La asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente como amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía.

“Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, manifestaron sobre la ex trabajadora de La Gleba condenada a ocho años de prisión.

Este miércoles la defensa oficial apelará el fallo y pedirá la libertad en compañía de diversas organizaciones que se sumaron a la demanda de “ni una presa más por la justicia patriarcal”. Será a las 12 en Estomba 34.

El gremio ya realiza los trámites para participar bajo la misma figura legal, la cual le permitiría “aportar información o conocimiento generado y proporcionado, ya sea de modo escrito con una opinión legal, testimonios o informes”.

Rosalía fue condenada por la muerte de su bebé, al cual no pudo cuidar tras parir sola por haber sufrido un desmayo. “Nuestra Alta Casa de estudios debe reparar el daño que causaron las condiciones laborales en que tenía a esta trabajadora”.

“Tenemos como ADUNS y como UNS un deber moral de aportar en esta situación que ha afectado no solo a Rosalía R. sino también a sus hijos, quienes son víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales de Rosalía, dos de ellos menores de edad y toda una familia, oriunda de Argerich y de una historia de ser trabajadores de la UNS, como lo fue el propio padre de Rosalía”, afirman en la nota dirigida al rector Daniel Vega y a la secretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano.

Recuerdan que Rosalía “criaba sola a sus cuatro niñxs, trabajaba en jornadas de más de 12 horas diarias, totalmente precarizada, sin acceso a derechos sociales que gozamos las y los trabajadores. Cabe destacar que el lugar de residencia, Argerich, es zona semi rural, sin salas médicas, ni ambulancia”.

“Lo que se lee entrelíneas de la sentencia es que se tendría que haber dejado morir. Es la única manera de que no hubiera ido presa. Si ella hubiera muerto y sus cuatro chiquitos hubieran sido desparramados en distintos hogares junto a la recién nacida, ahí sí sería ‘R. la heroína’: qué madre, cuánto amor, murió por sus hijos. La exigencia es esa”, señaló en FM De la Calle la defensora oficial Fabiana Vanini.

R. fue condenada por el Tribunal Criminal Nº 3 a ocho años de prisión por no haber auxiliado a su bebé en el parto tras haberse desmayado. Fue un fallo unánime a partir del voto de la jueza Daniela Castaño, con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire. R. está presa desde junio del año pasado en Azul.

“Utilizaron la declaración de ella para condenarla. Usaron las partes que les servían a los jueces para condenarla y desecharon aquellas partes que eran exculpatorias”, dijo Vanini y agregó que “claramente el reproche es moral, ético y clasista”.

En el 2005. R. dio a luz a su hija en la soledad de su casa y luego de una jornada de trabajo extenuante. Desesperada, llamó a sus hijos menores de edad quienes la asistieron y luego se desmayó. Permaneció inconsciente durante varias horas y cuando despertó la bebé había fallecido.

Desde la defensa pidieron la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido desde los hechos. “A ella la juzgan en 2006 y se va un día antes de que concluya el juicio porque el riesgo de la prisión perpetua en ese entonces era absoluto. Tenía 4 hijos menores de edad, se va, le dictan una orden de captura. Ella creía que ya estaba, que la justicia se había olvidado de ella. En junio del año pasado por un reconocimiento de rostro de una cámara de Retiro, se detecta que tenía pedido de captura y, a partir de allí, comienza esta pesadilla”.

Vanini afirmó que “el fiscal (Jorge Viego) la acusa por no haber atado el cordón de la recién nacida y haber atado el suyo. En la sentencia hay un pasaje curioso que muestra la absoluta falta de perspectiva de género: que la defensa no puede plantear que ella no sabía qué tenía que hacer porque R. es una mujer que tuvo 4 hijos y que ya estaba bastante experimentada en el tema. El planteo es un disparate: ¿cómo una mujer madre de 4 hijos no sabe qué hacer en un parto?”.

