Durante la pandemia todo ha cambiado, muchas actividades y rubros se han paralizado o modificado. Sin embargo, lo que no cesa son los femicidios ni la violencia machista.

Hoy, 3 de junio, el Ni Una Menos no encontrará al movimiento feminista en las calles pero sí estarán presentes las consignas por un mundo más igualitario que dieron origen a la fecha. En el aire de FM De la Calle recordamos el reclamo de quiénes todavía claman por justicia para sus hijas, amigas, hermanas, madres. O por ellas mismas.

Edición: Astor Vitali

Guión y producción: Giuliana Crucianelli.

Si sos víctima de violencia podes comunciarte con:

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(Por CTA Bahía Blanca) Es 28 de mayo, a horas del 51 aniversario del cordobazo la cúpula de la CGT realiza una reunión virtual con autoridades del FMI para pedir un “acompañamiento”en la renegociación de la deuda para hacerla “sustentable”.

No es nueva esta conducta rastrera de burocracias sindicales a espaldas de la base trabajadora. La misma conducta tenía buena parte de la dirigencia sindical ante la dictadura que encabezaba el general Onganía en el 69. Por eso brillaban con luz propia dirigentes como el inolvidable Agustín Tosco, capaz de comprometer toda la energía colectiva de su sindicato, el Luz y Fuerza cordobés, para confluir en la calle con miles de manifestantes de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil y protagonizar la jornada del cordobazo.

Un hito en las luchas obreras y el principio del fin de aquella dictadura.

Antes y ahora existía y existe esa cúpula encaramada en los sindicatos para disfrutar privilegios y prebendas y traicionar en toda la línea los intereses de quienes dicen representar.

Habráse visto tamaña impostura. Ir a mendigar acompañamiento al organismo internacional que ha propiciado e impulsado todos los planes de ajuste contra el pueblo.

Una conducta digna y soberana, dicha con la frente alta de quienes no saben de agachadas, impulsaría hoy una campaña que les diga en la cara en medio de la crisis, ni un peso de una deuda fraudulenta e ilegítima debe ir para ustedes mientras haya un trabajador o trabajadora sin laburo o un pibe o piba con hambre. Esa plata es la deuda con el pueblo en salud, alimentos, viviendas y educación.

Nada se puede esperar de esa gente que firma acuerdos con los patrones de la UIA para recortar los salarios de los miles de compañeros y compañeras suspendidos. Otro exponente de ese sindicalismo sumiso y genuflexo por propia conveniencia, como Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, dijo hace unos días luego de acordar un recorte del 25% de los salarios de los trabajadores/as suspendidos/as: “Tenemos que definir un nuevo país y pensar que les falta a los empresarios para decidir sus inversiones y qué costo laboral necesitan para la competitividad laboral”.

Es el mensaje de las grandes patronales que dicen si no rebajan los sueldos, si el Estado no nos aporta el 50% de los salarios vía ATP, dejamos de invertir. O dicho con más claridad, si no aceptás más explotación no tendrás laburo! Y el dirigente sindical hace suyo ese discurso! El cinismo de los Cavalieri, Daer y compañía echa luz sobre qué lado del mostrador ocupan. Por qué esa gente se preocuparía si el aumento a las jubilaciones es de un mísero 6% si ellos viven como ricos? Cómo van apoyar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las superganancias de banqueros y grandes empresarios si repiten como loros el discurso de los Rocca, Pérez Companc y cia.

A 51 años del Cordobazo será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29. Cuando la clase trabajadora se moviliza en función de sus propios intereses, que son los derechos sociales para las mayorías, no hay dictadura, patronal o burocracia capaz de contener esa fuerza colectiva.

Alcanza con ver al otro, a la otra, compañero, compañera, como alguien a quien sumar a la lucha, poner bien alto el valor de la solidaridad de clase y no subordinarse ante ningún poder político o económico que no represente nuestros intereses colectivos. Si los de arriba quieren descargar la crisis que nosotros no generamos sobre nuestras espaldas, hay que plantarse con toda la fuerza posible para defender nuestras vidas frente a la pandemia y para no aceptar ninguna extorsión que avance para pisotear nuestros derechos, ningún recorte, ningún despido, ningún convenio a la baja.

Por el contrario, afirmar que una salida a la crisis a medida de nuestros intereses sólo puede contener el anhelo de un país libre ataduras con el poder financiero internacional y que no se guíe por la lógica de la rentabilidad del capital sino por los valores de la solidaridad y la cooperación de la clase trabajadora.

Se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso.

Días atrás informamos sobre la impunidad que reina en la causa y la denuncia de la familia contra 21 personas por la «probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías».

Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios. El trámite corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul.

Compartimos en esta nota el apoyo al pedido de justicia de decenas de organizaciones acompañadas por Nora Cortiñas y Dora Barrancos, la expresión de un centenar de mujeres convocadas por Acciones Feministas y la canción que Silvia Palumbo dedicado a Kathy como “un homenaje a todas las víctimas de femicidios del poder, muchas de las cuales aún no tienen justicia”.

Femicidio del Poder

Como espacios y organizaciones preocupadas por el estado de la causa de Katherine Moscoso, exigimos que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, resuelva con suma urgencia en las denuncias presentadas por la familia de Katherine Moscoso en torno a la impunidad que ha impedido esclarecer el aberrante femicidio de Kathy.

La familia ha denunciado dicha impunidad que reina en el caso a 5 años de que apareciera enterrada en un Médano después de que se la vió por última vez en un boliche bailable de la localidad y después de una semana de búsqueda.

Un entramado de complicidades que involucra al poder político de Monte Hermoso, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, envuelve a este caso que ha gozado de un absoluto encubrimiento de quienes deberían investigar.

Incluso la amenaza e intimidación a testigos también es parte de este escandaloso caso en el que la única imputada que tuvo la causa es una jovencita con retraso madurativo amiga de Katherine.

En estos días 21 denuncias realizó la familia a través de su abogado Leandro Aparicio, solicitando asimismo detenciones; entendemos que es necesario que estas presentaciones tengan una respuesta a la mayor brevedad.

En Bahía Blanca reina una absoluta impunidad en casos de femicidios, siendo este escandaloso.

¡JUSTICIA POR KATHERINE!

