“Los aumentos son una fenomenal transferencia de recursos a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras y un saqueo al bolsillo”, así comienza el comunicado emitido por la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), en torno al aumento de tarifas.

“El gobierno nacional impuso aumentos en las tarifas de agua, luz y gas que llegaron a multiplicar hasta por 20 su valor, en algunos casos. Sumado al avance inflacionario y a los aumentos de precios de la canasta básica, la opción para muchos sectores sociales se transformó entre comer o pagar los servicios. Y ante esta opción, fue creciendo la protesta popular en todo el país. El malestar social es tan grande, que hasta la Justicia tuvo que dictaminar fallos que suspendieron momentáneamente los aumentos.

El gobierno pretende acallar los reclamos disponiendo a último momento que los aumentos tengan un techo del 400%. Esto significa que hay que multiplicar por cinco los valores de la factura del mismo mes del año pasado. ¿Qué sector de la clase trabajadora multiplicó por cinco sus ingresos en el último año? Simplemente, ninguno.

El gobierno afirma que la situación se debe a que no se actualizaron las tarifas durante los últimos años, por lo tanto las empresas no tuvieron rentabilidad suficiente y no pudieron hacer las inversiones para producir más energía. Con lo cual, hoy no hay gas suficiente y se debe importar para abastecer el consumo. Nada más alejado de la realidad que esta afirmación.

Mientras el precio internacional del petróleo no supera los 45 dólares por barril, en la Argentina se les garantiza un precio de casi 70 dólares el barril. El costo de producción del barril de petróleo en la Argentina ronda los 14 dólares. Se les garantiza entonces, ganancias o rentabilidad de más del 400%. Ya el gobierno anterior les garantizó a las petroleras -muchas de ellas multinacionales- que en la Argentina cobren un precio sostén de casi el doble.

También en el gas, mientras que el precio de referencia en América del Norte es de alrededor de 2 dólares el MBTU, en Argentina se les garantiza 5,2 dólares el MBTU del gas ya perforado y 7,5 dólares el gas recientemente extraído. El costo de extracción o producción en la Argentina es de 1,9 dólares el MBTU. Aún con estas súper ganancias, no hicieron las inversiones en todos estos años y hoy no hay gas suficiente. El gobierno anterior les garantizó -con los llamados subsidios- estas súper ganancias. El actual gobierno, además de aumentarles el precio de producción en el gas y la electricidad, ahora nos transfiere en las facturas el costo de las súper ganancias de las empresas multinacionales productoras y distribuidoras. Por esto los aumentos son tan desmesurados.

Es tal el aumento, que para muchas familias es impagable y para muchas pequeñas y medianas empresas implica estar al borde de la quiebra.

La crisis energética es producto de otro desfalco: el de la privatización a precio vil durante el menemismo de las empresas estatales, YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energia, luego vaciadas por los dueños privados bajo el gobierno de De La Rúa, rescatadas sobre la base de subsidios millonarios durante la gestión del kirchnerismo y que continúan en el actual gobierno.

Con servicios deplorables, que en pleno siglo XXI cubren las necesidades de apenas el 60% de la población, mientras se siguen llevando en pala los subsidios, ahora pretenden que además les paguemos tarifas más caras que en el primer mundo con todos sus libros contables cerrados, contratos secretos (Chevrón) y concesiones que no garantizan el suministro, ni en invierno, ni en verano.

CONADU Histórica repudia estos aumentos escandalosos de las tarifas, que además se hicieron al margen de las audiencias públicas que establece la ley. Por ello, apoyamos los reclamos populares que a lo largo y ancho del país se impulsan desde las distintas organizaciones sociales, sindicales y vecinales, y convocamos a nuestras Asociaciones de Base a sumarse a la coordinación de toda acción que le diga NO AL TARIFAZO hasta imponer su derogación.

– Abajo el tarifazo.

– Que se abran todos los libros de las privatizadas que saquearon el país.

– Nacionalización bajo control de trabajadores y consumidores de los servicios públicos y la energía”.

Fuente ACTA.

 

(Por Francisco J Cantamutto) La masiva movilización convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) el miércoles 20 ganó presencia en los medios. La columna de más de 20.000 compañeros realizó un raid por los ministerios de Desarrollo, Infraestructura, Trabajo y Energía con sendos reclamos. El gobierno, sin voluntad alguna de retrotraer las medidas centrales que provocan el ajuste social, apenas convoca a futuras reuniones para dialogar, dilatando el problema. Sólo en el ministerio de Trabajo se obtuvo un logro, al ser habilitado -tras meses de negociación- la línea 1 del programa para todas empresas autogestionadas. El gobierno, responsable por los aumentos de las tarifas, alega ahora que no tiene potestad sobre los entes reguladores como para establecer políticas de cuidado a los sectores vulnerables, previniéndolos de cortes de servicio. La lectura que la propia CNCT hizo de esta protesta es que solo golpeando entre todos/as se podrá doblar la voluntad del gobierno. Por eso, igual que antes los clubes de barrio, mantienen su compromiso dentro de la multisectorial.

Justamente, el sábado 23 se realizó en Luján la primera reunión de multisectoriales del país. Asistieron alrededor de 32 multisectoriales de todo el país, representadas en 400 personas que dedicaron todo el día para comentar su actividad hasta el momento, compartir información y estrategias, así como  debatir el camino a seguir. Lo que se inició hace apenas pocos meses como un intento de organizar el descontento social ante el ajuste, mostró capacidad real de crecimiento en convocatoria y de coordinación de iniciativas. La presencia de mayoría de multisectoriales del interior del país mostró que se trata de un problema auténticamente federal, que se valoró en tanto tal: las acciones territorializadas y descentralizadas son muy importantes para acercar a la población no organizada, sin perjuicio de unificar algunas iniciativas. Las multisectoriales actúan como verdaderos foros del pueblo, a la vez que escuelas de política.

Del debate surgieron diversos acuerdos, como buscar mayor eficacia de toma de decisiones, superando el momento -importante pero limitado- de la mera catarsis. En lo que afecta a esta semana, se prevé un nuevo ruidazo/cacerolazo para el jueves 4 por la noche. Se afirmó la voluntar de realizar la Marcha Federal desde diversos puntos del país, siempre bajo el reclamo contra el tarifazo y fuera Aranguren como representante del sector. Incluso se habló de iniciar una consulta popular vinculante para la revisión del ajuste tarifario.

La multisectorial de CABA, por su parte, está avanzando en la organización de una audiencia pública por el tema. Dado que el gobierno se niega a convocar, y cuando lo hace, replicando la metodología de lo ocurrido con el Subte, lo hace a último minuto, sin darle publicidad, en día y horario laboral para dificultar la participación, la Multisectorial decidió mostrar que el pueblo tiene capacidad de organizarse incluso para estas iniciativas. Así se podrán hacer públicos los argumentos sobre el tema, dando transparencia al bloqueo de información del gobierno: ¿cuáles son los costos reales de producción del sector? ¿a dónde han ido los millonarios subsidios otorgados años anteriores y este mismo año? ¿qué garantías de inversión existen, cuáles son los planes de mejora? ¿por qué deben financiar esas inversiones los usuarios? Estas son apenas algunas de las preguntas que el gobierno debería responder para discutir un aumento de precios.

