“La policía sigue armando las causas y el sistema judicial las sigue receptando y a la sociedad le sigue pareciendo bien. Mientras estamos atacando gente que dice que se puede utilizar como medicina la cannabis el narcotráfico de drogas sintéticas es una cosa que aumenta de modo espantoso. Nos siguen distrayendo con estas… estupideces”, advirtió la defensora general Graciela Cortázar tras el abuso de las policías Local y Bonaerense en la detención de tres pibes el viernes pasado.

A plena luz del día y ante varias cámaras que registraban el operativo, integrantes de ambas fuerzas detuvieron a dos militantes de la Cofradía Cannabica que difunden cada semana información sobre el uso de la marihuana y a un tercer joven que manifestó su disconformidad con el accionar policial.

“La cantidad no daba en absoluto como para pasar el umbral mínimo de la lesividad, que es lo que en materia de tenencia de estupefacientes se pone como límite de la punibilidad. El problema está en que las fuerzas policiales inicien procesos por esto, seguramente los chicos van a salir absolutamente libres de cualquier cargo pero el problema es que la autoridad policial inventa causas y las lleva adelante, con lo gravoso que significa estar sometido a proceso simplemente por estar expresando tus ideas”.

Cortázar manifestó por FM De la Calle que “la violencia institucional queda tan claramente marcada con la visión de esos videos que se viralizaron inmediatamente porque el impacto de cómo se utiliza abusivamente la fuerza me parece que si tuviera que enseñarlo en la facultad no hago más que mostrar ese video”.

“Claramente las imputaciones que se le hacen a los chicos son otro de los métodos habituales de los sistemas policiales para generar causas judiciales a quienes ningún delito han cometido. Dos maniobras básicas son: una, el acudir a la resistencia a la autoridad cuando en realidad esto no ocurrió, y por otro lado, la intervención para averiguación por cuestiones de estupefacientes cuando en realidad lo que hace este grupo de gente es expresar sus ideas que, hasta donde yo sé, está no solo permitido sino garantizado en el país en el que vivimos. Con lo cual la ilegalidad desde donde la mires de la actuación de la policía de la comuna es absoluta”, comentó.

La defensora explicó que “la policía puede actuar cuando hay una evidencia de comisión de delito. Esta evidencia tiene que ser clara, no puede ser librada a la interpretación del agente policial. La requisa está autorizada para los policías cuando hay razones de urgencia, porque como es una injerencia en un ámbito de privacidad que está garantizado por la Constitución, no hay ninguna razón para que un policía te entre a requisar violentamente o te compela a que te deje meter sus manos en el cuerpo, que te requise o revise tus cosas. ¿Qué es lo que ocurre? No revierte ninguna urgencia. Primero, ellos no tenían ninguna evidencia de comisión de delito porque de lo que se trataba era la difusión de un uso de una sustancia para fines medicinales, no había ni siquiera apología de ningún delito ni tampoco ningún aspecto que revele comercialización”.

“Lo más ilegal que tiene toda la actuación, y aparte revela que esto es una causa armada -de la cual nuestro Observatorio de Violencia Institucional está tomando registro para mostrar cada año de qué modo se vive la violencia institucional y a veces nos olvidamos en Bahía Blanca-, lo que hacen es acudir a un clásico llamado anónimo, y lo que es peor y revela aún más la impunidad que tienen es que dicen que llamaron los vecinos para decir que les molestaba la presencia de los muchachos en la plaza”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “esto lo que hace es estigmatizar a esta gente y después los cometario en el diario es ‘está bien que los detengan porque son unos traficantes’. No terminamos de aprender los ciudadanos, esto ya no es un reproche a los policías sino a la sociedad, a tener la buena práctica de tolerarnos para vivir en libertad, que cada cual diga lo que le parezca bien. Por eso es tan grave”.

“La culpa no la tienen los pobres flacos que por no tener otra fuente de trabajo se anotan a trabajar de eso. La policía de base, la que va a esos procedimientos, carece absolutamente de toda capacitación. Los que están un poquito más arriba, que son los formadores o los que quedan en las capas o mandos intermedios de la policía de la provincia, todavía no han saneado ni depurado los viejos vicios -afirmó la defensora-. Creo que la última vez que tuvieron la oportunidad de sanearlo fue cuando Arslanian intentó aquella desmilitarización de los bienes de la época de Camps de la policía donde no alcanza con enseñarles derechos humanos como hacen ahora, donde nos mandan a los profesores de la facultad de Derecho a que les digamos qué cosas no se pueden hacer, que no está bueno aplicar torturas. Pasa por que la formación tiene que ser realmente para que se entienda que la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil que tiene a veces la posibilidad de usar la fuerza”.

Cortázar concluyó que “como hay todo un mensaje de inseguridad absoluta y nuestras fuerzas de seguridad son absolutamente impotentes para luchar contra el verdadero delito, lo que se hace son manifestaciones o intervenciones que son placebo para todos nosotros. La señora y el señor que sabe que hay una inseguridad tremenda, cuando ve a la policía comunal en Bahía Blanca haciendo alguna cosa en la plaza dice ‘algo están haciendo’. ¿Sabés cuál es el problema? Que estos placebos duran cada vez menos porque mientras están atacando la libre expresión de esta gente están matando gente en los barrios periféricos, después podríamos discutir si a la gente que lee los diarios y escucha la televisión le importa lo que pasa en los barrios periféricos”.

El viernes 4 de septiembre cerca del mediodía entraron 40 efectivos policiales y allanaron el canal comunitario Antena Negra TV (canal 20 TDA).  Uno de sus integrantes, Martín Sande, fue imputado por el delito de interferencia en la comunicación cuya expectativa de pena es de seis meses a dos años de prisión. La causa está en el Juzgado Nacional N° 5 de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

“El allanamiento fue en una hora en la cual no había nadie en el canal. Realmente sentimos mucha bronca, no tristeza. Actuaron con saña, destrozaron todo lo que estaba en su camino. Estas son las actitudes de las fuerzas represivas”, declaró por FM De la Calle Florencia Vissani, trabajadora del canal.

Luego explicó que “lo que pasó es que hay un pacto entre la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC), son como la policía, vigilan todo. La ley dice que esta señal es para televisión y no para radiollamada. Cuando empezamos a transmitir por esta señal, esa misma noche, llegaron personas de la empresa de seguridad privada PROSEGUR. Esta compañía tiene permiso otorgado por CNC y por la policía, estos son ilegales, vinieron a presionarnos”.

Florencia destacó que“es llamativo como puentean al AFSCA,  ellos son la única autoridad para regular el espectro de la radiodifusión.  La lógica es que el trámite pase por la AFSCA y no por el CNC. Se ve que el poder judicial y económico se llevan bastante bien”.

“Nosotros todavía no tenemos la licencia, nos hemos presentado en todas las instancias posibles para obtenerla. Lo que pasa es que nunca se abrieron los concursos para los sin fines de lucro. Enviamos un despacho al AFSCA para que diga cuándo se abren y si no es así el porqué”, señaló.

