Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, logró encontrar a su nieta, apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida. “Tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9 por ciento”, informó la Fundación Anahí. Es la nieta número 120 que recupera su identidad.
Casación revocó uno de los últimos fallos del suspendido camarista Néstor Luis Montezanti y volvió a procesar a un intendente y un comisario pampeano por el delito de trata. La medida, firmada también por Pablo Candisano Mera, había sido repudiada por distintas agrupaciones de mujeres y políticas por servirse de argumentos medievales tales como: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.
Si bien no forma parte del dictamen del Consejo de la Magistratura, la resolución prostituyente fue mencionada por varios testigos que la semana pasada declararon ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que juzga a Montezanti por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, sus vínculos con la Triple A bahiense y los malos tratos y decisiones arbitrarias y despóticas contra estudiantes y trabajadorxs. Los días 1 y 2 de febrero el juez declarará en el jury y se escucharán los alegatos del proceso de remoción.
Compartimos aquí la nota de PlanB Noticias sobre el procesamiento del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el excomisario Carlos Alanis por el delito de trata de mujeres para explotación sexual.
Procesaron otra vez al intendente de Lonquimay
Nuevamente Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.
El intendente de Lonquimay Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron otra vez procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.
La Sala 4 está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos.
El tribunal pulverizó el fallo de la Cámara bahiense con duros conceptos: por ejemplo no dieron “razones suficientes del procedimiento intelectual seguido por los jueces para adoptar su decisión (la anulación de los procesamientos)”.
También tuvieron en cuenta como “indicios” de delito los dichos públicos de Rogers en defensa del cabaré. Consideraron que los hechos estaban probados y que el Estado argentino tiene un compromiso con tratados internacional de lucha contra la trata de personas, según se consigna en el Diario de La Pampa.
El fallo de juez Gustavo Hornos dice que “por otro lado y en cuanto al agravio relativo a la arbitrariedad del pronunciamiento dictado para revocar el procesamiento de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers, conviene recordar que el Estado Argentino mediante la sanción de la ley nº 26.364 de abril de 2008, dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la Ley nº 25.632, en el año 2002)”.
Dice que “esos compromisos internacionales institucionalmente asumidos y la decisión política de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delito así como brindar la máxima asistencia a sus víctimas, deberán ser necesariamente contemplados por una visión realista y contextualizada del acontecer social, circunscripta a cada caso concreto, , pero que lejos de descartar la posible connivencia con autoridades y funcionarios de las áreas políticas o de seguridad, advierta que esa complicidad se presenta usual y eventualmente necesaria para la realización de las múltiples y complejas conductas que deben ser llevadas a cabo simultáneamente para la realización de este tipo de gravísimos delitos”.
Además piden que “debe profundizarse la investigación de los hechos investigados cuando se encuentren denunciados hechos de corrupción, que habrían facilitado o permitido la comisión del delito de trata de personas”.
Consideraron la fundamentación de los magistrados de la Cámara Federal de Bahía Blanca para revocar el procesamiento dispuesto respecto de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers cmo “arbitraria y carente fundamentación”. Acusaron a los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti de “formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento en autos ni profundizar en la valoraciones de los mismos, tarea que resultaba imprescindible a fin de dotar de la debida motivación al cambio de temperamento adoptado”.
El fallo dice que los jueces bahiense omitieron “considerar los distintos elementos probatorios reunidos en la causa”.
“Ello es así por cuanto en autos no se encuentra controvertido que en el local ”Good Night“, de propiedad de Carlos Fernández, habilitado como Salones de Baile, funcionaba una whiskería, en la que se encontraban siendo explotadas varias mujeres mayores de edad”, dice la Sala 4.
“De las denuncias que dieron origen a las presentes actuaciones, y en particular la efectuada por G.L.A., se desprende la posible existencia de una relación de connivencia entre las autoridades y funcionarios públicos, con el dueño del local ”Good Night“”, agrega.
“Particularmente y tal como lo mencionara anteriormente, el intendente de la localidad de Lonquimay, manifestó públicamente una defensa hacia la existencia del local ”Good Night“ y el posible veto que ejercería en caso de que una ordenanza municipal dictada por el Concejo Deliberante, prohibiera su funcionamiento”, dice el juez Hornos.
“Sobre el punto, manifestó el magistrado de la primera instancia, que se encuentra acreditada prima facie una relación de connivencia entre el dueño del local donde las mujeres eran sometidas a la explotación sexual y las autoridades policiales y el intendente de la localidad de Lonquimay. En este sentido, tuvo en cuenta la firma de libretas sanitarias por parte de Luis Rogers de las que resulta que las mujeres se hallaban exentas de enfermedades contagiosas, en efecto que no tenían enfermedades sexuales para el trabajo que realizarían en el local ”Good Night“”, enfatiza.
“Asimismo, y con respecto al jefe de policía Carlos Adrián Alanis, resaltó que en su calidad de comisario, firmó actas de exposición en las que dejó constancia que las mujeres que trabajaban en aquel local ”Good Night“, dejando a consignación sus prendas por tener una ”deuda“ con el dueño del local y que allí trabajaban con plena voluntad”, menciona sobre la instrucción.
“Consideró, además, el contenido de las actas de exposición y rúbrica de ellas por el subcomisario de la que se desprende que L.V.D. y M.M.L. trabajaban en la Whiskería ”Good Night“ y que tenían ”deudas“ con el dueño del local, de 432,05 y 499,95, respectivamente, en concepto de ”gastos, tales como análisis, libreta sanitaria, comida y mercadería razón por la que dejaban en consignación ”sus pertenencias“”, precisó.
El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense, que el 14 de noviembre pasado revocó los procesamientos a un intendente de Lonquimay (La Pampa), Luis Rogers, y del subcomisario Carlos Alanis, acusados como cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno de aquella localidad.
Cantaro y Colombo debieron presentar el recurso de queja ante el máximo tribunal penal del país luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca les rechazara el 12 de diciembre el recurso de casación contra la revocación de los procesamientos de los dos funcionarios que había dictado el propio tribunal de alzada.
(Por Martín Becerra*) El gobierno de Mauricio Macri anunció hoy la intervención, por Decreto 236/2015, de las autoridades regulatorias de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), por 180 días.
La intervención completa algunos cambios realizados el segundo día de su gestión: el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 13 subordinaba el funcionamiento de AFSCA y AFTIC al Ministerio de Comunicaciones y el Decreto 12 creó el Sistema de Medios y Contenidos Públicos por encima de Radio y Televisión Argentina SE (sobre esto verhttps://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/12/nuevo-ministerio-de-comunicaciones/). Además, en el mismo Boletín Oficial hoy se detallaron funciones y competencias del Sistema de Medios del Estado, que comprende a Canal 7 y Radio Nacional (juntas conforman RTA), RAE, Telam, Tecnópolis, CCK, Bacua y la participación argentina en Telesur.
En el interín, el gobierno había dispuesto que la titularidad de las acciones de ARSat y Correos la ejerciera el Ministerio de Comunicaciones (Resolución Ministerial 1) y designó nuevas autoridades en ARSat.
El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, un férreo opositor a la ley audiovisual desde su discusión legislativa en 2009, hoy desmiembra su órgano regulador. El interventor en AFSCA es Alejandro Garzón. En AFTIC el interventor es Mario Frigerio.
Si bien las leyes audiovisual y de telecomunicaciones siguen vigentes en el resto de su articulado, se afecta la médula de las mismas. El ministro Aguad dijo que “la ley de medios (sic.) no se toca, por ahora”.
AFSCA y AFTIC, organismos “descentralizados y autárquicos”, contaban con sendos directorios colegiados (con representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de consejos federales) presididos por Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sabbatella tenía mandato hasta diciembre de 2017 y Berner, hasta 2019.
Los considerandos del Decreto 236 afirman que AFSCA incumplió los objetivos de revisión periódica de la ley audiovisual para adecuarla a cambios tecnológicos (art. 47) y que AFTIC incumplió los objetivos de garantizar acceso a las TIC.
Otro considerando del decreto sostiene que “importantes decisiones” de AFSCA y AFTIC “implicarían” abiertos incumplimientos de las leyes vigentes, por ejemplo en relación a la normalización del uso del espectro o desigualdad en el trato de operadores y anomalías en decisiones de asignación de frecuencias a licenciatarios audiovisuales y de telecomunicaciones.
El decreto ordena revisar la actualización de la ley audiovisual prevista en el artículo 47 de la norma, relevar todos los casos judiciales y administrativos, formular un informe de coordinación entre AFSCA y AFTIC, evaluar compras y contrataciones, presupuesto, procedimientos y controles que realizan los organismos.
La historia, el presente y el futuro de la ley audiovisual están condenados a la judicialización. La intervención de hoy es un nuevo hito en la materia, esta vez con las autoridades depuestas como litigantes en busca de una cautelar que suspenda la intervención (de hecho, por la tarde Sabbatella presentó un amparo solicitando una medida cautelar, cuyo texto está acá:http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/Amparo.pdf).
Se cumple así otro anuncio que el gobierno anticipa por vía oficiosa a través de los medios con mayor audiencia. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre el cambio en la modalidad de comunicación política (que no equivale a política de comunicación) del nuevo gobierno. De hecho, informalmente, dirigentes de Cambiemos hablaban del “ucase” de la intervención a AFSCA y AFTIC (en la Rusia Imperial el ucase era la proclamación de una ley u ordenanza por parte del zar o del máximo líder religioso).
Análisis de la medida:
La intervención modifica por vía de decreto dos leyes votadas por el Congreso, con amplio apoyo legislativo y -en el caso de la ley audiovisual- sostén de la sociedad civil organizada y resistencia de algunos grandes conglomerados multimedios y de un sector de la sociedad civil que, sin tener experticia en el tema, asimiló la ley a su aplicación (sobre la que se comentará más adelante).
De hecho, la modificación de la ley por vía de decreto no sólo es cuestionada desde el kirchnerismo. Una organización como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), criticada sistemáticamente por el kirchnerismo, consideró que“ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia”, debería ser efectuado vía decreto. Organizaciones más afines al anterior gobierno están movilizándose contra la intervención y, es de suponer, acompañarán con reclamos judiciales a sus autoridades hoy destituidas.
El decreto de intervención no avanzó, como se había anunciado oficiosamente a través de la prensa, con la derogación de artículos clave de la ley audiovisual referentes a topes a la concentración de licencias y transferencia de las mismas. Esos artículos son el núcleo que motivó la causa judicial iniciada por el grupo Clarín en la que falló la Corte Suprema de Justicia en 2013, cuando declaró plenamente constitucional la ley audiovisual (sobre ese fallo ver https://martinbecerra.wordpress.com/2013/10/30/sobre-el-fallo-de-la-corte-suprema-ley-audiovisual-de-octubre-2013/) contra los intereses del multimedios.
Colaboradores del presidente Macri, con estos decretos, dicen buscar “reparar” daños que –interpretan- causaron leyes carentes de legitimidad. Esa valoración le ahorra al actual gobierno el trámite legislativo (no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso) pero sienta un precedente, pues sus sucesores podrán hacer exactamente lo mismo con las medidas que tome Macri ahora y en el futuro, perjudicando la lógica de la “política de Estado” en temas estratégicos, contaminando el carácter faccioso a las decisiones presidenciales (lo que no está reñido con la legitimidad electoral, como se ha visto en muchas de las iniciativas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner) y obturando la posibilidad de realización de políticas públicas estables que era lo que el actual gobierno, cuando era oposición, prometía. Así, pues, quienes ayer reclamaban institucionalidad justifican ahora la excepción y quienes justificaban excepciones, hoy reclaman institucionalidad.
Paradójicamente, la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta.
Asimismo, si la crítica a Sabbatella como presidente de AFSCA radica en su incapacidad para conducir políticas que no sean sólo representativas de su sector político, dada su confesa subordinación a la expresidenta Fernández de Kirchner, la respuesta del macrismo redobla la dependencia, ya no sólo política por vía del DNU 13/2015 (el ministro Aguad fue obviamente designado por el presidente), sino también de diseño institucional (los interventores responden al Ministro, éste al Presidente). Dentro de Cambiemos hubo tensiones por la forma de decidir esta intervención.
Huelga recordar que defender la vía de la legalidad y los objetivos inclusivos de la ley audiovisual no supone avalar su implementación ni apoyar la gestión de sus funcionarios. El kirchnerismo fue irrespetuoso con la ley que había impulsado. La incumplió y contravino sus objetivos más legítimos. En cuanto a los organismos de aplicación, el kirchnerismo respetó la formalidad institucional de su integración aunque afectó sus reglas de juego, otorgándole de hecho a la presidencia (designada por el Poder Ejecutivo) mayores facultades de las previstas en la ley. Un balance con datos concretos cuando la ley cumplió seis años acá:https://martinbecerra.wordpress.com/2015/10/09/recalculando-seis-anos-de-la-ley-audiovisual/
La ley audiovisual (mal llamada ley de medios, ya que no regula ni medios gráficos ni Internet) fue elogiada por su concepción del derecho social a la libertad de expresión por las máximas autoridades mundiales y continentales en la materia. En la insistente repetición de la “convergencia” por parte del ministro Aguad se anuncia el relevo del paradigma normativo del derecho social a la libertad de expresión por el de desafíos tecnológicos que, así enunciados, por ahora son abstractos. Mientras que el paradigma de la libertad de expresión como derecho social comprende obligaciones del Estado de garantizar acceso y desconcentración, como bien subrayó la Corte Suprema cuando validó la constitucionalidad de la ley audiovisual, el paradigma de la convergencia tecnológica en abstracto conduce –si no hay políticas expresas en otro sentido- a confiar en la regulación del mercado, toda vez que la economía gobierna la innovación tecnológica a nivel global (esto puede no ser una buena noticia para los grupos de comunicación “nacionales”).
