La Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso de las detenciones arbitrarias por parte de la policía a estudiantes que se manifestaban por la aplicación de la ley que establece el boleto educativo.

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, manifestó que “se ha instalado una práctica derivada de la detención por averiguación de identidad o antecedentes y su regulación, que derivó en un uso más extendido de la resistencia a la autoridad como herramienta a la detención”.

“Tienen como herramienta no tomar declaración en las primeras horas, motivo por el cual una persona se pasa 24 o 48 horas en una dependencia policial. Son multipropósito, se las usa en manifestaciones públicas, cuando alguien quiere interpelar a la policía por la detención arbitraria, para el uso indiscriminado de la fuerza”.

Pomares explicó que “la presencia de personas en una manifestación en un lugar no constituye ningún delito sino un derecho que es el de peticionar a las autoridades. No es cualquier derecho sino que es la base del sistema republicano de gobierno. Es, constitucionalmente, el principio fundamental de la organización democrática, de ninguna manera pueden interferir en un acto así”.

El abogado señaló que “hay un aval generalizado del despliegue policial en los territorios que está acentuado en el control de determinados sectores, que suelen ser los sectores de los más jóvenes y los más populares que participan en acciones que confrontan a los poderes políticos”.

“Esto es con el apoyo de distintas órbitas políticas: provincia, nación y municipios que insisten en exacerbar una seguridad pública sustentada en un despliegue policial. Cuando uno delega esas tareas en el control policial, la policía lo hace con los manuales que tienen incorporados en sus rutinas de control territorial que son las prácticas violentas”, comentó.

Pomares concluyó que “nos preocupa el personal no identificable, que sea una práctica extendida que no tiene ninguna justificación, porque el personal policial que participa de una actividad pública lo hace -en el mejor de los casos- en prevención del delito no en el marco de una investigación que requiera algún tipo de tarea de inteligencia de civil. La realización de tareas de inteligencia está vedada por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.

En la mañana de hoy se presentará la denuncia del grupo de estudiantes que sufrieron hostigamiento por parte de policías de civil así como los vejámenes a los que fueron sometidos dos estudiantes tras su detención arbitraria el martes 9 de julio, a doscientos metros de los festejos oficiales por la ceremonia oficial.

El abogado Leandro Aparicio señaló a FM De la Calle que lo ocurrido fue “muy grave. Los chicos describieron todo lo que pasó con precisión quirúrgica. Así va a ser presentado” en la denuncia. “Espero que se hagan las medidas de prueba que deberían haber sido solicitadas de oficio” para luego aguardar “que la fiscalía avance y dar comunicación a Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. A su vez, el letrado informó que lo llamaron en la mañana de ayer desde la Auditoria General de Asuntos Internos para pedir constancia de lo que había pasado.

Respecto del accionar policial, sostuvo que fue “totalmente ilegal e irregular. No solamente en el momento de la aprehensión sino después fue in crescendo hasta ser algo gravísimo: estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablado de vejaciones, de tortura, de apremios ilegales en ese lapso de tiempo que fue bastante corto” entre la aprehensión y las primeras horas en la Comisaría Segunda.

“Estoy seguro que fue la movilización, las organizaciones la que impidió que esto se complique más. A veces en estos casos se le toma indagatoria al otro día” si no fuera por las organizaciones “esto no hubiera sido posible”.

“La fiscalía le dio la orden de libertad y no le formuló cargos. Pero puede ser que en el algún momento le llegue una notificación. No lo creo porque no tiene sentido, no tienen elementos y en definitiva es mucho más grave lo que pasó después que lo que se le pretendía imputar a ese chico”.

Como cuestión de fondo, Aparicio destacó que “lo que hay que visibilizar es que esto no es lo único que le pasó a los chicos sino la persecución que tuvieron por parte policía de civil que no es la primera y que se ha dado ya en otra circunstancias como con los familiares de Daiana Herlein y con los familiares e Katherine Moscoso”.

En este sentido, lamentó que lo hayan “sufrido los chicos pero es bueno que hayan creado una evidencia. Los policías se envalentonaron al ver que eran pocos y jovencitos. Ahora toda la sociedad puede ver cómo funcionan, cómo operan. Para que los policías hagan esto alguien los tiene que mandar”.

Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.

“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.

El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.

“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES  lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.

Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.

Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.

“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.

Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

El pueblo mapuche celebra su Wiñoy Xipantv, “la nueva salida del sol”. El solsticio de invierno marca el inicio de un nuevo ciclo para la cosmovisión originaria.