La trabajadora del canal agradeció el apoyo y veló por la devolución en buen estado de los equipos: “estamos agradecidos por  el apoyo, hasta del exterior nos brindaron cariño. Ahora tenemos que ver en qué condiciones nos devuelven los equipos, esperemos que esté todo bien, aunque cuando se lo llevaron lo pusieron dentro de una caja de bananas”.

Para finalizar adelantó las actividades para los próximos días, “vamos a concentrar y a manifestarnos es espera de respuestas”.

Texto: Diego García.

El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura. Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio.

Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que proponía el inicio del jury por “mal desempeño en sus funciones” y que fue impulsado por el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, y aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación la semana pasada. El dictamen, que también propone suspenderlo al magistrado en sus actividades hasta que se realice el juicio, le endilga “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”.

Además de una “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La acusación por mal desempeño de sus funciones fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Daniel Candis, por considerar que el ahora acusado ha desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación y por haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a consejerxs del cuerpo.

El consejero Héctor Recalde sostuvo que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca” y por ellos es necesario “conocer la verdad y que se haga justicia”, conceptos que con distintas expresiones fueron compartidos por la mayoría de los consejeros presentes. Por su parte, Leónidas Moldes expresó su opinión desfavorable, la cual contó con la adhesión de Luis María Cabral.

Se encontraban presentes en el Salón del Plenario integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quienes celebraron el temperamento adoptado.

En Bahía Blanca, Montezanti enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos padilla lo declaró en rebeldía después que el ex agente de Inteligencia del Ejército no se presentara a dar declaración indagatoria por tercera vez.

Fuente: Consejo de la Magistratura e Infojus..

“Yo soy Alika Kinan, soy sobreviviente del delito de trata. Yo llegué a la isla en el año 96, también con ofertas engañosas, con expectativas de mejorar mi vida, lo cual nunca llegó a suceder. Terminé siendo explotada en un prostíbulo”, dijo al ser consultada por FM De la Calle sobre el juicio contra la familia propietaria del local “Black and White” de Ushuaia. Según Fiscales.gob, la banda encabezada por Víctor Morales está acusada de engañar a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y someter, al menos, a 18 mujeres.

Por allí pasaron muchas más. En las mismas condiciones que sufrió Alika con otros proxenetas y que aún está tratando de dejar atrás. “El clan Morales hace veinte años que viene explotando mujeres. Está implicada toda la familia, es realmente conmocionante para la ciudad de Ushuaia porque es un prostíbulo donde iban todos. Estaba tan, tan, naturalizado que terminaban yendo desde los padres, los hijos, los abuelos llevaban a los chicos a debutar, era realmente aberrante”.

La CTA Autónoma de Tierra del Fuego informó que el principal imputado, Víctor Morales, quedó detenido este miércoles tras presionar a una víctima para que no lo comprometa. Hoy se leerán los alegatos y el viernes se dictará sentencia.

Alika comentó que durante el debate “se detectó que había muchos casos de situaciones de vulnerabilidad de derechos. Las mujeres en cualquier sano juicio no llegan a prostituirse. La mujer que llega a entregar el cuerpo a cambio de dinero es porque está realmente en una situación muy, muy, vulnerable y con muchas necesidades. Nos encontramos con padres, con familiares, con hijos y todo tiene que ser sostenido por ellas”.

“Entonces llegamos a esa situación de explotación. En el año 2012 es cuando se quita el término ‘consentimiento’, lo que le daba consonancia a la Ley de Trata. Antes decías ‘pero dio el consentimiento’. Sí claro, cuando estás al borde del abismo y te están por empujar, ¿qué vas a decir? Firmas lo que sea aunque sepas que está mal. Das el consentimiento sobre algo que sabés que no es sano, que no está bien pero que no tenés otro camino, no tenés opciones. Eso es la prostitución. Cuando no tenés ningún tipo de opción, no podes elegir, ahí es cuando se convierte en trata de personas.

Como carne de carnicería

Ushuaia, puerto pesquero, puerto militar, última parada antes de la Antártida, puerto de cruceros. “En temporada alta, en verano, bajan entre dos mil y cinco mil personas. Gran parte de los que bajan hacen uso y abuso de los cuerpos de las mujeres que tienen que estar acá expuestos”.

Alika contó que cuando ella llegó, al igual que las mujeres por cuya explotación se juzga al clan Morales, se encontró con la complicidad del Estado. “Automáticamente me llevaron a la policía, los tratantes me dijeron lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, que yo venía como alternadora. El término alternadora es viejísimo, se supone que la mujer comparte copas, alterna copas con el supuesto cliente que no es más que un consumidor”.

“Por lo tanto, cuando yo me voy a hacer el carnet, primero me dan de alta, me hacen la apertura del legajo en la policía, sabiendo donde yo voy a estar. Ya la policía a nivel provincial sabe a qué vengo y quién me entrega. Después te piden una libreta municipal (…) ¿Qué ponía la libreta sanitaria? Exigía un análisis de HIV y un exudado vaginal, ¿para qué me exigís eso si supuestamente voy a alternar copas? ¿Me estás cuidando  mí o estás cuidando de entregar una mujer sana a quien vaya a consumir ese cuerpo? Es como carne en la carnicería, tiene que pasar un control de Senasa, acá son los controles municipales”.

Entre los “clientes” pasan dirigentes y punteros políticos y comisarios. “No me digas que no saben que está mal. Que se está haciendo un consumo de cuerpos. No me digas que cuando encontrás una chica de 18 años en un lugar de estos, muerta de miedo, que a lo mejor ni siquiera ha tenido relaciones sexuales, no me digas que no sabés lo que está pasando. Pasa que conviene más hacer la vista gorda, consumir lo que vas a consumir y te vas”.

“Acá no hay nada color de rosa”

Las mujeres permanecen atadas por “cadenas psicológicas” al prostíbulo. “Es un sistema de endeudamiento por los pasajes, quedás debiendo dinero de ropa, de comida, de tu propia comida, tu propio alojamiento. A partir del momento en que vos sos aislada de tu familia, de gente que te pueda ayudar a pensar en tu situación, donde estás sola, donde te cambian el nombre -no podés prostituirte o ser explotada con el mismo nombre de pila con el que naciste-, todo un trasfondo psicológico donde terminás aislándote y disociando tu propia personalidad”.

“Te convertís en otra mujer. Las cadenas son psicológicas, no te vas a encontrar muchas mujeres que estén con grilletes, atadas ni encerrados. Sí te vas a encontrar lugares donde veas alambres de púas, puertas que se cierran a determinada hora y siempre con ese miedo de no me puedo ir porque me van a ir a buscar, me van a golpear, me van a matar, me van a violar. ¿A dónde me voy a ir? Son casos de violencia extrema pero más allá de la violencia física que se ejerce sobre la mujer, es una brutal violencia psicológica”.

Durante el debate oral una de las víctimas defendió al proxeneta Morales. Alika también pasó por esa situación. “Yo me negaba a que cerraran el lugar porque obviamente veía que todo se me evaporaba, tenía mi vida destrozada, pero la poca estabilidad, el poco dinero que podía mandar a mi casa, lo sacaba de ahí. Me negaba a creer que él hubiese sido un opresor. De hecho, el vínculo que se establece entre el tratante y la víctima, a mí me llevaba en auto, me llevaban al hospital, me cuidaban, yo estaba mejor acá que en cualquier otro lado”.