Ahora bien, si la ley audiovisual “nació vieja”, como suele decirse, y su texto es obsoleto e impracticable y si no fue razonablemente adecuada al frenesí de la revolución tecnológica, ¿cuál es entonces la prioridad del nuevo gobierno para modificarla vía decreto y no a través de un debate que respaldara una nueva ley con consensos robustos?
La excusa para objetar las leyes vigentes es su presunta obsolescencia fruto de los avances tecnológicos. Si se toma este argumento como válido, entonces ninguna ley será satisfactoria, toda vez que el vértigo de la convergencia digital avanza a un ritmo incompatible con los acuerdos políticos y legislativos necesarios para adoptar regulaciones. Pero, más allá de esa excusa, lo que motiva la objeción a las leyes que regulan los sectores audiovisual y de telecomunicaciones es la percepción que tienen los principales operadores de las limitaciones presentes en la normativa para la expansión de sus negocios en épocas de convergencia de servicios y productos. En este sentido, el cambio de etapa representa desde una perspectiva estructural el desplazamiento de los conflictos, y no su anulación.
Ejemplo de ello es la mención de anomalías por parte del decreto de intervención, que anticipa una tormenta en la asignación de porciones de espectro radioeléctrico (recurso público administrado por el Estado). Los considerandos citan, por caso, la política instrumentada en la distribución de espectro para tv digital (TDT), toda vez que objetan el criterio adoptado por AFSCA para asignar licencias (importa recordar que muchas esas licencias ya están otorgadas, es decir, hay nuevos licenciatarios con derechos adquiridos, así como instituciones estatales (universidades nacionales) con autorizaciones igualmente concretadas) mediante el sistema de compartir canales de frecuencia entre dos operadores (con señales diferentes dentro de la banda asignada al canal compartido). Otro ejemplo es la última licitación de espectro para servicios de LTE/4G en telefonía móvil, que pese al objetivo de agregar competencia en el hiperconcentrado mercado de telecomunicaciones, repartió frecuencias entre los operadores actuales y, más tarde, vía ley de soberanía satelital (noviembre de 2015, tan cerca y ya tan lejos), bloqueó futuras licitaciones.
La noción de “actualización tecnológica” esconde bajo una consigna de fácil digestión la quita de obstáculos legales para los principales grupos empresariales. Pero los obstáculos no sólo son legales, sino que hay barreras económicas como los abusos de posición dominante que muchos competidores del grupo Clarín en televisión de pago le atribuyen al multimedios y que el grupo Clarín le atribuye a Telefónica en telecomunicaciones. Por eso, regular la concentración en el sector de medios y tecnologías de la información es una obligación del Estado, así como es obligatorio instrumentar políticas de acceso para sectores de la sociedad que, si fuera por la ley del mercado, jamás podrían concretar el derecho humano a “recibir, investigar y difundir, por cualquier medio de expresión” información y cultura.
La masa que lleva a pendular las políticas audiovisuales con lógica de vendetta está sujeta del hilo de las tensiones y coincidencias de los principales actores del sector: Telefónica, el grupo Clarín y el Estado. Más allá de que la escena tenga otra iluminación y nuevos intérpretes, es fundamental comprender esas tensiones y acuerdos para interpretar las oscilaciones de ese péndulo y enmarcar lo que viene, sobre todo en los próximos 180 días de intervención presidencial en los órganos reguladores. Acá un análisis al respecto: https://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/21/telefonica-y-clarin-renuevan-la-agenda-de-tensiones/
Es falso que la mal llamada ley de medios haya sido recién ahora, con el macrismo, manoseada. Es falso pretender que hasta ahora la ley regía pulcra e inmaculada: con la ley de telecomunicaciones de 2014 (Argentina Digital) el kirchnerismo ya había modificado la ley audiovisual de 2009 pensando en el triple play y la convergencia y allanando el camino de las telefónicas para participar del mercado audiovisual, pero con exigencias y obstáculos regulatorios para algunos operadores dominantes. Es decir que la ley audiovisual ya fue modificada por otra ley por el propio gobierno que la impulsó (de hecho, hay contradicciones entre ambas leyes, como se analiza acá: https://martinbecerra.wordpress.com/2015/05/08/debate-sobre-la-ley-argentina-digital/).
Al cabo de los 180 días, según los objetivos del decreto, el gobierno contará con un informe detallado del funcionamiento de los órganos reguladores audiovisual y de telecomunicaciones, así como sobre el cumplimiento de algunos ejes del cumplimiento de ambas leyes (el decreto sólo enfatiza algunos aspectos). En ese lapso, el Ministerio formularía un proyecto de ley (¿o decreto?) que reemplace las normas que están vigentes “por ahora”.
El ministro Aguad dijo que el futuro marco regulatorio será compatible con los de la región. No hay en Sudamérica una ley “convergente” y la más reciente, de Uruguay, imita la ley argentina. La única ley “convergente” en América Latina es la mexicana, que no estuvo ni está exenta de fuertes controversias.
Así como el kirchnerismo despertó un súbito interés por la política de medios de intelectuales que nunca habían reflexionado sobre el tema y ello condujo a simplificaciones extravagantes sobre el rol de los medios, resucitaron la superada teoría de la manipulación mediática y condujeron un fierrerismo comunicacional (idea tomada de Eduardo Blaustein) torpe y sobreactuado, ahora hay intelectuales macristas que desempolvan el mito de la libre empresa como equivalencia del derecho a la libertad de expresión. Con ello, contradicen más de 70 años de doctrina internacional en la materia, se esfuerzan por disimular la institucionalidad mediática como condicionante en la formación de opiniones, percepciones y tendencias de la opinión pública y fetichizan la convergencia como atajo para superar el “intervencionismo estatal” (para lo cual precisan que el Estado intervenga) mediante políticas más laissez-faire.
En resumen: todos quienes hoy discuten en Argentina sobre la intervención de AFSCA y AFTIC decretada por el presidente Macri saben, en el fondo, que el problema no es la convergencia ni una ley para el siglo XXI, sino los niveles variables de (in)satisfacción de los principales grupos de comunicación con la regulación estatal y, en el estamento político, una dirigencia que en este tema se ubicó siempre en las antípodas del kirchnerismo y que ahora usa el poder estatal para desandar parte del camino recorrido por el anterior gobierno y cita algunas medidas específicas como casus belli de injusticias a indemnizar o a vengar.
La intervención abre una nueva etapa de las políticas de medios y telecomunicaciones. Es un inicio que recrea el viejo método de subordinar institucionalmente al regulador al Presidente de la República (como el antiguo COMFER, la Secretaría de Comunicaciones o la intervenida Comisión Nacional de Comunicaciones) y que contraviene los estándares regulatorios vigentes hasta el momento en el país y que otros países del mundo, sobre todo los citados como ejemplo de regulaciones democráticas, cultivan desde hace décadas.
PD: gracias por las discusiones e ideas a Guillermo Mastrini, Gustavo Fontanals, Santiago Marino, Gustavo Arballo y a tantos compañeros y colegas con quienes compartimos el interés en estas yerbas.
* Martín Alfredo Becerra es investigador y profesor universitario argentino, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador independiente en el CONICET
Mediante un decreto, anunciado en conferencia de prensa por el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, el gobierno nacional intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisiual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC).
Mediante un decreto simple (que hasta el momento no fue difundido) el poder Ejecutivo intervino ambos organismos destituyendo a sus titulares. De esta forma Agustín Garzón reemplazará a Martín Sabbatella en AFSCA y Mario Frigerio hará lo propio con Norberto Berner en AFTIC.
Según informó el ministro Aguad la decisión se dio por la “rebeldía de las autoridades” de estos entes ante el nuevo esquema ministerial propuesto por el decreto 13/2015 que pone bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones ambos organismos.
“La razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”, apuntó el funcionario. No obstante, ante las preguntas de los periodistas aseguró que “la ley de medios no se toca, por ahora”.
Independientemente de las palabras del ministro, la ley 26.522 (conocida como “Ley de Medios”) ha sido violentada mediante este decreto ya que, según establece su artículo 14 “el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional”.
“Martín Sabbatella se ha mostrado en todo el tiempo como un militante político y ése no es el espíritu que debe tener. Ha utilizado la Ley de Medios para atacar a unos y privilegiar a otros. Ése no es el espíritu de este Gobierno”, añadió el ministro de Comunicaciones.
Previo a la conferencia de prensa la sede de la AFSCA, ubicada en la calle Suipacha, amaneció vallada y rodeada de efectivos policiales que impedían el ingreso de las autoridades.
Por su parte Sabbatella informó que realizará una presentación ante la Justicia. “Vamos a hacer las presentaciones legales que correspondan. Pedir amparos, cautelares, presentaciones judiciales, veremos, convocaremos a los diputados. Iremos con la ley y la Constitución en la mano”, aseguró.
“Si no les gusta la ley de medios, tienen que ir al parlamento y modificarla”, agregó el dirigente de Nuevo Encuentro.
Fuente: notas.org.ar
Hoy se escucharán los alegatos del proceso de remoción contra el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, denunciado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Según informó ayer la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, la audiencia fue convocada 8:30 para escuchar al ex fiscal Hugo Cañón, al imputado y a los representantes de la acusación y la defensa.
Más de treinta personas brindaron testimonio la semana pasada ante el tribunal para referirse a los vínculos del magistrado con la Triple A bahiense, su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como personal civil durante la dictadura, su militancia en favor de la pena de muerte y la persecución y maltratos hacía el alumnado en la Universidad del Sur y a trabajadores y trabajadoras judiciales.
Una de las imputaciones que podrá detallar este martes Cañón comenzó a ser expuesta, entre otrxs, por el funcionario de la Fiscalía General Dino Berdini, quien dijo a FM De la Calle que la acusación “ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.
La audiencia es pública y se realizará en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731 de Capital Federal. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital llamaron a acompañar el encuentro.
Dino Berdini recordó en diálogo con el programa En Eso Estamos que la Fiscalía comparte con la Cámara Federal la sede de Mitre 60, “estamos en un espacio acotado en la parte de atrás del edificio grande de la Cámara y a raíz de ciertas actuaciones a cargo de la presidencia de Montezanti vimos aún más achicado nuestro lugar, nuestro espacio de movimiento. Fueron desde resoluciones nimias como restricción a circular por pasillos, no utilización de la cocina -eso implicó quedarnos sin agua y sin gas para calentar agua-, restricciones en el modo de utilizar la biblioteca, teníamos que estar sometidos a anotar los libros previamente y nos asignaban un espacio exclusivo para la lectura del cual no nos podíamos mover, hasta cuestiones graves como el desalojo de nuestro archivo”.
“Teníamos un archivo, un lugar ya asignado hace muchísimos años, y por una decisión unilateral nos dijeron ‘tienen 24 horas para desalojarlo’. Necesitábamos un nuevo espacio y se pidió mayor tiempo, como no cumplimos las 24 horas, de facto, nos dejaron todo a la intemperie. Más que un inconveniente desde lo funcional era una cuestión grave institucional porque ya es meter mano en cosas de otro”, agregó.
Luego comenzaron persecuciones para “expulsar” a la Fiscalía del inmueble. “El Ministerio Público a partir del ’94 con la reforma constitucional dejó de pertenecer al Poder Judicial y esa fue la separación, podríamos ponerlo en términos de matrimonio, pero nunca se hizo la división de bienes, ‘esto es tuyo y esto es mío’. Eso nunca se hizo y no lo tiene que hacer ni la Cámara ni la Fiscalía, lo hace la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público a través de la Procuración. ¿Pasaron veinte años? Es verdad, pero no somos nosotros los que decidimos de acá ni tampoco tenemos que ser las víctimas de esta pelea”.
En ese contexto, el clima laboral y las relaciones entre trabajadorxs de los dos organismos fueron empeorando al ritmo del avance de Montezanti. “Había hasta gente con miedo de venir a hablar con nosotros porque éramos las personas con las que no se podía hablar”.
Respecto a la posible vinculación del accionar del camarista suspendido con el reinicio de las causas de lesa humanidad, Berdini aseguró que “sobre todo en la gestión del dr. Cañón las causas estaban en sus comienzos, este tipo de persecuciones por delitos de lesa humanidad, y esto iba formando lo que después fue la Unidad por Violación de Derechos Humanos que funciona en calle Sarmiento. Seguramente el dr. Cañón el día de mañana cuando tenga que prestar declaración se explayará en estos motivos, pero concretamente este tipo de actuaciones se vieron reflejadas en ese contexto”.
El testigo mencionó además la “persecución directa” sufrida por la secretaria general de la Regional III de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Graciela Diez Paz y la delegada Sandra Martínez Borda, quien fue trasladada compulsivamente por Montezanti.
“La expulsó del lugar natural de trabajo diciendo que era inconveniente para trabajar allí cuando era y sigue siendo una empleada excelente y simplemente porque era molesto que estuviese una representante gremial en el edificio de la Cámara, era una manera de adoctrinar a todas las personas, si me meto con los representantes gremiales puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha llevado a presentaciones judiciales y una gran oposición del gremio y denuncias del secretario general de la Unión, que es Julio Piumato, ante el Consejo de la Magistratura que son estas denuncias que hoy terminan en jury”, afirmó.
Por último, advirtió que “un jury es un juicio político, uno no tiene que verlo en términos de justicia judicial -pongámoslo en esos términos- de saber si es culpable o inocente. Aquí se han ventilado conductas de diverso tipo, persecuciones en la universidad, en lo que es la justicia, la desclasificación de los archivos que determinaron que fue Personal Civil de Inteligencia y esa suma de elementos el jury tendrá que determinar si cumplen la imputación o no y si merece seguir en su cargo, pero la realidad ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.
