La disputa por la Justicia y la Memoria

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Casi la totalidad de los genocidas condenados y en prisión por delitos de lesa humanidad configuran grupos de riesgo, ya sea por su edad o por alguna patología de salud.

En el marco del aislamiento por la pandemia del coronavirus muchos aprovechan para pedir la prisión domiciliaria. La abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, comentó en FM De la Calle cuál es la realidad de las cárceles y de los genocidas detenidos.

“Es una vieja discusión respecto si la condición etaria es motivo de otorgamiento de prisión domiciliaria. Muchos tribunales han dicho que no. Las condiciones sanitarias mínimas no son las condiciones de los pabellones de quienes están condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría de ellos fueron trasladados al complejo de Campo de Mayo, allí hay pabellones acondicionados y hay a seis minutos dentro del complejo el Hospital Militar, son condiciones que nada tiene que ver con las cárceles”.

Godoy agregó que “hay algunos jueces que están esperando algún tipo de decisión en materia de salud pública más genérica. En otros países se están tomando medidas que tienen que ver con el aislamiento a determinados grupos de riesgo y, por otro lado, según el tipo de delito, hay personas que están privadas de su libertad porque están por delitos con poca cantidad de pena, como por ejemplo por comercialización de estupefacientes. Hay jueces que dicen que hasta ahora no hay ninguna medida del Poder Judicial, en cambio otros jueces sin preguntar a la querella, sin pedir informes de condiciones otorgan las prisiones domiciliarias”.

A 44 años del comienzo de la dictadura cívico militar eclesiástica, Godoy destacó una anécdota: “Hace unos años un grupo de militantes habíamos ido a España, se habían hecho unos paneles sobre genocidio, en el momento en que se trataba de abrir las causas contra el franquismo. Los argentinos estábamos con que solo teníamos imputados a 200 genocidas, de que la mayoría estaban con domiciliaria y, en realidad, cuando se ven las posibilidades de justicia de los pueblos del mundo ante el genocidio nos damos cuenta de que como pueblo hacemos y hemos hecho cosas maravillosas”.

“Hemos podido construir esa memoria, ese valor. Lo tenemos que destacar siempre, más allá de todos los avatares, de lo que se sufre. Es algo que nos construye como pueblo. El valor es que el Movimiento de Derechos Humanos es mucho más que los organismos de derechos humanos sino todos los que disputan la memoria todos los días”, finalizó.

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“Queremos mantener viva la memoria y los juicios de lesa humanidad”

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Debido a la pandemia por coronavirus y el aislamiento social, este año no habrá acto ni movilización por el 44º aniversario del golpe cívico-militar. Los organismos de derechos humanos invitaron a colocar un pañuelo blanco en ventanas y balcones para reivindicar la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Este año no estamos en la calle, pero queremos mantener viva no solo la memoria de los 30 mil desaparecidos, el repudio al golpe y el reclamo justicia sino también la realidad sobre los juicio de lesa humanidad”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA.

Patrignani destacó que “lo que queda es juzgar a los responsables del genocidio y la desaparición de los 30 mil compañeros, no nos parece que ayude a la memoria y a la justicia decir que ya es hora de terminar con esto. Esperemos que se agilicen los juicios después de cuatro años de trabas que puso el macrismo. En Bahía comenzó el juicio a la Triple A, emblemático, con este tema de la pandemia se suspendió pero seguiremos peleando por Memoria, Verdad y Justicia”.

El documento de la Multisectorial por los Derechos Humanos destacó el impacto de la deuda externa en nuestro país. Patrignani afirmó que “es una cuestión central para la democracia, es una herencia que viene desde la época de la dictadura, que fue denunciado, que fue investigado por el juez Ballesteros y fue reconocida su ilegitimidad”.

“Es una continuidad de una política que nunca se animó a tratar el tema seriamente cuando hay elementos para declararla odiosa. En la actualidad existe la Campaña Nacional por la investigación de la deuda, que encabeza Norita”, concluyó.

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¿Qué pasa con los juicios de lesa humanidad?

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En el marco del 44º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió el estado de situación de las causas que se tramitan en el país. Son más de 968 los genocidas condenados y 156 los absueltos entre los más de 3000 investigados. Se destaca la continuidad del incremento de las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios desde 2015 hasta la actualidad.

En Bahía Blanca, días atrás comenzó el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad el cual involucra por primera vez a civiles que integraron la Triple A. Para esta semana se esperaba el inicio de las declaraciones testimoniales aunque las audiencias fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

El organismo a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos informó que de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20).

Los datos muestran que la mayoría de las causas se encuentran en la etapa inicial o intermedia del proceso judicial y que hasta la fecha sólo 20 causas se encuentran en instancia de debate oral y público.

En este sentido, con respecto a la temporalidad del proceso de juzgamiento, el documento muestra que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 913 a marzo de este año.

Si bien se observa un leve descenso del arresto domiciliario como forma de detención, que desde 2015 venía en aumento año tras año, esto se debe a la baja general de las detenciones y no a un cambio en la modalidad.

Cabe destacar que éstos datos son anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron en los últimos días la morigerarción de la modalidad de prisión con arresto domiciliario.

Por otra parte, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).

Sobre un total de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad -según la máxima situación procesal alcanzada- 968 están condenadas. Hubo 156 absoluciones.

Por último, el informe de la Procuraduría especializada indica una totalidad de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad según la máxima situación procesal alcanzada, de las cuales sólo 968 están condenadas. La cifra desagregada consta de 637 procesados, 544 imputados, 182 con falta de mérito, 156 absueltos, 91 sobreseídos, 70 indagados y 28 prófugos.

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La memoria en contexto de pandemia                    

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(Por Astor Vitali) Este 24 de marzo encontró a las organizaciones populares en una situación para la que nadie se preparó. Este 24 de marzo encontró además al conjunto de las instituciones de la sociedad civil argentina en una situación para la que no está preparada. Lo virtual y las herramientas de comunicación alternativa y comunitaria son los únicos ámbitos en los que se puede ejercer la memoria de manera militante. Sin contacto físico. Sin movilización. En democracia sí, pero con un estado que no garantiza la justicia social sino que –por períodos- apenas es capaz de asistir a los hambrientos y las famélicas, a los malnutridos y las analfabetas.

La paradoja de la jornada es que, en el contexto de marzo, del 24 de marzo, a 44 años del golpe de estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, son las fuerzas armadas del estado argentino aquellas que custodian las medidas de aislación por las barriadas populares y son además, tal vez, junto al sistema de salud (fragmentado en lo público y parcialmente privatizado) las únicas instituciones preparadas en términos de disciplina y despliegue territorial a las que una autoridad democrática puede acudir en este contexto.

