La memoria en contexto de pandemia                    

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(Por Astor Vitali) Este 24 de marzo encontró a las organizaciones populares en una situación para la que nadie se preparó. Este 24 de marzo encontró además al conjunto de las instituciones de la sociedad civil argentina en una situación para la que no está preparada. Lo virtual y las herramientas de comunicación alternativa y comunitaria son los únicos ámbitos en los que se puede ejercer la memoria de manera militante. Sin contacto físico. Sin movilización. En democracia sí, pero con un estado que no garantiza la justicia social sino que –por períodos- apenas es capaz de asistir a los hambrientos y las famélicas, a los malnutridos y las analfabetas.

La paradoja de la jornada es que, en el contexto de marzo, del 24 de marzo, a 44 años del golpe de estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, son las fuerzas armadas del estado argentino aquellas que custodian las medidas de aislación por las barriadas populares y son además, tal vez, junto al sistema de salud (fragmentado en lo público y parcialmente privatizado) las únicas instituciones preparadas en términos de disciplina y despliegue territorial a las que una autoridad democrática puede acudir en este contexto.

Si bien es cierto que hubo reformas durante la democracia, también es cierto que no ha sido la vocación de servicio hacia su pueblo aquello que caracteriza a las armas argentinas sino más bien su formación en doctrinas redactadas en Washington, su tendencia al direccionamiento clasista de la violencia y, en el último período, es decir, durante la etapa Bullrich, la lisa y llana parodia de lucha contra el narcotráfico haciendo videos ridículos en los que combaten contra plantas de marihuana y, por otro lado, disparando a personas indefensas por la espalda (Nahuel) o persiguiendo ciudadanos hasta la muerte (Maldonado).

Y en este punto no hay ninguna paradoja: la pandemia nos toma en las circunstancias concretas en las que encontramos, es un espejo perfecto y por tanto doloroso. Porque, a 44 años del comienzo del último golpe cívico militar, nos muestra cada aspecto de nuestra sociedad de manera clara y sin falsos reflejos.

Somos un país con democracia ininterrumpida en el que las intentonas golpistas fueron superadas. Sí, somos ese país. Nos vemos democráticos.

Somos un país que, en democracia, ha naturalizado que la mitad de su población trabaje en condiciones precarias (con víctimas fatales, personas que mueren por ir a buscar el mango). Sí, somos un país precarizado. Allí ganó Martínez de Hoz. ¿Estamos mejor que otros países, en términos de índices de participación gremial? Sí. Pero ¿deben ser parámetros de referencia unos países más corroídos por el miedo que el nuestro o debe ser parámetro nuestro propio país antes del golpe? Si fuera el nuestro, la comparación es un tanto menos favorable: del otro lado de la Historia, la imagen del espejo del tiempo nos muestra el Cordobazo como referencia de lo que fuimos. Una foto que muchos progresistas han sacado de sus mesas de luz para confinarla en los manuales de Historia.

Somos un país que, en democracia ininterrumpida y con un feriado por la memoria, ha aceptado como un hecho natural, casi maldito, que un tercio de su sociedad sea población de descarte, con derechos nominales pero imposibilidad concreta de ejercerlos, subalimentadas, desnutridos, analfabetos o analfabetas funcionales, marginales, sujetos a los que la política apela de una u otra forma –para votar o para movilizar- pero a quienes les está vedado superar su condición estructural y, cuando ocupan algún lugar público, es desde el sitio de la excepción y hasta de aval filosófico meritocrático.  El país de los y las 30.000 es también el país que no tolera el 2×1 para los genocidas pero  que –contra el mandato histórico de justicia social de los caídos y de las caídas- acepta sin mayor inmutación que vociferaciones formales en misceláneas (un “qué barbaridad, no se puede creer en el hambre en este país” alcanza para tirar unos días con la culpa de clase) la pobreza estructural como condición para garantizar la paz social. Porque si las víctimas económicas de este sistema -que es estructuralmente heredero de Martínez de Hoz, es decir, de la política económica que vino a imponer en Nuestra América el Plan Cóndor- se rebelaran, otro sería el cantar de la paz social de la que disfrutan los que acumulan a costa de la pobreza ajena.

Somos un país en el que las capas medias progresistas matan su culpa de clase con algún consumo cultural y la lectura del diario que fundó el actual vocero de Clarín, pero en el que los ricos gozan de total inmunidad e impunidad, caminando absolutamente libres de condena social concreta por sus delitos económicos y por sus actuales negocios que requieren de un tercio de la población “caída del mapa” para que las cosas sigan como están.

Somos el país que juzgó a la herramienta de aplicación del terrorismo de Estado. Da orgullo decirlo. Hicimos mucho más que otros países que declaman pero concilian con sus genocidas.

Somos el país que apenas se atreve a comenzar a juzgar a los miembros de la sociedad civil que cultivaron el escenario político, económico y cultural que devino terrorismo de Estado. Ojalá las instancias judiciales contra la triple A y los empresarios que llenaron sus arcas con dinero sangriento sean el comienzo de la construcción de un relato que aclare quién es quién en un país donde la culpa siempre es de “los que no quieren trabajar” y sin embargo se la llevan en pala los que nunca trabajan y viven del trabajo ajeno.

La situación de aislamiento obligatorio evidencia también qué grado de capacidad de acción tenemos las organizaciones populares, saliendo de las pompas virtuales del Facebook, el Twitter y el Instagram. Algunas ocupan su tiempo escribiendo comunicados despegados de una situación concreta de emergencia sanitaria y otras apenas pueden dedicarse a la ayuda en un pequeño comedor.

¿Qué rol político juegan las organizaciones populares en este contexto en el que el estado debe necesariamente centralizar las acciones en función de llevar adelante con el mayor éxito posible las estrategias de las oficinas de salud pública? Es público el trabajo que realizan las organizaciones populares en materia de organización barrial en circunstancias normales pero en cuarentena la capacidad de iniciativa política se ve moderada por la pista que otorgue cada gobierno municipal en cada lugar, cada gobierno provincial y el gobierno nacional, con la particular carga de mezquindades y rencillas locales que complica las cosas –no habiendo en los gobiernos locales cuadros de fuste que comprendan la necesidad de articular en pos de la emergencia con todos los sectores y no solamente con los amigos.

La memoria en contexto de aislamiento opera como una foto espejada: somos el país del Nunca Más, del Juicio y Castigo y de las Madres y Abuelas. Pero aún nos debemos la memoria del proyecto político de nuestros caídos y de nuestras caídas. Un proyecto que no acepta los términos de vida del capitalismo autóctono y mucho menos resiste la pobreza estructural naturalizada como sinónimo de democracia.

Si es cierto, como dice el presidente, que luego de esta pandemia “nada será lo mismo” y habrá que discutir las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, pues habrá que prepararse para interpelar cada conciencia por cualquier rincón de que así no va y de que así no vale: la estabilidad institucional a costa del hambre estructural no es digna de ninguna memoria histórica popular.

¿Puede darse esta discusión sin afectar intereses que nadie que hasta el momento haya gobernado estuvo o está dispuesto a afectar realmente? Si no se conmueve la conciencia social desde lo más profundo de las entrañas ideológicas, no hay manera de que nadie banque los cambios violentos que deben operar sobre los violentos que nos hambrean.