(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno no nos hizo esperar para saber cuál era el cambio del que hablaba.
Una semana. Es lo que tardó Macri en mostrar sus cartas, todas juntas y a la vez. Con una soberbia que sólo empata con la ignorancia de algunos de sus funcionarios, como Sergio Bergman, quien reconoció públicamente desconocer sobre la materia del Ministerio que quedó a su cargo (Ambiente y Desarrollo). Sabiéndose en minoría en el Congreso, sin suficientes gobernadores de su lado y con más de la mitad del electorado en contra, optó por el camino de la sinceridad. Y éste consistió en incrementar el sesgo mayoritario del presidencialismo argentino. Sí, el discurso republicano duró menos que un suspiro. Decreto a decreto avanzó el flamante presidente porque, según explicó el Ministro de comunicaciones Oscar Aguad, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”. “Es tan absurdo”, sentenció el ministro ignorante de la Constitución. Tan ignorantes y soberbios que fueron por todo tratando de nombrar una Corte Suprema por decreto: la división de poderes quedó para los sueños mediáticos de Carrió.
El atropello de decretos tuvo en la economía uno de sus ejes. No sólo el ajustazo que pretendieron pasar “por error” en el sistema educativo, sino en las disposiciones sobre el comercio exterior anunciadas. A pesar de ser materia de discusión legislativa, como le recordaron a Cristina Fernández en 2008 las entidades del campo, el flamante gerente de la Nación Macri tuvo rienda suelta para animarse desde Pergamino, epicentro del poder sojero: desaparecen las retenciones para exportaciones de carnes, maíz, trigo y girasol, se reducen de 35% a 30% para la soja, se eliminan las Declaraciones Juradas Anticipadas. Como proclama libertaria, explicó el ministro Prat Gay que “el que quiera importar, o exportar, o comprar dólares, lo va a poder hacer, nadie lo va a perseguir”. Por eso el anuncio se completó frente a la Unión Industrial, explicando que ahora las mercancías serían libres de entrar al país cuando quisieran: sobre 19.000 productos, se libera el comercio de 18.000. Un gesto de velocidad y profundidad de apertura que sólo puede compararse con el frenético impulso de Menem por implementar la Convertibilidad.
Los empresarios PYME salieron de inmediato a explicar que esto implica una competencia que no pueden enfrentar. En un mundo en crisis, sin demanda, inundado de bienes producidos basándose en salarios bajos, la apertura implica una oportunidad de negocios para las grandes multinacionales. Siempre siguiendo las declaraciones de los dirigentes PYME, se espera que esto impacte negativamente en su capacidad de emplear mano de obra, lo que significa, en buen criollo, despidos y caída de la demanda agregada. Escenario que se acoplaría con el ya existente de recesión en la cadena automotriz, donde pululan recortes de horas extra y suspensiones.
Pero la verdadera estrella en el firmamento PRO-Cambiemos es la liberación de los controles de cambios (el mal llamado “cepo”). A partir del jueves, se pueden comprar sin trabas ni regulaciones los dólares que cada quien pueda pagar, hasta el límite de los dos millones para atesoramiento. Un verdadero cambio en las libertades básicas. Y una vez quitadas las trabas a la demanda, el efecto obvio esperado es un aumento del precio de la divisa: esto es, una devaluación. Según estimaciones del gobierno al hacer el anuncio, su nuevo nivel rondaría los 14-15 pesos por dólar (en una curiosa simetría multiplicada por diez del paso del uno a uno de la Convertibilidad al 1,40 de Duhalde, que duró un mes). Para pasar la prueba de fuego del día uno, el gobierno había arreglado antes con los operadores fuertes del mercado. En calidad de urgente, negoció nueva deuda –en condiciones que aún desconocemos- con la oligarquía financiera mundial (la vieja casa de Prat Gay JP Morgan, Citibank, Deustche, HSBC y Goldman Sachs), una extensión de los créditos con China, y la liquidación en el mercado de la producción retenida por el agro (que con la devaluación, incrementó sus ingresos en un 40-50%, sin correlato alguno en sus esfuerzos). En total, al menos 17.000 millones de billetes verdes para auxiliar los algo más de 28.000 que hay en el Banco Central. Negocian frente a los poderes mundiales otras vías de crédito, volviendo a la ruleta de la deuda bajo el eufemismo de “inversiones”.
La devaluación, por supuesto, no era ninguna campaña de miedo, sino una previsión concreta de lo que iban a hacer. Sólo por eso tiene sentido cuestionar la acción del ex presidente del Banco Central, Vanoli, por vender dólares a futuro al precio que se votó en el presupuesto nacional: porque de ganar, Cambiemos quería un dólar más caro, como están demostrando ahora. Está por verse que este paquete de arreglos sea suficiente para contener la demanda, evitando lo que se conoce como “overshooting”: que el precio del dólar se pase de largo antes de entrar en la curva y volver a su senda. El nuevo presidente del Central, Sturzenegger, ha ofrecido como prenda de cambio para contener esta demanda un aumento en las tasas de interés (llegaron al 38% en las tasas de referencia): de rendir más los depósitos, se espera que esos pesos no vayan a los dólares. Con la misma lógica, Duhalde llegó a emitir letras al 129% de interés en junio de 2002.
La devaluación, también por supuesto, se pasará en alguna medida a precios. Como los operadores más fuertes ya hicieron este pase a precios por adelantado en noviembre –gracias al aviso previo de Prat Gay-, ahora se pueden sentar en la mesa con el gobierno a negociar menores aumentos. Retrotraer precios a noviembre es un cuento de hadas, como los propios grandes empresarios dieron a entender. A pesar de dar continuidad al programa de Precios Cuidados, el nuevo gobierno lo estaría reduciendo a la canasta básica de alimentos, quitando gran parte de los 512 productos actuales. Y además, pretendiendo ocultar el sol con la mano, en el colmo del cinismo, han anunciado no publicar los datos de inflación de diciembre. La suba de tarifas de los servicios comenzará a sentirse a partir del siguiente bimestre. Mientras tanto, laburantes deberemos esperar para recomponer nuestros ingresos: las paritarias comienzan recién a partir de febrero.
Esta liquidación del salario a favor de los grandes exportadores y la renovación del negocio de la banca representan un importante retroceso social, que se empezará a sentir en los meses que siguen. Está por verse que esto impulse el empleo, como sugieren los defensores de la medida.
Cambiar, cambiamos: para peor. Esta primera semana de arrebato lo atestigua.
Una semana de testimoniales pasó en el proceso de remoción contra el camarista Néstor Luis Montezanti que realiza el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la Capital Federal. Las declaraciones terminarán el martes desde las 11:30 cuando se presente el ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. Luego hablará el imputado y se desarrollarán los alegatos de la acusación y la defensa. La sentencia se conocería en febrero.
“Los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”, dijo el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, tras escuchar la intervención de Alberto Rodríguez. El ex estudiante subrayó que “evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura”.
La acusación contra Montezanti apunta a comprobar el “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.
“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape”, manifestó Hilda Abad en relación a un fallo del camarista que desprocesó a un intendente y un subcomisario pampeanos en un juicio por trata.
¿Quiénes declararon?
Este viernes fueron convocados Marcos Canova, Hilda Abad, Magdalena Adriana Cisner, Horacio Cavalaro, Néstor Alberto Giorno, Andrés Bouzat, Raúl Carlos Ciccola y Juan Pedro Tunessi. Un día antes, Miguel Pereyra, propuesto por la acusación; y por la defensa Augusto Enrique Fernández, María Alejandra Santantonin, Marcela Lía Beilison, Mariana Costa, Julieta Carolina Mateos, Rosana Noemí Teti y Marianela Albrieu quienes manifestaron que Montezanti se excusaba en las causas entrantes vinculadas a delitos de lesa humanidad.
El miércoles fue el turno de un grupo de ex empleados de la Cámara, quienes coincidieron en que el clima laboral era violento y de persecución, generando así una situación de temor constante, que era infundida por el juez. Sandra Martínez Borda dijo que el trato hacia las empleadas mujeres era en especial de discriminación y desprecio. Recordó el caso del 2007 en el que realizó un pedido de certificación de horas extras para cobrarlas o compensarlas, y el magistrado le respondió: “Si empezamos a los tiros, terminamos a los tiros”.
También dieron su testimonio Alberto Rodríguez, Dino Berdini, Graciela Mirta Diez Paz, Miguel Tohmé, Ricardo Serafini, José Manuel Saez, y Marcos Fernández Peña. Por otra parte, la secretaría del tribunal dejó constancia que la testigo María Inés Colantuono no pudo ser notificada.
FM De la Calle registró los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar, la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, y los militantes Dante Patrignani y Juan Larrea. También fueron consultados Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga.
“Que la justicia se ponga en manos de jueces probos”
Alberto Rodríguez declaró por cuarta vez sobre los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, el asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo y la vinculación del suspendido presidente de la Cámara Federal local, Néstor Luis Montezanti, con la banda parapolicial. Esta vez fue ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el procedimiento de remoción que se sigue al ex espía del Destacamento de Inteligencia 181.
“Pude decir todo aquello que me preguntaron y ampliarlo respecto a su participación en la toma de la UTN, su nombramiento primero como profesor de la misma y después como organizador de los matones en la toma, como un actor intelectual más que un matón. La participación del secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, la Juventud Sindical Peronista, emitió un comunicado en la misma época que esa universidad se tomaría de cualquier manera y con las armas que tuvieran a su mano”, comentó a FM De la Calle.
Luego habló del comportamiento del imputado como profesor, “lo que ha sido su persecución y acoso a sus alumnos, muchos de ellos abandonaron la carrera hace algunos años por sus formas de perseguir o presionarlos; las resoluciones que ha tomado en cuanto a declarar que las prostitutas son cloacas de la sociedad para evitar que la mierda nos tape; lo dicho en el juicio que me realizó cuando se enloqueció en el 2007 y empezó a hablar de que lo que estaba pasando era la lucha del imperio soviético contra el movimiento nacional justicialista. Cosas que evidentemente necesitaría un psiquiatra antes de seguir siendo juez. Evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura, por haber sido integrante PCI de los servicios de informaciones y todo lo que ya he comentado en la radio también”.
Rodríguez aseguró que la defensa lo interrogó sobre los fundamentos de sus dichos sobre el docente y aclaró que fue su alumno en dos materias. “Empezaron a preguntarme en qué podía diferenciar a un profesor que daba Derecho Civil, qué quería discutir con el código en la mano como si no se pudiera discutir sobre las leyes, cosa que sí hacíamos en los años 70 con docentes de Economía que leíamos desde Smith, Marx, a los desarrollistas de los años 60 o a Keynes de los años 40, eso era normal en esta universidad donde todo se debatía, excepto cuando un docente de militancia fascista no lo permitía”.
El testigo informó que durante la exposición se detuvo en la denuncia de algunos de los crímenes de la Triple A bahiense y en la promoción de la pena de muerte por parte del camarista. “Y fue emocionante porque al final pedí que la justicia se ponga en manos de jueces probos y no de jueces que tenían condiciones de soplones del Ejército en la dictadura y militante fascista en la realidad”.
En cuanto al resultado del proceso de remoción, Rodríguez manifestó que tiene “un mínimo de expectativa positiva” porque “el jury no lo pueden cambiar, son los mismos jueces que comenzaron los que tienen que terminar”. Más allá del contexto político “depende de nosotros, de la calle, no quedarnos encerrados, salir y pelearla, porque las batallas no se pierden discutiendo en un café sino cuando el pueblo no activa y no sale. Es la única manera de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad y avanzar en el juicio de la Triple A que seguramente también va a quedar detenido a partir de que el juez Ramos Padilla termine (su subrogancia) en diciembre”.
Minutos después de presenciar la declaración del actor, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle desde la sede del Jurado de Enjuiciamiento que “los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”.
“Alberto terminó su alegato explicando que no tenía ningún interés personal en la causa como le habían preguntado, explicando que había adquirido una profesión que le hubiera permitido tener ‘una vida tranquila’ pero que decidió atenerse a las consecuencias de ser coherente con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia” y resaltó “la distancia sideral que hay entre una basura humana como Montezanti, que habla de que las prostitutas son la cloaca de la ciudad y un militante de la Verdad que ha expuesto durante años, muchas veces en soledad y ahora acompañado, creo que no hay jurado en el mundo que pueda declarar inocente a Montezanti después de lo que vivimos hoy”.
Schulman se refirió a las provocaciones de la defensa y aclaró que no cree en “la neutralidad de los abogados, los fascistas defienden fascistas y la gente buena defiende a la gente buena, no conozco ningún abogado de buena vida, de buena idea, que defienda a un nazi como Montezanti. Los que defienden a Montezanti son tan hijos de puta como Montezanti y así se portan en el juicio”.
“La vida es así de contradictoria, en el momento en que los amigos de Montezanti llegan al gobierno, él irá a parar fuera del Poder Judicial. Alguna condena tendremos y supongo que como una rata escapará de la cárcel con algún artilugio”, sostuvo en relación a la imputación penal que pesa sobre el camarista en la causa que investiga más de una veintena de asesinatos cometidos por la banda criminal. “El Watu está presente”, culminó.
Autoritario y misógino
Por su parte, Hilda Abad describió al jurado el momento político en el cual comenzó sus estudios en la UNS en 1974: “Fue un momento visagra en el cual se empezó a usar la represión hacia los estudiantes y los docentes, así que ya empecé a tener participación estudiantil en un momento de muchísima ebullición y disputa política”.
