Ante el falso “diálogo social” de Macri, no queda otra que ganar la calle

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(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

* (Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

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Aumentos de precios y chantajes entre empleo y salario

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(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.

No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.

El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.

Empleo o salarios

Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.

En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.

La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.

Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.

El Estado en debate

Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.

La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.

Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.

Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.

Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.

Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.

Cuestión de poder

Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.

El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.

Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.

Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.

La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.

No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.

Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.

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No todo cambia

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(Por Alfredo Grande) Señor presidente de la República Argentina
Ingeniero Mauricio Macri.

Por diferentes medios, que no puedo confirmar en forma fehaciente, encontré la mención de su deseo de restituir el cuadro de Jorge Rafael Videla en la galería de los presidentes de la Argentina. Alarmado por tal circunstancia, verifiqué que en la página web de la Casa Rosada figuran militares condenados por delitos de lesa humanidad como “presidentes de facto”. Ignoro y no me condeno por ello, quiénes lo asesoraron en este sentido.

Sugiero que los cambie inmediatamente, porque comprometen muy tempranamente su gestión republicana como presidente de jure. O sea: de derecho. “Presidente de Facto” es un neologismo, apto para la poesía, la política ficción, el realismo mágico o como me agrada decir, el alucinatorio política y social. Denominar presidente de facto a los militares genocidas es igual que denominar marido de facto a un violador. O dueño de facto a un ladrón.

No sigo porque temo que me roben las ideas. Para concretar, ya que su tiempo es de oro aunque hace tiempo que el mío es de lata. Si es Presidente no hay “facto”. Y si hay “facto” no hay Presidente. El hecho consumado rompe la necesaria continuidad entre legitimidad y legalidad. Sin esa fundante condición, lo legítimo puede ser ilegal y por cierto algo quizá más grave, lo ilegítimo puede ser legal. Mal presagio para cualquier Presidente de Derecho, especialmente en su caso que ha propuesto y triunfado en su propuesta de “Cambiemos”. Debo reconocer, con la humildad que no me caracteriza pero que ante su investidura no puedo menos que asumir el remanente que aún queda, que no lo voté ni en primera vuelta ni en balotaje porque no supo entender qué iba a cambiar y en qué dirección.

Lamento participarle de un recuerdo personal, pero que no he podido elaborar en mis 15 años de terapia psicoanalítica. Mi primera esposa, que no era mi primera mujer pero no quiero desviar el tema, mi primera esposa una mañana me dijo: “cambiemos”. Y tuvo relaciones sexuales con el portero. En esa época no eran encargados de edificio y mucho menos disfrutaban de una corporación con más poder que los propietarios, pero también es otro tema. El “cambiemos” me quedó marcado especialmente en mi frente. Pero si el cambiemos incluye una galería de presidentes donde incluye a asesinos seriales, ladrones, torturadores, es decir, mayoristas del crimen organizado, en ese cambiemos no puedo ni quiero acompañarlo. En otros “cambiemos” quizá tampoco, pero eso es otro tema.

Para colmo de males, aunque siempre me preocupó que nadie diga “para colmo de bienes”, aunque eso es otro tema, el rabino Bergman dijo, palabras más, palabras menos que:
“En una reciente entrevista con el portal Pura Ciudad, Bergman sostuvo que, en caso de ser presidente de la Nación “Mauricio no hubiera descolgado el cuadro. Me parece que una cosa es de ese tenor y otra institucional. Estoy de acuerdo en descolgarlo pero dentro de una decisión del tipo institucional. Honraría a las Fuerzas Armadas, que sean las propias Fuerzas Armadas las que tomen la decisión”, argumentó el diputado con respecto a los cuadros de los genocidas Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. (Diario Regstrado.7/1/2016)”.

“En el preámbulo de nuestra constitución

cuando arrasemos a la cultura represora

escribiremos que el pueblo delibera y gobierna

a pesar de sus representantes”

(Aforismo implicado A. G.)

Honrar a las Fuerzas Armadas que han hecho desaparecer a las fuerzas desarmadas de varias generaciones, no logra conmoverme. El informe del General Ratenbach recomendaba fusilar a los responsables militares de la Guerra (es un eufemismo, Usted comprenderá, quiero decir denominar Guerra a esa estrategia de perpetuarse en el poder a costa de la vida de conscriptos, pero también es otro tema) Por supuesto, no siguieron la conclusión del General Ratenbach. Lo lamento. El Código de Justicia Militar no contempla la obediencia debida.

Me lo enseñaron amigos militares del CEMIDA que recibieron atentados y expulsión de sus camaradas de armas por oponerse a la dictadura genocida. No fueron presidentes de facto sino asesinos con el agravante de ocupar el Estado Nacional transformando a las Fuerzas Armadas en una asociación ilícita y criminal. Siempre pensé que descolgar el cuadro de Videla no hacía olvidar que el ex Presidente Néstor Kirchner nada hizo para enfrentar el genocidio. Pero tantos otros y otras tampoco, que al menos tardíamente ese gesto aunque marcaba una reparación imposible, algún confort republicano traía. Recuerdo la moraleja de una fábula que mi padre me contaba: “si el bueno critica, es malo. Si el malo aplaude, es peor”.

Su medida de volver a colgar los cuadros, y mucho peor en la web que tiene mucho más sencillo acceso que el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada, en caso de ser aplaudida, será por los malos. Y si Usted se queda atrapado en ese aplauso, el “cambiemos” será en el mejor de los casos, gatopardismo liso y llano, tan bien descrito por Lampedusa. Y en el peor, una estafa cultural y política. No habrá cajas que pueden ser de Pandora. La Casa Rosada no tolera mezclar Presidentes con Asesinos. Por supuesto que algunos presidentes de derecho han asesinado. Y no poco. Pero eso es como ya dije, otro tema. Importante. Pero otro.

Como ciudadano no puedo tolerar que se ignore la memoria de los que lucharon entre otras cosas, para que Usted pueda ser presidente de una república democrática. No se puede servir a dos amos. Ni a tres. Poco he leído el evangelio, pero ese poco lo he leído bien. Su amo es el pueblo, incluso el que no lo votó.

Le acerco una idea que puede ayudarlo. No quiero ser amarrete porque lo que está en juego es demasiado importante. Puede dar prueba fehaciente de su convicción republicana que no puede disociarse de la constitución nacional. Dice el artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.

Imagínese el grado de infamia que sería que sea el propio Ejecutivo Nacional el que se concede a sí mismo esas prerrogativas. Eso se llama Golpe de Estado, donde el Estado es golpeado, molido a patadas, descuartizado, por una asociación ilícita de los delincuentes más peligrosos que en la historia hubo. Se autodenominó Junta Militar. Le acerco la idea: inaugure invitando a personalidades de la cultura, la política, el arte, incluso puede invitarme, a inaugurar El Salón de los Infames Traidores a la Patria. Eso anula lo de presidentes de facto, letal neologismo. Además, es más inclusivo porque han traicionado a la Patria muchos que no fueron Presidentes. Pero si brazos ejecutores. Por ejemplo: estatizar deuda privada. Pero eso es otro tema.

Lamento haber utilizado su tiempo que es oro. Y le escribo porque aunque no crea ser patriota, seguro estoy de no ser un infame que desde cualquier Poder, decide traicionarla.
Le deseo lo mejor para nuestra Patria.

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A propósito del nombramiento de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional

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(Por Laura Garcìa Vazquez) Vivimos en un mundo dónde las relaciones entre los países, entre las naciones, no son democráticas ni justas, ni de colaboración, ni de solidaridad. Por el contrario, y aún en esta época de globalización o multipolaridad hay países dominantes y países dominados. Es más, el neocolonalismo convive con el colonialismo, y hay opiniones diferentes sobre lo que diferenciaría  estos conceptos. La evolución de las formas de producir de las empresas transnacionales tiene sus propias fronteras que pasan por encima de los límites de los países, de las naciones. En este orden injusto es importante señalar que la dominación cultural no es algo menor sino que es indispensable a la hora de mantener hegemonía. La tarea de descolonializar es permanente para quienes tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación institucional ya que todo está pensado desde la cultura dominante y tener una visión por fuera de estos conceptos grabados a fuego es un ejercicio dificilísimo y que hay que mantener constantemente. Hay que “dar lugar” tanto a aclarar cuando nos referimos a la “cultura occidental y cristiana” para no tomarla como “universal” como a incorporar pensamientos construidos desde nuestra identidad latinoamericana.

