El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

MMM2014-1-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

cannabis-5-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

Liliana Díaz, de 29 años, fue asesinada ayer en Coronel Dorrego. El femicida sería su ex pareja Marcelo Fabián Camarero, de 48,  quien se presentó a medianoche en la comisaría junto a su representante legal y quedó detenido. La víctima fue encontrada sin vida dentro de un automóvil.

Según los medios del lugar, Liliana cursaba la carrera de Educación Física en la Escuela Secundaria Nº2 y habría sido atacada en un playón de estacionamiento ubicado enfrente. Luego, Camarero habría llevado el auto hasta una cochera de calle Yrigoyen, entre Lequeric y Santagada donde lo encontró la policía. La mujer era bombera voluntaria y residía en El Perdido.

“Hay algo que se fue de las manos evidentemente, pensar en nuestro pueblo, de 2008 hasta acá son muchos los casos que se van sucediendo, tratás de ver cuál es el punto en común y el único es el ser mujer”, dijo a FM De la Calle Eliset Nomdedeu, integrante del programa feminista “Y que los platos los lave otro” y enumeró: “Katherine Moscoso, Verónica Vaca hace unos años, Marcela García, el caso de Rocío secuestrada y violada, son muchos”.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Dorrego informó: “Un sujeto de sexo masculino se encuentra aprehendido imputado de Femicidio (art. 80 inc. 11 del Codigo Penal) Se trata de Marcelo Fabián Camarero, DNI 18377613, quien cerca de las 21 de ayer, le habría quitado la vida a Liliana Díaz, su ex pareja, mediante disparo de un arma de fuego calibre 9 mm.. El hecho acaeció en el interior del vehículo del aprehendido, Peugeot 308., se procura determinar lugar exacto. Interviene UFIJ 5 temática de homicidios subrogada por Mauricio Del Cero. Colabora esta Ayudantía Fiscal. Están en curso medidas probatorias fundamentales. Ampliaremos”.

Según pudo constatar FM De la Calle, el viernes 16 de enero de 2015 el Boletín Oficial dio cuenta de la solicitud para la tenencia y portación de una pistola 9mm. por parte del femicida “a efectos de que cualquier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, puedan oponerse”.

camarero boletin efemedelacalle“Estamos despertando, yo me enteré anoche a pocas horas que había pasado y es como que uno no alcanza a acomodar la cabeza, hace una semana estuvo la marcha y ya vino mucha menos gente que otros años, pasas por distintos ciclos, el hartazgo, la bronca, preguntarte qué hay que hacer o qué falta”, afirmó Nomdedeu.

Agregó que es “una mujer más, de tanto años, y el tema de cómo lo tratan los medios, era ‘su autor’, el uso de los eufemismos para no decir el asesino y enfatizando que no se quiso fugar, que ya es un justificativo del homicidio”, opinó.

ana ines femicidio

El #NiUnaMenos en Dorrego

Video: Pablo Rodríguez.

(Por Francisco J Cantamutto) Reunidos para resistir el ajuste, se propuso la constitución de una coordinadora multisectorial.

Ante el escenario abierto por el tarifazo y otras medidas de ajuste social, FACTA y otras organizaciones llamaron a una reunión el día lunes en el hotel BAUEN para debatir la situación y posibles acciones. La lista de oradores fue abierta, y el micrófono pasó de mano en mano, donde se presentaron y explicaron su situación muchas organizaciones muy diversas. Había clubes de barrio, empresas recuperadas, cooperativas, sindicatos, jubilados, PyMEs, trabajadores informales, gestores culturales, entre otros. Algunos partidos políticos se hicieron presentes para acompañar, pero no lideraron la reunión.

El clima general de la reunión fue de mucha bronca por las políticas del gobierno nacional, sin ninguna respuesta para los sectores populares y laburantes. La caracterización que se hizo del proyecto del gobierno nacional fue que éste intenta realizar un feroz ajuste, aún si esto implica dejar fuera y sin contención a la mayoría de la clase trabajadora. El aumento de tarifas y de combustibles, la apertura a las importaciones, la devaluación fueron las políticas más criticadas, como parte de un programa más general de ajuste. Ante esto, el gobierno es muy astuto dividiendo a los afectados, dando algún subsidio o contención pero por separado y con muchas limitaciones. Por ejemplo, los clubes de barrio criticaron la devolución del 40% del aumento, porque sólo era para el gas, dejando fuera los demás servicios, y aún así implicaba un aumento del 150-200% sobre lo que pagaban antes. La respuesta que parece venir es puramente represiva.

El objetivo del gobierno, hubo acuerdo, es crear recesión y desempleo, de manera de bajar los salarios. Representantes de cooperativas y PyMEs señalaron que no había que ponerse a competir “entre pobres”, que el problema era el capital concentrado. Con desempleo y salarios bajos, ponen contra las cuerdas a todos los sectores populares. Se añadió además, desde el Programa Facultad Abierta, que las Empresas Recuperadas eran atacadas por vía económica, judicial y política, justamente porque mostraban una alternativa para los y las laburantes ante estas crisis: tomar las herramientas y ponerlas a trabajar. No se están atiendo sus pedidos, se vetan los proyectos que éstas promueven y llegan con inspecciones imposibles de cumplir. Desde la recuperada Por Más Tiempo señalaron que tenemos que recuperar nuestra herramienta principal de trabajo, que es la palabra.