“Todo eso forma parte de esa opresión psicológica donde ellos tienen que establecer un vínculo para que vos primero des el consentimiento y aparte no se te vea mal. Ya una carga con cuestiones psicológicas como depresión, volcarse al alcohol, a las drogas. Dentro de todo ese caos ellos tienen que ser el ancla que te da un poco de estabilidad. Y lo logran muy bien porque siguen lucrando con tu cuerpo y dentro de todo aguantás. Estás ahí, no te querés ir. Me cobran por llegar tarde, por no ir, el día que me enfermo tengo que pagar dos mil pesos, pero no importa, yo me quedo ahí porque es donde mejor puedo estar. Cuando lo mirás desde afuera, es una locura todo eso. Son mujeres a las que se les quita todos los derechos”, explicó.

Tras presenciar las audiencias del juicio al clan Morales, Kinan destacó que una de las víctimas “tiene un retraso madurativo que cualquier persona que hablara con ella se daba cuenta. Cuando a ella la engañan, tenía un DVD de la película Moulin Rouge, ella pensaba que iba a eso. Mirá vos la fantasía, mirá vos las mujeres siguen pensando en esa Mujer Bonita, en ese Moulin Rouge y no. Realmente a lo que vas es un sucucho de metro y medio por medio metro, son cuchetas dónde vas a estar con quince, veinte, treinta hombres por noche. Donde te duele todo el cuerpo, terminás seis, siete de la mañana toda dolorida. Incluso a veces sangrando, muchas de las chicas que no soportan más tener sexo terminan super alcoholizadas y después de tantos días terminan vomitando sangre. Acá no hay nada color de rosa, acá no hay nada placentero, es tremendo, son infiernos”.

¿Qué solución les vamos a dar?

Al ser consultada por el cierre de “cabarets y whiskerías” ordenados en algunas jurisdicciones como el Partido de Bahía Blanca, Alika opinó que “es una medida efectiva en tanto y en cuanto los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales cumplan con los protocolos de actuación hacia las víctimas”.

“Lo que no podés hacer -que yo lo sufro hoy en día- es cerrar un prostíbulo y dejar a todas esas mujeres a la deriva. Te ofrecen talleres de costura, de mucama. Yo no quería hacer costura ni mucama, ¿por qué me ofrecían esas cosas a mí? Estamos hablando de asistencias de una semana, dos semanas, un mes. Esas mujeres necesitan tratamiento psicológico, eso es fundamental. Necesitas reinsertarlas laboralmente, socialmente”.

“Yo hace un año y medio que estoy con tratamiento psicológico y todavía sigo escuchando cosas terribles que han pasado en mi vida como muchas otras mujeres. El tratamiento es una parte fundamental de darle un sentido a tu vida. No todas toleran eso porque te encontrás con cosas terribles, pero hay que hacerlo. Nación, provincia y municipalidad fallan en todos esos puntos. No hay refugios, no hay casas”, afirmó.

Finalmente se preguntó: “¿Qué solución les vamos a dar? ¿Qué estamos planteando para poder reinsertarlas socialmente? ¿Como sociedad sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Vamos a tener esa capacidad de tolerancia para que esa mujer entre en nuestras vidas? ¿Vamos a tolerar que una mujer que hayamos visto en un prostíbulo la veamos en una caja en un supermercado? ¿Vamos a ser tolerantes y solidarios para darles trabajo, para enseñarles, para ayudarlas? Ahí es donde estamos equivocándonos. El error no es cerrar los prostíbulos, el error es cerrarlos sin contención para estas mujeres que terminan en situaciones de clandestinidad, siendo tratadas de peor manera que antes”.

El viernes, la Policía Local junto a efectivxs de la Bonaerense demostraron que están dispuestos a seguir reproduciendo sus peores prácticas. Esta vez, ante supuestas denuncias vecinales levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y fue registrado en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

La versión policial comenzó imputando venta de marihuana, siguió por resistencia a la autoridad y terminó en una infracción por no tener permiso para ubicarse en la plaza. A la Fiscalía no le dio ni para tomarles declaración. Los pibes fueron liberados el sábado a la mañana y hoy dos de ellos junto a compañerxs de la Cofradía Cannabica y el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude, estuvieron en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle.

“El viernes estuvimos desde las cinco en la plaza, no pasó una hora que ya la Policía Local empezó a hablar conmigo. Al principio un poco mal, que estábamos vendiendo marihuana, me tomé diez minutos para explicarles qué es lo que hacemos, que repartimos información con total respeto porque es algo que nadie habla, nadie se ocupa y nosotros quedamos en el medio. Nos tocó la triste realidad de tener el abuso policial y acá estamos”, dijo Cristian.

Julián recordó que “estaba filmando cómo le sacan las cosas a los chicos, la sargento los revisa, cosa que no se puede hacer. Estaba filmando tranquilo, se da vuelta la sargento, me dice ‘sabés qué, traé los ganchos’. Yo fui el primer detenido. Fue un momento muy feo, no me resistí ni nada, me agarraron cuatro policías”.

Sobre el tercer detenido, Georgina comentó que “hay una oficial que dice ‘ustedes están vendiendo marihuana y después los chicos van y roban’. El chico ese que pasó dijo ‘no, usted está muy equivocada’. Ahí fue que la policía lo agarró. Fue lo único que dijo y lo dijo bien, ni siquiera gritando, tranquilo”. Cristian agregó que el adolescente tuvo un ataque de pánico, que le faltaba el aire y terminó con un chichón en la cabeza.

Relató que “cuando llegamos a la comisaría, las primeras cuatro o cinco horas fueron totalmente incomunicados, sin un vaso de agua pidiendo diez veces, nada. El compañero Julián, viene un civil, le empieza a tomar datos, le saca fotos, lo quiere desnudar, dice ‘ponélo totalmente desnudo, le vamos a sacar fotos a ver qué tiene, si tiene más droga’. Tratándonos como criminales”.
“Pará, lo tiene que revisar un médico”, dijo Cristian. “Vos cerrá el culo”, le respondió el policía de civil, “ya sabés cómo es, ahora estás acá pero podés ir al otro calabozo, el de los homicidas y lo demás”.

Sostuvo que “el de la Policía Local estaba siguiendo la situación. Al principio fue algo muy feo porque ellos tampoco sabían cómo proceder, eran discusiones cada vez que nos llevaban, después de que yo pedí eso, porque nosotros repartimos el manual del detenido, estamos informados, no es que hacer esto es fumar marihuana porque es a lo que menos apuntamos”.

“Estamos muy informados y tratamos de hacer encuentros para estar más unidos y que esto no pase más, la impunidad hoy en día está cada vez más tapada, la democracia a veces se va al carajo”, manifestó Cristian.

Luego de más de doce horas de detención, el sábado a la mañana fueron trasladados a la Fiscalía. “No pasó nada, estuvimos presos en la celda con dos personas más, había una sola celda con candado, uno estaba con esposas dentro de la celda”.

