El ministro de la Producción bonaerense confirmó que analiza un proyecto de explotación carbonífera en miles de hectáreas del sur provincial. Lo hizo ayer en una reunión con el legislador Ricardo Vago.

El diputado socialista dijo a FM De la Calle que durante el encuentro el funcionario de Scioli “confirmó la existencia del pedido de prospección y cateo para la cuenca de Claromecó por 600 mil hectáreas”.

Frente a esto, sostuvo que expresaron sus diferencias y entregaron firmas que avalan la “inconveniencia del método de prender fuego bajo tierra el carbón, ya que queda permanente encendido y va generando Syngas, que sirve, por ejemplo, para el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Los gases que genera se pueden diluir dentro de los acuíferos y el agua pasa a ser envenenada”.

A su vez, el dirigente del FAP también verificó que las firmas involucradas son Delmo Patricios,  Claromecó Energy y Delpo PTY, todas de origen australiano. El Código de Minería autoriza sólo 200 mil hectáreas por razón social y el área a explotar sería de 600 mil. Esto hace sospechar acerca del vínculo existente entre las distintas empresas. El Ministerio expresó que les pidieron que demuestren que no se trata de los mismos socios.

Para Vago, “antes de autorizarse el cateo tiene que informarse y debatirse en audiencias públicas con los distritos de las comunidades afectadas”.

Por otra parte, también preocupó al referente político que “afirmen que no hayan mirado las páginas donde las empresas dicen que ya tienen en explotación las hectáreas y que piensan instalar una usina”.

De esta forma, el ex intendente de Bahía Blanca, sin brindar mayores informaciones, confirmó que la explotación a través de métodos contaminantes de la Cuenca Claromecó es parte de las medidas que analiza en su planificación política.

A través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron estudios sobre la potencialidad de la cuenca en cuanto a la explotación del carbón.

Finalmente, el dirigente del PS aseguró que Cristian Breitenstein afirmó que “se evalúa la posibilidad de utilizar el carbón para generar energía o para realizar un gasoducto con destino al Polo Petroquímico de Bahía Blanca”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación recibió ayer a 16 dirigentes del acampe QOPIWINI. Durante la madrugada, más de cien efectivos de la Policía Federal habían impedido un corte que realizaban integrantes de las comunidades qom, wichí, nivaclé y pilagá, quienes acampan desde hace cuatro meses exigiendo diálogo con la presidenta y la restitución de sus territorios.

El dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, participó de la reunión presidida por el dr. Marín Fresneda.

“Pudieron exponer de una claridad meridiana y un respeto del que tenemos que aprender. Fueron dos horas y media o tres de reunión”, dijo el militante a FM De la Calle.

Por otra parte, la Secretaría asumió el “compromiso de que el miércoles que viene a las 10 de la mañana Martín Fresneda va a dar respuesta a los puntos en los que todos los hermanos plantearon por qué está el acampe ahí”.

“Si no hay resolución de la restitución territorial, el respeto a la consulta ante cualquier obra que se haga en territorio originario y sobre todo que termine el hostigamiento por medio de causas judiciales, (…) no se puede seguir hablando”, aseguró en referencia a los principales ejes expuestos.

No es la primera reunión en que un funcionario recibe a dirigentes de pueblos originarios. El último antecedente fue en mayo de 2011 cuando el Ministro del Interior y Transporte comenzó una mesa de diálogo. Según Pimentel, “no se cumplieron ninguna de las actas firmadas por Florencio Randazzo”.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, en diálogo con FM De la Calle aseguró  que el organismo está avanzando en la cobertura de tres vacantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el análisis de las denuncias presentadas contra su presidente, el ex PCI Néstor Luis Montezanti, y el concurso para designar al titular del Juzgado Federal Nº1 que tiene como aspirantes a Álvaro Coleffi y Santiago Martínez, dos protagonistas del “festival de subrogancias” en la jurisdicción.

“Tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso. Había denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones, un festival de subrogancias sin participación del Consejo de la Magistratura”, advirtió.

Sobre la exoneración de Coleffi, quien intervino en investigaciones contra civiles partícipes en el terrorismo de Estado, manifestó que “nunca vi una cesantía de un secretario en tan poco tiempo” y, por otra parte, calificó como “un despropósito” la participación en “política partidaria” de la Asociación de Magistrados.

Objetivo Bahía Blanca

Respecto de la no renovación de la subrogancia de Santiago Martínez, lograda por el desempate de su voto en el plenario del 18 de junio, explicó que el eje fue plantear “cuál es la función que tiene el Consejo de la Magistratura según la Constitución Nacional. El art. 114 dice que fue creado para asegurar una eficaz prestación de los servicios de justicia”.

Por ello, “cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca nos remite los oficios el 30 de diciembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 referidos a la subrogancias de los dres. Martínez y Pontet, es la misma Cámara (la que) puntualiza que es este Consejo de la Magistratura la autoridad competente para resolver sobre la designación de subrogantes y nos pide una manifestación expresa acerca de las subrogancias prolongadas que había dispuesto la Cámara sin intervención del Consejo. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de decidir”.

