El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

En Lambaré 873, barrio porteño de Almagro, grandes puertas de colores enmarcan la casa de FM La Tribu. Hoy cumple 30 años y festeja toda la semana. Pionera del movimiento de radios comunitarias, encendió el aire 1989.

“Con los sentimientos a flor de piel”, Juana Alfonso definió a La Tribu como “una radio, un centro cultural: es capacitación , es una casona gestionada por la comunidad, es un colectivo. También somos las personas que la vamos atravesando”.

La radialista afirmó que “el colectivo crece y se va transformando a sí mismo con el objetivo principal de luchar por el derecho a la comunicación, por disputar sentido, disputar la cultura como concepto hegemónico. La Tribu existe por sí misma, está compuesta por personas pero lo que hacemos va más allá de cada una de nosotras”.

Juana participa del proyecto desde 2013: “Llegué a partir de la invitación de dos compañeres. Mi paso por La Tribu me cambió a tal punto de no concebir la comunicación si no es comunitaria, no tener ganas de hacer otro tipo de radio que no sea la de la militancia por el derecho a la comunicación”.

A pesar del contexto, La Tribu sigue creciendo: “Vemos que se acentuó la persecución a las radios y medios comunitarios. Este último tiempo hemos conocido el cierre de muchas radios comunitarias, por la economía o por persecución política”.

Desde 1993 La Tribu tiene un Permiso Precario y Provisorio: “En diciembre nos presentamos a un concurso por oposición que se abrió desde el ENACOM. No sin contradicciones porque muchas radios comunitarias no han podido entrar a ese concurso. Nos veíamos entre la espada y la pared porque si no nos presentábamos perdíamos el permiso y ese marco de legalidad. Presentamos los papeles y un escrito solicitando al Estado que regularice y cumpla lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abra los concursos y que se regularice el 33% del espectro para medios comunitarios”.

Entre los festejos programados FM La Tribu realizará dos programas especiales: el miércoles de 10 a 20 (con retransmisión en Bahía por FM De la Calle 87.9 de 10 a 16 y de 18 a 20) y el sábado desde las 14.

“Ante la certeza del fascismo, el silencio, la soledad angustiosa:
La incertidumbre de lo erróneo,
la falla como posibilidad,
lo colectivo como antídoto,
la autogestión entre los dientes,
el encuentro como detonante,
la organización como horizonte de lo posible.

El aire como llamado a la acción.

LA TRIBU 30 AÑOS ENCENDIDA”

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.

Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.

El papá y la mamá

Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.

Las desapariciones

Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.

Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.

Las búsquedas

La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.

Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.

El encuentro

Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.

El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

Fuente: Abuelas.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento informó a FM De la Calle que de casi un centenar de imputados en las causas Ejército, Armada y Triple A: 27 están en libertad, 52 cumplen prisión domiciliaria, nueve tienen sus procesos suspendidos, dos están prófugos y solo siete están en la cárcel.

Este fin de semana habitantes de Villa Elisa repudiaron la presencia en su localidad del represor Eduardo Carlos Videla, quien debe ser juzgado en un próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad.

Videla fue imputado por la Fiscalía en 2013 por su participación en medio centenar de secuestros y torturas ocurridos cuando comandaba una de las secciones “antisubversivas” del Batallón de Comunicaciones 181. Durante 1976 intervino en cuatro operativos en Bahía Blanca, Villarino, Tres Arroyos y Huanguelén.

Su causa fue elevada a juicio en febrero de 2017 y el represor fue liberado en el mismo mes de este año. “Es una medida que se viene aplicando en general a todos los imputados que están con preventiva, con excepción de aquellos sobre los cuales pesa alguna condena”, explicó Fermento.

Detalló que en las causas Ejército y Triple A la Fiscalía tiene 64 represores acusados: 23 están en libertad, 30 tienen prisión domiciliaria y 7 están en una unidad penitenciaria.

“Tenemos dos prófugos que son Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno y el proceso suspendido de Carlos Alberto Martínez en función de una incapacidad sobreviniente”, dijo.

En Armada, actualmente con un tramo en etapa de alegatos, son 34 los imputados de los cuales ninguno está en la cárcel: 22 están detenidos en sus casas, cuatro fueron excarcelados y ocho tienen el proceso suspendido.

El Tribunal Oral está en condiciones de definir el inicio de dos debates: “No sabemos cuál se va a hacer primero”, aseguró Fermento.

