Como querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la Comisión por la Memoria (CPM) acompañó esta mañana un nuevo rastrillaje en la lof Cushamen. Un collar de Santiago fue encontrado en la vera del río donde el joven fue visto por última vez el martes 1 de agosto. Para las querellas y la familia se refuerza una única hipótesis: se lo llevó Gendarmería.

Entre las ocho y las doce del mediodía se realizó un nuevo rastrillaje en la lof Cushamen. Alrededor de 400 efectivos de Policía Federal y Prefectura participaron de un operativo conducido por el juez federal Guido Otranto. Se realizó un importante despliegue con helicópteros y drones que permitieron ampliar, dentro de la lof Cushamen, la zona que había sido explorada en una oportunidad anterior. Como organismo querellante en la causa, la CPM acompañó la diligencia judicial, de la que también participó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Alrededor de las once de la mañana, el perro que se utiliza para detectar rastros condujo a los investigadores a un lugar en el que hallaron un collar que pertenecía a Santiago. Allí se tomaron muestras periciales y el objeto fue retirado. Estaba a menos de 100 metros de donde había sido encontrado el gorro de Santiago la semana pasada, y en el área donde todos los testigos dicen haber visto a Santiago cuando fue golpeado por efectivos de la Gendarmería y subido a una camioneta de esa fuerza.

Este hallazgo, que significó el fin del operativo realizado esta mañana, refuerza la única hipótesis que hasta ahora viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

Resulta fundamental resaltar que todo el operativo realizado el día de hoy se realizó dentro de la comunidad mapuche Cushamen, y que en todo momento contó con el apoyo y acompañamiento de sus integrantes. Dos mujeres mapuches estuvieron presentes durante el operativo y mostraron su disposición con la investigación.

Este nuevo hallazgo y la predisposición para cooperar de la comunidad mapuche hacen del operativo de hoy un paso clave en la investigación, al tiempo que inhabilita muchas de las ambigüedades y los intentos por minimizar el caso que formaron parte de la exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta mañana en el Senado de la Nación.

Ya no hay dudas: Santiago estuvo ahí y se trata de un caso de desaparición forzada donde la principal fuerza responsable es la Gendarmería.

Fuente: CPM.

Dos semanas pasaron desde la desaparición del joven que fue a acompañar la lucha de la Lof en Resistencia de Cushamen. Incluso pasaron las elecciones primarias y todavía no hay novedades de su paradero. Recién hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico un informe sobre el caso.

Esteban Santamaría, integrante del colectivo de FM Alas (El Bolsón), comentó a El Mejor Equipo cómo está la situación en el lugar y afirmó que luego de la desaparición de Santiago se vive un escenario de tensión.

Santamaría mencionó el allanamiento realizado el fin de semana en la Biblioteca del Río, orquestado por el juez federal Guido Otranto, y dijo que las autoridades ingresaron de forma “muy violenta y se llevaron cosas de Santiago”. Además, contó que la Policía Federal llenó las calles de uniformados para preguntarle a lxs vecinxs del lugar sobre el paradero de Maldonado. “Han ingresado hasta en centros culturales”, acotó.

En relación a lo que ocurre en la Lof, el integrante de FM Alas, relató que en Cushamen, “siempre está la presencia de Gendarmería en la zona”. Aseguró que en los medios están diciendo cosas que no son ciertas y confirmó que los integrantes de la Lof, a pesar del temor que tenían, prestaron declaración la semana pasada, frente a un grupo especial de la Justicia que viajó hasta allá por tratarse de un caso con protección de testigos.

“Sí, estuvo el juez Otranto, haciendo un peritaje hace una semana y media, en la zona donde se encontró la boina. Del peritaje aún no tenemos ningún resultado, respecto a la sangre y la soga que se encontraron en Gendarmería Nacional. Pero sabemos que no se ha tomado declaración a los principales sospechosos, que justamente pertenecen a Gendarmería”, concluyó.

Para contextualizar la desaparición de Santiago, a quiénes resisten las comunidades mapuches y quiénes ocupan su territorio ancestral, El Mejor Equipo realizó un informe sobre la extranjerización de las tierras. Escuchálo:

En consonancia con el llamado de los organismos de derechos humanos nacionales a movilizarse esta tarde a Plaza de Mayo, la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego convocó a una concentración y movilización a las 19 en Plaza Rivadavia para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios y la campaña medática que pretende instalar la idea de un ‘terrorismo mapuche’. El Estado está obligado a articular en tiempo y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quienes fueron los actores responsables, deben obligar a Gendarmería Nacional a dar cuenta de lo sucedido”, aseguraron desde la central.

En tanto, la Cámara Federal de Apelaciones ratificó la incompetencia de la justicia bahiense para atender la acción de habeas corpus presentada por un grupo de bahienses en favor del joven desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia Cushamen.

El juez federal Walter López Da Silva había manifestado respecto al habeas corpus que “las medidas tendientes a dar con el paradero y salvaguardar la integridad física de Maldonado –que fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Esquel– suponen un contralor judicial suficiente que prescinde de cumplir nuevamente con el trámite” y agregó que “ello podría derivar en pronunciamientos contradictorios”.

“De esa manera, señaló que al conocerse la autoridad de la que emanó la orden en cuyo marco o ejecución por parte de Gendarmería Nacional se habría producido el acto lesivo de la libertad personal de Santiago Maldonado es el juez federal con competencia en el lugar el llamado a intervenir”, afirmaron los camaristas Pablo Candisano Mera y Leopoldo Velázquez.

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Las personas que requirieron la medida pretendían que “se ordene de manera inmediata a Gendarmería Nacional a que brinde toda la información referente al paradero de Santiago Andrés Maldonado y se disponga una audiencia con sus autoridades a fin de reconocer el alojamiento actual y el estado de salud”. Mencionaron además que del operativo participaron, al menos, el Escuadrón de Gendarmería 34 de Bariloche, el 35 de El Bolsón, el 36 de Esquel y los Escuadrones de Ramos Mejía y de Rawson.

El fallo de la Cámara destaca que desde el juzgado se comunicaron con la sede judicial de Esquel desde donde informaron que el 2 de agosot se inició un habeas corpus en el marco del cual se realizó una audencia y “se han tomado distintas medidas a fin de averiguar su paradero”. Tambíen se menciona el comunicado del juzgado patagónico en el cual se indicaba que no se había corroborado que Santiago “haya sido detenido por la Gendarmería Nacional” y se acusaba a la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda.

Cabe destacar, que el juez Guido Otranto se negó a sacar a la Gendarmería de la zona de la desaparición de Maldonado, presencia que intimida a los testigos de los hechos, y recién ayer allanó el Escuadrón 36 con a la Policía Federal.

“Más allá de advertirse que la situación denunciada por los presentantes habría sido canalizada dentro del marco de la acción que se encuentra en trámite en la jurisdicción de Esquel, la mencionada sede resulta competente tanto por la fuerza de seguridad denunciada como en razón del territorio, por lo que por elementales principios de inmediatez y celeridad, debe entender en autos”, resolvieron Candisano y Velázquez.

La Comisión por la Memoria en Esquel

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante ante el juzgado federal de Esquel. Durante una entrevista con el juez Guido Otranto, se pidió además el avance de la investigación y el cese de las hostilidades contra la comunidad mapuche.

La semana pasada, apenas conocida la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM —que desde hace años viene acompañando a la comunidad mapuche de Esquel con el reclamo por el respeto de sus derechos— presentó un habeas corpus por desaparición forzada ante el juez federal de Esquel Guido Otranto. Esta fue la primer acción presentada al día siguiente de su desaparición, a la que luego se agregaron otras, y que aún sigue tramitando bajo el número FCR 8233/2017.