Aranguren ha declarado que el objetivo primario de estos aumentos es “recomponer las ganancias” de las empresas del sector, lo cual explica que las millonarias transferencias no se hayan reducido, y que el déficit fiscal haya crecido durante los meses de Cambiemos. El gobierno alega ahora que las audiencias no serían necesarias porque el aumento se originó en el aumento del precio en boca de pozo, y el mecanismo de consulta se prevé para aumentos en los demás tramos del servicio (transporte, distribución). Llamativamente, el gobierno de la transparencia toma por ciertos los costos declarados por las empresas sin ningún comprobante o auditoría. Y estos aumentos golpean en toda la cadena.

Por eso, el mismo día jueves 4 de agosto, antes de plegarse al ruidazo de la noche, la Asociación de Taxistas (CTA) estará marchando al ministerio de Energía para reclamar por una baja en el precio del GNC en surtidor, convocando al mediodía a todos los usuarios afectados. La suba de combustibles y energía golpea a todo el transporte e impulsa la inflación. Con ese mismo criterio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo aumento del precio del Subte, llevando el precio a $7,50. Un aumento de más de 700% desde que el PRO asumió el gobierno del distrito de la capital. Estos aumentos son usados como extorsión para discutir mejoras salariales posteriores con los trabajadores, lo que ha sido una disputa constante. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, bajo la concepción de que el transporte es un derecho y no una mercancía, realizará una protesta el miércoles, abriendo las cabeceras del Subte entre las 7 y las 8 de la mañana, para volver a hacerlo entre las 17 y 19 horas, convocando a un ruidazo. A esa iniciativa se sumarán los comunicadores populares, que este mismo miércoles a las 16 hs. tienen prevista una manifestación ante el ENACOM, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno, que no habilita las licencias y los fondos para los medios comunitarios.

Este clima de sistemáticos reclamos por parte de diversos sectores está haciendo mella en el gobierno. A pesar de presentarse como indemne, el asedio permanente de la protesta está haciendo efecto. De otra manera no se explica el súbito affaire entre el presidente Macri y el conductor televisivo Tinelli, que alimenta el paralelo de estos días con el turbulento 2001 que culminó con la salida adelantada de De la Rúa. Un gobierno que no respeta siquiera sus alianzas electorales -relegando a sus socios políticos-, que se cierra en un programa cada vez más corporativo, que pierde capacidad de control en el Congreso -la semana pasada se votaron 4 declaraciones contra el tarifazo en el Senado- y que enfrenta una movilización social creciente, compone una imagen política que conocemos.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por tres bahienses para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el OCEBA suspendan la audiencia pública que se realizará mañana en Mar del Plata para analizar el tarifazo de las empresas de energía eléctrica.

“En el mismo rechazo de la medida cautelar no se dice en ningún momento que nuestro pedido esté infundado sino simplemente que sin dar un traslado al Estado ni producir pruebas no tiene los elementos suficientes como para considerar ilegal la audiencia, más allá de un posterior pedido de nulidad que es algo que vamos a trabajar si es procedente”, dijo a FM De la Calle Facundo Miguel, abogado de la Asociación Civil Vientos del Sur.

El cuestionamiento estaba motivado “en los mismos considerandos del llamado a audiencia que dicen que se van a tratar las modificaciones tarifarias, mensualizar las facturas, cambiar los precios de referencia y todas estas medidas son las que dispuso el ministro (de Energía Juan José) Aranguren en los Decretos 6 y 7 que están actualmente suspendidos”.

Por otra parte, “el único propósito de estas audiencias es la intervención ciudadana y no creemos que se haya cumplido atento que hasta el viernes estaba suspendida por recursos que se han ido planteando a lo largo de la provincia”.

El abogado destacó la dificultad para que, “en menos de cinco días hábiles, la ciudadanía pueda participar activamente teniendo la información a mano. Estamos hablando de decretos que en términos vulgares es chino básico, hablamos de arreglos tarifarios complejos, no es algo que en dos días se puede releer e ir a una audiencia a argumentar en igualdad de condiciones”.

tarifazos reunion

El gobierno nacional inauguró una versión renovada de Tecnópolis en la cual las niñas y adolescentes pueden visitar el Club de Estilo, “un espacio que te invita a vivir la experiencia de una It Girl, mostrando a mujeres protagonistas en las redes sociales a través de la belleza, la vida saludable, el humor, la música y los libros, entre otros”.

“La traducción literal de ‘It Girl’ es ‘chica eso’, lo que da la pauta de la consideración de objeto que hacia las adolescentes y niñas denotan este tipo de espacios, promoviendo estereotipos facilitadores de la violencia de género”, manifestaron al respecto desde la Red Local de Violencia de Género.

El colectivo de organizaciones bahienses rechazó la propuesta y expresó su preocupación “frente a esta iniciativa que ubica la belleza como primer aspecto del protagonismo femenino a la vez que promueve un uso sexista e inseguro de las redes sociales”.

club de estilo

“Quisimos expresar lo que sentimos como integrantes de la Red ante esta propuesta que tiene el gobierno de utilizar un espacio de Tecnópolis, el que de alguna manera se utilizó con otras intenciones en años anteriores, para recalcar lo que significa esto de las It Girls”, dijo a FM De la Calle Nora Dinoto.

Afirmó además que les “preocupa mucho porque apunta a resaltar en la mujer, la mujer como objeto, cómo que exhibe sus cualidades de belleza física, se le enseña cómo mostrarse, cómo tener esa apariencia externa que de alguna manera lleva a mostrar una figura de mujer que no condice con lo que estamos promoviendo y que recalca esta cuestión la mujer como propiedad, de exhibir ciertas cualidades externas que no hacen a la profundidad del ser mujer”.

“Es una propuesta de invitar a las niñas y a las adolescentes a transformarse en una mujer en la que se resaltan sus rasgos femeninos y físicos, como que no hacemos hincapié en la mujer como sujeto de derecho con talento, como una mujer pensante en sus propios derechos sino justamente se utiliza para decir podés triunfar en la vida desde ese lugar”, afirmó Dinoto.

El femicidio de Micaela demostró el riesgo que conlleva el cruce entre el machismo y el uso desprevenido de las redes sociales. Desde la Red Local advirtieron que “tanto en Bahía Blanca como en el resto del país, estas temáticas requieren otros enfoques que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran nuestras adolescentes y niñas. Para que no tengamos que seguir reclamando ‘Ni Una Menos’, es preciso que tengamos los ojos bien abiertos ante estas situaciones”.

Continuidad en las políticas de género provinciales

consejo mujer

A principios de mes, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual y presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Daniela Reich, visitó Bahía Blanca. Según comentó Dinoto “no se reunió con integrantes de la Red” aunque “sí se convocó a organizaciones sociales”.

“Tuvimos la oportunidad de participar algunos de los integrantes y en realidad plantearon cuáles son sus propuestas, si bien ellas consideran que hay un cambio, a mi entender es la continuidad de lo que se estaba haciendo en la provincia. Están proponiendo ampliar la cantidad de refugios, de proveer a los que existen en este momento, que dependen de algunos municipios, de cierto equipamiento porque no lo tienen. También tienen otra propuesta de ver cómo trabajar en red con los que hay para brindar mayor protección”, agregó.