El próximo tramo de Ejército “va a ser el juicio más grande que se haya realizado en la ciudad, tiene más de 40 imputados de los cuales 13 van a ser juzgados por primera vez, hay 200 casos de víctimas que nunca pasaron por juicio, con un universo de más de 400 testigos. Va a llevar un trecho largo. La otra es la causa Triple A con cinco imputados, de los cuales solo uno está en la cárcel que es (Raúl Roberto) Aceituno, los demás están excarcelados”.

Por último, el fiscal auxiliar mencionó que “a fines de mayo la Cámara de Casación Penal dictó una sentencia por la cual confirmó los ceses de la prisión preventiva de una gran cantidad de imputados de la causa Ejército con el argumento de que al no estar fijada la fecha de juicio no hay expectativa clara de hasta cuándo iban a estar detenidos”.

La medida fue recurrida ante la Corte Suprema por la Fiscalía y acompañada con una presentación en la cual exigió al Tribunal Oral que llame a juicio: “No hay pasos procesales previos al debate, estamos en condiciones de que se realicen, las dilaciones tienen que ver con cuestiones organizativas del Poder Judicial, con la integración de los tribunales y la provisión de medios”.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

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Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

(Por Pablo Becher) A 50 años del Córdobazo (1969) y de la extensión de las rebeliones populares en distintos lugares del país (Tucumán, Corrientes, Rosario), caracterizadas por la fuerza de la insumisión obrera y popular frente al avasallamiento militar y corporativo, las consecuencias de ese fenómeno histórico implicaron el surgimiento de una nueva etapa en la lucha de la clase obrera y las masas populares. Este proceso de masificación continuó con fuerza, a pesar de los esfuerzos de las clases dominantes de neutralizar la conflictividad con las elecciones de 1973 (pensemos en las centeneras de luchas en los lugares de trabajo en ese año, la pueblada en Villa Constitución en apoyo a los obreros de la UOM o la radicalidad de la coordinadores interfabriles en 1975), aunque fue desarticulada con brutalidad por la dictadura militar[1].

Sin embargo, en un periodo posterior marcado por el asentamiento del neoliberalismo en la década de 1990, donde la subordinación de las grandes sindicales obreras (fundamentalmente la CGT) a los mandatos del gran capital concentrado y del propio Estado (garante de ese pacto) comenzaron a re-significarse con fuerza algunos de los términos y conceptos fundamentales del Cordobazo, y de las insurrecciones del movimiento obrero. Entre esos conceptos figura el clasismo, que si bien no fue una discusión propia de ese período, cobró particular importancia en los debates sobre las características del sindicalismo, de los partidos de izquierda, como así también sobre las formas de organización y conflictividad obrera hasta la actualidad.

Para empezar este breve artículo señalaremos que el concepto clasismo es un concepto polisémico que suele presentarse con una serie de cualidades específicas: autoorganización obrera, intransigencia en las demandas, antiburocrático, antipatronal, que se da a través de la democracia interna, la amplia participación de las bases, íntimamente relacionado con el sentido antagónico a la negociación y el participacionismo con el capital/Estado burgués.

Como fenómeno histórico ha sido estudiado desde diferentes perspectivas (como los trabajos de Brenna y Gordillo, 2008; Duval, 2001; James, 2005, Schneider, 2005 o Werner y Aguirre, 2009, por mencionar algunos). En un estudio reciente que enfatiza las relaciones entre memoria y construcción de los sentidos sobre el clasismo en los obreros, la historiadora Laura Ortíz (Universidad Nacional de Córdoba) expresa que existe un conjunto de operaciones realizadas para legitimar el concepto de clasismo, dando importancia a la tradición obrera, el contexto socio-histórico y la relevancia política como construcciones que atraviesan la producción significativa de la narrativa histórica[2].

