Así lo destacó Santiago Rey, periodista y director de En Estos Días de Bariloche, en comunicación con FM De la Calle luego de cumplirse cuatro meses del fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel.

Rey comentó que esperan una pericia “fundamental que permitirá determinar cuál de los prefectos realizó el disparo mortal que le causó la muerte”. La semana pasada se conoció “otra pericia para entender cuál fue el marco en el que se dio ese avance de prefectura sobre la Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi”.

Hasta el momento “se comprobó que Rafael no tenía pólvora en las manos y cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura sí”. Además, hace dos o tres semanas se supo que la Prefectura efectuó “114 disparos”. “Algunos prefectos llegaron a descargar dos o tres cargadores completos de sus fusiles MP5, lo que da cuenta de que se trató de una cacería”, aseguró el periodista.

“En la inspección ocular, testimonios, etcétera, no se puede dar crédito de la existencia de un enfrentamiento o tiroteo como planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ausencia de pólvora en las manos de Rafael termina de confirmar que efectivamente los fueron a buscar”. Por otra parte, de acuerdo a la inspección ocular, “los disparos de Prefectura se efectuaron 1000 metros dentro del territorio”, es decir que ingresaron sin orden judicial.

“Lentamente se va conformando el escenario para tener claridad sobre lo que sucedió, falta el dato relevante: de qué arma de todas las que utilizaron, más de 20”, se ejecutó el disparo.

Rey comentó que formalmente no hay imputados. “La causa -a pesar del intento de los abogados de la familia para que se cambie la caratula a ‘homicidio culposo’- sigue figurando como ‘NN sobre muerte dudosa’ y, a raíz de esta decisión, quedaron imputados (y detenidos tres días) dos jóvenes: Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes estaban en la comunidad el día del ataque y cuando hirieron a Rafael son quienes bajaron el cuerpo buscando ayuda”.

Luego de lo ocurrido con Rafael Nahuel, con la presencia de reuniones de funcionarios del G20 y por “los fantasmas de los saqueos ocurridos en diciembre unos años atrás”, Bariloche estuvo militarizada durante el verano, con una presencia policial muy importante y un remanente de oficiales en la actualidad. Sin embargo, “no se produjeron hechos violentos salvo lo ocurrido después de la extradición de Facundo Jones Huala. No es el mismo panorama que en otros momentos”.

(Fotos de Alejandra Bartoliche - Patagonia Fotopress)

(Fotos de Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)

“La semana pasada hubo un anuncio de reestructuración interna de Gendarmería para llegar más rápido a los conflictos: 800 gendarmes se van a instalar en la Patagonia, distribuidos entre Neuquén y Río Negro (Bariloche)”.

En relación a la Justicia mencionó que hay impunidad en relación a varios casos: la búsqueda de los restos de Daniel Solano, los responsables del asesinato de Atahualpa en Viedma. “Es una provincia donde el estado ha protagonizado muchísimos hechos represivos, de gatillo fácil, represión institucionalizada, y la justicia no ha estado a la altura del lugar que le hubiese correspondido”.

A cuatro meses del asesinato de “Rafita” Nahuel, el director de En Estos Días dijo que “señalábamos como contexto de la marcha de ayer que hubo poca gente acompañando, familia y amigos en soledad, esta sensación de que efectivamente los sectores más pobres son los que ponen los muertos del conflicto social y luego la sociedad los olvida”.

(Enrique Gandolfo / CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego) El viernes 23, la presencia de Nora Cortiñas en la colmada aula magna de la Universidad Nacional del Sur magnetizó a la concurrencia con su palabra sencilla y profunda, con su emoción y su lucidez para comunicar esa enorme fuerza ética colectiva de las Madres de Plaza de Mayo, capaz de conformar una indestructible muralla de memoria ,verdad y justicia.

Una muralla que es a la vez puente hacia la multitud de jóvenes que ovacionaban a esa anciana mujer vital, vencedora del olvido y del rayo cruel de los asesinos y sus cómplices que le arrebataron a su querido Gustavo y a los y las 30 mil.

Nora es hoy la imagen fiel de ese huracán de brava ternura que conformaron las Madres para reclamar la aparición con vida de esa generación rebelde que luchaba por una sociedad sin explotadores ni explotados.

En la sala bahiense faltaba una mujer y su pañuelo blanco. La salud de Celia Korsunsky de las Madres de Bahía le impide hoy, ir a los lugares en la cual su presencia fue infaltable durante 37 años. Sentí la necesidad de decirlo en la sala porque la memoria es también reconocimiento de quienes han dejado una huella en lucha por los derechos humanos en nuestra ciudad.

Una huella indeleble de la cual bien vale recordar hoy, aquel día que Celia estuvo cara a cara con Alfredo Astiz, el verdugo a quien ahora el poder político quiere beneficiar con la “prisión domiciliaria”. Fue un 24 de marzo de 1995, año en que el presidente indultador Carlos Menem iba a conseguir su reelección.

En la Plaza Rivadavia se hacía el acto frente a la Municipalidad. Antes de comenzar vino un estudiante secundario a decirnos que había visto a Alfredo Astiz sentado en la mesa de un bar en la vereda de la calle Alsina, a la salida de la galería Plaza. A 60 metros del lugar donde se hacía el acto.

Si bien sabíamos que el genocida vivía en la ciudad fuimos a comprobar la veracidad del dato. Y efectivamente estaba allí, tomando un café y leyendo una revista. Se sentían impunes y nos provocaba, pese a que pocos días antes (3/3/95 “La confesión”, Página 12) otro marino que había vivido en Bahía, Adolfo Scilingo, había confesado su participación y la de los oficiales de la Marina en los llamados “vuelos de la muerte” de la dictadura.

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Adelante iba Celia con su pañuelo blanco. No llegábamos a 100 los y las manifestantes dispuestos a producir en el centro de Bahía Blanca lo que Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio iban a impulsar en todo el país desde 1997: “donde no hay justicia hay escrache”.

Nos dirigimos entonces por la calle del lado contrario a la mesa del bar. Alguien lanzó la consigna “Astiz cobarde en las Malvinas, asesino en el país”. Cantarla nos daba fuerza para seguir y paso a paso nos acercamos a la mesa en un momento de tensión indescriptible.

El genocida no se movía, impasible fijaba la mirada en la revista. Vimos al dueño del bar con el teléfono en la mano, seguramente llamando a la policía. La calle Alsina se había paralizado. Muchos preguntaban que pasaba, quien era el hombre allí sentado.

