Habían sido rescatadas de un campo dedicado a la cosecha de papa. Un tiempo después, fueron citadas por los abogados oficiales de los acusados a ampliar sus testimonios. Los dueños son investigados también por lavado de dinero. Se trata de Carlos Alberto Tassara, Jesús Miguel Agustín Leiva y Miguel Ángel Marrón.

“Con la sola finalidad de echar luz a semejante desaguisado, sólo cabe señalar que la producción de prueba por parte de la defensa configuró una extralimitación de sus facultades”, dijeron los camaristas subrogantes Jorge Ferro y José Triputti al confirmar la decisión de la jueza de primera instancia María Gabriela Marrón que había decretado nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata.

El tribunal de alzada coincidió parcialmente con el fiscal Alejandro Cantaro y el fiscal ad hoc José Nebbia en que las personas rescatadas de la estancia “La Emilia” -ubicada a 140 kilómetros de Bahía Blanca- testimoniaron en la sede de Santiago del Estero de la Defensoría General de la Nación sin control judicial, sin aviso previo al Ministerio Público, ni asistencia psicológica.

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“La nulidad salta a la vista en virtud del artículo 167, inciso 2 del código de forma. El artículo 239 hace recaer en el juez el deber de interrogar a los testigos, y el artículo 212 faculta al fiscal cuando tuviere delegada la investigación conforme el artículo 196 del mismo cuerpo legal”, consignaron los jueces Jorge Ferro y José Mario Tripputi.

Los trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

Con posterioridad, las víctimas fueron citadas para declarar en Santiago del Estero -a donde habían sido trasladadas ya que eran oriundas de allí- ante la Defensoría. Según las actas, cambiaron el relato y los testimonios fueron contrarios a los que habían prestado durante el procedimiento. Entonces, la defensa presentó esas supuestas ampliaciones para intentar mejorar la situación procesal de los acusados.

Ante esto, la Fiscalía planteó la nulidad de esas declaraciones en un escrito firmado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal ad hoc de Bahía Blanca, José Nebbia.

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Así las cosas, en agosto se amplió la imputación al dueño del campo por el delito de lavado de dinero ya que, a partir de la investigación, “se desprende palmariamente que el activo de esa sociedad proviene (al menos, en parte) de negocios ilícitos”.

En cuanto al patrimonio del primer acusado, se determinó que integra la sociedad ‘Agropecuaria C & V SRL’ desde, al menos, el año 2010, dedicada al cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas, producción de semillas de cultivos agrícolas y cultivo de soja, inscripta en los impuestos a las ganancias de sociedades, ganancia mínima presunta, IVA, etc.

Los fiscales agregaron: “Lo cierto es que explotaba el establecimiento rural (y por tanto a los trabajadores) junto a su socio” con roles diferentes pero con el mismo beneficio sobre las ganancias.

El caso

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en la delegación Tres Arroyos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que sostenía que en el campo allanado existían personas que estaban siendo explotadas laboralmente. Como consecuencia, en marzo de 2015 se realizó un allanamiento en el predio dedicado a la cosecha de papa y fueron rescatadas las 11 víctimas.

trata suarez 1A partir del relevamiento efectuado por el Renatea y la AFIP-Bahía Blanca, se identificó dueño del campo quien, mediante un intermediario y a través de falsas promesas laborales habría engañado y trasladado a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores vivían en casillas precarias que ellos mismos habían construido con chapas y nylon. No contaban con servicios sanitarios, ni condiciones mínimas de higiene. La comida era provista por el imputado y se les descontaba del salario, que nunca cobraron al igual que el costo del pasaje que utilizaron para trasladarse desde Santiago del Estado. Según su propio relato, las víctimas realizaban jornadas de, aproximadamente, diez horas y debían trabajar sin ningún elemento de protección para las manos, mediante una técnica que los dejaba exhaustos y doloridos.

La Fiscalía contó con la colaboración de la Protex y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC). La noche del allanamiento, las víctimas recibieron asistencia psicológica y médica en el Hospital Penna.

Fuente: Fiscales. Fotos: NuevoDia Digital.

(Por  Francisco J. CantamuttoEl viraje protagonizado por Macri en Argentina se inscribe en un proceso más amplio de cambio de agenda a escala global. Las disputas políticas suelen tomar formas nacionales en la disputa por el Estado, momento clave de la estructuración de cualquier proyecto social. Pero esto implica que esos proyectos sociales se limiten por esas fronteras. El marco global de referencia es clave para comprender los procesos de cambio.

Así, resulta insuficiente analizar el programa de Cambiemos en el gobierno de Argentina solo bajo coordenadas nacionales. Sin dudas, diversos condicionantes de la política interna definieron este resultado, entre los cuales la disputa al interior del bloque en el poder parece haber sido una característica definitoria. Tempranamente señalamos que Cambiemos representaba fracciones del bloque en el poder menos dispuestas a hacer concesiones a las clases populares. La construcción del discurso de esta fuerza se hizo a partir de la matriz propuesta por las fracciones concentradas del sector agropecuario, incipiente en su protesta en 2008.

La alianza que Cambiemos representa incluye también a otras fracciones del bloque en el poder: la financiera, la que opera en los servicios públicos y el capital extranjero en general. Estas fracciones tienen entre sí disputas no triviales sobre el rumbo específico que debería tomar la acumulación, pero tienen acuerdos comunes que les permiten avanzar con políticas concretas. Entre ellos, se resaltan el sesgo anti-popular y el frente externo. Sobre este segundo acuerdo hace falta enfatizar.

Tratándose de capitales extranjeros y fracciones internacionalizadas del capital local, su prioridad parece ser reestructurar las formas de negocio más directas posibles con los centros de acumulación global, con las menores mediaciones posibles. En este sentido, y concordante con el sesgo anti-popular, la búsqueda de negocios directos sin cortapisas parece tentadora en materia de ganancias potenciales, pero soslaya el problema político de legitimar tales decisiones. Les juega a favor la aún insuficiente confluencia popular de resistencia, que les permite ganar tiempo en la puesta en práctica del programa.

De manera concreta, el escenario mundial en que se inserta Argentina es uno signado por la crisis. La misma que desde 2008 marca los tiempos a través de sus diferentes fases. La débil demanda externa y la caída de los términos de intercambio, sumadas a la crisis de Brasil, significan severos problemas para un modelo que pretende hacerse viable por el impulso a las exportaciones. La retracción de capitales hacia Estados Unidos tampoco augura buenos pronósticos para la entrada de inversiones extranjeras dirigidas a la producción.

La explícita opción tomada para resolver este intríngulis ha sido buscar una alineación más directa y subordinada al proyecto de expansión estadounidense en ciernes. La visita de Obama para el 24 de marzo fue fuerte no sólo desde lo simbólico. Para el país del Norte, Macri es un activo político, pues es, hasta el momento, la única expresión de este nuevo rumbo regional que ha llegado al gobierno mediante elecciones. Por eso el gesto diplomático, que vino de la mano de renovadas promesas de inversiones y directrices de integración.

No en vano, en las últimas semanas el presidente Macri se reunió con sus pares de Chile (Bachelet) y Colombia (Santos), buscando confluir con los países de la Alianza del Pacífico (que completan Perú y México). Estos países fueron explícitamente promovidos desde la Oficina de Asuntos Externos estadounidense como la alternativa para América Latina frente a otras iniciativas de integración regional. Concretamente, se trata de una iniciativa que retoma el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), creando lazos de libre comercio entre estos países y la potencia del Norte.