Si bien es cierto que hubo reformas durante la democracia, también es cierto que no ha sido la vocación de servicio hacia su pueblo aquello que caracteriza a las armas argentinas sino más bien su formación en doctrinas redactadas en Washington, su tendencia al direccionamiento clasista de la violencia y, en el último período, es decir, durante la etapa Bullrich, la lisa y llana parodia de lucha contra el narcotráfico haciendo videos ridículos en los que combaten contra plantas de marihuana y, por otro lado, disparando a personas indefensas por la espalda (Nahuel) o persiguiendo ciudadanos hasta la muerte (Maldonado).

Y en este punto no hay ninguna paradoja: la pandemia nos toma en las circunstancias concretas en las que encontramos, es un espejo perfecto y por tanto doloroso. Porque, a 44 años del comienzo del último golpe cívico militar, nos muestra cada aspecto de nuestra sociedad de manera clara y sin falsos reflejos.

Somos un país con democracia ininterrumpida en el que las intentonas golpistas fueron superadas. Sí, somos ese país. Nos vemos democráticos.

Somos un país que, en democracia, ha naturalizado que la mitad de su población trabaje en condiciones precarias (con víctimas fatales, personas que mueren por ir a buscar el mango). Sí, somos un país precarizado. Allí ganó Martínez de Hoz. ¿Estamos mejor que otros países, en términos de índices de participación gremial? Sí. Pero ¿deben ser parámetros de referencia unos países más corroídos por el miedo que el nuestro o debe ser parámetro nuestro propio país antes del golpe? Si fuera el nuestro, la comparación es un tanto menos favorable: del otro lado de la Historia, la imagen del espejo del tiempo nos muestra el Cordobazo como referencia de lo que fuimos. Una foto que muchos progresistas han sacado de sus mesas de luz para confinarla en los manuales de Historia.

Somos un país que, en democracia ininterrumpida y con un feriado por la memoria, ha aceptado como un hecho natural, casi maldito, que un tercio de su sociedad sea población de descarte, con derechos nominales pero imposibilidad concreta de ejercerlos, subalimentadas, desnutridos, analfabetos o analfabetas funcionales, marginales, sujetos a los que la política apela de una u otra forma –para votar o para movilizar- pero a quienes les está vedado superar su condición estructural y, cuando ocupan algún lugar público, es desde el sitio de la excepción y hasta de aval filosófico meritocrático.  El país de los y las 30.000 es también el país que no tolera el 2×1 para los genocidas pero  que –contra el mandato histórico de justicia social de los caídos y de las caídas- acepta sin mayor inmutación que vociferaciones formales en misceláneas (un “qué barbaridad, no se puede creer en el hambre en este país” alcanza para tirar unos días con la culpa de clase) la pobreza estructural como condición para garantizar la paz social. Porque si las víctimas económicas de este sistema -que es estructuralmente heredero de Martínez de Hoz, es decir, de la política económica que vino a imponer en Nuestra América el Plan Cóndor- se rebelaran, otro sería el cantar de la paz social de la que disfrutan los que acumulan a costa de la pobreza ajena.

Somos un país en el que las capas medias progresistas matan su culpa de clase con algún consumo cultural y la lectura del diario que fundó el actual vocero de Clarín, pero en el que los ricos gozan de total inmunidad e impunidad, caminando absolutamente libres de condena social concreta por sus delitos económicos y por sus actuales negocios que requieren de un tercio de la población “caída del mapa” para que las cosas sigan como están.

Somos el país que juzgó a la herramienta de aplicación del terrorismo de Estado. Da orgullo decirlo. Hicimos mucho más que otros países que declaman pero concilian con sus genocidas.

Somos el país que apenas se atreve a comenzar a juzgar a los miembros de la sociedad civil que cultivaron el escenario político, económico y cultural que devino terrorismo de Estado. Ojalá las instancias judiciales contra la triple A y los empresarios que llenaron sus arcas con dinero sangriento sean el comienzo de la construcción de un relato que aclare quién es quién en un país donde la culpa siempre es de “los que no quieren trabajar” y sin embargo se la llevan en pala los que nunca trabajan y viven del trabajo ajeno.

La situación de aislamiento obligatorio evidencia también qué grado de capacidad de acción tenemos las organizaciones populares, saliendo de las pompas virtuales del Facebook, el Twitter y el Instagram. Algunas ocupan su tiempo escribiendo comunicados despegados de una situación concreta de emergencia sanitaria y otras apenas pueden dedicarse a la ayuda en un pequeño comedor.

¿Qué rol político juegan las organizaciones populares en este contexto en el que el estado debe necesariamente centralizar las acciones en función de llevar adelante con el mayor éxito posible las estrategias de las oficinas de salud pública? Es público el trabajo que realizan las organizaciones populares en materia de organización barrial en circunstancias normales pero en cuarentena la capacidad de iniciativa política se ve moderada por la pista que otorgue cada gobierno municipal en cada lugar, cada gobierno provincial y el gobierno nacional, con la particular carga de mezquindades y rencillas locales que complica las cosas –no habiendo en los gobiernos locales cuadros de fuste que comprendan la necesidad de articular en pos de la emergencia con todos los sectores y no solamente con los amigos.

La memoria en contexto de aislamiento opera como una foto espejada: somos el país del Nunca Más, del Juicio y Castigo y de las Madres y Abuelas. Pero aún nos debemos la memoria del proyecto político de nuestros caídos y de nuestras caídas. Un proyecto que no acepta los términos de vida del capitalismo autóctono y mucho menos resiste la pobreza estructural naturalizada como sinónimo de democracia.

Si es cierto, como dice el presidente, que luego de esta pandemia “nada será lo mismo” y habrá que discutir las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, pues habrá que prepararse para interpelar cada conciencia por cualquier rincón de que así no va y de que así no vale: la estabilidad institucional a costa del hambre estructural no es digna de ninguna memoria histórica popular.

¿Puede darse esta discusión sin afectar intereses que nadie que hasta el momento haya gobernado estuvo o está dispuesto a afectar realmente? Si no se conmueve la conciencia social desde lo más profundo de las entrañas ideológicas, no hay manera de que nadie banque los cambios violentos que deben operar sobre los violentos que nos hambrean.