Acompañan:

Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Dora Barrancos (Investigadora CONICET, militante feminista, CABA)

ADHIEREN:

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

CTA Bahía Blanca

Secretaría de Mujeres y Géneros CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas (Bahía Blanca, BsAs)

Mala Junta Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Mujeres Autoconvocadas Punta Alta (Pta. Alta, BsAs)

Organizacion Feminista Guapabanda (Gral. Pico, La Pampa)

DesBandadas (Bahía Blanca, BsAs)

Ni una Menos (Luis Beltrán, Rio Negro)

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Pampa)

Proyecto La Banda Lavanda

Mujeres Empoderadas Lincoln (Lincoln, BsAs)

Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea” (Santa Rosa, La Pampa)

Bahía Contra La Trata (B. Blanca, BsAs)

Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa)

ADUNS (B.Blanca, BsAs)

SUTEBA Bahia Blanca

Brujas Tamboras del Sur (Puerto Madryn, Chubut)

Les ATs PampaS Agrupación de Acompañantes Terapéuticos (Santa Rosa, La Pampa)

Corriente Clasista René Salamanca (B.Blanca, BsAs)

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca (B. Blanca, BsAs)

Comunismo Revolucionario. Partido Marxista Leninista Maoísta (B.Blanca, BsAs)

Juntas y a la Izquierda MST (B.Blanca, BsAs)

Corriente Nacional Lohana Berkins, Partido Comunista (B.Blanca, BsAs)

Federación Juvenil Comunista (B-Blanca, BsAs)

Cardumen (B.Blanca, BsAs)

Artistas por la No Violencia (Bahía Blanca, BsAs)

Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes. Colegio de Trabajadorxs Sociales. Distrito Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Bahía Rosa – Socorristas en Red, feministas que abortamos (Bahía Blanca, BsAs)

Cátedra Pedagogía II. Educación y DDHH. Proyecto de Investigación en Pedagogías Críticas y DDHH (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca)

Watu Corriente Comunista (B.Blanca, BsAs)

Frente Feminista Nacional y Popular

Red de Comunicadoras Bahía Blanca

Pan y Rosas – PTS en el FIT Unidad (B. Blanca, BsAs)

Feministas Humanistas Bahía Blanca

Estudiantes Autoconvocades Cs. de la Educación UNS (B.Blanca, BsAs)

Agrupacion Mujeres de Bahia Blanca, CEPA- Corriente estudiantil popular anti imperialista- UniTe humanidades

Pdt – tendencia del Partido Obrero BBca.

El aislamiento obligatorio elevó a los servicios de reparto a domicilio a la categoría de servicio esencial. Las aplicaciones multinacionales dominan el mercado y se obtienen enormes ganancias a costa de cadetes y comerciantes con escasa intervención del Estado en la regulación y el cobro de impuestos.

El Movimiento Evita propuso en el Concejo Deliberante de Rosario un proyecto de ordenanza para crear la APP Rosario, “Aplicación Pública de Pedidos de Rosario”.

“LA APP permite intermediar entre tres actores: usuarios, comerciantes y productores de la economía social y popular y las empresas registradas en la ciudad de cadetería y mensajería”, comentó a FM De la Calle el concejal Eduardo Toniolli.

El legislador afirmó que “la filosofía que promueven es que son apps de intermediación entre libre prestadores de un servicio, cadetes, y usuario. Producto de esa pretensión intentan en todos los niveles del Estado, con obligaciones y normativas que son reconocidas, no tributar, desconocer la relación de dependencia y, en el plano municipal, obviar cualquier legislación”.

Toniolli destacó que “estas empresas pasaron de cobrar en los inicios un 7% a cobrar hoy el 33% de cada envío. Se quedan con la tercera parte de lo que recibe la empresa y en algunos casos de convenios nuevos, llegan a quedarse con el 45%”.

“El cadete está sobreexplotado, ni siquiera se lo reconoce como trabajador, Rappi dice rappitender, Glovo habla de glovers. En el caso de Rappi hay un plateo casi filosófico pero es un discurso que apunta a desmontar cien años de adquisición de derechos”.

El concejal señaló que hubo un antecedente municipal surgido al calor de la disputa por la posible llegada de Uber. “Propusimos el Móvil Taxi que es intermediación entre usuarios y las unidades de taxis de la ciudad de Rosario. Tiene todo lo que ofrece Uber y más, porque está la Municipalidad de por medio. Está el nombre del chofer, se puede elegir si es hombre o mujer, ofrece ver dónde está la unidad y cuánto falta para llegar. Lo único que no ofrece es el viaje compartido porque la normativa no lo dispone. El software lo desarrollaron las cámaras de taxistas”.

Una vez más y ante la pandemia que nos impide encontrarnos para reflexionar sobre aquellos hechos, compartimos este material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu.

El 19 de mayo de 1859 las fuerzas de Bahía Blanca perpetraron una verdadera masacre indígena. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Fabiana Méndez, integrante de Kumelen Newen Mapu, dijo esta mañana que se trata de “un 19 de mayo particular pero cada uno de los hermanos en sus territorios recuerda esta fecha con la fuerza de la ancestralidad que nos une. Estamos en permanente contacto con las comunidades”.

“Sabemos las dificultades, no solo del pueblo nación mapuche sino de los hermanos de las 36 naciones originarias. Los hermanos del norte, las hermanas, están haciendo un reclamo por el derecho de retornar a su casa, las comunidades mueren de hambre y dengue. El hostigamiento no ha mermado, hemos tratado de visibilizar todo lo que ha ocurrido con la comunidad Buenuleo. Las grandes empresas no han parado con el extractivismo, no hubo cuarentena. Se continúa con el asesinato de la tierra. Cuando no hay una resolución, la no resolución sigue siendo un acto de desprecio. El genocidio hacia los pueblos no ha parado, no cesa”, afirmó.

En el video que puede verse en esta nota, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualiza los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

(Por CTA Bahía Blanca) Lo ocurrido con las empresas contratistas en la construcción del parque eólico de Mayor Buratovich(partido de Villarino) pone de manifiesto un tratamiento diferenciado para ellas.

Ha quedado en evidencia que cuentan con autorización para hacer caso omiso de las recomendaciones sanitaristas para trabajadorxs procedentes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid 19.

Se les ha permitido cumplir con sólo 3 días de cuarentena cuando los protocolos recomendados por epidemiólogos establecen 14 días.