El ALCA fue enterrado en Mar del Plata en 2005, gracias a la sistemática y organizada oposición social al proyecto. Los gobiernos de Kirchner y Lula da Silva buscaron negociar un ALCA con concesiones, y ante la negativa de Bush, optaron por darle prioridad al Mercosur. Para el gobierno argentino, ésta había sido la prioridad desde la campaña electoral: atado a la propuesta de desarrollar un “capitalismo en serio” impulsando una “burguesía nacional” que reindustrializara el país, el Mercosur aparecía como el ámbito propicio. La mayor parte de las exportaciones industriales del país se dirigen a ese destino, mientras que las ventas al resto del mundo son básicamente materias primas o productos derivados de su procesamiento básico. El Mercosur, legado de Alfonsín y Menem, servía como espacio de acumulación para el débil empresariado industrial realmente existente frente al ALCA. Este último proyecto, de apertura y liberalización, solo permitiría el funcionamiento de aquellos sectores con ventajas comparativas (agroindustria, minería) o protegidos de la competencia (ciertos servicios), dejando en la ruina a los demás.

La negativa de Bush a hacer concesiones respecto de propiedad intelectual y subsidios a la producción agrícola estadounidense favorecieron la inclinación de la balanza, que decantó en la prioridad del Mercosur. Chávez, por su parte, dio rienda a proyectos de integración alternativos (ALBA), que buscaban ir más allá del comercio bajo la lógica del capital. Nuevamente, la negativa de Argentina y Brasil a seguirlo en estos proyectos, hizo que Venezuela desdoblara la iniciativa, buscando una integración política de amplio alcance (UNASUR y CELAC) y pidiendo unirse al ya existente Mercosur.

Estados Unidos no se quedó en espera; avanzó con tratados bilaterales y el impulso a la Alianza del Pacífico. Al mismo tiempo, atendiendo a un problema de otra escala, el gobierno de Obama comenzó una serie de iniciativas para contener el avance de la economía china. Estas incluyen el Tratado Trans-Pacífico (TTP), que asocia ya a 12 economías linderas a este océano -excluyendo a China- bajo la misma lógica de libre comercio del ALCA: privatizaciones, abuso de los recursos naturales, flexibilización laboral, protección de propiedad intelectual. Esta iniciativa se complementa con la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, entre Estados Unidos y la Unión Europea, y el Acuerdo General de Comercio de Servicios (TISA), negociado entre 50 países. Toda una gama de alternativas para expandir el control estadounidense sobre la economía global, y contener las intenciones expansionistas de otras potencias imperialistas.

Macri ha optado abiertamente por alinearse con esta agenda. No solo las reuniones con Obama, Santos y Bachelet, sino el pedido ya obrado para que Argentina sea miembro observador de la Alianza del Pacífico. El Mercosur, de donde no pudo expulsar a Venezuela, será paulatinamente deslindado en los hechos. Esta agenda externa está pensada para el beneficio de unos pocos, los mismos pocos que ganan con la ofensiva anti-popular.

(Por Francisco J. CantamuttoLa búsqueda de confluencias y coordinación de la resistencia al ajuste avanza semana a semana. El gobierno de Cambiemos no cede ni se detiene en su programa de ajuste social. Los datos oficiales acusan evidencia de recesión y aumento de los despidos, sin mayores éxitos en materia de reducción de inflación o atracción de inversiones. Hasta el momento, sólo malas noticias para las clases populares trabajadoras.

Este sesgo anti-popular parece estar particularmente ensañado con las empresas recuperadas. La semana pasada, la cooperativa RB fue duramente reprimida, y varios de sus trabajadores llevados detenidos. Por más tiempo, la cooperativa que edita Tiempo Argentino, fue brutalmente atacada esta semana por patotas, aprovechando la zona liberada por las fuerzas de seguridad. Las cooperativas Chilavert y Cueroflex se encuentran en guardia desde hace 10 días ante la posibilidad de cortes de servicios, ante la imposibilidad de pagar las enormemente elevadas tarifas. Universal, otra cooperativa de Avellaneda, fue amenazada de corte, con la gendarmería acompañando a representantes de la empresa proveedora. Se suma a la ola de vetos de Vidal en la provincia contra las recuperadas. Parece que el gobierno tiene particular interés en bloquear esta posibilidad de acción ante la fuerte avanzada de despidos y quiebras, resultantes de su propio programa.

En otro orden, se multiplican las redes de pequeños comerciantes y empresarios PyME que organizan en sus zonas diferentes medidas de protesta: bocinazos, cortes parciales de calles, radios abiertas. La realidad de la recesión y el aumento de tarifas aparece como insostenible. Asimismo vecinos/as y centros culturales intentan poner sobre la mesa las dificultades de llegar a fin de mes. Diferentes abogados están promoviendo la presentación de amparos y cautelares por el aumento, y sugiriendo el pago con impugnación, que permitiría acumular reclamos ante el daño provocado. La asociación Nace un derecho puso a disposición un modelo de impugnación para poder hacerlo. Las cautelares han prosperado ya en las provincias de Córdoba y Mendoza, y diversas localidades de Buenos Aires y Chubut.

La Multisectorial de CABA -como decenas de otras en el resto del país- está haciendo un esfuerzo por funcionar como vaso comunicante entre estas realidades y las múltiples iniciativas de resistencia al ajuste. La confluencia en su seno de múltiples organizaciones permite el diálogo y coordinación de las acciones.

En tal sentido, se llevarán adelante múltiples acciones de protesta los días 9 y 13 de julio, en diferentes espacios de la ciudad, bajo la misma consigna: contra el ajuste, los despidos y el tarifazo. Esta misma preocupación convocará a una movilización conjunta de cooperativas de construcción, nucleadas en la CNCT, y la red gráfica ante los ministerios de Infraestructura, Energía y Trabajo. La promesa de planes especiales de tarifas para entidades sin fines de lucro lleva más de un mes de dilaciones, sin ningún anuncio concreto. Finalmente, la Multisectorial está llamando a una Marcha Federal para los días 17, 18 y 19 de agosto, para confluir en Plaza de Mayo desde diferentes puntos del país.

Ante el programa de ajuste, el descontento es generalizado y las formas de protesta múltiples. Pero aún hay un largo camino por recorrer para coordinar y potenciar políticamente estas iniciativas. Las Multisectoriales aparecen como una opción para ello.

La Sala III aceptó como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas sobre los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” las que originaron esas intercepciones. El empresario Juan Suris se encuentra imputado por comercialización de estupefacientes, junto a otros diez acusados.

Desde la Cámara de Casación Penal, Eduardo Rafael Riggi, Lliana Elana Catucci y Juan Carlos Gemignani, dieron lugar al pedido del fiscal general Ricardo Gustavo Wechsler y anularon el fallo del  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que había absuelto a un grupo de personas imputadas por comercialización de estupefacientes.

El fiscal Alejandro Cantaro participó en la etapa de instrucción y también, conjuntamente con la fiscala María Cristina Manguera, durante el juicio oral que tuvo como imputados a Juan Ignacio Suris, Guillermo Martín Suris, Sandro Cristian Miranda, Fernando Alexis Bond Stork, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Martin Cruz Ocampos, Juan Ramón Romero Miranda, Yolanda Corina Jiménez, Tamara Brasilina Jiménez, Gustavo Rodolfo Sequeira y Aníbal Mario Arce.

De este modo, la Cámara anuló el fallo de Beatriz Torterola y Juan Velázquez del Tribunal Oral que habían determinado la nulidad del inicio de la investigación y la intervención de líneas telefónicas de los imputados. Asimismo, apartó de la causa al Tribunal Oral y revalidó el criterio del juez de Instrucción Santiago Ulpiano Martínez, que había sido desestimado por los jueces bahienses.

