El gobierno bonaerense oficializó la incorporación obligatoria de la materia “Educación Sexual Integral” en la currícula de las escuelas públicas y privadas de la provincia. Así lo establece la ley 14.744 sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, publicada esta semana en el Boletín Oficial.

El texto de la norma dice que “se entiende como educación sexual integral al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas, y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana”.

La docente Alejandra Pavón, integrante del Suteba Bahía Blanca, comentó por FM De la Calle que “ya en muchas instituciones los docentes están empezando a trabajar el tema, están recibiendo capacitación para abordarlo”.

“Este es un contenido que forma parte del currículum como lo forman otras asignaturas, Lengua, Naturales, Sociales, va a estar dentro de nuestras planificaciones y en el corto plazo estaríamos trabajándolas desde todos los establecimientos”, explicó.

Según la dirigente, la educación sexual “en algunos casos sigue siendo un tema de desencuentro, por supuesto que depende de los niveles evolutivos de los que hablemos, de los sectores donde están ubicadas las escuelas, de la capacidad que tengan tanto los alumnos como los padres de acceder a información respecto de estos temas por fuera de la escuela. Estamos en una sociedad cambiante en relación a los temas que tienen que ver con la sexualidad y estos cambios hacen que de apoco uno tenga una mentalidad más abierta o no, pero todo lleva tiempo”.

La ley aclara que el organismo de aplicación deberá “garantizar la efectiva enseñanza y aprendizaje de la educación sexual integral a través de conocimientos científicos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, desde la perspectiva de género, promoviendo el respeto a la diversidad y la no discriminación”.

“Es absolutamente necesario que todos los niños, niñas y adolescentes conozcan su cuerpo, sepan cómo cuidarlo, cómo debe ser respetado, cómo abordar una relación con otro diferente o igual para tener un uso responsable de los métodos anticonceptivos, de las relaciones vinculares que tienen con los demás”, dijo Pavón.

Finalmente subrayó que “tiene que ver no solo con que tengamos vínculos más armoniosos con los demás y además prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, violencia de género, situaciones que realmente acarrean, por desconocimiento muchas veces, problemáticas que uno después tiene que resolver cuando con este trabajo en la escuela los podemos prevenir”.

Este miércoles se detuvo momentáneamente el tratamiento del proyecto de Ley D373/14-15. De aprobarse, la norma crearía un “Banco de Datos Genéticos Provincial”.

Según dijo a FM De la Calle el diputado socialista Ricardo Vago “es un banco genético que obliga a cada ciudadano de la provincia a registrarte y el Estado va a tener el ADN de cada uno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si hay un ilícito la policía científica determine los ADN en el lugar y pueda investigar e identificar quiénes fueron los eventuales actuantes en este ilícito”.

“Esto implica general 15600 registros de ADN en distintos ámbitos. Cuando se saca el DNI, cuando se saque el registro, cuando se nace, cuando se muere. Es una decisión totalmente insólita. No existe en el mundo un registro de toda la población con la matriz genética de ADN”, sostuvo.

La metodología actual está basada en que “se hace el registro después de que se haya producido el ilícito y previa orden judicial. Porque el ADN tiene datos personalismos. Desde las enfermedades, la matriz genética. Siempre antes en las provincias, en la nación y en otros países esto se registra en hechos delictivos bajo pedido del fiscal o del juez interviniente. Acá esto sería compulsivo. Obligaría a entregar bajo un sistema que no aparece expresado en el proyecto de ley de las células epiteliales de la yema de los dedos”.

Por otra parte, “tampoco está expresado cuál es el costo de esta medida que implicaría tener por lo menos 400 oficinas recolectora de estos datos y un registro general”.

El legislador indagó acerca de las firmas que podrían realizar el trabajo. “Hay una empresa argentina radicada en Córdoba que tiene la tecnología para hacer la huella dactilar genética, que tiene la patente en la Argentina y en Estados Unidos para este método. Y para mayor disparate la Ley, en la comisión de presupuesto, se aprobó en cuatro días sin ningún informe de cuál es el costo”.

Para finalizar, Vago afirmó que “el proyecto de Ley tiene 6 artículos. Es una simpleza total. Las leyes provinciales de Córdoba, de Buenos Aires, que están estos registros para investigaciones, identifican la norma, cómo se hace, los parámetros genéticos de investigación de la persona. Tiene un estudio científico de esto”.

Escuchá la nota completa:

“Señores jueces, a veces me pregunto: ¿cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino, mirar los hijos a los ojos, dar la mano? A veces me pregunto: ¿podrán sembrar alguna planta, acariciar un perro, cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, dar los buenos días a los vecinos? A veces me pregunto: ¿podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad en los pagos, perdonar a sus deudores, alimentar proyectos a futuro, levantar una casa?”, interrogó la dra. Mónica Fernández Avello en el cierre de su alegato, de la mano del poeta Hamlet Lima Quintana.

Con algunos de los imputados a su izquierda y otros en una pantalla, se preguntó si “¿recordarán los nombres y las fechas, verán algún rostro, sabrán qué hacían los domingos, cómo amaban la vida, cómo cantaban diariamente? A veces me pregunto: ¿podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos, olvidarán que a algunos los lanzaron al mar como sembrando peces doloridos?”.

“A otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre. Y a todos los cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá que la muerte. A veces me pregunto si lograrán el olvido. Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo y exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así se dedicaron a prostituir la vida”, culminó tras solicitar 18 penas de prisión perpetua y cinco de entre 25 y 10 años para represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval y la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses.

El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.

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La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no computó atenuantes de ningún tipo dado que “se trató, en algunos de los casos, de oficiales del Ejército de jerarquía que asumieron, aunque por la fuerza de las armas, funciones de alta responsabilidad”.

“Es obvio que no existieron condicionantes de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento, que los hubiera compelido a cometer los hechos que cometieron. Es más, como otros dignos y honestos militares patriotas lo hicieron, de no coincidir con los objetivos y los métodos aberrantes del proceso cívico militar pudieron haberse rebelado, disentido, hasta incluso ponerse a resguardo y denunciar las atrocidades. Algunos lo hicieron, quiere decir que era posible”, afirmó Fernández Avello y agregó que “quienes hoy están aquí enjuiciados y acusados no lo hicieron porque no quisieron, porque se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.