Difícil saber cuánto tiempo se sostuvo el repudio. Pero como no recordar a Celia y su pañuelo blanco frente a Alfredo Astiz, sintetizando con su presencia la decisión colectiva de que no los íbamos a perdonar, no nos íbamos a reconciliar e íbamos a seguir pidiendo juicio y castigo.

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Cuando nos fuimos otra vez a la plaza, no sabíamos lo que luego una foto develó: Alfredo Astiz después se va del bar con Salvador Fernández un periodista de la Nueva Provincia y Canal 9, quien vino en auxilio de su amigo.

La presencia de Nora, evocar a Celia nos sigue dando esa fuerza necesaria para decir lo que se cantó como consigna en el Aula y en la calle: cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas.

Y también para que a esta tardía reparación justiciera la acompañemos con la decisión de construir otra vez ese hermoso proyecto colectivo de emancipación y socialismo por el que lucharon los y las que cayeron.

Con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó tres nuevos informes con datos estadísticos sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país. Se trata del Informe estadístico, el Dossier de sentencias -actualizados a marzo de 2018- y el Informe de Trayectorias temporales, donde se publican datos construidos a partir del análisis de los tiempos de las causas, que incluye información a diciembre de 2017.

El 2017 se caracterizó por la cantidad de sentencias dictadas. Fueron 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas.

Durante el año pasado se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates. Entre otras, concluyó la causa ESMA Unificada. Tras cinco años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y el veredicto tuvo por primera vez acreditado la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”.

También finalizó el debate oral “Operativo Independencia I” -donde se investigaron los crímenes cometidos contra 270 víctimas ocurridos en la provincia de Tucumán a principio de 1975-, la megacausa “Juicio a los Jueces” en Mendoza –en la que se juzgó hechos cometidos por ex integrantes de la Justicia Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía provincial y la Policía Federal contra 170 víctimas- y la “Causa de los Magistrados” en Córdoba -donde se condenó a ex magistrados provinciales por hechos contra 75 víctimas-.

Datos generales de la situación de las causas

La Procuraduría evaluó que, aunque el total de sentencias de 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras.

Según el Informe Estadístico realizado por la Procuraduría, a marzo de 2018 se registran un total de 599 causas en trámite, en las que son investigados 2485 personas por delitos de lesa humanidad.

Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.

Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.

Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, las causas que ya se encuentran elevadas a juicio suman 103, pero hasta el momento sólo respecto de seis se dispuso la fecha de inicio del debate. A la fecha, únicamente se encuentran en juicio 15 causas: 12 en la etapa de debate oral y 3 en la de plenario -en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal-.

Por ejemplo, la causa “Ford” en San Martín (provincia de Buenos Aires) es una de las que actualmente se encuentra en etapa de debate, después de transcurrida más de una década desde el inicio de las actuaciones. La investigación sobre los hechos sufridos por los obreros de la automotriz empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal. En 2006, la causa fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín. Pero recién siete años después fue reactivada y elevada a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.

Nueva metodología de análisis: “trayectorias temporales”

 Con el objetivo de conocer y medir las demoras en los tiempos procesales, durante el 2017 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desarrolló una herramienta que permite calcular el promedio de tramitación de causas en todo el país. El concepto se denomina “trayectoria temporal”, y fue presentado a través de un Informe donde por primera vez se dan a conocer los resultados del análisis respecto de las causas por delitos de lesa humanidad.

El análisis de los tiempos procesales en las causas por delitos de lesa humanidad permitió un doble resultado, estratégico para el trabajo de la Procuraduría. Por un lado, permitió conocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones, y al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses.

Además, se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales. Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora.

El Informe también analizó los tiempos desde un corte sincrónico, considerando las trayectorias temporales de las sentencias de 2017. Por ejemplo, la causa que menos tiempo demandó es uno de los tramos de “Campo de Mayo”, mientras que la que cuenta con una mayor trayectoria temporal es “Esma Unificada”, con un total de más de 10 años transcurridos entre el primer requerimiento de elevación a juicio y la publicación de los fundamentos de la sentencia.

Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina

Trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Radiografía de las demoras del proceso a nivel nacional

Informe Estadístico sobre el Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina

Néstor Alende, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca se refirió esta mañana en FM De la Calle a las actividades convocadas en el marco de 42º aniversario del último golpe cívico-militar.

“Como todos los años desde la Comisión convocamos a una reunión amplia, con distintas organizaciones, partidos, agrupaciones, sindicatos y paralelamente hubo también otro encuentro con otras organizaciones con la intención de lograr una unidad aunque sea provisoria, por decirlo de alguna manera, para este 24 de marzo y poder marchar juntos al menos algunas cuadras”, explicó.

Agregó que, “lamentablemente, como pasa año tras año a pesar de nuestros intentos, esto no ha sido posible por la negativa del otro sector. Nosotros entendemos que cualquier agrupación de derechos humanos tiene que ser independiente de los partidos políticos y del gobierno de turno”.

Ayer se hizo pública una Carta Abierta a la cual adhirieron varias organizaciones que coincidieron, “primero, en el recuerdo de los compañeros detenidos desaparecidos, en la exigencia de cárcel a los genocidas, en el repudio en la intención de liberar a los genocidas, a la doctrina Chocobar (…). Son los puntos principales por los cuales nosotros pudimos lograr un espacio de unidad entre diversos actores del campo popular”.

Respecto de la convocatoria planteada para este sábado agregó que harán una marcha que terminará en la ex Plaza del Sol donde se leerá un documento consensuado entre las organizaciones que convocan al acto y se realizarán intervenciones culturales.

Hoy más que nunca:

¡¡¡30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, PRESENTES!!!

 UNIDAD contra la IMPUNIDAD

Este 24 de marzo, a 42 años del golpe cívico militar que dio inicio a la etapa más oscura de nuestra historia, nos encontramos inmersxs en un contexto donde las políticas neoliberales implementadas desde el gobierno macrista y sus aliados, políticos, sindicales y del campo de la cultura y la comunicación continúan y profundizan su avance sobre los derechos de nuestro pueblo.

En materia de derechos humanos la política oficial de desandar el camino recorrido por la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, suma variados atropellos sobre los mismos. Solo basta con recordar el apriete judicial sobre las Madres de Plaza de Mayo; las prisiones domiciliarias a los genocidas; las declaraciones de Nicolás Massot pidiendo “reconciliación”; el proyecto de convertir campo de mayo en un parque nacional; el intento de reducción de las condenas a través de la aplicación del 2×1, el renacimiento de la doctrina de los dos demonios y la desaceleración de los juicios entre otros.