Ayer por la mañana Nora Cortiñas, Sandra Raggio y Roberto Cipriano García se entrevistaron con el juez federal Guido Otranto a quien le solicitaron que intervenga para que la Gendarmería sea apartada de la causa y que disponga el cese de la violencia estatal contra la comunidad mapuche, en tanto efectivos de esta fuerza de seguridad persisten hasta el día de hoy en la puerta de la lof Cushamen hostigando y amenazando testigos.

Además, se le pidió al juez que se haga presente en el lugar para tomar declaración a los testigos de la represión protagonizada por Gendarmería la semana pasada, circunstancia en la que se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de proteger la integridad de los testigos y mantener en reserva su identidad. Otro pedido fue que se dé intervención a la PROCUVIN, fiscalía de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, lo que ya se concretó en la causa.

(Por Daniel Feierstein) El movimiento de derechos humanos argentino fue una de las columnas vertebrales de la lucha por memoria, verdad y justicia, lucha que obstaculizó la realización simbólica de los objetivos genocidas así como enfrentó cada intento de impunidad o cada reaparición de los fantasmas represivos o golpistas.

No es sólo la imagen de las Madres marchando en la Plaza durante los años más duros de la dictadura la que viene a nuestra memoria al recordarlos, sino el acompañamiento masivo a la entrega del informe de la CONADEP, las manifestaciones contra las leyes de punto final, obediencia debida y contra los indultos, la organización de los escraches allí cuando reinaba la impunidad o la presencia nuevamente en la plaza aquel 20 de diciembre, poniéndole el pecho a la policía montada cuando De la Rúa decretó el Estado de Sitio.

Ello no quita que en los momentos en que hubo gobiernos contradictorios, no hayan existido matices y disputas. Alfonsín generó muchas expectativas y, por tanto, algunas figuras se identificaron mucho con sus políticas, en tanto que otros cuestionaban el acercamiento, a la luz de sus vacilaciones y reivindicando la autonomía y pluralidad del movimiento de DDHH. En el caso de Néstor y Cristina Kirchner el debate fue más fuerte aún e involucró temas no menores: las reacciones ante la nueva desaparición de Jorge Julio López, el asado en la ESMA, la designación de César Milani al frente del ejército, la sanción de una ley antiterrorista, entre otros. Tanto las Madres, los Hijos, los Familiares y los Sobrevivientes como la APDH, CELS, SERPAJ, LADH o MEDH, entre otros, tuvieron posicionamientos disímiles o disputas a su interior. Y era legítimo que así fuera, siempre ocurre si se tiene enfrente a un gobierno menos monolítico.

Sin embargo nada de ello parece ser lo que ha guiado el evento realizado hace un mes (el 12 de julio) en el Centro Cultural San Martín, donde se propuso “una nueva agenda de los derechos humanos” (evento cubierto por el diario Perfil y en el que participaron Patricia Valdez, Graciela Fernández Meijide, Hugo Vezzetti, Claudia Hilb, entre otros). Llama la atención que para la discusión de dicha “nueva agenda” no se hubiera invitado a ninguno de los referentes históricos de esta lucha de más de 30 años. Ni a quienes se mostraron más cercanos a los gobiernos kirchneristas ni a quienes cuestionaron con dureza las políticas gubernamentales. No se convocó a un diálogo fraterno ni se incluyó a ninguna de las partes en los debates de esta década.

Cabe agregar que el contexto en el que se realizó el evento incluye la aparición de balas de FAL frente a la sede de la APDH La Matanza, la multiplicación del encarcelamiento a luchadores populares, atisbos de impunidad por parte del poder judicial y de la Corte Suprema (a través del 2×1, las domiciliarias, las preventivas, las absoluciones), recrudecimiento de las amenazas a fiscales, querellantes y militantes, profusión de pintadas reivindicatorias de los genocidas, destrucción de murales o placas de homenaje a los desaparecidos, intentos de autorizar la participación militar en el conflicto interno, protocolos de represión de la protesta, declaraciones negacionistas de funcionarios de gobierno, proliferación de organizaciones de apoyo a los represores… esa es la oportunidad elegida para salir a descalificar en bloque al movimiento de derechos humanos… ¿cuándo fue que se jodió el movimiento de derechos humanos?, pregunta Patricia Tapatta Valdez, en una abstracción que iguala y aplana a un movimiento que se caracterizó en todos estos años por su pluralidad, discusiones de alto voltaje, incluso enfrentamientos públicos entre sus figuras más respetadas.

Como la mayoría de los participantes de dicho evento son académicos (algunos incluso colegas queridos o respetados) y como el cuestionamiento que más aparece en la nota periodística que lo cubre se vincula a poner en duda el número de víctimas del genocidio argentino o la importancia del juzgamiento de los responsables del mismo, no puedo menos que recordarles el sentido de la oportunidad, algo fundamental para cualquier intervención pública.

Fuimos muchos los que cuestionamos (con el debido cuidado y respeto por las luchas libradas) distintos posicionamientos de figuras (emblemáticas o no) del movimiento de derechos humanos durante el kirchnerismo, del mismo modo en que se cuestionaron las acciones de Graciela Fernández Meijide u otros miembros del movimiento durante el gobierno de la Alianza o de otros en períodos previos.

El balance de las actitudes asumidas durante la década kirchnerista deberá hacerse más pronto que tarde, en un diálogo que nos incluya a todos y que nos permita escucharnos, aprender, cicatrizar las heridas de errores, oportunismos, agresiones, descalificaciones, difamaciones.

Pero ante un gobierno que busca igualar a víctimas y victimarios de un genocidio, que prepara otra vez a las fuerzas represivas para intervenir ante el conflicto social generado por un brutal ajuste con su tendal de despidos y destrucción salarial, que acompaña los reclamos internacionales de los represores para concluir con el proceso de juzgamiento, que busca retroceder en todas y cada una de las conquistas del movimiento popular. Esto es, ante un gobierno que no tiene contradicción alguna, la oportunidad nos conmina a acercarnos a las Madres (a todas las Madres, las que pensaron una cosa y las que pensaron la contraria y en la figura de las Madres a los sobrevivientes, a los hijos, a los familiares, a los infinitos compañeros que vienen librando estas luchas desde la propia dictadura), como lo hicimos en cada manifestación popular, gritando (o apenas susurrando), “madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, como lo hicimos centenares de miles el pasado 10 de mayo.

Los debates se dan cara a cara, junto a los involucrados y en un tono fraterno, por duras que sean las cosas que debemos decirnos.

Pero no, Patricia. Por suerte no se jodió el movimiento de derechos humanos. Y estos años lo necesitaremos más que nunca, para enfrentar los desafíos que se nos vienen.

PD: Esta nota fue escrita hace ya dos semanas y enviada a un medio periodístico donde, vaya a saber por qué, jamás fue publicada. En el interín entre su escritura y hoy tuvimos la preocupante desaparición de Santiago Maldonado, que no hace más que ratificar el sentido de la oportunidad de los planteos referidos en la nota y la importancia de sostener la vitalidad del movimiento de derechos humanos que salió a exigir respuestas. No he visto (pero quizás es apenas mi ignorancia) un comunicado de quienes quieren construir “la nueva agenda de derechos humanos” que se sume al reclamo por la aparición con vida de Santiago. Ojalá los encontremos este viernes en la manifestación.