“Después de las cinco horas, que a mí me acusan por infringir la Ley 27.737 y por resistencia a la autoridad, después de la difusión de los videos, dejaban la puerta abierta sin querer y escuchábamos que se les estaba yendo la situación de las manos”, afirmó.

Por su parte, el concejal Raúl Ayude, quien intervino para acercar a la comisaría a fiscales y defensores oficiales, declaró que “acá estaba la Policía Local pero los que guiaban eran policías de la provincia de Buenos Aires. Más allá del período de formación, hay prácticas que son las que terminan formando en la calle al policía, me parece que eso es lo complejo”.

“Si esto sucedió a las seis de la tarde un viernes con mucha gente filmando a plena luz del día en la Plaza Rivadavia, imagináte lo que debe ser Nocito, Maldonado, Stella Maris, 9 de Noviembre, lugares donde no hay testigos, donde la suposición de que un persona puede estar cometiendo un delito hace actuar sobre jóvenes por ser sospechosos. Yo pensaba, ser joven ya es complicado, ser joven y negro es una complicación y ser joven y tener rastas es otra complicación. Creo que sobre eso hay que actuar en función de que se actúe con justicia, que en el fondo se ataquen verdaderos delitos. Ahí creo que entronca con el trabajo de los chicos que quieren que no haya abuso policial ni estigmatización de cosas que no están penadas por la ley”, concluyó.

El viernes a las 15:30 partirá una marcha desde Alem y Uruguay hacia la Plaza Rivadavia en repudio al abuso policial.

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EN CASO DE QUE LA POLICIA TE DEMORE O TE DETENGA TENES DERECHO A:
• Solicitar asesoramiento de un abogado, que puede ser particular o un Defensor Oficial (te lo da el estado gratuitamente).
• Negarte a reconocer cualquier objeto secuestrado.
• Recibir asistencia médica inmediata. El único que puede revisarte es un médico. Nadie más tiene derecho a revisarte o hacerte quitar la ropa.
• Negarte a ser chequeado por personal policial que no sea de tu mismo sexo.
• Negarte a declarar.
• Negarte a que revisen tu casa (a menos que un juez lo ordene).
• Negarte a que te exhiban ante otras personas.
• Negarte a que te extraigan sangre.
• Pedir que te lean tu declaración antes de firmarla.
• Que te informen el motivo de tu detención (averiguación de indentidad, contravención o delito)
• Si te sacaron las pertenencias personales deben darte un recibo como constancia.

ANTE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA CON LA POLICIA:
• Preguntar el nombre de la autoridad de la comisaría.
• Tomar nota del día, hora y lugar en que ocurrió.
• Acordate del nombre o chapa de los policías y patente de los patrulleros.
• Acordarse la cantidad de policías que intervinieron.

AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD.
Tenes derecho a transitar libremente y no pueden demorarte sin una orden competente. Sin embargo, es una práctica habitual de la policía demorarnos para averiguar nuestra identidad o antecedentes. Aunque obviamente se recomienda colaborar, tenes que saber que:
• La policía puede demorarte solo si hay un motivo previo y razonable o no tenes documentos. Si no existe tal motivo, la policía no tiene razón de demorarte.
• Estar demorado no es lo mismo que una detención, por lo tanto no te pueden tener más de 12 horas, ni te pueden poner en un calabozo con gente que cometió delitos.
• La policía no puede retenerte el DNI. Si lo hacen denuncialo en la Fiscalía lo más pronto posible.
• No pueden esposarte. No pueden sacarte fotos ni exhibirte ante otras personas.
• SI SOS MENOR DE 18 AÑOS, la policía tiene que avisarle de forma inmediata a tus padres.
• Si fuiste victima de golpes, maltratos o torturas, tenes que ir rápido a un hospital para que te den una constancia que explique tu estado de salud.

DETENIDO POR UN DELITO
Significa que violaste una normal del Código Penal.
• Se necesita una orden judicial para detenerte y para esto debe existir una causa penal. Sin esta orden solo pueden detenerte si te encuentran cometiendo el delito o escapando.
• La policía tiene que informar de tu detención al Juez, Fiscal y Defensor de turno.
• Tanto vos como tu familia y amigos tienen derecho a que la policía les informe cual es el delito.
• Tenes derecho a llamar un abogado de tu confianza. Si no tenes el Estado ya tiene designado un Defensor Oficial.

DETENIDO POR UNA CONTRAVENCION
Significa que violaste alguna normal del Código de Faltas de la Provincia. (Ej: causar desorden, incitar a la violencia en la vía pública)
• Tenes derecho a hacer una llamada.
• La policía tiene que informar de tu detención al Juez, Fiscal y Defensor de turno.
• Negarte a responder preguntas sin antes hablar con un abogado o solicitar su presencia.
• Recibir asistencia médica.
• No ser alojado junto a personas que cometieron delitos.

SI SOS MENOR
Sos inimputable, es decir, no te pueden aplicar una pena, solo medidas que favorezcan tu desarrollo como persona. La policía debe tratar de que regreses con tus padres o responsables.
• Si te detienen no pueden trasladarte en un auto sin identificación.
• No pueden esposarte sin justificativo.
• No pueden encerrarte en un calabozo con personas mayores de edad.
Está prohibido el alojamiento de menores en dependencias policiales.

SI SOS MUJER
Tiene que intervenir personal policial femenino.
• No te pueden encerrar en un calabozo con hombres.
• No te puede revisar un hombre.
• No te pueden desnudar, ni obligarte a consentir revisaciones vaginales, aunque lo solicite personal femenino o un medico.
• Si te detienen o demoran, antes de cualquier traslado tus hijos deben quedar al cuidado de alguna persona de tu confianza.

“LA POLICIA ME PASEÓ EN EL PATRULLERO”
Es una práctica naturalizada que permite a los policías contar con un margen de tiempo antes de llegar a la Comisaría para negociar con los detenidos, coimearlos o torturarlos.
Cuando te suben a un móvil policial, el trayecto a la comisaría debe ser directo. Si esto no se cumple podes denunciarlo en la Fiscalía.

Fuentes: Video Correpi. Texto Campaña contra la violencia institucional.

El filósofo Eduardo Rinesi afirmó en Bahía Blanca que “la comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía”. Invitado por la delegación local de AFSCA, el politólogo y educador participó de una charla en la UNS.

“Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo”, destacó.

“Derecho a la Comunicación, Medios y Política” fue la consigna del encuentro moderado por el periodista Carlos Quiroga. Rinesi se formó en las universidades de Rosario, São Paulo y FLACSO y dicta la cátedra de Sociología en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

El también titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual aseguró que pensar en términos de “libertad popular republicana” y “de derecho” obliga a abandonar la idea “antiestatalista” de la posdictadura para considerar “que el Estado puede estar del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia”.

“Necesitamos una teoría compleja que nos permita pensar el carácter bicéfalo. Estoy citando a un querido amigo hijo de esta ciudad, un gran jurista argentino, que es Abel Córdoba. No podemos andar por la vida suponiendo, como si fuéramos liberales, que el Estado es solamente una amenaza para la libertad cuando muchas veces es un garante de la libertad. Pero tampoco podemos chuparnos el dedo e ignorar que el Estado -incluso gobernado por un gobierno que eventualmente hasta nos gusta- sigue siendo un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos, un disciplinador social”, explicó.