En este sentido, las memorias disidentes de los actores obreros en los ´70, dirigentes o militantes de base, a través de entrevistas, encadenan una serie de definiciones, no siempre abarcativas ni ordenadas, que nos permiten ampliar el espectro de sentidos sobre el clasismo: 1)Por un lado, aquellos que comprenden el pasaje de “la clase en si, a la clase para si”, dentro del esquema marxista de lucha de clases; que se dirime en adquirir conciencia de que se pertenece a la clase trabajadora; aquí aparece la lucha ideológica o teórica; 2) Otros que entendieron que más allá de la conciencia adquirida por la teoría revolucionaria (que no siempre se conocía por los trabajadores), uno se dice clasista “cuando defiende la clase obrera”, porque “son los obreros quienes producen la riqueza y quienes más sufren el proceso”; aquí el sentido esta puesto en identificarse con la clase obrera, con la condiciones materiales de existencia; 3) Otra forma explicaba, que ser clasista implicaba hacerse respetar, buscar los más justo de las reivindicaciones, en muchos casos, más alla de la cultura revolucionaria (o de lo que se entendía como revolución) donde se presentan sentimientos de pasión por ser parte de la clase trabajadora, en la construcción de una subjetividad colectiva; 4) Por último, otra opción aplica con énfasis la lógica clasista al método de organización y lucha, apelando a la democracia popular y obrera, denunciando las practicas burocráticas corruptas, y la formación de dirigencias enquistadas en el poder, que basan su perpetuidad en la concentración de información, poder y negociación. Aquí se relaciona el método con la conformación de repertorios de conflictividad basado en la acción directa, paro activo, toma de dependencias, enfrentamientos, etc.

Estos significados hilvanados entre sí, con similitudes y diferencias, son los que subsisten hasta el día de hoy, reactualizados a las circunstancias históricas del momento. Ser clasista implica una especie de movimiento dinámico, cultural y social, que se define por su carácter procesual, relacionado con la construcción de una identidad dentro del propio recorrido de la lucha de clases. No se es clasista solo por la experiencia sindical, el sindicato puede ser “una palanca”, una escuela pero no reemplaza la organización política. Es una construcción que no solo se visibiliza en representaciones colectivas, sino en comportamientos que se materializan en la acción. En este sentido, resulta interesante la relación que establecen los obreros con sus dirigencias cuando visibilizan que son HONESTAS Y COMBATIVAS, a pesar de que no compartan una relación ideológica similar. Surgen aquí muchas preguntas: ¿Cuál es la influencia de los militantes de izquierda en la conformación de un sentido clasista dentro de un sindicato? ¿Qué relaciones se establecen entre clasismo y peronismo? ¿Pueden reducirse los sentidos del clasismo solo a los dirigentes y las conducciones sindicales?…Por otro lado y reflexionando sobre una actualidad marcada por el auge del movimiento feminista y decolonial, ¿Cómo pueden relacionarse sin privilegiar uno u otro, las relaciones de clase, de género, étnicas con el clasismo?

La dinámica de los cambios sociales y los intereses que activan y conforman a los movimientos sociales contemporáneos no ha tendido a rescatar la relación capital/trabajo como lugar preponderante de las luchas sociales. Sobre esto, ¿tiene sentido seguir discutiendo la existencia de una contradicción fundamental y principal en el análisis de las relaciones sociales? ¿dónde se enmarca el patriarcado, la cuestión étnica, la racialidad? La realidad va demostrando que una mirada multidimensional que nos permita identificar las relaciones entre las distintas formas de antagonismos nos permitirá reunir con claridad mayores elementos para comprender las formas en que asume y se presenta la dinámica social. Coincidimos en la necesidad de repensar las formas en que se desenvuelven los antagonismos y contradicciones en las relaciones y las prácticas sociales. El clasismo ha funcionado como una teoría transformadora, como una lente que nos ha permitido verificar algunas de las formas en que se desenvuelve la sociedad. La invención de nuevas formas de sociabilidad que emergen desde el eco- socialismo, la perspectiva feminista, el pensamiento solidario y autogestivo, la horizontalidad en las relaciones, la tolerancia y la participación democrática plena, el cuidado del medioambiente desde una mirada que critique la sustentabilidad, funcionan como constructos de una nueva ética emancipadora, donde se invierten y rebelan las formas predominantes de hacer y pensar, de sentir y actuar. De ahí que la propuesta anticapitalista de los movimientos sociales sea todavía un eje de transformación incipiente frente al pensamiento único y la el fatalismo desmovilizador, que puede articularse con la noción de clasismo desde un plano que supere la mirada objetivista de las clases sociales.

Para finalizar, retomamos una serie de cartas y documentos escritos de Agustín Tosco, donde aparecen expresadas lucidamente una serie de apreciaciones acerca de la relación del clasismo con la praxis cotidiana, que condensan en forma magistral una serie de cualidades y nociones sobre esta construcción teórica, puesta en debate. Para Tosco, “ser clasista se trata de sentirse parte de la clase obrera, de sus injusticias, de sus necesidades, significa tener convicciones firmes, solidarias, fraternas, sacrificadas, que aspiren a la transformación revolucionaria de la sociedad, que desestime el ascenso personal y reivindique la voluntad popular desde las bases”.