(Por Mauro Llaneza) El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo en Bahía Blanca invitado por Cáritas y otras agrupaciones de las iglesias Católica y Metodista para participar de un homenaje al obispo riojano Enrique Angelelli, asesinado por el terrorismo de Estado hace 41 años.

El artista y docente renegó del “monocultivo de las mentes” y aseguró que la paz no es la ausencia de conflicto sino que se alcanza “cuando logramos establecer las relaciones humanas, la comprensión en la diversidad, no en la uniformidad”.

“Cuando a mí me dicen que un militante es amargado yo digo: ‘Ojo, ese no es un militante. Ese es un amargado’. Porque en realidad, aquellos que estamos trabajando junto al pueblo y caminamos juntos, tenemos que tener esa alegría interior, no podemos ser amargados, porque si somos amargados no podemos aportar.

“Cuando vemos tanta miseria, tanta pobreza o tantas muertes, tanto dolor, siempre hay una luz de esperanza, siempre hay algo que nos mueve a seguir, a no renunciar”, dijo en una charla junto a los sacerdotes Juan D’amico y Renzo Adami, ordenado en Córdoba por Angelelli.

En una entrevista que FM De la Calle emitirá el viernes a las 10 por el 87.9Mhz, Pérez Esquivel se refirió a las detenciones políticas de Milagro Sala, Agustín Santillán y Facundo Jones Huala y a la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería tras la represión en Cushamen.

“(Pablo) Noceti, que es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, quiere confundir a la gente, me menciona a mí, habla de los kurdos, de terrorismo y que van a ser castigados pero no habla de cómo les quitan las tierras a los pueblos originarios, cómo los persiguen, cómo los meten presos. En el caso de Facundo Huala el año pasado acompañamos el juicio en Esquel, que fue en el regimiento de Gendarmería.

“El juez lo escuchó, lo liberó, es el juez federal Otranto. Lo liberó y después que Macri se encuentra con la presidenta de Chile, Bachelet, lo detienen otra vez para extraditarlo. Entonces, ¿dónde queda el derecho de justicia?”, manifestó.

El titular del Servicio Paz y Justicia afirmó que Milagro Sala “es una presa política. Nosotros estuvimos como miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, con Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil, fuimos a ver en la cárcel a Milagro. Estuvimos como dos horas con ella y después hablamos con el gobernador Morales. Morales decía: ‘Yo no tengo nada que ver, esto es un problema judicial'”.

“Esto es un problema político. A Milagro la detuvieron y la condenaron antes de ser juzgada, cosa que no puede ser, tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas están reclamando la libertad de Milagro. Es una condena antes de ser juzgada y esto no es posible. El caso de Facundo Huala también”.

“Lo otro: hay desaparecidos -subrayó Pérez Esquivel-. Hay ahora otro desaparecido más, de los que fueron a apoyar a Facundo Huala, Santiago Maldonado, un chico de veintipico de años que hasta el día de hoy no se sabe. (Mientras tanto) el presidente Macri se está ocupando de Venezuela”.

Horas antes de la entrevista, a pocas cuadras de la sede de Cáritas, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay habían encabezado un acto de campaña con globos de colores, vallas y gendarmes. “Esa no es la democracia”, advirtió el Nobel.

“Yo tuve un amigo de caminada por América Latina que ustedes conocerán, Eduardo Galeano. Siempre decía: ‘Esto más que democracia son democraduras’. Dice: ‘Se levantaron del sillón pero están al lado’. Estas democracias están agotadas, no sirven más, esto es como sostener el statu quo del poder y hacernos creer que nosotros, porque votamos, vivimos en democracia. No es cierto esto, ¿no?”.

El activista propuso “comenzar a repensar democracias participativas, democracias donde el pueblo no delegue totalmente el poder. Y para esto necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo contrato de repensar cuál es la vida de los pueblos. Porque si vos ves que aumenta la pobreza, que los chicos (…) tienen hambre…

“Hubo un director de la FAO, que era un médico, Josué de Castro, que escribe un libro extraordinario, te estoy hablando del año 68, se llama La geografía del hambre. En un parte del libro dice “los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre”. Esa es la rebelión de los pueblos, es conflicto, lamentablemente esto es así. La única forma de contener este modelo que está aplicando Macri es con la represión, no con el diálogo, no con la participación del pueblo”, dijo Pérez Esquivel.

El juez federal Walter López da Silva rechazo un habeas corpus presentado por un grupo de bahienses para dar con el paradero de Santiago Andrés Maldonado, desaparecido por la Gendarmería tras la represión en el Lof en Resistencia Cushamen el 1 de agosto. Esta tarde, familiares de Santiago brindarán una conferencia de prensa junto a Nora Cortiñas en Bariloche.

El magistrado local declinó su competencia en favor del Juzgado de Esquel dado que, “las medidas tendientes a dar con el paradero y salvaguardar la integridad física de Maldonado” que aquel realiza, “suponen un contralor judicial suficiente” y su intervención “podría derivar en pronunciamientos contradictorios, sumando un estado mayor de incertidumbres”. La Fiscalía General apelará para mantener activo el recurso.

La Comisión por la Memoria (CPM) viajará hoy a Esquel para profundizar el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado. Nora Cortiñas, Roberto Cipriano García y Sandra Raggio se reunirán con familiares de Santiago, organizaciones sociales y de derechos humanos de la zona y con integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron detenidos la semana pasada luego de la brutal represión de Gendarmería. Se entrevistarán también con el juez Otranto, la fiscal Ávila y el defensor oficial Machado, y visitarán al lonko Facundo Jones Huala, detenido en la Unidad Federal 14 de Esquel.

Los organismos de derechos humanos convocaron a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo viernes a las 17. “Es tremendo el dolor que produce tener que pedir de nuevo por un desaparecido. Es lo peor que le puede pasar a una madre, a un hermano”, aseguró Estela de Carlotto.

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“Los hemos convocado para denunciar un hecho de extrema gravedad, que es la primera aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por las Naciones Unidas”, dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros, exigieron a la ministra Patricia Bullrich que “de cuenta de su desaparición e informe al respecto dando las respuestas pertinentes frente a la gravedad de los hechos” y al “Estado Nacional se ponga al servicio de la investigación, garantizando la misma y arbitrando los medios para localizar a Santiago”.

Bullrich defendió el accionar de la fuerza de seguridad y acusó a la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda y pretender una “república independiente” en el antiguo territorio del Wallmapu ocupado por el empresario italiano Benetton.

La permanente persecución contra el pueblo mapuche se intensificó el 29 de julio cuando fueron reprimidas mujeres, niñas y niños en Esquel y siguió el 31 con la detención de nueve personas que pedían la libertad del lonko Facundo Jones Huala frente al Juzgado Federal de Bariloche.

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El 1 de agosto la Gendarmería entró ilegalmente al lof de resistencia, destruyó e incendió rukas, herramientas, juguetes, semillas y libros. Varias personas pudieron escapar al cruzar un rio. Testigos afirman que Santiago no pudo hacerlo y fue golpeado y subido a una camioneta de Gendarmería.

El Juzgado Federal de Esquel informó el domingo que hasta entonces no se había corroborado que Santiago “haya sido detenido por la Gendarmería Nacional” y afirmó que los vehículos que participaron del procedimiento fueron identificados y resguardados para determinar si Maldonado “fue subido a alguno de ellos”.

Acusó a integrantes del  Pu Lof en Resistencia Cushamen de impedir un rastrillaje de Prefectura río abajo “más allá de los 400 metros del lugar” y el uso de drones y de obstaculizar la búsqueda con perros adiestrados. Finalmente pidió a las organizaciones que acompañan el pedido de aparición con vida del militante que aporten testigos presenciales a quienes prometen garantizar su seguridad.