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A 44 años del golpe: documento de la Multisectorial por los Derechos Humanos

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A diferencia de otros años, y por la responsabilidad que nos cabe por los riesgos a que nos somete la pandemia, no estaremos en la calle ni en nuestra Plaza de la Resistencia y la Memoria. Pero a 44 años del golpe con el que se inició la dictadura cívico-militar-eclesiástica, hundiendo a nuestro país en la etapa más oscura de su historia, rendimos homenaje a lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs. Y volvemos a decir:

SON 30.000 – FUE GENOCIDIO! 
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

Las FF.AA. ejecutoras del plan diseñado por los sectores dominantes y el imperialismo, se propusieron cortar de cuajo el auge revolucionario abierto por el Cordobazo y remodelar la sociedad en beneficio de esos sectores. Con el accionar previo de la Triple A, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y siguiendo los dictados del Plan Cóndor, la dictadura desplegó el más cruel engranaje represivo jamás visto en la Argentina. Su objetivo fue barrer la organización de la clase obrera en todas sus expresiones, encarnada en una generación que resistió con toda su fuerza y convicción revolucionaria, el empobrecimiento de los sectores populares y la sumisión a los poderes multinacionales. El blanco principal fueron las organizaciones armadas, los sindicatos combativos, los grupos de base, centros de estudiantes y partidos políticos, donde millares de militantes trabajaban para la construcción de una sociedad más justa sin explotadorxs ni explotadxs. Pero el disciplinamiento por el terror alcanzó a toda la sociedad.

El genocidio perpetrado por la dictadura empobreció brutalmente al pueblo trabajador y sumió al país en la más extrema dependencia económica a través del endeudamiento externo con los organismos financieros internacionales. Una deuda ilegal e ilegítima, que venimos denunciando como parte de las políticas principales que implementó la dictadura para someter a nuestro pueblo, su soberanía y profundizar así un modelo de dependencia y dominación. Todos los gobiernos democráticos que sucedieron la dictadura genocida reconocieron la legitimidad de la deuda y se sometieron a tribunales extranjeros.

Más de 500 campos de concentración instalados a lo largo del país fueron el escenario donde se aplicó minuciosamente el plan sistemático de aniquilamiento. El secuestro, la tortura, el asesinato, las violaciones y el robo de bebés nacidos en cautiverio, fueron las herramientas para aterrorizar y disciplinar a la sociedad.

El reclamo y las denuncias, nacionales e internacionales, de familiares, amigxs y organismos de DD.HH. combatieron el silencio cómplice de la Iglesia, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial que denegó miles de hábeas corpus. En la lucha contra la impunidad de los genocidas conquistamos la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que permitió el juzgamiento y condena de un número, todavía reducido, de los genocidas. Los obstáculos y la lentitud en los Juicios de Lesa Humanidad, acentuados por el negacionismo de Cambiemos, favorecieron la impunidad biológica de los acusados mientras que, por razones naturales, algunas Madres fallecen sin ver concretado su anhelo de saber el destino de sus hijos y nietos.

Según las estadísticas oficiales, proporcionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son apenas 200 los genocidas presos en el sistema penitenciario. Entre los condenados, otros 600 cumplen -supuestamente- “prisión domiciliaria”. Se estima que hay 1.590 represores en libertad. Solo una mínima parte de ellos fueron juzgados o se encuentran en proceso.

En esta oportunidad también queremos reconocer a aquellos compañeros y compañeras sobrevivientes del terrorismo de Estado que, con invalorable coraje, aportaron y aportan su testimonio en los juicios y permitieron la condena de genocidas. No podemos dejar de mencionar a Julio López y su segunda desaparición después de haber testificado contra Etchecolatz como ejemplo de esto. Seguiremos reclamando para saber de su destino.

El avance en los juicios impone la inmediata apertura de los archivos de la dictadura para esclarecer definitivamente la identidad de todas las personas involucradas en el genocidio, como, asimismo, la exigencia por el enjuiciamiento y condena a los civiles que participaron activamente.

Desde el retorno a la democracia el movimiento popular ha impulsado infinidad de actos, escraches, denuncias y movilizaciones para enfrentar la impunidad: la teoría de los dos demonios, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, los indultos de Menem en los 90. La crisis y rebelión popular del 2001 y la lucha del movimiento de DD.HH. en ese marco, empujó la etapa de los juicios de lesa humanidad, enfrentando las dificultades para el inicio de las causas y las excarcelaciones en nuestra ciudad.

Nos reconocemos en la tradición de la imprescindible autonomía e independencia de todos los gobiernos en la exigencia de juicio y castigo a todos los genocidas. En ese sentido denunciamos la impunidad en torno al caso de César Milani, jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Fernández, quien fuera absuelto en la causa por la desaparición del Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar, el último ejemplo fue la impresionante movilización popular contra el intento de 2×1 a genocidas del gobierno de Mauricio Macri, quien intento poner un manto de olvido y perdón a los genocidas a través de una ofensiva cultural negacionista, con el objetivo de clausurar los juicios, obturar la memoria y fomentar la impunidad, intentando negar el plan sistemático de exterminio.

Que quede claro, no estamos dispuestxs tanto con dar “vuelta la página” como enunció el actual presidente Alberto Fernández, como con la mirada que plantean algunos organismos cercanos al gobierno de “que en algún momento hay que parar con los juicios; dar vuelta la página porque desde hace 43 años estamos haciendo juicios”. Estos procesos de enjuiciamiento son una demanda histórica, los concebimos como parte de la reparación por memoria, verdad y justicia, que definitivamente no es otra que la reparación al cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y con la sangre de los compañerxs. Como dice el canto popular “Adonde vayan los iremos a buscar”.

En nuestra ciudad celebramos el comienzo del juicio contra algunos de los integrantes de la Triple A. El juicio se realiza después de más de 45 años de sucedidos los hechos. Sus principales responsables: el diputado nacional del FreJuli y secretario de la CGT bahiense, Rodolfo Ponce, y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, fallecieron impunes. Estos juicios para nosotres son de vital importancia y necesidad porque nos permiten poner de manifiesto varios engranajes que fueron necesarios para construir la antesala de la dictadura. En primer lugar, el accionar de la Triple A y su rol. En segundo lugar, señalar a aquellos que fueron parte de la patota con nombre y apellido. Y, por último, el entramado de responsabilidades que desarrollaron y garantizaron la impunidad de estos matones. López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, bajo el mando de Juan Perón, y los sectores enrolados en la CGT identificados con la derecha peronista, dieron forma y sustento a una política de amedrentamiento y persecución a los sectores del campo popular, sean peronistas, marxistas o del tercermundismo.
Tenemos un compromiso ético con la memoria de las más de 600 víctimas a nivel nacional y alrededor de 40 en nuestra ciudad. Creemos que es imprescindible esclarecer ese momento histórico, por ello reafirmamos que LOS CRÍMENES DE LA TRIPLE A SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

No podemos olvidarnos que en nuestra ciudad la IMPUNIDAD tiene nombre y apellido: Néstor Luis Montezanti y Vicente Massot, quienes han sorteado la justicia hasta el día de hoy por su complicidad y participación en los crímenes de la AAA y la dictadura. A dos años de su indagatoria, el juez Walter López da Silva todavía no ha resuelto la situación procesal de Montezanti. Mientras que la investigación sobre la responsabilidad de Massot fue diluyéndose bajo una declaración de falta de mérito que aún debe definir la Corte Suprema.