El filósofo se preguntó qué quiere decir tener un derecho y aseguró que si se lo preguntase a un abogado positivista, este respondería que “en las leyes, los códigos o la constitución del país donde vive está escrito que tiene derecho a”. Sin embargo, afirmó que “cuando usamos la palabra derecho en nuestro discurso político decimos otra cosa. Primero porque muchas veces las leyes dicen que tenemos derecho a cosas a las que el derecho que tenemos es por lo menos opinable. Y otras veces es exactamente porque las leyes no dicen que tenemos un derecho que nosotros decimos que lo tenemos para que las leyes digan que lo tenemos de una buena vez”.

Priorizando la idea política del derecho sobre la legalista, Rinesi manifestó que “decir que se tiene derecho a algo, en general, quiere decir: a) que no se tiene el derecho que se dice tener y b) que se lo debería tener. Por eso la palabra derecho es una de las palabras más políticas que existen, porque contiene en su misma materia, en su misma carne, la tensión entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, entre la caracterización de la sociedad injusta que tenemos y el sueño de la sociedad justa que deberíamos tener”.

De esta manera, el “combate” por los derechos se torna interminable porque “postulamos derechos en la medida de que alguno no lo tenemos, cuando lo tenemos dejamos de postularlo como derecho, lo olvidamos como derecho y pasamos al siguiente. Y está muy bien que sea así. Hoy a la comunicación la pensamos como uno de esos derechos”.

“Las libertades y los derechos son individuales y colectivos, son de los ciudadanos y son del pueblo. Y cuando pensamos en el derecho a la comunicación ese pueblo suele recibir el nombre de audiencia. La audiencia es el pueblo subespecie comunicativa, y ese pueblo subespecie comunicativa tiene derechos”.

¿Cuándo un derecho es humano?

El ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento recordó que luego de la dictadura se sostenía que “lo que hace humano a un derecho es la circunstancia de que fue el Estado, abusando de su poder, el que lo violó. En general, pensábamos en los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la inmediata dictadura”.

“Cuando extendíamos un poco la reflexión, decíamos ‘pero también se siguen vioando los derechos humanos cuando esos crímenes cometidos por la dictadura no son juzgados todavía’. Y cuando prolongábamos un poquito más la reflexión, decíamos ‘pero también son crímenes contra los derechos humanos los crímenes que el Estado, incluso bajo un gobierno democrático, no deja de cometer”, dijo.

Rinesi insistió en que el Estado “es una institución compleja que no se confunde con el gobierno ni con la voluntad política de su gobierno, y hoy en Argentina bajo un gobierno que a mí me gusta y que sin duda es el gobierno que más ha hecho en favor de la vigencia de los derechos humanos en muchímas décadas en este país, hoy el Estado viola sistemática y cotidianamente una cantidad de derechos humanos”.

El politólogo aseveró que “una cosa interesante que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina es que cuando decimos ‘derechos humanos’ incorporámos a esa lista, además de los derechos que el Estado a veces viola, un conjunto de derechos que no le pedimos al Estado que se abstenga de violar sino que le pedimos al Estado que garantice. Entre esos derechos está el derecho a la comunicación”.

“La comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía. Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo.

“El sujeto, el titular, del derecho a la comunicación es cada uno de nosotros como individuo y es el pueblo en su conjunto, porque es como conjunto que se enriquece el pueblo cuando cada uno de sus ciudadanos está mejor informado, cuando pueden decir lo que quieren sin temor a ninguna forma de censura”, concluyó.

Dos integrantes de la Cofradía Cannabica que entregaban folletos informativos en Plaza Rivadavia fueron detenidos violentamente esta tarde por la Policía Local. Otro joven testigo del atropello policial corrió la misma suerte.

Los pibes fueron requisados y se les encontró semillas, plantines sin THC y cremas terapéuticas.

Acusados de resistirse a la autoridad fueron llevados a la Comisaría Primera. Allí esperaron al titular de la fiscalía de estupefacientes Jorge Viego. Interviene además el defensor oficial Carlos Carnevale.

En el lugar se reunieron compañerxs de la agrupación que milita contra el narcotráfico y por la legalización del autocultivo de marihuana e integrantes de organizaciones políticas. También se encuentra el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude.

La policía pretende que los jóvenes continúen detenidos hasta la mañana de este sábado.

Noticia en desarrollo.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.

El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.

Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

nieta 117

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.

Los próximos 5, 6 y 9 de noviembre se desarrollará el juicio por el abuso sexual padecido por una adolescente, interna del Patronato de la Infancia, en 2008. El caso derivó en una innecesaria polémica sobre el aborto no punible por la intervención de sectores “pro vida” quienes, amparados por el juez de familia Eduardo Longás, obstaculizaron la interrupción del embarazo producto de la violación. Además, destapó la mala atención que recibían las niñas y los niños y la oscura administración del organismo.

En el banquillo habrá un solo imputado de tres, dado que uno falleció y el otro está prófugo. “Si bien llega un poco a destiempo, sentir la ratificación y el avance de la justicia siempre es reparador, en este caso para mi ahijada que es la víctima de esta situación. Por el buen manejo que ha tenido la Fiscalía a través de instrumentos como la Cámara Gesell tuvo el menor contacto con la cuestión judicial pero es un paso importante”, aseguró la abogada Fernanda Petersen.

Si bien la fecha de inicio no está definida, el viernes 14 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la cual las partes expusieron sus pruebas. El delito imputado “es abuso agravado por el parentesco que tenía y por su situación de discapacidad. Ella tiene un retraso madurativo que si bien en este momento tiene 24 años y en el de los hechos 18, según los informes de los peritos, su edad madurativa es entre ocho y diez años. Obviamente eso hace que el abuso sea agravado porque fue su situación la que generó mayor posibilidad de vulneración de sus derechos”, explicó Petersen.

Recordó que “junto con mi hermana hicimos una denuncia por abandono de persona porque cuando mi ahijada comenta esta situación primaria en la institución se labra un acta, no se da a conocimiento ni a nosotras, en mi carácter de madrina y de familia que la acompañábamos, ni al juzgado de menores”. De esta manera, la chica siguió en contacto con sus familiares biológicos entre quienes se encontraban sus abusadores.

Respecto al equipo técnico del Patronato “consideramos que había una situación delictiva, se configuraba el abandono de persona porque ellos eran los guardadores. Esto es una institución pública o, si bien no dependía formalmente del municipio o provincia, recibía becas del Estado”. Por ello, están imputados en otra causa el ex director Antonio López (en la foto junto al abogado Miguel Asad), el psicólogo Esteban Godia, la maestra coordinadora Susana Camblor y la trabajadora social Verónica Godoy.

“El 22 de julio la Fiscalía de la dra. (Olga) Herro pidió formalmente la elevación de la causa a juicio y, en este momento, se está notificando a los defensores y a todas las partes intervinientes para que formulen las oposiciones que correspondan. Luego deberá decidir la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, si considera que hay que elevar la causa o no a juicio. Pero hoy formalmente todo el equipo técnico y directivo del Patronato está imputado por abandono de persona”, aseguró.