Al día siguiente y en línea con el Juzgado, la fiscala subrogante de Esquel, Silvina Alejandra Ávila, comunicó que se hacía cargo de la investigación penal por la desaparición forzada y las posibles irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto. La funcionaria manifestó que estaba en trámite una acción de habeas corpus a favor de Maldonado.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Maldonado exige “la acción urgente del Estado parte para buscarle y localizarle” y para identificar a los responsables. Solicita al Estado argentino que le informe “sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para localizarlo, para aclarar su desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”. El gobierno nacional ofrece una recompensa de $500.000 para quienes “brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero” de Maldonado.

“El Estado está obligado a articular en tiempo y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quienes fueron los actores responsables, deben obligar a Gendarmería Nacional a dar cuenta de lo sucedido. Creíamos haber superado esas prácticas nefastas e inadmisibles. Como Familia, además del lógico dolor e incertidumbre, seguiremos responsabilizando al Estado hasta que aparezca Santiago”, manifestó la familia Maldonado.

El lonko sigue preso

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Ayer, el lonko Jones Huala comunicó desde la cárcel de Esquel que lleva ocho días de huelga de hambre por “haberse agotado todas las vías para la superación de tan evidente injusticia, llamando abierta y explícitamente a la rebelión de todo Nuestro Pueblo a través de la Dirección Estratégica de La Vanguardia de Weichafes Organizados desde el Kuifirakizuam y Az Mapu”.

“La cárcel y la represión intentan sembrar temor en Nuestro Pueblo, no debemos caer en la trampa de su violencia, debemos responder con legítima defensa, como valientes, no como cobardes ni traidores. Ellos quieren silenciarnos, mantenernos sumisos en el tramposo juego de la burocracia y la falsa e hipócrita legalidad burguesa, leyes que no dudan en romper cuando el rico lo ordena, allí los jueces se olvidan el Estado de Derecho convirtiéndose en secuestradores, y lacayos de terratenientes y empresarios”, aseguró.

Huala, cuyo juicio por extradición a Chile fue declarado nulo, dijo que “si se permite el doble juzgamiento, se permite la ilegalidad del poder formal, es decir, no solo no habrá justicia para nosotros sino para nadie, burlan sus propias leyes, cuando quieren, como lo hicieron las dictaduras militares en los 70”.

(Por Juliana Gonçalves) El pasado 25 de Julio, las calles de varias ciudad de Brasil fueron ocupadas bajo el grito “Mulheres Negras e Indígenas por nós, por todas nós, pelo Bem Viver“. En lucha contra el machismo, el racismo y la violencia, miles de mujeres participaron por segundo año consecutivo de la Marcha de Mujeres Negras que se realiza en torno al Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña y en el Día Nacional de Tereza Benguela.

El 25 de julio restaura a las mujeres negras la ancestralidad de lucha y fuerza que no queda en el pasado. La ancestralidad que nos acompaña como fuerza vital activa en el presente. El ejemplo de Terezade Benguela, define que nosotras, mujeres negras de la diáspora de hoy, somos los sueños más osados de nuestros antepasados.

Tereza de Benguela era llamada de reina. Sin embargo, fue conocida por su estilo democrático y parlamentario de liderar el quilombo del Quarter, en Mato Grosso, alrededor de 1740. Desafió la corona portuguesa y el sistema esclavócrata por más de 20 años, hasta ser capturada y asesinada por el ejército, en 1770. Es por ese icono de la resistencia negra en el Brasil colonial que, en 2014, el 25 de julio se convirtió en el Día de la Mujer Negra, en consonancia con la fecha internacional que se estableció en 1992.

Las mujeres negras en movimiento están hermanadas en la construcción y defensa de un nuevo marco civilizatorio de sociedad. Y esa lucha gana aliento en la articulación nacional que llevó a la Marcha de las Mujeres Negras contra el racismo, el machismo, la violencia y el Bien Vivir en 2015.

Por primera vez en la historia de Brasil, 50 mil mujeres ocuparon las calles de Brasilia para cobrar políticas públicas y reparación por las desigualdades estructurales enfrentadas por nosotras.Desde la marcha de Brasilia, el concepto de Buen Vivir viene siendo cada vez más reivindicado por los movimientos de mujeres negras. Se hace urgente explicar las raíces del Buen Vivir, ya que el término puede ser fácilmente desvirtuado ignorando la fuerte crítica contra el modelo desarrollista de la sociedad que vivimos. El Buen Vivir no tiene nada que ver con la prosperidad financiera.

Por ello, traeré algunas definiciones sobre el término a partir de la óptica de las mujeres negras en diálogo con los conceptos trabajador por el político y economista ecuatoriano Alberto Acosta en su libro O Bem Viver – Uma oportunidade para imaginar outros mundos a raíz a partir de las ideas del economista  Pablo Dávalos.

El Buen Vivir sueña otros mundos posibles

La teoría del Buen Vivir nació de la práctica histórica y de la resistencia de los pueblos originarios de América Latina. Ella presenta una forma diferente de relación entre los seres humanos, las sociedades y la naturaleza.

Alberto Acosta afirma que el ” Buen Vivir es una filosofía en construcción, y universal, que parte de la cosmología y del modo de vida amerindio, pero que está presente en las más diversas culturas”. Y cita la ética y la filosofía africana del ubuntu – “yo soy porque nosotros somos”.

La noción de Buen Vivir propone también abandonar la idea de progreso, porque considera que esa noción es discriminatoria y violenta. Sus principios son relacionalidad, complementariedad, reciprocidad y correspondencia. El Buen Vivir surge para descolonizar la democracia y devolverle su sentido original, de gobierno del pueblo y para el pueblo. Los autores proponen el Buen Vivir para evitar la destrucción provocada por los mercados, el capitalismo y la modernidad. Alberto Acosta, en su libro, presenta el Buen Vivir no como una alternativa, sino como la única vía que de hecho puede contraponerse al capitalismo. A diferencia del socialismo, que presenta la diversidad mientras recorta dentro de la lucha contra el capitalismo, el Buen Vivir trae la diversidad como fundamento.

El Buen Vivir se contrapone a la base eurocéntrica de nuestra sociedad

El Buen Vivir parte del principio que un lugar más igualitario y justo sólo puede existir sin la presencia de elementos como el racismo, el machismo y las formas de opresión que son estructurantes del capitalismo. Como nos recuerda la intelectual feminista bell hooks (que pide que su nombre sea escrito así, en minúsculas, por creer que lo más importante es lo que escribe, no quién es), una sociedad balizada por la ideología de la supremacía blanca, imperialista, capitalista y patriarcal nunca va a ser justa.

Las sociedades eurocéntricas, basadas en las ideales de la blancura, tienen como base de su desarrollo la concentración de poder, la acumulación de riqueza, la explotación como sustento de la sociedad, el dominio de otros pueblos y la masacre epistémica de todo lo que no es blanco.

Estos elementos se traducen en la construcción de un estado desigual. Un estado que desconoce las alteridades y la transforma toda y cualquier diferencia en desigualdad.

‎El Buen Vivir exige otra economía, sustentada en los principios de solidaridad y reciprocidad, responsabilidad, integralidad. El objetivo es construir un sistema económico sobre bases comunitarias. Esta nueva sociedad se aleja de los valores de las sociedades eurocéntricas y más cercanas a los valores civilizatorios amerindios y africanos, como el cooperativismo, la ancestralidad, la memoria y la oralidad.