TENEMOS MEMORIA: NO AL PAGO DE LA DEUDA

En la actualidad la decisión que se tome en torno a la deuda externa es fundamental para el destino del país: con un tercio de la población en la pobreza, una desocupación que supera los dos dígitos y salarios y jubilaciones por debajo de la canasta básica, no hay nada que negociar con el Fondo Monetario Internacional. A esto se suma la necesidad de fortalecer el sistema de salud frente a la pandemia de coronavirus, con inversiones que reparen el estado de abandono que dejó el macrismo. Afrontar los gastos para proveer los insumos y equipos necesarios, incrementar el número de trabajadores de la salud y regularizar las condiciones de precariedad laboral es una razón más para abandonar la consigna de “voluntad de pago”, privilegiando los intereses populares a las ambiciones de bonistas, bancos y FMI.

En el último tiempo la deuda externa fue incrementada brutalmente por el gobierno de Cambiemos, asegurando ganancias a los grupos más concentrados de la economía y generando pérdida de derechos para las grandes mayorías populares. La aprobación de la llamada Ley de Solidaridad Social, con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, esconde detrás del título la decisión de “crear condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública” y se traduce, entre otras cosas, en el ajuste a los jubilados. En este marco de ajuste y crisis reafirmamos que el único camino posible es la decisión soberana de no pagar una deuda ilegitima, ilegal y odiosa. No debe ser el pueblo trabajador quien la pague, sino quienes se beneficiaron de ella.

¡No al pago de la deuda! ¡Fuera el FMI!

El modelo extractivo es una de las claves de los gobiernos de nuestro país: privatización de la economía, utilización de métodos altamente contaminantes para nuestros territorios como el fracking, la ampliación del monocultivo de soja, la utilización del agua para el desarrollo de intereses privados sobre el uso social del recurso, la contaminación absolutamente insostenible de los grandes emprendimientos como el polo petroquímico, son solo algunos ejemplos de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las multinacionales por sobre los derechos de los pueblos.

Los primeros afectados por el modelo extractivista son los pueblos originarios. Las muertes que se vienen produciendo en las comunidades wichis por la pérdida del bosque nativo que los alimenta y la represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado no son más que la continuación del genocidio iniciado hace 500 años. Decimos que la Pacha pertenece a quienes la ocupan desde épocas ancestrales. Como nunca resulta imperiosa la lucha por el derecho a la tierra y la conservación del medioambiente, por esta razón exigimos a los gobiernos la preservación de nuestros bosques, ríos y montañas. El fracking, los agrotóxicos, la deforestación y la megaminería contaminante provocan su destrucción.

La movilización del pueblo mendocino nos marca una impronta a seguir en el marco de una crisis socioambiental sin precedentes: la movilización y organización popular para defender los bienes comunes como parte sustancial de los derechos humanos.

Cada 24 de marzo hacemos memoria sobre lxs caídxs de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas.

En este sentido, reafirmamos que, para garantizar este modelo de acumulación y desarrollo del capital, la represión a los pueblos originarios, desplazándolos de su territorio ha sido fundamental. La militarización de zonas de nuestro país ha sido parte de la estrategia de los sectores dominantes, el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se inscriben en esta política de represión e impunidad. Antes de ayer Patricia Bullrich como cara visible de esta política, hoy de la mano de Sergio Berni en nuestra provincia, por ejemplo, se sigue reforzando una impronta represiva, de mayor poder de fuego a las fuerzas de seguridad en un escenario de crisis social.

Esta impronta represiva toca muy de cerca también a los pibes y pibas de los sectores más empobrecidos, ellos y ellas son víctimas de un discurso racista y estigmatizador donde las policías nacionales y provinciales tienen un rol fundamental en su implementación. Son estas mismas fuerzas las que también siguen estando al servicio de los negocios más espurios de nuestra sociedad, como la trata y el narcotráfico.

Denunciamos el sostenimiento de personal nombrado por la dictadura en la justicia y en los servicios de inteligencia, como muestra del intento de sostener una política represiva sobre la clase obrera. Hace pocos días, una asamblea de trabajadorxs del INTI descubrió que estaba siendo espiada por un personal policial. También denunciamos la criminalización de la lucha social, reflejada en los casos recientes de César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero, y lxs trabajadores de Kimberly Clark. Denunciamos la represión sobre lxs trabajadores de Cresta Roja y lxs docentes de Salta. Exigimos el desprocesamiento de todxs lxs luchadores y denunciamos la utilización de la prisión preventiva como mecanismo represivo.

La llamada “justicia” ha mostrado su carácter de clase, en los recientes casos que sacudieron a Bahía Blanca, como el encarcelamiento a Rosalía Reyes por haber tenido un parto en su casa, y el encubrimiento y los nulos avances en el asesinato de Ángel Almada.

El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y disidencias a través de la masividad de sus reclamos, han interpelado a toda la sociedad política y culturalmente. Hace 44 años atrás la dictadura en el desarrollo de su plan sistemático, ideó torturas y mecanismos específicos sobre los cuerpos de las compañeras y comunidades disidentes; producto de la lucha hemos logrado la tipificación del delito sexual en los crímenes de lesa humanidad.

En el transcurso del 2020 han sucedido más de 70 femicidios en nuestro país, cada 23 horas matan a una mujer y la violencia machista no cesa. El patriarcado se materializa también en la prolongación del mandato de la maternidad obligatoria, los abusos y violaciones y el sometimiento a la clandestinidad del aborto. Acompañamos el proyecto de ley de la campaña nacional por el Aborto, legal, seguro y gratuito.