“Son proyectos que tienen, todavía no han ido implementando. Hay cierto desconocimiento a mi entender de lo que sucede al interior de la provincia. Desconocían la existencia de la Red Local, algunas otras cosas que fuimos comentando durante la reunión, vamos a ver cuáles son sus lineamientos de trabajo, cómo nos incorporan, cómo incorporan a las organizaciones sociales que están trabajando desde hace tiempo no solamente en la ciudad sino en la provincia, estamos expectantes”.

Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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Días atrás se confirmó el traspaso de Ferrobaires a la órbita de Nación, a partir de la creación de una Unidad Operativa que en seis meses deberá absorber el material rodante y los recursos humanos de la empresa estatal bonaerense cuyos servicios están suspendidos a fines de junio.

José Orellana, delegado de La Fraternidad en Ferrobaires adelantó a FM De la Calle que “de las formaciones viejas hay que olvidarse, eran un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre”.

“Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo y agregó que “nos interesa el trabajo, es la única forma que tenemos de ganarnos la vida (…) lejos está de nuestra parte quedarnos en casa esperando que pasen las cosas”.

Orellana informó que este lunes sesionó en Mar del Plata la Comisión Organizadora de Transporte, se esperanzó en que “termine esto de una vez por todas”, aunque “no hay fecha del comienzo de la circulación o la normalización de los servicios, creemos que va a ser antes de septiembre”.
“Está visto que se toman su tiempo. Sabremos luego quiénes quedamos en el camino, no sé en el caso mío, yo ya tengo 32 años de servicio y 55 de edad, pero ese es otro tema.

Antiguamente en Ferrocarriles nos jubilábamos con 55 años y 30 de aporte, en esta empresa Ferrobaires, en razón de haber sido transferidos al estado provincial no existían las categorías, no existían las jubilaciones de privilegio, razón por la cual nos habían llevado a los 60 años. Creemos que va a haber cambios al respecto”, afirmó.

En cuanto a las características que tendrán los servicios en manos del Estado nacional “nos han dicho muy poco pero han sido bastante precisos porque los pasos se han ido cumpliendo. Nuestro gremio nos informa casi diariamente al respecto, creemos que va a haber tres formaciones para la vía Lamadrid y algún Materfer o algo más liviano para la vía Pringles por su estado”.

En su opinión podría tratarse de llegada y salida vía Pringles los miércoles y viernes, martes y jueves arribo y partida vía Lamadrid y por el mismo camino llegada el sábado con salida el domingo. “Si ponen más trenes mejor, cada tren representa más trabajo”.

“De las formaciones viejas hay que olvidarse, era un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre. Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo Orellana.

Para el delegado de La Fraternidad los precios se modificarán “porque lo otro era irrisorio, con 150 pesos llegabas a Buenos Aires. Creo que se debe apuntar a la seguridad del pasajero, si bien el capital humano es lo más barato por lo visto, era una locura circular con esos coches, la verdad que tuvimos mucha suerte”.

“Siempre empezamos las cosas al revés, una casa no se comienza a construir desde el techo, las concesionadas han hecho poco y nada por las vías, creo que mínimamente para mantenerlas en algunos casos. Ferroexpreso que mantiene las velocidades que recibió en algunos lugares cuando era Ferrocarriles Argentinos, no así Ferrosur que tiene la vía Pringles en un promedio de 45 kilómetros, lo saqué hasta Olavarría que es lo que conozco”.

Finalmente, el dirigente manifestó su preocupación por el futuro de los trabajadores de los talleres Maldonado porque no fueron capacitados para mantener las unidades compradas a China ni tienen las instalaciones correspondientes. “Esa es la razón por la cual el chino que viene los sábados va a suplir gasoil a Ing. White, tienen combustibles especiales esas máquinas y cargan en White, en la base o en la playa o en Ferroexpreso Pampeano”.

Lo reconoció Raúl Zylberzstein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) en consonancia con el informe de INDECOM difundido durante las últimas horas. Destacan que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.

El directivo certificó los datos difundidos hace pocos días por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), cuyo sondeo se realizó sobre un muestreo de 816 pymes de las principales regiones del país, comparando el primer semestre del 2016 con igual período del 2015. Ese sondeo arrojó un aumento del trabajo informal de más de un 40%, siendo que el 29,3% de las pequeñas y medianas empresas pasó a no registrar el total o parcial de las horas trabajadas, y que el 13,3 % trasladó varios trabajadores a contratos de prestación de servicios bajo el régimen del monotributo.

También reconocieron falta total o parcial del pago de contribuciones jubilatorias y de obra social, y que tienen la esperanza de poder regularizarse en una eventual moratoria.

La mayoría afirmó que los principales motivos tienen que ver con evitar suspensiones y despidos, o el fin de tratar de mantener la actividad hasta poder superar la crisis.

Al respecto, Zylberzstein expresó que “todos estos datos no hacen más que poner de manifiesto la dimensión del problema y las pésimas regulaciones estatales” porque explicó que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

El dirigente explicó que “el sistema aplasta a las pymes desde hace décadas” pero dijo que “no se manifestó durante los años anteriores con esta misma vehemencia porque existía una restricción externa de importaciones que ocultaba bajo la alfombra esta falta de competitividad”, pero también reconoció que “esas políticas traían alta inflación, baja inversión y nula capacidad de exportación industrial”. Sin embargo, señaló que, “en la actualidad, sacar subvenciones, quitando poder adquisitivo a la gente, y abrir las importaciones sin modificar la estructura productiva, es un atentado que causa precarización y mortalidad de las pymes”.

El referente del sector aseguró que “es casi imposible para las pequeñas empresas sobrevivir al sistema actual, siendo que abarca los salarios y los impuestos más altos de la región, una costosa y conflictiva Ley de Riesgos del Trabajo, un ausentismo del 15 % promedio, aumentos desmedidos de las tasas y comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito;  y la energía más cara del mundo”. Además consideró como otro punto en contra de trabajo formal que “en nuestro país se da el mismo tratamiento a las empresas de mano de obra intensiva que a las de capital, lo cual, sumado a un régimen de monotributo que no contempla los salarios pagados y empuja a la informalidad, hace que dar trabajo no sea competitivo”.

Si bien el informe de INDECOM había arrojado que “el 91,6 % de los trabajadores dijo que aceptó las nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que le genera la posibilidad de perder el empleo”, el titular de FECIBA explicó que “el crecimiento del trabajo en negro no depende sólo de los empresarios porque hay empleados que proponen no estar en blanco o registrar menos horas de trabajo para que no se le apliquen los descuentos (jubilatorios y de obra social, ni los impositivos, como el impuesto a las ganancias) o para poder acceder a algún tipo de asistencia económica por parte del Gobierno”. También agregó que “hay muchos trabajadores que prefieren hacer “changas” cerca de sus casas, aún ganando menos dinero, para evitar los elevados gastos de transporte y comida que actualmente les quitan gran parte de sus ingresos”.

Zylberzstein reiteró que “la precarización avanza en momentos de crisis porque las pymes y los trabajadores buscan sobrevivir en el marco de una perversa estructura que se construyó durante décadas” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional y toda la dirigencia política deben tomar nota urgente de esta crítica situación y dejar de promover pequeñas leyes que no terminan de resolver los grandes problemas, para dar de una vez por todas un debate serio acerca de la estructura impositiva que se debe tener en pos de lograr un país industrializado y de pleno empleo registrado”.