El Buen Vivir y las mujeres negras

En una sociedad regida por el capital, basada en el racismo y el machismo, las mujeres negras no tienen visibilidad, a no ser como un recurso a ser explotado. Aquí vemos cómo la lucha de todas las mujeres contra ese sistema es también la lucha de los pueblos indígenas y negros. En ese sentido, la gran intelectual Lélia Gonzáles, en construcciones con las mujeres latinoamericanas e indígenas en la década de 1970, ayudó a crear diálogo entre el Buen Vivir y las mujeres negras. Lélia supo garantizar el espacio para que mujeres negras e indígenas se encuentren, en lo que ella llamaba los amefricanos, en la búsqueda de prácticas políticas descolonizadoras. Este diálogo fue retomado y fortalecido en el proceso de construcción de la Marcha de las Mujeres Negras de 2015. En esta nueva sociedad pautada en la unión de mujeres lo que prevalece es el sentido de comunidad. El Buen Vivir permite soñar otros mundos y da base para una práctica política que busca la deconstrucción de las opresiones estructurales a partir del rompimiento de prácticas colonizadoras. Es importante resaltar que las mujeres (todas) siempre estuvieron a la vanguardia de esas construcciones. A ejemplo de lo que nos enseñó Lélia Gonzales, la unión femenina es fundamental para la construcción de un proyecto feminista efectivamente transformador en Brasil.

—–Traducción: María Julia Giménez

(Por Enrique Gandolfo / Secretario adjunto CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego / A 110 años de la huelga en el puerto de Ing. White) El 23 de julio de 1907 amanecía en el Puerto Comercial con los obreros en huelga. Las casas de chapa y madera, muchas montadas sobre pilotes, fueron testigo del paso de los trabajadores hacia la Casa del Pueblo, un lugar propicio para deliberar y decidir como continuar con los reclamos.

Bien temprano había acontecido un incidente y una pelea con dos capataces ingleses que no se plegaban al paro. Los reclamos eran varios: por la reincorporación de dos compañeros despedidos, por reducción de las horas de trabajo, por mejores salarios. Los estibadores agregaban uno propio: que las bolsas de cereal no pesaran más de 70 kilos.

En 1907 se hacían obras de ampliación del muelle del Ferrocarril Sur (de propiedad inglesa) y de edificios destinados a la Aduana y a la Subprefectura. Por aquellos años ya se exportaban un millón de toneladas de trigo anuales y de enero a marzo trabajaban 5 mil obreros.

Bahía Blanca tenía un intendente (Jorge Moore) y concejales pero curiosamente todos llamaban Lord Mayor a un señor inglés que luego compraría imponente casa en la avenida (hoy Alem 41). Mister Arthur Coleman era el Superintendente del Ferrocarril Sur. Además, tuvo en sus manos la administración de servicios fundamentales para la ciudad como la electricidad, los tranvías, el Mercado de Victoria, el gas y el agua, actividades vinculadas al mismo ferrocarril inglés.

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Preocupado también por los reclamos obreros, el hombre fue muchos años presidente de la Sociedad Protectora del Trabajo, una organización que propiciaba el trabajo “libre”para evitar las molestas huelgas sindicales. Es que además de ganarse el pan con su trabajo, los obreros tenían oídos receptivos para ideas que eran la materia prima de la conciencia: la de los socialistas y los anarquistas.

Aquella mañana en la Casa del Pueblo, el calor de las pasiones justicieras hacía olvidar el frío del invierno junto al mar. En la Subprefectura se recibe una orden precisa de su jefe, el comandante Astorga, que se encuentra en Bahía: “Hay que capturar a los delincuentes”. Hay 700 personas congregadas dentro y fuera del edificio. La patrulla produce ocho descargas cerradas sobre la multitud. Hay numerosos detenidos y ocho heridos. Dos de ellos de gravedad van a fallecer en los días siguientes: Atiliano Pascual y José Falcioni, un italiano de 30 años socio de la Sociedad Recreativa La Siempre Verde.

A partir de ese momento el paro en el puerto es total. En Bahía la Federación Obrera llama a una asamblea que se va a realizar en su local de Lamadrid 199. Al día siguiente muere Atiliano Pascual. Sus compañeros lo van buscar al hospital y lo llevan a pulso hasta el cementerio. Se inicia una una colecta para ayudar a las familias de las víctimas. La asamblea de la Federación Obrera decide un paro de 48 horas. Van a adherir los albañiles, los pintores, los carpinteros, los barraqueros, los cocheros de plaza, los mozos, dependientes del comercio y muchos empleados del Ferrocarril pese a las presiones de los gerentes.

El 26 una gran manifestación de cinco mil personas se moviliza en una ciudad militarizada a la que han llegado tropas de refuerzo. En el puerto la manifestación consigue la libertad de los presos. A la ciudad también han llegado el diputado socialista Alfredo Palacios y el director del anarquista diario La Protesta, Carlos Balsan.

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El 27 fallece José Falcioni. Al día siguiente, en el puerto, más de dos mil personas -entre las cuales hay mujeres y niños- inician el cortejo fúnebre. Al pasar por La Siempre Verde, la bandera y la orquesta de la Sociedad Recreativa se suman al cortejo. Antes de dirigirse a la estación hacen una parada frente a la Subprefectura donde la orquesta toca una marcha fúnebre y un orador arenga a la multitud. En el patio aparece el comandante Astorga. Valientemente, el orador Antonio Brizzi lo señala y lo responsabiliza de los hechos. Un cabo y dos marineros intentan detenerlo. Se produce una lucha cuerpo a cuerpo y luego suena una descarga. Astorga ordena tirar contra el pueblo trabajador. En la huida, el ataúd y los instrumentos de la orquesta quedan en la calle. José Falcioni ha sido acribillado por segunda vez. Ahora, cuando yace sin vida dentro de su ataúd. Nuevamente hay varios heridos de bala.

Al día siguiente Astorga recibe orden de la Marina de Guerra de presentarse en Buenos Aires, en la Prefectura General de Puertos. A la estación van a despedirlo distinguidos ciudadanos representantes de la banca, el comercio, la industria y los principales diarios. Algunos nombres todavía resultan hoy conocidos: intendente Jorge Moore, general Pablo Riccieri, Dr. Leónidas Lucero, Dr. Valentín Vergara, Ángel Brunel, Enrique Julio, para citar algunos.

Los mismos ciudadanos dirigen un telegrama al ministro de marina contra almirante Betbeder: “No hacemos sino exteriorizar un sentimiento latente y unánime de la población conservadora de Bahía Blanca en el comercio, en el foro, en la industria, que a diario ven amenazados sus intereses, sus vidas, en el avance continuo de multitudes inconcientes, que so pretexto de teorías igualitarias tienen convertida a la ciudad en fermento de pasiones encontradas (…) En estos hechos desgraciados, hállase envuelto el subprefecto de Bahía Blanca. En nuestro concepto (…) este funcionario ha cumplido el penoso deber de defender a sus soldados de la agresión de una masa turbulenta y provocativa. Tristes días nos esperan si solo la anarquía y la sedición llegan a gobernarnos. Respetuosamente hemos deseado exteriorizar a V.E. estos sentimientos en honor del Teniente Astorga”.

No son los mismos sentimientos los que abrigan los trabajadores quienes van a continuar la huelga otros dos días. Cuando las noticias llegan a Buenos Aires, las dos centrales sindicales la FORA (anarquista) y al UGT (socialista) deciden un paro en todo el país a llevarse a cabo el jueves 1 de agosto. La clase trabajadora muestra una vez más el valor de la solidaridad ante la represión y los atropellos de los poderosos.

