El domingo a la madrugada cinco personas resultaron detenidas durante cuatro allanamientos realizados de manera simultánea en un “privado” bahiense y un cabaret y otras dos propiedades en Ing. White. Como resultado, nueve víctimas en situación de vulnerabilidad -ocho oriundas de Paraguay y una argentina- fueron rescatadas.
En los procedimientos participaron José Nebbia, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Bahía Blanca y de la Unidad de Derechos Humanos, e integrantes de ambas dependencias del Ministerio Público. Este lunes estaban previstas las declaraciones indagatorias a los detenidos.
La pareja dueña del “departamento privado” ubicado en Bahía Blanca, donde se explotaba sexualmente al menos a dos mujeres trans de nacionalidad paraguaya -una de ellas con su situación migratoria irregular-, fue detenida por efectivos de Prefectura Naval Argentina, quienes fueron acompañados por el Programa de Rescate de Víctimas del delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) colaboraron con los representantes del Ministerio Público. La investigación había comenzado por la denuncia de una víctima, quien había logrado escapar.
Los otros operativos se concretaron en el local “El gran Burlesque” -en donde se detuvo al encargado y se rescató a siete mujeres- y en dos propiedades de la ciudad de Ingeniero White. En una de las viviendas, los uniformados aprehendieron a un hombre y a una mujer, quienes serían los propietarios del prostíbulo según la documentación hallada y la investigación previa.
Los allanamientos fueron la conclusión de una pesquisa que estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño -quien se encontraba a cargo de la Fiscalía N°2- antes de que Nebbia fuese designado en esa dependencia.
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¿Quién puede perdonar?, se preguntó el abogado César Sivo al cerrar el alegato de la querella en el juicio contra represores de distintas fuerzas armadas y de seguridad que actuaron a órdenes de la Armada Argentina en la región.
“Aun recibiendo un pedido de perdón de algunos de los imputados, ¿quién puede encarnar ese acto de clemencia y de humanidad de decir ‘yo te perdono’? ¿Quién puede absolver desde el plano moral a los verdugos? Indudablemente no hay posibilidad de perdón, por eso se habla de que no puede haber olvido y tampoco puede haber perdón, que lo que se necesita es justicia. Y es lo que una vez más se pide ante los estrados judiciales para que ustedes, señores jueces, hagan justicia. Ni olvido ni perdón. Justicia, nada más”, afirmó.
Sivo solicitó penas de prisión perpetua para los 18 imputados que ejercieron jefaturas y de 25 y 10 años para los cinco restantes. Rechazó la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y los calificó como delitos contra la humanidad. Al igual que el resto de las querellas adhirió al pedido fiscal para que se condene la violencia sexual y se publique la sentencia en La Nueva Provincia.
A pesar del intento por seguir demorando el juicio con el argumento de no estar preparados para comenzar sus alegatos, los defensores privados y oficiales deberán hacerlo a partir de los días 13 y 14 de octubre en Colón 80 de Bahía Blanca. El tribunal evalúa una petición para habilitar la impunidad biológica para el capitán de navío (R) Domingo Ramón Negrete, ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora.
César Sivo es querellante en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, de Julieta Mira -sobrina de Cora Pioli-, Matías Russin -hijo de Horacio Russin- y el Equipo Nizkor. Durante la introducción del alegato describió una serie de “distorsiones” que surgen cuando el juzgamiento a los responsables de los crímenes sucede cuatro décadas después de su comisión.
Por ejemplo, la distorsión que tantos años de impunidad “permitió a los verdugos y a sus familias mantener una posición de preminencia moral sobre el resto de la sociedad. Las víctimas siguieron siendo víctimas, fueron enjuiciadas de alguna manera por el contexto social, la sociedad les dio la espalda y durante décadas siguieron viendo las espaldas de sus conciudadanos. Los imputados no. Ellos no tenían que dar explicaciones a ningún vecino. HIJOS decía si no hay justicia hay escrache y fue el único dato mínimo de reproche moral”.
“¿Qué pasaba cuando un violador, un torturador, un secuestrador, un asesino volvía a su casa? ¿Cómo jugaba con sus hijos? ¿Cómo miraba a su mujer? ¿Cómo podía comer viendo lo que previamente había visto?”, se preguntó y agregó que “con un solo testimonio debería lograrse que estos señores que están sentados aquí y aquellos que están sentados en Comodoro Py bajen la cabeza y muestren por lo menos que tienen el mínimo honor que se espera de un hombre de armas. No solo deshonraron el espíritu castrense sino ellos como personas, se deshonraron frente a sus propias familias y no lograron jamás mostrar el más mínimo dato de arrepentimiento”.
“Decidieron que fuera ilegal”
El abogado destacó que la mayoría de las víctimas de la causa “fue secuestrada en sus hogares, algunos en su trabajo y otros en la vía pública. Todos perfectamente ubicables, todos podían haber sido detenidos y puestos a disposición de la administración de justicia, de los consejos de guerra o lo que quisieran. Cada secuestro, cada cautiverio, además de estar siendo claramente ilegal, lo era porque decidían que así fuera. Ellos decidieron que fuera clandestino, ellos decidieron que fuera ilegal”.
Sivo habló de la pérdida de la dimensión humana que genera la falta de noción sobre las edades y el desarrollo emocional de las víctimas -la diferencia de una adolescente de 17 relatando cómo fue abusada con el relato de la misma mujer a sus 60- aunque “así y todo las víctimas lloraron, padecieron y mostraron que 30 años después todavía siguen siendo torturadas”.
La misma fórmula funciona para con los imputados: “No es lo mismo ser un capitán de navío o contralmirante con 40 años que ser un anciano achacoso escuchando en la sala de audiencias cómo algunas personas dicen cosas de ellos. Una persona de 40 atacando a una niña de 17 es un señor contra una nena, un señor abusando de una nena. (…) Yo tengo una persona de 80 y no puedo imaginar la lascivia, no puedo imaginar a estos señores toqueteando mujeres desnudas, esposadas, engrilladas y con capuchas”.
“¿Cómo se logra transmitir en un juicio 35 o 40 años después todo eso, cómo logro poner a los niños en el lugar de niños, a los adolescentes en el de adolescentes, a los jóvenes en el lugar de jóvenes y a los adultos en el lugar de adultos?”, interrogó.
Impunidad
La “distorsión cuantitativa” impide que sean juzgados todos responsables por todos los casos: “Si acá hubiéramos tenido sentando a Massot hubiéramos podido terminar de entender lo que eran (los obreros gráficos) Heinrich y Loyola. Es claro que los mataron en tanto sindicalistas, en tanto reclamantes, en tanto haber enfrentado a Vicente Massot y es claro también que las fuerzas armadas eran funcionales y se retroalimentaban entre sí con los empresarios”.
Respecto del camarista suspendido Néstor Montezanti aseguró que “fue mutando” en sus argumentos defensivos a medida que surgían pruebas sobre su complicidad con el terrorismo de Estado “pero siempre mantuvo su posición de preminencia social y esa posición moral que le daba el hecho de nunca haber sido investigado”.
