(Por Astor Vitali) En el nombre de Santiago Maldonado residen diferencias sustanciales del modo de ser y de pensar argentino. La evocación del detenido-desaparecido genera en nuestra sociedad, al menos, tres reacciones: envalentonamiento gozoso de los fascistas de siempre; dolor por revivir los métodos del terrorismo de Estado; y finalmente una indiferencia que, hasta que no se demuestre todo de una manera escandalosa (como ocurrió con los crímenes de la dictadura), funciona más como condena social hacia las víctimas que como indiferencia en sí misma.
Un hippie. Un drogadicto. No era profesional. Un sucio. Un amigo de los chilenos apátridas. Que vayan a laburar. Kirchnerista mugriento. Por qué no hablan de los otros desaparecidos. Qué cuentan la Historia completa. Por qué no preguntan por Nisman. ¿Y Julio López? Seguro que está comiendo un asado en el sur o, por qué no, en Chile. Vagos de mierda. Yo me rompo el culo y pago mis impuestos para mantener vagos. No quieren el cambio. Fuerza Mauricio.
Y Mauricio se siente con fuerza. Nadie en el rol de la FasciMinistra Bulrich puede decir las barbaridades que dice (y hace) si no se siente con la libertad ancha de hacer y deshacer a su antojo.
El fenómeno social actual tiene elementos de antaño y tiene novedades. Es viejo que hay un segmento de la sociedad argentina que avala sin miramientos los métodos que sean necesarios para sentirse occidentales y cristianos: blancos y europeos. De Videla les molesta lo salvaje, que muestren el trabajo sucio, pero no sus objetivos ni sus métodos. Eso está acá, hoy y ahora y con esas mentes se convive. Y cabe aclarar, una vez más, que no necesariamente su ideología responde a su condición de clase.
En todo caso, quienes hayan tenido responsabilidad política en el ejercicio de los gobiernos democráticos del 83 a esta parte deberían replantearse qué tan superficiales fueron las transformaciones postuladas como para que final mente notemos que han dejado intactos en la suciedad argentina el rencor y el anhelo de cazar cabecitas negras. ¿No era que había vuelto la política? ¿No era que otra historia se enseñaba en las escuelas? ¿No era que no había retorno del progresariato? Sus pregoneros conocen a la perfección la realidad: operaron con utensilios de utilería, gruesos, sin filo. Jamás agarraron el bisturí.
¿Qué es lo nuevo, entonces? Si, como todos los elementos publicados indican, se produce la confirmación de que Santiago Maldonado fue chupado por gendarmería, estamos hablando de que los flamantes gobernantes surgidos del voto popular llevó adelante una desaparición forzada. Estamos hablando de que un gobierno de origen democrático utilizó los métodos del terrorismo de Estado.
Y con esto ¿Qué se hace? ¿Qué legislación está pensada para hablar de terrorismo de Estado en el marco de la democracia? ¿A qué Naciones Unidas se acude? ¿A qué organización internación de derechos humanos se apela? ¿Cómo nos organizamos y para qué? Anonadado por la falta de respuesta ante lo ocurrido; no del todo sorprendido por la temeridad del gobierno actual; por su falta de límites, por su profundidad de fines y por el uso de métodos insospechados, uno piensa que es mejor que la mayor cantidad de voluntades organizadas posible comencemos a responder estas preguntas. Más temprano que tarde.
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El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.
Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.
“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.
El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.
“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.
“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.
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(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.
No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.
En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.
Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.
Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.
Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.
Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.
Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.
Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.
Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.
Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.
Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.
Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.
Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.
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El abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo, el obrero que murió en la excavación de Soler al 100 a fines del año pasado, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle luego de conocerse el resultado de una “pericia trascendental en ingeniería civil”.
El letrado detalló que el perito analizó documentación pertinente y las medidas precautorias tomadas en la obra realizada por MAPSA y determinó que en el programa de seguridad -el cual detalla todo lo planificado y proyectado– “no estaba previsto el riesgo de derrumbe como acontecimiento posible, por lo tanto no se tomó ninguna medida de protección y seguridad para con los trabajadores en torno a ese riesgo”.
“Demuestra la plena responsabilidad de las personas que estaban a cargo”, agregó Chazarreta, y explicó que según el resultado del perito de La Plata: “En el programa de seguridad no se incluyen los dos riesgos básicos para cualquier zanja o excavación. Uno es la caída de personas dentro del pozo, y la segunda es el debilitamiento de las paredes y el derrumbe”.
Respecto a las imputaciones, dijo que será cuestión del fiscal determinar quiénes son las personas imputables. También remarcó que la causa ha sido calificada como ‘homicidio culposo’ y que todavía no se terminó de precisar todos los profesionales que intervinieron en la planificación del programa.
Asimismo, comentó cómo debió ser el proceder ante la obra en materia de seguridad: “Se contrata una ART (el seguro de riesgo en el trabajo), hay un licenciado en seguridad e higiene –que puede ser particular o a veces lo brinda la propia ART–, un director de obra, y a veces se suma otro profesional en el caso de las obras privadas”.
En el derrumbe ocurrido el 6 de noviembre de 2016, Burgos Melo perdió la vida, pero tres compañeros que también cayeron al pozo, sobrevivieron. Al respecto el abogado comentó: Las tres personas que han quedado lesionadas están bajo tratamiento psicológico y de licencia. Ha sido un hecho totalmente traumático, sobre todo por la cantidad de horas que han tenido que sobrevivir en ese estado. Les ha cambiado plenamente la vida, y es muy difícil seguir desarrollando su actividad después del acontecimiento sufrido”.
En relación a los dichos respecto a que un particular había pedido la celeridad de la obra frente a su lugar de trabajo, el representante de la familia Burgos Melo dijo que no le cabría ningún tipo de responsabilidad y aseguró que no era la única sección de la cuadra que se había dejado para trabajar el domingo.
Sin embargo, falta determinar si los responsables de la obra solicitaron el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme lo indica la reglamentación pertinente, que los habría habilitado a trabajar un día domingo.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/bhhslaboral.jpg?fit=600%2C338&ssl=1338600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-31 19:56:492017-08-31 19:56:49“No estaba previsto el riesgo de derrumbe”
La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.