Sí subrayó agravantes sobre las imputaciones, “principalmente respecto a la extensión del daño causado”, “la ausencia de arrepentimiento” y “el silencio guardado respecto al destino de los cuerpos de los desaparecidos y también el destino que se le dio a los dos bebés nacidos en cautiverio”.

Siguiendo el camino marcado por la Fiscalía, exigió la publicación en un lugar visible y destacado del diario La Nueva Provincia de la parte resolutiva de la sentencia y la prospección por parte de Memoria Abierta en el predio de la Séptima Batería para recolectar prueba y determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos.

Además, pidió cárceles comunes para el cumplimiento de las condenas, la exoneración de los genocidas de las fuerzas armadas o de seguridad a las que pertenecen, la revocatoria de la prisión domiciliaria de quienes gozan del beneficio y que todos los imputados sean trasladados a Bahía Blanca el día del veredicto.

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Las condenas a prisión perpetua corresponderían a: Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Julio González Chipont, Carlos Andrés Stricker, Edmundo Oscar Núñez, José Luis Ripa, Tomás Hermógenes Carrizo, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Martínez Loydi, Néstor Alberto Nougués, Luis Ángel Bustos, Eduardo René Fracassi, Oscar Alfredo Castro, Enrique De León, Gerardo Alberto Pazos y Luis Pablo Pons.

En tanto, la querellante reclamó 25 años de cárcel para Pedro Alberto Pila, 19 para Alejandro Lawless, 18 para Héctor Luis Selaya, 17 para Domingo Ramón Negrete y 10 para Víctor Oscar Fogelman.

“Por la memoria y la verdad…”, dijo Fernández Avello, desanudó la garganta y siguió: “por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos asesinados, en especial por las víctimas del V Cuerpo y la Base Naval Puerto Belgrano y sus familiares, solicito que se haga justicia”.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, desarrolló durante este martes la primera jornada de alegatos de la querella en el juicio contra 23 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

La audiencia comenzó con más de hora y media de retraso por los clásicos problemas técnicos en la videoconferencia que enlaza Colón 80 con los tribunales de Comodoro Py, donde se entretiene un puñado de imputados privilegiados por la prisión domiciliaria.

La exposición, que cuenta con la adhesión adelantada de la dra. Mirta Mántaras, continuará este miércoles desde las 8:45 en el Aula Magna del rectorado universitario.

La abogada Mónica Fernández Avello aseguró que “hemos pasado del Estado terrorista que reprimió a su propio pueblo al Estado que se sienta al lado de las víctimas para defender sus derechos” y planteó “una visión del terrorismo de Estado vinculada a la imposición de un proyecto político y económico regresivo que para su implementación requirió un disciplinamiento social profundo y extendió su vigencia más allá del período dictatorial.

Este enfoque, explicó, conduce a una nueva caracterización de los sectores intervinientes pasando de la responsabilidad limitada a las fuerzas armadas a la responsabilidad de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. “Es por ello que hablamos de golpe cívico militar, ya que permite poner de relieve no solo la participación civil sino su preeminencia, y ubicar a las fuerzas armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad que continúa activo más allá del fin de la dictadura”.

La querellante destacó las dificultades que contrajo “el litigar en este juicio” en la ciudad donde vive. “Está ciudad donde a casi tres años que este tribunal, en una decisión encomiable, mandó investigar los delitos de La Nueva Provincia y todavía estamos esperando que se procese a su directivo”.

Recordó “lo que significaba encontrarse a Alfredo Astiz” sentado en una confitería frente a la cual pasaba una marcha por los derechos humanos cuando “la impunidad reinaba” en la ciudad y cómo la Madre de Plaza de Mayo Celia Jinkins -“emblema de Bahía Blanca”- decía: “Es una provocación, sigamos”. “Me imagino que en una ciudad chica como Punta Alta ha sido mucho peor ya que en ese lugar realmente conocían la cara de muchos de los que hoy estamos juzgando”.

“Es en ésta, mi ciudad, donde hasta hace unos días teníamos como integrante de la Cámara Federal a un ex PCI del Destacamento de Inteligencia 181, que ejercía tal repudiable servicio en esta casa, en esta universidad que tiene -entre estudiantes, docentes y no docentes- más de sesenta  muertos y desaparecidos. Estoy hablando de Néstor Montezanti, quien fuera presentado al Destacamento por el genocida prófugo José ‘Balita’ Riveiro (…) quien no solo fue artífice del Plan Cóndor sino también de la Triple A”, alegó.

Teniendo en cuanta las particularidades de los megajuicios de lesa humanidad que exigen la adaptación de las partes “a los tiempos que siempre nos van ganado por la impunidad biológica, ha sido muy difícil para los testigos que declararon el que una mayoría de los imputados esté con prisión domiciliaria. Me refiero a Carrizo, Castro, De León, Fracassi, Maloberti, Negrete, Nougués, Nuñez, Otero, Pazos, Pila, Pons y Ripa”.

“Ha sido muy terrible para los testigos y los familiares que los acompañaban y que se sentaron acá a relatarnos las atrocidades que vivieron en los centros clandestinos ver por el monitor de Comodoro Py una señora tejiendo, los imputados leyendo el diario o riéndose o conversando entre ellos. Debo remarcar el excesivo tiempo que ha llevado este juicio y lo que a mí criterio es perjudicial, pienso que para ustedes también, las videoconferencias que si bien en algunos casos no se pueden soslayar por vivir los testigos en el exterior, en la mayoría han sido dentro de nuestro país”, reclamó.

Por otra parte, manifestó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad de este tribunal de colocar estos hechos aberrantes de violencia sexual que hemos escuchado, otorgándoles la categoría de delitos de lesa humanidad ante la petición de los fiscales, por lo que deberán responder quienes desde un lugar u otro en el aparato estatal contribuyeron a su producción”.

En una próxima nota este sitio desarrollará los argumentos con los cuales Fernández Avello adhirió a la imputación fiscal por los delitos sexuales que formaron “parte del plan sistemático, generalizado y continuo”. Si bien “no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”.

“Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarles las identidades, pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaría represiva producía. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”, denunció.

Más información en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

La Coordinadora por el Juicio Académico al suspendido docente de Derecho Néstor Luis Montezanti aseguró que el imputado en la causa Triple A, “dando los últimos manotazos de ahogado y sabiéndose cadáver político por la acumulación de denuncias en su contra, apela a la mentira para defenderse”.

