Con 222 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención, la Cámara baja dio respuesta al reclamo de las organizaciones sociales y avaló el proyecto que prevé un paliativo ante la crisis económica.
La ley de Emergencia Alimentaria recibió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá pasar por el Senado para que sea convertida en ley. Posteriormente quedará en manos del presidente Maurico Macri oficializarla o vetarla.
Cabe recordar que frente al reclamo de las organizaciones sociales, desde el gobierno de Cambiemos se negaron a declarar la emergencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
En ese marco, se montó un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, que llegó a un punto culmine este miércoles cuando los manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. El martes por la noche, la ministra Stanley había tildado la demanda de “extorsión” y señaló con nombre y apellido a dos dirigentes sociales.
Tras aprobarse el proyecto de ley en el Congreso, el jefe de bloque de Cambiemos, Mario Negri, dijo que “el proyecto era correcto y era mejor que saliera por ley”. “No ha existido acto demagógico con una situación de esta gravedad”, agregó y dijo que “se trata de una reasignación de partidas, por lo que no se afecta la situación económica”.
“Nosotros siempre pensamos que la medida tenía que salir por ley, ¿por qué íbamos a estar ausentes? Si siempre estuvimos al tanto de la situación social”, manifestó y pidió “ser cuidadoso con la palabra y con lo que se dice”. En ese sentido concluyó: “Esta sesión no se celebró porque se hizo una marcha, se hizo por la prórroga del presupuesto alimentario, que es lo importante”.
Por la oposición, Agustín Rossi aseguró estar “muy conforme” y dijo que “el hambre no es una cuestión electoral, sino política y humanitaria”. En ese sentido destacó que “se logró algo casi histórico que es sancionar una ley por unanimidad”. “Celebro la manifestación que hay en la calle donde hay más de 100 mil personas”, subrayó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/09/emer1.jpg?fit=855%2C458&ssl=1458855FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-12 17:00:472019-09-12 17:32:16Diputados aprobó la emergencia alimentaria
El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.
“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.
El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.
“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.
-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?
Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.
Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.
El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.
“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.
-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?
A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.
-Pero más costoso es tener la planta parada…
Exacto, más costoso es tener la planta parada.
-¿No hay ningún riesgo de seguridad?
No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.
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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación y habilitó avanzar sobre el posible delito de “abandono de persona” en la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Sebastián Premici, periodista de Cadena del Sur y autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” dijo a FM De la Calle que “el fallo habla de un nexo de causalidad entre la muerte de Maldonado y la pertenencia de agentes del Estado, es decir, Gendarmería. Por ende, se abre la puerta para investigarla, lo que no se hizo en ningún momento durante la instrucción”.
“Con este fallo queda claro que Maldonado no estaba solo sino rodeado de gendarmes, había dos grupos de gendarmes que estaban con él”, afirmó.
Premici destacó´que “el texto de la Cámara reseña la presentación del CELS y cita un informe de la PROCUVIN, que elaboró un trabajo detallado sobre cómo fue la represión ese 1º de agosto que estuvieron en el río. Ese informe fue ocultado por el procurador interino Eduardo Casal, el juez Lleral y la fiscal Silvina Ávila. Esta resolución abre las puertas a investigar el rol represivo de la Gendarmería, que fue lo que determinó la desaparición por 78 días de Santiago y su muerte”.
“La Cámara no se juega del todo a decir que fue 100% causalidad de Gendarmería, deja de lado la figura de desaparición forzada y da por válida la autopsia que dice que se ahogó. Yo sostengo que se muere ahogado pero lo más relevante fue entender el rol represivo de la Gendarmería”.
Culpables y testigos
Premici señaló que “hubo una secuencia de cacería y la causa está ahí. Por eso dan marcha atrás con Emmanuel Echazú. No porque sea el único, en mi investigación doy cuenta que además de Echazú lo corren otros dos, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Un testimonio que va a tener que realizarse es el de Lucas Pilquiman, dice que cuando cruzan el río lo ve a Santiago agazapado y ve a los gendarmes desde el barranco disparando 9 mm y escopetas”.
La declaración de Pilquiman deberá tomarse nuevamente porque “Lleral lo tomó sin la presencia de las querellas, de un día para el otro, por una cuestión de control de las partes y para que sea todo lo relevante que es, se pide de nuevo. Se abre la posibilidad de que otros testigos vuelvan a declarar o que declaren quienes no declararon aun”.