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A 44 años del golpe: documento de la Multisectorial por los Derechos Humanos

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A diferencia de otros años, y por la responsabilidad que nos cabe por los riesgos a que nos somete la pandemia, no estaremos en la calle ni en nuestra Plaza de la Resistencia y la Memoria. Pero a 44 años del golpe con el que se inició la dictadura cívico-militar-eclesiástica, hundiendo a nuestro país en la etapa más oscura de su historia, rendimos homenaje a lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs. Y volvemos a decir:

SON 30.000 – FUE GENOCIDIO! 
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

Las FF.AA. ejecutoras del plan diseñado por los sectores dominantes y el imperialismo, se propusieron cortar de cuajo el auge revolucionario abierto por el Cordobazo y remodelar la sociedad en beneficio de esos sectores. Con el accionar previo de la Triple A, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y siguiendo los dictados del Plan Cóndor, la dictadura desplegó el más cruel engranaje represivo jamás visto en la Argentina. Su objetivo fue barrer la organización de la clase obrera en todas sus expresiones, encarnada en una generación que resistió con toda su fuerza y convicción revolucionaria, el empobrecimiento de los sectores populares y la sumisión a los poderes multinacionales. El blanco principal fueron las organizaciones armadas, los sindicatos combativos, los grupos de base, centros de estudiantes y partidos políticos, donde millares de militantes trabajaban para la construcción de una sociedad más justa sin explotadorxs ni explotadxs. Pero el disciplinamiento por el terror alcanzó a toda la sociedad.

El genocidio perpetrado por la dictadura empobreció brutalmente al pueblo trabajador y sumió al país en la más extrema dependencia económica a través del endeudamiento externo con los organismos financieros internacionales. Una deuda ilegal e ilegítima, que venimos denunciando como parte de las políticas principales que implementó la dictadura para someter a nuestro pueblo, su soberanía y profundizar así un modelo de dependencia y dominación. Todos los gobiernos democráticos que sucedieron la dictadura genocida reconocieron la legitimidad de la deuda y se sometieron a tribunales extranjeros.

Más de 500 campos de concentración instalados a lo largo del país fueron el escenario donde se aplicó minuciosamente el plan sistemático de aniquilamiento. El secuestro, la tortura, el asesinato, las violaciones y el robo de bebés nacidos en cautiverio, fueron las herramientas para aterrorizar y disciplinar a la sociedad.

El reclamo y las denuncias, nacionales e internacionales, de familiares, amigxs y organismos de DD.HH. combatieron el silencio cómplice de la Iglesia, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial que denegó miles de hábeas corpus. En la lucha contra la impunidad de los genocidas conquistamos la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que permitió el juzgamiento y condena de un número, todavía reducido, de los genocidas. Los obstáculos y la lentitud en los Juicios de Lesa Humanidad, acentuados por el negacionismo de Cambiemos, favorecieron la impunidad biológica de los acusados mientras que, por razones naturales, algunas Madres fallecen sin ver concretado su anhelo de saber el destino de sus hijos y nietos.

Según las estadísticas oficiales, proporcionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son apenas 200 los genocidas presos en el sistema penitenciario. Entre los condenados, otros 600 cumplen -supuestamente- “prisión domiciliaria”. Se estima que hay 1.590 represores en libertad. Solo una mínima parte de ellos fueron juzgados o se encuentran en proceso.

En esta oportunidad también queremos reconocer a aquellos compañeros y compañeras sobrevivientes del terrorismo de Estado que, con invalorable coraje, aportaron y aportan su testimonio en los juicios y permitieron la condena de genocidas. No podemos dejar de mencionar a Julio López y su segunda desaparición después de haber testificado contra Etchecolatz como ejemplo de esto. Seguiremos reclamando para saber de su destino.

El avance en los juicios impone la inmediata apertura de los archivos de la dictadura para esclarecer definitivamente la identidad de todas las personas involucradas en el genocidio, como, asimismo, la exigencia por el enjuiciamiento y condena a los civiles que participaron activamente.

Desde el retorno a la democracia el movimiento popular ha impulsado infinidad de actos, escraches, denuncias y movilizaciones para enfrentar la impunidad: la teoría de los dos demonios, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, los indultos de Menem en los 90. La crisis y rebelión popular del 2001 y la lucha del movimiento de DD.HH. en ese marco, empujó la etapa de los juicios de lesa humanidad, enfrentando las dificultades para el inicio de las causas y las excarcelaciones en nuestra ciudad.

Nos reconocemos en la tradición de la imprescindible autonomía e independencia de todos los gobiernos en la exigencia de juicio y castigo a todos los genocidas. En ese sentido denunciamos la impunidad en torno al caso de César Milani, jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Fernández, quien fuera absuelto en la causa por la desaparición del Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar, el último ejemplo fue la impresionante movilización popular contra el intento de 2×1 a genocidas del gobierno de Mauricio Macri, quien intento poner un manto de olvido y perdón a los genocidas a través de una ofensiva cultural negacionista, con el objetivo de clausurar los juicios, obturar la memoria y fomentar la impunidad, intentando negar el plan sistemático de exterminio.

Que quede claro, no estamos dispuestxs tanto con dar “vuelta la página” como enunció el actual presidente Alberto Fernández, como con la mirada que plantean algunos organismos cercanos al gobierno de “que en algún momento hay que parar con los juicios; dar vuelta la página porque desde hace 43 años estamos haciendo juicios”. Estos procesos de enjuiciamiento son una demanda histórica, los concebimos como parte de la reparación por memoria, verdad y justicia, que definitivamente no es otra que la reparación al cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y con la sangre de los compañerxs. Como dice el canto popular “Adonde vayan los iremos a buscar”.

En nuestra ciudad celebramos el comienzo del juicio contra algunos de los integrantes de la Triple A. El juicio se realiza después de más de 45 años de sucedidos los hechos. Sus principales responsables: el diputado nacional del FreJuli y secretario de la CGT bahiense, Rodolfo Ponce, y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, fallecieron impunes. Estos juicios para nosotres son de vital importancia y necesidad porque nos permiten poner de manifiesto varios engranajes que fueron necesarios para construir la antesala de la dictadura. En primer lugar, el accionar de la Triple A y su rol. En segundo lugar, señalar a aquellos que fueron parte de la patota con nombre y apellido. Y, por último, el entramado de responsabilidades que desarrollaron y garantizaron la impunidad de estos matones. López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, bajo el mando de Juan Perón, y los sectores enrolados en la CGT identificados con la derecha peronista, dieron forma y sustento a una política de amedrentamiento y persecución a los sectores del campo popular, sean peronistas, marxistas o del tercermundismo.
Tenemos un compromiso ético con la memoria de las más de 600 víctimas a nivel nacional y alrededor de 40 en nuestra ciudad. Creemos que es imprescindible esclarecer ese momento histórico, por ello reafirmamos que LOS CRÍMENES DE LA TRIPLE A SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

No podemos olvidarnos que en nuestra ciudad la IMPUNIDAD tiene nombre y apellido: Néstor Luis Montezanti y Vicente Massot, quienes han sorteado la justicia hasta el día de hoy por su complicidad y participación en los crímenes de la AAA y la dictadura. A dos años de su indagatoria, el juez Walter López da Silva todavía no ha resuelto la situación procesal de Montezanti. Mientras que la investigación sobre la responsabilidad de Massot fue diluyéndose bajo una declaración de falta de mérito que aún debe definir la Corte Suprema.


TENEMOS MEMORIA: NO AL PAGO DE LA DEUDA

En la actualidad la decisión que se tome en torno a la deuda externa es fundamental para el destino del país: con un tercio de la población en la pobreza, una desocupación que supera los dos dígitos y salarios y jubilaciones por debajo de la canasta básica, no hay nada que negociar con el Fondo Monetario Internacional. A esto se suma la necesidad de fortalecer el sistema de salud frente a la pandemia de coronavirus, con inversiones que reparen el estado de abandono que dejó el macrismo. Afrontar los gastos para proveer los insumos y equipos necesarios, incrementar el número de trabajadores de la salud y regularizar las condiciones de precariedad laboral es una razón más para abandonar la consigna de “voluntad de pago”, privilegiando los intereses populares a las ambiciones de bonistas, bancos y FMI.