“El fiscal decía que decir que se había desmayado era ponerse en una mejor situación cuando él no pudo probar lo contrario. Los jueces concluyeron que sí  -lo que es aun más grave- que el desmayo existió pero que de todas formas ella debía haber auxiliado a su hija”.

La hermana de R, Andrea, dijo en FM De la Calle: “Soy enfermera profesional y no sé cómo hacer para atar un cordón. En ese momento que nace el bebé no sé qué te provoca un parto, me parece muy machista lo del fiscal. Yo como profesional no sé hacerlo, me parece muy injusto”.

La víctima trabajaba más de 12 horas por día, con un contrato precario en el frigorífico La Gleba de Argerich, dependiente de la Universidad Nacional del Sur.

“R. tenía 4 nenes, siempre estuvo sola, la luchó, trabajaba un montón de horas, oculto su embarazo por miedo a perder su trabajo. Cuando tuvo a uno de sus hijos le dieron 15 días, no tenía licencia por maternidad y, de repente, de nuevo embarazada. Ella se fue por miedo a que la condenen. Ella nunca se olvidó lo que había pasado, tuvo a su nena, que tiene ahora nueve años y la está pasando muy mal”, contó Andrea.

La defensora agregó que “la pericia decía que era muy probable que ella no pudiera comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Solicitamos al Tribunal que la sobresea en virtud del art. 341, que dictamina esta posibilidad antes del juicio si surge una nueva prueba”.

“El Tribunal nos dijo que no porque de las pruebas no surgía evidente el estado de inimputabilidad sino que era probable. Sumado a que la pericia no se expedía sobre la peligrosidad y que el Código Penal exige que antes de la declaración de inimputabilidad se tiene que analizar si la persona es peligrosa o no”.

Vanini adelantó que apelarán la condena ante la Cámara de Casación. “Vamos a insistir y solicitar el arresto domiciliario. Estamos recibiendo mucho apoyo de organismos y redes feministas para colaborar en la presentación. Nos contactaron desde el Ministerio de la Mujer de la provincia. Conseguir la libertad de R. es el próximo paso. Vamos por eso”.

“Que se haga justicia”, reclamó Andrea.

Una mujer fue condenada por homicidio a ocho años de prisión efectiva por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando con ello su muerte.

El Tribunal Criminal Nº 3 dictó ayer sentencia sobre el hecho ocurrido casi quince años atrás. Fue un fallo unánime a partir del voto de la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

La mujer, madre sola de cuatro hijos, ex trabajadora precarizada en un frigorífico de pollos dependiente de la Universidad Nacional del Sur, está presa en Azul desde junio de 2019.

R. parió en soledad entre el 18 y el 19 de mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido.

Las pericias establecieron que la mujer “posee carencia de recursos psicológicos básicos o necesarios para asumir los cuidados y responsabilidad materna, sin un tercero en quién apoyarse y que la ayude a sostener esas responsabilidades. Presenta precariedad psicológica para enfrentar por sí sola problemas que involucren los afectos y maternidad de manera adecuada”.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego argumentó que “la justificación que brindó la acusada no resulta creíble”. Consideró que tuvo un “plan para deshacerse de la criatura”.

La defensora oficial Fabiana Vanini señaló que “debido al desvanecimiento, R. tuvo una ausencia de capacidad para poder realizar la conducta ordenada. Fue incapaz de evitar el resultado, por incapacidad física y psíquica, por su historia de vida, el cansancio debido a jornadas de trabajo inhumanas”.

Vanini expuso que “existió omisión del Estado para con ella y la recién nacida, por las condiciones de vida que llevaba, también sobre la inexistencia de tutela laboral para mujeres embarazadas, que R. no podía realizarse los controles de embarazo pues ello le representaba faltar a su trabajo y no cobrar por dicha jornada”.

“Se encontraba en un contexto de vulnerabilidad económica y social y si hacía ostensible su embarazo probablemente fuera despedida, sus anteriores parejas no se hicieron cargo de sus hijos. La imputada se vio obligada por las circunstancias a ocultar su embarazo”, afirmó.