Hacen referencia al extenso reportaje que el juez apartado se realizó en la edición del 8 de septiembre en el diario LaNueva. del coimputado en las causas de lesa humanidad Vicente Massot, en el cual “arremete contra todos aquellos que cuestionan su pasado cómplice de la dictadura y el terrorismo previo al golpe y su presente como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones”.

“No es nada extraño, por lo menos para quienes conocemos la trayectoria de Montezanti y su patoterismo de psicópata, que siga utilizando estas falsedades para victimizarse, siempre con el apoyo incondicional de La Nueva Provincia”, concluyeron desde la coordinadora tres exponer las siguientes mentiras:

1) Miente cuando niega su participación en la toma de la UTN a fines del ´74. Varios fueron los testigos que declararon confirmando su presencia junto al “Moncho” Argibay y sus matones. En el juicio de Montezanti contra Alberto Rodríguez, el juez Ares dio por acreditada tal participación, afirmando en el fallo: “Al respecto debo señalar que los testigos me impresionaron como convincentes y veraces en lo principal; dado su número configuran un plexo probatorio sólido para acreditar la existencia del incidente ya referido”.

2) Miente cuando afirma que el juez Ares, en el mismo fallo, niega la pertenencia de Montezanti a las AAA, dice sí que “…de haber sido visto el querellante junto a un grupo armado en la UTN en el que se encontraba Jorge Argibay, alias “Moncho”, y que –como ya dije- se acreditara que pertenecía a la “Triple A”, y quien fuera sindicado por varios testigos como el homicida de David Cilleruelo, hecho ocurrido el 3 de abril de 1975, no existen otros elementos que permitan arribar en grado de certeza a la mentada vinculación del Dr. Montezanti con la citada banda criminal, como no sea su pertenencia ideológica a la derecha peronista”. Y agrega que esto es “al menos en base a la información arrimada a este juicio, y sin prejuicio de las investigaciones a producir en otros procesos judiciales”. Procesos que hoy están en marcha gracias a la tarea desarrollada por los fiscales Nebbia y Palazzani, y a los cambio producidos en la Justicia Federal de Bahía Blanca.

3) Miente cuando afirma que su tarea como Personal Civil de Inteligencia estaba vinculada a los conflictos de Malvinas y limítrofe con Chile. El mismo decreto presidencial 4/2010 que ordena la publicación del listado de agentes y sus legajos personales, en su artículo 2 exceptúa de esa publicación a “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”. Si el nombre de Montezanti está publicado es porque sus tareas estaban vinculadas a la acción represiva.

4) Miente cuando se asume como víctima de una campaña orquestada por el “aparato militante universitario”, ocultando que fueron los órganos superiores de la UNS: la Asamblea prácticamente por unanimidad y el Consejo Superior por unanimidad al iniciarle Juicio Académico, que repudiaron su desempeño como cómplice de la dictadura. Y en el ámbito del Poder Judicial Federal, el Consejo de la Magistratura que acaba de suspenderlo por las innumerables denuncias acumuladas en su contra.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, dijo esta mañana por FM De la Calle que las denuncias contra Néstor Luis Montezanti “cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad” y no corresponden con “los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez de la Nación”.

El órgano judicial resolvió ayer suspender preventivamente al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e iniciar un proceso de remoción conformando un jury de enjuiciamiento. En un lapso de 180 días, los consejeros Héctor Recalde y Miguel Piedecasas deberán fundamentar la acusación y el jurado decidir si existió o no mal desempeño en sus funciones.

Al camarista se le reprocha su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina, haber pertenecido como personal civil al Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado, promover la pena de muerte y reiteradas denuncias de autoritarismo y violencia laboral contra trabajadorxs judiciales.

Además del proceso aprobado en las últimas horas, Montezanti afronta una imputación en la causa penal que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A y un juicio académico en la Universidad del Sur que motivó su suspensión como docente del Departamento de Derecho.La dra. Gabriela Vázquez destacó el acuerdo alcanzado en el plenario por las representaciones del Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición del Congreso, y de las matrículas de abogadxs de las provincias y la Capital y lamentó que sus colegas jueces, Leonidas Moldes y Luis Cabral, “no hayan acompañado porque este es un tema muy grave”.

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“Más allá de las calificaciones del derecho penal internacional de las conductas que se le atribuyen al dr. Néstor Montezanti, las conductas son graves y cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad, lo cual hace todo imprescriptible y por eso ha sido llamado a indagatoria por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla por la presunta participación en delitos como parte de la Triple A y demás.

“Lo grave que significa que un juez de la Nación argentina presuntamente haya participado como servicio secreto o como servicio de inteligencia en la época de la dictadura cívico militar. Eso es muy grave y no responde a los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez”, opinó la magistrada.

Respecto a las denuncias del gremio de judiciales sostuvo que “como jueza de la Cámara Nacional del Trabajo me parecen muy graves los hechos que se le imputan y que están en cierto modo acreditados, que es la violencia laboral que se ejerce que ha llegado hasta violencia física a través de rapapolvos, que son como golpes en el cuello, y también ha tenido conductas propias de personal castrense o civil de inteligencia que es mandar informantes a las distintas dependencias, lo cual es inadmisible en cualquier ámbito laboral y mucho menos en el de la justicia”.

Vázquez mencionó la existencia de cuestionamientos vinculados a la “desarticulación” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal y consideró que hay “todo un conjunto de elementos indicativo de que no se trata de un magistrado comprometido con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos”.

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Al ser consultada sobre los fueros del suspendido que lo cubrieron de la detención en la causa Triple A y ampararon sus faltazos a tres citaciones a indagatoria, la magistrada afirmó que “el juez Ramos Padilla remitió un pedido de desafuero a los efectos de ejercitar las facultades jurisdiccionales. El dr. Montezanti está suspendido, con lo cual en principio no tendría las inmunidades”.

Igualmente, la presidenta del Consejo subrayó que Montezanti “tiene que ir a declarar, por más que sea juez no puede no ir a declarar cuando lo cita otro juez. La renuencia a ir a la citación ha sido objeto de una nueva denuncia”.

Una de las opciones que tendrá el ex titular de la Cámara Federal es presentar su renuncia. En ese caso correspondería a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aceptarla o rechazarla. “Si no la acepta el proceso sigue. Si la acepta, el jury ya no puede continuar porque si el juez ya no es juez no se lo puede remover, el objetivo de un jury es la remoción o la absolución, la continuidad”.