“Estudiamos lo que estaba pasando en la jurisdicción, escuchamos a todos los actores, al dr. Santiago Ulpiano Martínez, leímos las numerosas presentaciones que hizo Martínez, los fiscales Palazzani y Nebbia, el consejero académico Daniel Candis fue a la jurisdicción, conversó con la jueza Marrón, con la Cámara, con otros funcionarios, y la verdad que yo tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso”, repasó.

Vázquez agregó que la intervención del cuerpo que preside fue motivada por esas “denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones” y el “festival de subrogancias” no soló sin la participación del Consejo sino “designadas incluso por un solo camarista”.

A eso sumó “todo ese desasosiego social que hemos visto, con movilizaciones masivas y, como corolario y consecuencia, la demora y las incertidumbres en las causas de lesa humanidad que la Corte Suprema nos ha ordenado a todos los jueces y juezas que debemos sustanciar sin demoras” y los compromisos internacionales para garantizar el derecho humano de acceder a la justicia.

Luego se refirió a la cesantía  “en tiempo record” de Álvaro Coleffi, subrogante en las causas contra los represores civiles Vicente Massot, Hugo Sierra y Aldo Vara. “Tengo entendido que el funcionario Coleffi pidió una reconsideración en la Cámara Federal de Bahía Blanca que nunca le fue proveída, nunca le contestaron. Incluso hay miembros de la Cámara con denuncias hechas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en lo concreto respecto del juez Montezanti“.

Otros pedidos de juicio político contra el camarista fueron motivados por sus supuestos vínculos con la Triple A -fue comprobada judicialmente su presencia junto a la patota parapolicial en una toma universitaria en 1974-, su pertenencia al Batallón 601 del Ejército como Personal Civil de Inteligencia y su más reciente intervención en la exoneración de Coleffi tras reasumir, sin motivo justificable, funciones para las cuales estaba excusado.

Vázquez evitó hacer consideraciones sobre imputaciones que deberá analizar como consejera y se limitó a informar que “estamos sustanciando las denuncias que se realizaron”, que el camarista ya fue notificado y que la Comisión de Acusación y Disciplina debe decidir si lo cita o no a “una suerte de indagatoria en un proceso disciplinario”. Este último punto fue incluido en la orden del día que la Comisión tratará este jueves.

La presidenta del Consejo de la Magistratura afirmó a FM De la Calle que apuntan a cubrir las tres vacantes de la Cámara Federal – “ese concurso está en trámite y pronto se van a enterar cuál es la fecha de la prueba”- y que antes se resolverá la titularidad del Juzgado Federal Nº1, para lo cual resta una audiencia para “conocer” a los postulantes y pedirles opinión “sobre temas importantes que hacen a la comunidad, a la sociedad y al Derecho”.

Disputa política

Durante la primera parte de la entrevista, la dra. Gabriela Vázquez explicó lo actuado por el organismo en el caso de Luis Cabral, el juez ordinario al que no se le renovó la subrogancia en la Cámara de Casación Penal, acto que motivó la reacción de factores del poder judicial, político y mediático que denuncian al gobierno nacional por atacar la “independencia judicial” y “la república”.

Para la funcionaria, Cabral “no debió ser designado en la Casación porque no se hizo el sorteo, fue a dedo y ni siquiera entre los jueces que estaban llamados a ocupar ese lugar” y tampoco cumplía el servicio de justicia: “Era una sala que estaba produciendo muy poquito, este año sacaron 305 sentencias mientras que la Sala III donde había otro subrogante sacaron 958 y en la Sala IV del dr. Borinsky, que fue ratificada su designación, sacó 1177”.

Ante la convocatoria de la Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados a concentrarse “en defensa de la Constitución” el próximo 7 de julio, la presidenta del Consejo opinó que es “un despropósito” y que “los jueces y las juezas no debemos participar en política partidaria”.

“Me parece que la Asociación de Magistrados, sin el aval de la Lista Celeste a la que pertenezco, está haciendo reuniones con partidos políticos, se está metiendo en política partidaria y eso es un temperamento que no corresponde a los jueces y las juezas. Si bien tenemos ideologías -si no, no seríamos personas- y además diseñamos políticas públicas y las llevamos a cabo conjuntamente con otros poderes del Estado, no podemos de ningún modo intervenir en política partidaria como está haciendo la Asociación de Magistrados en este momento, sacándose fotos en febrero con Sergio Massa y hace dos días con todos los diputados de la oposición al oficialismo”.

La QOPIWINI (organización que nuclea a los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) definió realizar anoche una fogata cortando Avenida de Mayo y 9 de Julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del acampe instalado hace cuatro meses en búsqueda de diálogo con la presidenta Cristina Fernández.

El qarashe qom Félix Díaz dijo a FM De la Calle que “la policía pidió que se abriera media calzada. Se hizo. Los hermanos subieron a la vereda del acampe. Fue como a las tres de la mañana”.