“Cuando empiezan las investigaciones automáticamente encuentran las excusas, ‘me investigan a mí porque yo quiero investigar el narcotráfico‘, entonces son los grupos de narcotraficantes que potencian al dr. Nebbia y al dr. Palazzani y a todos estos -a ojos de Montezanti- alcahuetes de los narcotraficantes. Otro tanto pasó con Massot. Tanto uno como otro, al quedar corridos en todos estos aspectos, tienen toda su vida por detrás que les permite de algún modo ir reafirmando que ellos no tienen nada que ver, que ellos son diferentes. En realidad lo que ellos son es impunes”, dijo el letrado.
Al argumentar su apoyo a la ampliación de las imputaciones de la mayoría de los acusados sobre la violencia sexual en los campos de exterminio, Sivo manifestó que entender dichos delitos como “autónomos no solo es una reivindicación de género sino que también permite situar completamente las características de los perpetradores”.
“No hay que perder de vista lo que es decir que torturaron para obtener información y que otra cosa muy diferente es decir que violaron para lograr satisfacción. No se puede entender que un torturador al ser violador pueda tener algún tipo de justificación de tipo moral, en relación a su propio entorno, y de tipo social, en relación a quien quiera presentarle esto de una manera diferente a lo que en realidad fue”, opinó.
Crímenes contra la humanidad
Sivo manifestó que como el marco de los juicios es el derecho penal internacional y para que el fallo pueda “trascender a otros países” el tipo penal que corresponde aplicar es el de delitos contra la humanidad en vez de genocidio, por lo cual, solicitó una “revisión del criterio” del tribunal expresado en las sentencias de la causa V Cuerpo de Ejército y la elección de la postura minoritaria del juez José Mario Triputti.
“El salto al genocidio se da específicamente con ese mens rea que es esa voluntad de hacer desaparecer a un grupo racial total o parcialmente, eliminar un genotipo. Esto es muy importante, no hay una idea dentro del delito de genocidio que contemple el grupo político, de hecho fue expresamente rechazado”, comentó.
Para el abogado decir que hubo un genocidio es “el peor homenaje” a las víctimas porque hubieran sido reprimidas por su pertenencia a un grupo social sin importar si se trataba de “un activista por un mundo mejor o de un truhan o estafador”.
“Nuestras víctimas sí tenían valores morales, como las tienen sus hijos, y por lo tanto la mayor reivindicación que se les puede dar es decir claramente que fueron perseguidos por razones políticas, perseguidos por razones sociales, que fueron perseguidos para imponer un modelo y un plan económico”, argumentó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/10/DSCN8459.jpg?fit=804%2C472&ssl=1472804FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-10-04 03:43:112015-10-04 03:43:11“Justicia, nada más”
De Temuco a Bahía Blanca: los sueños inconclusos. Carlos y Sonia son hermanxs de Víctor ‘Lalo’ Oliva, inmigrante chileno de Temuco que vivió en Bahía Blanca desde 1974 y fue asesinado por la Triple A en 1975. Visitaron el estudio de FM De la Calle para invitar a la comunidad bahiense -el pasado 23 de septiembre- a una charla que dieron junto a Guido Bello, Jessica Visotsky, Dante Patrignani y Pablo Fermento de la Unidad Fiscal.
La actividad se realizó en el marco de los 40 años de la Operación Cóndor en el Cono Sur y fue organizada por la CTA, la Coordinadora por el Juicio a Montezanti, la Iglesia Metodista y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS.
Ya se realizaron actividades en Chile, Uruguay, Paraguay. En nuestro país, se recuerda en paralelo con los juicios de lesa humanidad y, a nivel local, con el juicio académico a Néstor Montezanti, docente universitario recientemente suspendido por su participación en la última dictadura militar como Personal Civil de Inteligencia (PCI).
Durante la entrevista Carlos explicó qué cosas hacía su hermano, cuáles eran sus intereses, dónde militaba, por qué fue un perseguido político y por qué lo asesinaron.
“Lalo respondía a los estímulos de la época. Empezó a militar desde muy joven en la enseñanza media y luego en la Universidad Católica de Temuco dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Era un dirigente estudiantil y representaba al estudiantado de Temuco en el Senado. Militó hasta que llegó el golpe”.
La Universidad en la cual estudiaba lo consideraba un “sujeto peligroso” y esto, en parte, explica su exilio a la Argentina. Aquí transitó por las ciudades de Cipolletti, Buenos Aires y Bahía Blanca. Durante el tiempo que estuvo en nuestra ciudad, Lalo se inscribió en la carrera de Filosofía de la UNS, al tiempo que se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Hasta que fue secuestrado en Cipolletti y lo asesinaron. En La Plata, en el Archivo Provincial por la Memoria, hay información que indica que la (policía) Bonaerense –en vinculación con la DINA- lo identificaba como jefe de célula del PRT”, agregó Carlos.
Jessica Visotsky es doctora en Historia y hace tiempo investiga el accionar de la Triple A en la UNS, puntualmente, las complicidades civiles. “Víctor es uno de esos 50 estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado”, expresó.
“En los últimos años se ha tomado conciencia de la memoria y de que estos juicios no pueden prescribir. Las organizaciones hemos luchado para que se haga justicia. En Chile se han creado cárceles que parecen hoteles para los acusados. Las penas han sido tan bajas, un insulto a la familia”, dijo por su parte Sonia.
En Chile se aplica una figura sui generis de media prescripción a los delitos de lesa humanidad, la única excepción son a los delitos cometidos por la cúpula de la DINA, con los cuales sí se aplica penas efectivas. “La Corte Suprema de Santiago acaba de condenar a 10 años a 3 carabineros con condena efectiva en caso de derechos humanos, es inédito en causas regionales. Hay luces, muchas sombras, nadie nos dijo que esto era fácil. Hay más retrocesos que avances. Entendemos que tenemos una responsabilidad moral, ética y política de llevar adelante estas causas, este es nuestro desafío”, agregó Carlos haciendo referencia a los procesos judiciales que se están desarrollando al otro lado de la cordillera.
La muerte de Lalo no es casualidad. Las fuerzas de la dictadura lo secuestraron y asesinaron porque él reunía un perfil particular: “era un inmigrante, militante, estudiante; fue elegido por la Triple A en alianza con la DINA. En algunos apuntes que estuve releyendo, me percaté de que la Bonaerense tenía información sobre él, lo tipifican como ex militante del MIR de Chile, antes de cometer el crimen. Esto lo hacía vulnerable porque acá no tenía mucha protección”, señalaron Carlos y Dante Patrignani haciendo referencia al hecho de que, después que asesinaran a Víctor, hubo una diáspora inmediata en Chile producto de ese terror.
Finalmente, los familiares de Víctor reconocieron la labor de la Iglesia Metodista en el pasado reciente y en el presente luchando por la justicia y la verdad: “hay que reconocer la labor que ellos tuvieron para acoger a exiliados chilenos en el ‘73,’74,’75. Más que nada porque hoy en día, ellos colaboran para que opere una justicia que no sea a medias”.