Los dirigentes de clubes de barrio señalaron que su realidad es semejante, y que de obligarlos a cerrar, implicaría que miles de pibes pierden el lugar de contención. Representantes de la cultura explicaron que el gobierno ya venía complicando la gestión independiente en la ciudad de Buenos Aires, cerrando espacios y centros culturales. El tarifazo pone en riesgo de cierre a estos espacios.

Según se señaló en la reunión, los pedidos de tarifas “sociales” no son una alternativa real, pues son parciales (todas implican aumento), llenas de trámites y que provocan división. Hubo un acuerdo muy general  en la necesidad de ganar la calle, y se señaló que eso ya se está haciendo, pero por separado. Esta semana protestan en la Capital los clubes de barrio (martes), recuperadas (jueves) y consumidores y usuarios (viernes).

Por esto se remarcó la necesidad de empezar a confluir entre todos los sectores afectados. La consigna fue unidad en la acción, es decir, actuar conjuntamente en lo que hay de acuerdo, con independencia de que luego cada sector tenga sus particularidades. Lograr la mayor unidad posible con acciones concretas. Confluir en todo lo que se pueda, y golpear a la vez. Se habló de conformar una Multisectorial, con mesas específicas de trabajo. Se señaló la necesidad de hacer esto de manera Federal, recuperando la experiencia de 2000-2001.

Se comenzaron a intercambiar experiencias de protesta y acciones para resistir. Por ejemplo, la presentación de medidas cautelares y amparos ante el ajuste, promover una ley de emergencia laboral y PyME, bocinazos, veredazos, entre otras. Se insistió en hablar con los y las vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, para convocar de manera amplia. Todas las acciones sirven, pero quedó claro que era necesario impulsarlo en las calles y en unidad.

Por todo lo anterior, las reuniones van a seguir, buscando unidad, comunicación y coordinación. El próximo lunes 13 es la próxima cita, en el mismo lugar.

Entre otras organizaciones, se presentaron en la reunión: FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTA, FECOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo), representantes de clubes de barrio, CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), FECACYA (Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines), Sindicato de Obreros Curtidores, Federación Gráfica Bonaerense, Confederación Nacional de Jubilados, APYME, CGE (Confederación General de Empresas), Fedecámaras, Central de Trabajadores Informales, Comerciantes contra el Tarifazo, Alerta PYME, Programa Facultad Abierta de la UBA, Instituto Scalabrini Ortiz, Cultura Unida, Unión de Usuarios y Consumidores.

El  lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

1969323_850202271677011_6882888788721100430_nFernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:


Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

12.Elsa-Bruzzone“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

gayLa integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

(Por Francisco J Cantamutto) El enorme malestar social que crea el plan de ajuste provoca discusiones dentro del gobierno. Los problemas políticos del ajuste económico.

El gobierno de Cambiemos tiene disputas internas, que se han hecho conocer –otra vez- como de “halcones y palomas”. La metáfora es mala porque aquí no hay relación predatoria entre ambos tipos de aves ni dietas disímiles; se refiere apenas a los diferentes estilos para aplicar un mismo programa económico. Por un lado, están quienes pretenden un ajuste más brutal, profundo y veloz, en clave de shock. Por otro lado, están los que creen que es mejor dosificar la administración de políticas, permitiendo ajustes graduales. No son posiciones siempre fijas, porque se cruzan perspectivas ideológicas, vínculos con diferentes sectores empresariales y lecturas del proceso político. Créase o no, la pelea la vendrían ganando los gradualistas.

Por ejemplo, el primer debate en este sentido se dio en torno a la devaluación de diciembre. En ese caso, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el coordinador del equipo económico Gustavo Lopetegui creían necesario ir con calma, mientras que el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger creían necesario liberar totalmente el tipo de cambio. El riesgo percibido por los primeros era el riesgo de un exceso de devaluación (que el dólar llegara a $20, por ejemplo), mientras que los segundos creían que era una buena señal de libertad al mercado. Si bien al inicio primó esta última visión, la segunda devaluación en febrero obligó a intervenir en el mercado para contener la estampida.

En el mes pasado trascendieron nuevos chispazos, en relación al control de la inflación y el nivel de las tasas de interés. Prat Gay habría criticado que las tasas de referencia –como las LEBAC, al 37,5% anual- estaban demasiado altas, y esto bloqueaba la inversión. Esto llevaría a una parálisis de la actividad. Sturzenegger, por su parte, criticó que su par no era lo suficientemente veloz en la tarea de reducir el déficit fiscal, lo que lo obligaba a emitir pesos y buscar formas de licuar esa emisión. Esto llevaría a dificultades para reducir la inflación. Esta discusión, sin embargo, se dio en el marco de un diálogo fluido –facilitado por el viceministro Pedro Lacoste- y objetivos de política compartidos. Reducir la inflación –aún a costa de recesión-, generar clima de inversiones, y luego recién reactivar la economía. Por eso ambos ponían las fichas en el segundo semestre, ahora trasladado al 2017.