Los camaristas aceptaron como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas de los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” lo que originó la intervención de las líneas telefónicas. Por el contrario, los magistrados fundamentaron que “no fue aquí un llamado anónimo lo que motorizara el inicio de la causa, sino que fue una persona debidamente individualizada, concretamente un funcionario policial, Subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (D.D.I.T.D.I.) de Bahía Blanca, con más de veintidós años de antigüedad en la repartición en ese entonces, quien primigeniamente aportara la información que diera origen a esta causa”.

La Cámara destacó que fue “a raíz de las tareas investigativas efectuadas por el personal policial que se pudo determinar que era Juan Ignacio Suris quien se encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran escala; siendo Guillermo Martín Suris su hermano y hombre de confianza”.

“Efectivamente, el juez instructor obró de conformidad a lo normado en los preceptos legales que rigen el curso del proceso, y prestando la debida atención a los estándares fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los establecidos por ésta Sala”, agregó el fallo judicial.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por lavaca.org) Hoy a la madrugada una patota de 20 personas ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, tapió las ventanas y revolvió el edificio. Ante la inacción policial, los trabajadores decidieron reingresar por la fuerza. Comprobaron así que junto a la patota estaba el supuesto dueño del diario, Mariano Martínez Rojas, que los amenazó. Recién entonces la policía ingresó para negociar la salida de Martínez y su banda, y los trabajadores lograron quedarse en la redacción. Una vez más.

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Norma había dejado todo impecable. Gabriel, que había ido a ayudarla a limpiar, ya estaba juntando las cosas para irse cuando escuchó un ruido desde abajo. Norma sólo recuerda el tun tun tun de las pisadas por las escaleras. No sabe si fue Gabriel que se apuró a bajar o los cinco encapuchados que al mismo tiempo subían: lo retuvieron y lo sacaron, sin más, del edificio. A Norma, esos mismos cinco tipos la acompañaron a que agarrara su cartera y luego a seguir el mismo camino que Gabriel: afuera, por las buenas o por las malas. “Estaban todos vestidos de negro, encapuchados y con borcegos”, alcanza a recordar, horas después, ya sentada de nuevo en la redacción junto a los trabajadores del diario recuperado otra vez.

¿Qué pensaste que estaba pasando?

“Pensé que eran ladrones”.

Tenía razón.

Tiempo Argentino

Los encapuchados

Entre las 12:30 y las 12:40 de este lunes, entre quince y veinte hombres de negro y encapuchados entraron a la redacción de Tiempo Argentino por la puerta que la une con Radio América. Esa puerta estaba tapada con un locker, lo más pesado que encontraron los periodistas para evitar a los intrusos que, sospechaban, podían caer en cualquier momento. La radio ya había sido usurpada por Mariano Martínez Rojas, el autodenominado comprador de parte del Grupo 23, quien también entró hoy al edificio como uno más de los delincuentes.

Desde ese horario hasta las 6 de la mañana, pasó de todo a un ritmo frenético. Primero, los trabajadores se enteraron por Norma y Gabriel que el edificio estaba tomado por Martínez y sus encapuchados, que habían bloqueado las puertas desde adentro y tapado las ventanas. Empezaron a circular los rumores: que llegaron con un cerrajero y abrieron la puerta, que la empleada de la heladería de la esquina vio a ocho “monos” en la puerta esperando la señal de entrar, que la camioneta negra de pocos kilómetros estacionada en la puerta era de Martínez Rojas, que la zona estaba invadida por sus hombres. Con los minutos las hipótesis se irían confirmando.

Como si fuera un mal chiste, llovía a cantaros.

Los trabajadores iban llegando y apuraban la estrategia. Junto a Norma y Nahuel algunos se dirigieron a la Comisaría 31 a radicar la denuncia: unos encapuchados habían entrado al edificio – hasta ese momento, se desconocía que Martínez Rojas también. Y otros se quedaron en la puerta de la redacción de la calle Amenábar, mirando atónitos las ventanas tapadas con diarios (sic) y twitteando y llamando a las cámaras que nunca llegaron.

Y mojándose.

En el medio llegó la policía con el subcomisario Aparicio a cargo del operativo. Según hizo saber el uniformado a lavaca, recibió órdenes de la fiscal Verónica Andrade – Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 1- de “hacer guardia en la puerta del inmueble para evitar que alguien salga con cosas y que no entre más nadie”.

¿Los que salieran serían detenidos?

“No, serán identificados”.

¿Cómo sigue el trámite?

“Mañana a primera hora, la fiscal citó a las partes a la fiscalía”.

¿Quiénes son las partes, quién representa a los que están adentro del edificio?

“No sé. Los trabajadores dicen que responden a un tal Martínez”

Tiempo Argentino

Ahora o nunca

De 1 a 3 de la mañana la situación fue desesperante: desde la puerta se oían impactos y estallidos que se adivinaban como destrozos provocados por la patota. Los trabajadores temían, más que por las computadoras, por papeles sensibles de la cooperativa, y también algún elemento personal.

La policía, escasa, custodiaba la puerta. Con la banda sonora de destrozos de fondo, los trabajadores pedían que reaccionara. “Tenemos que tener una orden para entrar”, aducían los efectivos. La fiscal ya había dado una, que iba en el sentido contrario.

En la práctica, entonces, abstraída de la coyuntura, la policía cuidaba que los trabajadores no entraran, y que luego decida la justicia. Con los trabajadores afuera.

A Eduardo Murúa le llevó un cigarrillo entender esta situación. Llegó, mientras varios estaban de la vereda de en frente del edificio mirando a las sombras moverse y respaldándose bajo un techo de la lluvia que azotaba. Murúa, entonces, dio una pitada, y otra, y otra más, tiró el cigarrillo y dijo: “¿Qué hacen? Vengan”.

Cruzamos.

La guardia policial, compuesta por dos agentes, lo siguió con la mirada mientras Murúa encontraba el hueco por donde entrar. Y lo encontró: corrió una reja y empujo una puerta que se abrió hacia arriba, tipo garaje. “¿Qué hacen? Vengan”, por segunda vez.

Entonces se desató un ingreso desaforado de todos los que se habían acercado a la puerta, que así eran invitados a pasar adentro: “Ahora o nunca”.

El cuarto pequeño se fue llenando y pronto quedó chico para la horda; sólo una puerta separaba ahora del resto del edificio, donde estaban los encapuchados, que se hicieron sentir desde adentro.

Siguió entonces un ida y vuelta de golpes a la puerta y a las paredes que, gracias a la arquitectura moderna, se fueron derrumbando. Se abrieron huecos en los que se veía a algunos de los hombres de negro, que se mostraron provocadores: echaron gas matafuegos, amenazaron con “tirar”, mostraron cuchillos e invitaban con la mano a que los trabajadores sigan avanzando.

El mano a mano se paró a tiempo, aunque algunos ya se habían lastimado en el tren de hacer huecos que permitieran echar luz sobre lo que pasaba adentro, quiénes estaban y qué hacían.

A la larga, esa fue la única forma de establecer comunicación con el adentro y lograr que el subcomisario Aparicio se postulara para dialogar con los encapuchados.

Tiempo Argentino

“Den gracias que todavía tienen piernas”

La tensión siguió, pero sin violencia. Se acordó que entraran al edificio los policías junto al presidente de la cooperativa, Javier Borelli, y el secretario, Randy Stagnaro. Adentro los esperaban los encapuchados, pero nadie sabía que también estaba el autoproclamado dueño, Mariano Martínez Rojas.

“Den gracias que todavía tienen piernas” y “Los voy a sacar del forro del culo” fueron algunas de las sugestivas frases que tiró un Martínez sacado, según contaron los que estuvieron en la mesa chica. Nada distinto a lo que hace todos los días en su cuenta de Twitter. Todo ante las autoridades policiales, que se apuraron a proponer una solución: los encapuchados y Martínez saldrían, pero los trabajadores también. Y el edificio quedaría vacío, a la espera que la justicia decida quién tiene derecho a ocuparlo.