(Por Julio Gambina) La información actualizada que ofrece el FMI es un llamado de alerta sobre la evolución de la Economía Mundial. El resultado del plebiscito británico para salir de la Unión Europea, el BREXIT, le agregó “incertidumbre” a la economía mundial, dice el FMI en la revisión a la baja de las proyecciones de evolución económica del sistema mundial.[1]

Destaca el informe que el principal impacto estará en Gran Bretaña y Europa pero también en las principales potencias del capitalismo mundial y como novedad, en los llamados países “emergentes”.

Estos países “emergentes”, durante un buen tiempo luego de estallada la crisis mundial capitalista en 2007/08 fueron receptores de los flujos internacionales de capital y por lo tanto aparecían “por afuera de la crisis”. El espejismo del crecimiento económico en estos países inducía opiniones erróneas sobre la territorialidad de la crisis.

Los nuevos datos derivados de la caída de los precios de las commodities, entre otras cuestiones, morigeran el crecimiento y en algunos casos se procesa la recesión (Brasil caerá 3,3% este año), contribuyendo al deterioro de los indicadores económicos regionales y globales.

Respecto de América Latina se asume una leve mejoría en el marco de una tónica de escepticismo sobre el futuro inmediato, con una opinión satisfactoria sobre el restablecimiento de una lógica pro mercado y liberalización, especialmente derivada de la situación en Argentina.

“En Argentina, la transición a un marco de política macroeconómica más coherente y creíble sigue avanzando, y debería afianzar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, aunque el impacto adverso en la actividad a corto plazo ha sido mayor de lo previsto. El ajuste de los precios relativos en el primer semestre de 2016 —tras la depreciación del tipo de cambio y el alza de las tarifas de los servicios públicos— ha acelerado la inflación y perjudicado el consumo privado. Ahora la actividad económica probablemente empezará a recuperarse hacia finales de 2016, a medida que la inflación se modere gradualmente, que se estimule el gasto y que se reduzcan las tasas de interés. Se prevé que la orientación más acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal promueva el crecimiento en 2017, pero que complique el cumplimiento de las metas fiscales y de inflación anunciadas este año”.[2]

La Revista The Economist destaca el programa pro mercado del gobierno Macri, al tiempo que llama la atención sobre la recesión, coincidiendo con la proyección del FMI de una caída del 1,5% del PBI de Argentina para este 2016. El punto de partida de la evaluación ponderada es la modificación cambiaria, la eliminación de las restricciones a la compra venta de divisas, el acuerdo con los acreedores externos y la eliminación o reducción de las retenciones. Son esos los puntos de coincidencia de la Revista británica y el organismo internacional. Ambos llaman la atención sobre la inflación inducida bajo la nueva política económica y especialmente el conflicto social a ello vinculado.

El lenguaje de los analistas remite a formulaciones técnicas, pero la realidad de la protesta interviene en la consideración de la realidad económica y política de la Argentina. La preocupación de las clases dominantes se asienta en el paro nacional de fines de abril y su probable recreación en el corto plazo; más aún con el clima social contra el tarifazo y el ajuste en general, que involucra a sectores medios.

Desde el poder son conscientes que el conflicto ahuyenta inversores externos que buscan “seguridad jurídica” en sus inversiones, con retornos asegurados en tiempos de incertidumbre mundial.

Resuena el interrogante entre empresarios e inversores locales y externos sobre la posibilidad del oficialismo para contener el conflicto y disciplinar a la sociedad. El protocolo de seguridad no funcionó, mucho menos si la protesta es masiva, por lo que se ensayan otras formas para la represión o el control del conflicto, especialmente con el chantaje económico exacerbado ante las restricciones de un ingreso popular disminuido.

El gobierno acelera la reinstalación de la Argentina en la liberalización de la economía mundial, precisamente cuando la globalización capitalista está cuestionada, no solo por el voto británico. El problema político es la acumulación por derecha de esta crítica, expresión manifestada por Donald Trump en EEUU, lo que exige construir una perspectiva crítica desde los pueblos para la emancipación.

Notas:

[1] http://www.imf.org/es/News/Articles… (visto el 22/07/16)

[2] http://blog-dialogoafondo.org/?p=6677 Nota de Alejandro Werner sobre las perspectivas de América Latina, del 20/07/2016. (visto el 22/07/16)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) acaba de publicar sus evaluaciones para el quinto informe periódico presentado por Argentina. Entre sus preocupaciones apunta al aumento de las denuncias por torturas en lugares de encierro y las prácticas violentas de la policía. En contraste con esto, se señala el escaso número de condenas a los agentes del estado responsables de estos crímenes. El CDH destaca positivamente una iniciativa de la CPM con el GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación: la creación del Registro Nacional de Casos de Torturas y otros malos tratos (RNCT).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un informe alternativo con una sistematización de su trabajo y datos rigurosos sobre la provincia de Buenos Aires, señalando las graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de jóvenes, neuropsiquiátricos, el accionar policial, la justicia y los medios de comunicación, entre otros temas.

Desde la ONU observaron con especial preocupación la violencia institucional y específicamente la penitenciaria que “se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad, producidas incluso por la existencia de autogobierno y el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores”.

En este sentido, el CDH ve de manera positiva la sanción de leyes como la que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aunque lamenta la demora en su efectiva implementación. Del mismo modo, toma nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), pero lo contrasta con la no consolidación un sistema único de registro a nivel federal.

El informe inicia sus observaciones subrayando que “el Estado parte debe asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia, a través de la participación de la sociedad civil y asignación de recursos materiales y humanos suficientes”.

Violencia penitenciaria y prevención de la tortura

Aunque el Comité tomó nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros malos tratos, se mostró especialmente preocupado por la información respecto al funcionamiento del sistema penal en el país, uno de los ejes centrales de la información remitida por la CPM.

Las requisas vejatorias, la alta tasa de violencia entre los detenidos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, los traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo son algunos de los puntos que cuestiona el CDH al estado. Las condiciones de detención y los altos niveles de hacinamiento, “que se muestran incluso por la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención” se agregan a esta lista de observaciones respecto de la situación carcelaria.

Otra preocupación vinculada es que a “sólo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales. Pese a la adopción de la Ley 26.827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2012, el Comité lamenta que el Mecanismo Nacional de Prevención aún no haya sido implementado”.

Entre las recomendaciones sobre estos temas solicita al Estado que adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad”; que cumpla con su obligación de velar porque se investiguen todas las denuncias por torturas, “asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, Implementar el sistema unificado de registros de hechos y víctimas de tortura y agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido”

Detenciones arbitrarias y prisión preventiva

En otro apartado del informe, el CDH de la ONU advierte al estado Argentino sobre una práctica policial sistemática que desde la CPM se ha denunciado en reiteradas ocasiones: las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad o antecedentes. Lo expresa de este modo: “el Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”.

En este sentido, sugiere al Estado “tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito. Por último el informe destaca especialmente su preocupación “respecto a la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de reclusos detenidos en este régimen, lo cual alcanza más de la mitad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal”. En la provincia de Buenos Aires, la CPM denunció en su informe anual presentado en 2015 que el índice de detenidos sin condena alcanza al 60%.