No queremos dejar de mencionar un hecho que fue silenciado por los principales medios de la ciudad, que es la denuncia realizada ante la justicia por la ex pareja de Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas del ex concejal y titular del gremio de la UTA. Toda nuestra solidaridad con la denunciante y repudiamos el cerco que realiza el poder para garantizar la impunidad.

En el ámbito local, queremos destacar algunos hechos: la ofensiva del gobierno de Héctor Gay y la directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Morena Llanca Rosselló, sobre las normativas que regulan diferentes actividades culturales en nuestra ciudad, construidas y sostenidas por trabajadores y trabajadoras, quienes denunciaron el desguace sobre los derechos culturales y construyeron su defensa colectiva. También en los últimos meses el gobierno de cambiemos en una escandalosa sesión a puertas cerradas del Concejo Deliberante, aprobó un tarifazo de colectivos que ataca directamente al bolsillo a lxs laburantes. No son hechos aislados, es parte de una política para desarticular el tejido social y profundizar un modelo económico excluyente.

En el marco de la pandemia que se está desarrollando, el despliegue de las FF.AA. en las calles habilita todo tipo de arbitrariedades. Si el estado no garantiza las condiciones de subsistencias de los sectores populares, estos se verán forzados a buscar alternativas para la supervivencia económica cotidiana y la respuesta NO puede ser la represión contra aquellos que más padecen la precariedad de la vida. En este sentido, el sábado 21 de Marzo por la noche, un matrimonio, sus tres hijas y su padrino, residentes del barrio Villa Libre, fueron brutalmente agredidos y detenidos en forma completamente arbitraria por efectivos de la policía bonaerense. Denunciamos estos hechos de arbitrariedad y brutalidad policial. Es imprescindible para que el virus no se propague el resguardo en las casas, más allá de actitudes irresponsables de pequeños sectores de la población, es fundamental implementar medidas como el aumento de presupuesto de emergencia para los/as más vulnerables.

En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos de los humanos y las humanas: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud, cultura y justicia.

La crisis mundial capitalista hoy es noticia en paralelo con el desarrollo de la pandemia por el coronavirus. Las rebeliones en todo el mundo contra el sistema, lejos de cesar, aumentan y avanzan en conciencia.

El estallido de la rebelión del pueblo chileno contra las políticas heredadas de la dictadura pinochetista y continuada por todos los gobiernos de la Concertación y la derecha, ha mostrado la verdadera cara del “modelo” capitalista. En Bolivia, desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de los Estados Unidos y el Estado de Israel, lxs hermanxs bolivianxs han sido víctimas de masacres, desapariciones, detenciones y torturas. La persecución a opositores y las arbitrarias detenciones sobre militantes y apoderados del MAS muestran la hipocresía del régimen convocando a unas elecciones que prometen ser fraudulentas. Rechazamos el Golpe de estado y el intento de consolidación en base al posible fraude y proscripción a la fuerza política mayoritaria.

En este marco de avance del imperialismo norteamericano, denunciamos que el Congreso Nacional habilitó las operaciones militares con el ejército yanqui y el rol del Grupo de Lima en la región que pretende asegurar los dictados del norte para Latinoamérica. Rechazamos cualquier tipo de escalada militar sobre Venezuela, junto con el bloque económico impuesto por Trump y el reciente rechazo del FMI a auxiliar a Venezuela para combatir la pandemia.

Una vez más ratificamos que la lucha contra la impunidad de la dictadura, es la lucha para retomar los sueños de los 30 000 basados en un proyecto político anticapitalista. Nos expresamos contra la represión y el hambre, contra la impunidad de ayer y de hoy. Construimos memoria por los caídos y, sobre todo, por el ejemplo y el compromiso que nos legaron. Exigimos Verdad sobre el entramado del terrorismo de Estado y sobre quienes se han reciclado en democracia. Justicia y cárcel común a los responsables militares y civiles del genocidio.

30000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTE!!!!!
MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

/por

“Cuidémonos colectivamente del virus y de la represión”

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(Por Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provinciales para contener su propagación nos confrontan con múltiples desafíos. Por una parte, es necesario que todxs aportemos a la que parece ser, de acuerdo a la experiencia internacional, la mejor vía para contener la circulación del virus, que es limitar al máximo posible el contacto entre las personas para reducir la posibilidad de circulación comunitaria del virus.

Por la otra, el aislamiento social obligatorio dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, tiene graves consecuencias para un enorme universo de personas (trabajadorxs precarizadxs, en negro, quienes dependen de changas, personas en situación de calle, etc.), que, si obedecen la medida, no pueden garantizar una subsistencia diaria. Es decir, para atravesar la cuarentena con dignidad es imprescindible que se contemple la situación de ese 40% de la población que vive en la informalidad. Sabemos, también, que hay muchísimxs trabajadorxs que aún se encuentran yendo a trabajar porque sus patrones no otorgan las licencias correspondientes.

En tercer lugar, quienes por una u otra razón transiten la vía pública, se encontrarán con un despliegue de las fuerzas de seguridad ante quienes deberán dar cuenta de las razones de su desplazamiento, bajo amenaza de imputación penal por los delitos de los artículos 205 (incumplimiento de las medidas tomadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia) y 239 (desobediencia) del código penal.

No podemos desconocer que, si bien hoy, el motivo esgrimido es preservar la situación sanitaria, son las mismas fuerzas de seguridad que vienen cumpliendo su rol represivo frente a los sectores más castigados de nuestro pueblo, responsables de los miles de casos de gatillo fácil y torturas que desde esta organización denunciamos sistemáticamente.

Frente a las disposiciones generales contenidas en el DNU, sugerimos tomar los siguientes recaudos:

•    En cualquier caso que debamos salir a la calle, incluso para pasear al perro, llevar el DNI.

•    En caso de estar exceptuados del aislamiento por razones laborales, llevar un certificado o constancia en el que conste lugar de trabajo y actividad (cada empleador debe proveerlo).

•    En caso de concurrir a asistir personas mayores o enfermas, llevar copia de su DNI.

•    En caso de salir para comprar alimentos o medicamentos, hacerlo en comercios de proximidad al domicilio y elegir zonas con la menor circulación posible.

•    En cualquiera de los casos, avisar a alguien que saliste y para qué, y luego avisar el regreso al domicilio.

•    En caso de ser interceptadx por miembros de las fuerzas de seguridad, mantener la calma y responder clara y tranquilamente el motivo de la salida, exhibiendo la documentación que justifique la salida (pueden ser útiles fotos en el teléfono del lugar de trabajo o del pariente o amigx que se está yendo a cuidar). No nos expongamos a ninguna situación conflictiva innecesaria que habilite la reacción de los uniformados. No les demos excusas para que nos lleven detenidxs.