La respuesta fue inmediata: no.

Los trabajadores, adentro.

Así fue como durante las dos horas de negociación, algunos de los encapuchados eran vistos saltando por los techos de las casas de la cuadra, huyendo como delincuentes. La policía intentó, infructuosamente, tocar timbres, acceder a las viviendas y buscarlos.

Un puñado de los patoteros se quedó junto a Martínez, mientras los trabajadores iban ocupando las sillas donde hacen el diario de cada domingo, preparando mates para recalentarse y prendiendo sus computadoras.

Cerca de las siete de la mañana, Martínez y los encapuchados salieron por la puerta y se fueron, pero por sus propios medios.

La policía libró un acta donde se identificaron todas las personas que entraron golpeando y se fueron corriendo.

¿Cómo sigue esta historia?

Con los trabajadores adentro.

Más imágenes en http://www.lavaca.org/notas/tiempo-de-patotas-cronica-de-una-madrugada-agitada/

(Por Francisco J. Cantamutto) El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político regresivo, que enfrenta diversas limitaciones. El programa del gobierno no muestra grandes novedades respecto de los pronósticos iniciales. Se trata de un cambio en favor de los sectores más concentrados de la economía, con particular énfasis en los capitales que operan en el sector financiero, los exportadores y el de servicios. La panoplia de políticas aplicadas apunta a elevar la rentabilidad de estos sectores, en detrimento de todas las clases populares y las fracciones menos concentradas del propio capital (PyMEs).

La mayoría de representantes empresarios en el gabinete nacional es la forma más evidente de este sesgo, pero su manifestación más cruda son las políticas económicas. Esto desmonta el argumento de “darle tiempo” al gobierno: a medida que los meses pasan, sólo se hace más visible que apunta a beneficiar a unos pocos y perjudicarnos a la mayoría. La supuesta lucha contra la inflación no parece ser el objetivo real del gobierno; caso contrario, está fracasando de manera estrepitosa, pues hasta el momento lo que hay es una aceleración respecto del año previo.

Más allá de este sesgo general, la disputa sobre la orientación concreta del proyecto no está saldada. Se requiere de fuerza política para poder convalidar la forma específica del nuevo bloque en el poder. Y es ahí que el gobierno enfrenta desafíos de diferente orden: a) un mundo en crisis donde las oportunidades escasean, b) la resistencia social que no cede, y también c) las disputas entre las propias fracciones ganadoras del bloque en el poder. Sin dudar del sesgo regresivo general, estas tres condiciones significan dificultades reales para llevar adelante el programa. Nos concentramos en la última.

Disputas dentro del bloque

Las fracciones ganadoras del nuevo orden político-económico son los capitales concentrados exportadores, los que operan en los servicios públicos y los financieros (que no se limitan a la banca). Cada fracción ha reclamado medidas en su favor, y definen los lineamientos centrales del programa del gobierno. De conjunto, han recibido transferencias de ingresos calculadas en $281.106 millones, o unos 19.383 millones de dólares.

Así, la devaluación de diciembre y febrero, junto a la quita o reducción de retenciones a las exportaciones, elevaron las ganancias de los sectores exportadores, en particular, del agro y la minería. También se apostaba a darle competitividad a los sectores industriales concentrados que exportan. El problema en este respecto se vio por partida triple.

En primer lugar, el error de suponer que se trataba de un problema doméstico y no de un cuadro de crisis mundial y de nuestros principales socios (Brasil en particular). El referendo en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea ha reforzado la tendencia a devaluaciones generalizadas, limitando el alcance de esta política como factor de competitividad. Mejores precios no compensan la falta de demanda. En segundo lugar, el ajuste cambiario impulsó una aceleración de la inflación. El dólar pasó de $9,50 en diciembre a $16 a fines de febrero, momento en el que el Banco Central reforzó su intervención para lograr bajarlo hasta $14. Es decir, desde diciembre hasta antes del Brexit, la devaluación fue del 47%. Pero la inflación promedio, en el mismo plazo, fue del 28% (datos de la CTA), erosionando gran parte de las ganancias de competitividad. Y tercero, un lugar especial ocupan los 4 aumentos en los combustibles, que favorecieron a las grandes petroleras (que tienen su hombre en el ministerio de energía, Aranguren). Estas subas han erosionado particularmente la competitividad, y provoca una disputa explícita entre fracciones ganadores con el nuevo gobierno: la Sociedad Rural ha señalado que por esta vía se le fueron tres cuartos de lo ganado con la quita de retenciones.

Por otra parte, el aumento de tarifas de los servicios públicos busca elevar las ganancias de las empresas que operan en el sector, a pesar de que no se ha mostrado hasta el momento ninguna prueba pública de que el atraso en las tarifas ocasione pérdidas. Su incremento obedece a prioridades de economía política: el sector está controlado mayormente por capital de origen extranjero, al que Cambiemos busca beneficiar. Los servicios públicos (energía y transporte  en particular) impactan en las estructuras de costos de todos los sectores, lo que opera en especial detrimento de la producción industrial y la construcción, golpeando incluso a sectores exportadores. Estos incrementos elevaron la inflación en el segundo trimestre, lo que de conjunto golpeó muy duro los presupuestos de los hogares.

El problema aquí es este carácter transversal: la suba ha afectado a muchos sectores sociales, que han presentado reclamos por vías judiciales, manifestaciones y petitorios, que han puesto freno transitorio y parcial a algunos aumentos, pero su alcance es limitado. Las subas hasta ahora realizadas componen entre un tercio y la mitad de lo previsto por el gobierno. Esto significa que la negociación y conflicto actual son la primera etapa de una batalla que se repetirá en algunos meses. El desgaste político no es solo para los sectores afectados que hoy peticionan, sino para el propio gobierno que de esta forma pierde por partida doble: no alcanza aún los valores esperados, lo que atenta contra su asociación con el capital extranjero, y sin embargo las subas ya estipuladas impulsan la inflación.

Y finalmente, el tercer socio y gran ganador, es el capital financiero. Las políticas en su favor han sido sistemáticas, debido al peso central que ocupa la deuda en el proyecto de Cambiemos. El canje de 10.000 millones de dólares de deuda intra-Estado por bonos con privados, el pago a los fondos buitres con una emisión total de 16.000 millones más, y la apertura a emisiones de bonos provinciales; todos títulos que pagan elevados intereses en corto plazo. Sin embargo, la joya del esquema han sido, sin duda, las LEBAC emitidas por el Banco Central. Estas letras llegaron a pagar 38% anual de interés en renovaciones cada 35 días, una fuente inmensa de rentabilidad. El ejercicio es interesante: un operador que haya cambiado dólares por pesos a fines de febrero (a $16), y haya renovado 3 veces esos fondos en LEBAC, y los haya retirado a dólares nuevamente las semanas previas al Brexit (amenaza conocida con antelación) a $14, obtuvo una rentabilidad cercana al 28% en dólares… ¡¡¡en un trimestre!!! Un negocio impresionante, que explica por qué el presidente Macri dijo que pensaba repatriar fondos que mantiene en el exterior, para invertirlos en bonos.

El problema es que esta auténtica timba implica un incremento del déficit cuasi-fiscal, contra los supuestos objetivos del gobierno. Además, con estas tasas de rendimiento, no hay ningún incentivo a prestar a sectores productivos, lo que implica menor inversión. La recesión es la actualidad y el horizonte cercano. Finalmente, las letras emitidas son equivalentes a todos los billetes circulando en la economía, y son de muy elevada liquidez, lo que significa que pueden correr al dólar con mucha facilidad, como de hecho, comenzaron a hacerlo la última semana de junio, elevando nuevamente el tipo de cambio por encima de los $15. Esto agrega inestabilidad cambiaria a los demás riesgos económicos y políticos que frenan toda recuperación de la actividad.