En el último tiempo la deuda externa fue incrementada brutalmente por el gobierno de Cambiemos, asegurando ganancias a los grupos más concentrados de la economía y generando pérdida de derechos para las grandes mayorías populares. La aprobación de la llamada Ley de Solidaridad Social, con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, esconde detrás del título la decisión de “crear condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública” y se traduce, entre otras cosas, en el ajuste a los jubilados. En este marco de ajuste y crisis reafirmamos que el único camino posible es la decisión soberana de no pagar una deuda ilegitima, ilegal y odiosa. No debe ser el pueblo trabajador quien la pague, sino quienes se beneficiaron de ella.

¡No al pago de la deuda! ¡Fuera el FMI!

El modelo extractivo es una de las claves de los gobiernos de nuestro país: privatización de la economía, utilización de métodos altamente contaminantes para nuestros territorios como el fracking, la ampliación del monocultivo de soja, la utilización del agua para el desarrollo de intereses privados sobre el uso social del recurso, la contaminación absolutamente insostenible de los grandes emprendimientos como el polo petroquímico, son solo algunos ejemplos de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las multinacionales por sobre los derechos de los pueblos.

Los primeros afectados por el modelo extractivista son los pueblos originarios. Las muertes que se vienen produciendo en las comunidades wichis por la pérdida del bosque nativo que los alimenta y la represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado no son más que la continuación del genocidio iniciado hace 500 años. Decimos que la Pacha pertenece a quienes la ocupan desde épocas ancestrales. Como nunca resulta imperiosa la lucha por el derecho a la tierra y la conservación del medioambiente, por esta razón exigimos a los gobiernos la preservación de nuestros bosques, ríos y montañas. El fracking, los agrotóxicos, la deforestación y la megaminería contaminante provocan su destrucción.

La movilización del pueblo mendocino nos marca una impronta a seguir en el marco de una crisis socioambiental sin precedentes: la movilización y organización popular para defender los bienes comunes como parte sustancial de los derechos humanos.

Cada 24 de marzo hacemos memoria sobre lxs caídxs de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas.

En este sentido, reafirmamos que, para garantizar este modelo de acumulación y desarrollo del capital, la represión a los pueblos originarios, desplazándolos de su territorio ha sido fundamental. La militarización de zonas de nuestro país ha sido parte de la estrategia de los sectores dominantes, el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se inscriben en esta política de represión e impunidad. Antes de ayer Patricia Bullrich como cara visible de esta política, hoy de la mano de Sergio Berni en nuestra provincia, por ejemplo, se sigue reforzando una impronta represiva, de mayor poder de fuego a las fuerzas de seguridad en un escenario de crisis social.

Esta impronta represiva toca muy de cerca también a los pibes y pibas de los sectores más empobrecidos, ellos y ellas son víctimas de un discurso racista y estigmatizador donde las policías nacionales y provinciales tienen un rol fundamental en su implementación. Son estas mismas fuerzas las que también siguen estando al servicio de los negocios más espurios de nuestra sociedad, como la trata y el narcotráfico.

Denunciamos el sostenimiento de personal nombrado por la dictadura en la justicia y en los servicios de inteligencia, como muestra del intento de sostener una política represiva sobre la clase obrera. Hace pocos días, una asamblea de trabajadorxs del INTI descubrió que estaba siendo espiada por un personal policial. También denunciamos la criminalización de la lucha social, reflejada en los casos recientes de César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero, y lxs trabajadores de Kimberly Clark. Denunciamos la represión sobre lxs trabajadores de Cresta Roja y lxs docentes de Salta. Exigimos el desprocesamiento de todxs lxs luchadores y denunciamos la utilización de la prisión preventiva como mecanismo represivo.

La llamada “justicia” ha mostrado su carácter de clase, en los recientes casos que sacudieron a Bahía Blanca, como el encarcelamiento a Rosalía Reyes por haber tenido un parto en su casa, y el encubrimiento y los nulos avances en el asesinato de Ángel Almada.

El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y disidencias a través de la masividad de sus reclamos, han interpelado a toda la sociedad política y culturalmente. Hace 44 años atrás la dictadura en el desarrollo de su plan sistemático, ideó torturas y mecanismos específicos sobre los cuerpos de las compañeras y comunidades disidentes; producto de la lucha hemos logrado la tipificación del delito sexual en los crímenes de lesa humanidad.

En el transcurso del 2020 han sucedido más de 70 femicidios en nuestro país, cada 23 horas matan a una mujer y la violencia machista no cesa. El patriarcado se materializa también en la prolongación del mandato de la maternidad obligatoria, los abusos y violaciones y el sometimiento a la clandestinidad del aborto. Acompañamos el proyecto de ley de la campaña nacional por el Aborto, legal, seguro y gratuito.

No queremos dejar de mencionar un hecho que fue silenciado por los principales medios de la ciudad, que es la denuncia realizada ante la justicia por la ex pareja de Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas del ex concejal y titular del gremio de la UTA. Toda nuestra solidaridad con la denunciante y repudiamos el cerco que realiza el poder para garantizar la impunidad.

En el ámbito local, queremos destacar algunos hechos: la ofensiva del gobierno de Héctor Gay y la directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Morena Llanca Rosselló, sobre las normativas que regulan diferentes actividades culturales en nuestra ciudad, construidas y sostenidas por trabajadores y trabajadoras, quienes denunciaron el desguace sobre los derechos culturales y construyeron su defensa colectiva. También en los últimos meses el gobierno de cambiemos en una escandalosa sesión a puertas cerradas del Concejo Deliberante, aprobó un tarifazo de colectivos que ataca directamente al bolsillo a lxs laburantes. No son hechos aislados, es parte de una política para desarticular el tejido social y profundizar un modelo económico excluyente.

En el marco de la pandemia que se está desarrollando, el despliegue de las FF.AA. en las calles habilita todo tipo de arbitrariedades. Si el estado no garantiza las condiciones de subsistencias de los sectores populares, estos se verán forzados a buscar alternativas para la supervivencia económica cotidiana y la respuesta NO puede ser la represión contra aquellos que más padecen la precariedad de la vida. En este sentido, el sábado 21 de Marzo por la noche, un matrimonio, sus tres hijas y su padrino, residentes del barrio Villa Libre, fueron brutalmente agredidos y detenidos en forma completamente arbitraria por efectivos de la policía bonaerense. Denunciamos estos hechos de arbitrariedad y brutalidad policial. Es imprescindible para que el virus no se propague el resguardo en las casas, más allá de actitudes irresponsables de pequeños sectores de la población, es fundamental implementar medidas como el aumento de presupuesto de emergencia para los/as más vulnerables.

En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos de los humanos y las humanas: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud, cultura y justicia.

La crisis mundial capitalista hoy es noticia en paralelo con el desarrollo de la pandemia por el coronavirus. Las rebeliones en todo el mundo contra el sistema, lejos de cesar, aumentan y avanzan en conciencia.

El estallido de la rebelión del pueblo chileno contra las políticas heredadas de la dictadura pinochetista y continuada por todos los gobiernos de la Concertación y la derecha, ha mostrado la verdadera cara del “modelo” capitalista. En Bolivia, desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de los Estados Unidos y el Estado de Israel, lxs hermanxs bolivianxs han sido víctimas de masacres, desapariciones, detenciones y torturas. La persecución a opositores y las arbitrarias detenciones sobre militantes y apoderados del MAS muestran la hipocresía del régimen convocando a unas elecciones que prometen ser fraudulentas. Rechazamos el Golpe de estado y el intento de consolidación en base al posible fraude y proscripción a la fuerza política mayoritaria.