“Me preguntaron de dónde lo conocía a Montezanti y expliqué que a poquito de iniciar mi participación estudiantil, que iba a los cursos con compañeros a hablar de la problemática estudiantil, que levantábamos los cursos, había tenido problemas con tres profesores, uno de ellos fue Montezanti, quien nos insultó, no nos dejó entrar al curso y demás y por eso cuando lo vi en la UTN con todos los matones armados en una señal de clara camaradería no fue una sorpresa, sabía de quién se trataba”, agregó en diálogo con FM De la Calle al concluir su testimonio.
Por fuera de lo hechos de la década del 70, Abad aseveró que “como militante feminista que soy quería plantear el tema de la trata de personas”: “Pude decir que me sentía muy contenta de poder haber aportado un pequeño granito de arena y reivindicaba la memoria de Watu, del Negrito García, de todos los compañeros asesinados por la Triple A, de tantas compañeras y compañeros laburantes y estudiantes que han sido maltratados por este sujeto y que mi capacidad de asombro ya no tenía espacio -porque no solo lastimaba los derechos humanos del pasado- sino que en el presente había sido partícipe, e hice mención al fallo de trata con respecto al local de Lonquimay”.
“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape. Realmente vergonzoso y nefasta la coherencia que tiene este hombre, autoritaria y misógina”, cerró.
Juan Larrea declaró ante el tribunal que juzga al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por mal desempeño en sus funciones, por su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentino y por su pertenencia como personal civil de la inteligencia genocida.
El testigo milita en el Partido Comunista desde su juventud y es diputado provincial de San Luis por el Frente para la Victoria. Aseguró que desde principios de la década del sesenta el juez “estaba organizado dentro de las ideas antisemitas” en las filas de la Guardia Restauradora Nacionalista promovida por el cura Julio Meinvielle. “Una especie de pogroms criollos” que acosaban a jóvenes judíos en la ciudad.
Larrea ratificó que, ya en los setenta, Montezanti participó en la toma de la UTN junto a los sicarios de la Triple A y continuó su tarea como agente del Destacamento de Inteligencia 181. “Dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad”, dijo a FM De la Calle.
-Su conocimiento de Montezanti, viene desde que eran muy chicos, ¿eran vecinos?
No solamente éramos vecinos, nuestro padres eran suboficiales de la Armada Argentina, formaban parte de la Base Aeronaval Comandante Espora, entonces tenemos un conocimiento anterior a la propia existencia política de Montezanti o mía.
-¿Eso le permitió saber de algunas intervenciones previas a la vinculación más conocida con la Triple A, con organizaciones que usted calificó como antisemitas?
Precisamente le indiqué al tribunal que este hombre, Montezanti, estaba organizado dentro de las ideas antisemitas, participaba activamente los primeros años de la década del sesenta de la Guardia Restauradora Nacionalista que se dedicaba a acosar, eran como una especie de pogroms nativos, criollos, de acá de Bahía Blanca, que llevaban adelante contra los jóvenes estudiantes de origen judío.
Esto a mí me causaba un impacto realmente terrible, nunca pude tolerar las agresiones a quienes ellos consideraban más débiles. Y sobre mí esto actuaba en forma puntual porque, al ser hijo de un militar y también ellos lo eran en general, reclamaban de mí una posición como la de ellos, o sea de carácter antisemita, cosa que por supuesto nunca pasó por mi mente.
De ahí ya empezaron a ser notables estas acciones de Montezanti como un hombre organizado desde el punto de vista del antisemitismo. Y después fue progresando rápidamente, porque como dice Bertold Bretch, empiezan con los judíos, siguen con los comunistas, después vienen por uno y ya es demasiado tarde.
-¿Cómo lo vincula con la Triple A?
Montezanti se va de la ciudad de Bahía Blanca. Va a estudiar a otro lado, supongo que a La Plata, no me he detenido a revisar su vida. Pero él ya regresa a principios de los años setenta y su presencia es notable en un principio en lo que fue la intervención del profesor Emilio Garófoli en la delegación de la UTN que está en Bahía Blanca.
Ya estaban trabajando en ese momento junto con la banda que capitaneaba el Moncho Argibay. Nosotros lo conocíamos desde el año 70 porque Argibay intenta interrumpir un acto que estábamos realizando en el Salón de los Deportes con la presencia de Héctor Agosti, conocido dirigente comunista, en aquel momento al frente del Encuentro Nacional de los Argentinos.
Y la conjunción se hace efectiva más precisamente cuando los compañeros estudiantes de la UTN -ahí estaba dirigiendo el centro de estudiantes el hijo de nuestro querido camarada Sosa- nos piden ayuda solidaria y nosotros desde la UNS marchamos. Cuando llegamos, encontramos que estaba en la puerta de la UTN este grupo armado y este hombre Montezanti al lado de Argibay. Y Argibay siempre estaba con una pistola ametralladora PAM colgando del hombro. Ahí estaba él, con esta exhibición de armas invitando a que entráramos para producir una masacre. Por supuesto que seguimos de largo.
Ya se manifestaba Montezanti activamente como un dirigente, no solo en su adolescencia de la GRN, sino en este caso también de la Triple A, organización montada por López Rega que en el orden local contó entre sus principales dirigentes y organizadores a Néstor Luis Montezanti.
-¿Usted sufrió previamente un atentado en su casa?
Bueno, eso se produjo después del atentado que fue el 15 de febrero del 74. A la madrugada se produjeron una serie de atentados con bombas al local del Partido Comunista, al local de la Caja de Crédito, a la casa del rector de la universidad -en aquel momento Víctor Benamo- y en mi casa.
Por supuesto, sí, ya estábamos señalados claramente. La Triple A actuó con precisión en este sentido y, como manifesté, una de las personas que conocía originariamente de alguna manera el dispositivo, la ubicación de mi casa, que no era una cosa secreta pero que al vivir en el barrio, al tener algunos elementos como el propio (Juan Carlos) Curzio que formaba parte de la banda, un hombre que corría en motos y está mencionado entre el listado de los empleados de la universidad que cumplía esta función de “seguridad” y era uno de los asalariados de la Triple A.
Este hombre tenía un taller a media cuadra de mi casa, algo así como Alvarado 650. En una ciudad chica como en aquel momento, todos nos conocíamos y sabíamos dónde estábamos y qué hacíamos. También los que tengan memoria y algunos años tienen que recordar perfectamente las actividades de Montezanti.
Después él progresa en todo esto, porque se desarrolla en la propia universidad. Allí cumple una doble función. Montezanti es funcionario en la UTN y se vincula a la “gestión”, a la intervención sangrienta de Tetu en la Universidad (del Sur) que tiene uno de los primeros y más terribles sucesos ocurridos en una universidad pública argentina que es el asesinato de un alumno en su interior, el querido amigo Watu. Yo en aquella época ya estaba preso, los sucesos me son informados, no los conozco en forma directa.
Pero él después tiene una actuación muy significativa donde se manifiesta el grado de desparpajo. Él se introduce dentro de la organización de la comunidad de la Inteligencia, respondiendo en particular al Ejército. Funcionaba en Bahía Blanca desde el golpe de Estado, actuaban en algo que se denominaba “el cónclave”.
Este cónclave funcionaba todos los días jueves en el Comando V Cuerpo de Ejército y ahí se decidía vida, muerte, prisión o libertad de aquellos que estaban detenidos o secuestrados. Quien informaba a las familias de esto era el entonces mayor Mario Hugo Delmé.
Esta actividad era apoyada desde el punto de vista de la investigación criminal -porque obviamente los delincuentes subversivos para esta gente eran considerados criminales-, por personal de investigación entre el cual se encontraba Montezanti. Estos son hechos que uno se entera después cuando se publican las listas con los integrantes.
Además hay otra información que es muy importante que es la que aportan los archivos de la DIPPBA. Ahí hay más de 500 mil carpetas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que a lo largo de los años, desde la década del 30, desde la época de la Sección Especial en adelante, han sido investigados hasta principios de los años 90. Entre esas carpetas está la mía, son 282 hojas, y si bien es cierto que tachan los nombres que no sean el del titular de la carpeta, a veces tachan mal o se olvidan de tacharlo.
Entonces, hay un relato de cómo funciona en la década del 70 -en particular 78, 79, 80- el cónclave. En particular con los alumnos que han intentado reincorporarse a los estudios, es mi caso, que son cesanteados en función de sus antecedentes políticos. En esta labor participaban los delegados de la universidad, ahí el interventor Lucero lo menciona, me parece que fue decano y es un elemento de ellos.
Y me parece importante porque en ese escrito terminan reconociendo el éxito del alumno Larrea que logra la reincorporación en un fallo final de la Corte Suprema de Justicia y que había que encontrar los sistemas “legales” para evitar que eso se repitiera. Eso se repitió y hubo una gran cantidad de alumnos que habían sido cesanteados que pudieron terminar de estudiar, entre ellos, (Dante) Patrignani.
Ahí se ve la actividad de Montezanti, él dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad.
-¿Quién es o fue Diógenes Salazar?
Diógenes Salazar, yo lo menciono porque fue precisamente el que en una conversación me transmitió el suceso en el cual (el jefe de la UOM) Albertano Julián Quiroga, del cual era asesor Montezanti, asesina a una persona desde las oficinas y el imputado en este caso -Montezanti- fue testigo.
No sé si esta persona está viva o muerta, era el secretario general del sindicato FOETRA Bahía Blanca y tenía funciones a nivel nacional también. Estamos hablando más o menos del año 85. Estos fueron relatos que yo transmití al tribunal. Hay cosas que no me constan sino que transmito para que en todo caso si son de interés del tribunal se cite a quiénes me informan de tal asunto.
Foto Larrea: Facebook Prensa Comunista San Luis.
Dante Patrignani es autor de una de las denuncias que confluyeron en el dictamen acusatorio aprobado por el Consejo de la Magistratura para iniciar el juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que se tramita desde el lunes en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Fue el tercero de los testigos y aseguró que el único compromiso que tiene es “político y con la memoria de los 30 mil compañeros desaparecidos”. Habló del accionar de las bandas de la Triple A en los ámbitos universitarios y su vinculación con el imputado.
Montezanti “por una cuestión de practicidad y de coherencia” prefirió “avanzar un poco en la recepción de la prueba y luego decir lo que sea pertinente y no todo lo mucho que tengo para decir, me pongo en el lugar del jurado que no tiene por qué soportar circunstancias personalísimas”.
FM De la Calle registró además los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Hoy estaban citados Alberto Rodríguez, Sandra Martínez Borda, Dino Berdini, Graciela Diez Paz, Miguel Thomé, Ricardo Serafini, José Manuel Sáez, María Inés Colantuono y Marcos Fernández Peña. Ayer se presentaron ante el tribunal Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga. El único ausente fue el ex fiscal Hugo Cañón quien se encuentra fuera del país.
Patrignani ingresó a la UNS en 1971 como estudiante de ingeniería y se sumó a la Federación Juvenil Comunista y al Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura “donde conocí y milité junto a Watu Cilleruelo hasta el día en que lo asesinaron, estando yo presente mientras repartíamos volantes”. “Pretendíamos enfrentar la intervención de Tetu” que había cerrado carreras y cesanteado a decenas de docentes y alumnxs, “cuando se va Watu, a los dos minutos, tres minutos, escucho un disparo, me doy vuelta y veo caer a Watu… Y a Argibay atrás con una pistola en la mano”, declaró.
El profesor describió el accionar de grupos armados en la universidad como “una cosa cotidiana” e informó al tribunal sobre la conformación de la banda parapolicial y la intervención del rector Remus Tetu en el marco de la Misión Ivanissevich.
Luego del fusilamiento de Cilleruelo en los pasillos de la Universidad del Sur, sus compañerxs convocaron a un enjuiciamiento público de la gestión de Tetu y su rol en el homicidio. Participarían federaciones, organizaciones estudiantiles y personalidades de los derechos humanos. El testigo era parte de la media docena de militantes que debía preparar el salón en el segundo piso del céntrico Hotel del Sur. “En un momento, casi de casualidad, mirando por la ventana veo cruzando Colón a Argibay, armado, con dos personas más y de pronto estacionaba lo que nosotros llamábamos la fiambrera o la chanchita, que era un Fiat azul con rayas blancas que se sabía estaba para levantar gente y reventarla después”.
Los jóvenes se encerraron a oscuras hasta que llegó la policía. “Nos detuvo, yo estuve con otros compañeros dos años y medio preso y era exactamente la misma gente que se movía con ese vehículo, que actuaba en la universidad, y que en un juicio que le inicio el dr. Montezanti a Alberto Rodríguez, el juez José Luis Ares dio por acreditado que ese grupo de gente era la guardia de seguridad de la Universidad Nacional del Sur -Argibay y su gente-, formaban parte de la organización Alianza Anticomunista Argentina”, afirmó.
Esa fue la primera vez que vio a Argibay, sin saber que se así se llamaba. “Estaba en el hall central junto con otro grupo de gente, con su arma, estaba el dr. Montezanti, provocándonos como para decir ‘entren’. Enterados que estaba este grupo de matones en la Tecnológica, los estudiantes de la UNS hicimos una movilización, obviamente nos quedamos afuera y no respondimos a la provocación porque era evidente que estaban buscando que hiciéramos algo para meternos algún balazo”.
“Yo no sabía qué era el dr. Montezanti. Yo vi una persona de saco y corbata que desentonaba con el grupo de matones vestidos con camperas, con armas en la mano. Pero estaba con ese grupo y se reía y provocaba. Entonces le pregunto a Alberto Rodríguez quién era ese tipo que desentonaba y Alberto me dice ‘ese es Montezanti, profesor mío’. En ese momento no existía el Departamento de Derecho, él daba materias de Derecho en el Departamento de Ciencias de la Administración”, aseveró el testigo.