El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.
“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.
Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.
García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.
El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/comedor3.jpg?fit=755%2C406&ssl=1406755FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-30 04:27:422017-08-30 04:36:11“Está viva de milagro”
A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.
Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.
“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.
Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.
El comunicado completo:
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.
Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.
Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.
En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.
Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:
APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS EL ESTADO ES RESPONSABLE
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/21105609_1492367924142473_167620956334586261_n.png?fit=960%2C360&ssl=1360960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-30 03:11:472017-08-30 03:11:47Proponen unidad con Santiago como “acuerdo prioritario”
Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.
El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.
La Plata, 29 de agosto de 2017
Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D
La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:
1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;
2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:
a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;
b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;
3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.
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Magalí Gómez, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, afirmó que a partir de la vulneración de derechos de las audiencias buscan transformar la matriz comunicacional. “Es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada”.
La licenciada en Comunicación llegó a Bahía Blanca invitada por el Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar El Nido para participar de talleres con estudiantes de secundaria y de periodismo.
En dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle comentó que, desde el vencimiento del mandato de Cynthia Ottaviano, el organismo se encuentra acéfalo y a la espera de la selección de su reemplazante por parte de la Comisión Bicameral del Congreso.
“María José Güembe es la Directora de Protección y hoy quedó a cargo básicamente de la Defensoría. Estamos en una situación en la que podemos seguir trabajando, seguir defendiendo los derechos de las audiencias pero con algunas limitaciones que vamos sorteando día a día”, afirmó.
Gómez aseguró que siguen “trabajando en la recepción de denuncias y de reclamos por parte de las audiencias cuando les parece que haya habido alguna vulneración de derechos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea que la comunicación es un derecho humano, en ese contexto implica que lxs ciudadanxs tenemos derechos comunicacionales, por eso somos audiencias”.
Ante las denuncias, la Defensoría se acerca a los medios involucrados para informarles acerca de las quejas o la vulneración de derechos y si bien no tiene la posibilidad de sancionarlos como la tiene el ENACOM (ex AFSCA), cuenta con la capacidad de buscar mediante el diálogo algunas transformaciones.
“Lo que buscamos es eso. Por un lado, ir transformando la matriz comunicacional, que es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada. De esta manera vamos buscando una reparación. ¿Qué significa? Un pedido de disculpas, un informe que revierta el mensaje que se había dado anteriormente, un spot. Hay muchas posibilidades. Y, por el otro lado, lo que hacemos es todo este proceso de capacitación con audiencias, estudiantes y periodistas”.
Respecto al modo en el cual los medios retratan a las mujeres y a las denuncias que reciben por esas prácticas, Gómez destacó que “lo interesante de este momento histórico es que las audiencias están bastante sensibilizadas en relación al tema de géneros. Lo más interesante es que hay una demanda fuerte en relación al tema de la sexualización de las mujeres, la cosificación, la revictimización y también de las personas LGBT. De todo el abanico de temas que recibimos en torno a la discriminación el 60% son de estos temas”.
“Se está desarrollando una sensibilización mayor. El movimiento de mujeres ha tomado un protagonismo hoy en las calles, se ve con el Ni Una Menos que a nivel internacional ha tomado un impacto increíble. Me parece que hay mayor sensibilización y estamos más despiertxs mirando estas cuestiones en los medios de comunicación. Se ha logrado, por ejemplo, que se hable de femicidio, que la mayoría de los medios incluyan el 144 cuando hablan de violencia de género. Entonces me parece que estamos avanzando, por eso también las audiencias están más atentas”, agregó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/magali-gomeza.jpg?fit=1719%2C868&ssl=18681719FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-28 21:47:262017-08-28 21:47:26“Buscamos transformar la matriz comunicacional”
(Por Marcelo Musante*) Los discursos racistas contra los pueblos originarios recrudecieron salvajemente hace unos años. La gente pide “mano dura” y los medios hablan de usurpación y ocupaciones. El gobierno, reprime. Y el que se mete, puede desaparecer.
Hace un año atrás el entonces ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, anunciaba en Choele Choele -sin sonrojarse- el inicio de una nueva campaña al desierto.
Ayer en horario central televisivo del domingo, dos programas periodísticos se hicieron eco de un tema que comenzó a circular a partir a de la desaparición de Santiago Maldonado y definieron la agenda de discusión de los próximos días en bares, oficinas y transportes públicos.
En Periodismo Para Todos, Jorge Lanata, dedica un programa entero al tema indígena y la propiedad de la tierra. La pregunta, ingenua, se cae sola: ¿Por qué le interesa ahora este tema siempre residual en la agenda de los grandes medios de comunicación?
Quienes trabajamos y acompañamos estos temas sabemos de la dificultad de plantear en pantallas, papeles prensa y radios los conflictos por la tierra. Generalmente son temas de las propias comunidades indígenas, que una y otra vez, lo sostienen con el apoyo de medios alternativos y voces cercanas al mundo indígena.
Sin embargo, de pronto, Lanata dedica una columna en Clarín del sábado y un programa entero el domingo en Canal 13.
“¿Quién carajo va a escuchar la radio de los wichis?”, se preguntaba el periodista en plena discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, develando así su racismo, su creencia de superioridad y su sentido únicamente utilitario de los medios de comunicación. ¿Por qué ahora destinar un programa entero a los “inescuchables” indígenas?
Roca
En Debo Decir, programa de Luis Novaresio en América TV, están como invitados Rolando Hanglin y el historiador Felipe Pigna, entre otros. Tras preguntarle a Pignia por sus 5 “Padres de la patria” (porque sólo pueden ser varones parece), el conductor le pregunta a Hanglin por los suyos, y en segundo lugar menciona a Julio Argentino Roca. El director parte la pantalla en dos y lo toma a Pignia. El conductor se sonríe y dice “acá hay una grieta”.
Enseguida Hanglin comienza a hablar de que los Mapuche no aparecen en los libros de historia argentina, que son chilenos y que por lo tanto no tienen nada que reclamar.