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Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.
Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.
Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.
Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.
Los cinco presos armados
Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.
El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.
Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.
Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.
Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.
Los once que “no las tenían”
Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.
Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.
Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.
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Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.
“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.
“Yo veo el futuro repetir el pasado.
Yo veo un museo de grandes novedades”.
“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).
Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.
Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa. Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con problemas éticos y de educación.
Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad, y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.
A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.
El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos.
La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland). Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.
La rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales- la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).
Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.
En definitiva, creo que el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.
Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.
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Diez días hábiles. Ese es el lapso que tiene el suspendido magistrado Néstor Montezanti para contestar y, a la vez, ofrecer prueba que refute las acusaciones en su contra, luego de haber sido notificado sobre su juicio político. Además, podrá realizar otro tipo de presentaciones aunque, por el momento, Montezanti –que presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca– no recusó a ninguno de los integrantes del tribunal que deberá juzgarlo.
“Ayer se notificó al juez acusado del traslado de la acusación y tiene diez días hábiles para contestar los cargos y ofrecer prueba”, explicaron fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Infojus Noticias. También se conocieron los nombres de los abogados que el juez designó para su defensa: se trata de Ignacio Irigaray y de Gastón Yaryura Tobias.
Irigaray fue uno de los abogados del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli –el otro era Ricardo Gil Lavedra–, en el juicio político inconcluso que se llevó adelante contra Campagnoli en el Ministerio Público. Ahora, ya aceptó oficialmente el cargo para representar a Montezanti, mientras que Yaryura Tobias no lo hizo aún pero puede hacerlo “en cualquier momento”, explicaron.
Desde el tribunal, indicaron que según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. Hay que recordar que según el artículo 115 de la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso.
El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones. El magistrado está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura.
El dictamen que lo envió a juicio político le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además del hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.
Entre otras cosas, a Montezanti se lo investiga por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme Esparza trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército.
Allí, fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM –el hoy juez Montezanti–, quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.
El viernes de la semana pasada juraron los últimos miembros que faltaban y el tribunal para juzgarlo quedó formalmente constituido. Ésta está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/mont.png?fit=2519%2C1183&ssl=111832519FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-25 20:48:512015-09-25 20:48:51Notificaron a Montezanti sobre su juicio político
Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.
“Queríamos saber con profundidad, solo eso. Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.
El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.
A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.
“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/Monsanto1.jpeg?fit=600%2C386&ssl=1386600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-25 11:59:312015-09-27 14:30:48Malvinas Argentinas: un pueblo que resiste a Monsanto
Para comprender los delitos sexuales en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, afirmó la abogada querellante Mónica Fernández Avello durante su alegato en el juicio Armada Argentina – BNPB. La “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad” del tribunal que interpretó la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y adhirió al pedido de ampliación de la imputación realizado por la Fiscalía contra la mayoría de los represores. Resaltó la palabra de las víctimas por “la enorme valentía y entereza” de recordar situaciones traumáticas, no solo ante el jurado sino -en muchos casos y por primera vez- ante sus propios familiares.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.
“La familia era considerada como forma natural de organización, sus rasgos característicos eran la sumisión a la autoridad paterna por parte del obediente resto -mujeres e hijos- y la vigilancia policial constante entre todos, pero de manera especial sobre los niños, niñas y jóvenes que tanto por cuestiones ideológicas como biológicas pueden alejarse del ideal familiar. Cada familia se convierte en un eslabón fundamental del desarrollo social propuesto por el gobierno militar, ejerce una tarea sanitaria, contiene posibles desbordes de algunos de sus miembros, controla y vigila el entorno”, explicó.
La abogada citó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien afirmó en junio de 1976: “Una advertencia, padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad, sepamos defenderlas”. Según la querellante, “las pocas veces que el discurso militar se orienta de modo especial hacia la mujer, lo hace para marcar su lugar dentro de la familia en el papel de ama de casa y esposa, pero por sobre todo como madre”.
“El discurso autoritario de la dictadura trabaja para ocultar y naturalizar ciertos fenómenos sociales, sobre todo los relacionados al rol de mujer dentro de la familia y la sociedad. De esta forma el sistema autoritario se experimenta como una intensificación del orden patriarcal que representa una interpretación sumamente tradicional de las divisiones genéricas. El rol definitivo de la mujer se relaciona a la maternidad y sus autosacrificios por el bien del futuro de la Nación, donde la esfera familiar refuerza los binarismos genéricos para preservar la moralidad social”, sostuvo.
Entonces, el núcleo del funcionamiento familiar que pretendía imponer la dictadura era “la mujer”, ella debía atender los trabajos domésticos y relegarse al espacio privado, al “hogar”. “Debido a esta visión tradicionalista de la mujer y su papel en la jerarquía sociopolítica, ella no debía asociase con lo político, el activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, lo cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.
“La mujer militante que penetra esta esfera considerada pertenencia de los hombres se convierte en un monstruo, una aberración y una desviación de la regla natural. Activista equivale a mujer promiscua, la amenaza que ella representó tenía más que ver con la destrucción del patriarcado. Ya que este argumento no constituía una razón suficiente para atacar públicamente a la mujer políticamente comprometida, el gobierno militar tuvo que inventar un mito con el fin de justificar y legitimar sus acciones en contra de ellas”. Para aquellas que “desafiaron” el orden patriarcal causando “un innecesario caos en la sociedad” el Estado intervino para encerrarlas nuevamente en sus “hogares” o “eliminarlas para evitar la propagación de modelos peligrosos para la estabilidad familiar”.
“Esperaban pacientemente a que las mujeres que ya sabían que su destino era la muerte parieran para apropiarse de sus hijos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a esos hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana”, manifestó la querellante y destacó que “la historia y la vida” demostraron su error, “no solamente porque las luchas emblemáticas por los derechos humanos las han realizado mujeres” sino que “esos niños y niñas apropiadas y criadas por apropiadores o no, conjuntamente con los que sobrevivieron a la muerte de sus padres, fundaron HIJOS que junto con Madres y Abuelas están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos”.
Fernández Avello alegó que la violencia sexual “tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. Por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. (…) Como lo expresa Carole Sheffield, la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.
“La violencia hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo un carácter rutinario y extendido desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etcétera”, describió.
La abogada expresó que “vivimos en una sociedad atravesada por la ideología del patriarcado que al decir de Judith Butler es el sistema social que se inscribe en la relación asimétrica entre los sexos y basada en la dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Y por supuesto las prácticas judiciales responden a ello e históricamente se han resistido a la investigación de estos delitos, lo que pone en evidencia -considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres- a la discriminación por género que anida en las concepciones y prácticas judiciales desde siempre”.