El lonko Jorge Nawel comentó a FM De la Calle que es una fecha “muy importante porque es el día central dentro de la vida y cosmovisión mapuche. El inicio del ciclo de vida de la tierra y por ende para los mapuches. Estamos felices porque estamos convocando a la sociedad neuquina y ella responde porque queremos que sea una fiesta para el hemisferio sur, la naturaleza se expresa para todos lo que viven en esta región”.

“Es una forma de parar ante una industria tan dañina como es el fracking y la actividad hidrocarburífera. Tiene consecuencias porque hay un sistema que agrede y explota la naturaleza sin ningún tipo de control, en la actualidad hay desastres naturales que son producto de estas grandes industrias criminales”, aseguró el referente de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Fabiana Méndez Calfunao, integrante de Kumelen Newen Mapu, afirmó que el we tripantu “es muy importante para renovar nuestro ser mapuche. El regreso del sol renueva el conocimiento y pensamiento. Nosotros somos parte de la naturaleza y como parte de ella nos renovamos en nuestra fuerza y conocimiento. A pesar de los intentos de dominación y exterminio nuestra memoria sigue viva. Extiendo mi saludo a los presos y presas políticas de los pueblos originarios y a las comunidades que esta en instancia de desalojo y de persecución política”.

Desde la Comunidad Mapuche Urbana de Olavarría Pillan Manke, Mirta Millán dijo que con el nuevo ciclo “la noche es más larga y el día más corto. A partir de realizar la ceremonia nos comunicamos y relacionamos con los elementos de la naturaleza y a partir de prender el fuego sagrado empezamos a dar inicio a la ceremonia”.

Este fin de semana realizaron un encuentro “muy grato porque contamos con la presencia de hermanos de Bolívar, La Plata y Bahía Blanca y los miembros de la comunidad de Olavarría. Fue una instancia de renovación donde pudimos vincularnos con las fuerzas naturales del territorio ancestral. Hemos sentido la fuerza del toqui, del lonko Lautaro y de Calfucura donde hemos entendido qué es lo que nos dicen los abuelos y abuelas para este ciclo”.

“Fue un noche muy armónica y un amanecer con neblina, entendemos que no estamos en el mejor contexto y que nos va a costar pero queremos centrarnos en el buen hablar, el buen pensamiento y el buen sentir. Apelamos a la interculturalidad y a la plurinacionalidad”, afirmó.

Belén Calapeña, integrante del pueblo kolla, sostuvo que “además de ofrendar, festejamos. Tiene que ver con la recuperación de nuestra identidad y calendarios, de a poco lo iremos recuperando como otras celebraciones. Es fundamental para que sea una realidad la interculturalidad y un Estado que reconoce a los pueblos originarios”.

Jorgelina Cárdenas Millapi, desde Sierra de la Ventana, afirmó deseó que “este nuevo ciclo nos permita estar bien de salud, que es una de las cosas más importante. Lo demás va sucediendo con el transcurso del buen vivir”.

“Que esté fuerte y palpitante nuestro piuke (corazón) para ir sintiendo con cada latido. Que se nos permita escuchar y respetar nuestra ñuke mapu. Que nuestra sensibilidad y el sentido de conciencia sea tan grande que podamos contagiar a otros a los que lo único que les importa es la explotación desmesurarada y el enriquecimiento propio. Que la gente que hoy tiene un pequeño o gran espacio de poder se pueda dar cuenta que es tan pobre que lo único que obtiene es mucho dinero. Que nuestra gente esté con mucho newen para seguir en esta lucha”.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

En Lambaré 873, barrio porteño de Almagro, grandes puertas de colores enmarcan la casa de FM La Tribu. Hoy cumple 30 años y festeja toda la semana. Pionera del movimiento de radios comunitarias, encendió el aire 1989.

“Con los sentimientos a flor de piel”, Juana Alfonso definió a La Tribu como “una radio, un centro cultural: es capacitación , es una casona gestionada por la comunidad, es un colectivo. También somos las personas que la vamos atravesando”.

La radialista afirmó que “el colectivo crece y se va transformando a sí mismo con el objetivo principal de luchar por el derecho a la comunicación, por disputar sentido, disputar la cultura como concepto hegemónico. La Tribu existe por sí misma, está compuesta por personas pero lo que hacemos va más allá de cada una de nosotras”.