Como se ve, el gobierno no tiene las cuentas fáciles. Sus políticas está orientadas de manera muy evidente a beneficiar a los sectores más concentrados del capital, pero no está claro que tenga la capacidad para subordinar a quienes pierden. Más aún, las disputas entre las diversas fracciones del bloque en el poder no alcanzan tampoco un acuerdo estable aún, lo cual redunda en la presión que mejor conocen: la extorsión económica mediante recesión. Hasta que la correlación de fuerzas entre clases y al interior del bloque en el poder no alcance algún tipo de estabilidad -siempre precaria- no es esperable que la economía se recupere, más allá de promesas y deseos. El pato de la boda, claro, lo pagamos las clases populares, afectados por la inflación, recesión y creciente desempleo.

Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

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“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

2 abortoLamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.

La historia

CmJjJAsWIAEGVPsLos represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Las búsquedas

Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.

José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

El encuentro

CmJulEJWIAEkUm9En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.

José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.

El juicio por su identidad

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.

Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.

La Coordinadora contra los Tarifazos convoca a una reunión esta tarde a las 18 en Rodríguez 78 para organizar las manifestaciones públicas que se realizarán los días 9 y 12 de julio tal como se consensuó en encuentros anteriores. Será para repudiar los despidos y los aumentos en los costos de los servicios públicos.

“Venimos trabajando con unos gastos que ya estaban previstos y planificando de acuerdo a eso y de pronto nos encontramos con que en menos de un mes viene un tarifazo que pone en riesgo la continuidad laboral nuestra y de muchas otras empresas a lo largo de todo el país”, dijo a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del Frigorífico INCOB.

El cooperativista recordó que “participamos de la reunión por el tarifazo en Buenos Aires, vimos que fue productivo, que tuvo convocatoria, la gente respondió ante esta necesidad de hacer frente a esta situación que no solamente complica a las empresas sino también a cada hogar que tenemos el consumo de estos impuestos”.

“Ahora acá en Bahía nos reunimos, hicimos una convocatoria en conjunto con varias organizaciones para también poder demostrar que nos está perjudicando y que tienen que dar marcha atrás con esta decisión porque no se pensó realmente en las consecuencias que hay hoy y cómo precariza la situación laboral nuestra y de todas las empresas”, agregó.

La flamante Coordinadora ya realizó dos reuniones de las que participaron miembros de clubes de barrio, cooperativas, centros culturales, pymes, centros de jubilados y personas independientes afectadas por las subas implementadas por el gobierno y las empresas. “Estaría bueno que se puedan acercar y que juntos peleemos para dar marcha atrás con esto”, dijo Acosta.

(Por Defensoría del Público) Una de las radios pioneras del movimiento de emisoras comunitarias del país recibió a la Defensoría del Público para realizar de un taller sobre producción integral radiofónica.

La capacitación junto a FM de la Calle se realizó en la Universidad del Sur y en el Centro Cultural La Panadería, sede actual de la radio. Participaron referentes de distintos medios locales, estudiantes terciarios e integrantes de Radio Cooperativa Indie Rock de la localidad de Tres Arroyos. Con la coordinación de Mariano Randazzo, de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, el taller abordó distintos aspectos de la producción integral radiofónica.

En un primer momento se focalizó en el diseño de contenidos radiales, los objetivos y estrategias comunicacionales, los roles dentro del equipo y la definición identitaria y estética del proyecto. Luego se trabajó sobre los formatos de la producción radial, se dialogó sobre las características de cada formato y se escucharon ejemplos de entrevista, comentario, crónica, editorial, columna de opinión, informe, documental, historia de vida y clip.

Durante el taller las audiencias estuvieron presentes. La cooperativa que gestiona FM De la Calle realiza, desde hace algunas semanas, una encuesta para que quienes escuchan la radio puedan opinar sobre el proyecto comunicacional. Una reflexión compartida sobre el sentido comunitario del proyecto.

FM De la Calle emite en el 87.9 del dial desde agosto de 1989 y nació con un objetivo claro: ser una alternativa al monopolio mediático de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Además, en su amplia trayectoria en el campo de la comunicación comunitaria, participaron activamente del debate en torno a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión para la democracia, luego en la Coalición por una Comunicación Democrática y, más tarde, en la calle bregando por la sanción, vigencia y plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

(Por Francisco J. Cantamutto) La organización de la bronca es un proceso paulatino, pero firme, de los primeros meses de Macri.

Nuevamente, se reunió el lunes la Multisectorial de CABA en el hotel recuperado BAUEN. Y otra vez se hicieron presentes cooperativas de trabajo, sindicatos, empresas recuperadas, asociaciones de jubilados, clubes de barrio, asociaciones de consumidores, empresarios PyME, centros culturales, vecinos de diferentes comunas. ¿El factor aglutinante? Expresarse contra el tarifazo y el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos.

El espacio continúa funcionando como un nodo de coordinación de múltiples iniciativas, como los bocinazos de las comunas 3, 7 y 12 o la radio abierta y pegatina de boletas de la comuna 4. La presentación de amparos y cautelares colectivas contra el tarifazo, el aviso y solidaridad entre cooperativas que resisten los cortes y desalojos. Esta semana se tomó nota del frazadazo convocado por CTA-A para el miércoles a las 18 en el obelisco, y de la convocatoria a movilizarse el jueves a las 12 frente a la nueva sede de la jefatura de gobierno, en Parque Patricios, convocado por ATE Capital.

Las propuestas de acciones para expresar el rechazo al modelo económico y político son muchas, y la Multisectorial se debate entre diversas formas de unificar los reclamos pero también fomentar intervenciones simultáneas y dispersas, con consignas comunes. Esto parte de una caracterización del gobierno de Cambiemos, como un proyecto político antipopular, pero con capacidad de gobierno.  La fortaleza que mostró ante las gigantescas movilizaciones del 1 de mayo y del 12 de mayo (universidades), frente a las cuales no se doblegó, y mantuvo sus políticas de ajuste. Los funcionarios de Cambiemos han mostrado una excelente disposición para lo que llaman “dialogar”, que significa dilatar indefinidamente en el tiempo una negociación, a la espera de la desmovilización. Es el esquema que han adoptado en los Ministerios de Trabajo y de Energía para evitar dar solución a los efectos de las políticas en marcha.

Apenas estos días, mientras se posponen una y otra las reuniones, los desalojos y los cortes avanzan, estando bajo amenaza las cooperativas Chilavert y Cueroflex, tras el violento episodio de otra recuperada, RB, la semana pasada. Asimismo, la noticia llegó desde Rosario, cuya Multisectorial fue reprimida el 20 de junio, hechos que tomaron estado público merced de la cobertura mediática. El presidente optó por adoctrinar niños/as con consignas partidarias y reprimir cualquier expresión de desacuerdo, apenas con metros de diferencia.  El gobierno llama el diálogo, dilata y reprime, todo con un fuerte cerco mediático.

Por eso se vuelve muy necesario actuar en la opinión pública, entre vecinos/as, en el territorio.

Con esta preocupación en mente, se ha planeado ya la posibilidad de coordinar un festejo del 9 de julio alternativo, por una segunda independencia. Asimismo, está firme la propuesta de coordinar hacia una Marcha Federal el 17 de agosto, partiendo de diferentes puntos del país. Para construir solidaridad y coordinación, se está creando ya una red federal de Multisectoriales, que hoy se multiplican por todo el país.