He aquí algunas de las formas de pensar y relacionar el clasismo con nuestra actualidad que nos permiten reflexionar sobre las formas de acercarnos y comprender mejor el movimiento obrero.

[1] Agradezco a Enrique Gandolfo algunas precisiones críticas sobre este artículo que me sirvieron para revisarlo.

[2] Véase en este sentido Ortiz, M. L. (2018). Identidades obreras: el clasismo y sus representaciones. Sociohistorica, 41, e048. https://doi.org/10.24215/18521606e048

Esta tarde se presentará por octava vez en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diversas organizaciones feministas.

Aleida Ríos, integrante de la Campaña local, comentó a FM De la Calle la iniciativa “no habla solo de mujeres, hablamos de otras identidades con capacidad de gestar en el marco del respeto a la identidad de género. La cobertura de la práctica tiene que ser integral y gratuita. Hablamos de las obras sociales. Los mismos objetores terminan enviando a la clandestinidad y no atendiéndolas en los consultorios públicos sino en los suyos privados y cobrándoles”.

El proyecto introduce modificaciones al Código Penal: “Por ejemplo que no se penalice a la persona que decide realizarse un aborto y tampoco se penalice a los acompañantes, sea une efector o efectora de salud, como familiares. Fue un punto reñido porque podemos decir que sacando esta penalización se llega a un punto de comprensión del deseo de interrumpir el embarazo”.

Por su parte, Nelly Minyersky, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirmó que lo que no se puede tolerar “es que se le impongan a una niña de once años, en lugar de preocuparse porque no la violen más se preocupen por que tenga ese embarazo. El Senado no es un organismo de la democracia, en 1994 cuando se reformó la Constitución no se pudo modificar. Poner en el mismo nivel a una persona corpórea y a un feto es algo contrario a toda moral”.

“Los antiderechos como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, están en contra de la democracia. Detrás de la lucha contra el aborto también aparecen aquellos que no están a favor de la Convención de los Derechos del Niño. Mi hijo es mío es decir que el chico no es sujeto de derecho. Y con las mujeres pasa lo mismo. Cuando se está en contra del aborto aparece algo más profundo que es que se está en contra de democracia”.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, queremos expresar nuestra postura en relación a las afirmaciones del Precandidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizadas el pasado domingo 26 de mayo en el Diario Tiempo Argentino donde afirmó entre otras cosas que: “la comunicación es un negocio (..) la Ley de Medios puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces, y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso (…) El error es pensar que puede una ONG tener una radio y competir con una radio que tiene una capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor. Porque entonces nosotros creamos dos radios pero hay una que concentra la atención del público. Eso es el resultado de no advertir que los medios de comunicación son negocios. En la sociedad moderna son un negocio”.

Como Asociación de Radios que nuclea a cerca de 30 emisoras FM Comunitarias en todo el país (cooperativas, escolares, de pueblos originarios, campesinas y urbanas) y a Comunicadorxs populares, rechazamos rotundamente esa mirada sobre la comunicación que tiene el Precandidato.

Afirmar que la “Comunicación es un negocio” es desconocer no sólo la postura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que afirmó que la libertad de expresión es un “Derecho humano fundamental, base de todos los demás derechos y libertades de las personas”. También es desconocer la historia y la lucha de cientos de organizaciones, quienes desde hace más de 30 años en nuestro país, sentaron las bases de la comunicación participativa y comunitaria, llegando a elaborar los principales argumentos de la internacionalmente reconocida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre de 2009.

Años de lucha y debate público le han costado al sector de medios comunitarios sentar un piso en la sociedad para entender que lxs ciudadanxs tenemos derecho a estar informadxs, a poder elegir distintas voces, a nutrirnos de miradas plurales y trabajar para que todas ellas tengan un lugar en las grillas de canales/espectro radioeléctrico.

Cuando Alberto Fernández habla de una radio comercial en detrimento de una radio comunitaria como aquella con “capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor”, omite decir que esa mayor capacidad se sustenta en el aporte del Estado (en todos sus niveles) a través de la pauta oficial y condonaciones de deudas impositivas, que representan montos mucho mayores al fomento que recibimos como sector por Ley (muchas veces demorado o subejecutado sin mayores explicaciones).

Dejar librada la “comunicación” únicamente al sector privado y empresarial es regalar la posibilidad de disputarle sentido a lxs poderosxs y a quienes definen qué, cómo, y quiénes tienen la posibilidad de acceder a expresar sus ideas y su visión del mundo al resto de la sociedad.