Reconstrucción de los hechos
Otra de los puntos relevantes de la resolución es que ordena una reconstrucción, algo que nunca se había hecho hasta el momento. “No se sabe cómo fueron los hechos cronológicamente. Hay fragmentos que uno puede reconstruir, lo que hay que hacer es la reconstrucción in situ. La Cámara dice que tiene que ser virtual, utilizando el material fílmico, visual, fotográfico, hacer una suerte de realidad virtual y colocar a todos los actores en el territorio. Yo creo que es clave hacerlo en el territorio”.
“Sería la primera vez que se esboza cómo fueron los hechos y ahí tenés la última foto de Santiago. Es de las 11:32 de la mañana, veinticinco segundos después se ve que estaciona un Eurocargo y hay gendarmes en el territorio. Hay muchos elementos que permiten elaborar esa reconstrucción. Ahí no van a quedar dudas del rol clave de la Gendarmería en lo que fue una cacería, quiénes fueron quienes lo persiguieron y qué se investiguen otras hipótesis delictivas”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/09/santiago-maldonado1.jpg?fit=1140%2C759&ssl=17591140FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-10 09:17:162019-09-10 09:17:16Caso Maldonado: “Se abre la puerta para que se investigue a la Gendarmería”
(Comisión Provincial por la Memoria) Ayer se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de María Soledad Morales. Tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.
Sus compañeras organizaron marchas del silencio para reclamar justicia, que pronto se replicaron de forma coordinada por todo el país. Gracias a ellas no fue el asesinato de una mujer más, a los que estaba acostumbrada la provincia.
La movilización social logró dar visibilidad al crimen y puso en cuestión a los poderosos y sus tramas de impunidad patriarcal. La justicia llegó parcialmente tras el juicio realizado en 1998, en el que se sancionó a los perpetradores pero no se llegó a los cómplices y encubridores.
Por entonces, los asesinatos de mujeres producto de la violencia machista no se reconocían como tales. Su femicidio fue nombrado simplemente como “el crimen de María Soledad Morales”. Los reclamos de justicia que recorrieron el país, fueron visibilizando y sumando a su paso los nombres de muchas otras mujeres asesinadas por la violencia machista. Aquellas primeros gritos de justicia también exigían #NiUnaMenos.
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyas funciones fueron el espionaje, seguimiento, registro y análisis de información con fines de persecución política e ideológica, también siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.
El informe de inteligencia que compartimos es del 13 de abril de 1990 y expone la vigilancia de la Dirección de Inteligencia sobre las manifestaciones públicas en repudio al femicidio de María Soledad Morales (Legajo 256, Mesa A -“Factor estudiantil – Entidades Estudiantiles”-).
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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron.
Lo resuelve la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo que ordena también cumplir las medidas pendientes.
La abogada Verónica Heredia dijo que “es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa”.
“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, dijo la Cámara.
Si bien descarta que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Santiago en las aguas del río Chubut. Por eso, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.
Comunicado de la familia 6.9.2019.
La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de “no demorar la respuesta judicial”, ya que lo que debe prevalecer es el “derecho a la verdad”.
La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar que sucedió, tal cómo la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al Juez Lleral y en todos los casos fueron denegados.
Expresa asimismo: “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.
Finalmente la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado.
Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado.
Gracias a todas las personas que nos acompañan y luchan junto a nosotros.
Fuentes: Sudestada y Justicia por Santiago Maldonado.
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La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.
Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.
El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.
El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.
Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.
Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.
En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.
El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.
De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.
Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.
A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.
Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.
Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..
Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.
El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
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“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.
El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.
Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.
Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.
Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.
La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.
Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.
La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.
Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.
Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.
La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.
El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.
Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.
Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.
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En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.
En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.
El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.
-¿Qué destacan del fallo?
Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.
Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.
La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.
-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?
Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.
Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.
Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.
-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?
Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.
Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.
-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?
Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí. A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.
Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.
-Fueron varios los que recuperaron la libertad.
Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.
Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.
-¿Queda alguno en cárcel común?
No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.
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No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.
Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.
“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.
Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.
“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.
El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.
“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.
Repudio en la calle
El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.
“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.
Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.
“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.
“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.
El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.
La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.
“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/IMG_6913-e1567024090157.jpg?fit=3328%2C1198&ssl=111983328FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-28 17:32:282019-08-28 17:32:28Lesa humanidad en Bahía Blanca: del ejemplo a la vergüenza
El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.
La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.
El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.
La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
No estuvieron por cuestiones de salud:
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/IMG_6911.jpg?fit=5117%2C1464&ssl=114645117FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 18:33:132019-08-26 18:46:50Las caras de los represores en la previa a la sentencia
El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.