Por esto, invita al Estado a encontrar prácticas y medidas alternativas a la prisión preventiva para asegurar que este sistema de detención no sea la norma.

Conclusiones generales

En el informe se presentan además algunos puntos vinculados a otras cuestiones asociadas a la violación de los derechos humanos. Violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, discapacidad, identidad de género, libertad de expresión y pueblos originarios.

Para la CPM el informe tiene un valor fundamental porque llama la atención al Estado argentino respecto de su responsabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo que sus recomendaciones deben considerarse de manera prioritaria en la definición de las políticas públicas.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos y académicos independientes de diversos países del mundo y fue creado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en nuestro país se encuentra incorporado a la Constitución Nacional con igual jerarquía normativa.

Fuente: CPM.

“Tres de cada diez personas consideran que está mal amamantar en público. Lo que vamos a tratar de visualizar con esta teteada masiva que vamos a hacer en el Teatro Municipal son los beneficios de la lactancia materna, los del parto natural para tener una buena lactancia y el impulso urgente de que exista una licencia por maternidad de seis meses y no de un mes y medio como tiene Argentina”, dijo a FM De la Calle Nadia Fernández desde el Círculo de Mujeres de Bahía Blanca.

La tarde del 12 de julio Coni Santos salió del Banco Nación de San Isidro luego de hacer cola por más de una hora con su bebé de 9 meses en brazos y se sentó en una plazoleta cercana para atender el reclamo de alimento por parte de su hijo. Al rato, dos mujeres de la Policía Local intentaron detenerla con el argumento de que está prohibido amamantar en público.

Constanza se negó y prefirió alejarse para no molestar aún más al bebé con la actitud policial. Luego quiso denunciar la situación, entre otros lugares, en la Comisaría de la Mujer donde le negaron esa posibilidad ante la inexistencia del delito. El hecho causó indignación y se viralizó en las redes sociales donde se multiplicaron las convocatorias a tetazos y manifestaciones similares en distintos puntos del país.

“Me parece raro que personal de las fuerzas de seguridad pretendan que una mamá salga de una plaza, de un espacio público, porque le resulta inapropiado, indecoroso, que esté dando la teta. Creo que igual es una apreciación particular de estas dos mujeres policías y salieron a defender desde Posse, que es el intendente de San Isidro, y Ritondo a nivel provincial como apaciguar un poco las aguas porque salió por todos lados esto de la teteada masiva. Pero bueno, llegan tarde”, agregó Fernández.

Además, opinó que “estaría bueno que se le dé curso de capacitación sobre lactancia al personal que está en contacto con la comunidad”.

En cuanto a las ventajas de la lactancia materna, Nadia agregó que “se genera un vínculo especial con ese bebé que tiene una salud mucho mejor que uno que se cría a mamadera, si no queda otra se trata de apoyar a esa mamá que tiene que dar leche de fórmula por una razón equis pero deberían existir dulas, puericultoras, en todas las maternidades y lugares donde podamos consultar. Las primerizas generalmente tienen dificultades y salen de los hospitales sin saber amamantar”.

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Raúl Woscoff, asesor de la Unidad AMIA, aseguró en el marco del 22º aniversario del atentado a la mutual judía que los juicios en ausencia a los sospechados del crimen y la creación de una comisión investigadora propuesta por APEMIA no son alternativas excluyentes sino “complementarias” para alcanzar la verdad.

En diálogo con FM De la Calle el ex concejal calificó a la investigación como “el inventario del mal” porque “están todas las irregularidades habidas y por haber patentizadas en esa causa”.

“La secretaría colabora con la Unidad Fiscal, propone medios de prueba relacionadas incluso con la causa en sí que continúa en trámite donde estamos tratando de reflotar pistas o situaciones que no fueron debidamente investigadas, que tiene que ver con la conexión local y relacionado con el aspecto internacional, como saben la causa está paralizada porque hay una acusación contra iraníes que no prospera en función de los pasos procesales que hay que dar porque falta cooperación de la República Islámica de Irán”, explicó.

Woscoff opinó que “el juicio en ausencia permitiría evitar esa parálisis porque de esta manera la impunidad queda totalmente consagrada” y apoyó “la idea de que se constituya una comisión nacional en el Congreso, que se la denomina genéricamente como la CONADEP de la AMIA, si bien aquí a diferencia de la CONADEP ya los juicios y las investigaciones están en trámite. El propósito de obtener la posibilidad de desclasificar la información y de fijar responsabilidades de los organismos nacionales o internacionales lo compartimos”.

Este miércoles trabajadoras y trabajadores de la televisión por cable realizarán un paro nacional tras el estancamiento de las negociaciones paritarias con la cámara que agrupa a las empresas del sector. En Bahía Blanca afectará la programación de Bahía Visión Color y Cablevisión.

“Llegamos a esta instancia en base a las continuas dilaciones que ha tenido la mesa de negociación que se inició hace unos 45 días aproximadamente y no estamos teniendo una respuesta satisfactoria al pedido efectuado por la entidad sindical”, informó a FM De la Calle Octavio Alvarado desde la seccional local del Sindicato Argentino de Televisión.

El gremio exige una recomposición del 42% “habida cuenta del deterioro notable que vienen sufriendo los salarios a lo largo y a lo ancho del país en todas las actividades” y recibió en principio una oferta del 18% y el martes pasado una mejora del 32% en tres cuotas, la última de ellas a cobrar en marzo de 2017.

“A diferencia de otras oportunidades hemos tomado la decisión del cese de actividades en todos los sectores de las empresas habida cuenta que la respuesta ha sido durísima, que hubo un menosprecio por la mesa negociadora y la voluntad que ha mostrado nuestro sindicato, con un grado de virulencia importante que no tiene antecedentes”, dijo Alvarado.

En ese sentido, opinó que la actitud empresaria “responde a una clara política del gobierno nacional y de los grupos concentrados de la economía del país de comprimir salario, que ya han logrado en un primer paso con una devaluación salvaje, con el ajuste de tarifas, es decir, tomaron todas las medidas necesarias para comprimir el ingreso de los trabajadores en el marco de lo que ellos llaman lograr competitividad, comparando nuestros salarios con el resto de la región, de los países vecinos”.

Por otra parte, la paritaria del personal de los canales de televisión por aire debería reabrirse recién en septiembre. “Se le ha solicitado a la cámara un adelantamiento o extender alguna suma fuerte que nos permita llegar con un poco más de holgura”, culminó el dirigente.

(Por Mauro Llaneza) “Venimos sosteniendo, desde la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, una batalla muy importante de ideas para explicar que sin la apertura de archivos secretos es imposible avanzar un centímetro en esclarecer nada”, dijo Pablo Gitter a FM De la Calle cuando se cumplían 22 años del atentado terrorista a la mutua judía.

Gitter destacó que “después de siete meses de un nuevo gobierno que de alguna manera generó o quiso generar la ilusión de que los trámites van a ser distintos, lo que vemos es un principio de continuidad en el ocultamiento, en el encubrimiento del rol criminal que tuvo el propio Estado en la comisión de este atentado. Han pasado 22 años y no tenemos grandes avances desde el punto de vista político”.