Sin embargo, pese a liberar el espacio, “la policía decía que salgan de la vereda que si no les iban a secuestrar los equipos de sonido que nos prestaron anoche, o si no iban a llevar detenidas a las personas que no querían salir. Ahí avanzaron más policías, más carros de asaltos, antimotines. Era una cantidad bastante importante. Cientos de policías”.

Con el paso de las horas se acercaron al lugar diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. “Por suerte la comunidad capitalina ha respondido bastante. La policía en este preciso momento se retiró”, aseguró Díaz.

Sobre las diez y media, cuando los efectivos policiales se retiraron, estaban presentes, entre otrxs dirigentes, Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza).

Luego de este reclamo, Díaz informó que serían recibidos a las 14 por el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda “para pedir que interceda en el diálogo con la presidenta”.

La jefa de Estado, hasta el momento, se negó a recibir a los dirigentes de los pueblos originarios luego de reiterados pedidos de audiencia.

La Comisión Directiva provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) definió un paro para hoy. “El sábado 27 fue el día del trabajador estatal. En la provincia de Buenos Aires llevamos conflictos cada año porque no sabemos si va a ser asueto o no, porque el gobernador firma el decreto a último momento, de forma tal que la gente no se entera que puede tomarse el día pese a que está otorgado”, dijo a FM De la Calle el subsecretario interior zona sur de la organización, Gustavo García.

Este año el día de reconocimiento laboral “cayó sábado y tampoco tuvimos respuesta en cuanto a trasladarlo al día lunes para que la gente puede festejar su día con un asueto. Por eso desde la comisión directiva se tomó la decisión de tomarlo igual el día mediante una medida fuerza”.

Por otra parte, para tranquilidad de afiliadxs a esta organización, el dirigente aclaró que “las presentaciones legales están todas cumplimentadas en tiempo y forma”, de manera que el paro se enmarcaría en un derecho constitucional, por lo que no debería haber descuentos.

 

“El Ministerio de Trabajo de Nación ratificó el acuerdo salarial para el sector de trabajadorxs de Gas y Petróleo. El convenio consta de un 28 % de aumento  (en rigor, menos porque es un 16 % en mayo y el 12 restante en octubre). También se modificaron las categorías que implica un 3 % más, una suma fija de $ 2000 en septiembre, una modificación en el pago de las horas en días feriados”, dijo a FM De la Calle el Secretario General del Sindicato de del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo.

A su vez, el dirigente gremial aclaró que en “lo que no hubo acuerdo, pero allí va a trabajar el Ministerio, es que en caso de accidente de trabajo los muchachos no pierdan el cobro de la vianda diaria”.

Para el día de hoy ya deberían normalizarse todos los servicios vinculados al sector, incluso el abastecimiento de garrafas.

“Hace trece años que no tenemos justicia y los responsables políticos de los asesinatos de Maxi (Kosteki) y Darío (Santillán) siguen estando impune” dijo a FM De la Calle Vanina Kosteki, hermana de una de las víctimas de la masacre de Avellaneda.

“En este año en particular tenemos que lamentar de que sean candidatos a gobernador tanto Solá como Aníbal Fernández. Es muy lamentable que los responsables políticos se sigan reciclando y los gobiernos, tanto de Cristina como en su momento el de Néstor, sigan defendiendo y apañando a los funcionarios responsables de la masacre. Desde Duhalde hasta el último responsable de la SIDE que era Soria”, expresó.

Respecto del rol de la justicia, Vanina informó que siguieron presentando “peticiones para investigar. Lo último que hicimos fueron las cadenas de mando y saber quiénes son los que dieron las órdenes para reprimir. Hemos pedido las escuchas y las respuestas siempre han sido negativas”.

A su vez, “ahora ha asumido una nueva fiscal. Nos reunimos la semana pasada con la procuradora general Gils Carbó, y nos ha prometido tratar de tener un diálogo con la fiscal para poder avanzar. Pero nosotros vemos que no hay interés de seguir avanzado”.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido efectuado por el Consejo de Defensores Generales provinciales en el que solicitan revisar la situación de superpoblación en cárceles y comisarías. En una presentación, la funcionaria reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.

La Defensora Graciela Cortazar dijo FM De la Calle que “esta fue una presentación que hicimos intentando en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, llevar esta realidad que estábamos viendo de superpoblación carcelaria para ser tratada en el marco de aquel habeas corpus que lleva el nombre de Horacio Verbistsky. Hace muchos años la Corte de la Nación, ante una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le ordena a la provincia de Buenos Aires que revea, no solamente las políticas carcelarias, sino también la cuestión normativa, y demanda a los jueces no utilizar excesivamente la prisión preventiva. El relevamiento que se había hecho por entonces ponía en severo riesgo de responsabilidad institucional por violación a los derechos humanos a la nación Argentina”.