Pero no solo estamos en presencia de un ataque a la memoria de lxs 30000, sino de una ofensiva política y cultural para legitimar e intentar legalizar una avanzada represiva que tuvo sus casos paradigmáticos en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato por la espalda a Rafael Nahuel por parte de Gendarmería y Prefectura en connivencia con el Poder Judicial y gubernamental.

La ola represiva alcanza a la encarcelación de militantes; a las golpizas y detenciones en marchas y a la persecución del pueblo mapuche, por mencionar algunas. Dicha escalada, es propiciada desde las más altas esferas del gobierno, cuando el propio Mauricio Macri recibe y elogia al accionar del policía Chocobar, inaugurando una “nueva doctrina” en la cual las fuerzas represivas tienen luz verde para la violencia institucional, la tortura y el gatillo fácil, como en el caso de Facundo, un chico de 11 años asesinado en Tucumán por las balas de la policía.

Con la misma matriz ideológica liberal de la dictadura en lo económico y lo social, resulta imposible no recurrir a la represión lograr los objetivos de destrucción del empleo, de ajuste sobre los sectores más vulnerables y de disolución de la organización social y política que pueda hacerle frente. Consecuentemente, proponen borrar la historia y terminar con las organizaciones populares, principalmente las sindicales.

Entendiendo que la unidad debe contemplar la diversidad de trayectorias y de proyectos cuando la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en riesgo y que los derechos humanos del presente son vulnerados en cada represión, en cada femicidio y en cada encarcelamiento por causas política, necesitamos el ejemplo de la lucha de nuestrxsdesaparecidxs y militantes que nos antecedieron. Ellxs identificaron claramente donde estaba el enemigo y lograron anteponer en los momentos más difíciles en el país y en exilio, la solidaridad por sobre el sectarismo, la concordia frente al disenso y la unidad de acción entre los diversos proyectos.

Sigamos con su ejemplo y sus banderas en alto, profundizando experiencias que nos han unido en estos últimos años, tales como la lucha conjunta frente a los tarifazos; la marcha en contra del 2×1 y las protestas masivas por la derogación de la Ley de Medios, la prisión de Milagro Sala, el intento de asesinato de la dirigente social Julia Rosales, en contra la reforma previsional y frente a la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

También destacamos que fue esta unidad la que logro que al genocida Etchecolatz, quien fuera hallado culpable de delitos de lesa humanidad, pero también apuntado como el responsable ideológico de la segunda desaparición de Jorge Julio López, se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en diciembre del año pasado.Pero lamentablemente,se supo a horas del 24 de marzo que el gobierno amenaza con dar domiciliaria a Alfredo Astiz, contodo lo que eso significa, un genocida represor y femicida que encarna lo más siniestro de ladictadura. Son 700 los represores que están en sus casas y el único lugar para ellos es lacárcel ypara lograrlo necesitamos UNIDAD.

En el ámbito local, sabemos que este año seguirá habiendo dos actos. Esta realidad nos impone la tarea y el esfuerzo para lograr confluir en una sola manifestación en memoria de nuestros 30.000; porque frente a esto tenemos el avance del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados sobre nuestras conquistas. Somos conscientes que en los sindicatos, los centros de estudiantes, y las propias organizaciones políticas, sociales y territoriales las bases vienen impulsando la necesidad de la unidad en estas fechas. Este es un claro mensaje que debe interpelar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar las mismas.

Por eso sentimos que debemos dar una clara demostración de unidad en la calle, el lugar donde siempre defendimos los derechos humanos y donde le arrancamos a los gobiernos los juicios a los genocidas, y donde ya derrotamos en el pasado el intento no novedoso de los sectores de poder, de dar vuelta de página. Este es el desafío que enfrentamos y que obliga a la práctica de nuestra humildad y solidaridad por sobre cualquier otra cuestión.

En este sentido y para finalizar, entendemos como un sentido de unidad acompañar, adherir e impulsar la participación de nuestro pueblo en las siguientes actividades:

– Jornada de Reflexión que se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca el próximo jueves 22 a las 10 horas.

– Charla debate con Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Aula Magna UNS (Av. Colón 80) – viernes 23 de marzo 19 hs.

– Acto en el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” – Comando Quinto Cuerpo de Ejército (Camino La Carrindanga) –sábado 24 de marzo – 10 horas.

– Todas las actividades de movilización que se realicen en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado.

LA CALLE ES UNA SOLA Y ESTE 24 TENEMOS QUE ESTAR AHÍ MAS QUE NUNCA

¡Unidad contra la Impunidad, en la demora está el peligro!

¡30.000 compañerxsdesaparecidxs, Presentes!

 

Adhieren hasta el momento (miércoles 21 – 12 horas)

Cardumen

Nueva Universidad UNS

ADUNS

Comisión de Apoyo a los Juicios

Conducción del CEHum

CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego

Kolina Bahía Blanca

CTEP

Movimiento Evita

Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo

BloqueHache Humanidades

CEINA –  Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América del Departamento de Humanidades UNS

UmSur

AsTraMyC

APYME

SECASFPI

CTA Pcia. de Buenos Aires

Patria Grande Bahía Blanca

Mala Junta Bahía Blanca

CCC Corriente Clasista y Combativa

MIJP Movimiento independiente de jubilados y pensionados

MUS Movimiento de Unidad Secundaria

FNC federación nacional campesina de Villarino

Obreros rurales de la cebolla

Mujeres Bahia Blanca

PCR Partido Comunista Revolucionario

PTP Partido del Trabajo y del Pueblo

JCR juventud comunista Revolucionaria.

Partido Comunista

Federación Juvenil Comunista La Fede

Asociación Argentina de Actores

Iglesia Metodista

Cura en Opción por los Pobres

Colectivo Pueblo en Lucha

Nuevos Vientos

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca – Daireaux

CONAT – Corriente Nacional Agustín Tosco

Libres e Iguales. Publicación Colectiva

Agrupación El Kincho

Caritas Arquidiocesana Bahía Blanca

Bahiensas Feministas

Voluntariado de jóvenes y memoria Bahía Blanca y la zona

FM De la Calle

Sumá tu adhesión a [email protected] o a [email protected]

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) anunció mediante el Boletín Oficial la derogación de los reglamentos de las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA. La resolución se publica a tres días del cierre de presentación de proyectos y generó consultas del sector comunitario e indígena ante la Defensoría del Público: manifestaron su preocupación ante la incertidumbre sobre la ejecución del fondo.