Desde el ámbito judicial la Alianza Cambiemos pretende realizar juicios en ausencia a los iraníes sospechados e incluso imputarles responsabilidad criminal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Es un disparate, hay que abrir los archivos, constituir una comisión investigadora con personalidades indiscutibles dentro del pueblo argentino, tenemos como propuesta una comisión constituida mayoritariamente con personalidades de la talla de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, distintos luchadores de los derechos humanos a los que sumamos a diputados y senadores y a un grupo de los familiares y todos con los archivos arriba de la mesa analizarlos y poder sacar un dictamen para saber cuál es la verdad”.

“Los familiares no tenemos ninguna expectativa en que este nuevo aniversario traiga verdad. Así como están las cosas no, no nos parece que el planteo jurídico vaya en alguna dirección y algunos dentro de esos grupos de familiares estamos interesados en darle una salida política, eso es un trabajo muy lento, pero se hace indispensable mantener la independencia respecto del Estado porque es la condición para tener la cabeza clara y no dejarse manosear por distintas propuestas inconducentes”, dijo Gitter en la entrevista que aquí se transcribe.

-A partir del cambio de gobierno, en el contexto político actual, ¿qué vías están abiertas en la búsqueda de justicia y cuántos avances o retrocesos se pueden distinguir?

La pregunta va al centro del problema, no se pueden distinguir avances. Después de 22 años el cambio de gobierno no significa necesariamente un avance. Y en más de un sentido podemos hablar de retrocesos. Te voy a dar dos ejemplos.

Somos una de las organizaciones que primerió el reclamo y la exigencia de apertura de archivos, venimos sosteniendo, desde la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA que integro, una batalla muy importante de ideas para explicar que sin la apertura de archivos secretos es imposible avanzar un centímetro en esclarecer nada. El gobierno anterior se negaba a abrir los archivos secretos pero tuvo una última intención de abrirlos y no lo hizo francamente pero sabemos que se los ha dado a la fiscalía de investigaciones. Este gobierno a pesar de que la fiscalía le pidió al presidente Macri que abra los archivos secretos, sin los cuales no se puede investigar nada, pues no lo hizo.

Después de siete meses de un nuevo gobierno que de alguna manera generó o quiso generar la ilusión de que los trámites van a ser distintos, lo que vemos es un principio de continuidad en el ocultamiento, en el encubrimiento del rol criminal que tuvo el propio Estado en la comisión de este atentado. Han pasado 22 años y no tenemos grandes avances desde el punto de vista político.

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Desde el punto de vista jurídico es muy poco lo que te puedo decir. Hace un año comenzó un juicio oral contra doce o trece imputados. Está imputada la plana mayor de la política y de la seguridad del país. Está imputado el presidente Menem, el jefe y el subjefe del Servicio de Inteligencia del Estado, el ex juez Galeano y algunos de sus secretarios, los jefes de la Policía Federal en el área de antiterrorismo e incluso el ex presidente de la DAIA por el conocimiento que tenía del papel que jugaba la SIDE en el pago a imputados. No va para ningún lado ese juicio, entre otras cosas porque los archivos están cerrados y porque los jueces se dan cuenta que son parte de un manoseo político articulado por el Estado de un lado y hasta por la DAIA del otro y no quieren ser parte de ese manipuleo.

Entonces 22 años después del atentado la situación para el conocimiento de la verdad es dramática.

-Hace unas semanas estuvo el ex senador Mario Cimadevilla -ahora a cargo de una secretaría para trabajar este tema- reunido con especialistas de la UNS porque jurídicamente están evaluando la posibilidad de juicios en ausencia. ¿Qué postura tienen sobre el tema?

Nos hemos pronunciado públicamente y en privado con Cimadevilla en contra. Queremos ser en este punto muy claros, Cimadevilla está tratando de salvarle la ropa a los desaguisados que el propio Estado argentino cometió. Entonces dice: bueno, si desde el punto de vista jurídico no podemos avanzar en culpabilizar a gente, en este caso los iraníes, contra los que no tenemos pruebas, armemos un artificio jurídico que los siga culpando a ellos que total no van a venir a la Argentina a rendir cuentas.

Estamos en contra de estos artificios jurídicos porque encubren la verdad. No sabemos qué papel tuvieron los iraníes, tampoco lo sabe Cimadevilla y mucho menos el juez. La verdad sobre la relación que hay entre el Estado argentino y el atentado está oculta en los archivos secretos que Cimadevilla a cuya apertura se opone, su gobierno se opone. Le hemos dicho personalmente que estamos en contra de seguir patoteando con la justicia o con el Poder Judicial para defender el papel criminal que le cupo al Estado argentino hace 22 años.

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Cimadevilla ha dicho cosas peores, está planeando incluso acudir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a imputar responsabilidad criminal a los iraníes. Hay un punto en que las cosas se distinguen por el olor y esto huele a locura. El gobierno argentino nuevo quiere repetir las primeras acciones del gobierno Kirchner, allá por el 2003 cuando apeló a las Naciones Unidas para tratar de ser el motor, la locomotora de un ataque a Irán desde la región latinoamericana.

Es un disparate, hay que abrir los archivos, constituir una comisión investigadora con personalidades indiscutibles dentro del pueblo argentino, tenemos como propuesta una comisión constituida mayoritariamente con personalidades de la talla de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, distintos luchadores de los derechos humanos a los que sumamos a diputados y senadores y a un grupo de los familiares y todos con los archivos arriba de la mesa analizarlos y poder sacar un dictamen para saber cuál es la verdad de este episodio que fue el atentado terrorista de Estado cometido en democracia más grave de los últimos cien años en Argentina.

-En el caso de las políticas que recién contaba que está llevando adelante Cimadevilla, ¿las leen en relación a un vínculo con el Estado de Israel más cercano o con otras características y otros objetivos políticos y comerciales?

Sin duda. Una aclaración necesaria por no conocerte ni saber cómo pensás. Obviamente cuando estamos hablando de Cimadevilla no es algo personal con esa persona sino que concentra una política dentro del aparato del Estado. Él es el secretario de la Unidad AMIA a la que ha presentado cuando todavía no había asumido a su cargo como si fuera el centro de la posibilidad del esclarecimiento de algo. Realmente no avanza un centímetro.

Por supuesto que para lograr algún punto de consenso o de apoyo, Cimadevilla representa formalmente las políticas del Estado de Israel en el tema AMIA. Continuar una acusación internacional dirigida contra Irán y alinear al gobierno argentino en solidaridad con Netanyahu, lo que es un verdadero disparate porque a Netanyahu no lo defiende ni su mujer que está también procesada en Israel.

-¿La comisión investigadora en qué estado está? ¿Qué recepción tuvo en el Congreso?

Hemos hecho un buen trabajo político en los últimos dos años. Nuestro proyecto lo presentamos hace dos años en el Congreso pero como las fuerzas políticas mayoritarias no habilitaron el debate perdió vigencia. Tenemos que volver a presentarlo. En este momento contamos con el apoyo de distintos bloques mayoritarios dentro de Diputados. Me refiero a la UCR, a la fuerza del GEN de Margarita Stolbizer, diputados del grupo de Massa y hasta del PRO. Incluso el presidente del Frente para la Victoria, el dr. Recalde, adhiere a la idea de que tenemos que discutir una salida política para conocer la verdad y esa salida política debe ser una comisión investigadora. Vale decir, tenemos un consenso, entre comillas, de estas fuerzas políticas en el sentido de habilitar el debate.