En este marco de avance del imperialismo norteamericano, denunciamos que el Congreso Nacional habilitó las operaciones militares con el ejército yanqui y el rol del Grupo de Lima en la región que pretende asegurar los dictados del norte para Latinoamérica. Rechazamos cualquier tipo de escalada militar sobre Venezuela, junto con el bloque económico impuesto por Trump y el reciente rechazo del FMI a auxiliar a Venezuela para combatir la pandemia.

Una vez más ratificamos que la lucha contra la impunidad de la dictadura, es la lucha para retomar los sueños de los 30 000 basados en un proyecto político anticapitalista. Nos expresamos contra la represión y el hambre, contra la impunidad de ayer y de hoy. Construimos memoria por los caídos y, sobre todo, por el ejemplo y el compromiso que nos legaron. Exigimos Verdad sobre el entramado del terrorismo de Estado y sobre quienes se han reciclado en democracia. Justicia y cárcel común a los responsables militares y civiles del genocidio.

30000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTE!!!!!
MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

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“Cuidémonos colectivamente del virus y de la represión”

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(Por Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provinciales para contener su propagación nos confrontan con múltiples desafíos. Por una parte, es necesario que todxs aportemos a la que parece ser, de acuerdo a la experiencia internacional, la mejor vía para contener la circulación del virus, que es limitar al máximo posible el contacto entre las personas para reducir la posibilidad de circulación comunitaria del virus.

Por la otra, el aislamiento social obligatorio dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, tiene graves consecuencias para un enorme universo de personas (trabajadorxs precarizadxs, en negro, quienes dependen de changas, personas en situación de calle, etc.), que, si obedecen la medida, no pueden garantizar una subsistencia diaria. Es decir, para atravesar la cuarentena con dignidad es imprescindible que se contemple la situación de ese 40% de la población que vive en la informalidad. Sabemos, también, que hay muchísimxs trabajadorxs que aún se encuentran yendo a trabajar porque sus patrones no otorgan las licencias correspondientes.

En tercer lugar, quienes por una u otra razón transiten la vía pública, se encontrarán con un despliegue de las fuerzas de seguridad ante quienes deberán dar cuenta de las razones de su desplazamiento, bajo amenaza de imputación penal por los delitos de los artículos 205 (incumplimiento de las medidas tomadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia) y 239 (desobediencia) del código penal.

No podemos desconocer que, si bien hoy, el motivo esgrimido es preservar la situación sanitaria, son las mismas fuerzas de seguridad que vienen cumpliendo su rol represivo frente a los sectores más castigados de nuestro pueblo, responsables de los miles de casos de gatillo fácil y torturas que desde esta organización denunciamos sistemáticamente.

Frente a las disposiciones generales contenidas en el DNU, sugerimos tomar los siguientes recaudos:

•    En cualquier caso que debamos salir a la calle, incluso para pasear al perro, llevar el DNI.

•    En caso de estar exceptuados del aislamiento por razones laborales, llevar un certificado o constancia en el que conste lugar de trabajo y actividad (cada empleador debe proveerlo).

•    En caso de concurrir a asistir personas mayores o enfermas, llevar copia de su DNI.

•    En caso de salir para comprar alimentos o medicamentos, hacerlo en comercios de proximidad al domicilio y elegir zonas con la menor circulación posible.

•    En cualquiera de los casos, avisar a alguien que saliste y para qué, y luego avisar el regreso al domicilio.

•    En caso de ser interceptadx por miembros de las fuerzas de seguridad, mantener la calma y responder clara y tranquilamente el motivo de la salida, exhibiendo la documentación que justifique la salida (pueden ser útiles fotos en el teléfono del lugar de trabajo o del pariente o amigx que se está yendo a cuidar). No nos expongamos a ninguna situación conflictiva innecesaria que habilite la reacción de los uniformados. No les demos excusas para que nos lleven detenidxs.

Seamos conscientes que nada facilita más la implementación del control social que una situación de excepción como la que estamos viviendo, y que de nosotrxs depende que, como escribió Albert Camus en La Peste, la solidaridad prevalezca sobre la especulación y el autoritarismo.

Nos parece sumamente importante que establezcamos redes de comunicación entre las organizaciones del campo popular para estar atentxs ante cualquier situación de arbitrariedad o represión.

CORREPI estará alerta para denunciar cada hecho represivo, porque ante la pandemia las medidas deben ser para cuidar al pueblo y no para someterlo y reprimirlo.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

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La pandemia y lo más áspero de la condición humana

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(Por Silvana Melo – APe) El individualismo a ultranza, la alimentación ultraproteica del gendarme que opera en cada sujeto social, la salvación personal a costa del naufragio del resto, el asomo de lo peor de todos, como asoman las hormigas cuando huelen la lluvia. Con esas maletas llegó el virus, una probable arma bacteriológica que el capitalismo utiliza para la limpieza de frágiles. A los niños los matan de hambre, de venenos, de gatillo fácil y de paco. A los viejos los dejan morir en el primer mundo sin atenderlos: el virus los arrasa y no vale la pena gastar. Es la clase dominante la que tiene la manija de la supervivencia. La que compra a rabiar, la que viaja, trae el virus y no se pone en cuarentena, total el problema es para los demás. El virus desnuda el capitalismo en su peor revés. En el dorso más cruel. En la nuca de un sistema que suele mostrar el rostro de emoji sonriente para conceder eso del capitalismo de rostro humano. Pero cuando se da vuelta está el leviatán. Y están los dueños del mundo colocando y sacando a gusto y placer para que los desgraciados sean más desgraciados y los propietarios del privilegio lo escrituren para siempre.

Capitalismo de desastre, lo llama Naomi Klein. Que es posible porque el basamento humano de ese capitalismo es numeroso. Muy numeroso. Demasiado. Y maneja los medios de producir, de comunicar, de sentir. De amar y de odiar. El resto, consume o resiste.

“El hambre incide cada año en la muerte de 2.400.000 niños menores de 5 años. Pero, no siendo contagiosa, las clases medias y altas mundiales de ningún modo sienten que sus vidas estén amenazadas. Por ende ‘el mundo’ sigue su curso y no toma medidas extraordinarias para impedir semejante número anual de muertes evitables”, dice Marcelo Giraud citado por Darío Aranda.

El hambre no es contagiosa y la pobreza tampoco. Sin embargo, se escapa de ellas como de las peores pestes. Escapan las clases dominantes y los vecinos de los apestados. De vez en cuando aparecen los virus limpiantes. Los troyanos de las orillas más débiles de la humanidad. A veces son los mosquitos. Y las enfermedades viejas que asoman, felices del regreso en una tierra que cultiva para ellas.

Sólo en Misiones hay decenas de miles de infectados de dengue (4.000 oficiales, número al que el propio ministro de Salud provincial le agrega un 0 a partir del notorio subdiagnóstico).

Son 56 los infectados de coronavirus.

Muchos podrán quedarse en su casa. Otros muchos podrán irse a su casa.

Los más de ocho mil que viven en la calle sólo en la ciudad de Buenos Aires, no. Apenas podrán aterrizar con sus huesos en la vereda ocasional. En el hall del banco que pintó esa noche. No hay cuarentena para la infancia que se refugia en Constitución ni para la doña que aguarda que se desocupen las butacas de esperan en Retiro a las dos de la mañana para dormir su sueño de duras penas. Su sueño de madrugada.