En esa oportunidad, “lo que hizo la Corte de la Provincia de Buenos Aires fue dejar abierto el habeas corpus del CELS en lo que significaba cumplir con lo que la Corte de la Nación había dicho. Algunas cosas se hicieron”.

Sin embargo, Cortazar expresó que “a lo largo de estos años, después de un primer momento en donde hubo una modificación legislativa favorable y alguna merma en la cantidad de población carcelaria, luego de este primer momento, todo volvió a ser peor”.

Ante esta situación verificada por las defensorías, realizaron la presentación ante “la Corte de la provincia para que vea como desde aquel caso Verbitsky, y no solamente que nada cambió sino que las cosas han empeorado. Un poco en sintonía con lo que ahora planteó la Comisión Provincial por la Memoria”.

La defensora explicó que finalmente la corte provincial respondió que “el fallo Verbistky ha sido cerrado y ustedes tienen que ir por la vía ordinaria en lugar de una acción colectiva”.

Frente a la negativa, “nos fuimos a la corte de la Nación y ahí surge este dictamen (de Gils Carbó) que nos llena de muchísima esperanza porque lo que hace es ordenarle a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) que se aboque a analizar que esta acción colectiva y resuelva verificar qué es lo que está pasando nuevamente en la Provincia de Buenos Aires con los lugares de encierro”.

En el distrito que ocupa a la Defensoría ubicada en Bahía Blanca “tenemos un observatorio”. Allí se constata que “las únicas intervenciones que el Estado hace es en realizar más espacios para alojar gente. Es cierto que la provincia está interesada en que no se produzcan violaciones o falta de atención de derechos en las cárceles y comisarías. Pero lo cierto también es que, en la medida que los jueces y los legisladores sigan produciendo resoluciones que lleven al encierro, no vamos a poder encontrar una solución porque la superpoblación nos va a volver a superar en estas intenciones de no afectar los derechos de las personas. Lo que hay que bajar son los niveles de prisionización”.

Según Cortazar, “hay que buscar alternativas. El encierro preventivo debe ser usado ocasionalmente y aquí se lo usa como regla. Y esto no solamente es una afectación de los derechos sino que es generadora de reincidencia (delictiva). En este sentido me parece que el Estado se está equivocando reincidiendo en la idea de encerrar como respuesta al conflicto penal”.

José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, analizó el proceso político que derivó en el pedido de pase a retiro de César Milani como jefe del Ejército, aceptado por el gobierno argentino.

“Que renuncie Milani siempre es una buena noticia. No hay una información trasparente de qué es lo que pasó. Lo concreto es que renunció. Sea cual sea la razón, no lo sabemos, como tampoco nunca supimos por qué se empecinaron en defenderlo contrariando lo que había sido durante diez años una conducta que era ‘militar impugnado, militar que no seguía ascendiendo’. Su carácter de hombre de inteligencia estuvo presente en todo su mandato y parecería que va también a sellar su retirada”, afirmó el dirigente.

Schulman destacó que “nadie podría despegar la resistencia de los familiares, los abogados de La Rioja, la parte del movimiento de derechos humanos, de su renuncia. Es indiscutible que si Milani no hubiera sido impugnado y no hubiera seguido la resistencia después que terminó el debate legislativo, hoy seguiría siendo el jefe del Ejército”.

“La otra cuestión es que me parece que el gobierno vuelve a perder otra oportunidad de dar una señal de que quiere producir algún cambio verdadero en el Ejército”, expresó el titular de la LADH refiriéndose a la designación del ex comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ricardo Luis Cundom como sucesor de Milani.

Escuchá el análisis:

La Defensoría del Público, AFSCA y UNICEF lanzaron una red de periodistas para promover los derechos comunicacionales de la niñez y la adolescencia. Enterate más en

Con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos consagrados por los tratados y las leyes vigentes en materia de comunicación para la infancia y la juventud, se gestó y presentó oficialmente ENREDADOS, una Red por una Comunicación Democrática de la Niñez y la Adolescencia.

Participaron periodistas de todo el país, integrantes de la Defensoría del Público, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Argentina.

La jornada se completó con tres mesas de trabajo que tuvieron como eje las representaciones mediáticas de la niñez y las normas vigentes que contemplan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al finalizar el encuentro se presentó el portal web Enredados, de la Red Nacional de Periodistas por una Comunicación Democrática de la Niñez y la Adolescencia: www.enredados.org.ar

En el sitio se sugieren guías para el tratamiento periodístico con un lenguaje inclusivo y no sexista, fuentes posibles a consultar, investigaciones y leyes vigentes y, hasta un glosario (que se irá actualizando) en el cuál se encuentra términos recomendados para una correcta circulación de la información sobre niñez y adolescencia con enfoque de derechos.

La Defensora del Público, lic. Cynthia Ottaviano sostuvo que “es profundamente necesario construir una comunicación en la que se seamos vistxs por nosotrxs mismxs y que esté al servicio de nuestras propias necesidades, de nuestras propias ideas y que en definitiva, esté al servicio del pueblo”.

