mujeres por 1,4 puntos porcentuales en el uso de internet y 0,6 en el empleo de computadora. En cuanto al uso de celular, los varones están por encima de las mujeres solo por 0,2 puntos porcentuales.

Usos de las TIC según el máximo nivel educativo alcanzado

El nivel educativo alcanzado muestra diferencias en relación con el uso de celular, computadora e internet (gráfico 6). Los mayores usos de las tres tecnologías indagadas se observan en la población residente en hogares urbanos que alcanza el nivel superior y universitario (completo o incompleto), tendencia que se expresa a nivel de la media del total de aglomerados como en los grupos de edad de 18 años y más. También es importante el uso en la población que alcanza el nivel secundario.