Esto generó que en los últimos días aumenten de manera significativa los casos de esta enfermedad en nuestra población, demostrando que la ambición de las empresas pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y de toda la comunidad.

No tenemos dudas que de algún nivel de autoridades de gobierno tiene que provenir una venia política para permitir esa medida que pone en peligro todo el esfuerzo de resguardo comunitario y las políticas de salud pública para enfrentar la pandemia.

De algún nivel de gobierno sea municipal, provincial o nacional tiene que haber partido la decisión de conceder a esta empresa Tel del poderoso grupo Perez Companc las prerrogativas para no cumplir las medidas de resguardo.

Demandamos enérgicamente que se rindan cuentas y se determinen las responsabilidades políticas.

Así como también exigimos que el municipio publique un protocolo para las empresas que de ahora en

adelante deberán regirse de acuerdo a las recomendaciones de lxs expertxs y que las autoridades de salud sean debidamente notificadas por las empresas de cada persona que ingresa a nuestra ciudad para su correcto seguimiento epidemiológico.

Desde la CTA estamos convencidxs que esta doble vara tiene un sólo origen posible: la lógica de las ganancias empresarias puestas por encima de la salud y de las necesidades populares.

Debemos exigir que se ponga fin de inmediato a estas habilitaciones discrecionales para las empresas.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

La Municipalidad denunció ante la justicia federal el brote de contagios de Covid 19 en el parque eólico del grupo Pérez Companc en Mayor Buratovich para que se analice si hubo responsabilidad de parte de las autoridades de las empresas y las autoridades del Partido de Villarino.

Por el momento son 11 los contagios vinculados a los trabajadores que tres el cierre de los alojamientos de Villarino se instalaron en nuestra ciudad. “Me hubiera gustado que nos hubieran avisado que venían”, dijo el intendente Héctor Gay.

Agregó que “queremos que la justicia investigue si todos los actores, no nos detenemos en nombre propio ninguno, cumplieron lo que tenían que cumplir. Si lo hicieron y no hubo ningún dolo, bien, nos entró el virus y tenemos que aguantar las consecuencias. Pero no es justo de la comunidad de Bahía Blanca tenga que soportar esta situación”.

El jefe comunal advirtió además que algunos empresarios pretendían que el Municipio corriera con los gastos de los empleados que hoy están en cuarentena y se quejó de que en algunos casos las obras sociales no respondieron y tuvo que recurrirse al hospital público.

Para Gay “de no ser por este episodio del parque eólico de Villarino estaríamos en el día 18 sin contagios, lo cual es realmente muy plausible. Hemos tenido durante todo el fin de semana un trabajo arduo para identificar a cada una de las contratistas y subcontratistas de todos los parques y todos los emprendimientos que están autorizados en la región porque evidentemente hay comportamientos difíciles”.

“En general se han ido adecuando pero inicialmente no lo hicieron y nos trajeron trabajadores del AMBA, que hoy es la peor zona del país, y no se cumplieron los protocolos de cuarentena y demás. En esto también hay responsabilidad de algunos, por suerte no de todos, de quienes brindan alojamiento. A veces en función de obtener un dinero se pasan por alto situaciones sanitarias”.

Por ejemplo, el intendente mencionó: “Este fin de semana cinco trabajadores que venían para otra empresa fueron a alojarse en un hotel, con mucha responsabilidad les dijeron que si se alojaban tenían que estar en cuarentena porque venían del AMBA, no lo aceptaron, se fueron y alguien les alquiló un departamento en calle Villarino. Ahora estamos controlando pero en ese momento nos habían generando incluso una situación de malestar en todo el consorcio del edificio, todo porque algún propietario o algún intermediario quería hacerse unos pesos independientemente de dónde venían los trabajadores”.

En cuanto a los controles, Gay afirmó que “se hacen” pero destacó que “las personas que iban y venían tenían el certificado de tránsito y que estaban prestando servicios para un bien esencial. No se hacen las 24 horas, hay un control en el fitosanitario y en el acceso pero estamos hablando de mucha gente. (…) Pero no va por ahí la cuestión, sí hubo negligencia de que algún contratista trajo gente del AMBA y no hicieron la cuarentena ahí está el problema. No podés controlar a 300.000 habitantes”.

(Por La Garganta Poderosa) Apretando los dientes, golpeando el teclado, aguantando la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar, ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas, ni cuando jugaron a cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, ¡Ramona no se murió!

A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron! Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir, cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá!

Esto es un crimen.
Y no vamos a parar,
¡hasta que paguen todos los responsables!

NO PODEMOS MÁS.

JusticiaPorRamona

El 64,4% de los hogares de Bahía Blanca cuenta con computadora y el 84,4% con acceso a internet. Además, el 83% de la población mayor a 4 años accede a internet, el 42,2% a computadoras y el número crece al 83,3% en el caso del celular.

Los datos surgen del módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

El relevamiento ofrece información básica sobre los accesos a computadora e internet en los hogares urbanos, como así también sobre el uso de telefonía móvil, computadora e internet por las personas
residentes en dichos hogares.

A fines del año pasado se registró que el 60,9% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9%, a internet.

Además, los datos muestran que en la Argentina 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan internet.

En la distribución territorial se registran diferencias en el acceso hogareño entre aglomerados de 500.000 y más habitantes y aquellos más pequeños; en estos últimos hay 1,5 puntos porcentuales más de acceso a internet. En el contexto regional, Patagonia, Noroeste y Gran Buenos Aires registran el mayor acceso de los hogares a internet (89,7%, 86,4%, y 83,7%, respectivamente), y superan la media nacional. Se advierte mayor incidencia en el acceso a computadora en los hogares de las regiones Patagonia y GBA (69,4% y 61,9%, respectivamente).

Población que utiliza las TIC: celular, computadora e internet

En la Argentina, 80 de cada 100 personas utilizan internet y 84 de cada 100 emplean teléfono celular.

En términos comparativos, se registra un incremento en el uso de internet (2,3 puntos porcentuales) y de teléfono celular (0,8 puntos porcentuales); acompañados de un descenso en la utilización de computadora (1,2 puntos porcentuales) respecto del mismo período del año anterior.