Sin embargo, en el juicio Armada a partir de las declaraciones de las y los testigos, fiscales y jueces avanzaron en la posibilidad de juzgar los crímenes sexuales. “No se me escapa que tanto la Fiscalía como el Tribunal está compuesto por hombres, lo que pone de manifiesto que el sistema patriarcal es una ideología política que nada tiene que ver con los sexos y no les quede duda señores jueces que este es un reconocimiento que dignifica a las víctimas”.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
Siguió: “Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarle las identidades. Pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”.
Sobre el final recordó el testimonio del ex colimba Aníbal Américo Agotborde, destinado a la guardia del Buque ARA 9 de Julio, quien “nos heló la sangre” al escucharlo denunciar el nacimiento de un bebé en el centro clandestino naval. “¿Saben lo terrible que es para la familia estar buscando un nieto, un hermano, un primo? Les recomiendo vean la escena final de la película La Historia Oficial donde el apropiador descubierto llega a su casa y le pregunta a su mujer dónde está su hija y la mujer le responde: ¿Viste que terrible que es no saber dónde está tu hija? Tal vez por un segundo puedan ponerse en el lugar de esta familia y decir lo que saben”, dijo a los genocidas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/CNZw2gIVAAEnm96.jpg?fit=600%2C402&ssl=1402600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-25 11:03:402015-09-25 11:03:40Alegato contra el patriarcado
Con una presentación formal ante la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, que preside Ricardo Lorenzetti, los sobrevivientes y familiares de desaparecidos se sumaron al pedido del juez Alejo Ramos Padilla para que se refuerce el personal del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. “Hoy todo el retraso y las soluciones sobre las que se está avanzando, es el resultado del esfuerzo ciclópeo que el Dr. Ramos Padilla y su secretario, junto al Dr. Pablo Vassel”, dice la nota presentada en versión impresa y digital el 10 de septiembre pasado. “Es en razón de todo esto y varios aspectos más, que entendemos que ese juzgado debe contar con mayor cantidad de personal y medios adecuados para que los resultados sean mucho más profundos para hacer justicia”, subrayaron.
La presentación está suscripta por las regionales de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el mismo día en que el Consejo de la Magistratura suspendió al camarista bahiense Néstor Montezanti —ex agente de inteligencia, imputado en la causa por los crímenes de la Triple A— y abrió un jury en su contra. Y su origen es la preocupación por un informe que el propio Ramos Padilla giró a la Corte describiendo el desbarajuste que encontró cuando asumió en el juzgado, en junio. Fue luego de que el Consejo no ratificara al secretario judicial que comandó el despacho los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez, y al abogado Claudio Pontet, ambos denunciados por obstaculizar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
“Retrasos generalizados de todo sentido, escritos por agregar, borrado de archivos y registros de utilidad de la Secretaria de Derechos Humanos del juzgado, más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace casi dos años en expedientes donde se investiga robo de niños, actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de 1976, responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia”, describe el escrito rubricado por Eduardo Hidalgo y Alejandra Santucho, secretarios de ambos organismos. Para fundar el pedido, refieren a la antigua Acordada 42/08 de la Corte, que impone tramitar los juicios de lesa humanidad sin demoras.
El Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca es un enclave vital para juzgar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Buenos Aires. No sólo porque allí tuvo un gran protagonismo la Marina de guerra y el V Cuerpo de Ejército y se instruyen dos megacausas con 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, sino porque los militares fueron prohijados por un variado abanico de civiles que los frecuentaban. Entre ellos está acusado el empresario mediático Vicente Massot —favorecido con una falta de mérito en los últimos meses—, ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti, y el ex arzobispo local a quien absolvió la muerte, Aldo Vara.
Cuando Ramos Padilla —juez federal de Dolores— ocupó el despacho para asumir como juez subrogante, se encontró con un tendal de irregularidades que hacían tambalear las investigaciones, que reseñó en un documento dirigido a Ricardo Lorenzetti. Ulpiano Martínez había dejado prisiones preventivas y sentencias vencidas, más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado, más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones, desparramados por toda la sala. Incluso había detenidos alojados en la seccional de la Policía Federal desde donde se fugó el represor Julián “Laucha” Corres.
Ahora los organismos piden, en sintonía con el magistrado, más personal a su cargo “al ver cómo está funcionando hoy el juzgado prácticamente sin horario y solo con el esfuerzo fundamental de sus conductores y la colaboración de parte del personal, frente a otra parte que ha decidido limitar su colaboración por hacer causa común tácita con los desplazados por el Consejo de la Magistratura”. Sólo así, afirman, podrá alcanzarse la Justicia que esperan hace más de treinta años.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/nunca-mas-bandera-m.png?fit=949%2C584&ssl=1584949FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-22 13:54:232015-09-22 13:54:23Piden recursos para el Juzgado Federal
Este viernes se cumplieron nueve años desde la segunda desaparición de Jorge Julio López. Nada se supo del albañil desde el democrático día de los alegatos del juicio contra el ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, en el cual declaró sobre las torturas padecidas durante la dictadura en centros clandestinos del Circuito Camps .
“La oposición y el oficialismo en esto se pusieron de acuerdo. Todos ignoran el caso López que es un testigo que desapareció en el primer juicio de lesa humanidad, no es una cuestión menor, pero todos se pusieron de acuerdo para ignorarlo durante estos nueve años y no veo que haya interés de ninguna fuerza política de tomar este tema con más fuerza”, aseguró Werner Pertot a FM De la Calle.
El periodista es coautor del libro “Los días sin López” en el cual junto a Luciana Rosende repasan las líneas investigativas que, estando en el expediente, nunca fueron debidamente desarrolladas. “Las autoridades políticas iban detrás de lo que le decía la policía y no al revés”.
“Con Arslanián al frente de la investigación apuraban y querían resultados, querían encontrarlo vivo. Cuando vieron que ya no lo iban a encontrar vivo y era un golpe político para el gobierno encontrarlo muerto, y a medida que los medios fueron abandonando el tema, lo fueron dejando en manos del poder judicial”, comentó.
Para Pertot, “los medios más grandes sobre todo, instalaron la idea de que en la causa no hay nada, que no hay nada que hacer”. Sin embargo, destacó tres hipótesis que merecen atención.
La primera de ellas gira sobre el entorno de Etchecolatz: “Hay una serie de comunicaciones ese día que son muy llamativas entre las personas cercanas a Etchecolatz e intercambios de mails donde hablan de López el mismo día que desaparece”.
En segundo término, los policías bonaerenses del Circuito Camps: “El circuito de centros clandestinos donde pasó López, que lo tuvo secuestrado durante la dictadura y podía estar interesado en que dejara de testimoniar”.
Y por último, los penitenciarios bonaerenses condenados en 2010: “López además de en los centros clandestinos de detención estuvo en la cárcel de La Plata, podría haber declarado también en este juicio y, por lo tanto, ellos tenían interés concreto en que se frenaran los juicios”.