Ese fue también el primer contacto con Montezanti. Comprendió mejor “su personalidad” durante la querella que entabló el magistrado contra Rodríguez y “terminé de conocerlo leyendo el descargo que hace cuando pido el juicio académico donde me trata de ITS (NdR: sigla militar de ‘inútil para todo servicio’), de drogadicto, de parásito que vive de la teta ubérrima del Estado y que no trabajo y por eso me dedico a la militancia y a escribir cosas como el pedido de juicio académico”.
Sobre el desempeño docente de Montezanti, Patrignani repitió algunas de las acusaciones planteadas en las declaraciones anteriores (ver abajo) y sumó el caso de una abogada que enfrentó al camarista en el Consejo Departamental de Derecho como dirigente estudiantil y luego tuvo que terminar su carrera en otra universidad.
Respondió preguntas sobre el trámite del juicio académico y la persecución judicial que desató el denunciado mediante tres demandas en su contra. En la defensa de una de ellas, el ingeniero adjuntó copia del legajo de Personal Civil del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, provocando la ira del camarista quien lo acusó penalmente por supuesta violación de secretos políticos y militares.
En esa causa, ajena al jury, pensaron seguramente Montezanti y su abogado al demorar el testimonio de Patrignani hasta la llegada de un expediente que contenía la documentación, para preguntarle cómo había accedido a ella. Ni el testigo, ni la acusación, ni el tribunal les permitieron el gusto.
Patrignani intentó informar al tribunal sobre otros aspectos de la ética del magistrado suspendido, como aquel fallo que desprocesó en una causa por trata a autoridades policiales y políticas de un pueblo pampeano en nombre de “lo que se lee en De Regno, que algunos atribuyen a Santo Tomás de Aquino y otros a Tolomeo de Lucca y es o ha sido compartido por buena parte de nuestra doctrina, sin reproche alguno hasta ahora, menos aún penal (…) Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. El jurado prefirió ceñirse al dictamen acusatorio. La defensa bufó por tres golpecitos en su mesa que habría dado el testigo al salir.
Malos tratos y arbitrariedades en las aulas
Luciana Yamile Yauhar es abogada, graduada de la Universidad Nacional del Sur, fue dirigente estudiantil y alumna del imputado en las cátedras de Introducción al Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I entre los años 2007 y 2012.
Fue la primera testigo y dijo al tribunal que Montezanti “trataba de perjudicar” y “no era respetuoso con los alumnos”. “Yo eso lo dejé manifestado porque mientras estudié, participé de los órganos de gobierno, fui asambleísta y consejera departamental y participé del centro de estudiantil. Así que no solo como alumna vivía su actitud frente a los alumnos sino también en el centro de estudiantes recibíamos denuncias” sobre su actitud docente. Por ejemplo, “preguntas inadecuadas o no lo relacionadas con la materia, durante las clases si sonaba un celular las terminaba o si algún alumno se retiraba también terminaba la clase”.
En cuanto a la violación del reglamento, Yauhar relató que el docente sabiendo que el alumnado tiene el derecho de rendir finales dos veces en cuatro momentos del año, burlaba el reglamento y “ponía la fecha el 1 y el 3 de diciembre, ante eso teníamos que hacer presentaciones hasta que logramos que se establezca una diferencia de diez días entre una fecha y otra”. Tampoco cumplía con las “encuestas de cátedra” que se realizan cada fin de cursada.
La abogada, una de las tantas asambleístas universitarias que levantaron la mano para aprobar el proyecto que restringe la contratación de colaboracionistas en la UNS que luego sustentaría el pedido de juicio académico, también dio cuenta del encierro de alumnas y alumnos durante una clase de Montezanti en una de las aulas del edificio de Agronomía.
Finalmente destacó que en la curricula de Ciencia Política solía leerse bibliografía de autores antidemocráticos y que no existía margen para el debate. La cita motivo que el acusado pase por alto su intención de no declarar y se escandalizó porque el autor citado “no puede ser calificado como antidemocrático, esto resulta un agravio y que lo diga un abogado entra en el terreno… pido disculpas al tribunal pero quise decir esto porque es más de lo que el alma honesta de un hombre que en su vida no ha hecho otra cosa que estudiar puede soportar”.
“No era una clase debatida en estos temas, el daba clases magistrales, pero no era una clase en la que ningún alumno en la que los alumnos levantaran la mano para preguntar, solamente lo vi en una clase de primer año y después no preguntó más porque le contestó dejándolo en evidencia”, dijo.
Luego fue el turno de la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, quien aseguró que “nunca jamás intercambié una palabra con él” aunque “no es de esos profesores que pasan desapercibidos” ya que, incluso fuera de los ámbitos educativos, “surgen en cualquier lado los comentarios de que Montezanti es un profesor bravo”.
Precisó que el letrado solía cometer “arbitrariedades en las cátedras”, “maltrato hacia los estudiantes” e incumplir las normas. Esto pudo conocerlo sobre todo cuando fue secretaria de Asuntos Estudiantiles, lo que le permitió “tener una relación más directa con casi todos los alumnos de la universidad -ya no solamente con los que me rodeaban en mi cátedra- los comentarios comenzaron a ser mayores y las circunstancias en que a veces se veía envuelto el señor Montezanti comenzó a haber mayor cantidad de dichos (sic)”.
Además del encierro de alumnxs durante las clase, Legnini comentó que “había un aula equipada con pantalla y cañón y entonces se cerraba con llaves y los profesores tenían que ir hasta mayordomía para pedir la llave. El dr. Montezanti tuvo que ir a pedir la llave como hace todo el mundo y nos mandó una carta al Consejo Superior donde estaba muy enojado y decía palabras como ‘yo no soy bedel de nadie’, cosa que llama la atención (porque) en la Universidad del Sur no hay bedeles. Decía que había tenido que atravesar a su vez ese pasillo lleno de ‘cuerpos ardientes’, creo que era la palabra. Claro, los alumnos estaban todos en el pasillo esperando entrar”.
Por otra parte, la licenciada recordó que durante los primeros años de la década del setenta cursaba en las Escuelas Medias donde solía haber “celadores con armas largas”, a uno de los cuales pudo identificarlo por conocerlo “del básquet”. Se trata de Héctor “Cacarulo” Forcelli, uno de los cinco detenidos de la causa Triple A en la que también está imputado el camarista.
(Por Alfredo Grande) No son pocos, en realidad somos muchos, los que aún no podemos aceptar en la plenitud de una aceptación intelectual, afectiva y política, que el presidente de los argentinos sea el ingeniero Macri. Todavía estamos en el período de adaptación activa y resignada a la realidad. Dos emociones se disputan la primacía: la bronca y la tristeza. El miedo ya se ha instalado y será frecuente que nuevamente se observen estados de pánico. La pregunta maldita sigue siendo: “¿qué hicimos para llegar a esto??”.
Parafraseando el título de una película, no estaría mal la pregunta de un hijo a su atribulado padre: “¿Qué hiciste en la democracia papá?”. Después de más de 30 años de la gobernabilidad de los votos, la democracia sigue siendo una entelequia que sirve para el camuflaje perfecto de prácticas no democráticas. Democracia sin aditamentos, es lo mismo que decir “familia” sin aditamentos. Hay familias y familias, además de la propia. No es lo mismo, incluso es lo opuesto, la familia patriarcal, la familia monoparental, la familia ensamblada, la mal ensamblada, la familia por lazos de afinidad, la familiaridad, etc
Con la palabra “democracia” no hacemos lo mismo. Democracia a secas. Yo me permito (alguien tiene que hacerlo) señalar que la obstinación de utilizar la palabra democracia como un absoluto (recordar la antinomia democracia o dictadura) es reaccionario. Una democracia patriarcal está más cercana a un feudalato que a una república de iguales. O al menos, de una república de parecidos.
Una democracia representativa donde los representados sólo tienen habilitado para expresar su disconformidad el espacio público, hasta que viene el lobo feroz de la gendarmería, es más parecido a una franchaising que a una república de iguales o al menos de parecidos. Plebiscitos vinculantes, revocación de los mandatos, autarquía en las comunas, jefes comunales que no puedan hacer dinastía, cuestiones elementales para una república de iguales o al menos de parecidos, nada de eso parece posible. Ni siquiera probable.
“Tenías razón querido Che.
Revolución o caricatura de revolución.
No hemos podido hacer la revolución
pero nos sobran caricaturas.”
(Aforismo implicado A.G.)
El reduccionismo de votar cada dos años es una forma de caricatura democrática que nadie interpela. El único fraude que se denuncia, y tampoco siempre, es el electoral. Pero el fraude político, cultural, social, tiene impunidad celestial. Menem, el mejor de todos, porque sinceraba a futuro sus colosales estafas, lo expresó con galanura: “si decía lo que iba a hacer no me votaban”. Hemos progresado. Ahora Macri dijo lo que iba a hacer, y también lo votaron.
La absoluta falta de credibilidad de Daniel el Tranquilo hizo que aún la campaña del “miedo” resultara ridícula. Y de todo se vuelve, menos del ridículo cuando se pretende sostener lo solemne en detrimento de lo serio. La candidatura del motonauta, que incluso busco réditos con su recuperación física y deportiva, como si fueran vinculantes de la capacidad de gobierno, fue saboteada por propios y propias. No mencionado, una “danielfobia” se apoderó incluso de la Jefa del Estado. Es como presentar para un levante a un amigo y decir: “discúlpale el mal aliento”. Y eso pasó: Daniel tenía mal aliento desde su pasado menemista, el sometimiento a los mandatos K, incluso siendo gobernador, la aceptación resignada disfrazada de lealtad de Mariotto y luego Zanini.
Siempre más de lo mismo y cada vez menos de lo diferente. Ni los votos de Mauricio ni los votos de Daniel fueron sólo por amor. Hubo más espanto y por eso el triunfo absoluto no fue del voto en blanco, sino del voto en “anti”. Penoso saldo de esta democracia que tuvo un parto de nalgas con el genocida Bignone pasando un bastón lleno de sangre derramada y negociada a las manos del presidente que fuera bautizado como el padre de la democracia.
Con licencia de Bonasso, Alfonsín fue, pero no fue todo lo que debió ser. Hago referencia al necesario libro de Miguel: “El presidente que no fue” donde analiza los 45 días del camporismo. No llegamos a Macri Presidente por un infortunio. Unos puntos más o unas comas menos. La casta gobernante ha trabajo sin prisa y sin pausa en una gobernabilidad reaccionaria, donde el Partido Clerical, el Militar y el Empresarial son impunes de impunidad absoluta.
El reduccionismo de acotar la corpo a la mediática, la guerra santa contra el CEO de Clarín mientras La Nación resulta intocable, no son sin consecuencias. Clarín miente, pero otros y otras también mienten y no pocos engañan. La ley antiterrorista, el proyecto X, la sistemática violación de los derechos humanos en “democracia”, la miseria real y la miseria cultural instalada en casi todas las provincias, que apenas son colonias de la metrópoli llamada Puerto de Buenos Aires. Algunos llaman a esto co participación federal, que es lo mismo que decir que una violación es sexo consensuado.
El macrismo va a ser, ya lo está siendo, una etapa superior en la distribución de la riqueza para que haya más ricos que antes. Una etapa superior en desmantelar leyes con potencial de cambio político y social (ley de medios, ley de salud mental, ley de identidad de género). Paradojalmente, y para avalar el tema del engaño, la ley anti discriminatoria nunca fue sancionada durante la década ganada. Los lobos se han probado tantas pieles de cordero, con modernos adhesivos, que ahora es muy complejo llegar al verdadero rostro. Y en él mientras tanto, habrá cientos de miles de trabajadores precarizados, tercerizados, sin contención legal, incluso en el Estado que el kirchnerismo administró, que tendrán que morar muy al este de cualquier paraíso.
Si tuviéramos el fuerte deseo de responder la pregunta: “que hicimos nosotros para llegar a esto”, si decidiéramos realizar un análisis colectivo de la propia implicación, si los dioses de la política recordaran que son mortales, entonces hasta Macri podría tener algún efecto terapéutico. No es el kirchnerismo el garante de la lucha contra el macrismo. Lamentablemente, fue el garante de su triunfo. Pero todos podemos cambiar, mejorar, reconocer errores, aceptar responsabilidades.
Ayer Utpba entregó los premios Mario Bonino. La Agencia de Noticias Pelota de Trapo fue uno de los distinguidos. Claudia Rafael y Dario Cid recibieron el merecido premio que fue precedido por un emocionado aplauso para nuestro Morla. Alberto Morlachetti nos enseñó que con ternura venceremos, si esa ternura, agrego yo, la ejercitamos entre compañeras y compañeros. Hubo un analizador espontáneo. Adolfo Pérez Esquivel recibió su distinción y terminó diciendo: “la lucha continúa”. Alguien pretendió corregirlo: “la lucha empieza”. Y ese es un tema fundante. Para algunos y algunas, ahora empieza una lucha que el kirchnerismo hacía innecesaria. Para otras y otros, la lucha continúa hasta la victoria siempre, porque no se trata de cambiar gobiernos, sino de arrasar con el modo de producción de bienes y personas que la cultura represora impone. Por eso lucharemos para que esta “etapa superior” sea derrotada.
Horas antes que se conociera el acuerdo entre Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para postergar la jura de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por decreto para integrar el máximo tribunal, FM De la Calle dialogó con el ex camarista bahiense Luis Alberto Cotter, quien destacó el rechazo de la opinión pública porque “es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento”. Por otra parte, aseguró que en el juicio político contra Néstor Luis Montezanti hay un “cóctel bastante grave” de acusaciones.
– (…) Estamos viendo esta extraña forma de interpretar el diálogo y el consenso que ha mostrado el Poder Ejecutivo Nacional al tomar esta decisión que no tiene muchos antecedentes judiciales, ¿no?