La región Patagonia encabeza el conjunto de aglomerados que, en promedio, muestran mayor uso de telefonía móvil (88,8%), computadora (45,1%) e internet (86,8%). Entre las 6 regiones, el Noreste presenta el menor uso de internet (76,2%) y se ubica a 3,7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, próximo a otras regiones como Cuyo y Pampeana. La región Noroeste del país es la que registra menor incidencia en el uso de computadora (36,3%), con una diferencia de 5,1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

El celular es la tecnología con mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil (el 84,3% de la población de los aglomerados relevados, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior).

El uso de las TIC según edad y sexo

Se registra el mayor uso de internet en los grupos comprendidos entre los 13 y los 29 años, 90 de cada 100 personas de esas edades lo utilizan (entre el 90,7% y 91,9% de la población).

El teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendida para la población joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,6% y el 95,9% de las personas de 18 a 64 años y el 67,7% de la población de 65 años y más. En la mayoría de los grupos de edad (18 años y más) se utiliza más el teléfono móvil que la computadora e internet.

Los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años constituyen los grupos en que la utilización de internet supera la de celular y computadora, con una diferencia sustantiva en el primer caso (22 puntos porcentuales en el grupo etario de 4 a 12 años).

Los adolescentes comprendidos en el grupo de edad de 13 a 17 años son los que más usan computadora (56,0%). Entre los 18 y los 29 años, las personas hacen mayor uso del teléfono celular que los demás grupos etarios; también se advierte su empleo extendido entre los 30 y los 64 años.

La diferencia en la utilización de las TIC relevadas entre varones y mujeres es estrecha, con un porcentaje mayor en el caso de los varones en todas las tecnologías. Los varones se encuentran por encima de las mujeres por 1,4 puntos porcentuales en el uso de internet y 0,6 en el empleo de computadora. En cuanto al uso de celular, los varones están por encima de las mujeres solo por 0,2 puntos porcentuales.

Usos de las TIC según el máximo nivel educativo alcanzado

El nivel educativo alcanzado muestra diferencias en relación con el uso de celular, computadora e internet (gráfico 6). Los mayores usos de las tres tecnologías indagadas se observan en la población residente en hogares urbanos que alcanza el nivel superior y universitario (completo o incompleto), tendencia que se expresa a nivel de la media del total de aglomerados como en los grupos de edad de 18 años y más. También es importante el uso en la población que alcanza el nivel secundario.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El fiscal Pablo Fermento destacó la necesidad de analizar cómo reanudar los juicios de lesa humanidad. “Es una situación que no sabemos qué plazo va a tener. Lo cierto es que no se va a normalizar todo de un día para el otro y que no se van a poder realizar concentraciones de gente. En vista de eso, está bueno que se ponga en el tapete, que empiece a planificarse”.

“Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte. Tenemos este juicio con estas características, no es lo mismo Triple A que Ejército. Al de Ejército vamos a llegar con muchísimas víctimas que ya pasaron por juicios, los acuerdos con la defensa de cuáles van a ser los puntos a probar, cosas que se utilizan en otros juicios y acá no: la existencia de un plan criminal y situaciones tales que ya ni se discuten. Hay que sentarse, pensarlo, buscar soluciones, medios, escuchar a las partes y tratar problemas concretos”, dijo a FM De la Calle.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas sobre el terrorismo de Estado reanuden los debates «con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria» respecto de los procesos «cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes».

Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A. El TOF bahiense solicitó al Consejo de la Magistratura la adecuación del sistema de videoconferencias.

“Los juicios, por las características que tienen, se vienen haciendo de manera mixta. Cada vez hay más jueces e imputados por videoconferencia. No es novedoso pero sí algo que va a avanzar más allá de lo que pase con la pandemia en lo inmediato. Plantea toda una cuestión, hay sectores que dentro de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que tienen posiciones no del todo coincidente“, dijo Fermento.

Dentro de los motivos para no demorar más el debate, mencionó que el paso del tiempo “juega con las domiciliarias o el cese de preventivas, los plazos siguen avanzando, se van estirando y las miradas desde la justicia empiezan a titubear, hay idas y vueltas con respecto a los criterios que son difusos y después el punto final biológico”.

Según el fiscal, la plataforma que utiliza el Poder Judicial es de “una calidad muy inferior que Zoom y Jitsi, con lo cual es todo un problema porque la mediación en el juicio depende de eso y de las medidas sanitarias”.

Las falencias del sistema ya generaron demoras e inconvenientes en los juicios anteriores y podrían ser verdaderos obstáculos en causas como la de Ejército que llegará con el debate más numeroso en cuanto a imputados, defensores, jueces, querellantes y testigos.

En cuanto a las y los testigos Fermento afirmó que “muchos quieren estar presentes, es el caso del hermano de Víctor Oliva Troncoso. Vino al principio del juicio y quiere volver cuando haya que declarar porque entiende que no es lo mismo que los jueces lo vean por una pantalla que tenerlos cara a cara”.

“Yo voy a plantear estar en sala y que los jueces estén en sala. Hay una cuestión que es que hay dos que no son de acá. La cuestión será con los grupos de riesgo”, adelantó.

Agregó que”lo primero que van a querer sacar es el público por la concentración”. Si bien en muchas audiencias la participación mermó, “lo cierto es que el volumen simbólico de los juicios en gran medida se va a perder. Son situaciones complejas, miradas encontradas, lo estamos charlando todos”.

Domiciliarias y excarcelaciones

El fiscal destacó que en la jurisdicción no se otorgaron prisiones domiciliarias por la pandemia de coronavirus. “La situación de detenidos en sede carcelaria, de acuerdo con los informes que mandaron los servicios, es muy diferente a lo que se ve en un escenario común. Están en pabellones muy por debajo de la capacidad, con otras condiciones de higiene, ventilación”.

Respecto a la excarcelación de tres represores ordenada por Casación la semana pasada, explicó que “no guarda relación con la pandemia en un punto y sí guarda relación indirectamente. En el criterio en cuanto a la razonabilidad de los plazos de preventivas de detenidos por delitos de lesa ya se viene haciendo una lectura favorable a los imputados desde hace unos años. Sin embargo, en estos casos la decisión respecto a Gandolfo, Bonini y Maidana es contraria al criterio de Corte”.

“El fallo Acosta dice que el plazo de la preventiva debe analizarse caso por caso de acuerdo a situaciones concretas y no aplicar el plazo de la ley de los dos años y prórroga por un tercer año. La Sala II de Casación no hace mención a Acosta, omite toda consideración sobre ese tipo de parámetros que la Corte dice que hay que contemplar”.