Por otro lado el termino nacionalismo ha sido tergiversado innumerables veces a lo largo de nuestra historia al servicio de la dominación, y se ha contrapuesto a lo universal señalando esto  como lo más humanizado y deseable. Ni hablar del término Patria, que ha sido vapuleado innumerables veces. La reformulación de la dependencia de nuestra nación argentina ha sufrido un sinnúmero de manejos de este tipo, por citar uno, el del genocidio cometido por la dictadura cívico militar que decía incansablemente “la subversión apátrida” al referirse a los militantes que perseguía y desaparecía, mientras hizo crecer nuestra deuda externa y por lo tanto aumentar nuestro grado de dependencia. También es bueno recordar que en la larga historia de la Deuda Externa, desde el empréstito Baring Brothers en 1824  fue recién en el primer gobierno de Juan Perón donde esa deuda fue inexistente, es decir, pagada pero sin volver a endeudarnos (que es lo que los dominadores siempre quieren) y por lo tanto, nuestra nación más independiente.

Por todo esto, creemos que hay que defender las naciones desde un nacionalismo que busque la emancipación en todos los aspectos así como también la integración de latinoamérica como  hermanos que somos y tenemos una historia común, y por supuesto, esto no excluye, al contrario,  necesita de los pueblos originarios y un nuevo orden plurinacional en cada nación. Así fueron las batallas emancipatorias en nuestra región y eso deberíamos retomar las veces que sea necesario.

Valga una aclaración más, para contextualizar desde dónde hablamos, antes de pasar a las dos citas  que consideramos importantes a la hora de preguntarnos qué significa la designación de Alberto Manguel como nuevo director de la Biblioteca Nacional invitando a que esto sea pensado por cada uno. Por un lado preguntarnos qué tan nacionalista fue la cultura oficial argentina en los últimos años que no impidió el saqueo de nuestros bienes mediante la acción de empresas transnacionales que utilizan prácticas extractivas peligrosas y contaminantes, y por otro si la “tradición de la cultura occidental”, que según Martín Caparrós recuperaríamos con la designación de Manguel no significa reformular, una vez más, la dependencia.

Invitamos a pensar cómo sería una cultura al servicio de la emancipación, nacional, social y latinoamericana. Cómo descolonializamos.

“Tras una década en que el nacionalismo dominó la cultura oficial argentina, en que la Biblioteca se transformó en el centro de la cultura política oficialista, el nombramiento de Manguel, un hombre que casi no ha vivido allí, que es más conocido fuera de su país que en él, que siempre escribió sobre temas universales, recupera la tradición borgiana que pretende que lo argentino no consiste en limitarse a lo supuestamente propio sino en abrazar como propio todo lo que el mundo puede dar. “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición”, dijo, aquella tarde, Borges.”

Martín Caparrós

“Es cierto, de hecho, que las dinámicas globales no producen igualdad universal, ni uniformidad que no sea superficial, ni mucho menos unidad del mundo. Lo que se afirma en la globalización es, según los casos y los puntos de vista, un universalismo mínimo e insignificante en cuyo interior se reproducen conflictos de todo tipo, o, al contrario, una hegemonía de la parte occidental  del mundo sobre las otras. Y es también cierto que esas dinámicas quitan de en medio la centralidad política de lo común políticamente construido y espacialmente delimitado, es decir, del moderno estado nacional democrático. Es cierto por lo tanto que la relación entre particular y universal, entre lleno y vacío, está -en sus formas tradicionales- de hecho ausente. y que así como la verdad política de la globalización es más el conflicto caótico que la paz, y que su verdad ecológica es más el dominio destructivo del planeta que su salvaguardia, así también su verdad desde el punto de vista de la idea de humanidad es más la fragmentación y la desigualdad del poder, de la riqueza, del saber, que una sensata, articulada y fraterna unidad del género humano.”

Carlo Galli, La Humanidad multicultural

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Gracias Hugo!

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“Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

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Fiscales federales pueden ingresar a cárceles bonarenses

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Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.

En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.

Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.

En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.

Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.

En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.

Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.

Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.

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Sin desconcentración de los medios no es posible la pluralidad de voces

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Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.

La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.

Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.

Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.

Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.

Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.

Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.

Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV

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El juez Arias suspendió la disolución de AFSCA

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El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.

Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.

Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.

En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.

“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.

Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.

La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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Macri disolvió AFSCA y AFTIC

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El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Miguel de Godoy, anunció la eliminación de este organismo y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Asimismo anunció la propuesta de un debate en el Congreso para una nueva ley que regule la comunicación.

Luego de una introducción en donde habló de una “guerra contra los periodistas” llevada a cabo por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, destacó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 fue motivada por una “visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinaba era alguien que debía ser combatido, marginado, perseguido por el Estado”. Agregó además, que es una “ley vieja, concebida en una visión de la comunicación del siglo XX”.

Posteriormente, habló de la AFSCA, refiriéndose al organismo como una herramienta kirchnerista para imponer su pensamiento y controlar a los medios, a la vez que lo criticó porque “la mayoría de los objetivos de la ley no fueron llevados adelante”. Consideró también que la ley de telecomunicaciones (regulada por la AFTIC) tiene un espíritu controlador.

Retomando los tres objetivos que el Gobierno nacional viene planteando en su discurso, hizo referencia al de la “unión de los argentinos” para enmarcar el anuncio del DNU que saldrá en el Boletín Oficial el día 31 de diciembre de 2015.

“Hoy estamos firmando un DNU que tiene tres líneas principales: creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel de Godoy, que absorberá al AFSCA y el AFTIC, que desaparecen a partir de mañana”, afirmó. El segundo punto del decreto, según el funcionario, será que “se van a sacar los cepos a la industria para la necesidad de inversiones”. Por último, anunció la creación de una comisión bicameral del Congreso “con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes: la ley de medios y la ley de telecomunicaciones”.

Cuando el funcionario fue consultado sobre los objetivos de la nueva ley que pretenden proponer, haciéndose referencia al espíritu desconcentrador de la ley 26.522, respondió: “La desconcentración no tiene que ser el interés central; el objetivo tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura, y al mismo tiempo la inversión y la mejora de servicios. Es una visión distinta. El discurso de la desconcentración era un eufemismo para un disciplinamiento”.

Agregó además que “hay que sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación. No es tan determinante al final del día si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. La realidad es la realidad”.

Finalmente, le consultaron si tendría en cuenta medidas concretas respecto de los medios más chicos, a lo que aseguró que eso “es parte de la política del Estado, es parte de la ley de medios, ya lo hemos hecho en la Ciudad”.

Con respecto a este punto, el ministro Aguad aseguró: “Vamos a ayudar a los medios más chicos, a los que tienen dificultad para expresarse. También para conectarlos a Internet. Los recursos de la AFTIC, en alguna medida, van a ser utilizados para eso. Queremos que todas las voces se puedan escuchar y que todos los ciudadanos tengan el derecho a escuchar las voces que se quieren pronunciar”.

Para cerrar, resaltaron la importancia de las redes sociales y de las nuevas maneras de comunicar, y anunciaron que habrá dos años para la convergencia, “para que todos los actores puedan hacer todo, y romper con los compartimentos estancos”.

Fuente: Notas.org

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¿Dónde está Clara Anahí?

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(Por Marco Teruggi) Fue real. La espera, el trayecto, la entrada a la casa, verla ahí, en la cocina, la espalda de mi padre abrazándola, los segundos hasta encontrar su mirada, agarrarla entre los brazos, apretar, dejar de pensar, vivir. Fue real. Observarla sin hacer otra cosa, sin necesidad de decir nada, viendo cada lágrima, cada alegría. Quedarme cerca. Solamente eso. Como si con su presencia partiera todo el fuego del tiempo.

Por unas horas estuvimos junto a Clara Anahí.

Luego vinieron las preguntas. Las dudas. La palabra que no dice lo que debe. Los juzgados, lo que se sabe: papeles, exámenes, datos cruzados, negaciones. El vacío. El comunicado, deshacerse de los abrazos, las fotos, la felicidad, todo lo construido en su mirada que ya no fue nuestra sino ajena, por certeza, por necesidad.