La mujer trabajaba en el frigorífico de pollos “La Gleba” desde las 5 de la mañana hasta las 21. Carecía de derechos laborales, estaba inscripta en el régimen del monotributo.

La jueza Castaño aseguró en su voto que “la inminencia del parto, el alumbramiento sin asistencia, los dolores, el cansancio extremo, el temor por su estabilidad laboral han limitado su capacidad de razonamiento, llevándola a obrar de la manera que lo hizo”.

Pese a esto, la magistrada refirió que “no ha surgido de la causa que la imputada se haya visto frente a una situación extrema que le anulara su autodeterminación al punto de tener que optar entre la propia vida y la de la recién nacida”.

Así propuso, y fue acompañada por D’Empaire y Casas, condenarla a ocho años de prisión por encontrarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una Jornada Federal y Mundial a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018. “El proyecto está en la calle”, es la consigna de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo.

En más de 100 ciudades del país se exigirá el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019. En Bahía Blanca el pañuelazo será a las 18 en Plaza Rivadavia.

La iniciativa de la Campaña es resultado del consenso de las más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos, que confluyen en la Campaña. Recoge el debate parlamentario y social de 2018, cuando la marea verde salió a las calles a exigir aborto legal ya.

“Este 2020 la Campaña cumple 15 años. Hemos presentado 8 veces consecutivas nuestro Proyecto de Ley. El más reciente garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las exigencias de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte”, aseguraron.

Desde la campaña agregaron que “con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico”.

“El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables. Nuestra demanda es por nuestro proyecto de vida autónomo y por el derecho a decidir en libertad. Por eso, ¡nuestro proyecto está en las calles!”, concluyeron.

Este año fallecieron al menos ocho niños y niñas menores de un año y medio de la comunidad wichí de Salta por causas evitables.

“Estamos mal, el gobierno está ausente. Como pueblos originarios estamos abandonados. No hay solución para las comunidades, necesitan agua, comida y trabajo”, manifestó a FM De la Calle Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wichí Fwolit (también conocida como Kilómetro 5, cercana a la ciudad de Tartagal) e integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA).

“No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”,  declaró Josefina Medrano, ministra de Salud salteña.  Al respecto, Rojas comentó que “hay zonas que ni la ministra ni gente de Salud han recorrido, elaboraron el informe como si hubieran recorrido todo. Ayer fui a una comunidad y encontré unos chicos llenos de granos en la cabeza, que no mientan, que digan la verdad, que no fueron a todas las comunidades”.

“Se está multiplicando las muertes de los chicos, la desnutrición de chicos y grandes, no hay trabajo y han prohibido el corte de madera, ellos cortaban palo santo y tenían un montón de artesanías para mantener a su familia. El gobierno nos dijo que nosotros como indígenas somos taladores, pero no prohíben el desmonte. Los desmontes producen las inundaciones”, comentó el cacique.

Respecto a las fumigaciones señaló que “hay mucha gente que se puso firme, que no se movieron, a veces están a 200 metros del desmonte. Cuando fumigan contaminan a todos, chicos y grandes. Las avionetas pasan y fumigan”. Dijo que ante la falta de agua potable, se busca la forma de conseguirla y generalmente es juntando de los pozos de agua vecinos en envases de agrotóxicos que recolectan de las grandes fincas.

En relación a la visita a Salta del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que “jamás se ha reunido con nosotros como dirigentes comunitarios, él no quiso dialogar conmigo, yo lo iba a llevar donde corresponde, donde más necesitan ayuda. Dialogó con el intendente, con gente de provincia pero a las comunidades no fue. Estoy disconforme,  hay gente que no tiene documento que jamas van a recibir nada”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Saira Millaqueo, activista trans) Morir en en la esquina es un fantasma que nos ronda todas las noches cuando una travestis sale a prostituirse. No hay noche que no pienses si vas a volver, si te van a golpear o si vas a pasar una situación de mierda con un cliente.