La Federación Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustibles comenzó a las 0 de ayer un paro por tiempo indeterminado, en protesta ante la oferta salarial del 28 % de aumento. El secretario general del gremio, Gabriel Matarazzo, dijo a FM De la Calle que “pese a que tuvimos una nueva audiencia en el Ministerio (de Trabajo de la Nación), la intransigencia de las empresas hace que tengamos que seguir con esta medida”.

El dirigente consideró relevante “aclarar que no solamente es lo salarial, sino que estamos por la renovación de un convenio que lleva dos años vencido y que las empresas desconocen en su totalidad”.

El sindicato sostiene que la reticencia a elevar el monto de la actualización salarial no se debe a problemas de ingresos del sector patronal. “A partir del primero de abril las empresas modificaron el precio de $ 16 a la venta a $ 54. Si hablamos de distribución domiciliaria hablamos de $ 110. Pese a las exorbitantes ganancias que tienen a la hora de discutir salario no nos están teniendo en cuenta”, explicó.

Respecto del estado de la negociación, Matarazzo afirmó que “la última oferta fue de un 28 por ciento. Esto equivale a decir que el convenio lo renovemos por cuatro años más, después de seis años, sin ningún tipo de modificación que tenga en cuenta a los trabajadores. Necesitamos modificar las categorías. Nosotros hablamos de cifras, no de porcentajes. Fundamentalmente hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho que es que los trabajadores cobran un bono diario, que en caso de accidente de trabajo, el trabajador no sólo se ve perjudicado en su salud sino que tiene un perjuicio económico él y su familia. No nos parece justo y es un motivo más que importante para que estemos llevando esta medida adelante”.

Por otra parte, acerca de la posibilidad de desabastecimiento, el gremialista explicó que “normalmente al no haber envasado, estipulamos que 48 o 72 horas tienen de autonomía las plantas o el circulante de garrafas en la ciudad. Llevamos ya 24 horas”.

Según la conducción de la asociación sindical, el aumento del precio se debe a que “se modificaron los subsidios a las empresas para pasar a subsidiar al usuario. Las empresas liberaron los precios”.

Por el momento, no hay nueva audiencia en la cartera de trabajo ni se fijó fecha de negociación bilateral. Por otra parte, “se vencieron todas las conciliaciones. Las empresas tienen que arrimar el bochín”.

El Sindicato ceramista de Neuquén junto a los obreros de Fabrica Sin Patrones (ex Zanón), emitieron un comunicado donde destacan que “la gestión obrera lleva más de 13 años en pie”. Recuerdan que fueron “250 obreros y obreras los que ocupamos la planta y la pusimos a producir cuando la patronal vaciadora la abandonó a fines del 2001. Con nuestra lucha y el apoyo de la población evitamos que se transforme en un galpón vacío y un cementerio de chatarra”.

Hoy dependen de la cooperativa más de 450 familias. El documento expresa la preocupación existente ya que “la fábrica está amenazada y nuestro futuro también. La maquinaria se transformó en obsoleta y eso complica y hace muy difícil la producción y eleva a cifras millonarias el consumo de gas y energía eléctrica”.

Marcelo Morales, Secretario General del sindicato del sector, dijo a FM De la Calle que “la situación es difícil porque cuesta muchísimo llegar a los niveles de producción. La fábrica tiene que entrar en una renovación. Cuando estuvo la patronal no invirtió. Se hicieron mantenimientos importantes pero es necesario renovar las máquinas para entrar en competencia. La tecnología está mucho más avanzada”.

Por otra parte, el dirigente sostuvo que “seguimos con esta firme decisión de ir por los créditos porque es la única forma de que la fábrica siga con su producción”.

Un comunicado firmado por Familiares y Amigos de Luciano Arruga denunció que despertaron “la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa Orieta”, hermana del joven de 16 años secuestrado, desaparecido y luego enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

“La realidad es que lo que nosotros esperamos es que se tomen las medidas indicadas para que no pase a mayores y no afecte vidas humanas”, dijo Orieta haciendo alusión a las reiteradas expresiones de amedrentamiento padecidas.

“Acá se está perdiendo, en definitiva, un objeto material, entonces uno no se debe hacer tanta mala sangre. Pero la realidad es que, a partir de que denunciamos la desaparición de Luciano en manos de la Policía Bonaerense, lo que ha ocurrido fueron detenciones a testigos, armados de causa, golpizas dentro de comisarías, amenazas de que no siguieran hablando los testigos, así que eso es realmente grave a lado de esto”, continuó.

Respecto de las medidas de seguridad reclamadas al Estado, Vanesa recordó “en un primer momento, lo que solicitábamos era que nos pudieran proporcionar medios de comunicación a través de teléfonos celulares. Encontramos una negativa ante eso. Llegamos a pedir lo menos. Pero dejamos bien en claro es que se necesita profundizar en esta problemática y que los funcionarios entiendan que las problemáticas vinculas a violencia institucional tienen necesidades bien particulares”.