La línea argumental es conocida. No están en los libros escritos justamente por quienes propagandizaron la campaña, como Estanislao Zeballos: Los mapuche eran araucanos que mataban a nuestros indios tehuelches. Entonces Roca avanzó sobre los usurpadores de la Patagonia.
Si el reclamo es ilegítimo, la violencia es legítima.
Cambio de canal. De nuevo El Trece.
Lanata asegura que hubo 77 atentados en 4 años. ¿Alguien con un poco de sentido común puede creer que esa cantidad de “actos terroristas” hayan ocurrido y que ese minúsculo grupo subversivo esté operando y entrenado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)?
En el programa de al lado, según Telecentro, Novaresio le pregunta a Rolando Hanglin por Santiago Maldonado. El nudista responde pétreo: ¿Qué Santiago? Y agrega que no creía que estuviera haciendo tatuajes mientras acompañaba a sus amigos mapuche a cortar la Ruta Nacional 40. La ruta más larga del país. “Eso es un delito. Seguro que está vivo. En cualquier momento aparece por ahí sano y salvo. Estoy seguro”, dice Hanglin.
“Ojalá así sea”, dice Novaresio sin repreguntar. “Ojalá así sea”, dice Rolando.
Desalojos
La Ley 26160 promulgada en 2006 pone en cuestión el tema de los conflictos por la tierra que sufren los pueblos originarios en nuestro país. La legislación promueve la suspensión de los desalojos hasta tanto no realizar un relevamiento territorial con la participación estatal e indígenas.
La existencia de la ley que funcionaba como amparo legal al uso de la violencia “legítima” del Estado sobre las comunidades no logró evitar represiones y desalojos en Formosa, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco. Chubut, Tucumán, Misiones, Salta, Jujuy, etc. El petróleo, el litio, campos universitarios, el turismo, la soja, son algunos de los culpables. Siempre sustantivos sin nombre propio. Y las comunidades al fondo de la grieta. El Senado debía tratar su prórroga para poder continuar con el relevamiento, pero ya pospuso su discusión dos veces.
Desde diciembre de 2015, las amenazas y represión recrudecieron salvaje y públicamente. El pedido y necesidad de disciplinamiento es un círculo vicioso que engorda desenfrenado.
“La gente pide mano dura”, los medios titulan inseguridad, usurpación, piquete y ocupaciones. El gobierno escucha y actúa. O actúa y genera condiciones de justificación represiva.
Los “dueños” de la tierra de vuelta financian una campaña sobre los pueblos originarios.
El territorio se configura violento. Lo configuran violento. Hay fuerzas policiales y mediáticas desenfrenadas.
Y el que se meta, como Santiago Maldonado, será porque “algo habrá hecho”.
— Aparición con vida de Santiago Maldonado —
(*) Sociólogo, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina
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Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC-Arg), en el marco del 97º aniversario del comienzo de la radiofonía en nuestro país, nos movilizamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos.
Este viernes presentamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones un escrito pidiendo la apertura de concurso para acceder a licencias sin fin de lucro para obtener la legalidad de nuestros medios.
Esta acción se replicará en Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca y Buenos Aires ante las delegaciones de ENACOM.
Lo que exigimos está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ni el organismo ni los funcionarios cumplen con lo dispuesto en la norma.
Exhortamos al Estado y a los funcionarios correspondientes a que tomen en cuenta nuestras necesidades y nos den respuestas efectivas y concretas a nuestras históricas demandas. Exigimos:
•Que se realice el Plan Técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios “Sin Fines de Lucro”. Hasta tanto no se formalice el mismo, pedimos que esto no condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares.
•Que se explicite dentro de ese 33% de los medios “Sin fines de lucro” la distinción de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, tal como están definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.
•Que se democratice la distribución de la Pauta Publicitaria Oficial.
•Que se concrete el pago de la totalidad de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) adeudados.
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Pedro Peralta, presidente de la ONG Seac (Seguridad Social Ecológica y Asistencia Social), denuncia la venta irregular de terrenos y la connivencia del gobierno de Héctor Gay a través del ocultamiento administrativo y la facilitación de tierras mediante la delegación municipal que ejerce el radical Alberto Sangre.
En 2015 la entidad presentó proyectos de vivienda social. “Hicimos todo como marca la ley y nos encontramos con la venta irregular de tierras”, dijo el titutal de la asociación civil en el programa El mejor equipo de FM De la Calle.
Seac intentó hacer el seguimiento del expediente que documenta el proyecto en cuestión, mediante la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, donde está a cargo el arquitecto Luis Pites, persona que designa el intendente. El funcionario les “negaba información”.
Luego de exigir reiteradas veces esa documentación “hace unos días atrás pudimos acceder a la copia del expediente y nos encontramos con serias irregularidades. No solamente el desvío de notas y pedidos de audiencia al intendente sino también la pérdida, un año atrás, de la denuncia concreta de que se venden (terrenos) bajo forma irregular”.
“Siempre planteamos que esto roza la estafa porque para concretar la denuncia buscamos a través de estos dos años de poder acceder a una tierra con sus papeles hasta que la encontramos. Hace unos días atrás compramos una hectárea, pagamos $65 mil y nos encontramos con que, más allá de tener escritura, está un sector usurpado”.
Al mismo tiempo, “en una hoja A4 con un planito dibujado en lapicera y firmado con una gestora, un abogado de la zona y autorizado por la delegación municipal, la gente paga entre $150 y $200 mil. Sienten que son dueños de eso porque han gastado los ahorros de su vida. (La transacción) no les brinda absolutamente nada porque la gente no accede a un lote con servicios”.
Las connivencias
Luego de los reclamos de la ONG, “empiezan a aparecer muy suavemente las notas que se habían perdido en 2016. Planteamos que el Concejo Deliberante y el intendente nos tienen que recibir y escucharnos”.
El delegado Alberto Sangre ya había desempeñado esa función entre 1991 y 2003. “Supuestamente volvía un delegado que íbamos a elegir entre todos. ¿A qué se dedica Sangre? A lo mismo. No podés dejar una rama porque Sangre tiene una sociedad con volquetes y tenés que llamar a ese servicio si no te multan”. En Cerri “el trabajo no existe”.
