La Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior de la Universidad del Sur aprobó un dictamen que hace lugar al pedido del profesor Dante Patrignani para iniciar un juicio académico contra el docente de Derecho, Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura e imputado en la causa que investiga crímenes de la Triple A. La propuesta que deberá analizar este miércoles el pleno del Consejo incluye la suspensión preventiva del denunciado hasta la finalización del proceso.

El rector universitario Ricardo Sabbatini aseguró que el enojo motivado por el debate de la sesión del 5 de agosto, derivó en la activación del trámite del juicio académico solicitado por Patrignani el 3 de octubre de 2011. Opinó que el dictamen “tuvo una muy buena acogida” y se esperanzó en que “se apruebe por unanimidad”.

La Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti convocó a concentrar el miércoles en el playón del edificio de la UNS de Alem 1253 a las 16:30, para movilizar hacia la sede del rectorado de Colón 80 donde comenzará a sesionar el Consejo Superior a las 18. “Es bueno que se confronte, que el estudiante aprenda a diferenciar, a debatir, estas cosas son propias de la vida universitaria”, manifestó Sabbatini.

“Estuvo trabado mucho tiempo, ustedes se acordarán, por un problema un poco técnico, que era un problema de los plazos. Eso se superó, justo fue antes de las vacaciones de invierno de la universidad, y ahora lo que nosotros un poco hicimos desde el rectorado junto con algunos consejeros de la lista  oficialista, fue ‘bueno, vamos a leer los expedientes’. Eso en realidad lo tienen que leer los abogados porque es bastante complicado entender todos los vericuetos judiciales.

“Se leyó todo el expediente y se llegó a una conclusión de que era válido el pedido de juicio académico de Dante Patrignani. Entonces hicimos un borrador de dictamen junto con los consejeros nuestros y que era precisamente iniciar el juicio a Montezanti en el Consejo Superior pero además agregarle una suspensión provisoria que está prevista en el reglamento”, comentó.

En cuanto a la reacción del también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el rector explicó que hizo una presentación en la UNS “por una averiguación de antecedentes que se había hecho. Nos llegó un oficio de la jueza Gabriela Marrón que a su vez Montezanti le había solicitado una serie de expedientes vinculados con su causa pero no directamente con el juicio académico”.

Además del cuestionamiento en la UNS, Montezanti el  25 de agosto debe hacer un descargo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura en el marco de un pedido de juicio político por su cargo en la Cámara Federal y dos días después será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A que ya tiene cinco detenidos. En el caso del camarista, sus fueros impiden su detención pero no que sea investigado con prohibición de salir del país.

Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

Esta semana los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani comenzaron a desarrollar su alegato en el juicio contra represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado.

Afirmaron que este tercer juicio de lesa humanidad realizado en Bahía Blanca, develó “la existencia y funcionamiento de los centros clandestinos, los fusilamientos, los secuestros, las desapariciones y toda la mecánica del horror del terrorismo de Estado” y concluyó que el plan criminal “indudablemente” no hubiese podido llevarse a cabo “sin las complicidades civiles, de los empresarios, de la justicia y de la Iglesia”.

Durante las primeras dos audiencias de las cuatro otorgadas a la exposición fiscal, los funcionarios describieron la estructura orgánica de la fuerza y las normativas que demuestran la planificación al detalle del genocidio y relataron algunos de los hechos que se les imputan a 23 integrantes de la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerenses.

El juicio se reanudará el lunes 24 y el martes 25 de agosto a las 9 en Colón 80. Luego deberán alegar las querellas y las defensas los días 1, 2, 22 y 23 de septiembre.

Continuidad y profundización

El fiscal José Nebbia abrió el alegato destacando los 39 años de impunidad que se comenzaron a saldar en el “largo camino” iniciado el 8 de julio de 2014. Fueron 65 audiencias en las cuales declararon más de 150 testigos, quienes -junto a la prueba documental- iluminaron “una porción de la historia que permanecía oculta porque no es sino hasta este juicio que se tiene una clara conciencia de las características y dimensiones de lo que sucedió en la región de Bahía Blanca, Punta Alta y alrededores”.

“Ya mucho se ha dicho sobre las características y condiciones políticas, sociales, culturales que existían entonces y que fueron aquel contexto histórico en el cual se enmarcó el genocidio sufrido por el pueblo argentino. Genocidio perpetrado a manos de quienes se creyeron aquel cuento de ser los salvadores de la patria y no fueron más que la mano de obra barata y descartable del momento, de aquellos que poseían, y algunos aún poseen, el poder real”, afirmó.

A la revisión sobre el accionar del Ejército, el Servicio Penitenciario y la Policía Federal que permitieron los dos primeros juicios, el debate en curso suma los prontuarios represivos de la Armada Argentina, la Prefectura y la Policía Bonaerense.