Más radicales se presentan otros sectores del propio gobierno (Carlos Melconian, presidente del Banco Nación) y sectores afines (como Daniel Artana, de FIEL, o Dante Sica, de la consultora ABECEB) que insisten con que la frecuencia semanal de malas noticias genera malestar, y la “sensación” de que no hay buenas perspectivas. Esto atentaría contra el “clima de inversiones”, posponiendo las decisiones que permitirían a la economía salir del actual trance. Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor relevado por la Universidad Di Tella muestra caídas mes a mes, lo que implica menor demanda y, por ello, demora decisiones de inversión.

Esta obsesión con la inversión no es trivial, pues se supone que es el objetivo ulterior de la política de estabilización y ajuste, presentado como lucha contra la inflación y la “herencia” kirchnerista. Según el razonamiento del gobierno, con cuentas fiscales balanceadas, menores tasas de inflación y un clima de previsibilidad, las inversiones llegarán y reactivarán la economía. Prat Gay comenzó su tarea, con los despidos en el Estado y el arreglo con los buitres, la tarea recae ahora en otros funcionarios. Concretamente, les tocaría la posta a la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera, encargados de atraer la inversión extranjera. El 23 de marzo pasado, en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense se anunció –por tercera vez- una Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, de gestión compartida por estos funcionarios. Pretenderían transformar al ente mixto (público-privado) Fundación Exportar, para que promueva conjuntamente exportaciones e inversiones. Hasta ahora los resultados concretos son esquivos: no hay prácticamente nada que anunciar respecto a inversiones.

Cabrera es además acusado de no ofrecer ninguna contención a las PyMEs, actualmente en pie de guerra por el tarifazo y la apertura de importaciones. Pero aquí es donde el límite no es personal, sino de la fuerza política. El sentido general de las reformas neoliberales fue claro desde sus inicios: privilegiar la estructura de poder definida en el mercado y sostenida por el Estado para la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Eso significa que el Estado pone toda su estructura al servicio de los sectores más concentrados del capital, no se achica ni minimiza, sino que modifica su accionar. Tampoco significa que el empresariado concentrado tenga acuerdos plenos respecto de todo un programa, sino apenas de su sentido general contra las clases populares –y fracciones más débiles del propio capital. Esto explica que incluso en el marco de las reformas estructurales de la última dictadura en el país o durante la Convertibilidad se dieran disputas al interior del bloque en el poder, con personeros políticos representando fracciones de capitalistas.

Ya a fines del siglo XX, a la luz del enorme descontento social de las reformas, dentro de la propia ortodoxia mundial comenzaron a plantearse cuál era el problema. El supuesto, claro, es que las reformas neoliberales son beneficiosas y sobre esto no hay discusión. Un documento muy circulado del Banco Interamericano de Desarrollo –una de las instituciones de crédito responsables de presionar por las reformas- presentaba ya en el 2000 lo que veían como problema: la duración total y secuencia de aplicación de las mismas. Este debate lo había planteado casi una década antes la pretendida heterodoxia del mainstream, que coincidía con el sentido general de liberalización y apertura, pero que, a diferencia de sus pares más tecnócratas, tomaba en consideración los problemas políticos (por ejemplo, leer aquí un conocido texto de 1992 de Dani Rodrik). Esta variante que ganó espacio con el estallido de la crisis mundial en 2008: economistas igualmente neoliberales, pero con consideraciones políticas (como Stiglitz o Krugman). ¿Cuál es el debate? Cuán rápido y profundo tomar las mismas medidas, de manera de evitar alianzas sociales y políticas que las resistan.

Es por eso que el propio Prat Gay dijo, ese mismo 23 de marzo pero en la Sociedad Rural, que eligieron “el camino del gradualismo porque es el único posible”. Un ajuste más acelerado no sólo foguearía la resistencia en las calles, sino que impediría el juego de alianzas en el Congreso y las provincias, que tan bien llevan adelante otros gradualistas como Frigerio y Pinedo. El problema de esta estrategia es el malestar permanente por las medidas contrarias a los intereses populares: ¿hasta cuándo podrán sostener el discurso de la “herencia K”?

No hay que confundirse, por dosis o por shock, todos en el gobierno quieren aplicar el mismo veneno.

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

desbandadas efemedelacalle

(Por Alfredo Grande) Varias veces he insistido en la extrema disociación entre democracia y estado benefactor. O sea: el terrorismo de estado anula la democracia, aún la más superficial. Pero la democracia no anula todas las formas de estado terrorista. Creo que es necesario definir el concepto de Terror. León Rozitchner escribió mucho sobre como el terror construye subjetividad. He tomado mucho de sus ideas e intento amplificarlas en lo que he bautizado como “psicoanálisis implicado”.

Mi primer libro publicado por la Agencia de noticias Pelota de Trapo se llama: “Crónicas de Trapo desde el psicoanálisis implicado”. Lo he definido como un “analizador del fundamento represor de la cultura”. La cultura represora tiene su máxima expresión en el terrorismo de estado, pero tiene múltiples expresiones en las democracias superficiales. Desde la masacre de Budge hasta los tarifazos.