Si esta comisión al día de hoy no se terminó de formar es por las dudas que genera al interior del partido de gobierno, la mitad de cuyos integrantes adhieren a nuestra propuesta y la otra duda. Esta es la verdad de la milanesa, el aparato del Estado está dividido alrededor de qué salida política impulsar. Nosotros impulsamos una salida por la verdad y no por el negocio.

-Pablo, son exactamente las 9:53 minutos, se están cumpliendo 22 años de aquel atentado, más allá de toda esta discusión política y jurídica que 22 años después todavía tiene que seguir levantando como bandera, como agrupaciones de familiares ¿cómo reciben este aniversario?

Mira, los familiares no tenemos ninguna expectativa en que este nuevo aniversario traiga verdad. Así como están las cosas no, no nos parece que el planteo jurídico vaya en alguna dirección y algunos dentro de esos grupos de familiares estamos interesados en darle una salida política, eso es un trabajo muy lento, pero se hace indispensable mantener la independencia respecto del Estado porque es la condición para tener la cabeza clara y no dejarse manosear por distintas propuestas inconducentes.

Vamos a hacer nuestro propio acto hoy por la tarde, la Agrupación por el Esclarecimiento a la Masacre de la AMIA convoca a un acto a las seis y media de la tarde, a una conferencia para debatir el tema terrorismo de Estado y archivos secretos, el caso AMIA, conformando una mesa con especialistas como Juan Gabriel Tokatlian, profesor de la Universidad Di Tella y especialista en relaciones internacionales, el fiscal federal Federico Delgado que por estos días es conocido por sus acciones en los temas de lucha contra la corrupción, el ex diputado Claudio Lozano que es uno de los impulsores de nuestra propuesta de comisión investigadora y Laura Ginsberg que es la referente de nuestra agrupación. Vamos a fijar posición para intentar presentar este proyecto de comisión investigadora independiente del Congreso en las próximas semanas.

Pero en este momento comienza el acto oficial, que es un acto que se presta para poner flores, hacer homenajes y tratar de que pase el año lo menos llamativamente posible.

Con la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Héctor Gay y otras autoridades gubernamentales y de la empresa Dreyfus la semana pasada se inauguró la planta de la multinacional en ing. White. Tal como anticiparon las centrales sindicales locales, la fiesta no incluyó la más mínima mención a César Benítez, obrero que murió durante la construcción el 24 de marzo de 2011.

“Hubo un accidente muy grave ahí, por eso me pareció raro tanta celebración sin que haya pasado nada en estos cinco años, me dieron ganas de protestar, te imaginarás la bronca que tengo”, contó a FM De la Calle Maximiliano Contreras, quien perdió tres dedos al intentar ayudar a su compañero. El trabajador se acercó a Dreyfus para exigir que la empresa reconozca su situación y las autoridades le ayuden a conseguir empleo.

Contreras afirmó que “lo único que estoy pidiendo es justicia” y recordó que desde la época de los hechos está en juicio con la empresa y “todavía no resolvieron nada, recién hace un mes más o menos vino el perito en la causa, el ingeniero, y me tomó declaración”.

“Siempre trabajé, desde que tuve el accidente lamentablemente la vida sigue y con el tema de la mano se me puso más dificultoso conseguir trabajo, así que sigo trabajando pero nada estable, no como antes de tener el accidente. Te imaginarás que me cambió la vida, perder tres dedos de la mano, el empleador ya te mira de otra forma cuando vas a buscar trabajo”, comentó.

El obrero se matriculó como gasista y sumó una herramienta para buscar sustento para su familia. Durante la inauguración en Dreyfus logró contactarse con un secretario de la gobernadora Vidal quien prometió atender la demanda de acompañamiento en la causa y empleo.

“Todo el tiempo trataron de tapar todo rápido, supuestamente le tenían que hacer pericias al lugar y no sé si se hicieron o no, que ahora hay problemas con la causa, todo el tiempo tapaban todo para que nadie vea nada, fue todo muy encubierto desde el momento del accidente. Yo estaba shockeado, estaba mal, mucha importancia no le di a si hacían bien las cosas o no, en ese momento era en lo que menos pensaba”, recordó sobre la actuación de la empresa tras el incidente.

Y agregó que “para mí sé lo que pasó, ya lo hablé con el perito en la causa y lo dije varias veces, la viga de contención estaba fisurada, el día del accidente le dije al encargado de seguridad, con César le dijimos, y dijo que no pasaba nada, que no iba a pasar nada, que bajemos tranquilos y pasó lo que pasó. Desde ya también los pilotes de contención estaban socavados abajo por el agua, la función que teníamos era colocar bombas para drenar agua, te imaginarás lo socavados que estaban los pilotes”.

Foto: Captura de TV BVC Noticias.

En Bahía Blanca también se escuchó el ruidazo contra los tarifazos del gobierno de la Alianza Cambiemos. Más de 800 personas se concentraron frente a la Municipalidad y marcharon por las calles del centro.

A la Coordinadora contra los Tarifazos, el Plenario Abierto del Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores y otras agrupaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos y sociales se sumaron bahienses independientes con bocinas, cacerolas y otros objetos para dejar en claro su desacuerdo con los aumentos en los servicios públicos y el ajuste.

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Al recorrer la columna de manifestantes se podían escuchar diversas consignas: “Paso, paso a paso, abajo el tarifazo”, “Che Mauricio, che Mauricio, no te lo decimos más, si no paran el ajuste que quilombo se va a armar” o su versión en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández, el clásico antineoliberal “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, “Vamos a volver, vamos a volver” y “A dónde está, a dónde está, el periodista que gobierna la ciudad”.

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La movilización pasó por el frente de la empresa de la familia del jefe de la bancada PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot. La Nueva Provincia despidió recientemente a más de veinte trabajadoras y trabajadores al amparo del gobierno macrista-radical.

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El presidente y sus ministros “aprenden” a costa de la ciudadanía, sin convocar las audiencias públicas que establece la Constitución y fijan aumentos impagables en los servicios de luz, gas, agua y transportes. En la justicia se multiplican los amparos que obstaculizan o frenan los tarifazos y la Corte Suprema demora su definición. Mientras tanto, los sectores afectados confluyen en multisectoriales y salen a la calle a mostrar su hartazgo.

DSCN9005Como en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en las capitales provinciales y otras grandes ciudades se replicaron las movilizaciones, cacerolazos, frazadazos y otras protestas exigiendo también la renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren.

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Mañana se cumplirá un año de la desaparición de Andrea Esnaola en Pehuen Có. Para exigir que la justicia no abandone la búsqueda de la portera de la Escuela Técnica Nº1, el sábado se realizará un acto desde las 14 en Plaza Carrasco. Su amiga Marcela Pintado aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa “ni siquiera ninguna hipótesis que pese más que otra”.