La Resolución 1803/2018 del ENaCom, publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, deroga las resoluciones 415, 416 y 550 que establecen los reglamentos para las líneas 3, 4 y 5 del Fondo de Fomento Concursable de la Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de las convocatorias para proyectos de producción radiofónica y producción audiovisual, cuya fecha de cierre estaba pautada para el 23 de marzo, y de proyectos de gestión, con fecha para el 2 de mayo.

La Resolución Sintetizada, que lleva la firma del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel Ángel De Godoy, no da precisiones sobre la continuidad de la convocatoria, sobre nuevos plazos o posibles modificaciones a los reglamentos. En el texto completo de la resolución, publicado horas más tarde, se puede leer que se deja “sin efecto el proceso iniciado” y da intervención a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENaCom para adecuar los reglamentos de convocatoria de las tres líneas abiertas del FOMECA.

Explica en el mismo texto que, por recomendación del Ministerio de Modernización, las modificaciones apuntan a evitar que para la presentación de proyectos se solicite información ya requerida en trámites previos. Cita también la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 8 de febrero de 2018 que “efectuó una serie de consideraciones (…) de las cuales se concluye la importancia de fortalecer los mecanismos tendientes a controlar la administración y ejecución de los fondos públicos”.

En enero de 2018 se había publicado, con un año de retraso, la convocatoria a las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA correspondiente a 2017. El procedimiento administrativo para la presentación de proyectos presentó modificaciones sustanciales respecto a convocatorias anteriores y la Defensoría del Público puso en marcha un intenso proceso de acompañamiento para facilitar a las organizaciones beneficiarias la comprensión de la plataforma online y los requerimientos para la presentación de proyectos. Las capacitaciones que brindó la Defensoría en estos meses abarcaron a 120 organizaciones de todo el país. En los encuentros y consultas telefónicas se evidenciaron falencias de diverso orden en el procedimiento de Registro y presentación de proyectos. Algunas de estas deficiencias, y las consecuentes recomendaciones, ya habían sido manifestadas al el ENaCom en la nota N° 740/2017 de la Defensoría del Público y otras se expresan en el informe que recoge el proceso de acompañamiento que se puso en marcha en noviembre de 2017.

Las modificaciones que anticipa la Resolución se anuncian sin que mediara aviso a la Defensoría del Público ni a los sectores beneficiarios del FOMECA y generan incertidumbre sobre la continuidad del fondo, a tres días del cierre del plazo de presentación de proyectos en las líneas de producción radiofónica y audiovisual.

El FOMECA es el fondo creado en el artículo 97 inciso f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09, que destina 10% de los fondos recaudados mediante el pago de gravámenes al fortalecimiento de “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”.

La suspensión del FOMECA perjudica el fortalecimiento de medios y proyectos de comunicación que promueven la participación de las audiencias. Por tratarse de medios sin fines de lucro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró necesario el acompañamiento del Estado y los FOMECA se constituyeron en una herramienta para cumplir ese objetivo.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentará un informe con la descripción de los inconvenientes del sistema de registro FOMECA que se verificaron durante las capacitaciones realizadas con medios beneficiarios. Asimismo, instará al organismo competente a convocar con urgencia a todas las líneas de fomento previstas por la Ley 26.522.

Fuente: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A cuatro meses de la desaparición del submarino ARA San Juan y aun sin ninguna respuesta concreta sobre qué fue lo que pasó con la embarcación, FM De la Calle habló con Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas que se encontraban a bordo del navío y querellante en la investigación.

“Seguimos en la lucha por esto que es tan básico como encontrar a nuestros seres queridos y que, si bien el presidente se expresó en esa línea, entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas” expresó.

Las últimas medidas sobre el caso estaban relacionadas al pedido de licitación para que empresas privadas se hagan cargo de la búsqueda y una recompensa con el mismo fin que fue cuestionada por los familiares de lxs tripulantes del ARA San Juan: “Nosotros le planteamos al ministros y al presidente una serie de medidas para que actúen de manera complementaria una con otra”, manifestó.

“El tema de la recompensa fue propuesta nuestra pero como una última medida complementaria a todo lo anterior que tenía que ver con incluir a la Prefectura Naval Argentina en la búsqueda, incluir a algunos buques específicos que tienen sonares de alta tecnología para detectar cardúmenes de peces hasta mil metros de profundidad, que se han ofrecido a cambio de la logística y no se los ha tenido en cuenta (…), que el buque ruso Yantar se quede, nosotros tenemos información que a fin de mes se retira”.

Consultado por las hipótesis más razonables sobre lo sucedido con el submarino Tagliapietra contó que “hasta ahora, si vamos a los elementos materiales, digamos, que tienen que ver con documentos de la Armada y las últimas comunicaciones, todo va apuntando a que ha sufrido algún grave accidente en virtud de los problemas que tenían en las últimas horas respecto de la entrada de agua por el snorkel y el incendio en las baterías”.

“Lo que sucede es que no hay más datos y la realidad que esos datos por sí solos no permiten establecer con la certeza que requiere una investigación judicial, por ejemplo, para establecer que esa es la causa de la desaparición. Porque estuvieron durante 10 horas trabajando en ese problema. Alrededor de las diez de la noche del día 14 fue la entrada de agua por el snorkel y a las siete y media de la mañana en el último comunicado dieron por resuelto el inconveniente y manifestaron su intención de sumergirse a 40 metros de profundidad para poder descansar. Todo esto en virtud del terrible desgaste que implicó estar tantas horas superficie”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

Miles de bahiensas marcharon por el centro de la ciudad en el marco del Paro Internacional convencidas de ser “la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión”.

“No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras”, dijeron en la Plaza Rivadavia.

Las organizadoras manifestaron que “los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc”.

“Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico”, fueron algunas de las demandas.

En este segundo paro el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito fue otro eje de la jornada, ahora con el debate en marcha en el Congreso de la Nación. “Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres”.

El documento, que abajo reproducimos completo, tuvo un párrafo para las víctimas de femicidios que nos faltan en Bahía Blanca y la zona: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Mónica Esteban, Sandra Arbilla.

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Nosotras paramos contra la violencia machista, el ajuste y por el aborto legal

 

Este 8 de marzo, LAS MUJERES PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos: nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres porque estamos convencidas de que somos la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión.

Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres y por eso hemos llamado este día “Día internacional de las Mujeres Trabajadoras”. En este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras.