Una cuestión es clara: la bronca y el descontento están presentes. De lo que se trata es de organizarlos.

Foto: FACTA.

“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.

La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.

Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.

Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.

El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.

“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.

La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.

(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.

Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.

La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.

Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.

Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.

De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.

Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.

Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.

Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.

Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.

Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.

Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.

La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.

Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.

“Dibuja las líneas que unen los puntos y descubrirás una imagen conocida.”

I

(Por Luis Ponte) El Gobierno informó que los despidos en la administración pública llegaron a los 10.921 trabajadores (5-4-2016). El gobierno argentino profundiza la ola de despidos del sector público (El País, España, 31-3-2016). Mauricio Macri firmó el veto a la ley antidespidos (20.05.2016). Prat Gay: “Creemos que el Estado es muy bobo” (5-11-2015)

“Queremos un Estado sin la grasa de la militancia” (Prat Gay, 01-2016). Echan a 500 empleados del Ministerio de Cultura.  Marcha de trabajadores cesanteados  en el Ministerio de Cultura es atacada con  huevazos y hielo por parte de vecinos de la esquina de Alvear y Callao, en el barrio de Recoleta.

Ministro Prat Gay reconoce inflación del 42 % anual de mayo a mayo. Los principales analistas de la economía argentina prevén en promedio que el 2016 cierre con una inflación del 40,06% y una contracción del Producto Bruto Interno del 1,64% (23-6-16).

“En el segundo semestre se verán los resultados” (Macri, 04-2016). Michetti confesó que no se “saldrá del túnel” hasta el comienzo del 2017 (junio 2016). “El tercer semestre vamos a estar mucho mejor, y el año que viene va a ser de crecimiento absoluto”. (Lilita a Mirta, abril 2016).

“Resulta inaceptable que en un país con tantas potencialidades haya 14 millones de argentinos en la pobreza, por eso lanzaremos el Plan Pobreza Cero” (Macri, 09-2015). Según la UCA, la pobreza aumentó en 2016 y elevó la tasa al 35%. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina afirma que con los aumentos hay 1,4 millón más de pobres (04-2016). “Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, desde ya inalcanzable” ( Jefe de Gabinete, Marcos Peña, 08-06-2016).

Prat-Gay anunció el fin del cepo al dólar y la unificación del tipo de cambio (12-2015). Macri anunció fin a retenciones al campo y a la industria (14-12-15). El Gobierno anunció la eliminación de retenciones para las mineras (12-2-16). Con amplia mayoría, el Senado aprobó el pago de U$S 12.500 a los fondos buitre (31-3-16). “No crean el verso de que peleando con los buitres le hacemos un servicio a los argentinos”. (Prat Gay, 13-1-2016)

Oficializan tope de 400% de aumento en el gas en hogares y 500% en pymes (7-6-16). Aranguren intenta explicar el aumento de tarifas en el Senado: “Estamos aprendiendo sobre la marcha”(22-6-16). Alerta en universidades públicas por los aumentos de las tarifas de servicios (28-4-16).

El ministro de Energía, Aranguren tiene 13 millones de pesos en acciones de Shell. (02-2016). Aranguren le dio siete de ocho licitaciones a Shell, empresa de la que es accionista (24-4-16). “El que no pueda comprar nafta que no saque el auto”, Ministro de Energía Aranguren (9-5-2016).

“El blanqueo de capitales es un viva la pepa para todos aquellos que estaban fuera de la ley y  algo violento para aquellos que la cumplen” (Mauricio Macri, 13 -05-2013). Descubren una cuarta empresa offshore de los Macri en Panamá (11-4-2016). Siete funcionarios del Gobierno de Alianza Cambiemos aparecen con cuentas offshore en Panamá (9-4-16). El blanqueo de capitales, a un paso de convertirse en ley (22-6-2016).

La UIA advierte que si liberan las importaciones ”vuelven los noventa’ ‘(3-11-15). Macri quitará trabas a las compras por internet en el exterior (12-2015). Las Pymes industriales advierten por la “amenaza” de las importaciones (12-6-16). La economía cae 5 puntos por crisis con las cosechas, construcción y el consumo (25-6-16).

II

Monsanto exige que el Gobierno le permita seguir cobrando regalías a productores por el uso de semilla “Intacta”. (22-4-16). Duro reclamo de C.R.A. contra Monsanto, que insiste en el sistema de fiscalización del uso de semillas de soja “Intacta”. (12-5-2016) contra los productores.

Un grupo internacional integrado por empresas como Monsanto, Dow, Syngenta, Bayer, Coca-Cola y Danone evalúa la alimentación de los alumnos porteños, invitados por el programa Mi Escuela Saludable, del Gobierno de la Ciudad. (25-6-2016).

Gobernadora Vidal dispuso congelamiento de vacantes en la Administración Pública de la Provincia. Rige desde hoy (25-6-2016). Vidal recorta el presupuesto en los comedores escolares de la Provincia (8-4-2016). Denuncian recorte de cupos de hasta 30% en comedores escolares (12-4-2016). “Cuando hay hambre los pobres comen cualquier cosa” Adriana Perdriel, ex consejera escolar Cambiemos.

Reclamo de orquestas y coros infantiles y juveniles por su continuidad (14-6-2016). Echaron al director de Orquestas y Coros del Bicentenario sin motivos: el programa, muy cerca de su desaparición (2-5-2016). Delegados de ATE, de los Organismos Artísticos del Sur (Ballet-Coro-Orquesta) reclama ante el Intendente Gay por los conflictos que atraviesa al sector (5-5-2016). Llega a Bahía Blanca, “Acercarte. La cultura cerca tuyo”. (19-5-2016).

“Les hicieron creer a los trabajadores que podían tener aire acondicionado, cambiar el celu, y viajar”( J. González Fraga, 27-5-2016). “Nos hicieron creer que podíamos tener “calefacción, electricidad y servicios” (Gobernadora María Eugenia Vidal, 7-6-2016).

Llega Uber. Sistema de transporte basado en al precariedad laboral y originado en la llamada moda de las industrias creativas, con centro en Silicon Valley California. El creador de Uber, David Plouffe, fue el cerebro detrás de la campaña de Obama Presidente 2008. Rodríguez Larreta viaja a Sillicon Valley.

III

Llega Obama. (23-3-2016)

IV

Macri devolvió poderes de autogobierno a las Fuerzas Armadas y estalló la polémica (3-6-2016).

Editorial de LA NACION reclama “No más venganza” en la que critica el juicio y castigo a los militares que participaron en la última dictadura militar (23-11-2015). Periodistas de La Nación repudian el editorial que reivindica a los genocidas (24-11-2015)

Revista Barcelona perdió el juicio que le inició Cecilia Pando (8-5-2016).

Río Negro: detienen a un dirigente de ATE por liderar una protesta (27-1- 2016) La ONU pidió explicaciones por la detención de Milagro Sala (3-3-2016). Se aprobó el protocolo antipiquetes (17-2-2016).

Alumnos de Colegio Sagrado Corazón en Quilmes demorados y requisados en la vía pública por la policía, por alteración del orden. Ante la mirada pasiva de sus padres en la vereda de enfrente quienes además los filman y sacaban fotos sin intervenir.(10-3-2016).

Apelarán al artículo 294 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires que indica que “cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público”.

“Es tiempo de restaurar valores, ante la existencia de enemigos sin patria ni bandera que quieren subvertirlos y adueñarse de nuestros ideales y dd nuestra juventud. No es tiempo de tibios….” (Intendente Héctor Gay, Alianza Cambiemos, Bahía Blanca  (25-5-2016)

V

Un cura en Zárate prohíbe la entrada de mujeres con calzas o jeans ajustados en una iglesia.(9-5-2016)

“La asignación universal por hijos fomenta los embarazos adolescentes” (Miguel Del Sel, Embajador en Panamá, ex candidato a gobernador en Santa Fe por Alianza Cambiemos, 15-10-2011).

