La madre de Facundo Castro Astudillo recusó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. “El principal desaparecedor de personas es el Estado. Pero no solo por los policías que activamente entiendo han participado de la desaparición en el instante de su ilegítima detención, sino además a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía”, sostuvo Cristina Castro.
El documento cuestiona que el funcionario aún no asumió su competencia y que la producción de prueba más relevante en cuanto a la hipótesis de la desaparición forzada fue impulsada por la querella. La Fiscalía motivó “aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas”.
La querella recordó los antecedentes del fiscal en el entorpecimiento de causas de lesa humanidad, el filtrado de información judicial y detalló cómo la Bonaerense coló a la testigo que -nunca- dijo haber traído a Facundo a Bahía.
Castro y sus abogados relatan a la jueza cómo desde el inicio de la denuncia en el fuero federal, Martínez, a pesar de tener a su disposición a la Policía Federal, sugirió involucrar al superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada.
“Manifestar tomar contacto con la regional de la fuerza sospechada, es a todas luces un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad” frente a una denuncia por desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense. Luego, el fiscal ordenó “algunas medidas de prueba inconducentes y ‘livianas'”.
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Como ejemplo, menciona: “No ordenar la constitución de fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos, mandar a notificar de audiencia a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas, citarlos a declarar en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo, permitir y no advertir que miembros de la policía bonaerense con conexidad directa a la red de encubrimiento que se está desmantelando fueron los que llevaron a un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad”.
Otro de los reclamos de la familia de Facundo desoído por Martínez fue el acceso a los libros de guardia y personal de la Subcomisaría de Mayor Buratovich, los cuales estuvieron “cerrados en un sobre por más de doce días” y sobre los cuales se informaba que estaban siendo procesados “cuando todavía no habían sido siquiera abiertos”.
Por la ventana
“La mayor obscenidad procesal” que denunció la querella al pedir el apartamiento del fiscal es la introducción en la causa de la testigo que días atrás habría asegurado haber acercado a Facundo hacia Bahía Blanca luego de la segunda detención en cercanías de Buratovich.
Si bien las filtraciones periodísticas afirmaban que era una declaración aportada por la Policía Federal y que se trataba de una testigo de identidad reservada, se advirtió una “maniobra” de la Bonaerense para meterla “por la ventana”.
En la causa consta que “el Policía Cristian Arias García, reporta un despacho preventivo de fecha 13 de Julio de 2020 emitido por la Estación de Policial Comunal Villarino 2º de Pedro Luro” dando cuenta que la mujer domiciliada en Buratovich “habría sido la persona la cual a bordo de un vehículo Renault Duster Oroch, no proporcionando datos mayores, habría trasladado” a Facundo hasta Bahía Blanca y “quien no se habría presentado a prestar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.
García reporta que se comunicó telefónicamente con la testigo, quien le manifestó “que con frecuencia suele levantar a personas que ‘hacen dedo’ en la ruta y las traslada desde la zona por donde circula más habitualmente… informó que “NO PUEDE PRECISAR QUE “HAYA LEVANTADO A ESE CHICO”, no obstante lo cual, el día 27 de Abril próximo pasado, había levantado EN LA GARITA DE MAYOR BURATOVICH, un muchacho morocho, flaco, pero un poco más alto de la estatura de la persona que buscamos, creía que media cerca de 1,70 metros y también que se trataba de una persona de más de 30 años. De esta persona no recuerda mayor descripción, salvo que le comentó que trabajaba en el campo. Recuerda que lo dejó en un parador al costado de la ruta 3 … que pidiendo precisiones acerca de la fecha en que habría acercado a esta persona, ratificó recordar que fue el día 27 de Abril, dado que recuerda haber realizado el viaje de Buratovich a Bahía Blanca, porque tenía un turno médico en el centro de rehabilitación IREL. Que en reiteradas oportunidades, la interlocutora ratifica no poder precisar si la persona a que se refería se trataba de Facundo Astudillo Castro”.
La recusación destaca, además, un mail enviado por la Comisaría Comunal de Villarino el 13 de julio, el cual fue ingresado a la Fiscalía a las 9:37 del día siguiente.
El mismo informa que “18:40 se apersona en el despacho de la Subestación comunal de Mayor Buratovich Sgto. Leg. 191762 Siomara Flores y Of. Pol. Leg. 488412 Mario Gabriel Sosa, refiriendo SOSA, que instantes antes, en su domicilio se apersonó un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas (obrero albañil (…)) tomó conocimiento que la señora (…) habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.
Sosa participó de la primera detención de Facundo cuando junto a Jana Curruhica lo infraccionaron por violar la cuarentena. Flores es quien con “flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, en circunstancias en las que, según tres testigos, era abordado por dos masculinos en un patrullero de la Policía Bonaerense”. Cabe destacar que dicha fuerza provincial fue apartada de la investigación el 8 de julio.
En cuanto a la difusión de la declaración en La Brújula y en redes sociales, “cuando eso no estaba registrado ni siquiera en el sistema podemos decir lo siguiente. O el Fiscal, o el secretario, o los policías que trasladaron al testigo que pidió reserva de identidad, violaron esa reserva divulgando o filtrando datos”.
“No nos quedan dudas de la maniobra encubridora y por sobre todo el gran impacto mediático que el sr. Sasso se encargó de divulgar a todos los medios nacionales, casualmente (o ya no tanto) un día antes que declaren los tres testigos en los que se sostiene la hipótesis de la querella”, afirmó la querella.
Antecedentes
El pedido de recusación adjunta la nota que Diego Martínez publicó en Página/12 en la cual detalla la intervención de Santiago Martínez como juez subrogante en el armado de una causa contra el secretario judicial Álvaro Coleffi por filtración de escuchas de una investigación sobre narcotráfico que fueron difundidas por La Brújula.
El denunciado asumió durante algunos meses investigaciones por crímenes de lesa humanidad y avanzó contra el ex dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y otros civiles del Poder Judicial y la Iglesia Católica quienes habían gozado de la impunidad que Martínez les garantizaba.
Coleffi fue absuelto y expulsado de la justicia.
Martínez fue nombrado fiscal federal por el gobierno de Mauricio Macri.