“A los tres imputados se le prorrogó el cese de la prisión en marzo aplicando el fallo Acosta, cantidad de víctimas, complejidad de los hechos, dificultades para investigar este tipo de hechos. Va a Corte y no dice nada de eso, dice que es infundado porque el juicio está parado y no hay una fecha de inicio del debate.

¨Ahí sí ya está la pandemia porque uno de los factores por los cuales está parado es ese. Si bien ese juicio no tenía fecha, depende de la realización del juicio de Triple A. Ahí sí hay una incidencia, más allá de que se podría plantear que se realicen juicios simultáneos”, concluyó.

“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.

La fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación Penal que se reanude una parte de los juicios orales relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que quedaron suspendidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Casación recomendó esta semana en un escrito firmado por su presidenta, Ángela Ledesma, que los tribunales orales que tengan en trámite este tipo de causas “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Entre los procesos mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Ramos había pedido a la Cámara que ejerza sus atribuciones de superintendencia e “inste a los distintos tribunales a reanudar la tramitación de estos procesos judiciales con los recaudos que impone la Autoridad Sanitaria” y los que aquella disponga. En la respuesta de ayer, Casación Federal se pronunció en ese sentido, en los términos de la Acordada 10/20 “y en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento”.

La fiscal federal había argumentado que “el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los Tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”.

En ese sentido, propuso también que se “evalúe convocar a sesionar a la Comisión Interpoderes y conformar un equipo interdisciplinario para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos”. Sobre este punto, la Cámara de Casación indicó que esa Comisión “ha funcionado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manera que sugirió “consultar al cimero tribunal acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora”, señaló Ángeles Ramos.

Por otro lado, la titular de la Procuraduría había destacado que Mar del Plata fue el “ejemplo” de la posibilidad de continuar, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad “reanudó la audiencia de juicio, escuchó últimas palabras y dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como ´Juicio Acumulado”. Fue “con la presencia mínima de las partes, con distancia entre ellas y con la transmisión en vivo por CIJ y redes sociales”. En el mismo sentido se pronunció respecto del TOF 2 de Rosario, que reanudó las audiencias para escuchar el alegato de las defensas en la causa conocida como “FECED III”; y del TOF 1, también de Rosario, que resolvió retomar el debate con el acuerdo de todas las partes en la causa “Saint Amant”.

La nómina de juicios orales mencionadas en la nota

La Procuraduría detalló los juicios orales que se encuentran en distintas etapas del desarrollo del plenario y quedaron paralizados por las medidas dispuestas frente a la pandemia, y uno en el que resta conocer los fundamentos de la sentencia.

A) Juicio oral con veredicto:
TOF 6 CABA, “SUPERINTENDENCIA”, causa CFP 16.441/02/TO1, “Gallone, Carlos Enrique y otros”. Estaba pendiente la lectura de los fundamentos fijada para el 19/03/20.

B) Juicios orales paralizados con prueba concluida:
1) TOF 5 CABA, “ESMA IV”, causa 1891. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

2) TOF 2 San Martín, “ARSENAL ZARATE – CAMPANA”, causa 3238, “Di
Nappoli, Omar Edgardo”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

3) TOF 1 La Plata, “BRIGADA DE SAN JUSTO”, causa 373/2011,“Etchecolatz, Miguel O. y otros”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y
dúplicas.

4) TOF Mar del Plata, “CNU 2”, causa FMP 33013793/2007, “Corres, Oscar
y otros”. Estaba pendiente la delaración indagatoria de un imputado y alegatos.

5) TOF Comodoro Rivadavia, “BEL”, causa FCR 24000925, “Hermello, Hernán Alvaro; Rodríguez, Watsonm; Delfín Heriberto-Nichol Tito”. El MPF alegó el 9/3/2020. Quedó pendiente continuar con alegatos, réplicas y dúplicas.

C) Juicios orales paralizados con prueba pendiente de producción:

1) TOF 1 CABA, “ORLETTI V” causa 2637/04, “Vaello, Orestes y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”

2) TOF 4 CABA, “VESUBIO III”, causa 14.216/03, “Lugo, Eduardo David y otros”.

3) TOF 4 San Martín, “CONTRAOFENSIVA”, causa 3055, “Riveros, Santiago Omar – Caso 459”.

4) TOF 1 San Martín “CAMPO DE MAYO – ÁREA 400”, causa 3005, “Riveros, Santiago Omar y otros”.

5) TOF Bahía Blanca, “TRIPLE A” causa 93000165/2013, “Aceituno, Raúl Roberto y otros”.

6) TOF Mar del Plata, “LA CUEVA III”, causa FMP 13000001/2007/TO3, “Ullúa Eduardo Salvador y otros” -se reanudó hoy-.

7) TOF 1 Tucumán, Megajuicio “TÁRTALO”, causa 400795/2004- “Tártalo, Guillermo y otros”.

8) TOF 1 Mendoza, “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aerea” causa FMZ 14000591/2009/TO1, “Escobar, José Antonio y otros”.

9) TOF San Juan, Megajuicio III, causa FMZ 54004613, “Cardozo, Eduardo Daniel y otros”.

10) TOF Jujuy, “LA NOCHE DEL APAGÓN”, causa 76000048/2012,
“Braga, Rafael Mariano y otros”.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

Desde las redes sociales y con el apoyo de dirigentes vinculados al macrismo se convocó a romper la cuarentena esta tarde para participar de una “Marcha de los barbijos contra el comunismo”. Más allá de los memes, el secretario de la Liga por los Derechos Humanos afirmó en FM De la Calle que “el anticomunismo no es un chiste, es la ideología del genocidio”.

“El discurso del anticomunismo despierta fantasmas muy poderosos en la historia argentina. Tenía muy presente un texto que había encontrado cuando fue la batalla que encabezó Roca del genocidio del sur y dice que a los indios los matan por comunistas, dice que lo que más les molestaba era que se negaban a aceptar la propiedad privada como normal. Eso fue en 1886. En 1902, Miguel Cané elabora un proyecto de ley para perseguir a los comunistas libertarios y a los ácratas que era un modo de llamar a los anarquistas”, recordó.