La muerte nos persigue todo el tiempo, en la noche la muerte es más cercana. La sentís en el momento que llega el primer auto de la jornada, la sentís cuando se asoma un machito caminando o un grupo de ellos en un auto.

Conocemos la cara más perversa de la impunidad machista porque actúa sobre nuestros cuerpos y vidas sin alarmar, sin empatizar a la sociedad.

Aunque es de noche las infamias y violencias las travestis las sufrimos en el día también. Al final lo que sucede en la noche es el reflejo de lo que nos hacen en el día. Confinadas a esa oscuridad se sobrevive. Con la muerte al lado, hasta que te choca de frente y te entierra los puñales como en algún momento lo pudiste imaginar.

Y cómo me voy a defender, lo habré pensado de mil maneras. Estamos toda la vida diseñadas para afrontar la muerte y formateadas a esquivarla. La impunidad machista nos acosa y paraliza nos clava la más inmunda indiferencia sin poder defenderte. El mandato machista familiar nos empuja a desaparecer en esas esquinas. Hasta que llega la muerte en primera persona y cumple el designio, nos toma de la forma mas brutal.

Sin remordimientos, lo primero que se piensa es que si murió en una esquina es porque se lo buscó.

¿Alguien puede pensar que nosotras elegimos esto? Nos depositaron ahí y lo sabemos sobrellevar, nos reinventamos armando enredaderas de secretos y tejes que nos han hecho sobrevivir a la mas oscuras noches.

¿Si sentimos miedo? La necesidad no conoce de miedos. La urgencia no conoce miedos.

Nos cuesta la vida sobrevivir en los esquemas en el que nos depositaron y nos siguen depositando.

Sobrevivimos con coraje por que al miedo nos lo comemos del hambre que tenemos.

Me resulta doloroso el pensamiento de saber que presentimos cuál es nuestra hora en una esquina.

¿Se imaginan vivir con ese reloj que nos acorrala? Llegar a acostarte es un triunfo.

Pienso en todo esto con la imagen de Roberta en mi cabeza y la de todas mi compañeras. Las que están y las que no. Es dolorosísimo tener que estar contando esto pero me da miedo, mucha impotencia a la vez porque no sabes cuando te puede caer a vos. Como dije antes estamos muy cercanas con la muerte.

La encrucijada de la que las travestis no salimos, quien tiene esa solución es el Estado con sus acciones. Está bien claro que ahí en esas esquinas lo que se necesita no es más violencia, sino que resguardo y reparación. Por que ademas una cosa es que se describa las vivencias de las personas en situación de prostitución y otra es hablar de trabajo sexual.

Venimos de un gobierno que promovió la indiferencia como política de estado. Hoy se sueña en revertirlo. Mientras tanto solo hay una verdad las travestis venimos arrastrando historia de esta practicas, por eso es que necesitamos que nuestras demandas sean tomadas con urgencias. Porque hay mucho por reparar y la única forma es siendo practicxs a la hora de entender la realidad.

Ojalá el rostro de Roberta Carabajal sea el último que tengamos que lamentar por muertes que se pueden evitar. Justicia por ella. Justicia por todas aquellas que merecían una vida libre de violencia y olvido.

Este viernes cerramos la programación 2019 sumándonos a la Fiesta por la Plaza! Desde las 10 de la mañana estaremos en vivo por la 87.9 y delacalle.org desde O’Higgins 140.

Desde las 17 se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Habrá actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

Acercáte y compartí la jornada con quienes hacemos De la Calle!

10 a 12: En Eso Estamos con Mauro Llaneza y Giuliana Crucianelli (participa Mariela Dobal).

12 a 13: Descoordinades (Coordinadora Estudiantil Artística)

13 a 15: Astor Vitali, Sergio Pacheco, Eduardo Lázzari y Edgardo Epherra.

15 a 15:30: Mundos Imaginarios con Silvia Pirillo.

15:30 a 16: El huevo de la Serpiente con Juan Compagnoni, Tomás Palomeque y Ayelén Zanfagnini.

16 a 18: Bajo control con Fabián Ramos y equipo.