El espectro radioeléctrico es un espacio público, y como tal no puede ser privatizado al mejor postor y sin ningún tipo de control por parte del Estado.

Con esa mirada únicamente “comercial” de la comunicación, aquellos medios que no medimos nuestro éxito en pesos sino en derechos humanos garantizados, no deberíamos tener la posibilidad de gestionar nuestros propios medios, y por ende contribuir a la garantía de esos derechos.

La libertad de prensa no puede ser igualada a la “libertad de empresa”. Y el Derecho Humano a la Comunicación incluye la libertad de prensa pero no se acaba ahí. Implica que el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que fomenten su existencia, desarrollo y crecimiento, diferenciando que la falta de igualdad de condiciones requiere que el Estado genere acciones para su sostenimiento.

Desconocer la Historia, la labor y el paradigma sostenido por los Medios Populares y Comunitarios a lo largo de tantos años, se traduce en una amenaza al “objetivo de democratizar y universalizar el acceso a la información, entendiendo a la comunicación como un Derecho Humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado”. Creemos que tras estas palabras se esconde un guiño a sectores que, tras presiones políticas y económicas, han logrado paralizar una de las normativas más democráticas de la historia que visibiliza las banderas que sostenemos desde los medios populares y comunitarios de comunicación de todo el país.

Deseamos que el Precandidato a Presidente pueda reflexionar sobre sus afirmaciones, escuchar a lxs comunicadorx populares que tienen amplia experiencia y a quienes desde hace más de 30 años sostenemos una comunicación garantizando el Derecho Humano a la Libertad de expresión de los pueblos.

Quienes somos parte de AMARC Argentina no sólo sostenemos medios de comunicación sin fines de lucro de manera ininterrumpida y a pesar de los diferentes contextos políticos sino que investigamos, formamos nuevos medios y nos capacitamos para que la sociedad en la que nos desarrollamos incorpore y haga propia a la Comunicación como un derecho humano y no como un negocio.

SIN MEDIOS COMUNITARIOS, NO HAY DEMOCRACIA

AMARC ARGENTINA

El presidente y gerente general de Camin Cargo fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso por el homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Sin embargo, Marcelo Camin continuará en libertad.

El fiscal Gustavo Zorzano y el abogado querellante Hugo Fernández coincidieron al solicitar para el imputado cinco años de cárcel y en caso que la pena fuese menor sea de cumplimiento efectivo.

“Estoy convencido que si hay algo a lo que no debemos sumarnos los jueces es a la deriva punitivista, a la criminología mediática, a la demagogia punitiva, tan extendidas como discurso único del autoritarismo penal y que replica en un amplio sector de la prensa y de los cuadros políticos”, afirmó en su fallo José Luis Ares.

Agregó que “por el contrario, debemos actuar como muros de contención a fin de que el poder punitivo no se desborde en forma irrazonable e inequitativa hacia posiciones de un derecho penal del enemigo y preservando la dignidad de la persona humana”.

El titular del Juzgado Correccional Nº1 rechazó la pena máxima de cinco años reclamada por los acusadores al entender que “no han brindado razones valederas para fundar su petición de que el imputado, quien no cuenta con antecedentes penales y a quien se le atribuye un delito imprudente, no doloso, deba efectivamente ingresar a la cárcel”.

“A nuestras cárceles, hacinadas y con carencias elementales que ha llevado a que Alemania no concediera una extradición solicitada por la República Argentina (…). Al punto que, sin contar el problema de presos en comisarías, a junio de 2018 la capacidad carcelaria en la provincia era de 28.810 plazas y la población era de 42.064 personas y el aumento anual de la población carcelaria promedia las cuatro mil personas”.

Ares destacó que “en casos excepcionales corresponderá, en delitos imprudentes, aplicar penas de prisión efectiva pero por lo ya expuesto, considero que no corresponde ello en el presente caso dado que no acogí varias de las circunstancias que el Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados indicaron como agravantes, sin que la muy lamentable muerte de un joven trabajador nos nuble la razón”.

(Por Nacho Urruspuru) En la entrevista en vivo por la 87.9 para “El Despertar de la Calle”, el periodista y escritor Patricio Eleisegui, quien acaba de publicar su libro “AgroTóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” se refirió a las consecuencias del modelo agroindustrial actual.

Consultado respecto al volumen de Glifosato utilizado en nuestro país, el periodista afirmó que “hoy en la Argentina tenemos un uso alrededor de los 200 millones de litros anuales cuando a principios de la década del 90 se usaba 1 millón de litros por año. Esto implica un impacto ambiental indiscutible, no se puede tirar semejante cantidad de producto sin que haya un efecto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los argentinos”.