Sobran los ejemplos y no hay organismo de derechos humanos que no haya denunciado y combatido estas formas del fascismo camuflado. Democracia o dictadura es una fórmula encubridora. Puede haber democracia y dictadura. Después de todo, hasta un asesino serial puede ser tierno con su familia. Pero creo que los globos de la democracia han impactado demasiado como un bien en sí mismo. Es decir: a un dispositivo lo hemos clonado en un valor. Y la democracia no es un valor. No es el bien y mucho el menos malo. El posibilismo, la resignación, el minimalismo fundamentalista de los demócratas, los meritócratas, los burócratas, tiene como uno de sus orígenes la idealización del voto y la entelequia de la voluntad y el poder popular.

“En la cultura represora
siempre el remedio
es peor que la enfermedad.”
(Aforismo implicado A. G.)

Para ilustrar: desde la conadep, el juicio a las juntas, los juicios de lesa humanidad lo que está en el banquillo de los acusados son personas. O sea: conductas concretas tipificadas como delitos. Menos el de genocidio. Creo que la única excepción es un fallo no fallado del juez Rozanski. Lo que nunca se juzgó políticamente es a las fuerzas armadas para asesinar. Si los bancos salieron airosos de todas las crisis, las fuerzas armadas, como institución, también.

Se han abierto delivery del ejército, marina y aeronáutica. Gendarmería, policías municipales, barras bravas, las “batatas” del sindicalismo ocre, etc. El monopolio de la fuerza pública tiene muchas sucursales, pero la casa central sigue siendo el Estado Represor y Democrático. Como éramos pocos, parió la abuela fascista. El decreto 721/2016 publicado en el boletín oficial por el gobierno nacional deroga el decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín que determinaba un control civil sobre las Fuerzas Armadas para la democracia. Control relativo pero control.

Gradualmente, o de golpe, las fuerzas armadas volverán a ser el brutal ejército de ocupación que, desde Roca al menos, siempre fueron. Y serán. Pronto le pedirán perdón por los juicios de lesa humanidad. Y habrá una estatua a Videla. Ya empezó Prat Gay pidiendo perdón por el sufrimiento de los capitales españoles. No sabía que los capitales sufren. Ese perdón es una forma nada larvada de traición a nuestra patria. Es el mismo espíritu que ordenó amputar nada menos que nuestro himno nacional.

Para mayor penuria, el abrazo de Hebe de Bonafini con el General Milani anticiparon estos males. Hebe, la gran luchadora contra la dictadura militar, indultó a las Fuerzas Armadas al abrazarse con su jefe mayor. La agrupación HIJOS de La Plata fue duramente cuestionada al quemar dos muñecos que simbolizaban ese abrazo siniestro. Hasta remover esa yerba mala de nuestra democracia, mucha sangre será nuevamente derramada. Ya lo está siendo porque desocupación, tarifazos, inflación, amenazas laborales, es anticipar la muerte. Es la muerte en vida. Mantengo una profunda convicción: a las fuerzas armadas el pueblo no las abraza.

Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

niunamenos

(Por Francisco Tavaglione) La violencia de género es la cosa más instituida y quizá una de las más arraigadas y antiguas de nuestra cultura. Ya en la biblia, en la que todavía se basan muchos valores actuales, la mujer es concebida como inferior al varón, condenada por haber comido de la manzana a parir con dolor y a someterse al hombre (Genesis. 3; 16-17), y a él, por haberla escuchado a ella, lo condena a tantos sufrimientos más.

El paso del tiempo conoció a muchas revolucionarias, pero casi todas las obras de aquellas libertadoras fueron absorbidas por el contexto, tras lo que sus grandes cambios, fueron asimilados por la moral, el machismo y las “buenas costumbres” patriarcales  (no todas, claro está, y por suerte).

En consecuencia, entre diez mil y dos mil años después de que empezara a forjarse nuestra cultura, la mujer sigue ocupando un mismo lugar en la estructura social, a pesar de todas las luchas y los movimientos que hombres y mujeres ponemos en acción para cambiar esta situación. Aunque hoy la sociedad (aparentemente) intenta tomar conciencia de la injusticia en que tuvo relegada a la mujer, sin embargo el resabio sigue presente en nuestra cultura, y se deja ver en todas las opiniones de aquellos que justifican un feminicidio, en base a las actividades o los gustos de la víctima. Sigue presente en los medios de comunicación, en todos aquellos periodistas aberrantes y blasfemos que ante un asesinato, preguntan a los familiares si tenía novio, si aquel día se había ido enojada, o si se drogaba.

Ante esta situación, me llama muchísimo la atención dos cosas.

En primer lugar, el hecho de que se le dé más importancia, y más vuelta, y más trascendencia, a cómo iba vestida, qué costumbres tenía, de dónde y hacia dónde iba, etc., que el hecho mismo de que la hayan secuestrado, violado y torturado. Es como si la sociedad dijera: que la maten no es lo curioso, eso pasó siempre, lo curioso es lo que ella estaba haciendo antes –para que- la maten.

Eso da asco, y asco deberían sentir los periodistas, y los medios de comunicación que transmiten esos valores, porque todos lo sabemos, la pantalla genera cultura, y los valores que transmiten son, precisamente, los mismos que respiramos hace diez mil años con respecto a la mujer. En este sentido, los medios se oponen a una evolución, a un cambio de perspectiva, perpetuando los valores de antaño que casi nadie se hace cargo de todavía sostener.