El documento que reproducimos a continuación, detalla el historial de amenazas e intimidaciones recibidas.

“Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad.Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene. El 7 de junio amaneció incendiado el auto de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano.

 

Desde el comienzo:

En febrero de 2009, cuando Vanesa y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas.

“¿Tu hija está bien?”, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano.

Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli –primera a cargo de la causa- en presencia de uno de los ocho policías implicados en la desaparición de Luciano.

 

Un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio: “no hablés porque te vamos a matar”.

 

A mediados de 2009, una integrante de Familiares y amigos de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.

 

En abril de 2011, Mónica Alegre –mamá de Luciano- y sus dos hijos se despertaron a las seis de la mañana con la casa llena de humo. Tardaron en comprender lo sucedido: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano: “desaparecé porque te vamos a matar”. Fue interceptado, a los pocos días, por un móvil de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el vehículo y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron. En esos meses pudimos saber a ciencia cierta que en comisarías del Conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano, e incluso se les pide información sobre nosotros a jóvenes del barrio privados de su libertad.

 

En agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado –ambos sin identificación- que circulaban en un auto sin patente y lo venían siguiendo.

 

En enero de 2013 alrededor de las 12 de la noche, a días de cumplirse cuatro años sin Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.

 

En septiembre de 2014 dos testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo que mató a Luciano. Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a buscar.

A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza.

 

Ahora, a días de la primera condena por Torturas en democracia a un policía bonaerense en la Provincia, en el contexto de la campaña-fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano y luchando por la implementación de la ley que ganamos en la calle por la expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para crear un Espacio para la Memoria independiente, en el marco de estos sucesos es que nos despertamos la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa.

 

A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo:necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nos negamos a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad: ellas son las que nos persiguen. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: “la seguridad se negocia”. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por los ataques a nuestra integridad y nuestra lucha.

A Luciano lo mató la Policía Bonaerense,

lo desapareció el Estado.

¡Fuera la policía de nuestros barrios!

 

Familiares y amigos de Luciano Arruga”

 

Seis personas son acusadas de “haber dañado la salud de vecinos con pulverizaciones aéreas de plaguicidas” en un juicio que data de la causa inicial que data del 2003, en la que 70 vecinos y vecinas son querellantes. El caso se ubica en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y, ya elevado a juicio oral aunque sin fecha aún, tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.

Un comunicado emitido por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) expresó que “por primera vez en Argentina se busca relacionar los daños a la salud sufridos por vecinos, tras quedar expuestos a los plaguicidas que habían sido pulverizados en un campo colindante al barrio”.

Durante una entrevista con FM De la Calle, el presidente de la FUNAM diferenció este proceso judicial de otro anterior que “era por violación a normas. Es decir, si se habían utilizado plaguicidas que estaban autorizados o no. No se analizó la relación entre plaguicidas y salud, que es lo que se va a revisar ahora. En este caso, en el caso de encontrar culpable a las personas, hay penas de 20 años de prisión”.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “por primera vez se va a tratar de demostrar la relación que hay entre el uso de plaguicidas y cómo eso afectó la salud”.

Por otra parte, Montenegro destacó que también “por primera vez se enjuicia a una ingeniera agrónoma”.

Se acusa a Francisco Parra (productor agropecuario), Edgardo Jorge Pancello y Gustavo Alejandro Peralta Amaya (aeroaplicadores); Javier Eduardo Amuchastegui y Fernando Ramón (propietarios de la empresa Tecnocampo que aplicó los plaguicidas) y  Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro (ingeniera agrónoma).

Foto: rightlivelihood.org

A horas de que el Consejo de la Magistratura trate la separación provisoria de los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y su reemplazo por Alejo Ramos Padilla, integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles se manifestaron frente a la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Alberto Rodríguez agradeció “de corazón” todas las manifestaciones de solidad recibidas luego de ser amenazado por el hijo de uno de los detenidos en el marco de la causa Triple A y aseguró que “no olvidar, movilizar y concientizar, es lo único que nos puede llevar al triunfo en las luchas que vienen de aquellos años y que seguimos hoy los jóvenes y los no tan jóvenes para cambiar este país y darlo vuelta de una vez por todas”.

Por su parte, Dante Patrignani destacó la amplitud de la convocatoria, “como no podía ser de otra manera ante la amenaza contra un compañero que es denunciante de los crímenes de las Tres A” y advirtió que tras el probable apartamiento de Martínez y Pontet “esto no termina porque la corporación es muy fuerte y tiene dentro de este recinto un responsable, tiene nombre y apellido, que es Néstor Luis Montezanti”.

Este jueves, el también cuestionado secretario de derechos humanos del Juzgado Federal Nº1, Mario Fernández Moreno, declarará ante una comisión del Consejo de la Magistratura a las 9:30 y a las 11 el plenario tomará una decisión clave respecto al futuro de las investigaciones contra los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Afuera, en Libertad 731 de la Capital, se manifestarán organismos de derechos humanos.