Seamos conscientes que nada facilita más la implementación del control social que una situación de excepción como la que estamos viviendo, y que de nosotrxs depende que, como escribió Albert Camus en La Peste, la solidaridad prevalezca sobre la especulación y el autoritarismo.

Nos parece sumamente importante que establezcamos redes de comunicación entre las organizaciones del campo popular para estar atentxs ante cualquier situación de arbitrariedad o represión.

CORREPI estará alerta para denunciar cada hecho represivo, porque ante la pandemia las medidas deben ser para cuidar al pueblo y no para someterlo y reprimirlo.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

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Triple A: ¿Será justicia?

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El juicio está en marcha. 45 años pasaron de los crímenes cometidos por muchos más que quienes están sentados en el banquillo. Rodolfo Ponce y Remus Tetu son los grandes ausentes. El ex diputado nacional del peronismo ortodoxo y secretario general de la CGT y el rector interventor de la UNS fueron los jefes de las bandas que asolaron las calles bahienses. Murieron impunes.

Este lunes el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación contra Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Los otrora bravos tripulantes de “la fiambrera” se pusieron el traje de pobres viejitos “sorprendidos” por “esta porquería” que les está pasando.

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la fiambrera, patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, dijo el fiscal a FM De la Calle.

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Se les reprocha haber sido parte -entre 1974 y 1975- de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos, amparada y provista de recursos materiales y de información por parte del Estado argentino. Aceituno está imputado, además, por el asesinato de David Cilleruelo.

“Son las 10 hs, comienza el circo”, escribió Curzio mientras escondía su rostro al flash de nuestra cámara. Minutos después, el presidente del tribunal, Roberto Amábile, provocó el aplauso del público al abrir el debate: “En lo personal, como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”.

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En sus manos y la de sus pares, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, está la posibilidad de demostrar su pesar con hechos concretos y retomar el camino de Justicia que alguna vez conoció Bahía Blanca. El primer paso podría incluir la escucha atenta a quienes tendrán que repetir una vez más sus testimonios, garantizar la agilidad del debate, la regularidad de las audiencias y la presencia de los imputados, evitando el escándalo de verlos más libres que a las propias víctimas.

Un buen inicio fue la aceptación sobre la hora de dos querellas que se sumaron a la de la Agrupación H.I.J.O.S.. La Universidad Nacional del Sur retomará la acusación por el homicidio de Watu -ocurrido en sus propias instalaciones-. El rector Daniel Vega participó de la audiencia junto al abogado Francisco Fuster. Por otra parte, Leandro Aparicio representará a la familia del obrero Luis Jesús “Negrito” García.

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La próxima audiencia marcará el inicio de las declaraciones testimoniales. Será el miércoles 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

La lentitud garantiza la impunidad

“Llegó el día de poder ver a esta gente en el banquillo de los acusados, después de tantas suspensiones y de cuarenta y pico de años del crimen de Watu”, dijo el testigo y secretario de Derechos Humanos de la CTA bahiense, Dante Patrignani.

Mostró su ansiedad por decir lo que tiene para decir: “Sobre todo de las barbaridades que hizo esta gente en Bahía, de denunciar a los responsables. No solamente son los que están en el banquillo de los acusados sino la connivencia del poder sindical de la época, de Rodolfo Ponce, del rector de la universidad, Remus Tetu”.

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Mencionó a aquellos que continuaron su tarea represiva durante la dictadura como Personal Civil de Inteligencia. Es el caso de los hermanos Chisu o del ex presidente de la Cámara Federal: “Néstor Montezanti está en la etapa de instrucción de la misma causa y el juez, después de dos años, todavía tiene que definir su situación procesal. Hay de parte del Poder Judicial una lentitud que garantiza la impunidad”.

Un juicio para ver más allá

“Este juicio nos va a llevar a mirar más allá, la Triple A era simplemente el brazo ejecutor de los blancos y objetivos que otros marcaban”, dijo Julia, hermana de Luis Jesús “Negrito” García.

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Recordó que “hay una declaración del Consejo Superior del PJ de septiembre del 73 donde declaran la guerra al pueblo argentino. Después de que matan a Rucci, cerca de las elecciones que Perón gana con el 62 por ciento, ellos declaran la guerra al pueblo diciendo que había que poner orden, en un país que venía desde la dictadura anterior luchando, resistiendo”.

“Por otra parte abren una batalla campal en contra del marxismo. Marxismo para ellos era todo lo que no siguiera los lineamientos de este grupo del PJ incluyendo a los propios compañeros peronistas”.

Julia comentó que el Negrito “era solidario, en un momento se planteó ser cura, se identificó un tiempo con la Federación Juvenil Comunista y después dejó de estudiar y se proletarizó, se insertó en el sector de la construcción en la Interamerican de White”.

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“Prontamente fue delegado. En una oportunidad lo echan, la gente hace paro y si no lo reincorporaban iban a sumarse otras empresas de alrededor. Eso habla del conocimiento de la gente del lugar. Era un pibe que quizás se exponía mucho, hablaba, discutía, peleaba, no se quedaba nada que decir”.

El dilema del PJ

José Lualdi aseguró que “la Triple A fue creada por el teniente general Juan Perón. Por eso tal vez la mora tenga que ver con la complicidad que ha tenido el conjunto de la dirigencia del PJ de ocultar esta cuestión. El PJ se debate entre aceptar que Perón ideo, creó y desarrolló la Triple A o que Perón era tan irresponsable que llegó a la Argentina enfermo y no podía conducir ni el país ni su fuerza política. Esta hipótesis la descartamos porque Perón condujo el país hasta el día de su muerte”.

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El testigo que relató en la causa cómo fue la interna de la UOCRA en tiempos de la banda paraestatal afirmó que “a los jóvenes parece que le estamos contando algo novelesco, pensar que los autos de la CGT patrullaban esta ciudad como si fueran fuerzas de seguridad, intimidaban, golpeaban, mataban, mandaron al exilio a cientos de compañeros. Si todo esto se ventila, estos 45 años de porfía habrán valido la pena, más allá de la condena que los jueces decidan sobre los cuatro imputados”.