En segundo lugar me llama la atención que la prensa, sabiéndose que es una industria de opinión, costumbres, tendencias y cultura, sin embargo siga transmitiendo los feminicidios como si se tratara de un apasionante e intrigante caso de Sherlock Holmes o su maestro Dupín. Periodistas ávidos por resolver el misterio, aparentan estar investigando a fondo el caso; reconstruyen con imágenes y escenas virtuales la escena del crimen, y de ser posible lo relacionan con asesinatos anteriores que en su momento despertaron la atención de la gente –entiéndase: dieron rating-. Entonces, ¿cómo puede ser, que sabiendo que la prensa produce tendencias, sigan profesando con tanto gusto, con tanto agrado, un asesinato, un secuestro, una violación?  ¿No constituye el machacar y machacar un feminicidio, una legitimación del crimen? No es la noticia en sí lo que legitima el feminicidio, es el modo en que lo hacen, siempre igual, siempre dándole importancia a los mismos puntos: tras un asesinato, se busca una responsabilidad en la víctima. Si todos aceptamos la corrupción y esta circula en la tele con mayor comodidad que la justicia –y esto no es casualidad: es, precisamente, una movida política para legitimar la corrupción-, ¿por qué no sucedería lo mismo con los feminicidios? Si los suicidios no se transmiten porque genera “imitación”, ¿cómo es posible que no rija la misma prohibición para los feminicidios?

Implícitamente la televisión nos pone en contra de la mujer. Nos dice que la mataron, pero lleva nuestra atención a otro hecho, al hecho de que algo de responsabilidad debe haber tenido para que la maten, o la violen, y si en ella no se encuentra responsabilidad, entonces algún familiar o amigo, o las drogas. La televisión legitima una y otra vez el feminicidio, y solamente nos hace prestarle atención a cuestiones que no tienen nada que ver con el tema, un tema tan amplio como su historia: el machismo.

Nos va a costar muchísimo más trabajo, y más tiempo, y más víctimas, cambiar nuestra perspectiva si no somos conscientes de la información y la prensa que consumimos, que nos forma la opinión y, lo que es peor, educa a nuestros chicos.

La sociedad no puede seguir presumiendo que evolucionó en un tema tan sensible, si ante la aparición de un cuerpo ultrajado y sin vida, se sigue preguntando por qué había ido a comer un helado antes de que la maten.

(Imagen realizada por Francisco Tavaglione)

En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.

Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.

El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.

La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.

lobos muni efemedelacalleRespecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.

“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.

El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.

“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.

“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.

“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.

No sean tibios. Digan whisky!

lobos

La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para “saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa”.

“Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias”.

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. “La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada”.

“No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intrafamiliar, que es una discusión”, comentó Petersen y agregó que “lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima. Probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación”.

La abogada destacó que “la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando”.

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que “determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense”.

“Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos”, dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que “podría haber tenido otro tipo de actitud” para colaborar con la investigación y por eso analizarán “las posibilidades de futuras imputaciones”. Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque “tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida”.

(Por Francisco J Cantamutto) Se trataría el día de hoy en Diputados el proyecto de ley ómnibus del gobierno, mezclando un reclamo justo con una gigantesca estafa.

Cambiemos vuelve a mostrar que sabe hacer política, que no son unos improvisados. Recuperando la iniciativa, enviaron un proyecto de ley ómnibus que mezcla temas y problemas, opacando el debate y manejando la agenda de debate. Este punto es central, pues de esta forma oblitera el veto a la ley anti-despidos, del que nos separa menos de una semana. Modificando la agenda a altas velocidades, dificulta la constitución de una agenda sostenida que, en el debate, mostraría sus claros sesgos de clase.

El proyecto de ley busca tratar a un mismo tiempo varios asuntos diferentes, sintéticamente reunidos entre la Amnistía Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Al enredar un nuevo blanqueo de capitales con aumentos en haberes jubilatorios, genera falsas impresiones para lo que en rigor es una nueva estafa.

La ley de blanqueo

El estallido de los Papeles de Panamá ha puesto en el centro de atención las prácticas fraudulentas del capital, que se aprovecha de legislaciones laxas para evadir impuestos y regulaciones. Esto incluye el lavado de dinero de actividades ilícitas, como narcotráfico o trata de personas. Este escándalo involucra de lleno al presidente Mauricio Macri, del que se han detectado al menos 3 cuentas offshore no declaradas. Esto incluye a la ahora famosa Fled Trading, que el presidente no declaró, luego negó que haya tenido actividad, y ahora se supo que desarrolló el millonario negocio de Pago Fácil en Brasil. Macri además incorporó en su última declaración jurada, una cuenta en Bahamas –otra cueva fiscal- por 18 millones de dólares, que ofreció repatriar porque, según parece, tras medio año de su propio gobierno, empieza a confiar en sí mismo.

Resulta difícil de creer que gobiernos asociados a los propios capitalistas que practican estas maniobras vayan a alterar sustancialmente el mecanismo, pero sí pueden tomar algunas medidas que calmen al público indignado. Ha llegado la hora de una nueva ronda de lavado. La Ley de blanqueo de capitales, llamada de manera irónica Amnistía Fiscal, se propone habilitar el ingreso de dinero a la economía formal sin investigar ni preguntar nada por su origen. Se calcula que habría entre 270.000 y 440.000 millones de dólares fugados del sistema económico, disponibles para ingresar al blanqueo. Este dinero puede estar en cuentas o colocaciones en el exterior, pero también en cajas de seguridad dentro del país. Por presión del pan-radicalismo, la tratativa en el Congreso quitó la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios públicos con cargos activos en los últimos 5 años.