Schulman mencionó que “muchos se sienten incómodos hablando de comunismo y pretenden que no existe más pero quisiera recordar que en China gobierna lo que se autodenomina Partido Comunista Chino y que tiene como objetivo construir el socialismo, después discutimos infinitamente lo que significa eso. Lo mismo se llaman los que gobiernan Vietnam y Cuba”.

“La segunda cuestión de porqué me resisto a reírme es que el comunismo siempre ha funcionado como un discurso totalizador de los colonizadores. En 1974 la ley con la que se fulmina a la insurgencia bajo el genocidio fue aprobada por el Congreso de la Nación”.

Por otra parte, señaló que “hay una frase muy famosa de los principales genocidas, van a perseguir a los subversivos, a los que ayudan a subversivos, a los que son neutrales y a los que no saben que son subversivos. En el mismo sentido que una frase anterior de otro genocida que decía que hay comunistas en el Partido Comunista, en peronismo, en partido radical, en la iglesia y que hay comunistas que no saben que son comunistas”.

Señaló que el error es creer que cuando se nombra al comunismo se nombra a una u otra institución. “En Argentina siempre ha tenido un carácter amplio. Cuando se nombra como comunistas se refieren a todos los que quieren aplicar un impuesto a las grandes ganancias, quienes creemos una salida de la crisis que no afecte a los pobres”.

Calificó a Bahía Blanca como “unas de las bases más poderosas de la ocupación del imperio en Argentina. La Nueva Provincia, el V Cuerpo de Ejército, la Base Naval, son instituciones que persisten. Sigue dando vueltas Montezanti que se jactaba de ser amigo de Vilas, de Bussi. Reírse del comunismo con un Montezanti dando vueltas es de tontos”.

“Hay pocas cosas que le dan más pánico a un progresista que el resto piense que es comunista. No veo que el presidente salga a defender la postura política del comunismo que es, por otro lado, parte del Frente de Todos donde hay tres instituciones que representan o que se autoreferencian y están dentro”.

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

El gobierno abandonó las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio del Mercosur con Corea del Sur, Canadá, Singapur, Líbano e India. La investigadora del CONICET y coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, Luciana Ghiotto, explicó el significado de la decisión.

“Es una movida interesante del gobierno en un contexto convulsionado en la coronacrisis. Hay mucho ida y vuelta de información, Argentina no se salió del Mercosur, lo que hizo fue suspender su participación en las negociaciones del Mercosur como bloque. Esto excluye lo que es Mercosur- Unión Europea. Es como una situación muy anómala y va a abrir interrogantes de cómo seguir”, dijo a FM De la Calle.

Ghiotto comentó que “hay que tener en cuenta que los Tratados de Libre Comercio de comercio y de libres tienen muy poco. Son tratados que comprenden una gran cantidad de temas, no solamente de aranceles, sino compras de servicios, compras públicas, patentes, inversiones, es un conjunto de normativas. Se convierten en chalecos de fuerza para los Estados y sus capacidades para llevar a cabo políticas públicas”.

“Muchas de las políticas que se van a desarrollar en los próximos meses en el marco de la pandemia no están permitas por los TLC, los cuales prohíben estas medidas que puedan avanzar sobre los privilegios de las trasnacionales. Grobocopatel es el único que sale ganando del lado Mercosur con estos tratados”.

Respecto a las negociaciones con Corea del Sur, la investigadora señaló que “fue un acuerdo cuestionado porque no hay ningún acceso al texto y también porque se cuenta con experiencias de otros países que han firmado tratados con Corea”.

“Corea firma en su favor, por ejemplo, Samsung es una megacorpoación coreana que produce un montón de cosas, Daewo, Kia, qué van a ‘competir’ con industrias de América Latina. En Colombia se hizo una campaña en contra muy fuerte porque sabían que iban a afectar la producción nacional de línea blanca”.

En relación al impacto de los TLC en el capítulo de la propiedad intelectual, Ghiotto explicó que lo que han hecho es “extender cada vez más el uso monopólico de las patentes por parte de las farmacéuticas. Les encuentran pequeños engaños para que una patente pueda ser extendida en el tiempo a medida que se le descubren más propiedades. Eso hace que vos no puedas producir con laboratorios nacionales un genérico y bajarle el precio -por ejemplo, aquellos que son usados para grandes campañas de VIH o Hepatitis C- y se los puedas dar gratuitamente a la población. Pone de igual a igual a grandes empresas a competir en licitaciones públicas, como podría ser Bayer contra Bagó”.

Para Ghiotto, la salida de la mesa de negociaciones del acuerdo con Corea “es una jugada compleja porque la urgencia más grande es Unión Europea- Mercosur. Ese acuerdo va a estar para ser firmado en unos poco meses. Ahí hay una urgencia real que es que estamos exigiendo que el gobierno tome una posición contraria”.

Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia y Magíster en Sociología. Colaboró con esta nota para el Boletín Tramas. Compartimos, además, la entrevista realizada con el autor esta mañana en Redacción de la Calle.

Breve repaso de la situación histórica local (Bahía Blanca).

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en la clase obrera, marcada por un aumento significativo de la desocupación, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y otras formas de explotación laboral. Esta tendencia se visibiliza en una creciente pauperización y empobrecimiento de amplios sectores sociales, incluyendo la clase media. La ciudad de Bahía Blanca ha mostrado, cíclicamente en los últimos años, altas tasas de informalidad y precarización laboral, trepando en ambos casos al 35% (EPH- Indec, 2014- 2019), siendo bastante elevadas en comparación con el promedio nacional. En este sentido, el panorama del mercado laboral bahiense ha presentado una desmejora notable, agudizando mayores procesos de desigualdad tanto en el acceso como en la permanencia.

En medio de este contexto, la expansión de los servicios de logística, distribución de documentos, gestiones, pagos y cobranzas a pedido, como de entregas de diferentes mercancías a domicilio, se intensificó en diferentes ciudades de la Argentina. Ya sea como parte una nueva forma de relación entre consumidores y vendedores en el mercado, por los cambios en los hábitos de consumo  o por la inmediatez en el disfrute de una “entrega eficiente”, la figura del cadete, delivery o mensajero ha cobrado notable visibilidad.