En cuanto al futuro de la Cámara Federal local, Vázquez destacó que de cinco miembros solo estaban designados Pablo Candisano Mera y el ahora suspendido Montezanti. El jubilado Ricardo Planes fue convocado pero está con licencia por problemas de salud. “Hay que integrarla con jueces subrogantes hasta tanto termine el concurso que hoy se vence el plazo para la inscripción y pienso que en el Consejo no va a durar más de seis meses”.

La Comisión de Selección, “a fin de resolver dicha situación anómala y de garantizar la eficaz administración del servicio de justicia”, aconsejó al Plenario la designación como magistrados subrogantes de la Alzada bahiense de los camaristas Alberto Agustín Lugones (San Martín), Alejandro Aníbal Segura (San Justo), Roberto Agustín Lemos Arias (La Plata) y Jorge Ferro (Mar del Plata).

“La minoría proponía que se designaran en la Cámara a jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, al dr. (Leopoldo) Velázquez, al dr. (José) Triputti, que en realidad es del Tribunal Oral de Santa Rosa pero ocurre que eso es muy inconveniente porque cuando uno designa como subrogantes a jueces de tribunal oral que están interviniendo en la misma jurisdicción, luego cuando actúan como jueces de Cámara adelantan opinión y no pueden intervenir en el juicio oral. Lo más conveniente es convocar a jueces que tienen acuerdo del Senado que sean camaristas”, explicó Vázquez.

Casi una semana después de la detención violenta e injustificada de tres jóvenes por parte de las policías Local y Bonaerense en el marco de una campaña de difusión sobre el autocultivo y los usos de la cannabis, el concejal de Encuentro Amplio Raúl Ayude llevó el tema a la sesión del Concejo Deliberante.

Al momento de las manifestaciones, el edil pidió la palabra y aseguró que “los llamados de la comunidad se podrían haber solucionado con la simple presencia policial cerca de las personas que estaban en esa actividad, con haber dialogado y no con haberlos retirado. Ni la averiguación de antecedentes, ni el cacheo ni algún tipo de intervención policial justifica el nivel de violencia con el cual se actuó y que estas personas sin haber cometido ningún delito pasaran 16 horas detenidas”.

Recordó que durante los debates por la creación de la Policía Local el cuerpo definió que se trataría de “una policía de proximidad, de prevención, que iba a estar en los espacios públicos”. Agregó que llama la atención la falta de formación o “malformación de algunas prácticas que tienen que ser repudiables”.

Ayude planteó que para que una fuerza de este tipo sea una “institución democrática, transparente, que genere respeto en la comunidad” necesitan profesionalizarse y mencionó antecedentes como el registro fílmico de manifestantes en actos públicos en los que intervenían familiares de Daiana Herlein -joven fallecida por la caída de un árbol descuidado por el municipio-, como el atropello de miembros de la Prefectura contra limpiavidrios y el espionaje de la Bonaerense en la Universidad del Sur. “Lo que estamos exigiendo es que todas estas situaciones no solo sean repudiadas sino también generen una reflexión y un cambio de conducta en las fuerzas policiales”.

“Mucho más en la Policía Local porque muchos de sus miembros tienen la misma edad de estos chicos que fueron detenidos. Estos chicos tienen 18, 19 y 23 años, no están imputados hoy en la justicia por ningún tipo de delito”, sostuvo y dijo que “muchos de los prejuicios actúan sobre los chicos y no sobre el narcotráfico, no actúan sobre muchas de las personas que públicamente se sacaban fotos con personas que manejaban muchísimo dinero y autos de alta gama que hoy están siendo juzgadas por posible narcotráfico, actúan distinto con los pibes y con los pibes que son sospechosos”.

Finalmente el concejal aseveró que “es necesario que estas cosas no pasen desapercibidas y que sea planteada la reflexión sobre estas prácticas que no se pueden permitir en Bahía Blanca. No se puede actuar arbitrariamente, no se puede actuar deteniendo personas cuando no hay delitos, no se puede actuar con ese nivel, a veces se discute la violencia de cuando se los detuvo, lo violento es que no hayas cometido ningún delito y te tengas que comer 16 horas en la comisaría por un prejuicio.

“Mucha firmeza no implica faltar a los derechos individuales, creo que en estas situaciones hay que ser respetuosos y actuar. Los chicos planteaban una reflexión que se vio caricaturizada a lo Capusotto por el accionar policial. A medida que Defensoría vaya actuando y vaya avanzando iremos viendo qué se pide con este cuerpo para con el Departamento Ejecutivo a fin de que nos de explicaciones sobre lo que sucedió”, culminó.

Nadie recogió el guante. La palabra se fue con Martín Salaberry quien comentó que había tenido un día emotivo, que hace política para decir lo que piensa, que la política sin una dimensión ética y humana pierde su razón de ser y, esperando “que el árbol no nos tape el bosque”, se zambulló en “el niembrogate” con homenaje a Lanata y Longobardi incluido.

Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.

El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.

El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.

Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.

Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:

(Por José Schulman)* A la suspensión dictada por el Consejo Superior de la Universidad del Sur y de la declaración en rebeldía por parte del Juez Ramos Padilla se suma ahora el inicio del proceso de destitución votado en el Consejo de la Magistratura en el día de ayer. Luego de tantos años de lucha, de la cual la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue el único organismo de derechos humanos que se hizo cargo de la denuncia de las y los compañeros de Bahía Blanca (empezando por nuestros compañeros Alberto Rodríguez y Dante Patrignani) corresponden dos cosas cómo mínimo: una es celebrar como corresponde esta derrota del fascismo argentino y la otra es preguntarnos sobre la larga historia de su impunidad que es la de tantas y tantos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos que siguen pretextando “presunción de inocencia” a lo que es simple, perversa, cínica y descarada impunidad para sus crímenes, una impunidad que garantiza el Estado, el Poder Económico, el sistema comunicacional y las “fuerzas vivas” de la sociedad en general.