18 a 19: Voces desde la plaza con Giuliana Crucianelli y Paula Ércoli.

Operación y técnica: Fer Alarcón, Emiliano Randazzo, Walter Albouy, Fabián Zapata, Nicolás Fernández Vicente.

Este viernes se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Desde las 10 de la mañana FM De la Calle realizará el cierre de su programación desde el espacio público de O´Higgins 140. A las 17 comenzará el cronograma de actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

“Estamos muy felices porque la gente quiere participar, quieren decirle no al proyecto de las cocheras. Se han unido muchas voluntades y eso es lo más importante de resaltar.  Todo eso confluye y le da fuerza a esta propuesta de la fiesta”, dijo Mónica Oliver.

La iniciativa surge de un colectivo de amigas y amigos de la plaza que comenzaron a reunirse ante el avance del proyecto de empresarios locales de construir un estacionamiento subterráneo y una plaza seca a cambio de la explotación de 150 cocheras por medio siglo.

“La idea es recuperar la Feria de la Cultura. Está pensado así porque hay un enorme grupo de gente que provenimos de esa historia que empezó en el 87 y de paso homenajear a tantos artistas de la ciudad que ya no están y pasaron por esa feria”, dijo Oliver y mencionó a Fortunato Jorge, Ramiro Musotto, Aníbal Vitale, Susana Persia y Mirta Itchart.

Destacó que “la historia si no se cuenta se pierde, había chicas que no tenían idea de lo que había sido la feria. Tampoco conocían a quienes tuvieron que ver con la cultura de la ciudad. Pensamos que de alguna manera había que referenciar todo esto, que el que vaya allí aprenda, aumente su caudal de conocimiento sobre el espacio que estamos viviendo”.

“Invitamos a la Asociación de Amigos de avda. Parchappe y del sector del Noroeste para que estas experiencias vecinales se hacen a pala y pico se puedan contar y conocer. De repente uno pasa por la Plaza de Parchappe y es una maravilla y está hecha con el esfuerzo de la gente”, afirmó.

Oliver aseguró que “esas son cosas que no se pueden comprar ni vender. Es la lucha que estamos teniendo contra un sector de gente que solo le interesa el dinero y comprar, vender, negociar. Hay un montón de cosas que está pensando otra cosa, que son estas cosas intangibles”.

(Por Eduardo Latino – OPSurEn horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

La Sociedad Escolar Alemana realizará desde las 19 -en Moreno 540- una muestra sobre el primer episodio de la iniciativa “A los muros los tiramos juntas”.

Un grupo de mujeres convocadas por la institución se vincularon con internas de la Unidad Penal N°4 y empezaron a abrir puertas: ¿quiénes son y cómo viven estas mujeres privadas de libertad? ¿Qué les hace bien? ¿A qué le temen? ¿Quién las marcó? ¿Qué tienen en común entre ellas?

“Ellas se ubican y se subjetivan como grupo, en ningún momento hubo yoes ahí. Todo el tiempo hubo una conciencia de colectivo de mujeres y eso nos sorprendió tremendamente. Las condiciones son espantosas, no tienen ni para comer, ni tampones ni toallitas y se cuidan entre ellas”, aseguró Magdalena Cantamutto.

En noviembre un equipo conformado por una trabajadora social, una licenciada en arte, una psicóloga, una abogada y una socorrista se planteó ingresar al penal e invitó a grupos de mujeres en libertad que quisieran relacionarse con el pabellón de mujeres.

“Tanto las que íbamos como las internas teníamos muchos prejuicios. Generamos una correspondencia entre ambos grupos, se conocieron por relatos, charlamos sobre feminismo de manera poco romantizada y logramos grupalmente una especie de lema o frase que sintetizara lo que habían sentido”, comentó la titular de la SEA.

Agregó que cristalizaron “ese lema en un objeto, lo armaron a trazo alzado en una remera y las intercambiaron”.