En catorce días sin clases muchos chicos de inicial, primaria y secundaria estarán de cuarentena con madres y/o padres que pueden irse a casa. Que tienen casa. Que tienen trabajo. Y posibilidad de hacerlo desde casa. Los chicos tendrán conectividad y posibilidad de cubrir on line la ausencia de presencialidad escolar.

Otros tienen apenas madre, que no sabe cómo hará para salir a trabajar en negro con los pibes en casa. Porque no puede limpiarle on line la casa a la señora, que le paga por día y si no va no cobra. De conectividad no tiene idea porque en casa no hay wi fi ni ella tiene datos en el celular.

Suerte que a las 12 podrán hacer a la cola en la escuela, separados por un metro veinte, distanciados socialmente entre ellos mismos, para llevarse la vianda y comer en casa. Solos y aislados porque las plazas estarán cerradas.

Mientras tanto, más olvidados que nunca, siguen muriendo los niños wichí en la Salta de los confines, allí donde se cierran las fronteras, en la Santa Victoria Este donde se muere de hambre y de sed, donde se desmontó la vida y los bordes de la muerte dibujan huesitos como lluvias ajenas.

Pero ya nadie los conoce más. Nadie los vuelve a ver. Porque los que sí se ven arrasan con las góndolas de los supermercados y compran lo que no les hace falta, lo que no comerán, el alcohol que no usarán, el papel higiénico con el que no se limpiarán.

Sacan su gendarme y denuncian al primero que les estornude cerca.

Y cuando llegan a su casa cierran la puerta con llave, prenden el televisor y se abrazan a sus pertenencias. A su comida y a su papel higiénico.

Y los niños en la Salta bella y ferozmente injusta se seguirán muriendo. No precisamente de coronavirus. Es el capitalismo del desastre que hace su trabajo en exquisita eficiencia. Corta, separa, desecha. Profundiza la brecha. Anancha el dolor. Desnuda lo más áspero de la condición humana. El virus como causa de esta calamidad es una pobre causa, pensaría Ramón Carrillo.

Mientras Cuba produce el interferón beta, un antihéroe que en China y en España ya está poniendo al virus de nalgas al norte.

Y unos cuantos pertinaces insisten en creer que la única salida es colectiva.

De otra manera, no hay cómo sostener esta obstinación en la esperanza.

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Triple A: ¿Será justicia?

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El juicio está en marcha. 45 años pasaron de los crímenes cometidos por muchos más que quienes están sentados en el banquillo. Rodolfo Ponce y Remus Tetu son los grandes ausentes. El ex diputado nacional del peronismo ortodoxo y secretario general de la CGT y el rector interventor de la UNS fueron los jefes de las bandas que asolaron las calles bahienses. Murieron impunes.

Este lunes el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación contra Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Los otrora bravos tripulantes de “la fiambrera” se pusieron el traje de pobres viejitos “sorprendidos” por “esta porquería” que les está pasando.

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la fiambrera, patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, dijo el fiscal a FM De la Calle.

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Se les reprocha haber sido parte -entre 1974 y 1975- de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos, amparada y provista de recursos materiales y de información por parte del Estado argentino. Aceituno está imputado, además, por el asesinato de David Cilleruelo.

“Son las 10 hs, comienza el circo”, escribió Curzio mientras escondía su rostro al flash de nuestra cámara. Minutos después, el presidente del tribunal, Roberto Amábile, provocó el aplauso del público al abrir el debate: “En lo personal, como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”.

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En sus manos y la de sus pares, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, está la posibilidad de demostrar su pesar con hechos concretos y retomar el camino de Justicia que alguna vez conoció Bahía Blanca. El primer paso podría incluir la escucha atenta a quienes tendrán que repetir una vez más sus testimonios, garantizar la agilidad del debate, la regularidad de las audiencias y la presencia de los imputados, evitando el escándalo de verlos más libres que a las propias víctimas.

Un buen inicio fue la aceptación sobre la hora de dos querellas que se sumaron a la de la Agrupación H.I.J.O.S.. La Universidad Nacional del Sur retomará la acusación por el homicidio de Watu -ocurrido en sus propias instalaciones-. El rector Daniel Vega participó de la audiencia junto al abogado Francisco Fuster. Por otra parte, Leandro Aparicio representará a la familia del obrero Luis Jesús “Negrito” García.

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La próxima audiencia marcará el inicio de las declaraciones testimoniales. Será el miércoles 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

La lentitud garantiza la impunidad

“Llegó el día de poder ver a esta gente en el banquillo de los acusados, después de tantas suspensiones y de cuarenta y pico de años del crimen de Watu”, dijo el testigo y secretario de Derechos Humanos de la CTA bahiense, Dante Patrignani.

Mostró su ansiedad por decir lo que tiene para decir: “Sobre todo de las barbaridades que hizo esta gente en Bahía, de denunciar a los responsables. No solamente son los que están en el banquillo de los acusados sino la connivencia del poder sindical de la época, de Rodolfo Ponce, del rector de la universidad, Remus Tetu”.

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Mencionó a aquellos que continuaron su tarea represiva durante la dictadura como Personal Civil de Inteligencia. Es el caso de los hermanos Chisu o del ex presidente de la Cámara Federal: “Néstor Montezanti está en la etapa de instrucción de la misma causa y el juez, después de dos años, todavía tiene que definir su situación procesal. Hay de parte del Poder Judicial una lentitud que garantiza la impunidad”.

Un juicio para ver más allá

“Este juicio nos va a llevar a mirar más allá, la Triple A era simplemente el brazo ejecutor de los blancos y objetivos que otros marcaban”, dijo Julia, hermana de Luis Jesús “Negrito” García.

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Recordó que “hay una declaración del Consejo Superior del PJ de septiembre del 73 donde declaran la guerra al pueblo argentino. Después de que matan a Rucci, cerca de las elecciones que Perón gana con el 62 por ciento, ellos declaran la guerra al pueblo diciendo que había que poner orden, en un país que venía desde la dictadura anterior luchando, resistiendo”.

“Por otra parte abren una batalla campal en contra del marxismo. Marxismo para ellos era todo lo que no siguiera los lineamientos de este grupo del PJ incluyendo a los propios compañeros peronistas”.

Julia comentó que el Negrito “era solidario, en un momento se planteó ser cura, se identificó un tiempo con la Federación Juvenil Comunista y después dejó de estudiar y se proletarizó, se insertó en el sector de la construcción en la Interamerican de White”.

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“Prontamente fue delegado. En una oportunidad lo echan, la gente hace paro y si no lo reincorporaban iban a sumarse otras empresas de alrededor. Eso habla del conocimiento de la gente del lugar. Era un pibe que quizás se exponía mucho, hablaba, discutía, peleaba, no se quedaba nada que decir”.

El dilema del PJ

José Lualdi aseguró que “la Triple A fue creada por el teniente general Juan Perón. Por eso tal vez la mora tenga que ver con la complicidad que ha tenido el conjunto de la dirigencia del PJ de ocultar esta cuestión. El PJ se debate entre aceptar que Perón ideo, creó y desarrolló la Triple A o que Perón era tan irresponsable que llegó a la Argentina enfermo y no podía conducir ni el país ni su fuerza política. Esta hipótesis la descartamos porque Perón condujo el país hasta el día de su muerte”.

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El testigo que relató en la causa cómo fue la interna de la UOCRA en tiempos de la banda paraestatal afirmó que “a los jóvenes parece que le estamos contando algo novelesco, pensar que los autos de la CGT patrullaban esta ciudad como si fueran fuerzas de seguridad, intimidaban, golpeaban, mataban, mandaron al exilio a cientos de compañeros. Si todo esto se ventila, estos 45 años de porfía habrán valido la pena, más allá de la condena que los jueces decidan sobre los cuatro imputados”.