Para Petersen “el hermano o el tío o el cuñado o quien fuera del grupo familiar que abusó de mi ahijada, obviamente que contó con la complicidad de estas personas porque si alguien se acerca a una institución y reconoce indicios o alguna situación que debe alarmar al equipo técnico o la víctima habla o no se validan sus dichos, lo que se está haciendo es ser cómplice con los abusadores”.

Ante el embarazo originado por la violación, se solicitó en el Hospital Penna un aborto no punible tal como lo establece el art. 86 del Código Penal. Sin embargo, el juez Eduardo Longás aceptó el planteo de un matrimonio que pretendía adoptar al futuro bebé y “en virtud de los derechos de la persona por nacer se plantea la interrupción del aborto que se estaba llevando adelante”. En instancias superiores, la justicia resolvió en favor de la adolescente abusada.

“También hicimos una denuncia que no prosperó, porque considerábamos que se estaba violando el artículo 86 claramente. En este tema se ha avanzado por suerte con el nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que en el caso de abuso, las víctimas pueden presentarse en el Hospital Penna y con una sola declaración jurada, la justicia no tiene posibilidad de intervenir”, destacó la abogada.

Finalmente, Petersen comentó que mantienen al tanto de cada paso procesal a su ahijada y que “para ella es muy aliviante sentir que, más allá de que quienes estamos cerca de ella y su familia le creímos siempre, la justicia respalde lo que ella dijo. Hoy por hoy tiene una vida completa, con actividades, con grupo de amigos, está muy bien pero es un hecho que está para siempre”.

Además de las causas derivadas del abuso sexual, a partir de un detallado informe en defensa de los derechos de lxs niñxs del Patronato realizado por el entonces fiscal general Hugo Cañón, se terminaron las becas y subsidios estatales para la institución y se reubicó a lxs internxs en otros hogares.

“El Patronato fue una imagen muy concreta del Estado ausente sin ningún tipo de control. Sacar hasta los alfajores de un grupo de chicos, de niñas, que están en un lugar al resguardo de esas personas habla por sí mismo. De ahí para arriba pueden hacer cualquier cosa, el informe era lapidario, había bienes que no se sabía dónde estaban y había empleados que no podían cobrar sus indemnizaciones”, concluyó Petersen.

Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.

“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.

El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.

Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.

Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.

La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.

Leé la nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

 

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca no se presentó hoy a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para defenderse de la imputación fiscal por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado.

“El dr. Montezanti presentó una recusación al juez y al Ministerio Público. Se contestó, el juzgado resolvió rechazarla y luego manifestamos que por las razones que dio para no venir, que fueron funcionales, tenía algún trámite en la Cámara, entendíamos que no había razones válidas o importantes como para postergar un acto de tal trascendencia procesal. Así que solicitamos que se fije inmediatamente nueva audiencia y que se comunique esa situación al Consejo de la Magistratura”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani.

La indagatoria estaba convocada para las 11 en el juzgado de Alsina 317 donde se manifestaban organizaciones políticas y estudiantiles y cuyo frente lucía afiches que denunciaban la pertenencia del magistrado al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 y pedían su expulsión de la Universidad del Sur.

“No me extraña, Montezanti es un cagón que se escondió durante cuatro años en la universidad, primero fue una cautelar, después una recusación a consejeros de Derecho, después del Consejo, etcétera, y es lo que está haciendo ahora. Con estas recusaciones lo único que pretende es prorrogar todos los plazos. Es muy importante hacer visible todo esto y que no queden estas cuestiones en los tribunales sino que trasciendan a la sociedad”, opinó Dante Patrignani al cierre de la transmisión especial de FM De la Calle.

Alberto Rodríguez se mostró sorprendido porque “un juez de la Cámara Federal no se haga a justicia, es un caso extraño donde tiene todas las posibilidades de demostrar su inocencia, donde podría refutar todas las acusaciones que contra él tenemos y los testigos que hay para probar su participación en la Triple A. Se ve que los tribunales le caben para juzgar a los demás pero no para defenderse, cosa que no pudieron hacer los compañeros asesinados”.

Consultado acerca de las particularidades del trámite penal para un imputado que a su vez es camarista federal, Palazzani explicó que “tienen un régimen diferente, cualquier imputado que no concurra a una convocatoria de este tipo si no tiene razones fundadas se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. En el caso de los magistrados esa situación no es posible por sus fueros, pero las razones que dio fueron funcionales, que tenía otra actividad en la Cámara, con lo cual permite que el juez fije otro horario para que concurra, puede ser hoy a la tarde”.

Si las ausencias de Montezanti se repiten con razones infundadas como las planteadas este mediodía, el representante del Ministerio Público aseguró que “claro que tiene que comenzar ese proceso (de desafuero)”.

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

El fiscal federal Miguel Palazzani se refirió este sábado a la infiltración de la policía bonaerense en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para identificar a los autores de una pegatina en contra del docente de Derecho Néstor Luis Montezanti por su participación en la inteligencia del terrorismo de Estado.

“Tenemos que seguir manteniendo esa capacidad de asombro para poder reaccionar, porque que uno diga que es grave a esta altura no parece algo original. Debe haber una reacción de la comunidad universitaria no solamente bahiense sino nacional. La universidad pública no puede no decir nada respecto de nada menos que la infiltración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y nada menos que en la Universidad Nacional del Sur y nada menos que a partir de una denuncia que hace un ex Personal Civil de Inteligencia que es presidente de una Cámara Federal”.

Para el funcionario, Montezanti “no pudo desconocer que esa denuncia, por todos sus componentes, tramitaba o debía tramitar en jurisdicción federal y no provincial” y solo con ese dato “hay un ruido que habrá que dilucidar”. “Es muy sugestivo que el denunciante, que es alguien que debe conocer perfectamente la ley o en todo caso el error es absolutamente inexcusable, concurra a la sede provincial a hacer este tipo de denuncia donde todo indicaba que era jurisdicción federal”, insistió.

Exigió explicaciones por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y la policía bonaerenses. “Han vulnerado no solamente la Ley de Inteligencia sino la autonomía universitaria, en un hecho que realmente no tiene ninguna diferencia leer ese informe del policía con los que leemos a diario los que tenemos la oportunidad de ver los informes de la DIPPBA de la época de la dictadura”.

Palazzani compartió la “honda preocupación” expresada por el rectorado universitario en un comunicado de prensa pero sostuvo que “debe traducirse en actos que permitan investigar lo que pasó”. Por ejemplo, mediante la presentación de la UNS como querellante “porque si esta es la manera de conducirse de la policía de la provincia y de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia, nadie puede asegurar que no haya ocurrido alguna vez o que esté ocurriendo”.

“Lo de Patrignani realmente es, no sé si la palabra es increíble pero llama mucho la atención porque tenemos informes de la DIPPBA del año 73 que ya era investigado. Verlo en el 2015 nuevamente con los mismos personajes de un lado de la inteligencia y del otro lado de los investigados y perseguidos es impactante”, afirmó.

*Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

El docente de la Universidad del Sur Néstor Luis Montezanti, fue suspendido preventivamente hasta tanto finalice el juicio académico aprobado ayer por el Consejo Superior. El cuerpo entendió que su actuación como personal civil de inteligencia durante la última dictadura implica “falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”.

Dante Patrignani, quien solicitó el juicio en 2011, compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer (…). Seguiremos militando, hay que estar vigilante y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Montezanti es profesor titular de Ciencia Política, de Introducción al Derecho y de Derecho Administrativo. Además, preside la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que deberá defender el próximo 25 de agosto ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que evalúa varios pedidos unificados de juicio político. Dos días después, será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla como imputado en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas”, dijo Alberto Rodríguez, querellante en la causa contra la banda parapolicial.

Parafraseando al movimiento que pretende desmonumentar al genocida Roca, decimos que la expulsión de los y las colaboracionistas de la dictadura de las instituciones democráticas, viene. Lento, pero viene.

DSCN7416Al abrir la sesión, una representante del alumnado manifestó su “preocupación” por la infiltración de un policía bonaerense en la comunidad universitaria por orden del fiscal Rubén Álvarez, en el marco de una denuncia presentada por Montezanti y repudió “todo acto de inteligencia que tenga como víctimas a estudiantes”.

El secretario del Consejo, Diego Duprat, leyó el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y registró una propuesta de modificación de forma. Desde la bancada estudiantil de Generación UNS se afirmó que “escuchamos y percibimos una clara voluntad de la comunidad universitaria que exigía la toma de decisiones concretas respecto a un docente que ha reconocido que ha participado en el personal civil de inteligencia, por esta razón hoy hay que votar con conciencia para determinar cuál es el tipo de universidad que queremos para el futuro”.

Por su parte, la lista Unidad sostuvo que “educar en el tema de los derechos humanos debe ser un compromiso permanente y una responsabilidad ineludible de nuestra institución. Estos acontecimientos nos interpelan sobre la formación que queremos tener como estudiantes y futuros profesionales”. Y respecto a la infiltración por las pegatinas contra Montezanti opinaron que “implica un sombrío retroceso a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y por eso no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

DSCN7470Llegó el turno de la votación y 27 manos se levantaron por unos segundos hasta que la confirmación de la aprobación por unanimidad dio paso al clásico colectivo “ole olé, ole olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y los gritos de “presente” para Watu y lxs treinta mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.

En sus considerandos la resolución afirma que “la comisión de delitos de lesa humanidad en el país fue organizada con la necesaria complicidad de una amplia red de ‘informantes’ -muchos de los cuales formaron parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI)- que se encargaban de recolectar los datos que luego eran suministrados a los ‘grupos de tareas’”.

Además, considera que “el accionar descripto fue desplegado vigorosamente en el ámbito universitario donde los aludidos agentes se infiltraron obteniendo los nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales de docentes, auxiliares y estudiantes que luego fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, crímenes aberrantes y desapariciones”.

DSCN7500Resuelto el punto 4 de la orden del día, el Consejo Superior continuó su sesión en el segundo piso del Rectorado mientras en las escalinatas de ingreso se realizaba un acto de festejo con la voz de Dante Patrignani y Alberto Rodríguez, pilares de la denuncia contra el camarista y la Triple A, y la lectura de un documento de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas. La bandera de la libertad, de ser estudiantes críticos, de poder llevar adelante el sacar a un fascista de los cuales todavía quedan unos cuantos por sacar”, dijo Rodríguez.

Carucha advirtió que “todavía dentro de esta universidad hay un gran porcentaje de docentes que no están de acuerdo con lo que se acaba de votar. Y, es más, en sus clases de economía persiste el neoliberalismo, en sus clases de justicia o de derecho persiste el derecho del opresor y nunca explican cómo debe ser defendido el oprimido”.

“Por eso compañeros, esta lucha no terminó hoy. Hoy es un día de festejos, para poder festejar una vez por lo menos. Pero no nos olvidemos, el opresor sigue enseñando en esta universidad, los oprimidos todavía no terminan de despertar. Es de ustedes, es de nosotros, no abandonar la lucha, continuarla hasta que no quede uno solo de los que fueron cómplices y de los que siguen siendo cómplices dentro de la Universidad del Sur”, culminó.

DSCN7546Patrignani recordó que “cuando empecé con esto en soledad hace cuatro años, no lo hice porque tenía espíritu de kamikaze sino porque no conseguí quién me acompañara. Los argumentos eran: no es suficiente acusación el hecho de haber sido PCI, que haber sido PCI no es un delito, que es un tipo muy poderoso, que es juez federal y si le cae una causa contra la universidad nos hace pelota, qué jurado académico se va a enfrentar con este tipo. Toda una serie de argumentos que la perseverancia y el acompañamiento de ese grupo de militantes, de jóvenes, de estudiantes que se pusieron la mochila al hombro y a ese primer paso formal le dieron contenido y fuerza y le pusieron garra a las pegatinas, a las volanteadas”.

“Toda esa tarea fue convenciendo a algunos que no estaban convencidos y, por otro lado, los hechos relevantes de estos últimos meses, la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con el juicio político donde han juntado todas las denuncias, la mía, la de los fiscales, de los organismos de derechos humanos, las viejas denuncias archivadas del sindicato de empleados judiciales y este llamado a indagatoria por parte del juez Ramos Padilla, han hecho que la universidad no pudiera seguir mirando para otro lado y tuviera que tomar esta definición”, explicó.

El profesor compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer porque tenemos el antecedente de Gloria Girotti que se han vencido los dos años de plazo y, sin embargo, el jurado todavía no ha tomado una decisión. Seguiremos militando, hay que estar vigilante sobre esto y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni abrazaron desde Neuquén a Patrignani por “honrar la militancia con su actitud” y Federico Machado, integrante de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, destacó la “correlación de fuerzas construida por el campo popular que nos permite, no solamente estar juzgando a los militares genocidas, sino también poner en el banquillo a sus cómplices civiles y expulsarlos para siempre de nuestras universidades para ponerlas definitivamente al servicio del pueblo”.

En el marco de una causa iniciada en una fiscalía provincial, un policía bonaerense se infiltró en la comunidad universitaria para investigar una pegatina de afiches denunciada por el camarista. El fiscal Nebbia solicitó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

El fiscal federal subrogante José Nebbia requirió la desestimación de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti –citado para el jueves próximo a indagatoria por crímenes de lesa humanidad-, por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen suya luciendo una gorra militar. En la misma presentación, el representante del Ministerio Público requirió que se investigue la violación a la ley de Inteligencia Nacional, por tareas de espionaje a la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dado que un agente policial se infiltró entre los estudiantes para obtener información sobre la pegatina.

La causa en la que dictaminó Nebbia fue iniciada en el fuero ordinario en noviembre pasado -y pasó al fuero federal por incompetencia- por impulso del propio Montezanti. En esa denuncia, el magistrado imputó el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani,  a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia interpuesta por Montezanti, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. “Expresa que llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aún así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

Nebbia desestimó la denuncia de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

Por esa razón, el fiscal solicitó que “se extraigan testimonios de la presente causa para que se investigue -al menos- la violación de la ley de Inteligencia Nacional”, como la comisión del delito de abuso de autoridad por parte del oficial Vaca y sus superiores, “sin perjuicio de que la actividad pueda encuadrar también en otras figuras penales”.