En este sentido, Eleisegui afirmó que en comparación con Estados Unidos (el principal productor de agrotóxicos a nivel mundial), Argentina utiliza el doble de litros por hectárea y que este número está en ascenso ya que en nuestra región, las malezas que compiten con los cultivos han desarrollado inmunidad a estos productos y por lo tanto requieren de mayores concentraciones de químicos.

“Hoy por hoy encontramos plaguicidas en el agua de las lluvias, en las partículas de polvo, en los ríos”.

Mediante un estudio de la Universidad de La Plata se descubrió que hay rastros de Glifosato presentes en la totalidad de productos higiénicos como el algodón, vendas, cotonetes, toallitas femeninas, tampones. Además, según el SENASA se han detectado la presencia de plaguicidas en el 70% de todas las frutas y verduras que se encuentran a la venta en los Mercados Centrales de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata.

Tenemos más de 800 trabajos independientes que verifican que el Glifosato tiene una afectación directa sobre la salud humana y sobre los ecosistemas en general. Hay que pensar que estas compañías tienen un poder financiero y económico enorme y un equipo de científicos que están abocados a generar bibliografía que dice que está muy bien comercializar estos venenos. La resistencia y la evidencia concreta, lo que se llama en Argentina ‘la ciencia digna’, está hecha por estudios independientes de científicos que dedican su tiempo y sus propios recursos para dar a conocer esto que el poder del lobby oculta”.

“Nosotros ponemos en discusión la bibliografía que generan estas compañías que afirma que hacen falta alimentos, que no se llega con los rindes y que por eso debemos usar transgénicos. La verdad que eso no está ocurriendo, sino que lo que tenemos es un enorme problema de distribución de los alimentos. Diversos estudios de la FAO han demostrado que en la Argentina aproximadamente el 50% de las verduras, frutas y verduras se desperdician”.

Al respecto, el periodista comentó que según surge del relevamiento que el propio Ministerio de Agroindustria posee, estos altísimos niveles de desperdicio de alimentos se genera en la misma cadena de producción, es decir, que las propias empresas que dicen que necesitamos de sus paquetes tecnológicos si queremos alimentar a la población mundial, son las mismas que por ineficiencia en la misma cadena están desperdiciando la mitad de los alimentos.

Eleisegui deja ver que el modelo actual de producción de agro alimentos, tiene varias facetas perjudiciales. Por un lado, el problema de accesibilidad a los alimentos por parte de mucha gente, por otro lado, la erradicación del pequeño productor, ya que estos “paquetes tecnológicos” de semillas modificadas y agroquímicos es muy cara. Por último, las consecuencias en el ambiente y en la salud.

Si hacemos un mapeo, según la actividad agrícola que se desarrolla en cada lugar vamos a encontrar una dolencia vinculada específicamente al tipo de producto que se está utilizando. No por nada toda la zona pampeana, que es la zona de la soja (provincias de Buenos Aires, más sur Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba), es la que tiene los indicadores más altos de cáncer; si nos vamos a la zona del Norte (Misiones), encontramos un nivel muy alto de abortos espontáneos y malformaciones ligadas los insecticidas utilizados en la industria del algodón, tabaco y té”.

Frente a aquellos discursos que plantean la necesidad de extender la Frontera Agropecuaria e insisten en que la humanidad necesitará cada vez más alimentos, y por ende necesitará del desarrollo de la biotecnología y la industria agroquímica, Eleisegui sostiene que “condenar este tipo de prácticas no implica ir en contra de la actividad agrícola. Hay alternativas: está la agroecología, que trabaja sin venenos y sin semillas transgénicas”.

Este último modelo de producción está aportando los mismos rindes que los cultivos tradicionalmente tratados con venenos.

¿Es viable incrementar el gasto público para salir de la recesión? ¿Qué condiciones tiene Argentina para poder hacerlo? ¿Es posible implementar un modelo similar al portugués? ¿Cuál es el costo social?

Agostina Costantino, economista y columnista de En Eso Estamos, pone en debate el modelo económico aplicado por Portugal para afrontar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, al cual algunos sectores de la oposición sugieren como la solución a la crisis de nuestro país.

“Portugal está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de izquierda que logró reactivar la economía después de la fuerte crisis que venía atravesando el país desde 2008 y 2009. A través del aumento en gasto público -aun teniendo una deuda con la troika, que son el Banco Europeo, la Comunidad Europea y el FMI- logró salir de la recesión aplicando políticas contrarias a las que se aplican en Argentina y que son también las aplicadas en Grecia, que es el espejo contrario“.