La intención es proyectar nuevas acciones para el 2020. “Tenemos algunas ideas pero queremos generar el lazo con la comunidad y que se enteren qué pasa adentro y derribar algunos muros que tenemos como mujeres y con las minorías”.

Cantamutto recordó que “las mismas chicas nos decían ‘ustedes venían y seguro pensaban que nos odiábamos entre todas, que nos robábamos”.

“Una de las problemáticas más grandes que tienen es qué hago cuando salgo. La pregunta que se hacen es ‘¿a mi quién me va a dar trabajo? Es importante animarse a pensar otros laburos para las mujeres, queremos sentarnos el año que viene a pensarlo juntas. Todas tienen penas cortas, es inminente la reinserción al mundo extramuros”.

“La idea también es generar que hay una mujer que te está esperando afuera. Tal vez suene algo naif pero es con la intención de generar un lazo de contención, que sientan que no están solas”, dijo.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional publicó su informe anual en el cual destaca las victimas fatales del último año del gobierno de Cambiemos.

María del Carmen Verdú dijo a FM De la Calle que “indudablemente estamos hablando de la gestión más represora de la Argentina desde la dictadura cívico militar eclesiástica”.

“Se mantiene -como ha ocurrido siempre- que las dos modalidades más importantes, que abarcan el 90% del total, son en lugares de detención y la vía pública por gatillo fácil. Estar detenido o caminar con pinta de joven pobre. Una particularidad en este momento que estamos enfrentando es la crisis carcelaria más grande los últimos años”.
Verdú comentó que “es una situación explosiva, en los últimos cuatro años se duplicó la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Esto también ha sido reconocido a nivel nacional y es igual en el resto de las provincias del país”. Una de las categorías es “femicidios de uniforme”, casos de víctimas mujeres relacionadas con situaciones de violencia machista y patriarcal. “Ese es un dato muy interesante que se mantiene estable y en alza en los últimos años. En los últimos diez días hubo tres femicidios en los que el femicida, además de un macho violento, es un uniformado. Una de cada cinco mujeres víctima de femicidio es también víctima del aparato represivo estatal porque el femicida es un integrante de las fuerzas de seguridad”. Señaló que “es llamativo porque no hay otra ocupación u oficio que tenga tal incidencia en materia de femicidios. Esto demuestra que la violencia machista patriarcal y la estatal se potencian”.
Respecto al nuevo gobierno nacional, Verdú opinó que “estamos difundiendo una lista de medidas que, no solamente son muchas, sino que hay que tomarlas todas. Porque estaría muy bien, como anunció la ministra Frederic que está analizando derogar la resolución que habilita a la policía a disparar por la espalda o la de los ofensores de trenes que permite detenciones arbitrarias”.
“Estaría fenómeno que lo deroguen, pero si a la vez no retira del Congreso el proyecto de Código Penal, que establece las mismas normas en el art. 34 o se mantiene el conjunto de facultades para detener personas arbitrariamente que tienen todas las policías del país, es muy difícil lograrlo”.

(Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**) Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FOMECA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.

La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FOMECA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.

El FOMECA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FOMECA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos. https://www.farco.org.ar/trabajadores-y-trabajadoras-de-medios-comunitarios-y-populares-sin-nada-que-festejar/

Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FOMECA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FOMECA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.

Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.

* Profesora de Filosofía (UBA) – @Brendinit1

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) – @sajaneiro

Publicado en La ventana de Página/12

(Por Julieta Oder – Fotos Cutura Andante) El sábado 30 de noviembre, entre FM De la Calle, el Centro Cultural La Panadería y trabajadorxs de distintas ramas de la cultura, organizamos el encuentro ¡Latinoamérica despierta!

Nos movía el deseo de visibilizar lo que estuvo sucediendo en Nuestramérica durante los meses de octubre y noviembre.

En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas activó sus bases sociales y cuestionó el esquema económico en el marco de los recortes a los subsidios de combustibles que exigía el FMI.