Peralta destacó que Sangre “se dedicó a denostar nuestro proyecto. A decir que él iba a manejar las tierras. Lo invitamos. Fuimos a verlo. Nunca respondió”.
También pidió que Sangre “se disculpe con el grupo de mujeres de la ONG que fue visitarlo, a verlo y a expresarle de qué se trataba todo esto para invitarlo a trabajar en conjunto y las denostó, las ninguneó y encima las prepoteó. Ese tipo de gente tiene que dejar la política. No está para la política: que se dedique a sus negociados”.
Sangre: el más demócrata de la nueva política
Alberto Sangre realizó una declaración testimonial en 2013 en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida, en el marco del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad.
En aquella oportunidad, el delegado de Gay sostuvo que “Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”.
En esta nota se puede leer como el hábil declarante se consideraba asimismo un “hijo de la democracia”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/San-Gay.jpg?fit=480%2C360&ssl=1360480FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-24 17:29:232017-08-24 17:38:24Cerri: vivienda, estafa y connivencias municipales
Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.
Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.
La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.
“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.
Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.
“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.
Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.
La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.
“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.
La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.
“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.
La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.
“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.
Siempre me matan, me matan
Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.
Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.
Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.
Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.
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La familia de Santiago Maldonado querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos:
Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;
La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;
Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;
Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;
Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;
La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;
La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.
Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:
La inmediata aparición con vida de Santiago;
Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.
A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento.
A los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/santiagoa.png?fit=1056%2C477&ssl=14771056FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-24 02:20:592017-08-24 03:28:06Mensaje de la familia de Santiago Maldonado
Luego de los primeros seis meses del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que llevan adelante distintas organizaciones sociales ya se entrega el Certificado de Vivienda Familiar, un documento creado por el Decreto Nacional 358/17 que permite solicitar el acceso a los servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural.
Asimismo, sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Con este certificado se puede solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y prestaciones de salud, previsionales y educativas. Para el caso de habitantes extranjeros, el CVF sirve directamente como certificado de domicilio.
Según informaron CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas ya fueron recorridos más de 4100 villas y asentamientos en todo el país. “Lograr el acceso de forma igualitaria a todos los servicios públicos es el desafío más importante. Hoy se estima que más de tres millones de personas viven en condiciones de absoluta precariedad, sin acceso a agua potable, electricidad o cloacas. Pero los servicios públicos también incluyen la recolección de residuos, transporte, acceso a salud y educación, derechos fundamentales para tener un techo digno, que hoy están negados para gran parte del pueblo”.
En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle Yanina Lencina, integrante de Techo, comentó que “desde diciembre estamos pasando casa por casa en los barrios populares, en toda la periferia de Bahía, relevando a las familias que hace muchísimo tiempo están en asentamientos y barrios populares”. Ya pasaron por 9 de Noviembre, Paloni, Ferrocarril Roca, Los Mexicanos y continúan su trabajo en Caracol I y Caracol II.
“Todas las personas que ya fueron relevadas pueden pasar a buscar el Certificado de Vivienda Familiar por ANSES”, agregó. Para las familias que aun no fueron censadas, las organizaciones locales explicaron que junto a vecinos y vecinas siguen recorriendo los barrios populares. “Las visitas se realizarán en distintos horarios y cualquier habitante de la casa, mayor de 16, puede contestar la encuesta”.
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(Por Astor Vitali) El lunes 31 de agosto habrá un programa de radio menos en el aire de Bahía Blanca y región: La máquina de LU3 conducido por el comunicador, actor y dirigente sindical Ángel Dantagnan y por el periodista y artista plástico Federico Hidalgo. El programa versa sobre actualidad, rescates de archivo, difusión de actividades artísticas, promoción de la defensa de los derechos humanos y hasta dio vida a algunos personajes de ficción.
Hace pocos días anunciaron que La máquina “va a estacionar” y aclararon que la razón es “inicialmente, económica”.
Salvo en las cuestiones de fondo, entre la línea editorial de esta radio y la de aquel programa no hay plena coincidencia. Sus integrantes han adherido, en líneas generales, a las políticas impulsadas por el anterior gobierno. Como se sabe, De la Calle ha sido crítica desde una postura anticapitalista aunque se ha manifestado y trabajado en favor de normas que hacen a los derechos de tercera generación, el derecho a la información, asignación universal y otros temas donde había puntos de coincidencia.
Digo esto porque, estando el vuelo político por el piso, muchas personas suponen que quien algo defiende o cuestiona lo hace desde una lógica de oficialismos y oposiciones, prisma que como vara política empobrece de antemano cualquier debate. Entonces hace falta aclarar que uno se conmueve por la muerte de un programa de radio de esas características aun cuando no comparta en plenitud su línea editorial. La grieta es el prisma de los holgazanes. Más difícil es pensar cosa por cosa, caso por caso.
La máquina representa a una audiencia preocupada por la construcción de derechos, por las cuestiones culturales, por la vida de la democracia, por la participación ciudadana. Pero además de representar, La máquina es un espacio de radio donde trabajan personas que se quedarán sin trabajo.
¿Se puede decir que La máquina hacía periodismo sin objetividad? Por supuesto. Del mismo modo que La Nueva (Provincia) y La Brújula representan hoy los intereses de una nueva burguesía, cuya patria es la especulación en todo tipo de negocios. Negocios que necesitan protección mediática y esto es lo que hace que sea negocio comprar medios deficitarios. Así como nosotros hacemos periodismo con la mayor rigurosidad posible, claramente ubicados en los intereses populares. Acá la cultura no es Profertil.
El problema es que el sector público no tiene ninguna imparcialidad ni objetividad a la hora de otorgar la pauta publicitaria. Por un lado, aplicando el criterio de la masividad (esto es, a mayor audiencia mayor pauta) pone en marcha un mecanismo antidemocrático ya que se supone que si un medio tiene mayor estatus comercial pues debería depender menos de la pauta oficial y esta debería oficiar de equiparadora, ya que la mano invisible del mercado no estaría regulando nada.
Pero este es un criterio formal: lo cierto es que la pauta se va distribuyendo hacia los sectores que comparten negocios y visión de negocios con el oficialismo o para apagar incendios en la lógica de chantaje periodístico –si no me das tanto te publico tal cosa.