“Hay que recordar que el juicio en el que declaró López, en el que era querellante, es el primero de todos los juicios que se abrieron después de la anulación de las leyes de impunidad. Atacar ese juicio que era la punta de lanza de todos los que vinieron después no era solamente una cuestión de si lo condenaban o no a Etchecolatz, también se reduce muchas veces a eso. Era atacar todo el proceso de juicios, que desapareciera un testigo y querellante de este juicio evidentemente podía tener la intención de frenar todo”, recordó el periodista.
A pesar de las sospechas contra la Bonaerense, la fuerza tuvo a su cargo la investigación durante el primer año y medio durante el cual prefirieron poner el foco sobre los organismos de derechos humanos y la familia del testigo a hacerlo sobre los represores.
Para ejemplificar la mora de la pesquisa, Pertot mencionó un punto que hoy aparece como novedad aunque proviene de los pasos iniciales de la causa. “Hay una persona de la confianza de López, que por una serie de vínculos familiares, tenía una familia que eran policías bonaerenses, él mismo había sido policía bonaerense, tenía contactos familiares con Etchecolatz. Lo que se supo es que esta persona lo vio a López los últimos días sino el día en que desaparece”.
“La hipótesis más fuerte es que alguien lo engañó para que fuera a algún tipo de reunión -dijo el periodista-. López no era una persona que se confiara de cualquiera que le hablara. Por eso es interesante esta pista, no digo que sea segura porque hay que investigar, pero hoy aparece esta idea del presunto entregador de López sobre el cual hace nueve años que podrían haber empezado a investigar”.
El coautor de Los días sin López destacó que nadie haya propuesto conformar una comisión investigadora en el Congreso para evaluar las responsabilidades políticas.
En el caso de la Policía Bonaerense la historia muestra que fue apartada de la causa con la exculpación de una supuesta “incapacidad manifiesta”. Pertot afirmó que “entre los que fueron apartados está Hugo Matzkin, el actual jefe de la Bonaerense a quien (el gobernador Daniel) Scioli mantuvo en el cargo después que los organismos de derechos humanos de La Plata le fueron a pedir que a raíz del caso López lo apartara”.
En cuanto a la reacción del gobierno de Néstor Kirchner ante la desaparición del albañil, la reconstrucción del periodista indica que el presidente aseguró: “A este tipo lo mataron, este es un mensaje para nosotros y lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que quieren. Si quieren parar los juicios tenemos que meter presión para que avancen el doble de rápido para que vean que esto no va a funcionar”.
“Kirchner tenía todo un razonamiento que era que si le ganaban la pulseada en esto era como cuando Alfonsín ganaba la pulseada con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y después vino la hiperinflación y se cayó el gobierno. Era una cuestión de gobernabilidad. Si uno lo ve en una dimensión histórica, si los tipos querían parar los juicios no pudieron. Pero no se le puso la misma fuerza y el mismo empeño a encontrar a los que lo desaparecieron a López”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/img.jpg?fit=590%2C350&ssl=1350590FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-20 03:24:562015-09-20 03:26:47“Oposición y oficialismo ignoran el caso López”
El gobierno bonaerense oficializó la incorporación obligatoria de la materia “Educación Sexual Integral” en la currícula de las escuelas públicas y privadas de la provincia. Así lo establece la ley 14.744 sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, publicada esta semana en el Boletín Oficial.
El texto de la norma dice que “se entiende como educación sexual integral al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas, y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana”.
La docente Alejandra Pavón, integrante del Suteba Bahía Blanca, comentó por FM De la Calle que “ya en muchas instituciones los docentes están empezando a trabajar el tema, están recibiendo capacitación para abordarlo”.
“Este es un contenido que forma parte del currículum como lo forman otras asignaturas, Lengua, Naturales, Sociales, va a estar dentro de nuestras planificaciones y en el corto plazo estaríamos trabajándolas desde todos los establecimientos”, explicó.
Según la dirigente, la educación sexual “en algunos casos sigue siendo un tema de desencuentro, por supuesto que depende de los niveles evolutivos de los que hablemos, de los sectores donde están ubicadas las escuelas, de la capacidad que tengan tanto los alumnos como los padres de acceder a información respecto de estos temas por fuera de la escuela. Estamos en una sociedad cambiante en relación a los temas que tienen que ver con la sexualidad y estos cambios hacen que de apoco uno tenga una mentalidad más abierta o no, pero todo lleva tiempo”.
La ley aclara que el organismo de aplicación deberá “garantizar la efectiva enseñanza y aprendizaje de la educación sexual integral a través de conocimientos científicos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, desde la perspectiva de género, promoviendo el respeto a la diversidad y la no discriminación”.
“Es absolutamente necesario que todos los niños, niñas y adolescentes conozcan su cuerpo, sepan cómo cuidarlo, cómo debe ser respetado, cómo abordar una relación con otro diferente o igual para tener un uso responsable de los métodos anticonceptivos, de las relaciones vinculares que tienen con los demás”, dijo Pavón.
Finalmente subrayó que “tiene que ver no solo con que tengamos vínculos más armoniosos con los demás y además prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, violencia de género, situaciones que realmente acarrean, por desconocimiento muchas veces, problemáticas que uno después tiene que resolver cuando con este trabajo en la escuela los podemos prevenir”.
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Este miércoles se detuvo momentáneamente el tratamiento del proyecto de Ley D373/14-15. De aprobarse, la norma crearía un “Banco de Datos Genéticos Provincial”.
Según dijo a FM De la Calle el diputado socialista Ricardo Vago “es un banco genético que obliga a cada ciudadano de la provincia a registrarte y el Estado va a tener el ADN de cada uno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si hay un ilícito la policía científica determine los ADN en el lugar y pueda investigar e identificar quiénes fueron los eventuales actuantes en este ilícito”.
“Esto implica general 15600 registros de ADN en distintos ámbitos. Cuando se saca el DNI, cuando se saque el registro, cuando se nace, cuando se muere. Es una decisión totalmente insólita. No existe en el mundo un registro de toda la población con la matriz genética de ADN”, sostuvo.
La metodología actual está basada en que “se hace el registro después de que se haya producido el ilícito y previa orden judicial. Porque el ADN tiene datos personalismos. Desde las enfermedades, la matriz genética. Siempre antes en las provincias, en la nación y en otros países esto se registra en hechos delictivos bajo pedido del fiscal o del juez interviniente. Acá esto sería compulsivo. Obligaría a entregar bajo un sistema que no aparece expresado en el proyecto de ley de las células epiteliales de la yema de los dedos”.
Por otra parte, “tampoco está expresado cuál es el costo de esta medida que implicaría tener por lo menos 400 oficinas recolectora de estos datos y un registro general”.
El legislador indagó acerca de las firmas que podrían realizar el trabajo. “Hay una empresa argentina radicada en Córdoba que tiene la tecnología para hacer la huella dactilar genética, que tiene la patente en la Argentina y en Estados Unidos para este método. Y para mayor disparate la Ley, en la comisión de presupuesto, se aprobó en cuatro días sin ningún informe de cuál es el costo”.