Juana participa del proyecto desde 2013: “Llegué a partir de la invitación de dos compañeres. Mi paso por La Tribu me cambió a tal punto de no concebir la comunicación si no es comunitaria, no tener ganas de hacer otro tipo de radio que no sea la de la militancia por el derecho a la comunicación”.

A pesar del contexto, La Tribu sigue creciendo: “Vemos que se acentuó la persecución a las radios y medios comunitarios. Este último tiempo hemos conocido el cierre de muchas radios comunitarias, por la economía o por persecución política”.

Desde 1993 La Tribu tiene un Permiso Precario y Provisorio: “En diciembre nos presentamos a un concurso por oposición que se abrió desde el ENACOM. No sin contradicciones porque muchas radios comunitarias no han podido entrar a ese concurso. Nos veíamos entre la espada y la pared porque si no nos presentábamos perdíamos el permiso y ese marco de legalidad. Presentamos los papeles y un escrito solicitando al Estado que regularice y cumpla lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abra los concursos y que se regularice el 33% del espectro para medios comunitarios”.

Entre los festejos programados FM La Tribu realizará dos programas especiales: el miércoles de 10 a 20 (con retransmisión en Bahía por FM De la Calle 87.9 de 10 a 16 y de 18 a 20) y el sábado desde las 14.

“Ante la certeza del fascismo, el silencio, la soledad angustiosa:
La incertidumbre de lo erróneo,
la falla como posibilidad,
lo colectivo como antídoto,
la autogestión entre los dientes,
el encuentro como detonante,
la organización como horizonte de lo posible.

El aire como llamado a la acción.

LA TRIBU 30 AÑOS ENCENDIDA”

“Matías fue nombrando a cada persona que trabajó concienzuda y cariñosamente para conocer su identidad. La figura del tío se robó el momento porque su expresión corporal contenía y expresaba el dolor de esta historia, al mismo tiempo es testimonial de muchas otras historias”, dijo Leticia Batista sobre el anuncio de las Abuelas sobre la restitución del Nieto 130.

Javier Matías Darroux Mijalchuk es hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Hoy quiere saber que fue del hermano o hermana que Elena gestaba al momento de su secuestro.

Batista, integrante del grupo bahiense “Hay que seguir andando”, participó ayer de la conferencia de prensa y comentó sus sensaciones a FM De la Calle.

“El horror implica que las víctimas no solo fueron sus padres sino toda la familia. Dejó muy patente lo que ha causado el terrorismo de Estado en estos años pero, al mismo tiempo, la valentía de estas personas. El tío empezó a buscar al sobrino cuando tenía 19 años”, señaló.

“Es muy fuerte el trabajo de los organismos de derechos humanos, nos acordábamos que la mamá de (Enrique) Angelelli que desde el principio decía que había sido asesinado. También rescatar el trabajo científico de esta búsqueda que implicó exhumar cadáveres, cotejar muestras, muestras de ADN pese a que toda esta conjunción de los organismos y de los científicos es atacada en este momento político del país”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.

Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.

El papá y la mamá

Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.

Las desapariciones

Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.

Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.

Las búsquedas

La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.

Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.

El encuentro

Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.

El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

Fuente: Abuelas.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció penalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad por “la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte”.

“Es la creación de un plan de hostigamiento como si fuera un enemigo interno, son las riendas a la represión de una manera organizada, modificando normas de convivencia pacífica de las reglas de seguridad que están sujetas a supervisión de carácter internacional por respeto a la vida. Todo esto se dejó de lado para tratar de ser un brazo armado de algunos intereses económicos de grandes poseedores extranjeros de territorios nacionales, del despojo de la tierra, y hacer añicos lo que la Constitución manda que es el respeto por los pueblos originarios”, comentó Ernesto Moreau.

El referente de la APDH dijo a FM De la Calle que “se ha destruido el tríptico que cuando cayera la dictadura se estableciera en el gobierno de Alfonsín que eran las leyes de Inteligencia, la de Seguridad Interior y la de Defensa a la Democracia. Esto está hecho añicos por el Ministerio de Seguridad”.

La cartera de Bullrich actúa amparada en la reforma del Código Procesal, vinculada con la utilización de la flagrancia para resolver “cualquier situación que resulte conflictiva en términos políticos y en este caso demográfico”.