Si la impunidad jurídica es la falta de castigo a los delitos cometidos, se puede afirmar que la impunidad de Montezanti, abogado, profesor universitario, juez e integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca es mucho más que eso: es la confirmación de que no solo la Justicia (así, con mayúscula como si fuera un ente independiente autónomo) sino la Universidad, la Opinión Publica (de vuelta, con mayúscula como “a Justicia”) y la sociedad bahiense tiene un doble rasero para medir a las personas y que ese doble rasero es ideológico en el peor sentido del término: una mirada distorsionada de la realidad, condicionada por el interés económico y social de preservar privilegios y posiciones ganadas a fuerza de actos violentos ilegales que vienen de larga data: el exterminio de los pueblos originarios, la dominación “legal” o “dictatorial” del siglo XX que desembocó en el Terrorismo de Estado de la Alianza Anticomunista Argentina (ahora sí, con mayúsculas como corresponde a una institución) y de las Fuerzas Armadas.

Montezanti fue parte de la ultraderecha universitaria que en su paranoia anticomunista se abrazó a los grupos de ultraderecha fascista que comenzó a atacar a las fuerzas comunistas y de izquierda en los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado (espantados por el crecimiento de las luchas nacionales y el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959).

Los testimonios sobre su participación en las acciones de los grupos que atacaban a los estudiantes que protestaban por el asesinato del Watu Cilleruelo, los vínculos nunca desmentidos con los más altos jefes militares que perpetraron el Genocidio en la zona, el diploma que ostentaba en su estudio con orgullo de su pertenencia a un supuesto (otra vez la paranoia disparatada) Congreso Anticomunista Mundial, su repugnante empleo como Personal Civil de Inteligencia durante aquellos años de plomo y las incontables denuncias sobre el maltrato diario a que sometía a trabajadores judiciales y estudiantes universitarios no fueron nunca óbice para su indetenible ascenso hasta uno de los más altos que la carrera judicial le permitía aspirar: presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, cargo que adornaba con el de Docente Universitario (sí, con mayúsculas, como a él le gustaba poner en el Curriculum Vitae en que ocultaba su costado miserable de buchón de los asesinos y amigo de los torturadores).

Fue en el año 2002 que un compañero de luchas e ideas del Watu Cilleruelo, Alberto Rodríguez, denunció en una asamblea universitaria lo que casi todos sabían: que Montezanti era un fascista que había colaborado con los crímenes de la Triple A y con el copamiento de la Universidad del Sur por la ultraderecha cavernícola de Remus Tetu; y fue en el 2007 que en un juicio oral y público toda Bahía Blanca pudo enterarse de casi todo lo que ahora se utiliza como razón de la suspensión en la Universidad y el comienzo de los procesos judiciales y de destitución como Juez de la Nación. Tal como personalmente lo afirmamos públicamente a pesar de sus agravios, amenazas y burlas. Que repitió cuando logró que el Consejo de la Magistratura rechazara el pedido de juicio político que habíamos acompañado.

Fue en el 2010 que otro compañero del Watu, Dante Patrignani, docente de la Universidad del Sur, pidió el fin de su impunidad ante el Consejo de la Magistratura y ante el Consejo Superior de la Universidad del Sur. A los cinco años respondieron. ¿Por qué tardaron tanto ante lo obvio?

La pregunta es sencilla: por qué la Universidad no consideró necesario apartarlo de las aulas, por qué el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial Federal no consideró justo apartarlo de su posición de magistrado y por qué las Fuerzas Vivas de Bahía Blanca (y otra vez, con mayúsculas) no consideraron vergonzante seguir tratándolo como uno de los suyos, como uno de los mejores vecinos y ciudadanos?

Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la Universidad del Sur fue (al menos hasta ahora) cómplice por acción u omisión de los crímenes que sufrieron los estudiantes universitarios; y no solo la larga lista de estudiantes asesinados, desaparecidos, encarcelados, torturados y perseguidos. También el conjunto de estudiantes que por casi cuarenta años han debido estudiar en un ambiente donde la intolerancia tenía premio y lo diferente era catalogado de abominable. Como pensaba Montezanti el día que mataron al Watu.

Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la inmensa mayoría de los miembros del Poder Judicial (que muy pocas veces tiene algo que ver con la Justicia) compartían el odio de clase contra los insurgentes de los 70. Porque todos ellos se habían formado al calor de los fuegos de la intolerancia que prendieron la ley 4140 de 1902 o la ley de seguridad nacional de 1910; o de los innumerables decretos de facto que la Corte Suprema le daba carácter de ley en los sucesivos golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. ¿Curioso no? Se presentaban y presentan como los custodios del principio liberal de que nada legal puede surgir de un acto ilegal pero ampararon (y amparan) toda clase de actos ilegales con cobertura legal. No por nada el mismo Zaffaroni afirma que el origen último de todo orden jurídico es un genocidio anterior que es oculto bajo la maraña de disfraces y máscaras que la ideología provee como si todo el año fuera carnaval.

La justificación ideológica fue cambiando. Al indio se lo mataba en nombre del progreso y a los anarquistas, socialistas y comunistas en nombre del orden y la identidad nacional. Pero sería la “guerra fría” que el “mundo occidental” libró contra todo aquel que se rebelara contra el capitalismo desde la Comuna de París de 1871 hasta la implosión de la Unión Soviética en 1991 la gran excusa ideológica para perseguir a los peronistas, guevaristas, comunistas, cristianos y a todos los que persiguieron los grupos de tareas, los Servicios de Inteligencia y la derecha fascista entre 1955 y finales de la dictadura.

El pináculo de la mirada ideológica fue aquel exabrupto que pretendía el fin de las ideologías y de la historia al final del “socialismo real”. Montezanti, ingenuo e ignorante como todo buen fascista, se lo creyó y por una década vivió creído de su impunidad perpetua, pero nadie para el viento y la historia se vengó de todos ellos.

Del General Videla que murió cagando en un baño de la Cárcel de Marcos Paz.

Del ángel rubio, el oficial de la Marina que raptó a las Madres de la Santa Cruz, ese Astiz que vivirá hasta su último día encerrado.

Y también de este miserable Juez y Docente Universitario que en su hora de prueba mostró que no tiene el coraje de enfrentar con dignidad la condena ética y judicial por los actos que cometió. No por su ideología que nadie condena a los fascistas, se condena lo que los fascistas hicieron y hacen.

La ideología atraviesa toda sociedad y mucho más una como la nuestra que fue reorganizada radicalmente por la picana y la capucha.

Una vez compartí con un sobreviviente de la Escuelita de Famailla (primer centro clandestino en Tucumán, en una escuela para pobres que querían dejar de serlo). El me contó que pudo ver a algunos compañeros porque había hecho una pequeña rasgadura a la capucha y por esa mínima ventanita alcanzó a reconocer algunos rostros.