Como en cada ocasión que esto ocurre, el gobierno afirma que este será el último canje, y que al dar garantías –certidumbre- al capital será un éxito. En esto, no se distingue de los 9 blanqueos que hizo el kirchnerismo desde mediados de 2013, mediante los cuales habría logrado captar unos 2.370 millones de dólares colocados en títulos públicos (Cedin y Baade). Cambiemos es más ambicioso y busca captar casi diez veces esa cifra, unos 20.000 millones (aunque mencionaron también un objetivo superior de 60.000 millones). Para distinguirse de sus predecesores, impone una “multa” a los capitales blanqueados, que arrancan en el 5% para sumas de entre $305.000 a $800.000 y 10% por montos superiores, tasa que se incrementará el año entrante. Esta “multa” es una broma por permitir blanquear capitales y evadir impuestos por montos muy superiores (IVA, Ganancias, Bienes Personales, etc.). Se propone destinar esta recaudación directamente a ANSES.

La reparación jubilatoria

Los juicios a la ANSES por actualización de haberes constituyen una verdadera maquinaria perversa. Aprovechando las múltiples formas de la precarización y flexibilización laboral, los pagos de jubilaciones y pensiones comenzaron a atrasarse de manera sistemática durante la Convertibilidad. Esto da inicio a reclamos de los beneficiarios por recomposición de sus haberes, en juicios que cobran algunas veces tarde, y otras nunca llegan a ver. El reclamo por recomposición de las jubilaciones y pensiones es histórico y tiene múltiples ribetes. Las moratorias jubilatorias del kirchnerismo sirvieron para ampliar el universo de cobertura –que hoy llega al 97%- pero no atendieron a este problema de los montos cobrados. El fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro tiene años sin surtir efecto en los pagos.

Cambiemos toma así una demanda justa (el aumento de los haberes), pero para hacerlo nos extorsiona con su ley de blanqueo de capitales. Alegando que los recursos de ANSES son insuficientes para hacer estos pagos, proponen financiarlos con las penalidades cobradas a los blanqueadores. De acuerdo con los objetivos declarados de 20.000 millones de dólares que ingresen, esto significaría $300.000 millones, que con una tasa máxima del 10%, significarían $30.000 millones para la ANSES. Esta cifra no alcanza ni la mitad de lo que hoy rinde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que mediante diversas colocaciones genera unos $75.000 millones al año. Las penalidades del blanqueo, además, servirían por única vez, y no como un flujo de ingresos. A todas luces insuficientes, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso reconoció que podrían obtener más recursos vendiendo las participaciones que tiene el organismo que dirige en 45 empresas privadas.

He allí el meollo de este segundo asunto: el gobierno pretende deshacerse de las participaciones estatales en empresas privadas, legado de la estatización de las AFJP. Aunque sólo en pocos casos esta participación fue conflictiva, al gobierno le resulta ideológicamente indigerible, y bien podría tratarse a ésta como la primera privatización macrista. Los beneficios de esta venta para ANSES están por verse.

La ley de blanqueo y la venta de acciones serían ingresos por vez única, lo que no permite sostener pagos sistemáticos a jubilados y pensionados. A esto debe sumarse los despidos, que erosionan la base de aportantes, lo que da poca credibilidad al anuncio. Aún más, el proyecto de Primer Empleo enviado al Congreso propone, igual que hiciera Cavallo, reducir los aportes patronales para teóricamente fomentar la contratación en blanco. Esto no ha funcionado en Argentina ni en otros países del mundo: su efecto será menores aportes a ANSES. Todo esto contribuye al desfinanciamiento de la caja jubilatoria, que el gobierno deberá resolver en los años por venir. La toma de deuda o nuevas privatizaciones no deben descartarse.

La ley de blanqueo es un auténtico desfalco, pero también una demostración de habilidad política de Cambiemos y falta de compromiso popular real de la mayor parte de las otras fuerzas políticas en el Congreso –que juegan el juego del gobierno. No debe confundirse su profundo sesgo ideológico liberal con torpeza: esa subestimación facilitó que ganaran la elección de 2015. Analizar el carácter regresivo de la medida no debe hacernos perder nuestra agenda.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó su oposición a los proyectos de ley 0007-PE-2016 de “Técnicas especiales de investigación” para delitos complejos y el 1345-D-2016 que incorpora la figura del “arrepentido”-, y manifestó su preocupación ante su tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Ambos ayer obtuvieron media sanción en Diputados.

“Estos procedimientos resultan de dudosa constitucionalidad y atentan contra las garantías del debido proceso. Están inscriptos claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de los Estados Unidos -con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante estos meses- y se contraponen con el tratamiento de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtieron.

Los proyectos pretenden incorporar las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” , “entrega vigilada” que implican la intervención e infiltración de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en la trama delictual, en pos del esclarecimiento de delitos o redes delictivas. Se pretende también incorporar al “informante”, quien actuará en el proceso bajo reserva de identidad a cambio de una compensación económica o un beneficio procesal. Por otro lado, se pretende ampliar la figura ya existente del “arrepentido”, a quien se le podrá reducir o incluso eximir de pena a cambio de información que sirva para esclarecer otros delitos.