No, no tiene antecedentes judiciales a nivel de Corte. Podríamos invocar un antecedente en el gobierno de Alfonsín pero fueron de jueces de primera y segunda instancia con un objetivo muy claro que era democratizar la justicia saliendo hacía poco tiempo de la dictadura que sufrió el país.
Después hay que remontarse, según tengo entendido, a mil ochocientos y pico por el gobierno de Bartolomé Mitre. Ahí se dan una serie de circunstancias especiales y Mitre también por decreto integró la Corte Suprema.
-¿El trámite hubiese sido mandarlos al Congreso y lograr su aprobación?
Ese es el trámite normal que exige la Constitución Nacional además de afianzar lo democrático y republicano del país. Mandar el candidato al Senado, que se discuta, que se lo entreviste, que averigüen bien sus antecedentes y si está en condiciones de acceder a un puesto de tanta jerarquía y responsabilidad.
-¿De qué manera condiciona o influye a estos jueces la forma en la que acceden a los cargos?
Yo creo que los condiciona, pero tenemos que examinar un elemento importante que es la opinión pública. La opinión pública en general se ha manifestado, por lo menos en las manifestaciones que yo he leído, en contra de esta designación porque es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento. Estamos hablando de integrantes de la Corte Suprema de la Nación que es el último tribunal que garantiza los derechos de los ciudadanos.
Así que la debilidad en principio es objetiva. Después si alguien lo va a presionar o no presionar, si le dicen ‘saco un decreto y te dejo cesante’ es otro tema pero objetivamente se puede dar esa circunstancia.
-Con la jubilación de Fayt la Corte quedó con tres miembros, ¿implicaba esto alguna dificultad en su funcionamiento?
Si hacemos pronósticos puede de alguna manera implicar algún inconveniente (que sean) tres miembros cuando son cinco. Habiendo una disidencia ya sería dos a uno, que no sería la mayoría de la Corte. Pero para resolver ese tema hay vías como son los subrogantes a los cuales siempre se ha echado mano cuando los jueces de la Corte se excusan uno u otro y no hay mayoría. Yo personalmente integré la Corte en dos oportunidades como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca ante esa circunstancia, es decir, hay alternativas.
Los subrogantes son seleccionados incluso por el Senado y hay una lista de la cual se puede extraer aquel que puede definir una situación forzada en la Corte de no haber mayoría.
-Los subrogantes justamente fueron criticados muy fuertemente por la oposición que ahora es oficialismo, ¿tendrían una mayor legitimidad que jueces asumidos a través de un decreto?
Por supuesto, siempre estuvo previsto en los distintos tribunales -tanto de primera, segunda, o Casación o Corte-, hay listas de subrogantes que van integrando la Corte o el cuerpo judicial que corresponda de acuerdo a una selección previa que se ha hecho y un sorteo que garantiza cierta objetividad.
-Más allá de esta situación particular, ¿qué opina respecto a la conformación de la Corte en cuanto a su cantidad de miembros?
Yo creo que con cinco miembros la Corte puede funcionar perfectamente, lo que tal vez habría que modificar son los recursos que llegan a la Corte y los inundan de expedientes.
-¿Qué perspectivas ve en el Poder Judicial ante este nuevo gobierno tras los intentos frustrados del anterior de democratizarlo?
Si yo tomo como referencia este hecho de designar por decreto mi punto de vista no es muy optimista. De todas maneras el problema del Poder Judicial es muy serio y va a ser muy difícil resolver todos los casos que se plantean dentro de la estructura tanto del Ministerio Público como de la propia integración de los tribunales de la justicia federal. Está muy complicado el panorama, va a ser muy difícil, creo que es motivo de una discusión muy profunda no solamente del partido gobernante sino por parte de muchos sectores que están interesados en que la justicia actué de forma independiente. Eso es lo que yo advierto en principio.
-En el fuero federal local hay muchos subrogantes, el kirchnerismo aprobó una ley de Subrogancias que luego la Corte declaró inconstitucional afectando, por ejemplo, la tarea de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Nº1 quien, entre otras, había avanzado en las causas de lesa humanidad y terminó presentando su renuncia por falta de legitimidad. ¿Le parecía una norma potable o tenía cuestionamiento al respecto?
Pienso que para el momento que estaba transcurriendo y hasta que no se regularicen todas las vacantes que existen en los juzgados era una solución. Precaria pero solución al fin. Vimos que funcionó perfectamente el Juzgado Federal que cubría el dr. Ramos Padilla, funcionó bien la Cámara Federal que estaba integrada por camaristas de otras jurisdicciones. Para salir de este embrollo que se había planteado por renuncias, vacaciones o licencias por enfermedad, etcétera, era una respuesta. Pero bueno, eso con perspectivas que se resuelva en definitiva porque el Poder Judicial tiene que estar integrado por jueces inamovibles, que nadie dude de su imparcialidad, de su independencia. Todo eso se tiene que dar mediante este proceso que usted me preguntaba anteriormente.
-Caída esta ley, en el caso de la Cámara de Apelaciones hay un plazo de tres meses para que continúen los subrogantes actuales, ¿cómo debería reconformarse?
De acuerdo a mi opinión, también por subrogantes salvo que se hagan concursos, que son varios y no son muy breves. La lista de subrogantes tiene que ser seleccionada bien porque a veces mete la cola el diablo y vemos listas en las cuales ninguno de los subrogantes da las garantías necesarias para integrar una Cámara o un juzgado.
-Por último, quiero preguntarle por el juicio político a Montezanti, el cual después de muchas denuncias comenzó esta semana con muchas referencias a lo que eran sus actitudes autoritarias y arbitrarias en la Cámara que compartían.
Mire, mi situación en la época de Montezanti era muy difícil, de enfrentamientos. No enfrentamientos jurídicos, que hubiera sido lo elemental y lo natural. Eran enfrentamientos contra un bloque que se había constituido con Montezanti, (Augusto) Fernández y (Ricardo) Planes. Eran habituales, había otra serie de conductas no decorosas para lo que uno considera que tiene que ser la actitud de un juez y eso realmente ahora se va a ventilar y va a salir a la luz, como por ejemplo la persecución al personal, sanciones sin mucho fundamentos por caprichos personales, sin desconocer los otros cargos que son mucho más graves como haber pertenecido a los servicios de inteligencia y estar comprometido aparentemente con la Triple A.
-¿De ninguna manera comparte lo que planteaba la defensa al decir ‘es increíble que estemos aquí discutiendo unas mínimas cuestiones de orden que establecía Montezanti en la Cámara…’?
Bueno, esos son argumentos de la defensa sin ninguna duda, pero no era así. De alguna manera llegaron hasta el maltrato, reprimendas que no se justificaban, castigar a quién se le ocurriera apelar alguna resolución que postergaba los ascensos, que postergaba la línea que le correspondía a algunos empleados y ascendían otros, hay un coctel bastante grave en eso.
(FM De la Calle) “Montezanti no es el monstruo mitológico que la acusación ha fabricado ni el que van a pretender fabricar acá los testigos. Montezanti es un hombre de la academia, un hombre del derecho, un hombre que ha escrito, que ha traducido libros, que es titular de tres cátedras por concurso. No digo que no sea un hombre capaz de tomar acción en caso de ser necesario pero no es un hombre de acción”, dijo este lunes Ignacio Irigaray, defensor del suspendido camarista bahiense en el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones.
Irigaray, el mismo que representó al fiscal de Saavedra José Campagnoli cuando se lo denunció por abuso de autoridad y por fotografiar a personas ilegalmente para luego inducir reconocimientos, agregó que Montezanti “por supuesto no es comunista, creo que no es anarquista, creo yo que no es socialista, creo que no es radical. También creo que no es fascista. Estuvo afiliado al Partido Justicialista en más de una elección, fue en listas del Partido Justicialista, fue convencional constituyente. Es un juez de la democracia designado por concurso que ganó por amplísimo margen”.
Al imputado se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
Tras la presentación de la acusación por parte de los representantes del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde (FpV) y Miguel Piedecasas (UCR), Ignacio Irigaray comenzó su exposición con el juez denunciado a su derecha.
Se vio “obligado” a constituirse en “un faro” para que “el jurado tenga presente en todo momento que el contexto histórico no son los hechos”, dado que “aquí van a desfilar una cantidad de testigos, algunos de ellos lamentablemente ya sabemos por lo menos parcialmente lo que van a decir porque ya lo han dicho en otros procesos, muchos de esos testigos con una activa militancia política en los años que muy bien describió el dr. Piedecasas, muchos de ellos víctimas directas o muy cercanas de la violencia genocida que pretendió terminar con cualquier manifestación y disenso político dentro de un plan genocida que está lo suficientemente desarrollado. La cuestión es que acá estamos juzgando a Montezanti y vamos a juzgar hechos y conductas realizadas por Montezanti”.
El letrado se quejó de “la utilización constante de eufemismos” en el dictamen que motivó el jury y ejemplificó: “Pasamos de la violencia paraestatal de la Triple A, de la pertenencia de un individuo a la Triple A, a la estrecha vinculación con individuos que pertenecerían a la Triple A”.
“No es inocente que el dr. Piedecasas y el dr. Recalde hayan iniciado su exposición con una, si bien breve, conocida elaboración acerca de la importancia que tenían los servicios de Inteligencia en el plan genocida y que más de una vez hayan hablado de delitos de lesa humanidad. Estamos en un tiempo de blancos y negros respecto de ciertos temas, cualquier convocatoria al gris, al pensamiento crítico de las cosas, parece una claudicación”, dijo.
Al abordar la imputación vinculada a la probada pertenencia de Montezanti al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca como personal civil durante el terrorismo de Estado, Irigaray reconoció la importancia que tuvo la comunidad informativa en la represión pero afirmó que “ese no es el hecho”.
“Los invito a que lean el listado completo desclasificado en el 2010 y van a encontrar que existen un montón de individuos individualizados como agentes de inteligencia y otro montón señalados de otra manera. Los Destacamentos de Inteligencia tienen mozos, tiene camareros, tienen choferes, tienen personal de logística. Alguien cambia lamparitas, alquilan lugares, contratan coches, compran -supongo- radios, handies, balas. Tienen problemas jurídicos”.
“Le estamos endilgando a Montezanti el marco, el Reglamento RC5-1. Cuidado, porque la norma del art. 36 de la Constitución no es ni puede ser la muerte civil de una persona, una responsabilidad objetiva. Estar contratado por un organismo previsto por la ley es una actividad lícita”, opinó.
La defensa presentó a Montezanti como “un especialista en la cuestión Malvinas” y abogado quien “terminó evacuando cuestiones jurídicas de cuanta persona sus jefes pedían que se le evacúen”. “Se fue porque lo sancionaron porque se había ido a Buenos Aires para presentarse como voluntario a Malvinas”, interpretó Irigaray.
Sobre la recomendación para entrar al centro neurálgico del genocidio realizada por el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro explicó que el prófugo “coincidió” con el imputado en 1975: “Riveiro estaba en Mendoza y, como probaremos acá, Montezanti estaba en Bahía Blanca y no piso Mendoza en 1975. Aquí ocurrió lo que ocurre muchas veces, quien le consiguió este conchabo a Montezanti en esa época se ocupó de llenar los requisitos formales y sustanciales que se necesitaban para que lo contraten. Y por supuesto, seguramente era requisito en esa época mostrarse consustanciado con los principios, sus jefes, el arma, y por supuesto, jurar por los estatutos”.
Para desvincularlo de su militancia en favor de la pena de muerte recurrió a Borges, quien “decía ‘no sé por qué me preguntan qué pienso de las cosas, no hay nada que valga menos en un hombre que su opinión de algo, nada es más maleable, nada cambia tan rápido’”. Irigaray agregó que, “en definitiva, la pena de muerte, con toda esta valoración peyorativa que le da el dr. Piedecasas, estuvo vigente en la Argentina democrática hasta el año 2008 en el Código de Justicia Militar” y que “se está planteando un delito de opinión”.
Según la defensa, la vinculación de Montezanti con la Alianza Anticomunista Argentina “es una anécdota de hace cuarenta años en la cual nos van a contar que un grupo de estudiantes se acercó a la universidad con motivo de una protesta, de una toma, y encontró que no podían acceder porque habían colocado una guardia de patoteros armados que ellos identifican con alguna patota sindical relacionada con el que era el secretario general de la CGT, Ponce. Montezanti estaba ahí, según ellos dicen, bien vestido, de traje, no como esta gente, sin ningún arma. Alguno va a decir acá que ni siquiera hacía señas y otros que parecía que hacía alguna seña y había hablado amablemente con alguno de ellos”.
La patota sindical no solo fue “identificada” por los testigos sino también por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y el juez federal Alejo Ramos Padilla al detener, indagar y procesar con prisión preventiva a cinco de ellos en la misma causa en la que el camarista está imputado penalmente, sin haber sido indagado por refugiarse en sus fueros aunque con la salida del país prohibida.
Para rechazar las denuncias por las “actitudes antisindicales” del magistrado, Irigaray recordó que fue asesor legal de gremios como UOM, ATUNS o SICHOCA. “No sé qué tipo de golpe en la cabeza tuvo que haber tenido para de pronto convertirse en una especie de monstruo que odia el sindicalismo”, afirmó.
Y respecto a su rol como docente en la Universidad del Sur sostuvo que “no debería ser relevante en el juicio político porque no tiene nada que ver con su desempeño como magistrado” y calificó como “menores” los planteos sobre la réplica de “una matriz castrense” con “pensamientos totalitarios” por parte del ex PCI.
El control de lo que leía el personal del Ministerio Público y la circulación de su personal y el desalojo de dependencias de la Cámara utilizadas por colaboradorxs del ex fiscal Hugo Cañón se debieron, según la defensa, a “un mínimo orden para saber dónde están los libros”, una decisión para “que los empleados no anden pululando por las salas” y la necesidad de contar con más espacios para computadoras por parte del órgano que presidía Montezanti.