Dejamos de ser la familia entera, el almuerzo del día siguiente a punto de ser hecho, la vida en Clara, la verdad en Clara, nosotros mismos en Clara. El tiempo volvió a ser tiempo, con sus cenizas siempre en la boca, en los silencios quemados. Sobrevivientes todos, como el país.

Volvimos al punto de inicio. El ataque, resistencia y caídos del 24 de noviembre de 1976, el botín de guerra, la muerte en la puerta de cada casa. 39 años de búsqueda. En su centro una mujer: Chicha Mariani. Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, del camino de reconstrucción de la identidad de un pueblo. Volvimos a la imagen del bebé en el cochecito, en la cama junto a Diana, en los brazos de su abuela Kewpie, esas fotos que nos habitan como campanadas cada día.

Todo se movió. Un error. Nada cambió en lo que debe ser hecho: encontrarla.

Otra certeza fue nuevamente confirmada: la época de la soledad quedó atrás. Miles y miles de mensajes, correos, imágenes compartidas, llamados, abrazos, voces de Argentina, del mundo. Gracias a una lucha colectiva que enfrentó lo que muchos no pudieron. Señalada por quienes nunca intentaron, se dedicaron a juzgar desde la tranquilidad de las sillas. Como siempre en la historia.

Siguen ahora las pistas. Las personas que se han acercado y continuarán haciéndolo pensando ser ella. La verdad de los resultados científicos. La construcción del país que revierta el proyecto impuesto por las clases dominantes con el genocidio. Que le quite poder a quienes lo concentraron a través de la matanza programada. Que juzgue y encierre a todos los responsables directos, indirectos, los que saben dónde están nuestros más de 300 hermanos, primos, sobrinos, nietos que faltan.

Quedan también los cuerpos. Todo lo sentido, llorado, esas horas en que por primera vez en 39 años el tiempo fue libre de su fuego. El respiro. Porque fue real. Tan real como saber luego que no, así no. Que Clara Anahí sigue en alguna parte, sin saber su nombre, su Kewpie, su Chicha, nosotros, todos. Devolverle su identidad será la posibilidad de ser más libres.

La encontraremos o nos encontrará. No hay duda.

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La joven no es la nieta de Chicha

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Juan Martín Ramos Padilla, colaborador de la Fundación Clara Anahí, confirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) descartó el vínculo entre María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y la joven que ayer se presentó ante ella con un informe privado con el que aseguraba ser Clara Anahí, la nieta apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida (foto). Padilla aclaró que la muchacha sabía del resultado del BNDG desde junio. Mañana al mediodía habrá una conferencia de prensa.

Por su parte, el fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de niños y niñas, emitió un comunicado en el que ratifica que dos análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos desmienten la información.

“Este jueves 24 de diciembre de 2015 se difundió una noticia que daba cuenta del hallazgo de Clara Anahí, nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. El anuncio se basaba en un informe efectuado por un laboratorio privado que supuestamente establecía un vínculo biológico entre Chicha Mariani y la joven que se presentó como su nieta.

Hoy, 25 de diciembre, Chicha Mariani se presentó ante el Juzgado Federal nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y ante el fiscal de la Unidad que interviene frente a crímenes del terrorismo de Estado en esa jurisdicción, Hernán Schapiro, y acompañó el estudio que le fue acercado ayer y que supuestamente acreditaba el vínculo con la persona que alegaba ser su nieta.

Asimismo, declaró la Directora Ejecutiva de la Comisión por el Derecho a la Identidad (CONADI), Claudia Carlotto, quien presentó dos estudios del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) respecto de esta misma joven, ambos con resultados negativos respecto de todas las familias cuya información genética obra en el BNDG, incluyendo las del grupo familiar de Chicha Mariani.

El primer estudio fue realizado a principios de este año y su informe negativo fue firmado por la anterior directora del BNDG, María Belén Rodriguez Cardozo. El segundo estudio fue elaborado hoy por la actual directora, Mariana Herrera Piñero, teniendo en cuenta la repercusión pública del caso. Ambos informes son concluyentes en cuanto a que no hay correspondencia entre el perfil genético de esta joven con el grupo familiar de Chicha Mariani ni con el resto de familias que aún buscan niños apropiados.

Chicha Mariani fue informada de estos estudios en la sede del juzgado. De esta manera, queda claro que la información difundida ayer era errónea, situación que pudo aclararse por la presentación efectuada por la propia Chicha Mariani ante el juez y el fiscal y por la actividad realizada tanto por el BNDG, como por la CONADI.

Cabe reiterar la importancia de seguir los pasos que establece la ley para la identificación de personas mediante el análisis de ADN. En este sentido, el BNDG es el único organo habilitado legalmente para establecer la identidad en estos casos, porque es la única institución que posee las muestras de las familias que buscan niños y niñas y que cuenta con procedimientos técnicos homologados internacionalmente.

La búsqueda de Clara Anahí y de todos los niños apropiados continúa. Es una búsqueda colectiva y también una política de Estado que debe ser profundizada cada día. Así lo haremos desde el Ministerio Público Fiscal”.

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Nieta 120: Chicha encontró a Clara Anahí

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Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, logró encontrar a su nieta, apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida. “Tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9 por ciento”, informó la Fundación Anahí. Es la nieta número 120 que recupera su identidad.

Ayer, Chicha había escrito en su facebook: “Mi querida Clara Anahí te sigo buscando. Cueste lo que me cueste hasta que te encuentres con toda tu familia… Somos muchos y todos queremos conocerte, abrazarte y escucharte. Acercate mi vida. Te quiero mucho!!”.

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LA FUNDACIÓN ANAHÍ COMUNICA:
Luego de 39 años de incansable búsqueda se han reencontrado Chicha Mariani con su nieta Clara Anahí, en lo que representa uno de los mayores anhelos de la sociedad argentina en el camino de la restitución de los nietos desaparecidos bajo la dictadura cívico-militar.
Quien con otras abuelas fundara y presidiera la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, jamás abandonó la búsqueda de su nieta y de todos los nietos en general, promoviendo en el campo de las ciencias genéticas se resolviera la posibilidad de establecer la identidad de los niños desaparecidos en ausencia de sus padres.
Bajo estas condiciones y tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9%.
“Clara Anahí” de 39 años ha sido perseverante en encontrar el modo de llegar a su abuela y asegurar mediante los estudios genéticos su vínculo biológico. En pocas horas ese vínculo adoptó las modalidades más afectivas y de alto compromiso amoroso. Compartimos con millones de personas en la Argentina y en todo el mundo, esta inmensa alegría y el reconocimiento a su solidaridad.
Dr. Norberto Liwski / Lic. Finocchi Leticia / Lic. Elsa Pavón
clara anahi
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La cloaca del Poder Judicial

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Casación revocó uno de los últimos fallos del suspendido camarista Néstor Luis Montezanti y volvió a procesar a un intendente y un comisario pampeano por el delito de trata. La medida, firmada también por Pablo Candisano Mera, había sido repudiada por distintas agrupaciones de mujeres y políticas por servirse de argumentos medievales tales como: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.

Si bien no forma parte del dictamen del Consejo de la Magistratura, la resolución prostituyente fue mencionada por varios testigos que la semana pasada declararon ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que  juzga a Montezanti por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, sus vínculos con la Triple A bahiense y los malos tratos y decisiones arbitrarias y despóticas contra estudiantes y trabajadorxs. Los días 1 y 2 de febrero el juez declarará en el jury y se escucharán los alegatos del proceso de remoción.

Compartimos aquí la nota de PlanB Noticias sobre el procesamiento del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el excomisario Carlos Alanis por el delito de trata de mujeres para explotación sexual.

Procesaron otra vez al intendente de Lonquimay

FOTO: SOL VAZQUEZ INFOJUSNuevamente Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.

El intendente de Lonquimay Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron otra vez procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.

La Sala 4 está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos.

El tribunal pulverizó el fallo de la Cámara bahiense con duros conceptos: por ejemplo no dieron “razones suficientes del procedimiento intelectual seguido por los jueces para adoptar su decisión (la anulación de los procesamientos)”.

También tuvieron en cuenta como “indicios” de delito los dichos públicos de Rogers en defensa del cabaré. Consideraron que los hechos estaban probados y que el Estado argentino tiene un compromiso con tratados internacional de lucha contra la trata de personas, según se consigna en el Diario de La Pampa.