Los crímenes debajo de la alfombra

Verónica, hermana de Fernando Alduvino quien fuera asesinado la noche del 21 de marzo de 1975, dijo a FM De la Calle: “La única expectativa que tengo es que por primera vez se diga que fueron terrorismo de Estado los crímenes ocurridos en un gobierno democrático, legítimamente elegido por el pueblo, con todos los recursos para hacer las cosas dentro de la ley. Que nos hagamos cargo de esto trae luz a muchísimas muertes que han ocurrido durante gobiernos democráticos que se guardan debajo de la alfombra”.

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“Mi hermano era un librepensador, estudiaba Filosofía y Letras, le encantaba enseñar a pensar. Era un militante de la vida y un militante de la vida no puede ser muerto sacado de la cama a las dos de la mañana, por la espalda, arrodillado.  Era tan alto que lo hicieron arrodillar y le dieron 13 tiros en la nuca. Había un mensaje mafioso para el resto de la militancia: si hacés algo podés terminar como él”.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

 

 

 

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Juicio Triple A: la primera audiencia en imágenes

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Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

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Llega otro momento histórico en el juzgamiento del genocidio

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Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

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Triple A: la próxima semana comenzará el juicio

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Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

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Denunciaron a la dictadura boliviana en juzgado bahiense

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El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

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ADUNS reclama que la Universidad repare el daño causado a Rosalía

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La asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente como amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía.

“Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, manifestaron sobre la ex trabajadora de La Gleba condenada a ocho años de prisión.

Este miércoles la defensa oficial apelará el fallo y pedirá la libertad en compañía de diversas organizaciones que se sumaron a la demanda de “ni una presa más por la justicia patriarcal”. Será a las 12 en Estomba 34.

El gremio ya realiza los trámites para participar bajo la misma figura legal, la cual le permitiría “aportar información o conocimiento generado y proporcionado, ya sea de modo escrito con una opinión legal, testimonios o informes”.

Rosalía fue condenada por la muerte de su bebé, al cual no pudo cuidar tras parir sola por haber sufrido un desmayo. “Nuestra Alta Casa de estudios debe reparar el daño que causaron las condiciones laborales en que tenía a esta trabajadora”.

“Tenemos como ADUNS y como UNS un deber moral de aportar en esta situación que ha afectado no solo a Rosalía R. sino también a sus hijos, quienes son víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales de Rosalía, dos de ellos menores de edad y toda una familia, oriunda de Argerich y de una historia de ser trabajadores de la UNS, como lo fue el propio padre de Rosalía”, afirman en la nota dirigida al rector Daniel Vega y a la secretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano.

Recuerdan que Rosalía “criaba sola a sus cuatro niñxs, trabajaba en jornadas de más de 12 horas diarias, totalmente precarizada, sin acceso a derechos sociales que gozamos las y los trabajadores. Cabe destacar que el lugar de residencia, Argerich, es zona semi rural, sin salas médicas, ni ambulancia”.

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“Utilizaron la declaración de ella para condenarla”

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“Lo que se lee entrelíneas de la sentencia es que se tendría que haber dejado morir. Es la única manera de que no hubiera ido presa. Si ella hubiera muerto y sus cuatro chiquitos hubieran sido desparramados en distintos hogares junto a la recién nacida, ahí sí sería ‘R. la heroína’: qué madre, cuánto amor, murió por sus hijos. La exigencia es esa”, señaló en FM De la Calle la defensora oficial Fabiana Vanini.

R. fue condenada por el Tribunal Criminal Nº 3 a ocho años de prisión por no haber auxiliado a su bebé en el parto tras haberse desmayado. Fue un fallo unánime a partir del voto de la jueza Daniela Castaño, con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire. R. está presa desde junio del año pasado en Azul.

“Utilizaron la declaración de ella para condenarla. Usaron las partes que les servían a los jueces para condenarla y desecharon aquellas partes que eran exculpatorias”, dijo Vanini y agregó que “claramente el reproche es moral, ético y clasista”.

En el 2005. R. dio a luz a su hija en la soledad de su casa y luego de una jornada de trabajo extenuante. Desesperada, llamó a sus hijos menores de edad quienes la asistieron y luego se desmayó. Permaneció inconsciente durante varias horas y cuando despertó la bebé había fallecido.

Desde la defensa pidieron la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido desde los hechos. “A ella la juzgan en 2006 y se va un día antes de que concluya el juicio porque el riesgo de la prisión perpetua en ese entonces era absoluto. Tenía 4 hijos menores de edad, se va, le dictan una orden de captura. Ella creía que ya estaba, que la justicia se había olvidado de ella. En junio del año pasado por un reconocimiento de rostro de una cámara de Retiro, se detecta que tenía pedido de captura y, a partir de allí, comienza esta pesadilla”.

Vanini afirmó que “el fiscal (Jorge Viego) la acusa por no haber atado el cordón de la recién nacida y haber atado el suyo. En la sentencia hay un pasaje curioso que muestra la absoluta falta de perspectiva de género: que la defensa no puede plantear que ella no sabía qué tenía que hacer porque R. es una mujer que tuvo 4 hijos y que ya estaba bastante experimentada en el tema. El planteo es un disparate: ¿cómo una mujer madre de 4 hijos no sabe qué hacer en un parto?”.

“El fiscal decía que decir que se había desmayado era ponerse en una mejor situación cuando él no pudo probar lo contrario. Los jueces concluyeron que sí  -lo que es aun más grave- que el desmayo existió pero que de todas formas ella debía haber auxiliado a su hija”.

La hermana de R, Andrea, dijo en FM De la Calle: “Soy enfermera profesional y no sé cómo hacer para atar un cordón. En ese momento que nace el bebé no sé qué te provoca un parto, me parece muy machista lo del fiscal. Yo como profesional no sé hacerlo, me parece muy injusto”.

La víctima trabajaba más de 12 horas por día, con un contrato precario en el frigorífico La Gleba de Argerich, dependiente de la Universidad Nacional del Sur.

“R. tenía 4 nenes, siempre estuvo sola, la luchó, trabajaba un montón de horas, oculto su embarazo por miedo a perder su trabajo. Cuando tuvo a uno de sus hijos le dieron 15 días, no tenía licencia por maternidad y, de repente, de nuevo embarazada. Ella se fue por miedo a que la condenen. Ella nunca se olvidó lo que había pasado, tuvo a su nena, que tiene ahora nueve años y la está pasando muy mal”, contó Andrea.

La defensora agregó que “la pericia decía que era muy probable que ella no pudiera comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Solicitamos al Tribunal que la sobresea en virtud del art. 341, que dictamina esta posibilidad antes del juicio si surge una nueva prueba”.