“Este variopinto de fuerzas implicadas, de imputados que integraron esas distintas fuerzas armadas y de seguridad, da cuenta justamente de esa articulación y del accionar conjunto que existió en esta jurisdicción. Las sentencias recaídas en la Causa 982 y 1067 hablan del contexto en el cual se cometieron estos crímenes, hablan de un contexto de genocidio que entendemos a esta altura del proceso de Memoria, Verdad y Justicia son hechos notorios”, sostuvo Nebbia.

Sin embargo, la Fiscalía se detuvo sobre algunos “hitos” que se repiten en cada juicio: la participación del diario La Nueva Provincia de la familia Massot y de la Iglesia Católica a través de sus capellanes militares.

La constante presencia del clan Massot

“El rol de ese multimedio ha sido tan cardinal, como ustedes mismos lo han señalado en aquella histórica primera sentencia, que es imposible silenciarlo. Hemos escuchado a lo largo de este juicio, de las audiencias de debate, cómo víctimas y familiares hicieron constante referencia al papel desplegado por el clan Massot en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, dijo el fiscal al tribunal.

Subrayó además que aquella sentencia de septiembre de 2012 permitió que uno de los responsables, el único vivo, Vicente Gonzalo Massot “debió sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez frente a un juez a dar explicaciones al Estado democrático de derecho”.

El representante del Ministerio Público prometió exponer durante el alegato la relación de la empresa con los crímenes cometidos en la región: “Tenemos que recordar que aquí se están juzgando los secuestros, las torturas y los asesinatos de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia, me refiero a Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Secuestros, torturas y asesinatos que fueron consecuencia directa de la férrea defensa que ambos obreros gráficos llevaron adelante respecto de los derechos como trabajadores”.

“Es que como dijera un nefasto personaje de la zona, hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Todos aquí sabemos a quién pertenece la cita y todos sabemos a qué empresa se estaba refiriendo”, manifestó en alusión a los dichos del general Adel Vilas.

Nebbia sostuvo que los juicios visibilizaron los dispositivos de exterminio de la Zona de Defensa 5 -“la existencia y funcionamiento de los centros clandestinos, los fusilamientos, los secuestros, las desapariciones y toda la mecánica del horror del terrorismo de Estado”- y concluyó que el plan criminal “indudablemente” no hubiese podido llevarse a cabo “sin las complicidades civiles, de los empresarios, de la justicia y de la Iglesia”.

En el nombre de dios

En cuanto al rol de los capellanes militares, el fiscal mencionó el reglamento de acción psicológica RC 5-1 del Ejército y se detuvo en las normativas de la propia Marina. “En el anexo F al Placintara 75, el anexo de personal, al señalar el mantenimiento de la moral de la propia tropa se señala: ‘Se fortalecerá la convicción del personal sobre la justicia de la causa nacional que se defiende, para lo cual se prestará preferentemente atención dentro de los servicios al religioso’”.

Adolfo Scilingo, antes de ser condenado a 1084 años de prisión en España, reconoció el “apoyo espiritual” de los capellanes para con los marinos que “no soportaban torturar o arrojar personas vivas desde un avión, método sugerido por la propia Iglesia”.

Durante los años 1976 y 1977 el jefe de servicios religiosos del Comando Naval fue el capellán Carlos Luis Wagenfuhrer. Surge de su legajo que tenía grado de capitán de fragata y como tal era calificado por su desempeño dentro de la fuerza. Nebbia destacó que el sacerdote “debiendo actuar por orden superior fuera de las instituciones en parroquias conflictivas como San Pablo y Cristo Rey de la ciudad de Punta Alta, encarriló a los fieles dentro de la correcta posición teológica y social de la Iglesia”.

“Esto está firmado por Bolino que era el jefe del Estado Mayor de ese Comando Naval y por su comandante Jorge Anaya. Incluso este capellán en su legajo tiene actuaciones por una afectación cardíaca, coronaria, que fue considerada por la justicia militar como producto de afecciones al servicio en esa intervención en esas parroquias de Punta Alta. Los curas que allí actuaban, en esas dos parroquias conflictivas, San Pablo y Cristo Rey, como así también algunos de los feligreses no escaparon a la persecución del estado terrorista”, aseveró.

Armados contra el pueblo

Finalmente, el Ministerio Público repasó durante los primeros minutos de su alegato el contraste entre la Armada Argentina nacida “a la luz de la llama de la independencia y de la revolución de 1810, luchando contra los marinos realistas y repeliendo invasores de potencias extranjeras” y la que bombardeó a su propio pueblo en 1955 o torturó y desapareció en la oscuridad del terrorismo de Estado, inscribiendo a sus responsables en “los anaqueles reservados a aquellos pequeños, oscuros y tristes personajes”.