“Hay niñas de 11 años que esperan llegar a los 12 para quedar embarazadas y cobrar un plan” (María Laura Bionidini, Secretaria de Gobierno actual por Alianza Cambiemos Bahía Blanca, 15-10-2015)

“Las docentes planean sus embarazos para tomarse licencias” (Hernán Franco, Ministro de Hacienda de La Pampa, 17-5-2016).

Suprema Corte de Justicia: el derecho de huelga no es de los trabajadores; sólo de los sindicatos para los trabajadores sino para las organizaciones. (8-6-2016)

Juez Cayssials falló contra el acceso libre e irrestricto a las Universidades. (11-5-2016)

VI

Macri elimina por decreto el AFSCA y AFSTIC (12-12-15). “Pluralismo, tolerancia, diversidad y que todas las opiniones se puedan expresar”. (Ministro Lombardi). Echan al periodista Pedro Brieger de la TV Pública. Eliminan Visión 7 Internacional. (1-4-2016).

El Gobierno decide retirarse de la cadena informativa latinoamericana Telesur. (27-3-2016). Cablevisión quita de su grilla a Telesur. (2-5-2016). El Gobierno quita Telesur de la grilla de Televisión Digital Abierta (14-6-2016). El gobierno vende los satelites Arsat1 y 2. Suspende la construcción del 3. (13-1-2016)

“A mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital. Lo que se va a poder hacer a través de Internet y vía digitalización. Prácticamente todo va a ser digital. Le doy un ejemplo, usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa”. Ministro Aguad, el de comunicación.

VII

“El Gobierno de Cambiemos es parte de la internacional socialista y de la internacional popular. El radicalismo está en la socialista y en el PRO estamos en la popular. Si me decía hace seis meses que íbamos a estar como hoy firmaba feliz” (El País, España, 15-6-16)

VIII

“Tenemos que volver a la normalidad” (Héctor Gay, Candidato a Intendente por Alianza Cambiemos, Bahía Blanca. Canal 7. Debate en campaña, Octubre 2015).

28 de marzo. Buenos Aires. Despidos en el Estado. Carros de asalto de la Policía Federal rodean el edificio de  la Biblioteca Nacional.

11 de abril de 2016. Bahía Blanca. Aniversario de su fundación. Visita de la Gobernadora Vidal. Plaza Rivadavia vallada.

25 de mayo de 2016. Buenos Aires. Aniversario de la Revolución de Mayo. Plaza de Mayo vallada.

20 de Junio de 2016. Rosario. Día de la Bandera. Monunento a la Bandera vallado. Disturbios. Un concejal local con la cabeza rota.

IX

“La cultura del desvinculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Y nos hace creer que estamos condenados a la resignación.” (Eduardo Galeano, fragmento de “La Memoria Rota”).

 

La periodista Gisela Estremador apoyó el proyecto de ordenanza que pretende desalentar desde el Estado los concursos de belleza y elecciones de reina. “No se trata de evangelizar porque quiero que vos seas feminista sino que entiendas realmente qué hay detrás de todo eso y cómo uno termina siendo cómplice de esta situación aún sin desearlo”, afirmó a FM De la Calle la ex reina de General Conesa.

“A mí nadie me dijo tenés que hacer dieta. En mi casa fue algo natural, fue así, me río mucho de eso y precisamente por eso puedo decir cómo se vivía desde adentro. Pero sí vivía esa situación donde había acompañantes de las otras postulantes medio de presión, parate derecha y sonreí, de mujer absolutamente objeto, de mujer florero, y éramos chicas de 16 años. No reniego de eso, lo viví en su momento pero hoy a mis hijas no se lo permitiría, les daría las herramientas. Mi vieja con todo lo que nos cuida y nos ha criado de una manera muy libre creo que no tuvo la posibilidad ni siquiera de analizarlo”, comentó.

La comunicadora fue convocada para conducir otras fiestas tradicionales como la del Agricultor y fue princesa de la Manzana con la misión de representar a su pueblo. “La verdad es que no lo representé por la producción regional de la agricultura y la ganadería sino que fue un concurso de belleza más”.

“Escucho cuáles son los argumentos a favor de que no se reglamente y que no se apruebe esta ordenanza y tiene que ver con las tradiciones y estos concursos conllevan más allá de la simple cosificación de la mujer y de evaluarla por su belleza y viéndolo desde adentro no se evalúa mucho más que eso, por lo menos en mi experiencia”, dijo.

La conductora del informativo de Canal 4 de BVC agregó que “es importantísimo poder dar este debate sin necesidad de que esto se transforme en la intención de erradicar una fiesta tradicional como puede suceder en Ing. White, en mi pueblo y en tantas otras localidades que forman parte del acervo cultural la fiesta, pero no hacen en nada colocar a diez, quince chicas, algunas mayores y otras menores de edad, paradas como floreros -porque puntualmente es eso- para ver cuál de ellas es la más linda y que luego se coloque una banda y una corona de soberana de esa festividad en particular”.

Para Estremador no se trata de “un ataque ni a las sociedades de fomento ni a las organizaciones ni a ningún municipio en sí. Lo que hace es que seamos serios con lo que decimos y con lo que estamos haciendo. Si realmente queremos que la transformación se dé, cuando falta un camino extensísimo por recorrer, empecemos por cambiar estas cosas que realmente hacen a la mirada de una sociedad diferente, que tiene perspectiva de género y que entiende que esa violencia simbólica existe”.

“Ejercer esta violencia simbólica también conlleva que esas personas que son dominadas tienen anuencia, se da una relación donde casi es inconsciente, por eso en muchos de los casos en los que se planteó, como sucedió en Viedma o en Chivilcoy, muchas de esas reinas y princesas y mises de diferentes colectividades fueron las que se manifestaron en contra, las que quisieron poner un freno a esas ordenanzas”, dijo.

Si no se evalúa el cuerpo de las mujeres, como planten quienes organizan los concursos, “por qué te preguntan las medidas de determinadas partes del cuerpo que hacen a la sexualidad de la mujer, que tiene que ver con un objeto para ser mirado y admirado por todo un público que va a decidir si vos sos más linda o no tan linda como la reina y la princesa en la mirada de un jurado que te está evaluando no por mi formación académica ni lo que soy como persona sino por cómo me veo”.

Respecto al abordaje mediático de la violencia machista, la periodista destacó que “la gran mayoría de los comunicadores siguen siendo hombres, falta una formación en perspectiva de género desde las mismas mujeres y de los hombres por supuesto, vamos todos a la marcha, la cubrimos pero esto no nos parece violencia, si no estamos defendiendo el caso extremo de la violencia de género que es un feminicidio todo lo demás no es violencia”.

El fiscal Alejandro Cantaro solicitó que se enjuicie a tres hombres, dos de ellos hermanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El funcionario consideró que existen elementos suficientes para elevar la investigación a juicio oral por la explotación de al menos a cuatro víctimas en el prostíbulo Cat’s que funcionaba en Colón y Sixto Laspiur.

Uno de los imputados habría sido el dueño y encargado del lugar y junto a su hermano habrían alternado las tareas de regenteo. El tercero sería un amigo que habría oficiado de colaborador.

Luego del allanamiento realizado en noviembre de 2015, los tres hombres resultaron detenidos y finalmente, en diciembre procesados por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada, por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada en marzo de 2015 en la línea 145, lo que derivó en una serie de medidas para constatar la existencia y funcionamiento de la red. De esta manera, se pudo saber que el lugar funcionaba los domingos, miércoles y jueves desde las 00:00 hasta las 8:00, “evitando los restantes días de la semana para no alertar a la Policía Federal”.