La obstinada memoria

Portada

La memoria histórica de los de abajo siempre pugna por el lugar que le corresponde. Intenta abrirse paso entre la telarañas construídas por la historia oficial que solo sabe del “progreso” y de los grandes hombres que hicieron la ciudad. Pocos recuerdan a Atiliano Pascual y a José Falcioni y a los hombres y mujeres de aquella pueblada.

Al comenzar la década del ’70 esta historia es rescatada por el grupo Teatro Alianza que hace una profunda investigación antes de la puesta de la obra que va llamarse “Puerto White, historia de una Pueblada”.

Dardo y Coral Aguirre, Julio Teves, Mónica Morán, son algunos integrantes de ese grupo que decide estrenar la obra un 19 de agosto de 1973 en Villa Nocito. Avanzaba la década del ´70 y el grupo Alianza recorría Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y parte de América Latina.

El sábado 26 de julio de 1975, en el diario El país de Cali, Colombia, Dardo Aguirre y Julio Teves, denunciaban la represión y persecución que se aplicaba en Argentina bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón. “En Argentina para hacer teatro hay que jugarse la vida y la prueba de que ellos es así es que cuando nuestro grupo montó ‘Puerto White’ nos amenazaron con matar a uno de los integrantes”.

Ya con la dictadura, el 13 de junio 1976 Mónica Morán, maestra, titiritera e integrante del grupo, es secuestrada y su cuerpo aparece unos días después acribillado. Ella había escrito en la obra teatral la parte del relato del velatorio y el cortejo fúnebre de José Falcioni. Decía así: “Era domingo 28 de julio de 1907, estábamos todos junto a tu cuerpo. Andrés lloraba. Te llevábamos con pena y con orgullo por las calles del Puerto. Pasamos por la Casa del Pueblo ¿Te acordás Falcioni? Allí vibraban tus gritos todavía. No era un ataúd lo que llevábamos: era un pedazo de fuego en la mañana. Paloma de pólvora tu cuerpo. Frente a la Subprefectura estaba el que te mató. Y fue Brizzi que no aguantó la rabia y la vergüenza y lloró a los gritos frente al asesino. Pero hubo una respuesta”.

Blog Puerto WhiteFalta un capítulo de esta historia. En el 2007 se hace una nueva puesta de la obra bajo la dirección de Julio Teves con el grupo Nuevodrama. Luego de la puesta un actor en la cocina del museo del Puerto va a recordar lo siguiente.

El teniente Astorga volvió a Bahía luego de aquella masacre y falleció unos años después. “En esa época los ataúdes se sellaban con una larga estañadura para evitar que las emanaciones del cadáver se propagasen más allá del cajón. Era un trabajo peculiar que se encargaba a los hojalateros, habitualmente dedicados a parchar fuentones y ollas o las maltrechas chapas de los techos de las casas. Así ocurrió ante el fallecimiento del capitán de navío Astorga que estuviera a cargo de la Subprefectura hasta 1914. Habían pasado muchos años y cuando llegó el momento de sellar el ataúd, el hojalatero pidió a los asistentes que se retiraran para realizar su tarea. Una vez a solas con el cajón, vinieron a su mente los fusilamientos que había perpetrado Astorga y accionó el soplete sobre su rostro mientra repetía: ‘Esto por Pascual, esto por Falcioni'”. Selló el cajón, recibió su salario y se fue. Muchos años después, lo contó a sus nietos y uno de ellos en los ’70 esperó en las escalinatas del Teatro Municipal a los actores para referirles lo que su abuelo había contado.

A 110 años de la pueblada ninguna calle, ninguna plaza, ninguna escuela recuerda a aquellos hombres. En el 2008 en un acto por el Primero de Mayo, en la calle frente a la Municipalidad integrantes de Nuevodrama recrearon un fragmento de la obra.

Fotos: Federico Randazzo – http://lasgrietasdelrelatohistorico.blogspot.com.ar/

En el marco de la investigación desarrollada por los fiscales Horacio Castaño y Marcelo Colombo el empresario y ex presidente de Huracán, Víctor Hugo Iglesias, quien se encontraba prófugo desde el pasado 7 de julio, se presentó el martes ante el Juez Federal N°2. Fue encerrado en una sede policial de Azul hasta tanto se lo traslade a una cárcel federal.

La Fiscalía había solicitado una serie de medidas de investigación para dar con el paradero del hombre, sobre quien pesaba un pedido de captura en virtud de que se le imputa el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

La investigación se inició en abril de 2016, cuando 25 mujeres fueron rescatadas durante una serie de allanamientos realizados en los locales “La Esquina”, “Broadway” y “El chaparral” y un domicilio particular ubicado en Bahía Blanca. La profundización de la pesquisa permitió identificar a los responsables, quienes ya eran investigados por delitos similares.

En junio de 2016, los fiscales Castaño y Colombo, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), respectivamente, solicitaron el procesamiento de cuatro personas: Iglesias –principal imputado-, Eduardo Horacio Gutt –oficial de la Prefectura Naval Argentina-, Alfredo Ismael García –oficial retirado de la Prefectura- y Alberto Martín Vargas.

Tanto García como Iglesias están imputados en otras investigaciones, ya elevadas a juicio oral, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos bahienses “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

El pasado 7 de julio, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas, Eduardo Horacio Gutt e Iglesias, quien se mantuvo prófugo hasta el martes, cuando se presentó con su abogado en la sede del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca.

La Fiscalía está a la espera de que el Juzgado le remita la causa para formular el pertinente requerimiento de elevación a juicio.

Fue hoy minutos después de las 10 de la mañana en Rondeau y las vías (a la altura del 1000 de la citada calle). Del desalojo participaron fuerzas de la policía local, “grupo de apoyo” y hasta hubo presencia de gendarmería. También hubo participación de trabajadores municipales.

Algunas personas desalojadas fueron subidas a patrulleros que se las llevaron de ahí.

Se trata de unos 2 vagones donde vivían temporalmente personas de bajos recursos. Cabe recordar que Bahía Blanca sufre un déficit de vivienda que afecta a unas diez mil familias, según estudios universitarios.

No contentos con el desalojo, finalmente, una topadora dio vuelta los vagones varias veces con el fin de que no puedan volver a ser habitadas por personas en situación de calle. Movieron una de las estructuras durante varios metros.

A su vez, todas las pertenencias de las personas indigentes fueron tiradas en las inmediaciones y también pasaron la topadora sobre algunos de esos objetos.

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El 2 de junio, mediante un comunicado, el Espacio Cultural La Nave, cercano al lugar donde ocurrió el desalojo, expresó que “en este momento el espacio es centro de atracción de muchas miradas, distintos sectores interesados en apropiación, debido a ser un lugar estratégicamente posicionado, amplio, con varias condiciones para su uso, con un edificio cuidado y mantenido desde hace tres años exclusivamente por los artistas, familias de los chicos que concurren a las clases, vecinos y gente que sin esperar nada a cambio colabora con el proyecto de un espacio limpio y sano en este sector de la ciudad”.

Por ello solicitaron apoyo a toda la comunidad para la continuidad del proyecto de recuperación del patrimonio a través del trabajo artístico. Concretamente, se invitaba a visitar el espacio de lunes a sábado de 9 a 20 Hs.

Por su parte, “vecinos del Barrio Noroeste, la ONG Parque Noroeste, la Biblioteca Fija y Ambulante y La Nave” también acercaron una nota a la ciudadanía comunidad en la que manifestaron su preocupación por “los rumores de que se instalará en Rondeau al 1000 hasta Moreno un depósito de autos y motos secuestrados y maquinaria para compactar cada 6 meses alambrado y cementado”.