Para finalizar, Vago afirmó que “el proyecto de Ley tiene 6 artículos. Es una simpleza total. Las leyes provinciales de Córdoba, de Buenos Aires, que están estos registros para investigaciones, identifican la norma, cómo se hace, los parámetros genéticos de investigación de la persona. Tiene un estudio científico de esto”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/Adn.jpg?fit=900%2C425&ssl=1425900FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-17 20:29:572015-09-17 20:29:57Provincia de Buenos Aires: legislatura debate registro genético
“Señores jueces, a veces me pregunto: ¿cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino, mirar los hijos a los ojos, dar la mano? A veces me pregunto: ¿podrán sembrar alguna planta, acariciar un perro, cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, dar los buenos días a los vecinos? A veces me pregunto: ¿podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad en los pagos, perdonar a sus deudores, alimentar proyectos a futuro, levantar una casa?”, interrogó la dra. Mónica Fernández Avello en el cierre de su alegato, de la mano del poeta Hamlet Lima Quintana.
Con algunos de los imputados a su izquierda y otros en una pantalla, se preguntó si “¿recordarán los nombres y las fechas, verán algún rostro, sabrán qué hacían los domingos, cómo amaban la vida, cómo cantaban diariamente? A veces me pregunto: ¿podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos, olvidarán que a algunos los lanzaron al mar como sembrando peces doloridos?”.
“A otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre. Y a todos los cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá que la muerte. A veces me pregunto si lograrán el olvido. Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo y exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así se dedicaron a prostituir la vida”, culminó tras solicitar 18 penas de prisión perpetua y cinco de entre 25 y 10 años para represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval y la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses.
El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.
La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no computó atenuantes de ningún tipo dado que “se trató, en algunos de los casos, de oficiales del Ejército de jerarquía que asumieron, aunque por la fuerza de las armas, funciones de alta responsabilidad”.
“Es obvio que no existieron condicionantes de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento, que los hubiera compelido a cometer los hechos que cometieron. Es más, como otros dignos y honestos militares patriotas lo hicieron, de no coincidir con los objetivos y los métodos aberrantes del proceso cívico militar pudieron haberse rebelado, disentido, hasta incluso ponerse a resguardo y denunciar las atrocidades. Algunos lo hicieron, quiere decir que era posible”, afirmó Fernández Avello y agregó que “quienes hoy están aquí enjuiciados y acusados no lo hicieron porque no quisieron, porque se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.
Sí subrayó agravantes sobre las imputaciones, “principalmente respecto a la extensión del daño causado”, “la ausencia de arrepentimiento” y “el silencio guardado respecto al destino de los cuerpos de los desaparecidos y también el destino que se le dio a los dos bebés nacidos en cautiverio”.
Siguiendo el camino marcado por la Fiscalía, exigió la publicación en un lugar visible y destacado del diario La Nueva Provincia de la parte resolutiva de la sentencia y la prospección por parte de Memoria Abierta en el predio de la Séptima Batería para recolectar prueba y determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos.
Además, pidió cárceles comunes para el cumplimiento de las condenas, la exoneración de los genocidas de las fuerzas armadas o de seguridad a las que pertenecen, la revocatoria de la prisión domiciliaria de quienes gozan del beneficio y que todos los imputados sean trasladados a Bahía Blanca el día del veredicto.
Las condenas a prisión perpetua corresponderían a: Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Julio González Chipont, Carlos Andrés Stricker, Edmundo Oscar Núñez, José Luis Ripa, Tomás Hermógenes Carrizo, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Martínez Loydi, Néstor Alberto Nougués, Luis Ángel Bustos, Eduardo René Fracassi, Oscar Alfredo Castro, Enrique De León, Gerardo Alberto Pazos y Luis Pablo Pons.
En tanto, la querellante reclamó 25 años de cárcel para Pedro Alberto Pila, 19 para Alejandro Lawless, 18 para Héctor Luis Selaya, 17 para Domingo Ramón Negrete y 10 para Víctor Oscar Fogelman.
“Por la memoria y la verdad…”, dijo Fernández Avello, desanudó la garganta y siguió: “por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos asesinados, en especial por las víctimas del V Cuerpo y la Base Naval Puerto Belgrano y sus familiares, solicito que se haga justicia”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/avello-efemedelacalle.jpg?fit=612%2C403&ssl=1403612FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-16 22:00:012015-09-16 22:00:01“Fueron parte consciente y voluntaria del horror”
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, desarrolló durante este martes la primera jornada de alegatos de la querella en el juicio contra 23 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
La audiencia comenzó con más de hora y media de retraso por los clásicos problemas técnicos en la videoconferencia que enlaza Colón 80 con los tribunales de Comodoro Py, donde se entretiene un puñado de imputados privilegiados por la prisión domiciliaria.
La exposición, que cuenta con la adhesión adelantada de la dra. Mirta Mántaras, continuará este miércoles desde las 8:45 en el Aula Magna del rectorado universitario.
La abogada Mónica Fernández Avello aseguró que “hemos pasado del Estado terrorista que reprimió a su propio pueblo al Estado que se sienta al lado de las víctimas para defender sus derechos” y planteó “una visión del terrorismo de Estado vinculada a la imposición de un proyecto político y económico regresivo que para su implementación requirió un disciplinamiento social profundo y extendió su vigencia más allá del período dictatorial.
Este enfoque, explicó, conduce a una nueva caracterización de los sectores intervinientes pasando de la responsabilidad limitada a las fuerzas armadas a la responsabilidad de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. “Es por ello que hablamos de golpe cívico militar, ya que permite poner de relieve no solo la participación civil sino su preeminencia, y ubicar a las fuerzas armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad que continúa activo más allá del fin de la dictadura”.
La querellante destacó las dificultades que contrajo “el litigar en este juicio” en la ciudad donde vive. “Está ciudad donde a casi tres años que este tribunal, en una decisión encomiable, mandó investigar los delitos de La Nueva Provincia y todavía estamos esperando que se procese a su directivo”.
Recordó “lo que significaba encontrarse a Alfredo Astiz” sentado en una confitería frente a la cual pasaba una marcha por los derechos humanos cuando “la impunidad reinaba” en la ciudad y cómo la Madre de Plaza de Mayo Celia Jinkins -“emblema de Bahía Blanca”- decía: “Es una provocación, sigamos”. “Me imagino que en una ciudad chica como Punta Alta ha sido mucho peor ya que en ese lugar realmente conocían la cara de muchos de los que hoy estamos juzgando”.
“Es en ésta, mi ciudad, donde hasta hace unos días teníamos como integrante de la Cámara Federal a un ex PCI del Destacamento de Inteligencia 181, que ejercía tal repudiable servicio en esta casa, en esta universidad que tiene -entre estudiantes, docentes y no docentes- más de sesenta muertos y desaparecidos. Estoy hablando de Néstor Montezanti, quien fuera presentado al Destacamento por el genocida prófugo José ‘Balita’ Riveiro (…) quien no solo fue artífice del Plan Cóndor sino también de la Triple A”, alegó.