El fallo de juez Gustavo Hornos dice que “por otro lado y en cuanto al agravio relativo a la arbitrariedad del pronunciamiento dictado para revocar el procesamiento de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers, conviene recordar que el Estado Argentino mediante la sanción de la ley nº 26.364 de abril de 2008, dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la Ley nº 25.632, en el año 2002)”.

Dice que “esos compromisos internacionales institucionalmente asumidos y la decisión política de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delito así como brindar la máxima asistencia a sus víctimas, deberán ser necesariamente contemplados por una visión realista y contextualizada del acontecer social, circunscripta a cada caso concreto, , pero que lejos de descartar la posible connivencia con autoridades y funcionarios de las áreas políticas o de seguridad, advierta que esa complicidad se presenta usual y eventualmente necesaria para la realización de las múltiples y complejas conductas que deben ser llevadas a cabo simultáneamente para la realización de este tipo de gravísimos delitos”.

Además piden que “debe profundizarse la investigación de los hechos investigados cuando se encuentren denunciados hechos de corrupción, que habrían facilitado o permitido la comisión del delito de trata de personas”.

Consideraron la fundamentación de los magistrados de la Cámara Federal de Bahía Blanca para revocar el procesamiento dispuesto respecto de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers cmo “arbitraria y carente fundamentación”. Acusaron a los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti de “formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento en autos ni profundizar en la valoraciones de los mismos, tarea que resultaba imprescindible a fin de dotar de la debida motivación al cambio de temperamento adoptado”.

El fallo dice que los jueces bahiense omitieron “considerar los distintos elementos probatorios reunidos en la causa”.

“Ello es así por cuanto en autos no se encuentra controvertido que en el local ”Good Night“, de propiedad de Carlos Fernández, habilitado como Salones de Baile, funcionaba una whiskería, en la que se encontraban siendo explotadas varias mujeres mayores de edad”, dice la Sala 4.

“De las denuncias que dieron origen a las presentes actuaciones, y en particular la efectuada por G.L.A., se desprende la posible existencia de una relación de connivencia entre las autoridades y funcionarios públicos, con el dueño del local ”Good Night“”, agrega.

“Particularmente y tal como lo mencionara anteriormente, el intendente de la localidad de Lonquimay, manifestó públicamente una defensa hacia la existencia del local ”Good Night“ y el posible veto que ejercería en caso de que una ordenanza municipal dictada por el Concejo Deliberante, prohibiera su funcionamiento”, dice el juez Hornos.

“Sobre el punto, manifestó el magistrado de la primera instancia, que se encuentra acreditada prima facie una relación de connivencia entre el dueño del local donde las mujeres eran sometidas a la explotación sexual y las autoridades policiales y el intendente de la localidad de Lonquimay. En este sentido, tuvo en cuenta la firma de libretas sanitarias por parte de Luis Rogers de las que resulta que las mujeres se hallaban exentas de enfermedades contagiosas, en efecto que no tenían enfermedades sexuales para el trabajo que realizarían en el local ”Good Night“”, enfatiza.

“Asimismo, y con respecto al jefe de policía Carlos Adrián Alanis, resaltó que en su calidad de comisario, firmó actas de exposición en las que dejó constancia que las mujeres que trabajaban en aquel local ”Good Night“, dejando a consignación sus prendas por tener una ”deuda“ con el dueño del local y que allí trabajaban con plena voluntad”, menciona sobre la instrucción.

“Consideró, además, el contenido de las actas de exposición y rúbrica de ellas por el subcomisario de la que se desprende que L.V.D. y M.M.L. trabajaban en la Whiskería ”Good Night“ y que tenían ”deudas“ con el dueño del local, de 432,05 y 499,95, respectivamente, en concepto de ”gastos, tales como análisis, libreta sanitaria, comida y mercadería razón por la que dejaban en consignación ”sus pertenencias“”, precisó.

El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense, que el 14 de noviembre pasado revocó los procesamientos a un intendente de Lonquimay (La Pampa), Luis Rogers, y del subcomisario Carlos Alanis, acusados como cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno de aquella localidad.

Cantaro y Colombo debieron presentar el recurso de queja ante el máximo tribunal penal del país luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca les rechazara el 12 de diciembre el recurso de casación contra la revocación de los procesamientos de los dos funcionarios que había dictado el propio tribunal de alzada.

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Con V de Vendetta (Macri interviene AFSCA y AFTIC)

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(Por Martín Becerra*) El gobierno de Mauricio Macri anunció hoy la intervención, por Decreto 236/2015, de las autoridades regulatorias de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), por 180 días.

La intervención completa algunos cambios realizados el segundo día de su gestión: el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 13 subordinaba el funcionamiento de AFSCA y AFTIC al Ministerio de Comunicaciones y el Decreto 12 creó el Sistema de Medios y Contenidos Públicos por encima de Radio y Televisión Argentina SE (sobre esto verhttps://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/12/nuevo-ministerio-de-comunicaciones/). Además, en el mismo Boletín Oficial hoy se detallaron funciones y competencias del Sistema de Medios del Estado, que comprende a Canal 7 y Radio Nacional (juntas conforman RTA), RAE, Telam, Tecnópolis, CCK, Bacua y la participación argentina en Telesur.

En el interín, el gobierno había dispuesto que la titularidad de las acciones de ARSat y Correos la ejerciera el Ministerio de Comunicaciones (Resolución Ministerial 1) y designó nuevas autoridades en ARSat.

El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, un férreo opositor a la ley audiovisual desde su discusión legislativa en 2009, hoy desmiembra su órgano regulador. El interventor en AFSCA es Alejandro Garzón. En AFTIC el interventor es Mario Frigerio.

Si bien las leyes audiovisual y de telecomunicaciones siguen vigentes en el resto de su articulado, se afecta la médula de las mismas. El ministro Aguad dijo que “la ley de medios (sic.) no se toca, por ahora”.

AFSCA y AFTIC, organismos “descentralizados y autárquicos”, contaban con sendos directorios colegiados (con representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de consejos federales) presididos por Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sabbatella tenía mandato hasta diciembre de 2017 y Berner, hasta 2019.

Los considerandos del Decreto 236 afirman que AFSCA incumplió los objetivos de revisión periódica de la ley audiovisual para adecuarla a cambios tecnológicos (art. 47) y que AFTIC incumplió los objetivos de garantizar acceso a las TIC.

Otro considerando del decreto sostiene que “importantes decisiones” de AFSCA y AFTIC “implicarían” abiertos incumplimientos de las leyes vigentes, por ejemplo en relación a la normalización del uso del espectro o desigualdad en el trato de operadores y anomalías en decisiones de asignación de frecuencias a licenciatarios audiovisuales y de telecomunicaciones.

El decreto ordena revisar la actualización de la ley audiovisual prevista en el artículo 47 de la norma, relevar todos los casos judiciales y administrativos, formular un informe de coordinación entre AFSCA y AFTIC, evaluar compras y contrataciones, presupuesto, procedimientos y controles que realizan los organismos.

La historia, el presente y el futuro de la ley audiovisual están condenados a la judicialización. La intervención de hoy es un nuevo hito en la materia, esta vez con las autoridades depuestas como litigantes en busca de una cautelar que suspenda la intervención (de hecho, por la tarde Sabbatella presentó un amparo solicitando una medida cautelar, cuyo texto está acá:http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/Amparo.pdf).

Se cumple así otro anuncio que el gobierno anticipa por vía oficiosa a través de los medios con mayor audiencia. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre el cambio en la modalidad de comunicación política (que no equivale a política de comunicación) del nuevo gobierno. De hecho, informalmente, dirigentes de Cambiemos hablaban del “ucase” de la intervención a AFSCA y AFTIC (en la Rusia Imperial el ucase era la proclamación de una ley u ordenanza por parte del zar o del máximo líder religioso).

Análisis de la medida:

La intervención modifica por vía de decreto dos leyes votadas por el Congreso, con amplio apoyo legislativo y -en el caso de la ley audiovisual- sostén de la sociedad civil organizada y resistencia de algunos grandes conglomerados multimedios y de un sector de la sociedad civil que, sin tener experticia en el tema, asimiló la ley a su aplicación (sobre la que se comentará más adelante).