“En este camino, el asesinato de miembros de la comunidad utilizando el poder represivo, armas de fuego y tiros por la espalda, es un ensañamiento sobre estos pueblos, haciéndolos pasar como si tuvieran la idea de constituir una república autónoma dentro de Argentina y haciéndolos pasar por subversivos. Cosa que no es verdad, estos pueblos lo que persiguen es que se cumpla la Constitución”, comentó Moreau.

Integrantes de la agrupación Vecinos y Vecinas de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia  realizarán un acto en repudio a la presencia del genocida Eduardo Carlos Videla en el pueblo.

El ex jefe de compañía del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca está libre a la espera de ser juzgado por 52 casos de secuestros y torturas y en un hecho de violencia sexual.

Sandra Martínez dijo a FM De la Calle que “es, lamentablemente, un caso más de los que estamos viendo. En Villa Elisa, que es un lugar muy tranquilo, tenemos una vida cultural muy plena, participa la comunidad de distintas actividades. Somos un grupo de 20 o 25 vecinos que hicimos un trabajo de reparación histórica sobre la memoria de nuestros desaparecidos de la zona, rescatamos trabajos y fotos e hicimos un mural. Ahí es donde se va a hacer un acto de repudio de Videla”.

El represor y su esposa “hace 10 o 12 años que estaban acá, después él estuvo preso y durante ese tiempo, cuatro años, tuvo permiso para visitar a su mujer que estaba enferma. Los primero datos que tuvimos de él es que había amenazado a algunos vecinos diciendo que tenía fotos de ellos, que no lo molestaran”.

“Cuando venía a visitar a la mujer había un despliegue porque venía de Campo de Mayo y, como es una zona muy tranquila, empezó a llamar la atención. Además de su actitud beligerante, los vecinos empezaron a comentar que no era una persona como cualquier otra. Enseguida saltó que era alguien vinculado a la dictadura militar”, afirmó.

Esta tarde se presentará por octava vez en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diversas organizaciones feministas.

Aleida Ríos, integrante de la Campaña local, comentó a FM De la Calle la iniciativa “no habla solo de mujeres, hablamos de otras identidades con capacidad de gestar en el marco del respeto a la identidad de género. La cobertura de la práctica tiene que ser integral y gratuita. Hablamos de las obras sociales. Los mismos objetores terminan enviando a la clandestinidad y no atendiéndolas en los consultorios públicos sino en los suyos privados y cobrándoles”.

El proyecto introduce modificaciones al Código Penal: “Por ejemplo que no se penalice a la persona que decide realizarse un aborto y tampoco se penalice a los acompañantes, sea une efector o efectora de salud, como familiares. Fue un punto reñido porque podemos decir que sacando esta penalización se llega a un punto de comprensión del deseo de interrumpir el embarazo”.

Por su parte, Nelly Minyersky, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirmó que lo que no se puede tolerar “es que se le impongan a una niña de once años, en lugar de preocuparse porque no la violen más se preocupen por que tenga ese embarazo. El Senado no es un organismo de la democracia, en 1994 cuando se reformó la Constitución no se pudo modificar. Poner en el mismo nivel a una persona corpórea y a un feto es algo contrario a toda moral”.

“Los antiderechos como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, están en contra de la democracia. Detrás de la lucha contra el aborto también aparecen aquellos que no están a favor de la Convención de los Derechos del Niño. Mi hijo es mío es decir que el chico no es sujeto de derecho. Y con las mujeres pasa lo mismo. Cuando se está en contra del aborto aparece algo más profundo que es que se está en contra de democracia”.

La directora de la televisora comunitaria Barricada TV fue citada a declarar este martes junto a otros comunicadores y militantes sociales que participaron de una protesta frente a Canal 13 para que Cablevisión y Telecentro cumplan con la ley e incorporen el canal a su grilla.

“Es el reino del revés”, dijo Natalia Vinelli a FM De la Calle, “estamos imputados en una causa ridícula por ejercer el derecho a la protesta”.

“Estamos yendo a declarar, hay empresas que son muy poderosas, que no cumplen con la ley, mientras que nosotros sí. Para nosotros sí hay exigencia para obtener nuestra planta transmisora mientras que del otro lado es un problema de decisión ideológica, hay una empresa que actúa como organismo regulador en lugar del ENACOM”, comentó Vinelli.