El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.
Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.
¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/cropped-whatsapp-image-2018-10-17-at-10-15-36-pm-1.jpeg?fit=1000%2C300&ssl=13001000FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-24 14:57:482019-08-24 14:57:48Armada II: termina el sexto juicio de lesa humanidad
La Municipalidad concursará los cargos de los coordinadores del Comité Técnico Ejecutivo y el Proceso Apell. La noticia fue comunicada en la última reunión del Comité de Control y Monitoreo y motivó la presentación de una nota pidiendo su suspensión.
La búsqueda de reemplazantes para César Pérez y Daniel Ayala fue anunciada la semana pasada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, en el encuentro mensual del CCyM.
Horas después, integrantes del organismo consultivo y de asesoramiento presentaron una nota en el municipio solicitando que el proceso para concursar los cargos sea detenido “a fin de ser evaluadas por el CCyM, las condiciones y posibles modificaciones para dar estabilidad en el cargo a las posiciones mencionadas”.
La carta lleva las firmas de representantes de la Universidad del Sur, la delegación local del OPDS, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, la Sociedad de Fomento de Ing. White, la Unión Industrial, la cooperadora del Hospital Menor de White, la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, el Sindicato de Petroquímicos y el Concejo Deliberante.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/perez-perez-ayala-fmelacalle.jpg-e1566245024235.png?fit=1330%2C525&ssl=15251330FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-19 17:18:312019-08-19 17:18:31Medio ambiente: concursan coordinaciones del CTE y APELL
Estudiantes de la ciudad mendocina de Gral. Alvear protagonizaron días atrás una huelga y corte de ruta contra el fracking y en defensa del agua en la zona.
Lucía Demarque, integrante de Jóvenes por el Clima y estudiante secundaria, comentó a FM De la Calle que “al principio hubo cinco perforaciones y ahora son más. Hubo derrames que pueden causar cáncer, deformaciones, abortos espontáneos”.
“Este proceso produce una sismicidad inducida. Sabiendo que Mendoza es una zona sísmica, es una inconsciencia total por parte de los dirigentes. Además, no cuentan con el apoyo popular”.
Les estudiantes y organizaciones ambientalistas reclaman una ley para poder prohibir el fracking en Gral. Alvear.
“En el 2007 nuestros padres hicieron la Ley 7722 y se puso en vigencia. Es la que protege al agua y a nosotros de este proceso. Queremos hacer una ley en contra del fracking pero los diputados no sancionan nuestra ley porque dijeron que no sabían qué era el fracking y debían estudiarlo. Lo siguen estudiando después de un año y no hay ningún avance, se ve que son un poco burros”.
A pesar de la lucha, se sigue realizando fractura hidráulica: “Vemos los camiones con materiales que siguen trabajando sin problema con arena silica. Dijeron que utilizaban el agua que sacan de petróleo para reutilizarla, eso es mentira ya que nosotros investigamos y hablamos con un ingeniero que nos dijo que solo se puede hacer con agua dulce”.
Demarque comentó que “en la provincia el gobernador está a favor del fracking y muchos candidatos también. Nuestro intendente está yendo en la misma lista que uno de los gobernadores. El gobernador está a favor del fracking y el intendente no. Si estás en desacuerdo no sé si tendrías que postularte con uno de los candidatos que sí lo está”.
La dirigente estudiantil denunció que la participación en la huelga les valió la persecución de las fuerzas de seguridad y las autoridades educativas.
“Hubo muchos chicos que se prendieron en la lucha. Gendarmería nos vino a amenazar. La policía nos dijo que era un delito, que nos iban a pedir nuestros nombres para llamar a las escuelas, algo que no se puede hacer porque no tiene nada que ver con las escuelas. Lo único que tenían que hacer era poner una falta, nos amenazaron con doble falta, amonestaciones. Esto no puede ocurrir, se parece más a una dictadura que a una democracia”, afirmó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/67646102_112350860113835_4917949351642267648_n.jpg?fit=946%2C470&ssl=1470946FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-15 13:05:332019-08-15 13:05:33Mendoza: huelga estudiantil contra el fracking
El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) y adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo que ante la devaluación del 40% “en los próximos días vamos a movilizarnos en defensa del salario”. En línea con las declaraciones de otros dirigentes gremiales y sociales, dijo a FM De la Calle que “hay intercambio de opinión de qué hacer en momentos como el que estamos viviendo”. Hoy tendrá lugar una reunión de la conducción nacional de la central de la que participa.