Bahía Blanca ha comenzado a extender la cadetería y la mensajería con el crecimiento del propio ejido urbano y la instalación de diferentes comercios gastronómicos fuera del macrocentro. De esta forma el crecimiento exponencial de los trabajadores de la moto fue una constante desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad, contabilizando a partir de estadísticas informales un número aproximado de 800 cadetes y mensajeros (en su mayoría varones) que circulan por las calles.

Como parte de una investigación más amplia y a partir del relevamiento de periódicos, informes estadísticos, laborales, sindicales y un conjunto de diversas entrevistas, se ha logrado una caracterización del trabajador de la moto que permite avanzar en la comprensión de su situación específica. En general, se utiliza el concepto de motoquero o trabajador de la moto asociado a un asalariado que utiliza su vehículo (principalmente motocicleta) como herramienta o medio de trabajo. Existe una falsa concepción del cadete o mensajero como como cuentapropista (que paga un monotributo) y trabajador autónomo: esta identificación encubre relaciones asalariadas y de subsunción laboral, ya que como personificación asalariada responde a un patrón que lo contrata para efectuar un servicio, y le extrae un plusvalor relativo por la entrega de mercadería dentro de un tiempo estipulado.

Los cadetes y mensajeros se encuentran englobados mayoritariamente entre los trabajadores informales o no registrados. La proporción de trabajadores en blanco es de un 20% en toda la ciudad.  A su vez este grupo se puede dividir en dos subgrupos: los trabajadores regidos por contrato de trabajo, encuadrados bajo algún convenio colectivo, y los monotributistas, trabajadores cuentapropistas que facturan autónomamente a terceros por contraprestación de su trabajo, que carecen de derechos de las conquistas históricas de los trabajadores (aguinaldo, convenio colectivo, vacaciones pagas, pago de feriados, regulación de la jornada de trabajo, indemnización, antigüedad, art). En general, los motoqueros se encuentran bajo una condición de precarización total lo que reduce sus derechos a mínimas condiciones.

Entre las características propias de la actividad el trabajo en la moto, se percibe entre los trabajadores como una tarea ardua, de mucho esfuerzo físico y psicológico, muy intensa y desgastante, con muchas horas bajo la presión de la empresa, de los compradores o mediadores y del propio tránsito. Los peligros abundan en la tarea con una situación permanente de riesgos por accidentes, caídas, golpes e inestabilidad permanente. Es común la polivalencia y la multifuncionalidad de tareas, donde los empleados realizan más actividades además de repartir mercancías o realizar trámites. La actividad se paga principalmente por hora de trabajo aunque se ha acrecentado en el último tiempo el pago por jornada. La mayoría no llega al salario mínimo vital. Muchos trabajan a “destajo” lo que significa mayor velocidad en horas de trabajo sobre la moto para recuperar tiempo y hacer un poco más de “ganancia”.

Se visibiliza una manifiesta diferenciación dentro del rubro, ya sea si es cadete, mensajero o ambos, por su relación de contratado con grandes empresas, medianas empresas o tercerizadoras, o por su antigüedad y estabilidad en el empleo. Los cadetes de deliverys sufren peor paga y deben trabajar más tiempo y en horarios nocturnos. En general se notan diferencias entre aquellos que están en blanco (un 15%) y el resto. En este sentido, las diferencias entre cadetes y mensajeros se acentúan como parte de la heterogeneidad de la actividad: la mensajería se realiza en un horario diferente, bajo otro tipo de relaciones patronales, con otro salario y en muchos casos con menos exposición que la cadetería, muchas veces en mayor precarización laboral. Sin embargo, ambas actividades comparten una misma problemática como trabajadores precarizados, aún en situación de blanqueo.

Ambos rubros tienen sobre ocupación horaria, malas condiciones de salubridad o nulas, y los derechos percibidos muy contados. La mayoría de estos trabajadores se encuentran sin la rúbrica de convenios colectivos de trabajo (CCT), aunque algunos manifiestan que ha podido establecerse algunos parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM). Sin embargo, en varias empresas de comidas rápidas se establece el convenio de los gastronómicos o de los pasteleros con serias desventajas en términos salariales y de condiciones de empleo en relación al convenio específico para cadetes o mensajeros, con lo cual no se pueden establecer tarifas fijas, ni salarios similares en el mismo rubro. Su tarea queda “poco aclarada” contractualmente y permite a los dueños utilizarlos de diferentes formas. Los trabajadores registrados, en proceso de blanqueo con prestaciones pagas son una parte minoritaria, ubicándose principalmente en farmacias y rotiserías grandes. Un 80% de los trabajadores lo hace en negro, bajo convenios por empresa. La cobertura es mínima, reemplazando las ART por un seguro contra accidentes. El tiempo de trabajo empleado de más de ocho horas (ejercido periódicamente) no resulta remunerado en su totalidad, ya que en general facturan por seis horas, obligados por las empresas. Cuando hacen horarios extras todo se paga bajo condiciones del empleador.

En el año 2013 y emulando la experiencia del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMECA) y de otras organizaciones sindicales de base, comenzaron a reunirse los primeros activistas en Bahía Blanca, que tenían como idea central conformar un sindicato que legalmente les permitiera obtener derechos mínimos establecidos por el artículo 14 bis de la constitución. En el año 2017, luego de múltiples luchas y procesos de organización en los lugares de trabajo se realizó  una asamblea constitutiva de más de 50 trabajadores de la moto que estableció el estatuto general de la Asociación Sindical de Trabajadores mensajeros y cadetes (ASTRAMYC). Entre las demandas fundamentales que aún hoy el sindicato continúa peleando se consigna: el blanqueo de todos los empleados, el reconocimiento de la moto como herramienta de trabajo, el plus por lluvia, el pago de beneficios como el combustible y mantenimiento de la moto,  y la mejora en las condiciones de trabajo y de salud laboral.

Apelando a la acción directa y los métodos asamblearios, Astramyc ha mostrado un ejercicio de lucha por los derechos de este sector, sosteniendo un conjunto de prácticas sindicales basadas en la democracia de base, el anti-burocratismo, el activismo en la calle y la reivindicación de la unidad y solidaridad entre los trabajadores.

Contexto actual y desafíos de la actividad.