Por esto, podemos decir que hoy el gobierno administra el Estado de manera ilegal, ya que no garantiza el derecho a la información a través de la justa distribución de la pauta publicitaria.
Luego está el sector privado. Éste se conforma por empresas pero también por organizaciones. De las primeras no hay mucho que decir: aportan a los medios que reproducen su discurso en la lógica empresarial.
Pero de las organizaciones sociales y sindicales sí hay para decir. ¿Cómo es que hay instituciones progresistas, incluso adherentes al gobierno anterior, que cacarean por izquierda pero los huevos los ponen mensualmente y hace décadas en la canasta sin fondo de Rex Publicidades? Por poner un ejemplo. ¿Cómo es que se lamentan de la pérdida de espacios de comunicación alternativos pero cuando un periodista o productor de ese palo se acerca a ofrecer su medio para difusión publicitaria sólo reciben palmadas en la espalda? No sean hipócritas. Hay mucho empresario progre al que le gusta bañarse de “popu” cantando la marcha pero no se olvida de las reglas de juego a la hora de abrir el facturero.
Por lo demás, en estos dos años de gobierno macrista son varios los puestos de trabajo, por un lado, y espacio de comunicación alternativa, por otro, que van quedando en el camino. Esto es menos acceso a la información y por tanto más formalidad de la democracia.
Lo concreto es que La máquina se rompió y algo de responsabilidad está en el Panorama que describimos. ¿Hacemos algo para repararla? ¿O nos alcanza con mirar las cosas por tv? Aunque la cuenten ellos.
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La ministra Bullrich negó la responsabilidad del estado por la desaparición de Santiago Maldonado y acusó a las víctimas.
::: Errores, imprecisiones, omisiones y mentiras :::
Como organismo querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en virtud del acompañamiento a la comunidad mapuche y el reclamo por sus derechos que desde hace años viene realizando, la Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta su preocupación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich ayer en el Senado de la Nación.
Aunque existe una cantidad de hechos e indicios que orientan la principal hipótesis de la investigación hacia la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería, el Gobierno Nacional niega el hecho y no reconoce este delito gravísimo. Por eso, y en relación con lo expresado por la funcionaria, es imprescindible aclarar algunos puntos fundamentales.
1.- LA JUSTICIA INVESTIGA UNA DESAPARICIÓN FORZADA
La ministra Bullrich dijo que no es posible hablar de desaparición forzada y que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, todavía no ha caratulado de ese modo la causa. Sin embargo, desde las primeras horas de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM que presentó el primer habeas corpus, plantea la figura de la desaparición forzada. Esa investigación se tramita bajo el expediente FCR 8233/2017 en la Secretaría criminal y correccional del juzgado.
Además desde la semana pasada la CPM es querellante en la causa que lleva adelante la fiscal Ávila, que es quien investiga la desaparición de Santiago. Esta investigación tiene como hipótesis principal la desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, y en función de eso se adoptaron múltiples medidas para investigar este delito. Rastrillajes en los escuadrones de la fuerza en Esquel, El Bolsón y San Martín de los Andes, peritaje de sus móviles y hallazgo de pruebas, que están siendo analizadas, en el lugar de los hechos.
Los tres testimonios de los testigos pertenecientes a la Lof Cushamen declararon ante los miembros del Ministerio Público Fiscal que estuvieron allí en el momento de la desaparición. Afirman que vieron como la Gendarmería lo detenía, lo golpeaba y lo trasladaba fuera del territorio en los móviles oficiales. Cabe destacar que ellos fueron quienes denunciaron el hecho desde las primeras horas posteriores al operativo represivo del 1 de agosto. Hoy se está investigando su desaparición porque ellos lo expusieron ante la opinión pública y luego ante los funcionarios judiciales.
Sin embargo, Bullrich promueve una perspectiva de múltiples posibilidades y pretende que los senadores y todo el pueblo argentino mantenga varias hipótesis abiertas sobre suposiciones que sólo ella construye para eludir algo que ya resulta evidente: fue la Gendarmería.
Cuando una fuerza de seguridad es sospechada de un crimen como este, no hay nada más grave que esto y el Estado debe asumir y reconocer esa sospecha y actuar en consecuencia porque es su propia responsabilidad. Lejos de esto la Ministra hace una defensa corporativa de la fuerza y a modo de justificación dice: “no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”.
2 – ESTÁ PROBADO QUE SANTIAGO MALDONADO ESTUVO EN EL LUGAR
Han pasado dos semanas desde que desapareció Santiago Maldonado. Nadie (excepto el Gobierno Nacional) duda que estuvo en el lugar durante el violento operativo de Gendarmería el martes 1 de agosto. Como decíamos, los integrantes de la comunidad y su propia familia han constatado esto, reconociendo pertenencias de Santiago recolectadas en los rastrillajes del lugar (un cuello, un gorro y un collar). Los perros entrenados han reconocido su rastro en los lugares donde los testigos describen.
Sin embargo, la Ministra sigue poniendo en duda y refiriéndose con ambigüedad sobre la posibilidad de que Santiago haya estado efectivamente allí en el momento en que sucedieron los hechos.
3 – EL JEFE DE GABINETE PABLO NOCETTI DIRIGIÓ Y ESTUVO PRESENTE EN EL OPERATIVO REPRESIVO
La Ministra de seguridad intentó desvincular a Pablo Nocetti (segundo cargo político en importancia luego de ella) del violento operativo represivo realizado por Gendarmería el martes 1 de agosto. No pude negar que haya estado en el lugar porque los relatos de los testigos y las fotografías así lo demuestran, pero lo excusó diciendo que estaba allí de paso.
Un burdo intento por apartarlo de una acción represiva en la que él mismo se ha involucrado, reivindicando todo lo actuado y prometiendo extremar aún más el uso de la fuerza del Estado, con declaraciones públicas que tuvieron una masiva difusión días atrás. Allí el alto funcionario del Ministerio de Seguridad expuso con claridad que había seguido de cerca las circunstancias del operativo en el cual desapareció Santiago.