Durante la mañana de ayer, Macri anunció una cantidad de medidas, entre ellas, el congelamiento del precio de los combustibles. Rigane sostuvo que “no hay probabilidad cierta de que se ejecute. Para hacer un cambio de fondo tiene que terminar con la dolarización de la tarifa tanto de los combustibles como de los servicios públicos”. Antes de terminar la jornada en que habían sido anunciadas esas medidas, el gobierno dio marcha atrás con el supuesto congelamiento de precios.
A través de un comunicado, la entidad que nuclea a sindicatos de la rama de la energía señaló que “entre el viernes 9 de agosto y hoy (por ayer), miércoles, la devaluación del peso argentino fue del 40%. Cada dólar pasó de valer 45,19 pesos a 63 pesos, según la cotización oficial en el Banco Nación. Ante esta situación, el movimiento obrero, a través de distintos gremios y centrales sindicales, ya manifestaron su repudio”.
“Hacemos un llamado a una mayor unidad en la acción para preparar una gran movilización en defensa del salario y los derechos adquiridos de cada trabajador y trabajadora. Vamos hacia una masiva marcha en defensa de la soberanía popular y el pueblo argentino”.
Rigane remarcó que “a pocas horas del rotundo rechazo por parte del pueblo argentino a las políticas de hambre y exclusión de este gobierno, alertamos a todos los trabajadores que esta corrida cambiaria impactará de forma feroz en los salarios, la inflación y el costo de vida de cada trabajador”.
Elecciones en la FeTERA
Hasta las 18 se llevan a cabo las elecciones de la entidad federada a través de 50 mesas distribuidas por territorio argentino. El dirigente sindical, que va por la renovación de la secretaría general, expresó que esperan “la participación de todos los compañeros y compañeras del ámbito de la energía y que podamos desarrollar esto con amplia democracia. Es lo que hace viable y posible cualquier iniciativa que pretendamos llevar adelante. Hemos planteado la recuperación de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los trabajadores”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/José-Rigane.jpg?fit=1698%2C1125&ssl=111251698FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-15 11:41:552019-08-15 11:44:05Rigane: “Vamos hacia una masiva marcha en defensa de la soberanía popular”
Luego de que se conocieran los resultados de los comicios del domingo pasado, Maucio Macri culpó a la oposición por falta de credibilidad y construyó el relato de que la ciudadanía debería votar oficialismo en octubre para sufragar como desean “los mercados” y así el país gozaría de estabilidad económica.
FM De la Calle consultó a referencias políticas y económicas acerca de los resultados de las PASO 2019, la reacción del gobierno y las perspectivas hacia el mes de octubre. Por el contrario, se remarca que el resultado electoral es un claro mensaje popular contra las políticas del macrismo, especialmente, su modelo económico.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/Opiniones-4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-14 17:18:522019-08-14 17:26:45PASO 2019: Repercusiones sobre la reacción del gobierno
La pericia judicial que relevó las causas y consecuencias de la explosión en Dow ya está en manos del fiscal Cristian Aguilar.
Cuatro expertos concluyeron que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.
“Si se hubiera instalado un dispositivo de seguridad, la presión en el interior del recipiente V907 nunca habría llegado a valores de riesgo por lo que se habría evitado el siniestro”.
El documento fue firmado por Daniel Ziegler, Mauro Puccinelli y Santiago Maíz del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y por el perito ingeniero mecánico oficial Andrés Francisco Medina.
“Entendemos que, hasta que no se inspeccione y/o repare cada cañería, recipiente o dispositivo que pudiera haberse dañado en la explosión, no debería habilitarse el funcionamiento de la planta”, destacaron.
Expansión del daño y riesgos
Los peritos aseguraron que existió riesgo de daño a otros bienes de la empresa aunque no pudieron cuantificarlo y respecto al posible daño a terceros sostuvieron que “es muy bajo o prácticamente nulo”.
“La explosión hubiese sido de carácter fatal en un radio menor a 10 metros debido a los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). En un radio de 40 metros hubiese sido de alto riesgo por el impacto de las proyecciones de material”.
En cuanto al radio de expansión del daño afirmaron que “por las proyecciones de las piezas expulsadas en la explosión” se infiere que fue de 35 a 40 metros. Hubo afectación “de diferente magnitud en la cañería, diferentes dispositivos y estructuras aledañas”.
“El mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Algunas partes fueron encontradas a, aproximadamente, 35 metros”. Si bien descartaron “riesgo de reacción en cadena”, informaron que “los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encuentran a más de 50 metros del lugar del incidente”.