Mi sueño es que la caída de Montezanti funcione como aquella pequeña rasgadura en la máscara de la ideología que impide a tantas y tantos ver la verdadera cara del Juez y Docente, esa que asustaba a los estudiantes y da asco a los que respetan la dignidad y la humanidad de los seres.

Amén.

*Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“La policía sigue armando las causas y el sistema judicial las sigue receptando y a la sociedad le sigue pareciendo bien. Mientras estamos atacando gente que dice que se puede utilizar como medicina la cannabis el narcotráfico de drogas sintéticas es una cosa que aumenta de modo espantoso. Nos siguen distrayendo con estas… estupideces”, advirtió la defensora general Graciela Cortázar tras el abuso de las policías Local y Bonaerense en la detención de tres pibes el viernes pasado.

A plena luz del día y ante varias cámaras que registraban el operativo, integrantes de ambas fuerzas detuvieron a dos militantes de la Cofradía Cannabica que difunden cada semana información sobre el uso de la marihuana y a un tercer joven que manifestó su disconformidad con el accionar policial.

“La cantidad no daba en absoluto como para pasar el umbral mínimo de la lesividad, que es lo que en materia de tenencia de estupefacientes se pone como límite de la punibilidad. El problema está en que las fuerzas policiales inicien procesos por esto, seguramente los chicos van a salir absolutamente libres de cualquier cargo pero el problema es que la autoridad policial inventa causas y las lleva adelante, con lo gravoso que significa estar sometido a proceso simplemente por estar expresando tus ideas”.

Cortázar manifestó por FM De la Calle que “la violencia institucional queda tan claramente marcada con la visión de esos videos que se viralizaron inmediatamente porque el impacto de cómo se utiliza abusivamente la fuerza me parece que si tuviera que enseñarlo en la facultad no hago más que mostrar ese video”.

“Claramente las imputaciones que se le hacen a los chicos son otro de los métodos habituales de los sistemas policiales para generar causas judiciales a quienes ningún delito han cometido. Dos maniobras básicas son: una, el acudir a la resistencia a la autoridad cuando en realidad esto no ocurrió, y por otro lado, la intervención para averiguación por cuestiones de estupefacientes cuando en realidad lo que hace este grupo de gente es expresar sus ideas que, hasta donde yo sé, está no solo permitido sino garantizado en el país en el que vivimos. Con lo cual la ilegalidad desde donde la mires de la actuación de la policía de la comuna es absoluta”, comentó.

La defensora explicó que “la policía puede actuar cuando hay una evidencia de comisión de delito. Esta evidencia tiene que ser clara, no puede ser librada a la interpretación del agente policial. La requisa está autorizada para los policías cuando hay razones de urgencia, porque como es una injerencia en un ámbito de privacidad que está garantizado por la Constitución, no hay ninguna razón para que un policía te entre a requisar violentamente o te compela a que te deje meter sus manos en el cuerpo, que te requise o revise tus cosas. ¿Qué es lo que ocurre? No revierte ninguna urgencia. Primero, ellos no tenían ninguna evidencia de comisión de delito porque de lo que se trataba era la difusión de un uso de una sustancia para fines medicinales, no había ni siquiera apología de ningún delito ni tampoco ningún aspecto que revele comercialización”.

“Lo más ilegal que tiene toda la actuación, y aparte revela que esto es una causa armada -de la cual nuestro Observatorio de Violencia Institucional está tomando registro para mostrar cada año de qué modo se vive la violencia institucional y a veces nos olvidamos en Bahía Blanca-, lo que hacen es acudir a un clásico llamado anónimo, y lo que es peor y revela aún más la impunidad que tienen es que dicen que llamaron los vecinos para decir que les molestaba la presencia de los muchachos en la plaza”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “esto lo que hace es estigmatizar a esta gente y después los cometario en el diario es ‘está bien que los detengan porque son unos traficantes’. No terminamos de aprender los ciudadanos, esto ya no es un reproche a los policías sino a la sociedad, a tener la buena práctica de tolerarnos para vivir en libertad, que cada cual diga lo que le parezca bien. Por eso es tan grave”.

“La culpa no la tienen los pobres flacos que por no tener otra fuente de trabajo se anotan a trabajar de eso. La policía de base, la que va a esos procedimientos, carece absolutamente de toda capacitación. Los que están un poquito más arriba, que son los formadores o los que quedan en las capas o mandos intermedios de la policía de la provincia, todavía no han saneado ni depurado los viejos vicios -afirmó la defensora-. Creo que la última vez que tuvieron la oportunidad de sanearlo fue cuando Arslanian intentó aquella desmilitarización de los bienes de la época de Camps de la policía donde no alcanza con enseñarles derechos humanos como hacen ahora, donde nos mandan a los profesores de la facultad de Derecho a que les digamos qué cosas no se pueden hacer, que no está bueno aplicar torturas. Pasa por que la formación tiene que ser realmente para que se entienda que la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil que tiene a veces la posibilidad de usar la fuerza”.

Cortázar concluyó que “como hay todo un mensaje de inseguridad absoluta y nuestras fuerzas de seguridad son absolutamente impotentes para luchar contra el verdadero delito, lo que se hace son manifestaciones o intervenciones que son placebo para todos nosotros. La señora y el señor que sabe que hay una inseguridad tremenda, cuando ve a la policía comunal en Bahía Blanca haciendo alguna cosa en la plaza dice ‘algo están haciendo’. ¿Sabés cuál es el problema? Que estos placebos duran cada vez menos porque mientras están atacando la libre expresión de esta gente están matando gente en los barrios periféricos, después podríamos discutir si a la gente que lee los diarios y escucha la televisión le importa lo que pasa en los barrios periféricos”.

El viernes 4 de septiembre cerca del mediodía entraron 40 efectivos policiales y allanaron el canal comunitario Antena Negra TV (canal 20 TDA).  Uno de sus integrantes, Martín Sande, fue imputado por el delito de interferencia en la comunicación cuya expectativa de pena es de seis meses a dos años de prisión. La causa está en el Juzgado Nacional N° 5 de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

“El allanamiento fue en una hora en la cual no había nadie en el canal. Realmente sentimos mucha bronca, no tristeza. Actuaron con saña, destrozaron todo lo que estaba en su camino. Estas son las actitudes de las fuerzas represivas”, declaró por FM De la Calle Florencia Vissani, trabajadora del canal.