Los crímenes debajo de la alfombra

Verónica, hermana de Fernando Alduvino quien fuera asesinado la noche del 21 de marzo de 1975, dijo a FM De la Calle: “La única expectativa que tengo es que por primera vez se diga que fueron terrorismo de Estado los crímenes ocurridos en un gobierno democrático, legítimamente elegido por el pueblo, con todos los recursos para hacer las cosas dentro de la ley. Que nos hagamos cargo de esto trae luz a muchísimas muertes que han ocurrido durante gobiernos democráticos que se guardan debajo de la alfombra”.

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“Mi hermano era un librepensador, estudiaba Filosofía y Letras, le encantaba enseñar a pensar. Era un militante de la vida y un militante de la vida no puede ser muerto sacado de la cama a las dos de la mañana, por la espalda, arrodillado.  Era tan alto que lo hicieron arrodillar y le dieron 13 tiros en la nuca. Había un mensaje mafioso para el resto de la militancia: si hacés algo podés terminar como él”.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

 

 

 

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Juicio Triple A: la primera audiencia en imágenes

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Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

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Llega otro momento histórico en el juzgamiento del genocidio

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Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

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Triple A: la próxima semana comenzará el juicio

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Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

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Denunciaron a la dictadura boliviana en juzgado bahiense

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El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

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La CTA Bahía Blanca despide a un gran compañero de lucha

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Hoy, el movimiento obrero internacional despide con honor, tristeza y esperanza a uno de sus referentes más honestos y comprometidos con la causa de la justicia social. José Rigane, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, responsable de la Federación de Trabajadores de la Energía de la Argentina, apagó su luz, dejando una estela inexorable en el firmamento de los justos.

Durante la dictadura, aprendió a reconocer en sus dirigentes las mejores tradiciones de lucha del movimiento sindical, uno de los ámbitos sociales que más suele castigarse, sin jamás destacar las luchas de quienes no tienen tanta prensa pero dejan su vida en cada pequeña pelea por la dignidad humana. Habría que revisar si los directorios empresariales resisten los sesudos análisis a los que los medios de –al decir de Walsh- “los dueños de todas las otras cosas” suelen poner bajo examen a nuestra clase.

Decimos Rigane y decimos clase trabajadora. Muchos intelectuales, incluso progresistas, nos han intentado convencer –como coreutas demorados que llegan tarde y quieren ingresar a las mieles del banquete- de que “la clase obrera ha muerto” y de que “la lucha de clases ya no es un prisma para observar la realidad”. Según ellos, sería demodé. Se trata de una de las batallas culturales centrales: la lucha por las categorías del pensamiento. ¿Pensamos la sociedad como elegimos pensarla lxs trabajadorxs o asumimos mansamente las categorías de nuestrxs opresorxs? Tránsfugas de ideas, tristes vencidos y peores traidores, serán apenas olvido, eco de un coro fantasmal, agónico y prescindible.

José Rigane, en cambio, jamás ingresará a las sombras de la historia del olvido. José tenía muy en claro la necesidad de la lucha cultural. Cuando él hablaba siempre había dos o tres dimensiones de cada tema de análisis: hablar de la energía era referirse a las inversiones, pero también al derecho humano a la energía, a la soberanía, al debate de qué proyecto de país podía contener un modelo que nos liberara y con ello qué tipo de sociedad debíamos ocuparnos de construir como laburantes organizadxs.

José Rigane tenía conciencia del pasado, actuaba con certeza sobre el presente y siempre que hablaba se dirigía a la Historia. Cada día de construcción en el movimiento obrero argentino era una acción hacia el futuro, un legado concreto.

Decíamos que tenía plena conciencia de la necesidad de la disputa de ideas. Por eso escribía y cuando no, arbitraba los medios para que un profesional de la comunicación le entrevistara o escribiera un comunicado sobre tal o cual cosa. Toda cuestión era discutible y requería la opinión de nuestra clase. Por eso la obra de Luz y Fuerza Mar del Plata está registrada sistemáticamente en la revista 8 de Octubre y por eso su página web estaba traducida a otros idiomas. La construcción de la Historia y sobre todo una con voz propia era central en su percepción.

Cada lucha iba a acompañada de una reflexión y de la respectiva comunicación. Se tratase de una reincorporación de un compañero en una pequeña empresa de la costa bonaerense o de un gran logro que implicara un avance en materia de acceso al derecho a la energía, José pedía que fuera contado. Había un mensaje subyacente en cada pequeño comunicado, en cada entrevista o en cada pieza audiovisual: “somos la clase trabajadora, somos capaces de organizarnos y tenemos una propuesta de sociedad digna de ser vivida. No somos un objeto de descarte del capitalismo. Tenemos conciencia, ideas y un mundo por construir”.

Ese mandato de José Rigane es como una voz inconsciente por todos los rincones donde el mensaje llega: “organicémonos”, “depende de nosotros”. Las palabras liberación y soberanía son claves para comprender su enfoque.

A partir del regreso a la democracia, fue reconocido por sus compañeros y compañeras como dirigente. No lo esperaba. Le tocó una enorme tarea: sacar a su gremio de las conducciones oscurantistas que –aún en la primavera democrática- perseguían a sus propios afiliados por “zurdos”, “marxistas” y otros tantos calificativos que la violenta burocracia sindical, esos infiltrados de nuestros enemigos de clase, han utilizado para estigmatizar a quienes se juegan la vida por la vida digna.

Una vez recuperado el sindicato a mediados de los ochenta, las tareas para un cuadro destacado como él comenzaron a ser más desafiantes. La ola neoliberal acechaba con devorarse todo y las sobras que la bestia vomitaba eran deseadas por corruptos dirigentes enquistados en algunas estructuras sindicales. La propaganda del “compre importado” y de la “corrupción de los servicios públicos” que sería solucionada a través de la apertura de importaciones y la “liberalización de los mercados y la libre competencia (que no fue más que oligopolización y consumidores rehenes de precios acordados) era feroz y los relatos del “Fin del Historia” dominaban la prensa y las producciones culturales. La disputa de sentido era estratégica.

Había pues que dar una batalla a nivel país por la defensa de las empresas estatales y de los puestos de trabajo. Hay que destacar, en este sentido, que toda acción de la línea Rigane suponía dos ámbitos: derechos de la comunidad en su conjunto y derechos laborales de su gremio. Para él, no había luchas “sectoriales” sino que había una mirada integral. Para acceder al derecho a la energía hacían falta empresas bajo el dominio de lo público y esto supone mayor y mejor mano de obra para garantizar el acceso.

Luz y Fuerza Mar del Plata, heredera política de la Luz y Fuerza de Córdoba, es decir, de aquella sintetizada en la figura de Agustín Tosco, observaba con tristeza que la FATLyF, la federación que nucleaba al conjunto de laburantes de la energía del país, no sólo transaba con el mandato privatizador sino que algunos de sus dirigentes se convirtieron en accionistas del nuevo modelo.
Una nueva lucha por la conciencia y una nueva estrategia: crear una federación que respondiera a un proyecto popular, no al de las empresas privadas. Es así que con un conjunto de valiosísimos compañeros y de valiosísimas compañeras emprenden la tarea: se construyen los cimientos de la Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA). En buena medida, la resistencia a la privatización de los servicios en Argentina se encuentra explicada por el espíritu de esta iniciativa y la gran labor tanto de acción política concreta como de disputa ideológica por parte de estas herramientas.