Teniendo en cuanta las particularidades de los megajuicios de lesa humanidad que exigen la adaptación de las partes “a los tiempos que siempre nos van ganado por la impunidad biológica, ha sido muy difícil para los testigos que declararon el que una mayoría de los imputados esté con prisión domiciliaria. Me refiero a Carrizo, Castro, De León, Fracassi, Maloberti, Negrete, Nougués, Nuñez, Otero, Pazos, Pila, Pons y Ripa”.
“Ha sido muy terrible para los testigos y los familiares que los acompañaban y que se sentaron acá a relatarnos las atrocidades que vivieron en los centros clandestinos ver por el monitor de Comodoro Py una señora tejiendo, los imputados leyendo el diario o riéndose o conversando entre ellos. Debo remarcar el excesivo tiempo que ha llevado este juicio y lo que a mí criterio es perjudicial, pienso que para ustedes también, las videoconferencias que si bien en algunos casos no se pueden soslayar por vivir los testigos en el exterior, en la mayoría han sido dentro de nuestro país”, reclamó.
Por otra parte, manifestó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad de este tribunal de colocar estos hechos aberrantes de violencia sexual que hemos escuchado, otorgándoles la categoría de delitos de lesa humanidad ante la petición de los fiscales, por lo que deberán responder quienes desde un lugar u otro en el aparato estatal contribuyeron a su producción”.
En una próxima nota este sitio desarrollará los argumentos con los cuales Fernández Avello adhirió a la imputación fiscal por los delitos sexuales que formaron “parte del plan sistemático, generalizado y continuo”. Si bien “no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”.
“Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarles las identidades, pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaría represiva producía. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”, denunció.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/mfa-2.png?fit=661%2C388&ssl=1388661FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-16 01:30:392015-09-16 01:30:39Comenzó el alegato de la querella
La Coordinadora por el Juicio Académico al suspendido docente de Derecho Néstor Luis Montezanti aseguró que el imputado en la causa Triple A, “dando los últimos manotazos de ahogado y sabiéndose cadáver político por la acumulación de denuncias en su contra, apela a la mentira para defenderse”.
Hacen referencia al extenso reportaje que el juez apartado se realizó en la edición del 8 de septiembre en el diario LaNueva. del coimputado en las causas de lesa humanidad Vicente Massot, en el cual “arremete contra todos aquellos que cuestionan su pasado cómplice de la dictadura y el terrorismo previo al golpe y su presente como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones”.
“No es nada extraño, por lo menos para quienes conocemos la trayectoria de Montezanti y su patoterismo de psicópata, que siga utilizando estas falsedades para victimizarse, siempre con el apoyo incondicional de La Nueva Provincia”, concluyeron desde la coordinadora tres exponer las siguientes mentiras:
1) Miente cuando niega su participación en la toma de la UTN a fines del ´74. Varios fueron los testigos que declararon confirmando su presencia junto al “Moncho” Argibay y sus matones. En el juicio de Montezanti contra Alberto Rodríguez, el juez Ares dio por acreditada tal participación, afirmando en el fallo: “Al respecto debo señalar que los testigos me impresionaron como convincentes y veraces en lo principal; dado su número configuran un plexo probatorio sólido para acreditar la existencia del incidente ya referido”.
2) Miente cuando afirma que el juez Ares, en el mismo fallo, niega la pertenencia de Montezanti a las AAA, dice sí que “…de haber sido visto el querellante junto a un grupo armado en la UTN en el que se encontraba Jorge Argibay, alias “Moncho”, y que –como ya dije- se acreditara que pertenecía a la “Triple A”, y quien fuera sindicado por varios testigos como el homicida de David Cilleruelo, hecho ocurrido el 3 de abril de 1975, no existen otros elementos que permitan arribar en grado de certeza a la mentada vinculación del Dr. Montezanti con la citada banda criminal, como no sea su pertenencia ideológica a la derecha peronista”. Y agrega que esto es “al menos en base a la información arrimada a este juicio, y sin prejuicio de las investigaciones a producir en otros procesos judiciales”. Procesos que hoy están en marcha gracias a la tarea desarrollada por los fiscales Nebbia y Palazzani, y a los cambio producidos en la Justicia Federal de Bahía Blanca.
3) Miente cuando afirma que su tarea como Personal Civil de Inteligencia estaba vinculada a los conflictos de Malvinas y limítrofe con Chile. El mismo decreto presidencial 4/2010 que ordena la publicación del listado de agentes y sus legajos personales, en su artículo 2 exceptúa de esa publicación a “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”. Si el nombre de Montezanti está publicado es porque sus tareas estaban vinculadas a la acción represiva.
4) Miente cuando se asume como víctima de una campaña orquestada por el “aparato militante universitario”, ocultando que fueron los órganos superiores de la UNS: la Asamblea prácticamente por unanimidad y el Consejo Superior por unanimidad al iniciarle Juicio Académico, que repudiaron su desempeño como cómplice de la dictadura. Y en el ámbito del Poder Judicial Federal, el Consejo de la Magistratura que acaba de suspenderlo por las innumerables denuncias acumuladas en su contra.
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La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, dijo esta mañana por FM De la Calle que las denuncias contra Néstor Luis Montezanti “cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad” y no corresponden con “los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez de la Nación”.
El órgano judicial resolvió ayer suspender preventivamente al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e iniciar un proceso de remoción conformando un jury de enjuiciamiento. En un lapso de 180 días, los consejeros Héctor Recalde y Miguel Piedecasas deberán fundamentar la acusación y el jurado decidir si existió o no mal desempeño en sus funciones.
Al camarista se le reprocha su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina, haber pertenecido como personal civil al Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado, promover la pena de muerte y reiteradas denuncias de autoritarismo y violencia laboral contra trabajadorxs judiciales.
Además del proceso aprobado en las últimas horas, Montezanti afronta una imputación en la causa penal que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A y un juicio académico en la Universidad del Sur que motivó su suspensión como docente del Departamento de Derecho.La dra. Gabriela Vázquez destacó el acuerdo alcanzado en el plenario por las representaciones del Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición del Congreso, y de las matrículas de abogadxs de las provincias y la Capital y lamentó que sus colegas jueces, Leonidas Moldes y Luis Cabral, “no hayan acompañado porque este es un tema muy grave”.
“Más allá de las calificaciones del derecho penal internacional de las conductas que se le atribuyen al dr. Néstor Montezanti, las conductas son graves y cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad, lo cual hace todo imprescriptible y por eso ha sido llamado a indagatoria por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla por la presunta participación en delitos como parte de la Triple A y demás.
“Lo grave que significa que un juez de la Nación argentina presuntamente haya participado como servicio secreto o como servicio de inteligencia en la época de la dictadura cívico militar. Eso es muy grave y no responde a los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez”, opinó la magistrada.