Hoy 8 de marzo:

Paramos porque los estados nos empobrecen y explotan y esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Paramos porque existe una brecha salarial a nivel mundial entre varones y mujeres. En Argentina si hablamos de trabajo registrado los hombres ganan en promedio 27% más que las mujeres, y esta brecha es aún mayor en los trabajos menos remunerados. Esto se profundiza cuando consideramos que las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder a cargos jerárquicos por la subestimación de nuestro trabajo (nos vemos obligadas a demostrar “idoneidad” permanentemente). Además la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ocupamos el 54% de este universo laboral, trabajo asalariado precarizado y mal pago que en muchos casos es concebido como mera extensión del “rol doméstico” de cuidado y reproducción que se nos impone, generando a la vez la idea naturalizada de que existirían trabajos que son “de mujeres y trabajos “de hombres”.

Todo esto reforzado por el trabajo no reconocido invisibilizado y naturalizado que se nos impone dentro del hogar. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todos los trabajadores y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta y desigual, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de las familias a través de políticas de estado, sino al interior de estas entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

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En este contexto de recesión económica internacional y de avanzada contra los derechos laborales a nivel mundial vemos que las mujeres también somos principales protagonistas de la resistencia.

En Argentina el gobierno nacional de Cambiemos con la complicidad del FPV, PJ y Massismo vienen llevando adelante un feroz ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para profundizar este ajuste el gobierno impulsa un paquete de reformas (laboral, tributaria, educativa, de la salud y previsional) tendientes a cambiar las relaciones laborales, reducir el gasto público y ahorrarse millones a costa de los salarios y jubilaciones de las y los trabajadores.

Sabemos que los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc.

Hoy encontramos muchos ejemplos de lucha y resistencia por parte de las mujeres a lo largo y ancho del país: docentes y auxiliares en todo el país defendiendo la educación pública, profesionales de la salud con el ejemplo del Hospital Posadas defendiendo la salud pública, enfrentando los despidos como las trabajadoras del INTI, en Rio Turbio, Fanazul y los ingenios azucareros del norte, las mujeres originarias luchando por su tierra y su cultura ancestral enfrentando los procesos represivos de las fuerzas de seguridad del Estado, que van desde la militarización de sus territorios y desalojos. Exigimos el cese de las políticas de criminalización y persecución luchadoras y luchadores sociales y a los pueblos originarios.

Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y por eso les venimos reclamando a las centrales sindicales que convoquen a este Paro Internacional de Mujeres Luchamos por los derechos de las mujeres trabajadoras. No al ajuste. Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico.

Paramos porque en nuestro país anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos clandestinos. Sin embargo, solo las mujeres con mayores recursos económicos pueden abortar de forma segura, siendo las más pobres quienes corren riesgos, resultando muchas veces en su muerte. No podemos seguir tolerando la injusticia social que esto acarrea, constituyéndose el aborto como la primera causa prevenible de mortalidad materna. Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres. En todo esto la Iglesia, con complicidad y aval del Estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente, obstaculizando aún hoy la práctica. Seguimos luchando por la implementación efectiva del protocolo de aborto no punible e interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud. El aborto, en nuestro país, es legal en casos de violación o riesgo para la salud desde 1921; sin embargo no hay protocolos que garanticen esta práctica en todas las provincias, ni información hacia las usuarias, ni profesionales suficientes. El acceso a un aborto no punible es sistemáticamente bloqueado por objetores y objetoras quienes imponen su moral y creencias personales por sobre el derecho a la salud. Así también repudiamos la estrategia del poder de judicializar a profesionales que cumplen con su obligación en el sistema público, como es el caso de Estrella, la médica de Maitén, procesada por garantizar el derecho a abortar. Sostenemos que garantizar derechos no es delito!

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Este martes pasado fue presentado por 7ª vez en el Congreso de la Nación, el Proyecto de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En esto no existen concesiones y cada avance ha sido y seguirá siendo resultado de la lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No nos contentamos con un mero debate, queremos la aprobación del proyecto!!!! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Basta de criminalización a las mujeres y personas con capacidad gestante por abortar.

Tampoco se garantiza fehacientemente el derecho a la anticoncepción a pesar de contar con una Ley Nacional que obliga al estado a proveer los distintos métodos. Las barreras son múltiples, desde la existencia o no de los diferentes métodos anticonceptivos al alcance de las mujeres así como la falta de asesoramiento profesional y acorde a los deseos y necesidades de cada mujer, considerando además que casi todos los métodos están diseñados para nuestros cuerpos, sosteniendo el prejuicio de que la anticoncepción es responsabilidad estricta de la mujer, y sobre nosotras también recae la penalización cuando estos métodos fallan. Todo esto redunda en una criminalización exclusiva de las mujeres, como las únicas responsables de la concepción. No ha y juicio ninguno hacia los varones, lo que marca una visión totalmente patriarcal: las mujeres no nos embarazamos solas.

También denunciamos que la Ley Educación Sexual Integral no se aplica efectivamente, quedando a merced de la voluntad de docentes y directivos de cada escuela el tratamiento de estos contenidos, no siendo curricular y transversal como debería. Luchamos por un estado y una educación laica y no sexista. Separación de la Iglesia del Estado.

Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista Además seguimos sufriendo violencia obstétrica y ginecológica sistemáticamente, la cual es absolutamente naturalizada por lo cual no se problematiza. A pesar de que existe la Ley 24929 de Parto Respetado, ésta no se aplica. Basta de violencia obstétrica!

Exigimos que los espacios de atención pública a la salud realicen sus prácticas con un enfoque transversal en perspectiva de género, sexualidades e identidades disidentes y que no caiga exclusivamente en la voluntad individual de las/os profesionales la necesidad de especializarse en esta perspectiva.

Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Porque en Argentina una mujer es asesinada cada dieciocho horas, y en muchos casos familiares y amistades de la víctima pueden ser también afectadas en lo que llamamos “femicidios vinculados”. Porque la desigualdad y falta de autonomía económica, muchas veces, nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables ante el machismo, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

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Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Monica Esteban, Sandra Arbilla.

En octubre del año pasado producto de la lucha de la familia y las organizaciones de mujeres la justicia dictó una condena ejemplar para el asesino de Micaela Ortega. Esto nos reafirma que el único camino para lograr justicia es la visibilización y la lucha.

En Monte Hermoso a más de 2 años del femicidio de Katherine Moscoso en el cual se implican todas las tramas del poder político local, la familia debió luchar públicamente para que el fiscal del Cero realizara alguna acción en la causa.