Vinelli comentó que “hasta ahora no respondieron siquiera pero los soberbios somos nosotros que estamos ejerciendo el derecho a la protesta. Dijeron barbaridades como que habíamos ingresado violentamente. Nunca fuimos consultados como fuente o protagonistas de los hechos y por eso es tan importante que el sector comunitario exista, porque evidentemente las fuentes que se consultan apuntan a consolidar la posición del medio. Da mucha bronca porque somos medios chiquitos que estamos con la posibilidad de crecer y no podemos ante la negativa de las empresas y del Estado”.

“Son las agendas que queremos construir”

Respecto a las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, en las cuales aseguró que “la comunicación es un negocio”, Vinelli señaló que responde al “nivel de subestimación histórica que tenemos como sector”.

“No hacemos estos medios porque no pudimos hacer otra cosa. Lo hacemos porque pensamos que son las agendas que queremos construir, queremos hacerlo bien, profesionalmente, dando trabajo”.

La comunicadora agregó que si no estuvieran los medios comunitarios, no estaría en agenda “todo lo que tiene que ver con la producción cultural de la vida cotidiana de nuestro pueblo, tampoco habría posibilidad de tener otra perspectiva de mundos sobre los hechos sociales y políticos que suceden, tendríamos que conformarnos con las claves de lectura que los medios de comunicación de masas imponen.

“El aporte que se puede hacer a la toma de decisiones y a la calidad democrática teniendo más emisoras, más pantallas, más fuentes de información es cualitativamente diferente”.

 

 

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, queremos expresar nuestra postura en relación a las afirmaciones del Precandidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizadas el pasado domingo 26 de mayo en el Diario Tiempo Argentino donde afirmó entre otras cosas que: “la comunicación es un negocio (..) la Ley de Medios puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces, y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso (…) El error es pensar que puede una ONG tener una radio y competir con una radio que tiene una capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor. Porque entonces nosotros creamos dos radios pero hay una que concentra la atención del público. Eso es el resultado de no advertir que los medios de comunicación son negocios. En la sociedad moderna son un negocio”.

Como Asociación de Radios que nuclea a cerca de 30 emisoras FM Comunitarias en todo el país (cooperativas, escolares, de pueblos originarios, campesinas y urbanas) y a Comunicadorxs populares, rechazamos rotundamente esa mirada sobre la comunicación que tiene el Precandidato.

Afirmar que la “Comunicación es un negocio” es desconocer no sólo la postura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que afirmó que la libertad de expresión es un “Derecho humano fundamental, base de todos los demás derechos y libertades de las personas”. También es desconocer la historia y la lucha de cientos de organizaciones, quienes desde hace más de 30 años en nuestro país, sentaron las bases de la comunicación participativa y comunitaria, llegando a elaborar los principales argumentos de la internacionalmente reconocida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre de 2009.

Años de lucha y debate público le han costado al sector de medios comunitarios sentar un piso en la sociedad para entender que lxs ciudadanxs tenemos derecho a estar informadxs, a poder elegir distintas voces, a nutrirnos de miradas plurales y trabajar para que todas ellas tengan un lugar en las grillas de canales/espectro radioeléctrico.

Cuando Alberto Fernández habla de una radio comercial en detrimento de una radio comunitaria como aquella con “capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor”, omite decir que esa mayor capacidad se sustenta en el aporte del Estado (en todos sus niveles) a través de la pauta oficial y condonaciones de deudas impositivas, que representan montos mucho mayores al fomento que recibimos como sector por Ley (muchas veces demorado o subejecutado sin mayores explicaciones).

Dejar librada la “comunicación” únicamente al sector privado y empresarial es regalar la posibilidad de disputarle sentido a lxs poderosxs y a quienes definen qué, cómo, y quiénes tienen la posibilidad de acceder a expresar sus ideas y su visión del mundo al resto de la sociedad.

El espectro radioeléctrico es un espacio público, y como tal no puede ser privatizado al mejor postor y sin ningún tipo de control por parte del Estado.

Con esa mirada únicamente “comercial” de la comunicación, aquellos medios que no medimos nuestro éxito en pesos sino en derechos humanos garantizados, no deberíamos tener la posibilidad de gestionar nuestros propios medios, y por ende contribuir a la garantía de esos derechos.

La libertad de prensa no puede ser igualada a la “libertad de empresa”. Y el Derecho Humano a la Comunicación incluye la libertad de prensa pero no se acaba ahí. Implica que el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que fomenten su existencia, desarrollo y crecimiento, diferenciando que la falta de igualdad de condiciones requiere que el Estado genere acciones para su sostenimiento.