“Ahí van a tener que levantar las manos, van a tener que votar a favor o en contra de aquellos que han sido cómplices de la dictadura. Esperamos ver las manos levantadas, no nos vamos a olvidar del que va a levantar la mano a favor de Montezanti ni vamos a olvidar tampoco a aquel que sepa reconocer que no puede seguir en su puesto”, dijo Rodríguez.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

Ya está disponible el sitio Boletín Oficial, una herramienta que permite acceder al archivo de los documentos publicados por el Boletín Oficial desde la década del 40.

Según dijo a FM De la Calle la periodista que ideó el proyecto, Sandra Crucianelli, “en el año 2008, cuando con Gabriel Bermúdez lanzamos (el sitio web) Sólo Local, nos dimos cuenta de que mucha información importante, documental, estaba en el Boletín Oficial. Por ejemplo, la formación de las empresas, los empresarios que las componen, la distribución accionaria, las direcciones que declaraban esos empresarios para estas empresas, cuándo renunciaban. Y nos dimos cuenta que el Boletín Oficial tenía una tercera sección de contrataciones del Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando vos entrás al sitio del gobierno, sólo termine la consulta del día. Si querés ir hacia atrás no podés. Tenés que pagar una subscripción que cuesta unos $1300 anuales, que te habilita solamente para 280 consultas al año, una por día. Entonces empecé a descargarme todos los dos días la segunda y la tercera sección. Así llegué con casi 2000 documentos al 2011. Ahí me di cuenta de que iba a ser medio imposible lograr una base de datos importante haciendo manualmente”.

Crucianelli explicó que en ese momento “surgen las iniciativas por el periodismo de base de datos. Me di cuenta que había repositorios, que te permiten recuperar cosas que estuvieron en internet y no están más. Pero cuando llegó el momento que el Centro Internacional de Periodismo en 2011 me otorga una beca, yo tenía agujeros en las fechas. Cuando fui a Washington presenté el proyecto y me dijeron ‘Crucianelli ¿qué es lo que hace falta para mejorar el acceso a la información pública en la Argentina que está tan cerrado por parte del gobierno?’ Básicamente consultar el Boletín Oficial. El histórico, bien hacia atrás. Por ejemplo, sería interesante saber qué sociedades se formaron durante la dictadura o pre dictadura. Qué negocios se hicieron entre empresarios que pudieron verse beneficiados por la dictadura”.

Finalmente, “un día en el 2014, buscando otra cosa, me encuentro con un link de la segunda sección, y veo la estructura de la URL. Veo que había ocho números. Uno que corresponde al año, otro al mes y otro al día. Empecé a cambiar los números y me di cuenta que ahí estaban todos. Era un link patrón. Si un programador hace correr un programa que permita ir cambiando las fechas automáticamente, te podés ir descargando la base de datos completa. Ahí lo llame urgente Javier (Luján)”, quien se encargó de la programación del flamante sitio.

“La idea nuestra es democratizar la información. Si el gobierno dice para acceder tenés que pagar, yo digo no. ¿Por qué esa información tiene que ser privada?”, reflexionó la periodista.

El 11 de junio la doctora Adelaida Tuñez interrumpió una conferencia de prensa del empresario Palavecino para denunciar la situación que atraviesa el Hospital Juan Domingo Perón en Tartagal. El “Chaqueño” había convocado a los medios de comunicación para difundir el festival Trichaco.

“La gente se está muriendo de hambre, no queremos fiesta”, dijo la médica. El empresario de la música escupió “yo no voy a tu huelga a difundir mi festival, este es mi momento, andate”. También intentó defender el desarrollo del festival arguyendo que tiene fines de beneficencia. Tuñez respondió con firmeza, “no colabora para nada usted porque usted se robó las tierras del chaco salteño”.

Según expresó Tuñez, el Chaqueño Palavecino “tiene tierras que se encuentran en al lado de la casa del papá de Jorge Rojas. Debería investigar alguien. El Chaqueño es amigo del vice gobernador y del jefe de mayor rango de gendarmería”.

El portal www.informadorregional.com.ar publicó que la Defensoría del Pueblo de la Nación recibió una denuncia en diciembre del año pasado donde se imputa al comerciante de la música haber alambrado más de mil hectáreas, entre las que se encuentran terrenos reclamados por los pueblos originarios.

“Trabajo en la comunidad aborigen de Kilómetro 6 donde no hay nada, no hay pediatra, no hay

Doctora Adelaida Tuñez

Doctora Adelaida Tuñez

medicamentos. La gerencia tiene mucho abuso de poder. Están vinculados con el vice gobernador Andrés Zottos entonces nadie se anima a hablar”, dijo Tuñoz a FM De la Calle.