En esa nota expresaron que “con este indígnate suceso” perderían “la posibilidad de embellecer y continuar con los espacios verdes” y “aumentaría la situación de abandono del sector” ya que “se incrementaría ampliamente la presencia de roedores, insectos y ruidos molestos”.

Además del centro cultural antes mencionado, a pocos metros también se encuentra el Jardín de infantes Nº 913.

 

La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la radio comunitaria FM En Tránsito 93.9, para que la Corte Suprema revise la modificación regresiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y declare inconstitucional el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia en reemplazo del Congreso de la Nación.

El recurso se presentó bajo el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, y la discusión continuará ahora en la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre de 2015, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social presentó un amparo pidiendo la nulidad del decreto 13 que crea el Ministerio de Comunicaciones, el decreto 236 que intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el decreto 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Con el asesoramiento legal de Damián Loreti, abogado del CELS y redactor de la LSCA, la Cooperativa amplió la denuncia contra la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.

“Cuestionamos los DNU que modificaron la ley más participada y debatida de la historia de nuestro país y que ponen en peligro la Democracia”, afirmó Patricio Enciso Riveros, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. “La democracia está en peligro cuando los medios comunitarios están ahogados económicamente y las organizaciones, los partidos, los pueblos originarios, el colectivo de mujeres, los sindicatos y la ciudadanía en general se queda sin el lugar donde poner a circular sus ideas y donde reivindicar sus derechos. La democracia está en peligro cuando la propiedad de los medios se concentra y la información, las ideas y la cultura queda en manos de una sola empresa que responde a intereses de pocos. Esas son las consecuencias de estos decretos contra los que estamos dando pelea”.

Por su parte, Diego Morales, Director de Litigios del CELS, aseguró que “este es el lugar donde deberíamos haber estado hace tiempo y es una oportunidad para volver a discutir mano a mano en términos jurídicos sobre el sistema de comunicación en Argentina y si los decretos de Macri son constitucionales o no. En la Corte vamos a debatir qué tipo de comunicación queremos”.

FM En Tránsito, primera radio cooperativa del país, funciona en el oeste del Gran Buenos Aires desde 1987. “Acabamos de cumplir 30 años como radio. Durante toda nuestra historia trabajamos, militamos y peleamos por concebir a la comunicación como derecho humano y como derecho habilitante a través del cual nos informamos, exigimos otros derechos y nos formamos como ciudadanos. Con este recurso somos consecuentes con nuestra historia, y con la historia de la totalidad de los actores que militamos esta ley. Por todo esto, seguimos peleando por el derecho a la comunicación y contra los decretos de Macri”.

En línea con lo solicitado por el fiscal federal Antonio Castaño, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de cuatro hombres procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

En su resolución, los jueces de Cámara consideraron que existen riesgos procesales, ya que el hecho de que se determinara que en el caso hubo “connivencia policial” permite presumir “el riesgo de elusión de la justicia” por parte de los imputados.

Los jueces también indicaron que, permaneciendo en libertad, los imputados podrían ejercer su influencia, comprometiendo los testimonios de las víctimas, y entorpecer así el procedimiento judicial, con la manipulación o contaminación de las pruebas.

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El principal imputado es Víctor Hugo Iglesias, único prófugo. Los detenidos este viernes tras la decisión del tribunal son Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas y Eduardo Horacio Gutt. Los camaristas señalaron que Iglesias “aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”.

Este último es un prefecto en actividad y García perteneció a la misma fuerza. Junto a Iglesias, ex dirigente de un club de fútbol de Ingeniero White, tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Tanto Iglesias como Vargas y García están acusados de ser autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Gutt se encuentra procesado como partícipe primario del mismo delito.

Esta organización estaría involucrada en el circuito prostibulario local y habría actuado con la connivencia policial ya que, a través de la investigación, se estableció que existieron mensajes de aviso para advertir allanamientos.

La organización habría sido la dueña de una serie de prostíbulos que tenían la fachada de lugares con “Show” y “Karaoke” pero donde en realidad había mujeres ofreciendo “copas” y “pases”. Además, según el testimonio de “clientes” de esos boliches, los “pases” se realizaban dentro de camiones ubicados en una playa de estacionamiento.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrieron la histórica Cantina Royal.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrió la histórica Cantina Royal.

Esos hechos habrían ocurrido desde una fecha desconocida hasta 15 de abril del año pasado, cuando se realizaron los allanamientos en varios locales nocturnos de esa localidad. En esa oportunidad, fueron rescatadas 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2016, el fiscal Castaño y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo -que asiste en la investigación-, solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los cuatro acusados. Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 les dictó el procesamiento pero los mantuvo en libertad. Como consecuencia, en noviembre de 2016 el representante del MPF apeló la medida y solicitó la inmediata detención y prisión preventiva para los cuatro acusados.

Fuentes: FM De la Calle y fiscales.gob.ar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rechazo al pedido de salir transitoriamente del país formulado por el ex camarista federal Néstor Luis Montezanti, imputado en la causa que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.
El ex magistrado había solicitado el permiso para viajar al exterior, pero el tribunal supremo rechazó el recurso extraordinario contra el fallo con el que, meses atrás, la Cámara Federal de Casación Penal se había opuesto a la solicitud.
Ya en setiembre de 2016, la Cámara Federal de Bahía Blanca, el mismo tribunal que presidió Montezanti, se había opuesto al pedido.
La Corte, con las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministro Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimó al recurso, al que consideró “inadmisible” por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.
El ex camarista federal fue denunciado por su “protección” al sangriento accionar de la Triple A bahiense y por haber actuado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaba al Destacamento 181 y al Batallón 601 del Ejército dentro de las aulas de la Universidad Nacional del Sur durante el terrorismo de Estado.
En la causa penal se le atribuyó participación indirecta en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975; se le imputó también el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista (JP) que lo habría reconocido durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977, y además se lo juzga por su desempeño como agente Inteligencia.
Montezanti renunció a su cargo en febrero de 2016, cuando en el Consejo de la Magistratura de la Nación avanzaba un proceso de juicio político en su contra por mal desempeño de sus funciones, “conductas incompatibles con los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y vocación democrática”.
Fuente: Télam.

(Por Martín Becerra) Tras más de un año de desmentidas oficiales, Cablevisión Holdings y Telecom, cuyos accionistas son los grupos Clarín y Fintech (David Martínez) anunciaron esta noche su fusión. El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.

En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.

El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.

La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.

El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.

El martes 27 a las 19 en el Centro Histórico Cultural de la UNS, Rondeau 29, realizaremos una charla debate sobre el impacto que tendrá Vaca Muerta en Bahía Blanca. Será un espacio de difusión y discusión sobre este megaproyecto impulsado por poderes empresariales, políticos y mediáticos que transmiten sus supuestas bondades sin detenerse en sus consecuencias.

Avanzada sobre territorios ancestrales de comunidades originarias, contaminación ambiental y social, modificación acelerada de los modos de vida y de producción de las zonas afectadas por los tentáculos del emprendimiento de explotación de hidrocarburos no convencionales que en lo local habilitaría, entre otros negocios, la ampliación del polo petroquímico.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, explicará por qué se explotan los no convencionales y por qué Vaca Muerta es mucho más que un proyecto energético. El OPSur es una organización que trabaja problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos y propone una transición hacia otra matriz productiva y energética bajo un marco de justicia ambiental y social.