Desconocer la Historia, la labor y el paradigma sostenido por los Medios Populares y Comunitarios a lo largo de tantos años, se traduce en una amenaza al “objetivo de democratizar y universalizar el acceso a la información, entendiendo a la comunicación como un Derecho Humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado”. Creemos que tras estas palabras se esconde un guiño a sectores que, tras presiones políticas y económicas, han logrado paralizar una de las normativas más democráticas de la historia que visibiliza las banderas que sostenemos desde los medios populares y comunitarios de comunicación de todo el país.

Deseamos que el Precandidato a Presidente pueda reflexionar sobre sus afirmaciones, escuchar a lxs comunicadorx populares que tienen amplia experiencia y a quienes desde hace más de 30 años sostenemos una comunicación garantizando el Derecho Humano a la Libertad de expresión de los pueblos.

Quienes somos parte de AMARC Argentina no sólo sostenemos medios de comunicación sin fines de lucro de manera ininterrumpida y a pesar de los diferentes contextos políticos sino que investigamos, formamos nuevos medios y nos capacitamos para que la sociedad en la que nos desarrollamos incorpore y haga propia a la Comunicación como un derecho humano y no como un negocio.

SIN MEDIOS COMUNITARIOS, NO HAY DEMOCRACIA

AMARC ARGENTINA

El candidato presidencial Alberto Fernández, en diálogo con Tiempo Argentino, declaró que “la comunicación es un negocio” y afirmó que no se puede “dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial”.

Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Radio Sur de Parque Patricios, comentó en FM De la Calle que “es errado sostener que la comunicación es un negocio por el peligro de que si no es rentable un medio tiene que cerrar, como lo que ha pasado, muchos colegas se han quedado sin trabajo, muchos medios han cerrado. El derecho a la información y la pluralidad de voces son condición para que exista una democracia”.

Respecto a la Ley de Medios, Fernández sostuvo que sirvió para “ganar la batalla cultural”. Martín, sin embargo, señaló que “primero, la gente que se empezó a dar cuenta qué era Clarín un poco antes, cuando fue la pelea con el campo en el kirchnerismo, cuando se empezaron a dividir las aguas. Ahí, en todo caso, empieza la batalla cultural. Porque si él está repitiendo que es un negocio es que la batalla cultural no se ganó del todo”.

El candidato del kirchnerismo declaró: “Tenés que buscar cosas más ingeniosas que decir le doy un tercio del espectro radial a una ONG. Porque la realidad es que esa ONG, o esa universidad, no tiene capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de dinero para traccionar personas y audiencias”.

Martín retrucó que “da a suponer que hay dos formas de hacer comunicación: medios comerciales rentables y, por otro lado, están los medios comunitarios que no tienen capacidad de sobrevivir sin el Estado. Hace 40 años que existen los medios comunitarios, antes que la ley y el Estado los reconozca. Hoy el sector privado es quien mayor pauta recibe, por lo cual, es al revés: el Estado es quien ayuda a que los medios privados sean rentables”.

“De la implementación misma hay saldos positivos, si bien no se logró democratizar todo el mapa de medio, el problema es el porqué: porque los artículos que tienen que ver con la desconcentración fueron judicializados, tampoco hubo voluntad política de democratizar ese 33% de espectro a medios no comerciales”.

“Sí, en cambio, en un montón de otros lugares más alejados se avanzó en permisos y licencias. Ahí hay una mirada porteñocéntrica de Fernández, donde por ahí las pocas radios que existen en esos pueblos son comunitarias porque al resto del mercado no le interesa”.

“También porque la ley crea la Defensoría del Público que es una experiencia novedosa a nivel mundial, que tiene como rol defender a las audiencias, que han hecho una tarea de capacitación y formación a medios comunitarios en todo el país. El FOMECA es un fondo que el Estado redistribuye para emisoras y que puedan renovar equipamiento, hacer contenido, campañas, etcétera. Hay toda una parte que omite en esta declaración y que todavía subsiste en la ley pese a los decretazos de Macri que la podaron”.

Las declaraciones del ex jefe de gabinete merecieron también críticas de Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández y defensora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte en la causa que trató las quejas del Grupo Clarín.

“La comunicación NO es negocio. Es un derecho. La ONU ha dicho que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental. Y vos sabes tan bien como yo que los derechos humanos no están pensados o diseñados con perspectiva comercial. Por eso la comunicación, entendida como el derecho de expresión y de acceso a la información, tiene en las democracias resguardos especiales”, twiteó.