¿Qué posibilidades tiene Argentina de ejecutar un programa similar?

Punto número 1: la previa

“No es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Los gobiernos anteriores a Costas, el actual presidente, subieron la cuota de IVA, privatizaron todo lo que podían, recortaron salarios un 14% a través de la suspensión del pago de aguinaldos, congelaron el salario mínimo, impusieron una reforma laboral que redujo las indemnizaciones y facilitó los despidos, redujo pagos por horas extras, recortó el tiempo de pago del subsidio de desempleo y limitó la negociación colectiva. El abaratamiento de mano de obra que produjo estas medias y la facilitación de las inversiones a través de una serie de procesos de privatizaciones, sentaron las bases para que a partir de 2015 pudieran aumentar el gasto público”.

“En el caso de Argentina no quedan muchos bienes para privatizar, queda el último gran bastión que es el Banco Nación que se viene demandando desde algunos años por parte de organismos internacionales. Y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales cayeron, no lo hicieron en la medida en que la burguesía y el FMI están demandando. Aún no lograron pasar las grandes reformas estructurales que son la laboral y la jubilatoria. Todo esto hace falta para emular el caso portugués”.

Punto número 2: el turismo colaboró

“De la mano del aumento del gasto público, beneficiados por la ola de atentados que se produjeron en países europeos y las revueltas de los países del norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. De hecho, la facturación del sector turístico representaba el 10% del PBI. En Argentina, en el caso del sector agrícola ganadero representa el 7% del  PBI. La fuerte entrada de divisas por el concepto de turismo permitió ir saldando las deudas sin aumentar el gasto público. Además, algo muy importante es que ellos recaudan impuestos en la misma moneda de la que están endeudados, que es lo opuesto a lo que pasa en Argentina, eso se llama descalce de moneda”.

¿Qué pasa en Argentina?

“En el caso de Argentina es claro que un sector exportador debería apoyarlo porque las políticas de aumento en el gasto público tienen que permitir seguir pagando la deuda con el FMI. En Argentina, dadas las condiciones, ese sector es el agrícola o el agroindustral, si la salida portuguesa se plantea como la salida progresista, ¿va a ser apoyada por la burguesía agraria? Acá es donde está la principal contradicción que muchos no quieren mostrar, no dicen qué condiciones fueron necesarias: primero fue una política de shock, de recortes brutal, y después el apoyo de un sector exportador que en Argentina no queda claro cuál sería”.

“Y, por último,  en qué medida ese sector estaría interesado en políticas progresistas si tampoco depende del mercado interno para sus ganancias, en qué medida se vería beneficiado”.

¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.

El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.

Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.

Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.

Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.

“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.

Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.

Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.

Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.

El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Por Ruta 3, a casi cuatro horas de Bahía Blanca, se ubican Barker y Villa Cacique. En ambas localidades viven unas cuatro mil personas que dependen de la cementera Loma Negra, la cual amenaza con despedir a 265 de sus 330 empleados.

“Esto que nos vienen a proponer como alternativa es un suicidio, lo que le decimos a Loma Negra es que venga y nos mate, que nos asesinen ellos, que nos manden los telegramas”, comentó Martín Isasmendi, secretario general del gremio de trabajadores mineros (AOMA).

Las comunidades nacieron junto con la fabrica a principios de la década del 50. “Dependemos cien por ciento de la cementera, toda la actividad económica de nuestro pueblo, docentes, todo el comercio local”.

“En el 2001 sufrimos el cierre de la empresa y se transformó en un pueblo fantasma, hubo jubilados y algunos vecinos que resistieron e hicieron grupos de trabajo en busca de alternativas laborales para los que habían quedado acá”, comentó Isasmendi.

“La empresa lo que dice es que Barker es improductiva, que la tecnología es vieja. Pero están en valores muy buenos de despacho de cemento. Va a estar cerca de las 12 millones de toneladas en este año”.

El dirigente explicó que “toman esta decisión porque están construyendo en Olavarría una fábrica nueva, esa inversión va a hacer desastres, la venden como una buena noticia pero esa empresa va a destruir otros lugares. Le hemos hecho millones de propuestas, para mejorar costos, logística y no aceptan nada. Desde la Secretaria de Trabajo lo que nos dicen es una decisión empresaria”.