En reiteradas oportunidades la CPM se manifestó en contra de políticas y proyectos que, como éstos, proponen la eliminación de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción. Tal fue el caso de la sanción de la denominada ley antiterrorista. También ha sido reiterada la denuncia de la militarización de los barrios pobres mediante fuerzas federales no previstas para la interacción con la población civil, en el marco de la proclamada guerra contra el crimen o el narcotráfico.

La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado operan hoy legitimando un nuevo paradigma belicista de las políticas públicas en materia de seguridad en el que claramente se inscriben los proyectos, en procura de- según los objetivos difundidos- “dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad y policiales de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos”.

La CPM destacó que en nuestro país las fuerzas de seguridad y policiales actúan como reguladores de la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos de las policías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. En ese contexto, dotar a esas fuerzas de estas arbitrarias y cuasi ilegales herramientas investigativas solo ahondarán su involucramiento con estas modalidades delictivas.

“Particularmente preocupante resulta el intento tácito de incluir a estas figuras en los delitos de lesa humanidad, lo que encubre la posibilidad de aplicar una ‘obediencia debida’ o ‘indulto’ de carácter judicial. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado y refrendados por leyes nacionales, estos crímenes no pueden ser pasibles de amnistía, indulto ni conmutación de penas”, opinaron.

El organismo mostró además su preocupación por “la reafirmación del sistema inquisitivo –en abierta contradicción con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se encuentra a la espera de aplicación efectiva-, ya que la utilización y aplicación de estas técnicas de investigación en muchos casos quedan al arbitrio de los jueces de la Nación, en desmedro de los fiscales. Esta situación se agrava con la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso penal, a través del Ministerio de Seguridad”.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo del Dr. Luis Federico Arias, comunicó el dictado de una medida cautelar mediante la cual se suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA), en virtud de no haberse celebrado la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación.

El Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) promovió una acción autosatisfactiva contra el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y las empresas EDELAP (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), EDES S.A. ( Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), EDEA S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y EDEN S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.), solicitando como medida cautelar se suspenda la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia.

En virtud de ello, “solicita se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

El fundamento de lo requerido reside en que “la resolución del Ministerio de Infraestructura Provincial, vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del art. 42 de la CN, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%, por lo que los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.

Arias resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenó “a las citadas empresas a que, de modo inmediato a la notificación de la presente, efectúen la liquidación correspondiente y emitan nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”.

El fiscal general Juan Pablo Fernández se refirió ayer en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al desarrollo de la investigación que lleva adelante su colega Rodolfo De Lucía sobre la desaparición y posterior femicidio de la niña Micaela Ortega. “Cuando usted busca a una persona que supuestamente está escondida en un lugar o la tienen retenida la busca de una forma determinada, no de esta forma en un descampado (…) Este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”, declaró.

En cuanto a la demora en acceder a “la clave” que desde un primer momento Mónica Cid planteó estaba en la cuenta de Facebook de su hija, el fiscal explicó que “las redes sociales tratan de proteger en todo lo que pueden la intimidad de los usuarios, agravada esta cuestión por tratarse de una empresa que se encuentra en Estados Unidos, con las dificultades propias del idioma, de oficiar a otro país, de que tenga que canalizarse a través de un procedimiento en sí bastante engorroso el pedido de información”.

La empresa informó “oportunamente” algunos datos aunque solo indicaban el lugar desde el cual se conectaba la nena. “Esto no nos servía porque Micaela desde el día en que había desaparecido no se conectaba a su usuario, lo que necesitábamos era el contenido de chat para ver si de allí surgía algún dato sobre dónde iría”.

A partir de la intervención de la embajada estadounidense, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children®), una organización sin fines de lucro financiada por el Congreso de su país, reportó el 25 de mayo “datos puntuales sobre la persona con quien se había comunicado los últimos días”.

Se trataba de un usuario “que tenía una identidad ficticia, cambiada, de género distinto, era una mujer, que se había comunicado con Micaela y le había ofrecido irse a vivir con ella, por lo menos unos días. A partir de este informe y de otra información adicional relativa a otros usuarios que se conectaban desde el mismo protocolo de internet, permite llegar a la casa del sospechoso, Jonathan Luna. Se procede al allanamiento por razones de necesidad y urgencia y allí se incauta un teléfono celular que pertenecía a Micaela y una planchita del pelo”.

“Luna intenta explicar cómo es que tenía esas cosas de Micaela y ahí dice dónde la dejó. Señala un lugar con características de modo genérico y luego de una búsqueda con perros entrenados, rastreadores, se llega a donde estaba el cuerpo que era un lugar con relativo difícil acceso”, dijo Fernández.

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Respecto a las declaraciones del secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, en cuanto a que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar”, el fiscal general opinó que “hubiéramos llegado igual, tal vez con más tiempo, unos días o una semana más, porque la punta del ovillo ya la teníamos cuando se llega al domicilio de Luna. Previo a esto se le había recibido en sede de la Fiscalía declaración a su concubina donde claramente lo identifica como la persona que se ve en el video, que iba con la niña”.