De hecho, la modificación de la ley por vía de decreto no sólo es cuestionada desde el kirchnerismo. Una organización como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), criticada sistemáticamente por el kirchnerismo, consideró que“ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia”, debería ser efectuado vía decreto. Organizaciones más afines al anterior gobierno están movilizándose contra la intervención y, es de suponer, acompañarán con reclamos judiciales a sus autoridades hoy destituidas.

El decreto de intervención no avanzó, como se había anunciado oficiosamente a través de la prensa, con la derogación de artículos clave de la ley audiovisual referentes a topes a la concentración de licencias y transferencia de las mismas. Esos artículos son el núcleo que motivó la causa judicial iniciada por el grupo Clarín en la que falló la Corte Suprema de Justicia en 2013, cuando declaró plenamente constitucional la ley audiovisual (sobre ese fallo ver https://martinbecerra.wordpress.com/2013/10/30/sobre-el-fallo-de-la-corte-suprema-ley-audiovisual-de-octubre-2013/) contra los intereses del multimedios.

Colaboradores del presidente Macri, con estos decretos, dicen buscar “reparar” daños que –interpretan- causaron leyes carentes de legitimidad. Esa valoración le ahorra al actual gobierno el trámite legislativo (no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso) pero sienta un precedente, pues sus sucesores podrán hacer exactamente lo mismo con las medidas que tome Macri ahora y en el futuro, perjudicando la lógica de la “política de Estado” en temas estratégicos, contaminando el carácter faccioso a las decisiones presidenciales (lo que no está reñido con la legitimidad electoral, como se ha visto en muchas de las iniciativas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner) y obturando la posibilidad de realización de políticas públicas estables que era lo que el actual gobierno, cuando era oposición, prometía. Así, pues, quienes ayer reclamaban institucionalidad justifican ahora la excepción y quienes justificaban excepciones, hoy reclaman institucionalidad.

Paradójicamente, la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta.

Asimismo, si la crítica a Sabbatella como presidente de AFSCA radica en su incapacidad para conducir políticas que no sean sólo representativas de su sector político, dada su confesa subordinación a la expresidenta Fernández de Kirchner, la respuesta del macrismo redobla la dependencia, ya no sólo política por vía del DNU 13/2015 (el ministro Aguad fue obviamente designado por el presidente), sino también de diseño institucional (los interventores responden al Ministro, éste al Presidente). Dentro de Cambiemos hubo tensiones por la forma de decidir esta intervención.

Huelga recordar que defender la vía de la legalidad y los objetivos inclusivos de la ley audiovisual no supone avalar su implementación ni apoyar la gestión de sus funcionarios. El kirchnerismo fue irrespetuoso con la ley que había impulsado. La incumplió y contravino sus objetivos más legítimos. En cuanto a los organismos de aplicación, el kirchnerismo respetó la formalidad institucional de su integración aunque afectó sus reglas de juego, otorgándole de hecho a la presidencia (designada por el Poder Ejecutivo) mayores facultades de las previstas en la ley. Un balance con datos concretos cuando la ley cumplió seis años acá:https://martinbecerra.wordpress.com/2015/10/09/recalculando-seis-anos-de-la-ley-audiovisual/

La ley audiovisual (mal llamada ley de medios, ya que no regula ni medios gráficos ni Internet) fue elogiada por su concepción del derecho social a la libertad de expresión por las máximas autoridades mundiales y continentales en la materia. En la insistente repetición de la “convergencia” por parte del ministro Aguad se anuncia el relevo del paradigma normativo del derecho social a la libertad de expresión por el de desafíos tecnológicos que, así enunciados, por ahora son abstractos. Mientras que el paradigma de la libertad de expresión como derecho social comprende obligaciones del Estado de garantizar acceso y desconcentración, como bien subrayó la Corte Suprema cuando validó la constitucionalidad de la ley audiovisual, el paradigma de la convergencia tecnológica en abstracto conduce –si no hay políticas expresas en otro sentido- a confiar en la regulación del mercado, toda vez que la economía gobierna la innovación tecnológica a nivel global (esto puede no ser una buena noticia para los grupos de comunicación “nacionales”).

Ahora bien, si la ley audiovisual “nació vieja”, como suele decirse, y su texto es obsoleto e impracticable y si no fue razonablemente adecuada al frenesí de la revolución tecnológica, ¿cuál es entonces la prioridad del nuevo gobierno para modificarla vía decreto y no a través de un debate que respaldara una nueva ley con consensos robustos?

La excusa para objetar las leyes vigentes es su presunta obsolescencia fruto de los avances tecnológicos. Si se toma este argumento como válido, entonces ninguna ley será satisfactoria, toda vez que el vértigo de la convergencia digital avanza a un ritmo incompatible con los acuerdos políticos y legislativos necesarios para adoptar regulaciones. Pero, más allá de esa excusa, lo que motiva la objeción a las leyes que regulan los sectores audiovisual y de telecomunicaciones es la percepción que tienen los principales operadores de las limitaciones presentes en la normativa para la expansión de sus negocios en épocas de convergencia de servicios y productos. En este sentido, el cambio de etapa representa desde una perspectiva estructural el desplazamiento de los conflictos, y no su anulación.

Ejemplo de ello es la mención de anomalías por parte del decreto de intervención, que anticipa una tormenta en la asignación de porciones de espectro radioeléctrico (recurso público administrado por el Estado). Los considerandos citan, por caso, la política instrumentada en la distribución de espectro para tv digital (TDT), toda vez que objetan el criterio adoptado por AFSCA para asignar licencias (importa recordar que muchas esas licencias ya están otorgadas,  es decir, hay nuevos licenciatarios con derechos adquiridos, así como instituciones estatales (universidades nacionales) con autorizaciones igualmente concretadas) mediante el sistema de compartir canales de frecuencia entre dos operadores (con señales diferentes dentro de la banda asignada al canal compartido). Otro ejemplo es la última licitación de espectro para servicios de LTE/4G en telefonía móvil, que pese al objetivo de agregar competencia en el hiperconcentrado mercado de telecomunicaciones, repartió frecuencias entre los operadores actuales y, más tarde, vía ley de soberanía satelital (noviembre de 2015, tan cerca y ya tan lejos), bloqueó futuras licitaciones.

La noción de “actualización tecnológica” esconde bajo una consigna de fácil digestión la quita de obstáculos legales para los principales grupos empresariales. Pero los obstáculos no sólo son legales, sino que hay barreras económicas como los abusos de posición dominante que muchos competidores del grupo Clarín en televisión de pago le atribuyen al multimedios y que el grupo Clarín le atribuye a Telefónica en telecomunicaciones. Por eso, regular la concentración en el sector de medios y tecnologías de la información es una obligación del Estado, así como es obligatorio instrumentar políticas de acceso para sectores de la sociedad que, si fuera por la ley del mercado, jamás podrían concretar el derecho humano a “recibir, investigar y difundir, por cualquier medio de expresión” información y cultura.

La masa que lleva a pendular las políticas audiovisuales con lógica de vendetta está sujeta del hilo de las tensiones y coincidencias de los principales actores del sector: Telefónica, el grupo Clarín y el Estado. Más allá de que la escena tenga otra iluminación y nuevos intérpretes, es fundamental comprender esas tensiones y acuerdos para interpretar las oscilaciones de ese péndulo y enmarcar lo que viene, sobre todo en los próximos 180 días de intervención presidencial en los órganos reguladores. Acá un análisis al respecto: https://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/21/telefonica-y-clarin-renuevan-la-agenda-de-tensiones/

Es falso que la mal llamada ley de medios haya sido recién ahora, con el macrismo, manoseada. Es falso pretender que hasta ahora la ley regía pulcra e inmaculada: con la ley de telecomunicaciones de 2014 (Argentina Digital) el kirchnerismo ya había modificado la ley audiovisual de 2009 pensando en el triple play y la convergencia y allanando el camino de las telefónicas para participar del mercado audiovisual, pero con exigencias y obstáculos regulatorios para algunos operadores dominantes. Es decir que la ley audiovisual ya fue modificada por otra ley por el propio gobierno que la impulsó (de hecho, hay contradicciones entre ambas leyes, como se analiza acá: https://martinbecerra.wordpress.com/2015/05/08/debate-sobre-la-ley-argentina-digital/).