Al día de la fecha no hay ningún procesado por este crimen.

Nos falta la maestra Vanesa Castillo quien fue apuñalada y muerta en Santa Fe por Juan Cano, un ex convicto. Las noticias relacionaron el crimen a un intento de robo, mientras que nosotras sostenemos que el crimen podría estar vinculado a una denuncia que hiciera Vanesa relacionada con un abuso sexual hacia de sus alumnas. Este crimen pone de manifiesto el desamparo en el cual quedan las trabajadoras cuando denuncian las situaciones de violencia que constatan. Acompañamos la lucha por el esclarecimiento del crimen y justicia por Vanesa.

Pedimos total esclarecimiento del asesinato de Sandra Arbilla, quien fuera encontrada en su lugar de trabajo con 30 puñaladas en su cuerpo.

Reclamamos justicia para Camila Borda de 11 años quien fuera violada y asesinada, en la ciudad de Junín, como así también denunciamos la represión por parte de la policía hacia los vecinos de Camila quienes fueron los que encontraron y reaccionaron ante su asesino.

Luchamos porque no queremos ni una muerta más por violencia machista, exigimos ¡NI UNA MENOS! Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias genuinas destinadas a la atención integral de mujeres en situación de violencia. Refugios accesibles y sin requisitos burocráticos para las mujeres y sus hijxs, atendidos con personal con perspectiva de género. Apoyo económico, planes de vivienda, asesoramiento legal y asistencia integral a cargo del Estado y las patronales para las víctimas. Exigimos rendición de cuentas y visibilización de las acciones de la dirección de políticas de género.

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Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones y la invisibilización de nuestras luchas. Pedimos el Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Paramos porque se invisibilizan los crímenes de odio hacia las identidades disidentes (lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, bisexuales). Exigimos la absolución “Higui” procesada por defenderse ante el intento de violación y castigo a sus agresores. Exigimos la anulación del protocolo represivo contra la comunidad LGBTIQ.

Paramos porque exigimos al estado la aprobación y cumplimiento y presupuesto para el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans a aplicarse tanto en el ámbito público como privado. Acceso a la salud integral, protección de las infancias trans, libres de violencia y patologización en las instituciones. Acceso a la educación, promoción e inclusión de las personas trans dentro de todos los niveles educativos. Creación de un área específica de contención y seguimiento de personas trans, organizando las políticas en la promoción de estos derechos.

Justicia por Alejandra Galicio, crimen impune por más de 12 años. Acompañamos a la “Comisión de Justicia por Diana Sacayán”, en el primer juicio caratulado como travesticidio, en Argentina, Basta de travesticidios y crímenes de odio.

Paramos porque el Poder Judicial en muchísimos casos es un elemento más para la vulneración y la victimización de las mujeres que recurren legítimamente a él, y que en su lugar encuentran el reforzamiento de la ley patriarcal que las culpabiliza y desprotege. Muchas veces las diferentes instancias no dan respuestas a las mujeres de forma integral y en ocasiones no tienen la formación correspondiente para el abordaje de estas situaciones. Por lo tanto el Poder Judicial funciona reproduciendo y profundizando la violencia y como una instancia disciplinadora hacia las mujeres. Porque fiscales, abogados y jueces continúan utilizando el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” para acallar a las niñas, niños y adolescentes que son víctima de violencia por parte de sus padres, así como también silenciar y juzgar a las mujeres que denuncian. No existe ninguna institución científica seria que defina la existencia de este síndrome. El SAP no existe!!

Basta de justicia misógina y patriarcal. Por un poder judicial con perspectiva de género. Basta de judicialización hacia las mujeres.

Paramos por todas las mujeres que nos faltan víctimas de las redes de trata, porque las pocas que son rescatadas no tienen contención social ni sanitaria, porque no se les garantiza tratamiento psicológico ni trabajo genuino lo que muchas veces las coloca en mayor situación de vulnerabilidad y a ser captadas nuevamente por estas redes. Porque en Bahía Blanca la prostitución y la trata son un negocio más del poder político y económico que tiene el control absoluto de los negocios lícitos e ilícitos de la región, lo cual hace que la complicidad con los demás poderes imposibilite una intervención real sobre este crimen contra las mujeres, particularmente las de menores recursos. Porque la trata usa los cuerpos de las mujeres como objetos descartables destinados al placer masculino, mientras exista no tendremos igualdad de derechos!

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del estado.

Por un cupo laboral para sobrevivientes del delito de trata.

Denunciamos que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte del sistema prostituyente.

Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven no solo la violencia machista sino también racista y capitalista que siguen asesinando a las mujeres originarias que se oponen a la invasión de los megaproyectos en las comunidades. Porque fue en defensa de esos intereses que fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de la gendarmería de Bullrich.

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Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la lucha de las mujeres de todo el mundo.

1-Paramos porque las reformas laborales, previsionales y los despidos nos afectan doblemente a las mujeres. Y el trabajo doméstico y de cuidados está invisibilizado. Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y les reclamamos a las centrales sindicales continuidad en las medidas de lucha contra el ajuste.

2- Paramos por el aborto legal seguro y gratuito. Educación Sexual Integral laica y científica. Separación de la iglesia del estado. Basta de criminalización a las mujeres por abortar.

3- Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Exigimos la declaración de emergencia por violencia sexual y doméstica. Basta de justicia misógina y patriarcal.

4- Paramos por la aprobación y cumplimiento del cupo laboral trans. Basta de travesticidios.

5- Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y la explotación sexual.

Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.

Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.

Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.

“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.

En cuanto  al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.

El miércoles pasado se realizó la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano.

“Terminamos de armar la compleja trama represiva desde la Armada, acá tenemos muchos imputados con rango medio. En el primer juicio fueron juzgados y condenados altos mandos y de bajo rango y acá venimos a completar ese organigrama que funcionó como un gran pulpo en la ciudad”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia.

El debate oral de la causa caratulada “Aráoz de Lamadrid Nº6631” será en abril en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80 y tendrá 14 imputados y 66 víctimas. El tribunal está integrado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava y los fiscales son Nebbia y Miguel Palazzani. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la APDH, respectivamente.

Según informó Nebbia, el debate “va a ser corto porque los casos de las víctimas fueron juzgados en el primer juicio, hay muy pocos casos nuevos y muy pocos testimonios nuevos porque el tribunal con muy buen criterio y -a pedido de la Fiscalía y las querellas- incorpora todos los testimonios por video para que los familiares no tengan que volver a declarar y revivir el horror que pasaron en aquella época”.