Al mismo tiempo, casi en coincidencia, el conjunto de la clase obrera argentina estaba dando otra gran pelea: ¿democracia sindical o burocracia sindical? ¿Sindicatos por la liberación de sus pueblos o gremios aliados a los proyectos patronales de país? En medio del complejo proceso de ruptura con la CGT y la creación de la CTA, José participó activamente. Actualmente, se desempeñaba como secretario adjunto de la CTA Autónoma. Repetía sin cansancio: “autonomía de los patrones, de los partidos y de los gobiernos”. Es decir, un proyecto propio la clase trabajadora.

En la provincia de Buenos Aires, tuvo un rol central en la lucha contra los despidos y la privatización de ESEBA (Empresa Social de Energía de la provincia de Buenos Aires) a manos del por entonces gobernador Duhalde. José Rigane peleaba con la misma intensidad por la reincorporación de un compañero en una pequeña empresa o por un reclamo masivo. Un paso adelante o un retroceso siempre puede ser importante en tanto jamás es un paso adelante o un retroceso individual: debe significar algo para el conjunto de la clase y para sus organizaciones.

Un jubilado de una pequeña empresa de la costa contó: “En el año 86 me despidieron sin causa. No sabía qué hacer. Llamé al sindicato en Mar del Plata. A las tres horas estaba José con un conjunto de compañeros y de compañeras y no levantó las medidas de acción ni se fueron hasta que lograron mi reincorporación. Lo digo ahora que no está –se había retirado al baño-, porque a él no le gusta que hablen de él. Eso es un dirigente sindical”.

Comenzamos diciendo que hoy el movimiento obrero internacional despide con honor, tristeza y esperanza a uno de sus referentes más honestos y comprometidos con la causa de la justicia social. Decíamos honor, porque toda vida de lucha honra al conjunto de la humanidad. Tristeza, porque era un gordo lindo y luchador al que ya no podremos abrazar. Esperanza, porque en su recuerdo se yergue una senda por donde reconocer nuestros próximos pasos, del mismo modo que él encontró otros en luchas previas.
Tal vez sea éste su gran legado: no hay lucha aislada de las otras y, al fin de cuentas, hablar de él es hablar de la historia de una clase. Por eso en estas líneas no hay culto a la personalidad; hay un justo reconocimiento a un ser humano tan excepcional como posible; ojalá se nos llenen las sedes de Josés, humildes para comprender a los suyos, firmes para enfrentar a los opresores.

En ocasión de recordar a su gran referente, José Rigane dijo: “Pero no es una cuestión de recordar a un líder de manera solitaria. Tosco fue parte de una generación de trabajadores y trabajadoras que expresaron las ideas de la clase, las ganas de encontrarse y organizarse. La lucha por una vida mejor, una vida digna. Una vida nueva. Las ideas del sindicalismo que llevó adelante y propuso Tosco y su generación es la de un modelo de sindicato nuevo, un tipo de organización gremial pensada para que cada trabajador y cada trabajadora sienta que la lucha no es individual, sino colectiva. Sienta que su sindicato le pertenece realmente y que luchar y organizarse sirve”.

“Podríamos estar días y días recordándolo. Pero seguir su ejemplo y sus ideas no tiene que ver con trasladar automáticamente sus discursos. No se trata de copiar ni de repetir lo que exactamente decía Agustín Tosco. No se trata de hacer historia por la historia en sí misma. Llevar adelante las ideas de Agustín Tosco y su generación no es mirar hacia atrás. Pensar en Tosco es mirar hacia adelante. Es construir hoy la lucha concreta por la unidad del movimiento obrero organizado; es creer genuinamente que la única forma que tienen los trabajadores/as para tener futuro es la unidad de la clase obrera; es construir un nuevo modelo sindical de lucha, participativo, democrático y transformador; es combatir contra el patrón pero también tirar abajo la burocracia sindical; es la unidad entre los trabajadores/as pero también la unidad con otros sectores sociales golpeados por el sistema; es pensar en el país desde la soberanía y no desde la dependencia”.

“En definitiva, pensar en Tosco es construir un país con los trabajadores/as como protagonistas”.
Aquí está el centro de su pensamiento, de su acción y casi todas las horas de su vida. Hoy, como laburantes, como parte de esa clase, estamos tristes por la muerte de uno de los nuestros. Mañana, con la conciencia de que hay lugares concretos que ocupar, requeridos por las luchas de nuestro tiempo, nos toca revisar qué estamos haciendo para que nuestras herramientas contengan a nuestra clase y que ésta sea capaz de convertirse en protagonista de nuestra Historia.

Por último, cabe saludar y enviar nuestro cálido abrazo especialmente su familia, partícipe de esa lucha, y sus queridxs compañerxs lucifuercistas.

José Rigane, hasta la victoria siempre.

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“El proyecto está en las calles”

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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una Jornada Federal y Mundial a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018. “El proyecto está en la calle”, es la consigna de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo.

En más de 100 ciudades del país se exigirá el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019. En Bahía Blanca el pañuelazo será a las 18 en Plaza Rivadavia.

La iniciativa de la Campaña es resultado del consenso de las más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos, que confluyen en la Campaña. Recoge el debate parlamentario y social de 2018, cuando la marea verde salió a las calles a exigir aborto legal ya.

“Este 2020 la Campaña cumple 15 años. Hemos presentado 8 veces consecutivas nuestro Proyecto de Ley. El más reciente garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las exigencias de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte”, aseguraron.

Desde la campaña agregaron que “con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico”.

“El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables. Nuestra demanda es por nuestro proyecto de vida autónomo y por el derecho a decidir en libertad. Por eso, ¡nuestro proyecto está en las calles!”, concluyeron.

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No comienza el Juicio Triple A

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El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

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CTA denuncia postergación del juicio Triple A

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(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

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A un año de nuestra RED

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(Por Red de Comunicadoras de Bahía Blanca) Cumplimos un año “en red”. Estamos agradecidas y movilizadas. Recorrimos un camino impensado y fortalecedor. Desde aquellas primeras mateadas en las que nos encontramos, a los comunicados colaborativos que hicimos públicos para expresar nuestro repudio a despidos y a las violencias sufridas en medios locales de prensa… hemos aprendido a visibilizarnos y a acompañarnos.

Nos faltaba sólo eso: encontrarnos de verdad. Escucharnos, descubrir nuestras coincidentes decepciones y sorprendentes sueños compartidos. Repensarnos en el despertar feminista para muchas, con los consejos oportunos y aleccionadores de aquellas ya transformadas por este movimiento liberador.

Con plena diversidad nos conformamos como RED. Elegimos esa forma de organizarnos porque somos tejedoras profesionales. Punto a punto hemos hilvanado nuestro oficio, algunas veces sin cuestionarnos demasiado, incluso las situaciones dolorosas que padecimos trabajando periodísticamente. Pero ahora llega el tiempo de desovillarlas, desandarlas, para deconstruirnos y seguir creciendo. Y para eso, nos volvimos a elegir.

Somos una RED inspirada en la gran participación de las mujeres en los escenarios públicos de Argentina y Latinoamérica. Creemos indispensable enlazarnos con otras organizaciones y saberes para complementar nuestro camino y prácticas cotidianas. Nos posicionamos activamente frente a la condena del silenciamiento y aislamiento que pretende imponer la cultura liberal y patriarcal.