Luego explicó que “lo que pasó es que hay un pacto entre la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC), son como la policía, vigilan todo. La ley dice que esta señal es para televisión y no para radiollamada. Cuando empezamos a transmitir por esta señal, esa misma noche, llegaron personas de la empresa de seguridad privada PROSEGUR. Esta compañía tiene permiso otorgado por CNC y por la policía, estos son ilegales, vinieron a presionarnos”.

Florencia destacó que“es llamativo como puentean al AFSCA,  ellos son la única autoridad para regular el espectro de la radiodifusión.  La lógica es que el trámite pase por la AFSCA y no por el CNC. Se ve que el poder judicial y económico se llevan bastante bien”.

“Nosotros todavía no tenemos la licencia, nos hemos presentado en todas las instancias posibles para obtenerla. Lo que pasa es que nunca se abrieron los concursos para los sin fines de lucro. Enviamos un despacho al AFSCA para que diga cuándo se abren y si no es así el porqué”, señaló.

La trabajadora del canal agradeció el apoyo y veló por la devolución en buen estado de los equipos: “estamos agradecidos por  el apoyo, hasta del exterior nos brindaron cariño. Ahora tenemos que ver en qué condiciones nos devuelven los equipos, esperemos que esté todo bien, aunque cuando se lo llevaron lo pusieron dentro de una caja de bananas”.

Para finalizar adelantó las actividades para los próximos días, “vamos a concentrar y a manifestarnos es espera de respuestas”.

Texto: Diego García.

El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura. Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio.

Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que proponía el inicio del jury por “mal desempeño en sus funciones” y que fue impulsado por el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, y aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación la semana pasada. El dictamen, que también propone suspenderlo al magistrado en sus actividades hasta que se realice el juicio, le endilga “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”.

Además de una “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La acusación por mal desempeño de sus funciones fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Daniel Candis, por considerar que el ahora acusado ha desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación y por haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a consejerxs del cuerpo.

El consejero Héctor Recalde sostuvo que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca” y por ellos es necesario “conocer la verdad y que se haga justicia”, conceptos que con distintas expresiones fueron compartidos por la mayoría de los consejeros presentes. Por su parte, Leónidas Moldes expresó su opinión desfavorable, la cual contó con la adhesión de Luis María Cabral.

Se encontraban presentes en el Salón del Plenario integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quienes celebraron el temperamento adoptado.

En Bahía Blanca, Montezanti enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos padilla lo declaró en rebeldía después que el ex agente de Inteligencia del Ejército no se presentara a dar declaración indagatoria por tercera vez.

Fuente: Consejo de la Magistratura e Infojus..

“Yo soy Alika Kinan, soy sobreviviente del delito de trata. Yo llegué a la isla en el año 96, también con ofertas engañosas, con expectativas de mejorar mi vida, lo cual nunca llegó a suceder. Terminé siendo explotada en un prostíbulo”, dijo al ser consultada por FM De la Calle sobre el juicio contra la familia propietaria del local “Black and White” de Ushuaia. Según Fiscales.gob, la banda encabezada por Víctor Morales está acusada de engañar a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y someter, al menos, a 18 mujeres.

Por allí pasaron muchas más. En las mismas condiciones que sufrió Alika con otros proxenetas y que aún está tratando de dejar atrás. “El clan Morales hace veinte años que viene explotando mujeres. Está implicada toda la familia, es realmente conmocionante para la ciudad de Ushuaia porque es un prostíbulo donde iban todos. Estaba tan, tan, naturalizado que terminaban yendo desde los padres, los hijos, los abuelos llevaban a los chicos a debutar, era realmente aberrante”.

La CTA Autónoma de Tierra del Fuego informó que el principal imputado, Víctor Morales, quedó detenido este miércoles tras presionar a una víctima para que no lo comprometa. Hoy se leerán los alegatos y el viernes se dictará sentencia.

Alika comentó que durante el debate “se detectó que había muchos casos de situaciones de vulnerabilidad de derechos. Las mujeres en cualquier sano juicio no llegan a prostituirse. La mujer que llega a entregar el cuerpo a cambio de dinero es porque está realmente en una situación muy, muy, vulnerable y con muchas necesidades. Nos encontramos con padres, con familiares, con hijos y todo tiene que ser sostenido por ellas”.

“Entonces llegamos a esa situación de explotación. En el año 2012 es cuando se quita el término ‘consentimiento’, lo que le daba consonancia a la Ley de Trata. Antes decías ‘pero dio el consentimiento’. Sí claro, cuando estás al borde del abismo y te están por empujar, ¿qué vas a decir? Firmas lo que sea aunque sepas que está mal. Das el consentimiento sobre algo que sabés que no es sano, que no está bien pero que no tenés otro camino, no tenés opciones. Eso es la prostitución. Cuando no tenés ningún tipo de opción, no podes elegir, ahí es cuando se convierte en trata de personas.

Como carne de carnicería

Ushuaia, puerto pesquero, puerto militar, última parada antes de la Antártida, puerto de cruceros. “En temporada alta, en verano, bajan entre dos mil y cinco mil personas. Gran parte de los que bajan hacen uso y abuso de los cuerpos de las mujeres que tienen que estar acá expuestos”.

Alika contó que cuando ella llegó, al igual que las mujeres por cuya explotación se juzga al clan Morales, se encontró con la complicidad del Estado. “Automáticamente me llevaron a la policía, los tratantes me dijeron lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, que yo venía como alternadora. El término alternadora es viejísimo, se supone que la mujer comparte copas, alterna copas con el supuesto cliente que no es más que un consumidor”.

“Por lo tanto, cuando yo me voy a hacer el carnet, primero me dan de alta, me hacen la apertura del legajo en la policía, sabiendo donde yo voy a estar. Ya la policía a nivel provincial sabe a qué vengo y quién me entrega. Después te piden una libreta municipal (…) ¿Qué ponía la libreta sanitaria? Exigía un análisis de HIV y un exudado vaginal, ¿para qué me exigís eso si supuestamente voy a alternar copas? ¿Me estás cuidando  mí o estás cuidando de entregar una mujer sana a quien vaya a consumir ese cuerpo? Es como carne en la carnicería, tiene que pasar un control de Senasa, acá son los controles municipales”.