Al cabo de los 180 días, según los objetivos del decreto, el gobierno contará con un informe detallado del funcionamiento de los órganos reguladores audiovisual y de telecomunicaciones, así como sobre el cumplimiento de algunos ejes del cumplimiento de ambas leyes (el decreto sólo enfatiza algunos aspectos). En ese lapso, el Ministerio formularía un proyecto de ley (¿o decreto?) que reemplace las normas que están vigentes “por ahora”.

El ministro Aguad dijo que el futuro marco regulatorio será compatible con los de la región. No hay en Sudamérica una ley “convergente” y la más reciente, de Uruguay, imita la ley argentina. La única ley “convergente” en América Latina es la mexicana, que no estuvo ni está exenta de fuertes controversias.

Así como el kirchnerismo despertó un súbito interés por la política de medios de intelectuales que nunca habían reflexionado sobre el tema y ello condujo a simplificaciones extravagantes sobre el rol de los medios, resucitaron la superada teoría de la manipulación mediática y condujeron un fierrerismo comunicacional (idea tomada de Eduardo Blaustein) torpe y sobreactuado, ahora hay intelectuales macristas que desempolvan el mito de la libre empresa como equivalencia del derecho a la libertad de expresión. Con ello, contradicen más de 70 años de doctrina internacional en la materia, se esfuerzan por disimular la institucionalidad mediática como condicionante en la formación de opiniones, percepciones y tendencias de la opinión pública y fetichizan la convergencia como atajo para superar el “intervencionismo estatal” (para lo cual precisan que el Estado intervenga) mediante políticas más laissez-faire.

En resumen: todos quienes hoy discuten en Argentina sobre la intervención de AFSCA y AFTIC decretada por el presidente Macri saben, en el fondo, que el problema no es la convergencia ni una ley para el siglo XXI, sino los niveles variables de (in)satisfacción de los principales grupos de comunicación con la regulación estatal y, en el estamento político, una dirigencia que en este tema se ubicó siempre en las antípodas del kirchnerismo y que ahora usa el poder estatal para desandar parte del camino recorrido por el anterior gobierno y cita algunas medidas específicas como casus belli de injusticias a indemnizar o a vengar.

La intervención abre una nueva etapa de las políticas de medios y telecomunicaciones. Es un inicio que recrea el viejo método de subordinar institucionalmente al regulador al Presidente de la República (como el antiguo COMFER, la Secretaría de Comunicaciones o la intervenida Comisión Nacional de Comunicaciones) y que contraviene los estándares regulatorios vigentes hasta el momento en el país y que otros países del mundo, sobre todo los citados como ejemplo de regulaciones democráticas, cultivan desde hace décadas.

PD: gracias por las discusiones e ideas a Guillermo Mastrini, Gustavo Fontanals, Santiago Marino, Gustavo Arballo y a tantos compañeros y colegas con quienes compartimos el interés en estas yerbas.

* Martín Alfredo Becerra es investigador y profesor universitario argentino, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador independiente en el CONICET
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El gobierno intervino AFSCA y AFTIC

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Mediante un decreto, anunciado en conferencia de prensa por el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, el gobierno nacional intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisiual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC).

Mediante un decreto simple (que hasta el momento no fue difundido) el poder Ejecutivo intervino ambos organismos destituyendo a sus titulares. De esta forma Agustín Garzón reemplazará a Martín Sabbatella en AFSCA y Mario Frigerio hará lo propio con Norberto Berner en AFTIC.

Según informó el ministro Aguad la decisión se dio por la “rebeldía de las autoridades” de estos entes ante el nuevo esquema ministerial propuesto por el decreto 13/2015 que pone bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones ambos organismos.

“La razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”, apuntó el funcionario. No obstante, ante las preguntas de los periodistas aseguró que “la ley de medios no se toca, por ahora”.

Independientemente de las palabras del ministro, la ley 26.522 (conocida como “Ley de Medios”) ha sido violentada mediante este decreto ya que, según establece su artículo 14 “el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional”.

“Martín Sabbatella se ha mostrado en todo el tiempo como un militante político y ése no es el espíritu que debe tener. Ha utilizado la Ley de Medios para atacar a unos y privilegiar a otros. Ése no es el espíritu de este Gobierno”, añadió el ministro de Comunicaciones.

Previo a la conferencia de prensa la sede de la AFSCA, ubicada en la calle Suipacha, amaneció vallada y rodeada de efectivos policiales que impedían el ingreso de las autoridades.

Por su parte Sabbatella informó que realizará una presentación ante la Justicia. “Vamos a hacer las presentaciones legales que correspondan. Pedir amparos, cautelares, presentaciones judiciales, veremos, convocaremos a los diputados. Iremos con la ley y la Constitución en la mano”, aseguró.

“Si no les gusta la ley de medios, tienen que ir al parlamento y modificarla”, agregó el dirigente de Nuevo Encuentro.

Fuente: notas.org.ar

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Montezanti: una decisión política

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Hoy se escucharán los alegatos del proceso de remoción contra el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, denunciado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Según informó ayer la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, la audiencia fue convocada 8:30 para escuchar al ex fiscal Hugo Cañón, al imputado y a los representantes de la acusación y la defensa.

Más de treinta personas brindaron testimonio la semana pasada ante el tribunal para referirse a los vínculos del magistrado con la Triple A bahiense, su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como personal civil durante la dictadura, su militancia en favor de la pena de muerte y la persecución y maltratos hacía el alumnado en la Universidad del Sur y a trabajadores y trabajadoras judiciales.

Una de las imputaciones que podrá detallar este martes Cañón comenzó a ser expuesta, entre otrxs, por el funcionario de la Fiscalía General Dino Berdini, quien dijo a FM De la Calle que la acusación “ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

La audiencia es pública y se realizará en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731 de Capital Federal. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital llamaron a acompañar el encuentro. 

Dino Berdini recordó en diálogo con el programa En Eso Estamos que la Fiscalía comparte con la Cámara Federal la sede de Mitre 60, “estamos en un espacio acotado en la parte de atrás del edificio grande de la Cámara y a raíz de ciertas actuaciones a cargo de la presidencia de Montezanti vimos aún más achicado nuestro lugar, nuestro espacio de movimiento. Fueron desde resoluciones nimias como restricción a circular por pasillos, no utilización de la cocina -eso implicó quedarnos sin agua y sin gas para calentar agua-, restricciones en el modo de utilizar la biblioteca, teníamos que estar sometidos a anotar los libros previamente y nos asignaban un espacio exclusivo para la lectura del cual no nos podíamos mover, hasta cuestiones graves como el desalojo de nuestro archivo”.

“Teníamos un archivo, un lugar ya asignado hace muchísimos años, y por una decisión unilateral nos dijeron ‘tienen 24 horas para desalojarlo’. Necesitábamos un nuevo espacio y se pidió mayor tiempo, como no cumplimos las 24 horas, de facto, nos dejaron todo a la intemperie. Más que un inconveniente desde lo funcional era una cuestión grave institucional porque ya es meter mano en cosas de otro”, agregó.

Luego comenzaron persecuciones para “expulsar” a la Fiscalía del inmueble. “El Ministerio Público a partir del ’94 con la reforma constitucional dejó de pertenecer al Poder Judicial y esa fue la separación, podríamos ponerlo en términos de matrimonio, pero nunca se hizo la división de bienes, ‘esto es tuyo y esto es mío’. Eso nunca se hizo y no lo tiene que hacer ni la Cámara ni la Fiscalía, lo hace la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público a través de la Procuración. ¿Pasaron veinte años? Es verdad, pero no somos nosotros los que decidimos de acá ni tampoco tenemos que ser las víctimas de esta pelea”.

En ese contexto, el clima laboral y las relaciones entre trabajadorxs de los dos organismos fueron empeorando al ritmo del avance de Montezanti. “Había hasta gente con miedo de venir a hablar con nosotros porque éramos las personas con las que no se podía hablar”.