Luego el acusado tuvo la oportunidad de declarar ante el tribunal aunque prefirió hacerlo luego de escuchar las testimoniales que se desarrollan esta semana en audiencias públicas en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.
(FM De la Calle desde Buenos Aires) Comenzó esta mañana en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el jury contra el suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Luis Montezanti. Durante la jornada, el diputado Héctor Recalde y el abogado Miguel Piedecasas expusieron la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura e Ignacio Irigaray realizó las primeras manifestaciones defensivas.
Luego fue el turno de los testigos: el profesor Dante Patrignani, el diputado provincial de San Luis Juan Larrea, la ex consejera y graduada de Derecho Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Mañana a las 9 se reanudarán las audiencias.
En esta primera entrega ofrecemos la reseña de la acusación contra el camarista por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los y las integrantes del Consejo”.
El actual presidente del cuerpo, Héctor Recalde, abrió la exposición acusatoria luego de sortear un intento de recusación en su contra planteado por Irigaray, a partir de la intervención de uno los miembros del Estudio Recalde en defensa de la trabajadora judicial Sandra Martínez Borda en un pleito contra Montezanti. El diputado retrucó que dicho letrado ya no pertenecía a su buffet y que igualmente él no había tenido ninguna participación en el expediente.
“Acreditaremos que el dr. Néstor Luis Montezanti ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de su función”, prometió y agregó que también denunciarán el “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y graves desórdenes” en la conducta del magistrado.
El diputado se detuvo en la pertenencia del acusado al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca y al hecho de que haya sido recomendado, ni más ni menos, que por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “un genocida condenado a 25 años de prisión en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país”.
“Esto fue a finales de 1975, cuando nuestro país vivía una situación de violencia muy particular con la participación de organismos paraestatales como la Triple A que fue una violencia inaudita, el preludio de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Una función vital para la represión, para todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron y fundamentalmente a partir de 1976, tuvo que ver con los servicios de Inteligencia”, dijo.
Recalde agravó la situación de Montezanti al subrayar su carácter de abogado ante el principio “de a mayor capacidad, mayor responsabilidad”. “Estas complicidades y tareas que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos, con desapariciones, con torturas, con la apropiación de bebés, etcétera, tuvieron un apoyo de los organismos de inteligencia fundamental. Haber participado de estos organismos de por sí descalificaría a una persona para ejercer la alta magistratura judicial”.
“Quiero aclarar además que el ocultamiento de esto cuando uno expresa sus antecedentes, su curriculum para ocupar algún cargo, también pone de manifiesto la mala fe o en todo caso la conciencia culpable. Nunca el dr. Montezanti, ni en el Consejo de la Magistratura, ni durante la sustanciación del concurso para ser camarista, ni en el Senado de la Nación para tener el acuerdo, ni en su rol de integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, reveló que fue agente de inteligencia durante la dictadura cívica militar”.
El grueso de los planteos que se enrostran al camarista fue desarrollado por Miguel Piedecasas quien destacó que el Consejo de la Magistratura acreditó su vinculación con la Triple A y recordó “la aparición del ministro López Rega encaramado en una organización criminal con asiento sindical, político, extendida a lo largo y ancho del país”. “Estos delitos fueron calificados como de lesa humanidad, que es una cuestión que deberemos tener en consideración a lo largo de este enjuiciamiento de naturaleza política”, sostuvo.
Mencionó la intervención de Remus Tetu en la Universidad del Sur y “la muerte de un dirigente estudiantil, Watu Cilleruelo, particularmente dirigente de la Federación Universitaria y de la FJC de Bahía Blanca que muere a manos de los integrantes de esta organización criminal, Jorge Argibay, Chisu, y otros que formaban parte del personal de seguridad y vigilancia de Tetu”.
“En otro hecho, también concreto, que era la toma de la UTN en Bahía Blanca se observa al magistrado en enjuiciamiento en esa escena con estos señores Argibay, Chisu y los demás, participando en un escenario de pertenencia o vinculación”, sumó.
Respecto al desempeño de Montezanti entre el Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, Piedecasas afirmó que ya “fue declarado jurídicamente inconstitucional, y por eso existe la cláusula constitucional del art. 36 que establece la inhabilidad absoluta para aquellos que de alguna manera hayan colaborado”.
“La inteligencia tuvo un rol clave -según la consideración que hace el Consejo de la Magistratura- en este proceso militar de base absolutamente inconstitucional y por la cual recibieron y siguen recibiendo condena aquellos que hayan participado”.
El consejero volvió sobre los avales morales recibidos por Montezanti para ingresar al Destacamento 181 y manifestó que si lo aceptaron fue “porque conocen su compromiso, su vida familiar, su pertenencia, y este es un elemento clave, quién es la persona que lo presta: José Osvaldo Riveiro. Así se estaría violando la idoneidad moral y la vocación democrática exigida por la Constitución a quienes ejercen la magistratura”.
“Esto se conoció con la desclasificación de los documentos en el año 2010 por un decreto, allí toma conocimiento la sociedad. El hecho es la permanencia -la pertenencia está acreditada- la permanencia de ese hecho en el tiempo produce efectos jurídicos muy especiales sobre la persona de un magistrado de la Nación argentina. El mantenimiento de la condición reservada, oculta o la omisión de manifestarla ante el Consejo, ante el Senado, pero también ante las partes -para que conozcan quién es el juez, cuáles son sus antecedentes, cuál es su personalidad, para saber si lo tiene que recusar-, hace a la caracterización de la idoneidad moral y de la vocación democrática del dr. Montezanti”, dijo.
Luego Piedecasas desarrolló la imputación sobre la réplica por parte del juez de “una matriz militar” tanto en la Cámara como en las aulas de la UNS. “Hay que entender que esto es lógico y aceptado desde una perspectiva democrática, porque hay empleados y funcionarios, pero nunca subordinados, pero nunca aquellos que deben obedecer ciegamente las órdenes. Justamente en el ámbito judicial donde los empleados y funcionarios por su capacidad, por su formación, tienen un discernimiento que impide esa obediencia de tipo castrense que el Consejo de la Magistratura encontró en la conducta del enjuiciado”.
Y finalmente, le reprochó que “sostener la pena de muerte significó atentar o tener una posición contraria al derecho a la vida, por la eliminación de la persona que ha cometido delitos, en esos trabajos de doctrina que tienen su antigüedad en el tiempo pero que no han sido desdichos por otros posteriores”.
“Respondiendo a intereses electorales , los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que pueden afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones financieras”
“…hacer creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero”
Laudato SI
(Por Laura García Vazquez) Cop21 fue la sigla de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París que se conoce oficialmente como la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima, cuya sede se encuentra en Bonn, Alemania. La Conferencia también funcionó como la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto.
Según los medios “La COP21 finalizó exitosamente con la adopción del Acuerdo de París, que facilitará que 195 países puedan reducir sus emisiones y adaptarse a un clima diferente.”
El conocido como Acuerdo de París al que se ha arribado el sábado 12 de diciembre pasado en el marco de la COP21 es celebrado con bombos y platillos, pero, quiénes celebran? veamos algunos datos concretos:
China va a seguir aumentando sus emisiones, al menos hasta el año 2030 por ende las emisiones continuarán aumentando a nivel mundial.
Los países no estarán internacionalmente obligados a cumplir con sus objetivos expresados en las Contribuciones ni se establecen sanciones para los mismos.
El primer balance del Acuerdo de París se realizaría recién en 2023 (dentro de ocho años)
Dentro del mismo acuerdo hay un desfasaje entre los niveles de disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero prometidos por las partes (los países) y las metas a alcanzar que se señalan en el mismo acuerdo.
Hay un excesivo énfasis en señalar que los países llamados “desarrollados” tienen que ayudar a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático.
Nada se dice con respecto a la justicia ambiental y la deuda climática ocasionada por los países más poderosos, es decir “más desarrollados” del mundo. Han sido Estados Unidos y la Unión Europea quienes imponen su postura en este punto protegiéndose y protegiendo a sus empresas de los juicios por daños causados al clima mundial, la desaparición de glaciares y la subida del nivel del mar.
Nada se dice con respecto a las prácticas extractivas más peligrosas y contaminantes, entre ellas el fracking o fractura hidráulica, lo cual también conlleva un contrasentido en sí mismo.
No quedan compromisos vinculantes de reducción de emisiones.
La sobre-oferta actual de combustibles fósiles y su precio barato, y también la deforestación, hacen improbable que se limite el aumento de temperatura, contrariamente a lo proclamado en París. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá aumentando.
Es decir, el objetivo principal no ha sido logrado, al menos, no por ahora, desconociendo la gravedad y la urgencia del tema.
Decía Naomi Klein hace unos días:
“…el tiempo es tan corto, que no vamos a llegar a donde tenemos que ir con pasos de bebé.
Communities should own and control their own renewable energy projects. Las comunidades deben poseer y controlar sus propios proyectos de energía renovable.
We have to go for it, on all fronts, and tell a coherent story about how all of our issues are connected by a different set of values about how we should treat one another and the natural world that is the source of all life. Tenemos que ir a por ello, en todos los frentes, y contar una historia coherente sobre cómo todos nuestros problemas están conectados por un conjunto diferente de valores acerca de cómo debemos tratarnos unos a otros y el mundo natural que es la fuente de toda vida.
Friends, time is not just short. Amigos, el tiempo no es sólo corto. We have run out of time. Nos hemos quedado sin tiempo. This is our historical moment. Este es nuestro momento histórico.”
Evo Morales participó de la Cumbre presentando las extensas conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y defensa de la Vida realizada en octubre de este año 2015 en Cochabamba, Bolivia, que dice, entre otras cuestiones, en su extenso texto:
” La colonización atmosférica con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de la excesiva e irracional industrialización de los países desarrollados, ha quebrado el equilibrio en la Madre Tierra. Si la temperatura se incrementa más allá de los 1,5 grados centígrados estaremos viviendo una catástrofe planetaria. Ante la impunidad de los delitos de los países contra la Madre Tierra, es una necesidad inmediata contar con un sistema jurídico internacional que castigue a los países que no cumplen con sus compromisos internacionales de proteger la integridad de la Madre Tierra.”
“El capitalismo ha contraído múltiples deudas con la humanidad y con la Madre Tierra, como ser la deuda climática, deuda social y deuda ecológica. Los países capitalistas y desarrollados han profundizado la brecha entre ricos y pobres que existen en el mundo, han impulsado la expropiación y la usurpación de recursos naturales de los pueblos y países del Sur, han acumulado la riqueza, en detrimento del bienestar de nuestros pueblos, deteriorando su riqueza espiritual y moral.”
En su breve intervención en París, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, expresó con claridad la necesidad de señalar tanto las causas del calentamiento global así como denominar la triada del individualismo, el egoísmo y el consumismo como la “plaga” que destruye la humanidad.
Desde Argentina, en este momento donde nuestro país se destaca por contribuir a lo que algunos denominan el fin de ciclo de los “gobiernos progresistas” en América Latina (me refiero a las recientes elecciones ganadas por Mauricio Macri y la alianza Cambiemos) , creemos necesario, una vez más, reflexionar sobre el tema que nos ocupa y las responsabilidades de estos gobiernos y preguntarnos:
¿Han podido, al menos establecer como idea, otro modelo de desarrollo que no responda al lenguaje de los poderosos del mundo, sean estos países o empresas transnacionales?
Para desarmar las trampas deben ofrecerse alternativas que puedan contradecir de forma concreta los argumentos de las mismas.
Por eso es necesario salir de la lógica de que para lograr vida digna para toda la población la única forma posible es la expansión del consumo, cuando en realidad lo que hay que expandir son los derechos y para que estos derechos sean visibilizados es necesario dar una batalla cultural que ponga la vida humana como la prioridad a cuidar. De allí en más, y como consecuencia de esta premisa cuidar la Madre Tierra de Evo Morales o la Casa Común del Papa Francisco es un deber insoslayable.
¿Si el IndividualismoEgoísmoConsumismo es una plaga, no hay que combatirla con todas nuestras fuerzas?
Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.
Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.
Dice el Acuerdo de París en su Artículo 2:
“El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza,…”
Nuestro nuevo gobierno, el encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, sostuvo, también como objetivo, pobreza 0, y, según dicen, para lograrla, casualmente, también necesitamos “desarrollo” y por lo tanto infraestructura, y por lo tanto “inversión privada y extranjera” y, por lo tanto, endeudamiento, y, por lo tanto, en nuestra condición de país dependiente condicionarán nuestras políticas los que vienen a “ayudarnos” y quizás, esto disminuya la pobreza, cuyo “objetivo” era llevarla a 0. Obviamente son eufemismos calcados y correspondientes entre el texto del Acuerdo de París y el discurso del flamante gobierno argentino.
Tantas comillas son necesarias para poner en cuestionamiento la realidad a través de las palabras utilizadas. El cambio climático sigue siendo un tema crucial para la humanidad y construir una alternativa una necesidad urgente.
Entonces, decimos, no es cierto que necesitamos “desarrollarnos” para vivir todos dignamente.
El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, encabezó un encuentro para “pensar la lucha por los derechos humanos en la Argentina que viene” y advirtió que “no hay otro tiempo que el que nos toca vivir, no hay otra pelea que la que peleamos”. Fue en vísperas del juicio político al suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Montezanti, que comenzará este lunes en el Consejo de la Magistratura.