En la Red de Comunicadoras Bahía Blanca construimos un espacio para escucharnos, formarnos y no callar más. En nuestro primer año, produjimos materiales audiovisuales y documentos con pronunciamientos colectivos, nos reunimos con ganas y constancia y logramos un relevamiento histórico donde reflejamos las desigualdades y violencias sufridas en nuestros ámbitos laborales. Fue presentado el 25 de noviembre, un día elegido con la certeza de que mucho tenían que ver: contextos actuales y resultados. Y así fue. Ante una gran convocatoria y gracias a la numerosa participación de encuestadas, pudimos contar con fundamentos las brechas de género y la inequidad laboral perpetuada en los medios locales de comunicación, cuyos puestos de decisión son ocupados por hombres, injustamente, en su amplia mayoría.

Hasta el lenguaje que usamos ilustra estas realidades, por eso también lo cuestionamos e intentamos su utilización no sexista, a pesar de que sigan considerándolo “accesorio”. NOMBRARNOS es reconocernos. Despojarnos de los prejuicios y mandatos del lenguaje para aprehenderlo desde una praxis liberadora, capaz de identificar las nuevas representaciones.

Queremos agradecer una vez más y públicamente a las profesionales que nos acompañaron en este proceso fundacional: Carolina Goldman, María Julia Eliossof y Agostina Costantino. Sus talentos y miradas feministas nos ilustraron la búsqueda y nos acariciaron el alma.

Como mujeres comunicadoras y trabajadoras en los medios privados, estatales y comunitarios, vamos asumiendo la importancia de reflexionar sobre las dimensiones de género. Sabemos que estamos comenzando, y que poner en palabras lo que nos pasó por el cuerpo lleva tiempo. Afrontarlo JUNTAS es un desafío que prometimos atravesar. Emocionadas e indignadas, alegres y reflexivas, enojadas e inconvenientes… pero SOLAS NUNCA MÁS.

No podríamos expresarlo mejor que Loahana Berkins: “esas cosas me parecen maravillosas y siento que de alguna manera tiene que ver con nuestra lucha. Acá estamos nosotras, poniendo la verdad en el cuerpo a todas las violencias, para seguir brillando.”

El ejercicio de relatarnos ya comenzó. Revivimos entonces, esos momentos llenos de dolor, avasalladas en el silencio cómplice de una redacción, en la producción de un móvil periodístico, en el insulto fuera de micrófono, en el golpe vil ante las miradas de una sala de prensa, en las decisiones que nos dejan sin poder preguntar, nada más y nada menos. No para revictimizarnos. Sí, para dejar testimonio a las que vienen y vendrán. Nombres y apellidos de violentos que ya no tendrán el privilegio del anonimato, para desempolvar su miseria. Ya pensaremos en protocolos internos de alerta y cuidados sororos.

A un año de empezar a “tejernos” para desentramar nuestras experiencias y forjar la trama colectiva, nos habita un profundo orgullo por lo realizado y un sincero agradecimiento a quienes nos escucharon y nos dieron la oportunidad de expresarnos. Hoy valoramos este presente JUNTAS. Y resuenan en nosotras las palabras de Ana Cacopardo… “Hay vidas celebradas tan a fondo, que parecen no alcanzar varias vidas más para contarlas”.

Intentaremos narrarlas, porque somos las historias que contamos.

Gracias por vuestra lectura, les deseamos un 2020 de muchas alegrías y sanas resistencias.

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Día clave para la defensa del agua en Mendoza

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(Notas Periodismo Popular) Este lunes habrá sesión de la Legislatura provincial con el objetivo de derogar la ley 9209 que habilita la megaminería y restituir la 7722. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez el pasado viernes luego de una semana de movilizaciones masivas en rechazo a la normativa.

Los festejos recorrieron toda la provincia de Mendoza el viernes pasado. Por la noche el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para derogar la ley 9209 votada una semana antes. “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, dijo.

La fecha señalada para la votación es este lunes y estará acompañada, como todos estos días, de una importante movilización popular en la capital provincial.

La normativa ahora vigente dejó sin efecto a la 7722 que protegía los recursos hídricos mendocinos abriendo las puertas al desarrollo de emprendimientos megamineros. Es que, entre otras cosas, se eliminó la prohibición de la utilización de químicos contaminantes como el cianuro.

Antes de la votación del viernes 20 de noviembre ya habían comenzado las protestas. Sin embargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo -con los votos del oficialismo y casi todo el peronismo opositor- y promulgación por parte del gobernador, se intensificaron.

Esto llevó a Suárez a anunciar, a mitad de semana, que frenaría su reglamentación para “informar” mejor a la población sobre los fundamentos de la ley. Pero fue rechazado por un espectro tan amplio como variado y transversal de la sociedad mendocina que continuó exigiendo como única salida la derogación. Allí se cuentan desde las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, pasando por los productores vitivinícolas, la Iglesia Católica y hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia que instó a suspender la tradicional fiesta hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas.

La presión popular obligó a Ejecutivo a dar marcha atrás. Sin embargo, las manifestaciones se sostienen y anunciaron que no terminarán hasta que la derogación de la ley 9209 figure en el Boletín Oficial.

En ese marco este sábado se realizó en Uspallata una asamblea de todas las asambleas de Mendoza en defensa del agua. La localidad fue elegida porque a 30 kilómetros se intentó instalar el Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero de capitales rusos. “Hay representantes de la empresa que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella”, relató a Página/12 Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata. “Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, agregó.

Asimismo este domingo se mantuvo el “banderazo” de carácter plurinacional convocado en toda la provincia y que tuvo una gran participación. A lo largo de la ruta 40 hubo varios puntos en los que se ondearon banderas argentinas pero también la wiphala.

Este lunes todas las fuerzas estarán concentradas en la Legislatura donde se espera que las mismas personas que aprobaron la ley hace apenas 10 días, ahora la anulen. En caso de concretarse será un hecho histórico para la provincia y un importante precedente en la lucha por la defensa del medioambiente a nivel nacional.

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Mendoza rebelde por el agua

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(Por Eduardo Latino – OPSur) En horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

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“¿Cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos?

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La CTA Bahía Blanca rechazó el artículo 51 del proyecto de ley de Solidaridad Social que obtuvo este viernes media sanción en Diputados. La norma, suspende por 180 días las subas previstas por la ley de movilidad previsional.

El 49% de les jubilados/as de ANSES cobran la mínima de 14 mil pesos sin cubrir el costo de la canasta básica. Otro 16% perciben entre uno y dos haberes mínimos.

El secretario general, Enrique Gandolfo, dijo a FM De la Calle que “sin dudas la gestión macrista agravó la situación de los jubilados. Ponemos en cuestión la lógica de por qué se llama solidaridad social a impedir que aumente la jubilación de quienes ganan más de 19 mil pesos, como si quienes estén entre 19 y 30 mil pudiesen ser considerados ricos, para ser solidarios con quienes cobran la mínima”.

“Esto merece una consideración integral. Si el sistema previsional está desfinanciado hay que restituir los aportes patronales que fueron reducidos durante la gestión de Menem y Cavallo y que nunca más fueron subidas. Y también que haya una campaña por la registración del trabajo precarizado que no aporta y que conforma el 35% de trabajadores de la Argentina”, aseguró.

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El dirigente se preguntó “cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos, a los grandes bancos, empresas de energía eléctrica, de gas y petróleo, que han ganado millonadas. Además, la decisión presidencial de bajar las retenciones a las mineras y al petróleo, no solamente no castigarlos sino bajarles las retenciones”.

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Para recuperar el FOMECA

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(Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**) Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FOMECA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.

La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FOMECA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.

El FOMECA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FOMECA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos. https://www.farco.org.ar/trabajadores-y-trabajadoras-de-medios-comunitarios-y-populares-sin-nada-que-festejar/

Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FOMECA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FOMECA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.

Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.

* Profesora de Filosofía (UBA) – @Brendinit1

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) – @sajaneiro

Publicado en La ventana de Página/12

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