La causa fue elevada con una veintena de represores aunque hoy son 14 los que estarían habilitados por el tribunal. “Por el transcurso del tiempo algunos fallecieron, otros quedaron fuera del proceso por incapacidad psíquica y por eso también la necesidad y la premura de que se lleve adelante el debate”.

¿Lo miran por TV?

Casi la totalidad de los acusados está detenido en sus casas. “Esa es una característica que se detectó desde el inicio de las acciones, inclusive en primera instancia: la diferencia entre fuerzas. La Armada ha sido mayoritariamente beneficiada con prisión domiciliaria en contraposición al resto de las fuerzas”.

“Este juicio tiene todos imputados de la Armada y no es la excepción. La inmensa mayoría está con prisión domiciliaria, algunos aquí en Bahía y la mayoría en Capital Federal. Pedimos que se los reexamine para ver la posibilidad de que sean trasladados para que, al menos en algunos tramos cruciales del proceso, estén presentes a la vista de los jueces, las partes y el público”, dijo el fiscal.

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Consultado por las causas del privilegio de los marinos sobre los genocidas de otras fuerzas, Nebbia aseguró: “Lo nuestro es meramente descriptivo, desde la Fiscalía hemos llamado la atención sobre eso e impugnamos de igual manera cuando entendemos que no están las condiciones que fija la ley para que una persona esté en domiciliaria y esté en condiciones de cumplir su detención en un establecimiento carcelario. Pero lo cierto es que los números muestran esa diferencia”.

El defensor Sebastián Olmedo Barrios afirmó que sus defendidos tienen más de ochenta años y pidió que sigan las audiencias desde Buenos Aires. Para su colega Gerardo Ibáñez, trasladar a los reos al Aula Magna universitaria es “puro hostigamiento”.

El juez Jorge Ferro anunció que la modalidad será la misma que en los juicios anteriores, con videoconferencias desde Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura. El tribunal deberá resolver si los genocidas estarán o no durante la lectura de la acusación, las indagatorias, los alegatos, las últimas palabras y la sentencia.

No innovar en Baterías

Durante la audiencia preliminar la Fiscalía pidió continuar con la medida cautelar que impide modificar la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías y ordena realizar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas”.

El fiscal Nebbia comentó que en el lugar está trabajando Memoria Abierta, la misma organización que realizó la excavación y recuperación de los cimientos del predio donde funcionó el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, detrás del Batallón de Comunicaciones 181 del Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

“Se pudo comprobar a partir del primer juicio que en la Séptima Batería funcionó uno de los centros clandestinos de la Armada. Hay un trámite ante el Juzgado de primera instancia donde a partir de la solicitud hecha por la Fiscalía se cauteló y se mandó a hacer una protección del lugar”.

Los primeros trabajos se realizaron a fines de 2017 y para continuar es necesario que el Consejo de la Magistratura destine los fondos necesarios.

Declaración anticipada

Con la probable intención de alejar al represor Aristóbulo Nicanor Moreira del escenario de los crímenes de lesa humanidad cometidos a fines de 1976 y principios de 1977 en la región, el defensor oficial Gustavo Rodríguez adelantó el testimonio de la cuñada del ex capitán de fragata.

Marta Catalina Moreno declaró que desde “el 23 o 24 o diciembre del 76 hasta mediados de enero del 77” compartió las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de calle Carabobo de Capital Federal con su hermana Noemí y con Moreira quienes estaban casados desde 1969 y tuvieron una hija en 1976.

(Por Santiago Rey desde Bariloche // En Estos Días) Pasadas las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval ingresaron en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Como consecuencia de esa incursión, murió asesinado Rafael Nahuel, de sólo 21 años, quien recibió un tiro por la espalda que ingresó por un glúteo y se alojó en su tórax. Desde entonces, los testimonios, inspección ocular y primeros datos extraoficiales de las pericias tienden a demostrar la responsabilidad de la Prefectura en el hecho, a pesar que la causa sigue caratulada como NN s/muerte dudosa.

Ahora, un dato clave al que accedió En estos días revela que la fuerza de seguridad federal desató una verdadera cacería en la comunidad: cinco de los Albatros dispararon un total de 114 tiros durante la persecusión de los mapuches que se encontraban en el lugar.

Así se desprende del recuento de los cartuchos faltantes de los cargadores de las 26 armas secuestradas a los uniformados. Los 114 disparon fueron realizadas con subfusiles MP5 y pistolas Beretta, que utilizan proyectiles 9 milímetros, similares a la bala que acabó con la vida del joven barilochense.

Este medio logró determinar que son cinco los Albatros que efectuaron disparos. Sus apellidos son: Obregón, Sosa, Pintos, García y Blanco. Entre ellos estaría el asesino de Rafael Nahuel. Dos de ellos realizaron más de 30 y 40 disparos, respectivamente.

Según el registro, los cinco prefectos dispararon 114 veces, repartido de la siguiente forma, de acuerdo al faltante de balas en los cargadores: uno de ellos disparó en 33 oportunidades; otro en 17; un tercero en 46; otro 15 veces; uno en dos oportunidades; y un prefecto una vez. Si bien el número final indica que seis Albatros tenían faltante de proyectiles, uno de ellos argumentó que perdió un cargador entero.

Producto de la balacera, además del fallecimiento de Rafael, fueron heridos otros dos jóvenes: Johana Colhuan, de 20 años, y un hombre de 30 años, no identificado. Salvaron su vida de milagro.

La pericia clave que permitirá determinar cuál de los prefectos fue el responsable del tiro mortal, es la comparación de la bala extraída del cuerpo de Rafael con los proyectiles testigos obtenidos de los disparos de las 26 armas secuestradas. Ese análisis -a partir de las estrías de cada bala- servirá para confirmar de qué arma salió el proyectil que mató al mapuche.

En paralelo, otras dos pericias intentan determinar la presencia de pólvora en las manos y las ropas de los 21 Albatros que estaban en el lugar, los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González -quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40-, y del propio fallecido.

Todos esos trabajos deberían finalizar en los próximos días. Por ese motivo, el Juez de la causa, Gustavo Villanueva -el mismo que este lunes definirá la extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala-, comenzará esta semana a tomar testimonios a los prefectos que participaron del operativo represivo.

Según pudo saber En estos días, fueron convocados los efectivos que no realizaron disparos, cuyas armas secuestradas tenían los cargadores llenos. Es decir, aquellos sobre los que no pesa inicialmente la sospecha de que pudieran ser responsables por la muerte de Rafael.