“El Tribunal nos dijo que no porque de las pruebas no surgía evidente el estado de inimputabilidad sino que era probable. Sumado a que la pericia no se expedía sobre la peligrosidad y que el Código Penal exige que antes de la declaración de inimputabilidad se tiene que analizar si la persona es peligrosa o no”.

Vanini adelantó que apelarán la condena ante la Cámara de Casación. “Vamos a insistir y solicitar el arresto domiciliario. Estamos recibiendo mucho apoyo de organismos y redes feministas para colaborar en la presentación. Nos contactaron desde el Ministerio de la Mujer de la provincia. Conseguir la libertad de R. es el próximo paso. Vamos por eso”.

“Que se haga justicia”, reclamó Andrea.

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Se desmayó en el parto y la bebé murió: la condenaron por homicidio

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Una mujer fue condenada por homicidio a ocho años de prisión efectiva por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando con ello su muerte.

El Tribunal Criminal Nº 3 dictó ayer sentencia sobre el hecho ocurrido casi quince años atrás. Fue un fallo unánime a partir del voto de la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

La mujer, madre sola de cuatro hijos, ex trabajadora precarizada en un frigorífico de pollos dependiente de la Universidad Nacional del Sur, está presa en Azul desde junio de 2019.

R. parió en soledad entre el 18 y el 19 de mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido.

Las pericias establecieron que la mujer “posee carencia de recursos psicológicos básicos o necesarios para asumir los cuidados y responsabilidad materna, sin un tercero en quién apoyarse y que la ayude a sostener esas responsabilidades. Presenta precariedad psicológica para enfrentar por sí sola problemas que involucren los afectos y maternidad de manera adecuada”.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego argumentó que “la justificación que brindó la acusada no resulta creíble”. Consideró que tuvo un “plan para deshacerse de la criatura”.

La defensora oficial Fabiana Vanini señaló que “debido al desvanecimiento, R. tuvo una ausencia de capacidad para poder realizar la conducta ordenada. Fue incapaz de evitar el resultado, por incapacidad física y psíquica, por su historia de vida, el cansancio debido a jornadas de trabajo inhumanas”.

Vanini expuso que “existió omisión del Estado para con ella y la recién nacida, por las condiciones de vida que llevaba, también sobre la inexistencia de tutela laboral para mujeres embarazadas, que R. no podía realizarse los controles de embarazo pues ello le representaba faltar a su trabajo y no cobrar por dicha jornada”.

“Se encontraba en un contexto de vulnerabilidad económica y social y si hacía ostensible su embarazo probablemente fuera despedida, sus anteriores parejas no se hicieron cargo de sus hijos. La imputada se vio obligada por las circunstancias a ocultar su embarazo”, afirmó.

La mujer trabajaba en el frigorífico de pollos “La Gleba” desde las 5 de la mañana hasta las 21. Carecía de derechos laborales, estaba inscripta en el régimen del monotributo.

La jueza Castaño aseguró en su voto que “la inminencia del parto, el alumbramiento sin asistencia, los dolores, el cansancio extremo, el temor por su estabilidad laboral han limitado su capacidad de razonamiento, llevándola a obrar de la manera que lo hizo”.

Pese a esto, la magistrada refirió que “no ha surgido de la causa que la imputada se haya visto frente a una situación extrema que le anulara su autodeterminación al punto de tener que optar entre la propia vida y la de la recién nacida”.

Así propuso, y fue acompañada por D’Empaire y Casas, condenarla a ocho años de prisión por encontrarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación.

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“El proyecto está en las calles”

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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una Jornada Federal y Mundial a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018. “El proyecto está en la calle”, es la consigna de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo.

En más de 100 ciudades del país se exigirá el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019. En Bahía Blanca el pañuelazo será a las 18 en Plaza Rivadavia.

La iniciativa de la Campaña es resultado del consenso de las más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos, que confluyen en la Campaña. Recoge el debate parlamentario y social de 2018, cuando la marea verde salió a las calles a exigir aborto legal ya.

“Este 2020 la Campaña cumple 15 años. Hemos presentado 8 veces consecutivas nuestro Proyecto de Ley. El más reciente garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las exigencias de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte”, aseguraron.

Desde la campaña agregaron que “con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico”.

“El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables. Nuestra demanda es por nuestro proyecto de vida autónomo y por el derecho a decidir en libertad. Por eso, ¡nuestro proyecto está en las calles!”, concluyeron.

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Desnutrición y mortalidad infantil en Salta

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Este año fallecieron al menos ocho niños y niñas menores de un año y medio de la comunidad wichí de Salta por causas evitables.

“Estamos mal, el gobierno está ausente. Como pueblos originarios estamos abandonados. No hay solución para las comunidades, necesitan agua, comida y trabajo”, manifestó a FM De la Calle Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wichí Fwolit (también conocida como Kilómetro 5, cercana a la ciudad de Tartagal) e integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA).

“No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”,  declaró Josefina Medrano, ministra de Salud salteña.  Al respecto, Rojas comentó que “hay zonas que ni la ministra ni gente de Salud han recorrido, elaboraron el informe como si hubieran recorrido todo. Ayer fui a una comunidad y encontré unos chicos llenos de granos en la cabeza, que no mientan, que digan la verdad, que no fueron a todas las comunidades”.

“Se está multiplicando las muertes de los chicos, la desnutrición de chicos y grandes, no hay trabajo y han prohibido el corte de madera, ellos cortaban palo santo y tenían un montón de artesanías para mantener a su familia. El gobierno nos dijo que nosotros como indígenas somos taladores, pero no prohíben el desmonte. Los desmontes producen las inundaciones”, comentó el cacique.

Respecto a las fumigaciones señaló que “hay mucha gente que se puso firme, que no se movieron, a veces están a 200 metros del desmonte. Cuando fumigan contaminan a todos, chicos y grandes. Las avionetas pasan y fumigan”. Dijo que ante la falta de agua potable, se busca la forma de conseguirla y generalmente es juntando de los pozos de agua vecinos en envases de agrotóxicos que recolectan de las grandes fincas.

En relación a la visita a Salta del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que “jamás se ha reunido con nosotros como dirigentes comunitarios, él no quiso dialogar conmigo, yo lo iba a llevar donde corresponde, donde más necesitan ayuda. Dialogó con el intendente, con gente de provincia pero a las comunidades no fue. Estoy disconforme,  hay gente que no tiene documento que jamas van a recibir nada”.

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No comienza el Juicio Triple A

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El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

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CTA denuncia postergación del juicio Triple A

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(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

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