En Chile, el descontento por un aumento del pasaje del metro anunciado por Piñera terminó erosionando el sentido común neoliberal que llevaba treinta años de legitimidad. Las expectativas que la potencia del norte depositaba en el resto de los países de la región de imitar ‘el milagro chileno’ se derrumbaron cuando la sociedad perdió el miedo.

En Bolivia, un golpe de estado de una clase racista y poderosa interrumpió la continuidad del gobierno constitucional de Evo Morales, provocando protestas en varios lugares del país y, la reacción de la derecha con mecanismos de represión.

En Colombia, movilizaciones masivas y tres paros generales en pocas semanas cuestionaron el paquete de medidas neoliberales de Duque.

En Haití, una revolución silenciada está siendo fuertemente reprimida.

Un mapa latinoamericano en movimiento nos interpeló a abandonar el lugar de espectadores detrás de las pantallas y la queja vacía sobre “lo mal que está todo”.

En este sentido, el objetivo del encuentro que organizamos fue pronunciarnos en contra del golpe y las violaciones a los derechos humanos a través de la vivencia de los cuerpos. Tomar los ejemplos de lxs activistas y sectores populares chilenxs que experimentaron intervenciones en la dimensión de lo público. Por eso mismo, el spot que invitaba a la jornada decía,  “apagá la tele y vení a la calle”.

En Bahía Blanca, días antes, la CTA había convocado a una marcha en contra del golpe en Bolivia que contó con la participación de la comunidad boliviana en Bahía Blanca. Y días después, organizaciones políticas y sociales, haciéndose eco de iniciativas similares en otras ciudades del país, conformaron un Comité en solidaridad con Bolivia, Chile y los pueblos latinoamericanos. El encuentro ¡Latinoamérica despierta! fue, de alguna manera, la continuidad de aquella serie de expresiones políticas y callejeras.

FUSIÓN ENTRE ARTE Y POLÍTICA

Armado de gacebo y de mesa con los equipos de la radio. La propuesta de radio abierta consistió en profundizar sobre tres ejes de debate, en vinculación con el escenario del Cono Sur: el rol de los medios de comunicación en el derrocamiento del gobierno de Morales, con Joaquín Baridón y Mariela Dobal; el uso de las religiones en la política estatal a cargo de Aníbal Sicardi y Leticia Batista y; sobre el estado de situación política, económica y social del mapa regional, con los análisis de Francisco Cantamutto y Lucas Castiglioni.

NuevoDrama, Milpuentes, La consentida, UMSur, Demorados, lxs músicxs Alejandro Rodríguez y Marianela Pacheco e integrantes del Taller de composición escénica TM/2museos fueron quienes se acercaron para solidarizarse a través de distintos lenguajes artísticos.

En simultáneo con las presentaciones en escena, se confeccionó entre muchas manos una bandera wiphala,  que luego se colgó a modo de telón de fondo en el escenario. Visibilizar la wiphala, que simboliza la igualdad entre los pueblos, fue un acto político y cultural en tiempos  en donde las derechas eligen quemarlas y reemplazarlas por las banderas de los estados nacionales.

Pareciera que, una vez más, América Latina busca sacudir los viejos modelos liberales y nos deja expectativas de renovación. Procesos de luchas y resistencias como los que estamos viviendo, por más que no devengan en grandes transformaciones, dejan sedimentos, en niveles de organización y conciencia sobre la necesidad de acabar, de una vez por todas, con los privilegios de algunos pocos.

El titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, compartió con FM De la Calle su experiencia como integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano que viajó días atrás al estado plurinacional.

Describió el clima represivo de la dictadura de Jeanine Añez, la indefensión de las víctimas y sus familias y la persecución a los sectores opositores a los golpistas.

Evalúan presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia de nuestro país.

“El objetivo era entrar y no prenderse en ningún tipo de provocación. Entrar y escuchar a las víctimas. Pudimos encontrar un lugar tranquilo y dedicarles mucho tiempo a los familiares de las víctimas y a todos los que están sufriendo la represión”, relató.

El primer ataque ocurrió al llegar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra donde un grupo de civiles agredió a la delegación ante la inacción de la policía.