4 – EL OPERATIVO REPRESIVO DEL MARTES 1 DE AGOSTO NO FUE ORDENADO POR EL JUEZ OTRANTO
Una vez más, frente a las preguntas de los senadores, la Ministra insistió en ampararse en una supuesta orden del juez Otranto como justificación del operativo represivo realizado por Gendarmería el pasado martes 1 de agosto. Sin embargo, en respuesta a un requerimiento puntual de la CPM sobre el mismo punto, el juez contestó hace unos días: “al respecto le informo que no he dictado ninguna resolución que autorice el allanamiento del lugar […] Toda esta actuación fue ejecutada por iniciativa de la fuerza de seguridad de acuerdo a las facultades que le confiere el código procesal nacional.” La Gendarmeria ingresó al territorio de la comunidad de manera ilegal, sin orden judicial alguna. Además prendieron fuego pertenencias de estas familias muy pobres (materiales de construcción, colchones, vajilla, etc.), acto que no tiene justificación alguna y también constituye un delito. No existía ninguna flagrancia que justifique el accionar de la fuerza, toda vez que la ruta había sido desalojada horas antes.
5 – NO TODOS LOS DÍAS DESAPARECEN PERSONAS EN EL MARCO DE UNA REPRESIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD
Al comienzo de su intervención, en su intento por deslegitimar la figura de la desaparición forzada, la Ministra dijo que todos los días desaparecen personas intentado equiparar el caso de Santiago Maldonado con tantos otros asociados a otro tipo de delitos como femicidios, trata de personas o fugas por decisión propia.
Lo que resulta inadmisible de esta afirmación es que no reconozca la gravedad del delito que aquí se persigue, gravedad que precisamente es tal porque involucra de manera directa a las fuerzas del Estado en la autoría del hecho y por lo tanto a su conducción política.
6 – LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA TAMBIÉN SON VÍCTIMAS
Todavía hoy la ministra Bullrich continúa atacando a la familia de Santiago Maldonado con acusaciones que además de inoportunas son falsas. Habló de la imposibilidades de comunicarse con ellos, intentó hacerlos responsables de generar obstáculos y dilaciones en el avance de la investigación demorando, por ejemplo, los estudios para los cotejos de ADN. Al explicar que lo primero frente a un caso de desaparición es la colaboración de la familia expresó que esto no había sucedido y que por el contrario se habían encontrado con una negación. Cabe destacar que la primera reunión con funcionarios de su cartera se produjo en Esquel a casi diez días de la desaparición de Santiago.
Resulta muy grave que la máxima responsable política de los hechos que condujeron a la desaparición de Santiago Maldonado termine agraviando a la familia y haciendo un intento por responsabilizarla por los magros avances de la investigación. Frente a la desaparición forzada de personas y el uso arbitrario de la fuerza pública hay una única responsabilidad y es la del Estado.
Lejos de promover dispositivos públicos de acompañamiento terapéutico y contención de la familia, se la revictimiza acusándola de no colaborar. La falta de sensibilidad de la funcionaria es gravísima y claramente demuestra su carencia de objetividad y la defensa cerrada e injustificable de la fuerza. Pero además, desconoce la esencia de la figura de la desaparición forzada como crimen y el impacto que esto puede generar en la familia de la víctima, lo que resulta alarmante viniendo de una funcionaria pública.
7- LA MINISTRA BULLRICH OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN
Lejos de colaborar con la investigación, la decisión de mantener a la Gendarmería Nacional custodiando el ingreso a la comunidad mapuche, implica obstaculizar la misma. La fuerza señalada como responsable de la desaparición forzada de Santiago continúa hostigando y amenazando a sus habitantes. No sólo el Ministerio no ha brindado garantías a los testigos para que puedan declarar libremente ante la justicia, sino que además, con sus declaraciones y acciones, se fortalece la idea de que la fuerza puede cometer múltiples delitos sin consecuencia alguna. ¿Cómo pedir a los testigos que declaren o dejen actuar a las fuerzas de seguridad en el territorio si, ademas de la histórica y sistemática represión y persecución que han sufrido, se los sigue hostigando en el lugar y también con cada declaración de la Ministra donde insiste en tratarlos de terroristas sin prueba alguna?
Retirar a Gendarmería del lugar es una potestad de la Ministra. Su negativa a hacerlo entorpece la investigación y, por lo tanto, fortalece la impunidad. Cabe mencionar que su apartamiento y reemplazo en dichas tareas fue solicitado por la CPM ante la justicia federal hace ya una semana, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas en este sentido. El Juez y la fiscal informaron que no están allí por orden judicial sino por decisión política del Ministerio de Seguridad.
8.- LA MINISTRA CONSTRUYE UN ENEMIGO Y UNA HIPÓTESIS DE GUERRA PARA DESVIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA ATENCIÓN PÚBLICA
Gran parte del tiempo la Ministra lo utilizó para construir con falacias e imprecisiones la idea de un enemigo poderoso que pone en peligro al Estado Nacional y constituye una amenaza para las personas y las instituciones. Nada tan alejado de la realidad. La comunidad la integran cinco familias que viven allí de manera muy precaria. Ante los distintos hechos de represión e ingreso en sus tierras, se han defendido arrojando piedras contra armas de fuego con balas de plomo y de goma que utiliza la Gendarmería.
Lejos de posibilitar instancias de mediación y diálogo, el Estado solo hace uso de la fuerza estatal desproporcionada y construye un imaginario de grupos terroristas y violentos a los que solo se puede derrotar mediante la represión. Y para esto la Ministra brinda información recortada y poco consistente de cantidad de causas penales y denuncias iniciadas, sin aclarar cuántas de estas tuvieron condenas o están siendo investigadas. Cabe aclarar que no hay ningún miembro de la comunidad mapuche condenado por los delitos que denuncia la Ministra. También lee testimonios de supuestas víctimas de la agresión mapuche, pero omite leer la gran cantidad de relatos que dan cuenta de los heridos, muchos de ellos graves, por parte de la Gendarmería y la policía provincial de Chubut.
La Ministra debería estar informada de las diez causas penales abiertas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche que incluso tramitan en los mismos juzgados, como la del espionaje ilegal por parte de la AFI durante el año 2015 y dos que involucran a la propia Gendarmería.