La actual situación mundial y nacional marcada por la expansión del Covid- 19, declarada por la OMS como pandemia, han generado nuevas problemáticas para este sector de por sí golpeado por la crisis durante el macrismo. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha llevado a diversos sectores laborales a buscar formas de sustentabilidad y solidaridad en común para mantener su propia subsistencia. Mientras las empresas recortan salarios, despiden o suspenden trabajadores, mantienen el empleo bajo condiciones insalubres, o pactan horarios reducidos, la resistencia de colectivos obreros han marcado un rumbo para que el Estado tome medidas que intentar paliar –levemente- las consecuencias negativas de este contexto.

Los trabajadores de delivery y motos fueron asignados dentro de una categoría de servicios esenciales, con lo cual la situación implicó desde un comienzo la búsqueda de garantías institucionales para que se respeten condiciones de higienes y salud en los establecimientos laborales así como un protocolo de uso común para las entregas.

Andrés Siebenhar, cadete y secretario de Astramyc, y Leonardo Scafoglio, mensajero y miembro de la comisión directiva del sindicato, nos comentaron sobre la situación en una entrevista:

– Andrés: “Nos encontramos en una situación complicada, desde que comenzó toda esta cuarentena, algunos locales de comida cerraron pero a eso se contrarresta con que otros sectores incrementaron el servicio de delivery, y empezaron a trabajar el tema de las aplicaciones… con eso comienzan a haber irregularidades con el tema del cuidado y la higiene….Nosotros salimos a hacer denuncias sobre la situación de nuestros compañeros que es una situación de riesgo. En ese sentido el municipio nos llamó para generar algún tipo de protocolo de seguridad e higiene para aconsejar a las patronales de comida de cumplir un protocolo, higienes personales del trabajador/a o que provean de alcohol en gel, barbijo y guantes. Esas condiciones se fueron dando en algunos sectores empresariales, la gente comenzó a tomar conciencia, en eso estamos un poco mejor… En las mensajerías se ha cumplido el protocolo garantizando los elementos de higiene., pero en muchos lugares no se cumplen. No hay pruebas ni registros, eso le exigimos las patronales y las plataformas.”

– Agregó Leo:

“Las plataformas no cumplen con las normas. A eso se agrega que los trabajadores de este rubro ni siquiera tienen un baño en donde trabajan, ningún patrón se hace cargo de su higiene”.

– Andrés afirmaba:

“En este momento es importante sostener los puestos de laburo, que se generen condiciones optima de trabajo, porque nosotros podemos enfermarnos y ser a la vez transmisores del virus, y por eso enseguida a resguardar a los compañeros el tema de la salud… No queremos en este momento presionar a las patronales pero seguramente seguiremos en la pelea del blanqueo y la mejora de las condiciones de trabajo luego de la pandemia…Los compas no quieren perder el laburo, la situación se complica en términos de lucha”

Leo dijo:

“en algunos lugares los patrones son más contemplativos y te dan los elementos de seguridad, pero en otro lugares no. Una de las cosas que nos vemos perjudicados es que el laburo en blanco, en farmacia o rotisería está ganando el mismo sueldo pero trabaja el triple”.

En relación con los trabajadores de App

– Andrés comentó:

“La demanda por plataformas ha crecido exponencialmente, hay mucho más demanda y nuevos compañeros. Están trabajando mucho más los que estaban… entre 12 y 14 horas le están metiendo, laburan mucho tiempo a destajo, cobran por kilometraje, es una situación difícil la que tienen…Las patronales de las APP no pagan el barbijo ni el alcohol en gel todo lo ponen de su bolsillo, como también pagan ingresos brutos, contador y monotributo…compleja la situación, lo único bravo es la concientización de los compas en ese rubro… Podríamos decir que no hay competencia entre mensajero y cadetes con los trabajadores de Pedidos Ya o Glovo… nosotros buscamos de demostrar que no hay diferencia, que somos todos trabajadores tercerizados y precarizados…salimos con ellos a hablar de las realidades que son iguales de alguna manera y que son compañeros a la hora de trabajar… Es un sector que falta llegada, se complica su organización sindical y mucho más en la actualidad, tienen mucha presión empresarial”.

En la actualidad muchos nuevos desempleados han comenzado a realizar el delivery utilizando estas aplicaciones. En una situación critica aceptan cualquier tipo de explotación. Por esa razón, la situación puede complicarse si las patronales empiezan a despedir empleados en blanco cadetes por otros cadetes de pedidos ya en negro. En algunos lugares, los despidos comenzaron a suceder en Bahía Blanca, expresaba Leo.

Las diferencias de criterio entre el sindicato y los trabajadores de Pedidos Ya o Glovo, que trabajan en bicicletas o motos, pueden observarse fácilmente. En una reciente nota periodística de un medio local (Telefé Noticias) comentaban que su prioridad es “cuidarse y ser lo más pulcro posibles”. Algunos sostenían: “Yo tomo las medidas, y el trabajo sucio alguien lo tiene que hacer”. En algún caso hasta romantizaban la cuarentena: “Uno busca ayudar a alguien con  este servicio, terminar bien con gento de amabilidad, da gusto hacer este trabajo en cuarentena”.

La conciencia de que el empleo está precarizado y la explotación es mucho mayor cuesta ser comprendida: “Yo trabajo hace cuatro meses, y empecé por deudas que tengo y por problemas en mi familia… Es cierto que la empresa no facilita los elementos, pero bueno es una decisión de cada uno si quiere trabajar o no,  esto de pagar  nuestra higiene es como una inversión para protegernos y continuar el trabajo…”

Mientras el sindicato pelea por mejorar las condiciones de trabajo, el grado de aceptación de las condiciones de explotación y subordinación laboral de trabajadores individuales que pelan por subsistir, complica la situación. En última instancia permite el avance de las decisiones del capital en los despidos y suspensiones, al tiempo que desregulariza el empleo para obtener más plusvalía.

La cuarentena, como mecanismo de salud pública ha generado algunos avances para contener la curva de contagios en Argentina. Pero deja muchas complicaciones en el mundo laboral: claramente, la crisis golpea a todos indefectiblemente, pero en un contexto de desigualdad previa, se siente mucho peor en unos que otros. Los trabajadores de la moto se encuentran en dificultades y su lucha irremediablemente se ralentiza frente a la pandemia.

Por Pablo Becher. Colaborador invitado del Boletín Tramas.

Foto: “Un trabajador descansa en la plaza mientras espera por otro viaje durante la cuarentena del COVID-19″ por Horacio Culaciatti