Fuente: fiscales.gob.ar

José Lualdi, secretario general del Partido Comunista local, visitó FM De la Calle luego de las detenciones de Héctor Ángel Forcelli,  Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio, en el marco de la causa que investiga el accionar de la Triple A. Los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani ya suman cinco detenidos en total y añadieron a la investigación la citación a indagatoria al presidente de la Cámara Federal y docente de la UNS, Néstor Luis Montezanti.

El abogado se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia de la última dictadura militar y está acusado de presunta complicidad con violaciones a los derechos humanos debido a su rol de informante sobre lo que acontecía hacia el interior de la universidad.

“Hay una complicidad llamativa de los poderes concentrados. Está demostrado que Montezanti ha sido protegido por el peronismo, principalmente, porque ha sido abogado de sindicatos ortodoxos y verticales como la UOM. El peronismo tiene una visión mitrista de construcción de su jerarquía política. Mitre hizo sobre nuestros jefes políticos -los que fundaron la nación- un culto de hombres de bronce a los cuales no se les puede discutir. El peronismo es parte de un revisionismo que discute las contradicciones de todos los jefes políticos, menos los del peronismo”, dijo el dirigente.

“Como Montezanti ha protegido a los miembros de la Triple A y a los sindicatos ortodoxos, ha sido parte de ese aparato. La Triple A como verdad histórica fue parida en el último gobierno de Perón, en un gobierno que era mayoritariamente ortodoxo y mayoritariamente anticomunista”, analizó Lualdi.

La diferencia entre los detenidos en la causa Trile A “y Montezanti es que este último ha sido un intelectual orgánico de la política de la dictadura y ha garantizado su línea en el Poder Judicial y en la UNS. No sólo ha defendido causas indefendibles, es más importante, ha formado un factor subjetivo en los abogados y el Poder Judicial de la ciudad. De eso no se habla. Por eso, vienen fiscales y un juez de afuera para decir lo que todos ya saben”.

En el caso de “Forcelli, se recicló bajo una política consiente de Empleados de Comercio. Crisol sabía quién era. Es más, casi es secretario general de hecho cuando Crisol estaba muy anciano. Acá es un tema menor, pero también tendrá que responder por la desaparición de la tosca acumulada en el autódromo”.

En este marco, Lualdi instó a militantes, familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y sobrevivientes a denunciar y apoyar el pedido de justicia por la causa Triple A.

“Hay un retraso imperdonable de las autoridades de la UNS” con respecto a la realización del Juicio Académico a Montezanti. “No tienen más explicaciones y sin embargo siguen dando vueltas. Quiero destacar la valentía y la perseverancia de Dante Patrignani. Ha sido un emblema de la pelea contra Montezanti en la universidad”.

El Convenio Colectivo de lxs trabajadorxs de la educación universitaria explicita que las universidades públicas nacionales no alojarán profesionales que hayan desarrollado acciones tendientes a desestabilizar las instituciones democráticas.

En este contexto, las recientes amenazas que recibió Alberto Rodríguez como testigo directo del asesinato del estudiante y militante David “Watu” Cilleruelo en el Departamento de Ingeniería de la UNS en abril de 1975, son vinculadas por diferentes organizaciones políticas y de derechos humanos con su iniciativa de investigar a integrantes de las patotas de la Triple A y el protagonismo de Montezanti en la toma de la Universidad Tecnológica Nacional en 1974.

“Es imposible que ningún secretario general de aquella época o ningún miembro de comisión directiva o miembro del PJ puedan no saber quiénes eran. Todas las acciones las hacían en nombre del peronismo. La película ‘No habrá más penas ni olvido’ lo refleja: fusilados y fusiladores gritando ¡Viva Perón!”, expresó.

“Algunos sectores que seguramente están tan contentos como nosotros de que esta gente esté presa, me refiero a algunos sectores kirchneristas, tiene un problema con la verdad histórica: Néstor gobernador con su cuñado de aquel momento, Mercado e Ibáñez hicieron un acto de reivindicación a Rodolfo “Fito” Ponce. Esa es la verdad histórica. Y no estamos discutiendo los 12 años de gobierno kirchnerista donde hay cosas que son muy buenas, extraordinarias o muy malas. Hay de todo. Pero esa es parte de la verdad histórica. Hay que romper con esa cultura mitrista”, finalizó.

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La Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior de la Universidad del Sur aprobó un dictamen que hace lugar al pedido del profesor Dante Patrignani para iniciar un juicio académico contra el docente de Derecho, Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura e imputado en la causa que investiga crímenes de la Triple A. La propuesta que deberá analizar este miércoles el pleno del Consejo incluye la suspensión preventiva del denunciado hasta la finalización del proceso.

El rector universitario Ricardo Sabbatini aseguró que el enojo motivado por el debate de la sesión del 5 de agosto, derivó en la activación del trámite del juicio académico solicitado por Patrignani el 3 de octubre de 2011. Opinó que el dictamen “tuvo una muy buena acogida” y se esperanzó en que “se apruebe por unanimidad”.

La Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti convocó a concentrar el miércoles en el playón del edificio de la UNS de Alem 1253 a las 16:30, para movilizar hacia la sede del rectorado de Colón 80 donde comenzará a sesionar el Consejo Superior a las 18. “Es bueno que se confronte, que el estudiante aprenda a diferenciar, a debatir, estas cosas son propias de la vida universitaria”, manifestó Sabbatini.

“Estuvo trabado mucho tiempo, ustedes se acordarán, por un problema un poco técnico, que era un problema de los plazos. Eso se superó, justo fue antes de las vacaciones de invierno de la universidad, y ahora lo que nosotros un poco hicimos desde el rectorado junto con algunos consejeros de la lista  oficialista, fue ‘bueno, vamos a leer los expedientes’. Eso en realidad lo tienen que leer los abogados porque es bastante complicado entender todos los vericuetos judiciales.

“Se leyó todo el expediente y se llegó a una conclusión de que era válido el pedido de juicio académico de Dante Patrignani. Entonces hicimos un borrador de dictamen junto con los consejeros nuestros y que era precisamente iniciar el juicio a Montezanti en el Consejo Superior pero además agregarle una suspensión provisoria que está prevista en el reglamento”, comentó.

En cuanto a la reacción del también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el rector explicó que hizo una presentación en la UNS “por una averiguación de antecedentes que se había hecho. Nos llegó un oficio de la jueza Gabriela Marrón que a su vez Montezanti le había solicitado una serie de expedientes vinculados con su causa pero no directamente con el juicio académico”.

Además del cuestionamiento en la UNS, Montezanti el  25 de agosto debe hacer un descargo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura en el marco de un pedido de juicio político por su cargo en la Cámara Federal y dos días después será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A que ya tiene cinco detenidos. En el caso del camarista, sus fueros impiden su detención pero no que sea investigado con prohibición de salir del país.

Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.