Respecto a la posible vinculación del accionar del camarista suspendido con el reinicio de las causas de lesa humanidad, Berdini aseguró que “sobre todo en la gestión del dr. Cañón las causas estaban en sus comienzos, este tipo de persecuciones por delitos de lesa humanidad, y esto iba formando lo que después fue la Unidad por Violación de Derechos Humanos que funciona en calle Sarmiento. Seguramente el dr. Cañón el día de mañana cuando tenga que prestar declaración se explayará en estos motivos, pero concretamente este tipo de actuaciones se vieron reflejadas en ese contexto”.

El testigo mencionó además la “persecución directa” sufrida por la secretaria general de la Regional III de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Graciela Diez Paz y la delegada Sandra Martínez Borda, quien fue trasladada compulsivamente por Montezanti.

“La expulsó del lugar natural de trabajo diciendo que era inconveniente para trabajar allí cuando era y sigue siendo una empleada excelente y simplemente porque era molesto que estuviese una representante gremial en el edificio de la Cámara, era una manera de adoctrinar a todas las personas, si me meto con los representantes gremiales puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha llevado a presentaciones judiciales y una gran oposición del gremio y denuncias del secretario general de la Unión, que es Julio Piumato, ante el Consejo de la Magistratura que son estas denuncias que hoy terminan en jury”, afirmó.

Por último, advirtió que “un jury es un juicio político, uno no tiene que verlo en términos de justicia judicial -pongámoslo en esos términos- de saber si es culpable o inocente. Aquí se han ventilado conductas de diverso tipo, persecuciones en la universidad, en lo que es la justicia, la desclasificación de los archivos que determinaron que fue Personal Civil de Inteligencia y esa suma de elementos el jury tendrá que determinar si cumplen la imputación o no y si merece seguir en su cargo, pero la realidad ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

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Macri, semana uno

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(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno no nos hizo esperar para saber cuál era el cambio del que hablaba.

 Una semana. Es lo que tardó Macri en mostrar sus cartas, todas juntas y a la vez. Con una soberbia que sólo empata con la ignorancia de algunos de sus funcionarios, como Sergio Bergman, quien reconoció públicamente desconocer sobre la materia del Ministerio que quedó a su cargo (Ambiente y Desarrollo). Sabiéndose en minoría en el Congreso, sin suficientes gobernadores de su lado y con más de la mitad del electorado en contra, optó por el camino de la sinceridad. Y éste consistió en incrementar el sesgo mayoritario del presidencialismo argentino. Sí, el discurso republicano duró menos que un suspiro. Decreto a decreto avanzó el flamante presidente porque, según explicó el Ministro de comunicaciones Oscar Aguad, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”. “Es tan absurdo”, sentenció el ministro ignorante de la Constitución. Tan ignorantes y soberbios que fueron por todo tratando de nombrar una Corte Suprema por decreto: la división de poderes quedó para los sueños mediáticos de Carrió.

El atropello de decretos tuvo en la economía uno de sus ejes. No sólo el ajustazo que pretendieron pasar “por error” en el sistema educativo, sino en las disposiciones sobre el comercio exterior anunciadas. A pesar de ser materia de discusión legislativa, como le recordaron a Cristina Fernández en 2008 las entidades del campo, el flamante gerente de la Nación Macri tuvo rienda suelta para animarse desde Pergamino, epicentro del poder sojero: desaparecen las retenciones para exportaciones de carnes, maíz, trigo y girasol, se reducen de 35% a 30% para la soja, se eliminan las Declaraciones Juradas Anticipadas. Como proclama libertaria, explicó el ministro Prat Gay que “el que quiera importar, o exportar, o comprar dólares, lo va a poder hacer, nadie lo va a perseguir”. Por eso el anuncio se completó frente a la Unión Industrial, explicando que ahora las mercancías serían libres de entrar al país cuando quisieran: sobre 19.000 productos, se libera el comercio de 18.000. Un gesto de velocidad y profundidad de apertura que sólo puede compararse con el frenético impulso de Menem por implementar la Convertibilidad.

Los empresarios PYME salieron de inmediato a explicar que esto implica una competencia que no pueden enfrentar. En un mundo en crisis, sin demanda, inundado de bienes producidos basándose en salarios bajos, la apertura implica una oportunidad de negocios para las grandes multinacionales. Siempre siguiendo las declaraciones de los dirigentes PYME, se espera que esto impacte negativamente en su capacidad de emplear mano de obra, lo que significa, en buen criollo, despidos y caída de la demanda agregada. Escenario que se acoplaría con el ya existente de recesión en la cadena automotriz, donde pululan recortes de horas extra y suspensiones.

Pero la verdadera estrella en el firmamento PRO-Cambiemos es la liberación de los controles de cambios (el mal llamado “cepo”). A partir del jueves, se pueden comprar sin trabas ni regulaciones los dólares que cada quien pueda pagar, hasta el límite de los dos millones para atesoramiento. Un verdadero cambio en las libertades básicas. Y una vez quitadas las trabas a la demanda, el efecto obvio esperado es un aumento del precio de la divisa: esto es, una devaluación. Según estimaciones del gobierno al hacer el anuncio, su nuevo nivel rondaría los 14-15 pesos por dólar (en una curiosa simetría multiplicada por diez del paso del uno a uno de la Convertibilidad al 1,40 de Duhalde, que duró un mes). Para pasar la prueba de fuego del día uno, el gobierno había arreglado antes con los operadores fuertes del mercado. En calidad de urgente, negoció nueva deuda –en condiciones que aún desconocemos- con la oligarquía financiera mundial (la vieja casa de Prat Gay JP Morgan, Citibank, Deustche, HSBC y Goldman Sachs), una extensión de los créditos con China, y la liquidación en el mercado de la producción retenida por el agro (que con la devaluación, incrementó sus ingresos en un 40-50%, sin correlato alguno en sus esfuerzos). En total, al menos 17.000 millones de billetes verdes para auxiliar los algo más de 28.000 que hay en el Banco Central. Negocian frente a los poderes mundiales otras vías de crédito, volviendo a la ruleta de la deuda bajo el eufemismo de “inversiones”.

La devaluación, por supuesto, no era ninguna campaña de miedo, sino una previsión concreta de lo que iban a hacer. Sólo por eso tiene sentido cuestionar la acción del ex presidente del Banco Central, Vanoli, por vender dólares a futuro al precio que se votó en el presupuesto nacional: porque de ganar, Cambiemos quería un dólar más caro, como están demostrando ahora. Está por verse que este paquete de arreglos sea suficiente para contener la demanda, evitando lo que se conoce como “overshooting”: que el precio del dólar se pase de largo antes de entrar en la curva y volver a su senda. El nuevo presidente del Central, Sturzenegger, ha ofrecido como prenda de cambio para contener esta demanda un aumento en las tasas de interés (llegaron al 38% en las tasas de referencia): de rendir más los depósitos, se espera que esos pesos no vayan a los dólares. Con la misma lógica, Duhalde llegó a emitir letras al 129% de interés en junio de 2002.

La devaluación, también por supuesto, se pasará en alguna medida a precios. Como los operadores más fuertes ya hicieron este pase a precios por adelantado en noviembre –gracias al aviso previo de Prat Gay-, ahora se pueden sentar en la mesa con el gobierno a negociar menores aumentos. Retrotraer precios a noviembre es un cuento de hadas, como los propios grandes empresarios dieron a entender. A pesar de dar continuidad al programa de Precios Cuidados, el nuevo gobierno lo estaría reduciendo a la canasta básica de alimentos, quitando gran parte de los 512 productos actuales. Y además, pretendiendo ocultar el sol con la mano, en el colmo del cinismo, han anunciado no publicar los datos de inflación de diciembre. La suba de tarifas de los servicios comenzará a sentirse a partir del siguiente bimestre. Mientras tanto, laburantes deberemos esperar para recomponer nuestros ingresos: las paritarias comienzan recién a partir de febrero.

Esta liquidación del salario a favor de los grandes exportadores y la renovación del negocio de la banca representan un importante retroceso social, que se empezará a sentir en los meses que siguen. Está por verse que esto impulse el empleo, como sugieren los defensores de la medida.

Cambiar, cambiamos: para peor. Esta primera semana de arrebato lo atestigua.

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Jury a Montezanti: se acercan los alegatos

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Una semana de testimoniales pasó en el proceso de remoción contra el camarista Néstor Luis Montezanti que realiza el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la Capital Federal. Las declaraciones terminarán el martes desde las 11:30 cuando se presente el ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. Luego hablará el imputado y se desarrollarán los alegatos de la acusación y la defensa. La sentencia se conocería en febrero.