Dicho contrapunto incluyó la resistencia al imperio de Brasil y bloqueo anglofrancés bajo las órdenes de Guillermo Brown, “un irlandés nacionalizado que se llenó de gloria peleando por la patria” a diferencia de los imputados que “se escondían detrás de las capuchas para, en una mesa de tortura, picanear a hombres y mujeres inermes, atados y desnudos a merced de esos valientes oficiales de la Armada Argentina. Esa fue su hazaña, esa fue su proeza dentro de la Marina. Secuestrar, robar, violar, asesinar y desaparecer”.

“De esos marinos estamos hablando aquí. De esa Marina que, como ustedes señalaban en la sentencia citada, fue la responsable de la masacre producida la mañana del 16 de junio de 1955 cuando desde sus propios aviones bombardearon y ametrallaron una Plaza de Mayo repleta de civiles. Algunos de esos aviones salieron desde aquí, desde la Base Aeronaval Comandante Espora, aquí fueron artillados y pintados con la conocida consigna Cristo Vence.

“Esa masacre que fue perpetrada sobre la emblemática Plaza de Mayo, repleta de civiles en ese momento, había hombres, mujeres, niños que aguardaban por un desfile aéreo, otros chicos que iban al colegio de la zona. El resultado de tan valiente acción de guerra fueron 335 civiles muertos y los hospitales colapsados por más de 700 heridos. Ese acto contra el propio pueblo, valga la paradoja, fue el bautismo de fuego de la aviación naval de la Armada Argentina. Al decir de un historiador: Buenos Aires se estrenaba como la primera capital de Sudamérica en ser bombardeada desde el aire por sus propias fuerzas armadas”, relató Nebbia.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

El ex integrante de la Cámara Federal Luis Alberto Cotter se refirió ayer en FM De la Calle al debate del Consejo Superior de la Universidad del Sur que frustró un intento de suspensión preventiva del docente y actual presidente de dicho órgano judicial, Néstor Montezanti, quien fuera citado a indagatoria en la causa Triple A imputado por crímenes de lesa humanidad.

Cotter, pionero en el rechazo a las leyes de impunidad e impulsor de las primeras investigaciones sobre el terrorismo de Estado en la década del ochenta, remarcó el compromiso criminal del Personal Civil de Inteligencia, minimizado por sectores mayoritarios del gobierno universitario. Montezanti revistó con carácter de agente universitario en el Destacamento 181 avalado “moralmente” por el genocida prófugo José Osvaldo “Balita” Riveiro.

“Me sorprendió el debate que se planteó en el Consejo Superior porque realmente hay pocas cosas que se pueden dudar y una de ellas es que hay personas que pertenecieron al personal civil de inteligencia y realizaban con bastante prolijidad la tarea que tenían encomendada. Sé que algunos dicen que cebaban mate, lo cual es totalmente mentira, o que hacían diligencias para los militares, cosa que no es cierto. El PCI tenía una función que estaba bien reglamentada de acuerdo a lo que pudimos advertir en la sustanciación de los juicios de lesa humanidad en la Cámara Federal en la época en que yo estaba. No era tan inocente la presencia de los PCI dentro de la estructura de inteligencia, del Ejército en este caso”, manifestó.

Agregó que “estaban dentro de la cadena que se dedicaba a los hechos más horrendos y el punto inicial siempre pasaba a través del PCI que hacía el espionaje, controlaba los movimientos de algunas personas, ahí mismo en el ámbito universitario, otro en el ámbito gremial, otro en el político, pero cuando detectaban algún elemento que para ellos, y de acuerdo al esquema de los genocidas, podría significar un peligro para los militares o bien para los bienes que custodiaban, eran secuestrados y después las derivaciones las conocemos”.

Consultado acerca del significado de la citación a indagatoria por crímenes de lesa humanidad al presidente de la Cámara Federal, Cotter aseguró que “por supuesto que no es poca cosa, es un cargo muy grave que viene existiendo desde hace tiempo, la identificación de este ciudadano en las listas del personal civil que pertenecía a Inteligencia. Es gravísimo que lo imputen a un juez, parece con fundamentos muy serios por lo que pude leer de Ramos Padilla”.

Cotter afirmó que espera que el Consejo Superior de la UNS y el Consejo de la Magistratura -donde Montezanti deberá declarar dos días antes de ser indagado por Ramos Padilla- “se pongan los pantalones largos y tomen las medidas que se tienen que tomar”.

“Algunos han señalado que Bahía Blanca es una ciudad muy peculiar. Hay sectores que evidentemente quieren disimular esta actuación de gente que está dentro de la justicia y tratan de ignorar cualquier repercusión que se tenga. Me estoy refiriendo en concreto al Colegio de Abogados, al Consejo Superior de la universidad, al Departamento de Derecho, parece que esto fuera un título de nobleza más que un tipo de una deslealtad hacia el régimen democrático tremenda”, concluyó.