“Yo sé que al pueblo internamente le afectó mucho que esta sea la tercera persona que desaparece en Pehuen Có, que no se encuentra. Me sentí un poco sola, ahora gracias a dios se armó un grupo que se llama Ni Una Menos Pehuen Có que son unas chicas bárbaras que hicieron un mural, para el sábado vamos a contar con las chicas de DesBandadas que ya fueron para la temporada a demostrar lo que hacen ellas y lo que piden, espero que a esta movilización se pueda unir el pueblo y gente de afuera también”, aseguró Pintado, quien ahora vive en Cipoletti.

La amiga de Esnaola sostuvo que “lo que nos conviene para nuestras mentes es pensar que ella se fue por sus propios medios y que está bien, pero es como te digo, no se puede descartar nada porque al no tener absolutamente nada, ni siquiera encontramos el guardapolvo o lo que fuera en el mar, en los médanos, no hay indicios seguros, ni siquiera de si se fue o nada. Es muy difícil”.

Respecto al intento de suicidio del marido de Andrea, Gustavo Martínez Ipucha, ocurrido días después de la desaparición de la portera, Pintado comentó que “me lo encontré en el Destacamento porque yo llegaba de Bahía y ahí era el punto de encuentro para ver a dónde vamos a buscar y lo vi muy mal, lo vi llorando mucho, estaba muy abatido y por lo que él me decía era como que confirmaban que los perros que buscaban desembocaban en el mar. Yo lo hablé después con él y no se acuerda de lo que hizo, yo lo relaciono a sentirse que si la pista más fuerte era que se había metido en el mar era como que bajó los brazos, hasta ahí lo había visto entero pero ese día lo vi realmente muy mal y al otro día pasó lo que pasó con el arma”.

“Por palabras de Andrea, ella estaba un poco cansada por la rutina en nuestro trabajo, todos los días haces lo mismo, hace tantos años la misma vueltita, estaba media cansada, después me enteré que ya había pedido una licencia sin goce de sueldo por un mes, ella no me lo había contado. Ese día estábamos con el tema de las benditas vacaciones de invierno, que había habido algún problema y que no se las iban a dar. Después nos enteramos que sí pero no le habían alcanzado a comunicar a ella. A uno le parece que no vas a tomar una decisión drástica porque te den o no las vacaciones pero por ahí es un combo que se puede haber juntado. Ese día ella estaba bien, el único tema fue el cambió de las vacaciones de invierno, ella se ponía muy nerviosa, muy impotente con ese tema”, recordó.

Agregó que Andrea “tenía una vida del trabajo a su casa, por ahí iba a Bahía Blanca a ver a su suegra o a hacer alguna compra, solían ir de vacaciones con el marido pero no era de tener, hasta lo que yo sé, muchas relaciones o vida social”.

“Andrea era bárbara, porque ella así tuviera un problema con alguna persona no iba al choque, por ahí capaz que nos desahogábamos entre nosotras porque prefería eso. Era muy colaboradora con todos sus compañeros, muy reservada también porque a pesar de que por ahí yo tenía mucha relación con ella, nos entendíamos mucho, hay cosas que no profundizaba y que yo tampoco sé de su vida íntima o personal”.

Frente a la manifestación del sábado, Pintado pidió “que no se olvide este caso, que no se olvide su nombre, que recordemos su rostro porque muchas personas capaz que se la cruzan y ya no se acuerda ni quién es. Por otro lado, exigir que se siga buscando o que comuniquen si hay novedades en la medida que se pueda, que no quede como un caso más porque buscar 18 días en la inmensidad de Pehuen Có me parece que no fue suficiente, tal vez lo que no se hizo en su momento ahora ya sea tarde”.

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(Anred) Ayer por la mañana falleció Enrique Fukman, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar argentina. “Cachito” -como todos lo conocían- estuvo detenido-desaparecido en la ESMA entre 1978 y 1980 por su militancia en Montoneros. En 1985 fundó, junto a otros compañeros, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). También referente del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), fue un luchador imprescindible por los derechos humanos de ayer y de hoy. “Así como reivindicamos la lucha contra la dictadura, reivindicamos las luchas del presente. Convencidos de que si nuestros compañeros estuvieran vivos, hoy estarían en la calle junto a todos los luchadores populares”, afirmaba. Reproducimos Comunicado de AEDD.

Compañero
Enrique “Cachito” Fukman
PRESENTE!

Con mucho dolor desde la Asociación de Ex – Detenidos Desaparecidos comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Enrique “Cachito” Fukman.
Cachito, sobreviviente de la ESMA, fue parte de las grandes luchas docentes, sosteniendo la “Carpa Blanca”.
Como militante de nuestra Asociación fue protagonista en el enfrentamiento contra la impunidad y la represión, solidario con todos aquellos que se enfrentan a la injusticia.
Cachito formó parte de la generación que bregó por el socialismo desde su militancia en Montoneros y enarboló después la bandera de los 30000 hasta el último de sus días.
Cachito fue fiel al lema de la AEDD: “Porque luchábamos nos desaparecieron, porque aparecimos seguimos luchando”.

COMPAÑERO CACHITO PRESENTE!!!!!!!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Asociación de Ex – Detenidos Desaparecidos
Sala Velatoria AMIA. Loyola 1139, CABA, jueves 14 de julio, a partir de las 16.

El Plenario Abierto del Frente para la Victoria, en el marco del bicentenario del 9 de julio de 1816 y la visita de Mauricio Macri a la ciudad, advirtió que la independencia de nuestro país está “gravemente amenazada” a causa de su gestión.

Para Rodolfo Viano, cura en opción por los pobres e integrante del colectivo, resultó “muy triste” la celebración del bicentenario y “las palabras del presidente casi pidiéndole disculpas al ‘querido rey de España’, evidentemente con un sesgo muy hipócrita” ante la “desocupación, el hambre, los tarifazos y la represión”.

En diálogo con FM De la Calle agregó que la Alianza Cambiemos “ha producido entre tantas calamidades cinco millones de nuevos pobres y más de 200 mil despidos”. Las organizaciones kirchneristas resumieron en cinco los reclamos prioritarios frente las medidas antipopulares y las “operaciones oscuras” del macrismo.

“Está amenazada la integridad física incluso de Milagro Sala en Jujuy dado que hay una detención absolutamente arbitraria e inconstitucional. Por otro lado, le estamos reclamando también el esclarecimiento inmediato de la represión que están sufriendo los trabajadores de Industrias RB, empresa recuperada, como también los de Radio América y el diario Tiempo Argentino. En relación con esto le estamos pidiendo al presidente la renuncia de Patricia Bullrich que ha evidenciado desde el comienzo de su gestión inoperancia, desaciertos y todo eso dentro de un contexto de concepción de una seguridad antipopular, criminalizadora de la protesta social”, dijo Viano.

En materia económica afirmó que exigen la renuncia del ministro de Energía y del titular del Banco Nación. La de Juan José Aranguren porque “está de uno y el otro lado del mostrador, es accionista de la multinacional Shell y tiene en sus manos las políticas energéticas que llevan entre otras cosas a lo que va a ser motivo de un cacerolazo a escala nacional” contra el “tarifazo inconsulto, arbitrario y totalmente exagerado”. El cuestionamiento a Carlos Melconian es por “traidor a la patria” al ponerse del lado de los fondos buitres y accionar judicialmente contra el país.

Foto: Jorge Cedrón.