“Yo no quería hablar con el Chaqueño, quería hablar con el intendente. Nunca está en Tartagal el intendente. No me sacaron porque yo me resistí hasta último momento. Me quedé esperando. El Chaqueño siguió su conferencia como si nada, mirando su reloj de oro. No esperaba otra actitud. Se llena la boca diciendo que ayuda a los familiares. Hay familiares que no pueden ir a ver sus recitales porque el Chaqueño les cobra. Lo conozco de cuando era pobre, cuando era colectivero, pero ahora se le subieron los humos”.

No es la primera vez que la doctora expresa sus reclamos mediante medidas de fuerza. Anteriormente decidió “hacer la huelga de hambre cuando me cambian de servicio en forma verbal y no me dio ningún motivo. Tengo ocho años de antigüedad en el hospital. Decido hacer la huelga para destapar la olla”.

no hay médicoLo que se cocina en esa olla son distintos tipos de irregularidades. “Los dos casos más graves que hubieron en este hospital fueron la violación de un médico siquiatra masculino a un paciente masculino, que está denunciado públicamente. La violación se hizo dentro del consultorio. El médico sigue trabajando y es íntimo amigo de la gerencia. No le llevaron el apunte al que acusó”. Y el otro caso se trata de “una médica ginecóloga que hizo abortos clandestinos en el hospital y cobró”.

Las autoridades de la provincia decidieron actuar luego del estado público que tomó este episodio y el anuncio de la médica tartagaleña de “inicial la huelga de hambre mañana”. Frente a esto, “ayer bajó la cúpula del Ministerio. El ministro me ofreció sesenta días de licencia para que descanse y que iban a hacer una auditoría en el hospital. Yo no estoy loca, estoy viendo la realidad del país, no soy ninguna tonta. No acepté la oferta. Le pedí al ministro que me sacara del hospital porque hay mucha corrupción. Voy a empezar a trabajar mañana en el Hospital Embarcación. El Ministro en ningún momento me trató mal”.

Baño de la sala Kilómetro 6

Baño de la Sala Médica de Kilómetro 6

Además de las denuncias por maltratos, violación y lucro por medio de la práctica del aborto en el hospital, la profesional afirma que “ninguno de los médicos quiere ir a Kilómeotro 6 y no les dicen andá. Yo voy porque veo las necesidades. Hay sólo tres ambulancias en el Hospital de Tartagal para 100 mil habitantes. Yo voy hace cuatro años a la comunidad. La salita es chiquita. No hay radio para comunicarse a Tartagal”.

La sala médica tiene “las ventanas rotas, el baño en malas condiciones, no hay calefacción, no tienen medicina. Ahí viven 7 etnias aborígenes. Hay mucha gente grande, chicos que se encuentran sin pediatra”.

Tuñez denuncia las desigualdades y connivencias por parte de los funcionarios públicos quienes no garantizan la igualdad en el acceso a la salud. “Tenemos una jefa de periférico. El médico que dice no quiero ir, no va. Hacen lo que quieren. Eso lo sabe el vicegobernador. Al primer lugar que va a pedir los votos es a Quilómetro 6”.

Ayer murió un niño por desnutrición en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

La tercera estación espacial china se está construyendo en la provincia de Neuquén. Las razones oficiales del proyecto están vinculadas a la implementación del Programa de Exploración Lunar.

El diputado provincial de UPie, Raúl Dobrusin, dijo a FM De la Calle que “a fines del año pasado se aprobó el convenio entre China y Argentina en el Congreso Nacional para la base espacial junto con los créditos, los trenes, los vagones. Desde diciembre de 2012 ya habían empezado a construir la base, sin ningún tipo de autorización. La provincia les cedió 200 hectáreas a través de una triangulación”.

La empresa que recibió el territorio “es dependiente del ejército chino, como si fuera acá Fabricaciones Militares”.

Por otra parte, el legislador informó que “en la Legislatura de Neuquén todavía no se trató ese tema. Nos saltearon alegremente”.

Para Dobrusin, se trata de “una antena importante. Todos en sus hipótesis de conflicto, tanto Rusia, Comunidad Europea como los chinos, se dan cuenta de que los misiles teledirigidos, si no tienen GPS no pueden mandarlos. Entonces cada uno está haciendo su GPS propio. China tiene 22 satélites, la NASA tiene 33 y lo que les faltaba era una antena en el hemisferio sur. Esto pasa a ser el factor determinante de telemetría del GPS chino. Con lo cual tiene una función estratégica y creo que esto también tiene que ver con el tema del armado de Malvinas con la OTAN”.

Por otra parte, el emprendimiento de construcción de la base atraviesa repetidos conflictos laborales. “Ahora están despidiendo más de doscientas personas. Pero acá la dirección de la UOCRA de la zona acepta que haya extranjeros en proporción de tres por uno”, expresó el diputado.

Finalmente, el dirigente neuquino afirmó que “es un tema geopolítico. Nos metieron en despiole porque si hay algún conflicto entre los grandes, no se la agarran entre ellos con territorios de ellos. Pasamos a pertenecer a ese grupo de lugares que, por una cuestión estratégica de un país, podemos pasar a tener problemas en los que no podemos incidir por sí o por no”.