Respecto a las denuncias del gremio de judiciales sostuvo que “como jueza de la Cámara Nacional del Trabajo me parecen muy graves los hechos que se le imputan y que están en cierto modo acreditados, que es la violencia laboral que se ejerce que ha llegado hasta violencia física a través de rapapolvos, que son como golpes en el cuello, y también ha tenido conductas propias de personal castrense o civil de inteligencia que es mandar informantes a las distintas dependencias, lo cual es inadmisible en cualquier ámbito laboral y mucho menos en el de la justicia”.
Vázquez mencionó la existencia de cuestionamientos vinculados a la “desarticulación” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal y consideró que hay “todo un conjunto de elementos indicativo de que no se trata de un magistrado comprometido con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos”.
Al ser consultada sobre los fueros del suspendido que lo cubrieron de la detención en la causa Triple A y ampararon sus faltazos a tres citaciones a indagatoria, la magistrada afirmó que “el juez Ramos Padilla remitió un pedido de desafuero a los efectos de ejercitar las facultades jurisdiccionales. El dr. Montezanti está suspendido, con lo cual en principio no tendría las inmunidades”.
Igualmente, la presidenta del Consejo subrayó que Montezanti “tiene que ir a declarar, por más que sea juez no puede no ir a declarar cuando lo cita otro juez. La renuencia a ir a la citación ha sido objeto de una nueva denuncia”.
Una de las opciones que tendrá el ex titular de la Cámara Federal es presentar su renuncia. En ese caso correspondería a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aceptarla o rechazarla. “Si no la acepta el proceso sigue. Si la acepta, el jury ya no puede continuar porque si el juez ya no es juez no se lo puede remover, el objetivo de un jury es la remoción o la absolución, la continuidad”.
En cuanto al futuro de la Cámara Federal local, Vázquez destacó que de cinco miembros solo estaban designados Pablo Candisano Mera y el ahora suspendido Montezanti. El jubilado Ricardo Planes fue convocado pero está con licencia por problemas de salud. “Hay que integrarla con jueces subrogantes hasta tanto termine el concurso que hoy se vence el plazo para la inscripción y pienso que en el Consejo no va a durar más de seis meses”.
La Comisión de Selección, “a fin de resolver dicha situación anómala y de garantizar la eficaz administración del servicio de justicia”, aconsejó al Plenario la designación como magistrados subrogantes de la Alzada bahiense de los camaristas Alberto Agustín Lugones (San Martín), Alejandro Aníbal Segura (San Justo), Roberto Agustín Lemos Arias (La Plata) y Jorge Ferro (Mar del Plata).
“La minoría proponía que se designaran en la Cámara a jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, al dr. (Leopoldo) Velázquez, al dr. (José) Triputti, que en realidad es del Tribunal Oral de Santa Rosa pero ocurre que eso es muy inconveniente porque cuando uno designa como subrogantes a jueces de tribunal oral que están interviniendo en la misma jurisdicción, luego cuando actúan como jueces de Cámara adelantan opinión y no pueden intervenir en el juicio oral. Lo más conveniente es convocar a jueces que tienen acuerdo del Senado que sean camaristas”, explicó Vázquez.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/img_4760.jpg?fit=584%2C399&ssl=1399584FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-12 11:12:442015-09-12 11:12:44“Las denuncias encuadrarían en delitos de lesa humanidad”
Casi una semana después de la detención violenta e injustificada de tres jóvenes por parte de las policías Local y Bonaerense en el marco de una campaña de difusión sobre el autocultivo y los usos de la cannabis, el concejal de Encuentro Amplio Raúl Ayude llevó el tema a la sesión del Concejo Deliberante.
Al momento de las manifestaciones, el edil pidió la palabra y aseguró que “los llamados de la comunidad se podrían haber solucionado con la simple presencia policial cerca de las personas que estaban en esa actividad, con haber dialogado y no con haberlos retirado. Ni la averiguación de antecedentes, ni el cacheo ni algún tipo de intervención policial justifica el nivel de violencia con el cual se actuó y que estas personas sin haber cometido ningún delito pasaran 16 horas detenidas”.
Recordó que durante los debates por la creación de la Policía Local el cuerpo definió que se trataría de “una policía de proximidad, de prevención, que iba a estar en los espacios públicos”. Agregó que llama la atención la falta de formación o “malformación de algunas prácticas que tienen que ser repudiables”.
Ayude planteó que para que una fuerza de este tipo sea una “institución democrática, transparente, que genere respeto en la comunidad” necesitan profesionalizarse y mencionó antecedentes como el registro fílmico de manifestantes en actos públicos en los que intervenían familiares de Daiana Herlein -joven fallecida por la caída de un árbol descuidado por el municipio-, como el atropello de miembros de la Prefectura contra limpiavidrios y el espionaje de la Bonaerense en la Universidad del Sur. “Lo que estamos exigiendo es que todas estas situaciones no solo sean repudiadas sino también generen una reflexión y un cambio de conducta en las fuerzas policiales”.
“Mucho más en la Policía Local porque muchos de sus miembros tienen la misma edad de estos chicos que fueron detenidos. Estos chicos tienen 18, 19 y 23 años, no están imputados hoy en la justicia por ningún tipo de delito”, sostuvo y dijo que “muchos de los prejuicios actúan sobre los chicos y no sobre el narcotráfico, no actúan sobre muchas de las personas que públicamente se sacaban fotos con personas que manejaban muchísimo dinero y autos de alta gama que hoy están siendo juzgadas por posible narcotráfico, actúan distinto con los pibes y con los pibes que son sospechosos”.
Finalmente el concejal aseveró que “es necesario que estas cosas no pasen desapercibidas y que sea planteada la reflexión sobre estas prácticas que no se pueden permitir en Bahía Blanca. No se puede actuar arbitrariamente, no se puede actuar deteniendo personas cuando no hay delitos, no se puede actuar con ese nivel, a veces se discute la violencia de cuando se los detuvo, lo violento es que no hayas cometido ningún delito y te tengas que comer 16 horas en la comisaría por un prejuicio.
“Mucha firmeza no implica faltar a los derechos individuales, creo que en estas situaciones hay que ser respetuosos y actuar. Los chicos planteaban una reflexión que se vio caricaturizada a lo Capusotto por el accionar policial. A medida que Defensoría vaya actuando y vaya avanzando iremos viendo qué se pide con este cuerpo para con el Departamento Ejecutivo a fin de que nos de explicaciones sobre lo que sucedió”, culminó.
Nadie recogió el guante. La palabra se fue con Martín Salaberry quien comentó que había tenido un día emotivo, que hace política para decir lo que piensa, que la política sin una dimensión ética y humana pierde su razón de ser y, esperando “que el árbol no nos tape el bosque”, se zambulló en “el niembrogate” con homenaje a Lanata y Longobardi incluido.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/hqdefault.jpg?fit=619%2C398&ssl=1398619FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-12 00:45:512015-09-12 00:51:57Caricatura policial
Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.
El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.
El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.
Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.
Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.
Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/09/mapeo.png?fit=869%2C433&ssl=1433869FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2015-09-11 15:49:412015-09-11 15:49:41Amnistía presentó mapa de conflictos indígenas