No había válvula de seguridad
“El recipiente falló a una presión de más de 10 veces superior a la presión de operación del equipo. Esto indica que el equipo carece de dispositivo de seguridad, es decir, una válvula de alivio de presión como indica la norma (…) bajo la cual fue fabricado”, escribieron.
Según la norma mencionada, es “responsabilidad del usuario asegurarse que los dispositivos de alivio de presión requeridos estén correctamente instalados antes de la operación inicial. Estos dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del recipiente”.
El equipo afectado fue construido hace 20 años y su puesta en marcha se realizó varias veces, entre paradas programadas y/o de emergencia. “Esta secuencia de inicio si no es respetada taxativamente, produce el incidente sucedido al no contar con válvula de seguridad”.
“La secuencia del procedimiento de puesta en servicio, debería modificarse asegurándose que nunca el equipo llegue a una presión superior a la de trabajo independientemente de la existencia de errores humanos”, advirtieron.
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Patricia Solorza tenía 40 años y hacia seis que estaba presa por homicidio agravado por el vínculo tras haber sufrido un aborto espontáneo. Falleció en terapia intensiva en el Hospital de José León Suárez. Durante dos meses le negaron la atención médica en la Unidad Penal 47 de San Martín.
“Toda la situación que pasó fue terrible, sabíamos de su situación de salud, la acompañamos. Es la desidia del Sistema Penitenciario y del Poder Judicial que, estando al tanto de su salud, no hicieron nada y dejaron que llegara al hospital con un litro de pus en el estómago y una situación irreversible”, comentó María Medrano, directora de la organización social Yo No Fui, la cual brinda el taller textil del que participaba Patricia.
“Entendemos todas que no tendría que haber estado ni un día presa si en este país se hubiera aprobado la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, destacó.
El caso de Patricia no es excepcional: “Son muchas las mujeres en esta situación y son invisibilizadas, es importante dar cuenta de eso. Es gravísimo. Por otro lado, el estado de salud en que se encuentran las mujeres privadas de libertad es terrible, falta de medicamentos, de atención médica, el estado de las cárceles es muy lamentable y la atención médica es brutal”.
Medrano comentó que “están en desventaja total, cumplen una doble condena, también la social, y realmente las mujeres padecen mucho la cárcel y eso se ve, las vemos con un deterioro físico muy importante y eso realmente preocupa porque no hay nada que contemple una atención particular”.
“Trabajamos tanto adentro como afuera de las cárceles. Cada vez más se escucha adentro el miedo de no salir, el deseo de salir vivas, de poder volver a sus casa. Las mujeres tienen miedo de morir dentro de una cárcel. No hay políticas post penitenciarias, si no tenés redes es muy difícil hacer una vida distinta a la que te llevo a la cárcel”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/patricia-solorza.jpg?fit=1600%2C1200&ssl=112001600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-13 12:59:262019-08-13 13:03:06“Las mujeres tienen miedo de morir dentro de una cárcel”
El intendente Héctor Gay se impuso en las primarias ante Federico Susbielles por apenas el 2,4% de los votos. Juntos por el Cambio obtuvo el 39,52% y el Frente de Todos el 37,08%, una diferencia mucho menor de la esperada por el oficialismo.
Otras tres listas estarán en octubre luego de superar el piso del 1,5%: el Frente de Izquierda Unidad se ubicó como tercera fuerza con el 4,75% de los votos, el Frente Nos del pastor evangélico Luis Jose consiguió el 3,55% y Todos x Bahía con Leonardo Valente a la cabeza el 1,87%.
A nivel nacional la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Fernández, ganó la elección con el 47% sobre el 32,08% de Juntos por el Cambio que propone la reelección de Mauricio Macri.
Respecto a la gobernación, fue rotundo el triunfo de Axel Kiciloff sobre María Eugenia Vidal: 49,34% contra 32,56%. A nivel local, la actual mandataria ganó con el 45,47% sobre el 34,01% del ex ministro de Economía.
En Bahía Blanca, son tres las fuerzas políticas que no llegarán con sus listas a las generales de octubre para disputar la intendencia y bancas en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar: el Movimiento de Avanzada Socialista (0,91%), el Frente Patriota (0,43%) y el Movimiento Organización Democrática (0,28%).
En la sexta sección, el oficialismo logró retener el primer puesto con el 41,61% para la lista encabezada por Andrés De Leo sobre el 37,09% del Frente de Todos con Alfredo Fisher como primer candidato seguido por les bahienses Ayelén Durán y Marcelo Feliú.
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