“Y aunque parezca mentira, Macri no lo puede detener. No puede sacar un decreto diciendo que se interrumpe. Y yo quiero ver a esos señores y señoras, después de escuchar los testimonios y la prueba documental, cómo hacen para sostener a alguien que fue agente de inteligencia, que participó en acciones del terrorismo de Estado, que maltrató a estudiantes, a trabajadoras y trabajadores, y que hace unos meses estampó en un fallo nada menos que aquel aceto de Santo Tomás de Aquino de que las prostitutas son la cloaca de las ciudades, imprescindibles para que la mierda no nos infecte -eso escribió en 2015-. ¿Cómo van a hacer para decir que esa basura humana, fascista, puede seguir siendo juez?”, dijo en el Centro Cultural La Panadería.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación iniciará mañana el debate contra Montezanti, a quien se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
Tras la lectura de la imputación, declararán más de treinta testigos durante la próxima semana. Los alegatos aun no tienen fecha y la sentencia se conocerá luego de la feria judicial. La acusación corre por cuenta del Consejo de la Magistratura a través del abogado Miguel Piedecasas y el diputado nacional Héctor Recalde. Montezanti será defendido por Ignacio Irigaray. Leer más
(Por Alfredo Grande) ¿Serán felices los que mueren contentos porque imaginan haber batido al enemigo? El sargento Cabral murió contento, pero no creo que feliz. En estos 12 años ¿qué enemigos de la Patria han sido abatidos? Un ejercicio interesante podría ser, como en el arcaico juego de la batalla naval, hacer la lista de los averiados y de los hundidos. Más allá del mal humor confrontativo atribuido al tándem Néstor – Cristina, no hubo hundidos en los grandes acorazados de las empresas oligopólicas transnacionales. Algún velerito perdido, alguna canoa pequeña, quizá haya zozobrado. Varios mantuvieron la línea de flotación y no pocas llegaron a buen puerto. Me refiero a las pymes que obtuvieron beneficios del consumo interno y de los cerrojos a la importación.
Lo que se denominó “viento de cola” en realidad fue “viento de soja”. Precios internacionales que como las obscuras golondrinas, ya no volverán, permitieron diversos festivales financieros. Algunos llamaron a estas coyunturas superávit comercial y tributario. Sin embargo, algo extraño sucedió camino al foro, y la etapa superior del kirchnerismo no pudo advenir. No por el triunfo de Macri, sino por el fracaso al nominar a Scioli. Apostar a la derecha nacional y endeblemente popular, y además perder, es un real catastrófico político y cultural.
“Lo único bueno del triunfo de Cambiemos es que
podremos nuevamente putear sin culpa.”
(Aforismo implicado A. G.)
La respuesta del vómito propuesta por Páez ante el triunfo del PRO en la ciudad de Buenos Aires, no puede ser administrada a escala nacional. Repudiar al electorado gorila, burgués, reaccionario de la reina del Plata, no admite pasar al percentil de todas las provincias que se alucinaron con el mandato represor: cambiemos. Además, el fascismo de consorcio del PRO sabe administrar anti vomitivos y anti nauseosos. Con el agravante de que muchos que suplicaban votar a Daniel el Tranquilo, recomendaban taparse la nariz, la boca, los ojos, pero votarlo.
El balotaje impregnado de aguas servidas y desechos cloacales obligaba a ir a votar con el DNI y Lisoform. El peronismo, como todo movimiento de masas, tiene talón y pantorrillas de Aquiles. El movimiento peronista se mueve pero siempre alrededor de un solo eje: el líder de turno. A veces turno completo, a veces turno parcial. Ese liderazgo toma las características de un liderazgo mesiánico: del líder todo se espera. Del líder todo llegará. Absoluta jerarquía: al líder no se lo discute. Ni se lo critica. Es más simple: se lo obedece. Y se lo “alá ba”. La desobediencia es herejía. Y el castigo es ejemplar y para dar el ejemplo.
“De jóvenes algo, de trabajadores poco, de peronistas nada” dijo el ministro Ricardo Otero sobre la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) como eco de la voz del General. No se trata de ponderar virtudes o de reprochar defectos. Pensamiento crítico mediante, de lo que todavía se trata es de realizar un profundo análisis de los mecanismos de producción de subjetividad política y social que el peronismo propicia.
Trazamos un arco desde el 1945 con ese acontecimiento cultural, político y social que plasmó en el 17 de octubre, pasando por la candidatura de Luder – Bittel, luego bautizados como mariscales de la derrota. Luego Menem y la destrucción de la industria nacional y el ascenso de Daniel el Tranquilo como secretario de Turismo, no en vano bautizado como la industria sin chimeneas. Luego Duhalde, que le puso un cerrojo a la pueblada del 2001. Y entonces la década ganada vino a sostener la imperiosa necesidad de contener futuras puebladas.
El genocidio de Darío y Maxi por el delito de luchar por vida digna, marcó el final de toda esperanza de que el gran garrote pudiera sostener la gobernabilidad. Pequeños garrotes, disfrazados de políticas sociales y seudo distributivas, ocuparon su lugar. El Estado como un Padre Padrone es el mayor empleador de la Nación. Y las sobras de lujuriosos banquetes camuflados de asignaciones y subsidios completaron los asistencialismos y clientelismos que supimos conseguir.
La derecha estructural tuvo sus cosquillas y pequeños espasmos. Algunos llamaron a esto “la 125”. Pero la ley de entidades financieras nos remonta más allá de los 90. Es la herencia maldita de la dictadura genocida. Las clases trabajadores, los militantes sociales, los luchadores políticos que no se congelan en cargos y funcionariatos, tienen la insoportable pesadez de varias herencias malditas. Herencias que dejaron los de afuera y herencias que dejaron los de adentro.
“Pensaba que había equivocado
en la estrategia electoral al perder las elecciones.
Ignoraba que esa era la estrategia.
(Aforismo implicado A. G.)
También hay demasiados hechos malditos del país no burgués. Masacres, costo social del ajuste, los inviernos que había que pasar y nunca pasaron, las mega devaluaciones, las estafas culturales y políticas, no han conmovido la matriz reaccionaria y explotadora de la economía nacional. Que nunca fue popular, a menos que llamemos popular a las sobras, que incluso pueden ser abundantes, de los más abundantes banquetes. Algunos llaman a esto distribución de la riqueza. Pero la cuestión de fondo no es intentar distribuir la riqueza sino impedir que se acumule. Misión imposible dentro del marco de la legalidad burguesa donde la propiedad privada es un sacramento. La inmaculada concepción de la propiedad, ocultando su origen fraudulento.
De lo único que los escribanos no dan fe, es de certificar que toda propiedad privada es un robo, como nos enseñaron los anarquistas. Por eso el tema del traspaso de mando, de los ornamentos del poder, es lo que se llama “un desplazamiento al detalle”. A lo nimio, a lo superficial. Lo fundante no se toca. Podrá pasar el Frente para la Victoria, podrá llegar Cambiemos. La fama y la partidocracia representativa liberal es puro cuento.
Pero en más de 30 años de democracia, los tres Partidos que cada vez están más Unidos son: el Partido Militar, el Clerical y el Empresarial. Esta diabólica trinidad que nos somete mientras dice que nos gobierna. Que nos enferma mientras dice que nos cura. Que nos pone en peligro mientras dice que nos cuida. No hay un Pueblo que contenga a todos los pueblos.
Las luchas por la liberación política, económica y social volverán a estar en la superficie. Las anestesias democráticas empezarán a disiparse. La unión en la diversidad, la unión en las luchas, la unión en las decisiones. No busquemos Unidad que siempre conduce a las Jerarquías represoras.
El Pueblo Unido puede ser vencido y lo ha sido demasiadas veces. En la unión está nuestra fuerza y quizá también nuestro poder. La salud es resistir al represor, nunca resistir el deseo.
El mandato de la cultura represora podrá ser subvertido y de nosotros depende que para los pueblos que en la Argentina habitan, su destino no sea un prematuro ataúd.
Los colectivos que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) nos reunimos en nuestra segunda Asamblea anual, en esta oportunidad en Mar del Plata, con Radio De la Azotea (FM 88.7) como emisora sede del encuentro entre el 5 y 7 de diciembre de 2015.
Las emisoras comunitarias de todo el país, ubicadas en contextos urbanos, rurales, campesinos, indígenas, universitarios y Ex-Centros Clandestinos de Detención, debatimos e intercambiamos durante tres jornadas sobre los ejes y las problemáticas fundamentales que hacen al sostenimiento y el desarrollo de nuestros proyectos comunicacionales comunes.
A partir del contexto político actual y producto del debate, acordamos profundizar acciones en defensa de la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya que es esta norma, la que nos reconoce como Sujeto de Derecho a la Comunicación. Además establece la reserva del 33 por ciento del espectro de radio y televisión para los medios comunitarios y sin fines de lucro e impulsa el fortalecimiento del sector a través de los fondos de financiamiento concursable.
Creemos necesario para continuar con la democratizacion del sistema de medios, avanzar en aquellas cuestiones pendientes, como el acceso a licencias, la elaboración del plan técnico y la apertura de concursos, especialmente en las principales ciudades del país (zonas de conflicto).
Ante las declararaciones realizadas por las autoridades del nuevo gobierno, exigimos que se respeten los mandatos que la Ley establece para los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Radio Televisión Argentina (RTA).
También denunciamos nuevamente la estafa realizada con la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde cientos de medios de comunicación, entre los que se encuentran algunas radios que integran nuestra Red, aparecen como beneficiarios de un dinero que nunca recibieron y apoyamos las acciones legales y de difusión que realicen. Esta situación nos marca la necesidad de construir un marco regulatorio nacional para el manejo transparente y democrático de la pauta oficial, que garantice al sector sin fines de lucro el acceso a este derecho.
En esta Asamblea además, se consolidó la Red de Mujeres de AMARC Argentina, un espacio de fortalecimiento habitado por las compañers de las radios comunitarias del país.
Por último, repudiamos las situaciones de violencia fascista que se viven en Mar del Plata, vinculadas a sectores neonazis relacionados con la represión del 30° Encuentro Nacional de Mujeres y que en las últimas semanas produjeron varios ataques contra grupos minoritarios, avalados por el silencio del poder político local de la nueva gestión.
Nuestra próxima Asamblea será a comienzos del 2016, en Santa Rosa, La Pampa, con FM La Tosca como emisora sede del Encuentro.
AMARC Argentina agradece al Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y a la Cooperativa Nuevo Amanecer por la valiosa colaboración para la realización de esta asamblea.
El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe en el cual sintetiza la información sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de trabajo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Esta 12° entrega trimestral se enmarca en una línea de investigación iniciada en el año 2007.
Con respecto a los datos sobre conflictividad, se registró un total de 254 conflictos la mayoría de los cuales ocurrió en el sector público (62,6%), mientras que los llevados a cabo en el sector privado tuvieron una participación menor sobre el total (33,5%). La evolución total de los conflictos muestra un incremento respecto al trimestre pasado y también en la comparación interanual que se explica por los conflictos públicos manteniéndose en los valores más altos de los últimos años.
Dentro las disputas públicas predominan las dirigidas contra los Estados Provinciales (62,2%) mientras que en las privadas, se explican por la presencia mayoritaria a nivel de empresa. Al observar las causas de los mismos, vemos que se mantiene la tendencia de los últimos años: en el sector público los principales motivos se vinculan con reclamos por mejoras salariales y condiciones de trabajo, destacándose la presencia de disputas por tipos de contratación; y en el sector privado los principales reclamos se explican por situaciones de crisis y demandas salariales.
En línea con la cantidad de conflictos, la mayoría de las acciones conflictivas también se registró en el sector público (266 acciones), teniendo una participación menor sobre el total las llevadas adelante en el sector privado (155 acciones). En la conflictividad total las medidas de mayor frecuencia fueron las declaraciones de paros y los paros efectivos seguidos de las movilizaciones y las medidas comunicacionales.
Respecto a la negociación colectiva, durante el primer semestre del año 2015 se registraron 704 unidades homologadas. En relación al tipo de unidad negociada, este semestre continúa la tendencia registrada en esta última década, donde es mayoritaria la negociación de acuerdos en relación a convenios; y donde predominan las negociaciones a nivel de empresa en relación a las de actividad. También existe continuidad sobre los sujetos que protagonizaron la mayoría de las negociaciones colectivas: las federaciones y las uniones nacionales; tendencia que se mantiene desde el año 2009.
En el informe se resume el contenido de la mayoría de las negociaciones salariales por actividad. A lo largo del primer trimestre se intentó instalar la idea de un posible “techo” salarial en torno al 27% para la negociación de las paritarias. Si bien algunas actividades cerraron sus acuerdos en Casa Rosada y con porcentajes en torno al 27% (como por ejemplo metalúrgica, comercio, construcción, administración pública y encargados de edificio), varios hechos han confirmado la relatividad de ese “techo”: el conflicto que protagonizaron los trabajadores aceiteros a partir de un paro que duró 22 días, el paro de dos días de los bancarios en el mes de abril y las movilizaciones y los paros por turno de los trabajadores de la industria de la alimentación, todos ellos superando ampliamente el 27%. Otras actividades que firmaron incrementos superiores al 27% fueron: Luz y Fuerza (Mar del Plata), subte, seguro, camioneros, químicos, entre otras mencionadas en el informe.
Los acuerdos salariales mantuvieron la misma forma que en los últimos años: se pactó un aumento porcentual en cuotas (como en todos los casos presentados menos en el de los aceiteros); una suma de carácter no remunerativa (como en el caso de comercio y el sector plástico); y en algunos casos se optó por otras estrategias de aumento: recategorización (metalúrgicos), aumento de “viáticos” (alimentación), aumento del adicional por presentismo (aceiteros) y extensión de la vigencia del acuerdo a 18 meses (transporte de pasajeros).
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Porque la comunicación popular la hacemos entre todxs. Cambiar el aire depende de vos.
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