“Era previsible porque hay una intolerancia en la sociedad que apoya al golpe muy grande, hay una venganza, una revancha a todo el proceso que empezó este grupo de pueblos originarios, de movimientos sociales, de equilibrar la balanza y repartir igualitariamente las riquezas”. Luego, el ministro golpista Arturo Murillo les amenazó abiertamente.

“Si a nosotros nos trataron así, no se imaginan lo que están padeciendo los militantes, los dirigentes sociales y de pueblos originarios. Se tienen que mover cada tres o cuatro días a distintos domicilios para que no les pase nada. Les están rompiendo las organizaciones, las están debilitando, es realmente horroroso”, comentó.

Pimentel manifestó que en Argentina “hay una grieta que ojalá empiece a achicarse, pero allá se ha hecho un cráter de una medida tan grande que va a costar muchísimo remontarlo”.

Destacó “el grado de perversidad que hubo en los ataques”. Por ejemplo, en Senkata, “pusieron todas las armas militares en contra del pueblo para cuidar una planta de gas de petróleo, mandaron diez tanques de guerra, dos helicópteros, y desde ahí fue desde donde más dispararon y más mataron. Las heridas mortales fueron todas arriba, en los hombros, en los brazos, la cabeza. Eso da las claras desde donde tiraban. Gente que iba a trabajar, que estaba trabajando, que pasaba por ahí, fue victima de esta locura”.

“Lo grave también es que no tienen un Poder Judicial donde hacer la denuncia. No hay ningún abogado -pero ninguno, eh-, hemos hablado con dirigentes de alto rango del MAS que están escapando antes que los metan presos y no tienen abogados que los defiendan. Todos los abogados de la matrícula en Bolivia, por miedo o vaya a saber qué, no están queriendo tomar casos y representar a las víctimas. Nos pidieron ver de qué manera podemos acompañarlos en la búsqueda de defensa”, afirmó.

El dirigente dijo que están sistematizando el material recogido y avanzar en una denuncia por delitos de lesa humanidad en los tribunales argentinos.

“Hay personas que están heridas y escondidas porque los pueden llegar a meter presos y otros están en hospitales públicos pero a la espera de elementos para la operación. Están como depositados. Por eso vinimos con esa misión de ver como se canaliza a través de Cáritas, ver si Cáritas de Argentina puede hablar con Cáritas de Bolivia y darles una mano hasta tanto el gobierno se haga cargo”.

La delegación comprobó “hechos gravísimos como tener detenidos a menores con problemas de retraso madurativo acusados de sedición, terrorismo y tenencia de arma de guerra porque fueron detenidos por vecinos de un barrio de clases medias altas y, por temor de que les vayan a robar, los vecinos los detuvieron, los ataron con alambre, les pegaron, vino la policía y les plantó todo esto que digo. Fueron llevados presos a un instituto de menores. De esta manera justifican que hay toda una banda de terrorismo que está asolando Bolivia y siguen justificando la represión”.

“Hay personas desaparecidas. La última reunión que tuvimos fue con dirigentes del MAS, le hicimos esa pregunta, nos confirmaron que sí y la otra característica es que hay tanto miedo que no lo han denunciado en ninguna parte. Primero porque no hay quién les tome la denuncia y, segundo, porque hay un temor muy grande de que los salgan a buscar y les pase algo a los familiares”, sostuvo.

Pimentel opinó que en “cualquier escenario que se dé que gane algún sector contrario a esta banda de golpistas delincuentes le va a ser muy difícil gobernar. (…) Y si gana esta gente que ha arrebatado a través de un golpe la vida política de Bolivia creo que el grado de venganza va a ser muy fuerte y van a volver a la política de sometimiento de los sectores más pobres”.

“Eso va a llevar a que los grupos, las organizaciones sociales se endurezcan mucho más y salgan a defenderse y ahí puede producirse una cosa muy compleja, dios quiera que no porque va a costar muchas vidas humanas, ya las está costando”.

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.