La imparcialidad es clara, la Ministra considera injusto acusar a la Gendarmería hasta tanto no avance la causa penal, pero adjudica autoría y condena a miembros de la comunidad mapuche de hechos que aún están siendo investigados por la justicia.
Ningún conflicto se resuelve con la fuerza. Se requiere del diálogo y el respeto. Hacen falta dispositivos adecuados y capacitados para intervenir en estos casos. El Gobierno defiende claramente los intereses del grupo empresarial Benetton, por sobre los derechos vulnerables de la comunidad mapuche que reclama sus tierra ancestrales.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/20507.jpg?fit=1600%2C1066&ssl=110661600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-22 03:28:562017-08-22 03:28:56La Comisión por la Memoria desmintió a Bullrich
Dienst Consulting es la misma firma que administra de manera onerosa y abusiva desde 2009 las licencias médicas de docentes y auxiliares bonaerenses y es propiedad de Guillermo Martín, socio de Gustavo Elías en La Nueva Provincia y financista de los hobbies automovilísticos del camarista Eduardo Freiler. Con Scioli o con Vidal, sus cuentas no pararon de crecer.
En 31 de marzo la Agencia Nacional de Materiales Controlados resolvió adjudicarle “el servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados” que entró en vigencia esta semana.
Según informó el diario Hoy, el contrato es objeto de una investigación judicial en el marco de la cual se realizaron allanamientos “tanto en oficinas de la empresa Dienst Consulting como en la sede de la agencia gubernamental cuya titular es Natalia Gambaro, una funcionaria que formó parte del partido creado por el empresario Francisco de Narváez. Actualmente, se le atribuyen estrechos vínculos con el operador judicial del macrismo y actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici”.
Gambaro fue imputada por “los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Se le atribuye, entre posibles ilícitos, haber cometido irregularidades por la firma de la Resolución 0015/17“.
“Estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto que lo único que hace es generar un kiosko cerrado para unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los usuarios de armas que quieren acceder a tener una licencia vigente”, dijo Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, en diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle.
Como padre de Alfredo, joven asesinado por el “tirador serial de Belgrano” en julio de 2006, y como miembro de Rad, Marcenac afirmó que siempre pidieron controles exhaustivos -“fundamentalmente en los requisitos psicológicos”- pero opinó que con esta decisión el gobierno va por “un camino contraproducente”, mediante una licitación hecha “como para que la ganara esta empresa” y con un fin “recaudatorio”.
“Nos parece una locura que una sola empresa organice y tenga la facultad de pedir los certificados psicológicos y psicofísicos para los usuarios de armas y además nos parece una locura el valor de 3500 pesos. Cuando recién se inició la licitación era de 4500 pesos, así que el negocio todavía era mucho mayor-, después de muchos reclamos accedieron a bajarlo de un día para el otro mil pesos. Evidentemente el margen que tiene esta gente para la emisión de los certificados es altísimo”, comentó.
Hasta ahora regía “un sistema muy light” en el cual los certificados eran emitidos por psicolog@s o psiquiatras matriculad@s. Por eso desde la red habían solicitado “una homologación de los criterios de evaluación”.
“Que aquellos profesionales que firmaran un certificado para un futuro usuario de armas tuviera una serie de requisitos a cumplir, todos iguales, con dos o tres test, de acuerdo a lo que en su momento había sugerido el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Y que, además, se hiciera una historia clínica y por lo menos se guardara durante el período de vigencia de la licencia por cualquier requerimiento que hiciera el Estado”, explicó.
Télam 06/07/2016 Buenos Aires: La familia del estudiante Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 por Martin Ríos, “el tirador de Belgrano” rechaza la absolución y se mantiene firme en el reclamo de justicia.Los padres de la víctima en el lugar del hecho. Foto: Analía Garelli
Para Marcenac, aquellos usuarios deportivos o empresas de seguridad que necesitan habilitación renovarán sus licencias con el nuevo sistema, aunque por el alto costo -del cual el certificado es solo una parte- “muchos de ellos van a optar por no renovar sus licencias”.
La ANMaC asegura tener actualmente un millón 200 mil usuari@s registrados, “lo que es una verdad a medias -dijo- porque la mitad de esas licencias están vencidas”. Este número se incrementará “si sigue esta política de generar restricciones burocráticas y a través de los costos, no tiene ningún sentido, es un camino totalmente equivocado y que genera más ilegalidad”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/8230_2878.jpg?fit=800%2C449&ssl=1449800FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-18 02:53:012017-08-18 02:53:02Dienst Consulting: negocios más allá de la grieta
(Por Paula Ércoli) El Concejo Deliberante, a través de la presentación de la concejala María Laura Biondini (Cambiemos), prorrogó la Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género. ¿Cuál es la situación actual de las políticas públicas que buscan atender esta problemática? ¿Cómo interviene la declaración de la emergencia?
Balances y análisis, herramientas necesarias.
2012. Manuel Mendoza (GEN) presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza “Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género”. El objetivo principal, según el texto, era “revertir el número de víctimas”. El objetivo principal, según lo manifestó el edil en la sesión, era habilitar la reasignación de partidas presupuestarias para el real cumplimiento de la Ley Nacional 26.485. La iniciativa se aprobó. El mismo año se creó por la Ordenanza 16.687 la Mesa Local de Violencia de Género, conocida como Red Local de Violencia de Género e integrada por distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la temática.
2015. Manuel Mendoza presentó nuevamente la declaración de emergencia con los mismos objetivos que el 2012 y mencionó en sus argumentos el trabajo que ya realizaba la Red Local construyendo indicadores por consultas por denuncias por violencia de género en la Comisaría de la Mujer, la Secretaria de Salud, Promover, Región Sanitaria, Nido y otros; sumados a los datos del Observatorio de Género de la Fiscalía, dos organismos que hoy dan cuenta estadísticamente de la situación de violencia que viven las mujeres.