“Los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”, dijo el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, tras escuchar la intervención de Alberto Rodríguez. El ex estudiante subrayó que “evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura”.

La acusación contra Montezanti apunta a comprobar el “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape”, manifestó Hilda Abad en relación a un fallo del camarista que desprocesó a un intendente y un subcomisario pampeanos en un juicio por trata.

¿Quiénes declararon?

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Este viernes fueron convocados Marcos Canova, Hilda Abad, Magdalena Adriana Cisner, Horacio Cavalaro, Néstor Alberto Giorno, Andrés Bouzat, Raúl Carlos Ciccola y Juan Pedro Tunessi. Un día antes, Miguel Pereyra, propuesto por la acusación; y por la defensa Augusto Enrique Fernández, María Alejandra Santantonin, Marcela Lía Beilison, Mariana Costa, Julieta Carolina Mateos, Rosana Noemí Teti y Marianela Albrieu quienes manifestaron que Montezanti se excusaba en las causas entrantes vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El miércoles fue el turno de un grupo de ex empleados de la Cámara, quienes coincidieron en que el clima laboral era violento y de persecución, generando así una situación de temor constante, que era infundida por el juez. Sandra Martínez Borda dijo que el trato hacia las empleadas mujeres era en especial de discriminación y desprecio. Recordó el caso del 2007 en el que realizó un pedido de certificación de horas extras para cobrarlas o compensarlas, y el magistrado le respondió: “Si empezamos a los tiros, terminamos a los tiros”.

También dieron su testimonio Alberto Rodríguez, Dino Berdini, Graciela Mirta Diez Paz, Miguel Tohmé, Ricardo Serafini, José Manuel Saez, y Marcos Fernández Peña. Por otra parte, la secretaría del tribunal dejó constancia que la testigo María Inés Colantuono no pudo ser notificada.

FM De la Calle registró los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar, la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, y los militantes Dante Patrignani y Juan Larrea. También fueron consultados Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga.

“Que la justicia se ponga en manos de jueces probos”

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Alberto Rodríguez declaró por cuarta vez sobre los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, el asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo y la vinculación del suspendido presidente de la Cámara Federal local, Néstor Luis Montezanti, con la banda parapolicial. Esta vez fue ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el procedimiento de remoción que se sigue al ex espía del Destacamento de Inteligencia 181.

“Pude decir todo aquello que me preguntaron y ampliarlo respecto a su participación en la toma de la UTN, su nombramiento primero como profesor de la misma y después como organizador de los matones en la toma, como un actor intelectual más que un matón. La participación del secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, la Juventud Sindical Peronista, emitió un comunicado en la misma época que esa universidad se tomaría de cualquier manera y con las armas que tuvieran a su mano”, comentó a FM De la Calle.

Luego habló del comportamiento del imputado como profesor, “lo que ha sido su persecución y acoso a sus alumnos, muchos de ellos abandonaron la carrera hace algunos años por sus formas de perseguir o presionarlos; las resoluciones que ha tomado en cuanto a declarar que las prostitutas son cloacas de la sociedad para evitar que la mierda nos tape; lo dicho en el juicio que me realizó cuando se enloqueció en el 2007 y empezó a hablar de que lo que estaba pasando era la lucha del imperio soviético contra el movimiento nacional justicialista. Cosas que evidentemente necesitaría un psiquiatra antes de seguir siendo juez. Evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura, por haber sido integrante PCI de los servicios de informaciones y todo lo que ya he comentado en la radio también”.

Rodríguez aseguró que la defensa lo interrogó sobre los fundamentos de sus dichos sobre el docente y aclaró que fue su alumno en dos materias. “Empezaron a preguntarme en qué podía diferenciar a un profesor que daba Derecho Civil, qué quería discutir con el código en la mano como si no se pudiera discutir sobre las leyes, cosa que sí hacíamos en los años 70 con docentes de Economía que leíamos desde Smith, Marx, a los desarrollistas de los años 60 o a Keynes de los años 40, eso era normal en esta universidad donde todo se debatía, excepto cuando un docente de militancia fascista no lo permitía”.

El testigo informó que durante la exposición se detuvo en la denuncia de algunos de los crímenes de la Triple A bahiense y en la promoción de la pena de muerte por parte del camarista. “Y fue emocionante porque al final pedí que la justicia se ponga en manos de jueces probos y no de jueces que tenían condiciones de soplones del Ejército en la dictadura y militante fascista en la realidad”.

En cuanto al resultado del proceso de remoción, Rodríguez manifestó que tiene “un mínimo de expectativa positiva” porque “el jury no lo pueden cambiar, son los mismos jueces que comenzaron los que tienen que terminar”. Más allá del contexto político “depende de nosotros, de la calle, no quedarnos encerrados, salir y pelearla, porque las batallas no se pierden discutiendo en un café sino cuando el pueblo no activa y no sale. Es la única manera de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad y avanzar en el juicio de la Triple A que seguramente también va a quedar detenido a partir de que el juez Ramos Padilla termine (su subrogancia) en diciembre”.

Minutos después de presenciar la declaración del actor, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle desde la sede del Jurado de Enjuiciamiento que “los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”.

“Alberto terminó su alegato explicando que no tenía ningún interés personal en la causa como le habían preguntado, explicando que había adquirido una profesión que le hubiera permitido tener ‘una vida tranquila’ pero que decidió atenerse a las consecuencias de ser coherente con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia” y resaltó “la distancia sideral que hay entre una basura humana como Montezanti, que habla de que las prostitutas son la cloaca de la ciudad y un militante de la Verdad que ha expuesto durante años, muchas veces en soledad y ahora acompañado, creo que no hay jurado en el mundo que pueda declarar inocente a Montezanti después de lo que vivimos hoy”.

Schulman se refirió a las provocaciones de la defensa y aclaró que no cree en “la neutralidad de los abogados, los fascistas defienden fascistas y la gente buena defiende a la gente buena, no conozco ningún abogado de buena vida, de buena idea, que defienda a un nazi como Montezanti. Los que defienden a Montezanti son tan hijos de puta como Montezanti y así se portan en el juicio”.

“La vida es así de contradictoria, en el momento en que los amigos de Montezanti llegan al gobierno, él irá a parar fuera del Poder Judicial. Alguna condena tendremos y supongo que como una rata escapará de la cárcel con algún artilugio”, sostuvo en relación a la imputación penal que pesa sobre el camarista en la causa que investiga más de una veintena de asesinatos cometidos por la banda criminal. “El Watu está presente”, culminó.

Autoritario y misógino

jurado enjuiciamiento

Por su parte, Hilda Abad describió al jurado el momento político en el cual comenzó sus estudios en la UNS en 1974: “Fue un momento visagra en el cual se empezó a usar la represión hacia los estudiantes y los docentes, así que ya empecé a tener participación estudiantil en un momento de muchísima ebullición y disputa política”.

“Me preguntaron de dónde lo conocía a Montezanti y expliqué que a poquito de iniciar mi participación estudiantil, que iba a los cursos con compañeros a hablar de la problemática estudiantil, que levantábamos los cursos, había tenido problemas con tres profesores, uno de ellos fue Montezanti, quien nos insultó, no nos dejó entrar al curso y demás y por eso cuando lo vi en la UTN con todos los matones armados en una señal de clara camaradería no fue una sorpresa, sabía de quién se trataba”, agregó en diálogo con FM De la Calle al concluir su testimonio.

Por fuera de lo hechos de la década del 70, Abad aseveró que “como militante feminista que soy quería plantear el tema de la trata de personas”: “Pude decir que me sentía muy contenta de poder haber aportado un pequeño granito de arena y reivindicaba la memoria de Watu, del Negrito García, de todos los compañeros asesinados por la Triple A, de tantas compañeras y compañeros laburantes y estudiantes que han sido maltratados por este sujeto y que mi capacidad de asombro ya no tenía espacio -porque no solo lastimaba los derechos humanos del pasado- sino que en el presente había sido partícipe, e hice mención al fallo de trata con respecto al local de Lonquimay”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape. Realmente vergonzoso y nefasta la coherencia que tiene este hombre, autoritaria y misógina”, cerró.

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