En Benito Juárez funciona toda la cadena del cemento: “Desde la cantera hasta que la embolsamos y se va en los camiones. Y a su vez tenemos este otro producto que se llama filler, es piedra sacada de la cantera y no tiene valor agregado. Eso se va a Cañuelas, mezclan el filler con un cemento de Olavarría y una escoria de Ramallo, lo juntan y después lo embolsan”.

“Es peor dejar 50 empleados que cerrar. Agotan el recurso mineral porque se lo llevan en tren sin valor agregado. Que la vendan, que se vayan si no le servimos pero que dejen el recurso natural para que el que venga a explotarlo garantice los puestos de trabajo. Si quedamos con el filler van a agotar el recurso natural y el día que se termine no queda nada acá”, finalizó Isasmendi

 

La Conadu Histórica destacó la incorporación de la cláusula gatillo a la negociación salarial pero rechazó la última oferta del gobierno por “insuficiente e inaceptable”.

“En un escenario donde la inflación se cuenta día a día es imposible pensar que vamos a quedar empatados en diciembre, a cobrar en enero”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ADUNS, Sergio Zaninelli.

En la tercera reunión paritaria, la Secretaría de Políticas Universitarias mantuvo la propuesta de un 15% de incremento en tres cuotas -5% en junio, 5% en agosto y 5% en octubre- y sumó la revisión automática: una en diciembre a cobrar en enero de 2020 y otra en febrero a cobrar.

Para el gremio la oferta “es muy extendida en el tiempo y no contempla ningún incremento salarial hasta julio de este año. Este proceso sigue afectando el poder adquisitivo de nuestros salarios, desfinanciando nuestras obras sociales y sin ningún incremento a los jubilados. En los hechos, esta oferta supone una nueva reducción salarial en un escenario de altos índices de inflación”.

La negociación continuará el próximo miércoles. En tanto, la Conadu Histórica definirá este viernes la continuidad del plan de lucha.

Sostuvo el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien descalificó el reconocimiento que la Dirección de Asociaciones Sindicales otorgó al dirigente Roberto Peidró. “Hubo elecciones el 28 de junio del año pasado y el sector de Peidró y Godoy no se presentó. Impugnaron las elecciones 45 días después y está en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La cámara no se ha expresado”.

La resolución es totalmente irregular y subjetiva. Deja lugar a sospechas. le da una certificación de autoridades por 90 días. Que es el plazo en el que se tiene que expedir la justicia”.

A nosotros como CTA nos han hecho mil cosas. Es típico de este gobierno que la va de democrático y es antidemocrático. Nos han ilegalizado, sacado del Consejo del Salario. La verdad nos tiene sin cuidado que un funcionario del gobierno de Macri dicte una resolución apócrifa”.

La resolución fue apelada durante la tarde de ayer a través de cartas documentos y recursos de amparo.

La CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego se movilizó esta mañana junto a sindicatos y agrupaciones culturales, estudiantiles, sociales y políticas en el marco del paro nacional.

La columna partió desde Colón y Vieytes y pasó por la sede del Rectorado de la UNS, la ANSES y el PAMI. “No al FMI, Basta de ajuste y La deuda es con el pueblo” fueron las consignas centrales de la protesta.

“No se trata de la agrupación o de la central sindical en la que estemos agrupados, es la unidad de la clase la que nos da fuerza para enfrentar esta política económica que favorece a unos pocos”, dijo frente a la sede de la obra social de las y los jubilados el dirigente Enrique Gandolfo.

Afirmó que “la grieta no la vemos en términos de política partidaria, la entendemos entre las y los de abajo y entre los grandes grupos económicos, como hoy las petroleras que con el aumento de las naftas se benefician con otra millonada que va a engrosar sus bolsillos”.

“Les preguntaría, por ejemplo, a los compañeros y las compañeras empleadas de comercio si no sienten y no les pasan las mismas cosas que a nosotros. Una cosa son las dirigencias sindicales que viven a costa de sus propias prebendas y privilegios y otra los y las compañeras que laburan en cada lugar y saben lo que significan nuestros padecimientos”

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo ayer a FM De la Calle que “estamos frente a una situación límite en términos de destrucción de los empleos, aumento de la desocupación y la pobreza”.

“Una Argentina agobiada, con tasas de interés que los pequeños comerciantes y productores no pueden enfrentar, con precios que todos los días siguen en alza, con una inflación que no la para nadie. Es el único país del mundo que mezcla picos de inflación con picos de recesión. No se aguanta más”, agregó.

En la ciudad el paro incluyó protestas en los accesos por parte de integrantes del Sindicato de Camioneros.