La docente del Departamento de Geografía de la UNS María Amalia Lorda, a partir del trabajo de campo que realiza junto a François Taulelle en Añelo, expondrá los marcados y acelerados cambios que se produjeron en la localidad patagónica como consecuencia de la explotación de no convencionales. Lorda se detiene en los elementos que permiten entender esos cambios y cuestiona de qué manera este tipo de explotación impacta en el territorio, en sus actores y en sus usos tradicionales.

En tanto Emilce Heredia Chaz, historiadora de la UNS e investigadora del CONICET, propondrá pensar qué significa Vaca Muerta para Bahía Blanca problematizando el lugar que ocupa nuestra ciudad en el actual modelo extractivista a través del concepto de extractivismo urbano.

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(Por TEL*) La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.

Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.

La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.

Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.

La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.

La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.

El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.

El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.

Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.

Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.


El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”. “Cañón fue muy importante como testigo en el juicio que se realizó en España contra Adolfo Scilingo, condenado como autor de delitos de lesa humanidad”, agregó.

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El ex juez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre de su amigo, aseguró que “Cañón es un ejemplo de entrega al servicio público, sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la Verdad y la Justicia”.

La decana de Periodismo Florencia Saintout destacó “el coraje del fiscal Cañón que, en épocas de incertidumbre, en una ciudad con fuerte presencia militar como era Bahía Blanca, él salía a buscar testigos para que declararan en juicios por la Verdad”.

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El Consejo Superior de la UNLP aprobó esta distinción por una propuesta elevada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, destacando la trayectoria de un luchador que defendió las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La labor de Hugo Cañón como fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue fundamental para lograr la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Cañón también se desempeñó como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Fuente: UNLP

El fiscal general federal Alejandro Cantaro pasó por el programa ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), donde comentó la situación en los penales y su visión del sistema judicial.

Al principio se le consultó por qué se opta por el juicio abreviado para lxs menores, y si bien manifestó no contar con estadísticas, afirmó que esta modalidad de juicio últimamente se ha llevado adelante tanto con niñxs y adolescentes como en el sistema penal de mayores.

“El juicio abreviado significa que no hay debate. Desde hace unos años, en la provincia de Buenos Aires, todas las causas penales se resuelven con un juicio oral y público. A veces con un juez –cuando el delito es menor, son delitos correccionales, penas hasta tres años–, y ante un tribunal oral si son delito graves, de más de tres años. Ese es el modo normal para concluir una causa penal”, explicó Cantaro.

Además, expresó que hay soluciones ‘alternativas’ al conflicto. Por ejemplo, “lo que se llama suspensión de juicio a prueba. No se hace el juicio, se suspende, se le impone ciertas condiciones a la persona que está imputada de ese delito y, si en un plazo determinado (entre dos y cuatro años) no comete un nuevo delito, y cumple con las reglas que el juez le impone, entonces queda sobreseída, la causa termina”.

También, en algunos casos, “se puede llegar a un acuerdo, entre el imputado del delito, el fiscal y su defensor. Esto es lo que se llama juicio abreviado, no hay debate, la causa llega hasta un cierto punto”. Cuando recién se impuso el juicio abreviado, la controversia se generó porque muchos juristas y jueces rechazaban esta idea; lo sentían como una presión, una extorsión, sobre todo para los presos”.

En el sistema penitenciario la mayor parte de los presos son procesados, no penados. Pero, según contó el fiscal, “el tratamiento en el servicio penitenciario es diferente para el que está procesado y privado de su libertad, que para aquel que está penado. Entonces, el preso quiere ser penado, porque empieza a transitar el período de ir mejorando su situación, su conducta y poder ir calificando para cuando llegue el momento de salir en libertad”.

La situación de niñxs y adolescentes

“Llamémoslos como debe llamárselos –aseveró Cantaro–. Basta de menores, son ‘niñxs y adolescentes en conflicto con la ley penal’. Y hay que ser muy cautos con los defensores; los oficiales por lo menos son muy buenos, muy aguerridos, y seguramente se posicionan frente a una acusación contra un/a adolescente en una forma muy defensora”.

Asimismo, el fiscal explicó que la ley que regula el juicio penal se modificó hace algunos años, de modo que lxs niñxs y adolescentes tienen las mismas garantías que un adulto. “La ley prevé algunas reducciones de pena; inclusive, para un mismo delito, para un adulto o un/a adolescente es diferente la pena. Se imponen garantías de alojamiento donde van a estar; de hecho, son muy pocos los que son sometidos a un juicio penal estando privados de su libertad.

Cantaro criticó severamente el funcionamiento del sistema penitenciario en relación a la situación de lxs niñxs y adolescentes: “El sistema penal es tremendo, es una aplanadora. Debilita, desgasta. Si llega a quedar privado de su libertad un/a niñx o adolescente, en Bahía Blanca por ejemplo, no hay sistema de privación de libertad. Hay algunos institutos donde, en el caso de no quedar privado de libertad, permanecen, como empezando ya a instalar el sistema de reposicionamiento. El sistema penal es particularmente perverso con los niños o adolescente”.

El sistema penitenciario en Bahía Blanca

Del mismo modo, el fiscal general se quejó de las condiciones de la UP4, y la situación de las personas privadas de su libertad. “La cárcel de Bahía Blanca debe tener 100 años (la de Saavedra es más nueva). Ahora le habían cortado el gas, y estaban inventando métodos para poder calentarse. Nosotros trabajábamos mucho a partir de denuncias que recibíamos. Tenemos un teléfono con cobro revertido de todas las cárceles del país, así que recibimos todos los días veinte, treinta llamados. Cuando llaman presos de otras cárceles, nos comunicamos con el juzgado para decirle que tal persona, que está a disposición suya, necesita que vayan a verlo porque está padeciendo esto”.

Con ese sistema de teléfono, en un momento lograron trabajar dentro de la Unidad 4. “Cuando nos decían que en varios pabellones no tenían agua caliente… se congelaban en invierno al bañarse. Y debajo de la cárcel hay un surgente. Entonces fuimos, hablamos con uno, con otro, agarramos al jefe del servicio penitenciario, al ministro de seguridad, y lo que hicieron fue hacer caños, y con el agua del surgente lo llevaron a tres pabellones. Después las condiciones de vida en la Unidad Penal 4, y en otras cárceles que nosotros hemos visitado, son tremendas”, ratificó.

Cantaro no tuvo reparo en criticar el accionar del poder judicial. “He escuchado jueces, que cuando alguien venía a quejarse porque no podía ir al hospital a hacerse atender, le decían ‘mire mi compromiso es que usted no esté peor en la cárcel de lo que estaba en la calle. Este es mi compromiso, usted no tiene que estar peor’. Pero esto es lo que asumió el Estado, sino que renuncie”.

Y agregó: “Cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que intervenir en estos casos, se le impone penas [a Argentina] por no cumplir. Después del caso Verbitsky, donde Horacio describió lo que pasaba en las cárceles, dice ‘mire, no me diga que su único compromiso es que alguien no esté peor en la cárcel que en su casa, porque usted lo tiene que tener bien. Tiene que alimentarlo, curarlo si está enfermo. Para eso asumió el compromiso, sino renuncie”. La verdad es que hay innumerables violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.

QTJ: ¿Crees en la justicia?

“Diría que he visto al sistema judicial resolver algunos conflictos rápidamente, y enfáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días intervenciones en amparos de salud. Gente que tiene que recurrir a la justicia para que su prepaga, su obra social o el Estado, le dé una prótesis tal como se merece para su operación. He visto al sistema penal, y he visto alguna resolución de conflicto en materia penal, pero la verdad es que el sistema judicial y el penal tienen baches enormes”.