Son en total 15 los integrantes de Prefectura que, desde este lunes y durante cinco días, deberán testificar ante el magistrado.

En paralelo, Villanueva solicitó los registros de llamados al Servicio de Emergencia Telefónica (número 107) del Hospital Zonal de Bariloche, efectuados entre las 16 y 17 horas del 25 de noviembre pasado.

Finalmente, libró exhorto para que la Dirección de Operaciones de Prefectura Naval Argentina entregue los audios y las transcripciones de todas las comunicaciones realizadas a través de las radios, handys, equipos de trunking, entre otros, que haya utilizado el personal de esa Prefectura, en particular los efectivos del Grupo Albatros, que se encontraban participando del operativo en Villa Mascardi.

El conjunto de medidas dispuestas por el Juez acelera los tiempos de la posible resolución de la autoría material del homicidio, aunque resta avanzar sobre las responsabilidades políticas. El dato aportado hoy por este medio sobre la cantidad de disparos efectuados habla del contexto represivo en el cual se produjo el ingreso de los Albatros, sin orden judicial, al territorio de la comunidad mapuche.

El resultado de la inspección ocular no permite abonar la teoría oficial de la existencia de un enfrentamiento, tal como sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y demostró que los Albatros salieron a la búsqueda de los mapuches, ya que los primeros disparos fueron efectuados en un área boscosa ubicada a unos mil metros de la tranquera de ingreso al lugar.

(foto Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)

El clima de tensión no terminó en la zona. El pasado viernes 2 de marzo, el Presidente de Parques Nacionales emitió una resolución “promoviendo las acciones” para reclamar a la Justicia Federal que vuelva a intentar desalojar del territorio.

En la comunidad intuyen que un nuevo intento de desalojo sería inminente, aunque, hasta este momento, no se produjo ninguna aproximación de fuerzas de seguridad.

El texto de la resolución repasa que el 23 de noviembre, “en el marco de la causa judicial, se llevó a cabo -con el auxilio de las fuerzas de seguridad federal- el lanzamiento de los intrusos”.

“Lanzamiento” fue la palabra elegida por el Presidente del Directorio de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, para describir el operativo durante el cual fueron detenidas cinco mujeres y tres niños, quienes permanecieron durante varias horas en dependencias de la Policía Federal en Bariloche. Dos días después, el 25 de noviembre, los uniformados volvieron a ingresar al territorio y mataron a Rafael.

(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) El ex camarista Néstor Luis Montezanti será indagado el próximo viernes 16 de febrero a las 10 por el juez federal Walter López da Silva, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Será la primera vez que no pueda escudarse en sus fueros.

Está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el genocidio y se salvó de ser destituido por la rápida aceptación de su renuncia por parte del presidente Mauricio Macri.

Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a encontrarnos este viernes a las 9 en Alsina y Lamadrid para seguir exigiendo Juicio y Castigo a Montezanti.

Adonde vayan los iremos a buscar!

COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

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Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

#JusticiaParaSantiago

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La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó su informe anual a partir de los datos remitidos por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”.

Además de la información estadística sobre las causas en trámite y la situación procesal de los imputados, el documento incorpora el análisis de trayectorias temporales a partir de los hitos del proceso penal, para medir las demoras suscitadas en los mismos.

“Al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados. (…) las sentencias dictadas durante el 2017 han sido 26”, asegura el relevamiento coordinado por el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky.

Los números a nivel nacional

Tal como consigna el informe, “a la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67%) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”.

Además, existen 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario –esto último en los casos de juicios que tramitan por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación), pero sólo seis de ellas tienen fijada fecha para que se inicie el debate. Por otra parte, hay 98 causas que se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción.

El informe señala que “durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de las cuales 198 fueron condenadas mientras que 36 resultaron absueltas, al tiempo que destaca que “respecto de aquellos que aún no han obtenido sentencia, 701 se encuentra procesados (aunque de ellos, 53 se encuentran apartados temporalmente de la investigación, por incapacidad), a 164 se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y en relación con 550 personas, resta que se resuelva su situación procesal (26 han sido recientemente indagados y 524 tienen pedido de indagatoria pendiente)”.

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Por otra parte, “a diciembre de 2017, son 1305 los imputados libres y 1038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugos de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, consigna el documento y agrega que de los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también señala que durante el 2017 se dictó el fallo “Muiña”, mediante el cual la CSJN admitió la utilización de la Ley 24.390 para el cálculo en el tiempo de detención preventiva de los imputados, computándose 2 días por cada 1 que permanezcan privados de su libertad sin sentencia firme. Tal como consignó oportunamente un informe de la PCCH, publicado en el mes de agosto, se presentaron 118 planteos al respecto, en los que se solicitaba un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.

Demoras y “cuellos de botella”

El informe analiza también las trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad a nivel nacional. En tal sentido, existen 593 causas principales en las que ya se presentó requerimiento fiscal de elevación a juicio, pero del análisis se excluyen 247 causas que se encuentran en etapas previas de la instrucción, y cinco que ya tuvieron sentencia pero que no pudieron ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la muerte del único imputado.

Para el análisis, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideró como causas “firmes” a aquellas que han tenido sentencia y no hay instancia recursiva pendiente, las cuales totalizan 60, mientras que hay 281 causas catalogadas como “en trámite”, las cuales son aquellas con sentencia –pero que aún no fue recurrida- o que se encuentran con requerimiento de elevación a juicio.

En base a ello, se analizaron los datos y se concluyó que, en las “causas firmes”, transcurren 5,56 años entre que se presenta el requerimiento d elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la CSJN, mientras que la demora en la causas “en trámite” alcanza los 4,48 años.

Además, el informe señala que “al desagregar los datos por hito, se ve que la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la CFCP, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”.

Finalmente, el documento hace hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, y señala la existencia de “cuellos de botella” durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la feliz noticia del encuentro de una nueva nieta, la 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.

Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.

Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.

Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.

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La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.

La búsqueda

Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.

En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.

La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.

En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.

Una vez más, las Abuelas destacaron la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.

Hace muy pocos días, desde el organismo anunciaron la restitución de la nieta 126. “Hoy cerramos el año de nuestro 40° aniversario con otra noticia feliz, el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad”.

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo

(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.

Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.

La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.

Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.

Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.

Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.

Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.

Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.

Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.

Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.

Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.

Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).

Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.

Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar

Foto: FM La Tribu

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.

Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.

El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.

En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.

Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.