“No se buscaba lo mismo con anterioridad al allanamiento de Luna que con posterioridad. Desde el momento de la denuncia la hipótesis era distinta, era la fuga de un hogar, con el correr de los días probablemente ayudada por terceros, por personas mayores, la hipótesis más grave era que podía haber caído en una red de trata pero no este desenlace. A partir del allanamiento la hipótesis cambia y se busca en forma distinta”, explicó Fernández y agregó que “este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”.

En cuanto al femicida, el funcionario informó que “se negó a declarar en un acto formal -ese es el único que vale-, todo lo que pudo haber dicho con anterioridad a la comisión policial, a terceros, carece de relevancia procesal pero de todas formas la investigación tiene bases muy sólidas. Hay una serie de elementos serios y concordantes que permiten sostener la autoría de Luna”.

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El hombre de 26 años -se encuentra detenido y procesado por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por ser una cuestión de género lo que conlleva una expectativa de pena de reclusión y prisión perpetua. La Fiscalía solicitará su prisión preventiva y oportunamente el debate oral y público. Fernández comentó que el móvil del femicidio apunta al robo y al abuso sexual: “Mata para encubrir y para evitar la delación posterior de la menor”.

En tanto, la concubina del acusado, María Espinosa, cuestionada en la ciudad por no haber denunciado a Luna, el fiscal manifestó que “por el momento no hay nada que lleve a sospechar de que ha participado” y que “más allá de lo que pueda entenderse si debió haber hablado antes o no, lo cierto es que colabora con la investigación y reforzó las pruebas en contra de Luna. (…) También es importante tener en cuenta que las personas particulares, que no son funcionarios públicos, tienen la facultad pero no la obligación de denunciar. Sí tienen como carga pública la obligación de declarar cuando se las llama como testigo”.

Al momento de evaluar las dificultades de la investigación y el cruce con el cibercrimen, Fernández concluyó que “es necesario invertir dinero en la compra de tecnología y capacitar profesionales. Un hecho de esta naturaleza puede ocurrir en cualquier lugar del país y de la provincia y a veces a los operadores del lugar se les dificulta la investigación porque no conocen con precisión los mecanismos, no tienen aceitado el tipo de relación que permite muchas veces desde lo informal destrabar algún informe, sobre todo en otro país. Un aspecto a mejorar sería algún organismo específico que gestione las respuestas que las distintas fiscalías o los jueces puedan gestionar con fluidez”.

Organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas repudiaron colectivamente las expresiones del intendente Héctor Gay respecto a la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud” y mostraron “la mayor preocupación por el carácter de incitación, e instigación a la violencia”.

“Resultan afirmaciones dichas en un contexto nacional y local en el que los ajustes en educación, salud, justicia, los numerosos despidos que han dejado y dejan a familias en situaciones de vulnerabilidad producto que no pueden pagar sus alquileres, preocupadas sobre su situación laboral y por el sostén de las mismas, sufriendo tarifazos en luz, gas, agua, transporte y que tiene como contraparte descomunales subsidios y prebendas a las corporaciones y empresarios”, manifestaron.

Las agrupaciones calificaron los dichos del jefe comunal como “intimidatorias” hacia quienes reclamen por sus derechos avasallados: “Este discurso persigue la justificación de la represión que ya está implementando a lo largo del país y a nivel local, uniendo estas justas exigencias a la visión de que quien confronta en la lucha por sus derechos subvierte valores. Este discurso fue articulado y sostenido previamente y durante la dictadura, con los miles de compañeros/as asesinados y desaparecidos que simplemente aspiraban a una vida digna. Esto se concretó utilizando la misma terminología, estigmatización y la misma asociación: pueblo insatisfecho – enemigo- subversivo”.

“Este planteo, que no podemos tomar de otro modo que como un mensaje en el que se coloca el propio intendente en la posición de quien no va a ser tibio, quien viene a poner orden y defender los valores sociales, encierra la contraparte de que los valores que piensa defender son los de un grupo, una clase a quién representa desde el poder político, y que ésta defensa estará orientada a enfrentar a quienes en definitiva resultamos ser las víctimas de este modelo”, dijeron.

Por otra parte, denunciaron “una tremenda inoperancia” del secretario Emiliano Álvarez Porte y “las mismas fuerzas de seguridad que deberían estar ‘para cuidarnos'” en la búsqueda de Micaela Ortega y convocaron al próximo #NiUnaMenos el viernes a las 17 en la Plaza Rivadavia.

“Estamos en favor de la vida, de la solidaridad, de la justicia, de la verdad, del trabajo digno, del pleno acceso al trabajo digno, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la justicia y a la salud, creemos que tenemos las posibilidad de construir un país donde los mismos sean respetados y por ellos seguiremos militando y trabajando a diario”, concluyeron.

El grupo de organizaciones firmantes está compuesto por: ADUNS, Asociación Argentina de Actores, Acciones Feministas, Desbandadas, El Grito, Cardumen, Nuevos Vientos, Corriente Comunista Watu Cilleruelo, Colectivo Pueblo en Lucha, el pastor metodista Aníbal Sicardi, Partido GEN, MST Nueva Izquierda, Juntas y a la Izquierda, CTA, SADE Filial Sur Bonaerense, Comisión de Apoyo a los Juicios y Unión de Músicos del Sur.