Agosto de 2017. María Laura Biondini pidió la prórroga de la emergencia sin consulta o preaviso a ninguna de las instituciones que trabajan con la temática de violencia, por ejemplo, al Consejo Local de las Mujerescreado por iniciativa de funcionarias de su propia gestión. El Presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, luego de lo que suponemos se trabajó en comisión, proclamó: “en consideración ingreso fuera de término de despacho”, miró a sus pares y dictaminó: “aprobado por unanimidad”. En menos de 20 segundos tenemos una nueva Declaración de Emergencia en materia de Violencia de Género.
Todos estos esfuerzos ya mecanizados por darle un carácter de emergencia a la violencia que sufren las mujeres y las sexualidades disidentes, confluyeron en la pregunta: ¿Cuál es el presupuesto que maneja la Dirección de Género para intentar revertir esta situación? No hay datos certeros.
Según Soledad Monardez, Directora de la Secretaría de Políticas Sociales, y Leticia Tamborindeguy a cargo de la Secretaria de Promoción y Protección de Derechos, dicho presupuesto se nutre de partidas otorgadas por sus áreas y de la Secretaria de Seguridad, la cual destina parte de sus ingresos para llevar adelante el Plan Integral contra la Violencia de Género presentado en septiembre de 2016. No hay balance ni planificación posible sin conocer datos, porcentajes que determinen cuál es la situación presupuestaria actual de una oficina que maneja recursos públicos.
La Dirección de Políticas de Género lleva un año en funciones y tiene prometida la planificación de presupuesto propio a partir de octubre. Como marca la Ley 26.485, las organizaciones e instituciones que trabajan con la temática deberían ser parte de este proceso, con acceso real a los datos que permitan hacer un seguimiento de las acciones de gestión.
Si se analizan los datos, parte de la emergencia de la que tanto se habla puede argumentarse con la falta de accesibilidad que las mujeres tienen a los dispositivos propuestos por el Estado: botones antipánico, residencia en el Refugio, solo por mencionar aquellos que se proponen ante una situación de riesgo.
Por falta de accesibilidad no sólo entendemos “que el dispositivo exista”, como lo plantea Soledad Monardez, sino que el Estado analice y observe porqué si en el último trimestre de este año la Red Local cuantificó 632 consultas por denuncias -55% por violencia verbal/psicológica y 30% por violencia física- y la Fiscalía obtuvo en junio de este año 160 denuncias, la gran mayoría por lesiones agravadas (72%) y amenazas (55%), ¿qué sucede con los dispositivos estatales si hay sólo quince botones antipánico en uso y una persona refugiada? Es responsabilidad del municipio intentar determinar las causales de esta situación, que también amerita caracterizarla como de “emergencia”.
A lo largo de la gestión 2016-2017, el presupuesto proveniente de Seguridad se utilizó para capacitar a la Policía Local y a la Guardia Urbana y proveer protocolos para cada patrullero, crear un equipo especializado de la Policía Local en materia de violencia de género, comprar botones antipánico y construir el Primer Refugio Municipal (aún no inaugurado), según el Plan presentado en septiembre de 2016.
Promover, servicio municipal de contención y asistencia a la víctima; los seminarios del 2016; el Proyecto “Querernos tanto”, taller de cuatro encuentros que se realizó en el pabellón de mujeres de Villa Floresta; la inauguración del Consultorio de Diversidad que funciona todos los martes en el Hospital Municipal; y la llegada de 200 cupos del Programa Nacional Ellas Hacen, son algunas de la políticas que se suman a la gestión y que, según las declaraciones de las funcionarias, se supone que son sustentadas por las dos secretarías mencionadas anteriormente.
¿Para qué utilizarán la prórroga de la Declaración de Emergencia por Violencia de Género? ¿Qué mecanismos disponen para que las organizaciones e instituciones que abordan la temática puedan ser parte de los procesos de decisión, ya que si bien es sumamente importante la implementación de propuestas, también lo es que los/las agentes sociales no gubernamentales puedan aportar su visión?
Parte de dicho aporte es el que mencionan Corina Rodríguez Enríquez y Gabriela Marzonetto en su texto “Organización Social del Cuidado: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina”, donde resulta central observar:
-“La falta de sistemas de información unificados generando la superposición de esfuerzos y recursos, y la demanda insatisfecha y desprotección en otras”. Esto puede observarse en la necesidad de la unificación del presupuesto de una Dirección y en la falta del estudio del “laberinto burocrático” que las mujeres se encuentran cuando van a hacer la denuncia por violencia. Esta última cuestión no es sólo responsabilidad del Poder Judicial, como plantea Soledad Monardez, sino también del municipio proponiendo los caminos necesarios para que la información se unifique según la Ley 26.485.
– “Las diferencias en el nivel educativo del recurso humano (las autoras lo plantean respecto a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, pero se traslada a cualquier dispositivo) que imposibilita la paridad del servicio, reproduciendo las diferencias socio-educativas”. Si bien se promovió la formación del personal de salud a lo largo del 2016, las trabajadoras del refugio de mujeres no han recibido en los últimos años instancias de formación con perspectiva en violencia de género, cuestión central para lograr el sostenimiento y seguimiento de las mujeres que se encuentran en este dispositivo, más allá de la presencia del equipo técnico.
-“La remuneración del recurso humano que varía por provincia, en el marco general de bajos salarios para esta actividad, cuestión que también afecta la calidad de los servicios”. Las dependencias de políticas sociales de los municipios al no ser ´económicamente productivas´ siempre han sido aquellas con los sueldos más reducidos, Bahía Blanca no es la excepción. A esto se suma que tanto en la gestión anterior y actual, las/los trabajadoras son vinculadas bajo la modalidad de contrato, obligándolas/os a convertirse en monotributistas, perdiendo así todos los derechos laborales.
En consecuencia, resulta necesario debatir y discutir la situación actual de todas las políticas e iniciativas públicas, garantizar el real acceso a la información y la efectiva participación de la ciudadanía. En caso de que esto no suceda la gestión puede transformase en un vector que se suma a la reproducción de las desigualdades y que deja por fuera el derecho de las personas a elegir la manera en que desean satisfacer sus necesidades y atender su problemáticas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1288.jpg?fit=5472%2C3648&ssl=136485472FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-17 15:58:152017-08-17 15:58:15Mujeres: siempre en emergencia