Además, en el lugar se consumían bebidas alcohólicas, había mujeres que conversaban con los hombres que allí asistían y finalmente se realizaban los pases, cuyo valor rondaría los 500 pesos, concretados en un hotel alojamiento llamado “Mesón Sur”.

El fiscal solicitó entonces el allanamiento en el lugar y en la casa del acusado de ser el dueño del prostíbulo. Así, se comprobó que el local estaba ambientado como cabaret, con un caño, tarima, sillones, una barra, luces tenues y con varios ambientes en mal estado y sucios. Además, se secuestró dinero, celulares, cocaína, preservativos, geles íntimos y ropa de mujer.

Por su parte, en la casa del acusado se hallaron preservativos, geles íntimos y una importante cantidad de tarjetas de publicidad del cabaret Cat’s.

En cuanto a la declaración de las víctimas rescatadas, todas detallaron una situación de extrema vulnerabilidad y relataron cómo llevan muchos años dentro del circuito prostibulario, una de ellas incluso desde que era menor de edad.

Algunas de ellas refirieron que aproximadamente tres años atrás concurrían a este lugar para realizar “copas” pero “como ya no estaba permitido”, a la fecha establecían contacto con los ‘clientes’ y los ‘pases’ se concretaban en el hotel alojamiento.

Connivencia política y policial

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

A principios de mes el fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo pidieron el procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. Los acusadores destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas.

La titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNS, Graciela Cortázar, dijo a FM De la Calle que junto a un grupo de colegas fueron convocados por la Secretaría de Investigación del atentado a la AMIA para analizar la factibilidad de crear una ley que permita el juzgamiento en ausencia para personas imputadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes de guerra.

La causa sobre el atentado contra la mutual judía se estancó luego de la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el gobierno anterior. “Hay dificultades para poder notificar a los imputados y se encuentra con una parálisis que conmociona al Estado porque es la segunda causa judicial más importante que tiene el país y sin embargo no se encuentran las formas de resolverla, no de lograr siquiera una condena sino poder aportar una verdad sobre lo ocurrido”.

El respeto a las garantías de las personas acusadas es uno de los puntos centrales del estudio. Cortázar explicó que “hay que hacer un análisis en base a los tratados de derechos humanos para ver de qué modo se puede hacer una interpretación que garantice los derechos y sin embargo no nos impida, porque las personas se profuguen, continuar con el proceso. La cuestión está en poder garantizarle a las víctimas y a la sociedad -porque el Estado tiene la obligación- que las causas terminen en un plazo razonable”.

Si bien parten de la necesidad planteada por la causa AMIA, la incorporación del juzgamiento en ausencia “puede venir a resolver muchas cuestiones que tienen que ver con causas o procesos abiertos por los hechos cometidos por la dictadura y se encuentran con algunas personas profugadas. (…) Me parece que en el país hemos tenido y tenemos procesos complejos que requieren contar con herramientas jurídicas especiales”.

Por último, Cortázar destacó que los procesos en ausencia también garantizan a las o los imputados una definición de su situación porque tratándose de crímenes imprescriptibles quedarían encausados “eternamente”. Además las defensas técnicas se “refuerzan mucho para evitar que esto sea una apariencia de debido proceso. (…) Se pone mucho énfasis en las leyes de los otros países y en que tenga la posibilidad el imputado de elegir un defensor y, verificada su voluntad de ausentarse del proceso, continuar con todas las garantías hasta juzgarlo y obtener una sentencia”.

La presidenta de la Sociedad de Fomento de Ing. White, Andrea Cardone, defendió la continuidad de los concursos de belleza y la elección de la reina nacional del Camarón y Langostino porque si bien “estamos en contra de todo lo que es violencia de género meterlo en este sentido es un golpe bajo”. La concejala Miriam Iantosca propuso que el municipio no participe ni financie estos eventos por su violencia simbólica.

La fomentista aseguró que solicitaron la Banca 25 para presentar su postura en el deliberativo porque “que haya una reina nacional no es capricho nuestro, esta es la número 22, los diputados y senadores de la Nación decretaron esto”. “Cuando la reina viaja va representando a la ciudad de Bahía Blanca y al municipio y en otros lugares nos recibe el intendente, también es un evento cultural”, dijo a FM De la Calle.

Según la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la simbólica es aquella violencia que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

“Con el pensamiento que tienen, tienen que prohibir los desfiles de moda, cerrar las escuelas de modelos, que en las revistas no aparezca la mujer para vender un producto en bombacha o en malla”, se quejó la organizadora.

Cardone aseguró que en la fiesta del Camarón “no nos guiamos ni por medidas, ni por estatura, ni por color de piel, ni color de ojos, ni color de cabello”. Este video del “backstage” la desmiente. Por otra parte, se jactó de actuar diferente a quienes discriminaron a la reina de la Vendimia por estar embarazada: “Hace dos años atrás nuestra reina Sol Díaz después de ser electa quedó embarazada, no se le sacó la corona, sí no viajó, viajó la princesa en su lugar para preservar su embarazo y al otro año se despidió en el escenario mayor con su bebé”.

Dijo que el municipio “no está participando en la elección de la reina” y que el “único aporte” que hizo este año para la fiesta whitense “fue el aporte de los músicos locales”.

“Dentro del jurado siempre participaba el intendente o mandaba alguien en su lugar, en este caso era el delegado, siempre participaron concejales, te puedo nombrar a Ana Civitella. Cuando se hace la elección de la reina se realiza el día sábado, el miércoles anterior todas las postulantes tienen una entrevista donde el jurado las conoce por primera vez, pueden conversar con ellas y tienen una planilla con un montón de cosas que ven no solo la belleza de la que se postula”. Por ejemplo, “se ve la simpatía que pueda tener, cómo se desenvuelve, la parte humana, si es solidaria, un montón de aspectos, no solamente el físico”.

“Cuando las nenas desfilan, en la primer pasada que es en malla, es en malla enteriza para preservar su cuerpo”, contó. ¿Para que lo hacen si quieren preservar el cuerpo? “Porque desde que se hace la elección es eso”, concluyó.

Un proxeneta en la cocina

iglesias camaronLa Fiesta del Camarón y Langostino es organizada por la Sociedad de Fomento junto a otras instituciones de la localidad portuaria. Entre ellas el Club Huracán, cuyo vicepresidente Víctor Hugo Iglesias será juzgado junto a su hermano y otros tres hombres por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y en otra causa similar tiene un pedido de detención y procesamiento en su contra por parte de la Fiscalía.

El Piraña Iglesias es el encargado de la cocina de la fiesta. “Antiguamente había una empresa que venía desde Mar del Plata a hacerlo. En la gestión de Juan Mosqueira (sic) logramos que estuviera a cargo de gente de White. En manos del Club Huracán y con los cocineros Víctor Hugo y Hugo Iglesias”, publicó Ecodias el 12 de abril. Años antes, como consta en el parte municipal, el propio imputado destacaba los “cinco años seguidos” que llevaba en la función.

Al ser consultada respecto a la imputación contra el vicepresidente del club, Andrea Cardone dijo que “eso lo tiene que decidir la justicia, o sea, uno lo conoce como vecino y tampoco lo podés juzgar de antemano. La justicia tendrá que dar el dictamen final”.

-Víctor Hugo representa al Club Huracán pero hay un montón de gente, nosotros como entidad trabajamos no solamente con el Club Huracán sino con un montón de entidades de Ing. White.

-Que no tienen un vicepresidente procesado por trata.

-Eso lo va a dictaminar la justicia.

-¿Trataron el tema en algún momento?

-No, sinceramente no.