Entre los “clientes” pasan dirigentes y punteros políticos y comisarios. “No me digas que no saben que está mal. Que se está haciendo un consumo de cuerpos. No me digas que cuando encontrás una chica de 18 años en un lugar de estos, muerta de miedo, que a lo mejor ni siquiera ha tenido relaciones sexuales, no me digas que no sabés lo que está pasando. Pasa que conviene más hacer la vista gorda, consumir lo que vas a consumir y te vas”.

“Acá no hay nada color de rosa”

Las mujeres permanecen atadas por “cadenas psicológicas” al prostíbulo. “Es un sistema de endeudamiento por los pasajes, quedás debiendo dinero de ropa, de comida, de tu propia comida, tu propio alojamiento. A partir del momento en que vos sos aislada de tu familia, de gente que te pueda ayudar a pensar en tu situación, donde estás sola, donde te cambian el nombre -no podés prostituirte o ser explotada con el mismo nombre de pila con el que naciste-, todo un trasfondo psicológico donde terminás aislándote y disociando tu propia personalidad”.

“Te convertís en otra mujer. Las cadenas son psicológicas, no te vas a encontrar muchas mujeres que estén con grilletes, atadas ni encerrados. Sí te vas a encontrar lugares donde veas alambres de púas, puertas que se cierran a determinada hora y siempre con ese miedo de no me puedo ir porque me van a ir a buscar, me van a golpear, me van a matar, me van a violar. ¿A dónde me voy a ir? Son casos de violencia extrema pero más allá de la violencia física que se ejerce sobre la mujer, es una brutal violencia psicológica”.

Durante el debate oral una de las víctimas defendió al proxeneta Morales. Alika también pasó por esa situación. “Yo me negaba a que cerraran el lugar porque obviamente veía que todo se me evaporaba, tenía mi vida destrozada, pero la poca estabilidad, el poco dinero que podía mandar a mi casa, lo sacaba de ahí. Me negaba a creer que él hubiese sido un opresor. De hecho, el vínculo que se establece entre el tratante y la víctima, a mí me llevaba en auto, me llevaban al hospital, me cuidaban, yo estaba mejor acá que en cualquier otro lado”.

“Todo eso forma parte de esa opresión psicológica donde ellos tienen que establecer un vínculo para que vos primero des el consentimiento y aparte no se te vea mal. Ya una carga con cuestiones psicológicas como depresión, volcarse al alcohol, a las drogas. Dentro de todo ese caos ellos tienen que ser el ancla que te da un poco de estabilidad. Y lo logran muy bien porque siguen lucrando con tu cuerpo y dentro de todo aguantás. Estás ahí, no te querés ir. Me cobran por llegar tarde, por no ir, el día que me enfermo tengo que pagar dos mil pesos, pero no importa, yo me quedo ahí porque es donde mejor puedo estar. Cuando lo mirás desde afuera, es una locura todo eso. Son mujeres a las que se les quita todos los derechos”, explicó.

Tras presenciar las audiencias del juicio al clan Morales, Kinan destacó que una de las víctimas “tiene un retraso madurativo que cualquier persona que hablara con ella se daba cuenta. Cuando a ella la engañan, tenía un DVD de la película Moulin Rouge, ella pensaba que iba a eso. Mirá vos la fantasía, mirá vos las mujeres siguen pensando en esa Mujer Bonita, en ese Moulin Rouge y no. Realmente a lo que vas es un sucucho de metro y medio por medio metro, son cuchetas dónde vas a estar con quince, veinte, treinta hombres por noche. Donde te duele todo el cuerpo, terminás seis, siete de la mañana toda dolorida. Incluso a veces sangrando, muchas de las chicas que no soportan más tener sexo terminan super alcoholizadas y después de tantos días terminan vomitando sangre. Acá no hay nada color de rosa, acá no hay nada placentero, es tremendo, son infiernos”.

¿Qué solución les vamos a dar?

Al ser consultada por el cierre de “cabarets y whiskerías” ordenados en algunas jurisdicciones como el Partido de Bahía Blanca, Alika opinó que “es una medida efectiva en tanto y en cuanto los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales cumplan con los protocolos de actuación hacia las víctimas”.

“Lo que no podés hacer -que yo lo sufro hoy en día- es cerrar un prostíbulo y dejar a todas esas mujeres a la deriva. Te ofrecen talleres de costura, de mucama. Yo no quería hacer costura ni mucama, ¿por qué me ofrecían esas cosas a mí? Estamos hablando de asistencias de una semana, dos semanas, un mes. Esas mujeres necesitan tratamiento psicológico, eso es fundamental. Necesitas reinsertarlas laboralmente, socialmente”.

“Yo hace un año y medio que estoy con tratamiento psicológico y todavía sigo escuchando cosas terribles que han pasado en mi vida como muchas otras mujeres. El tratamiento es una parte fundamental de darle un sentido a tu vida. No todas toleran eso porque te encontrás con cosas terribles, pero hay que hacerlo. Nación, provincia y municipalidad fallan en todos esos puntos. No hay refugios, no hay casas”, afirmó.

Finalmente se preguntó: “¿Qué solución les vamos a dar? ¿Qué estamos planteando para poder reinsertarlas socialmente? ¿Como sociedad sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Vamos a tener esa capacidad de tolerancia para que esa mujer entre en nuestras vidas? ¿Vamos a tolerar que una mujer que hayamos visto en un prostíbulo la veamos en una caja en un supermercado? ¿Vamos a ser tolerantes y solidarios para darles trabajo, para enseñarles, para ayudarlas? Ahí es donde estamos equivocándonos. El error no es cerrar los prostíbulos, el error es cerrarlos sin contención para estas mujeres que terminan en situaciones de clandestinidad, siendo tratadas de peor manera que antes”.

El viernes, la Policía Local junto a efectivxs de la Bonaerense demostraron que están dispuestos a seguir reproduciendo sus peores prácticas. Esta vez, ante supuestas denuncias vecinales levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y fue registrado en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

La versión policial comenzó imputando venta de marihuana, siguió por resistencia a la autoridad y terminó en una infracción por no tener permiso para ubicarse en la plaza. A la Fiscalía no le dio ni para tomarles declaración. Los pibes fueron liberados el sábado a la mañana y hoy dos de ellos junto a compañerxs de la Cofradía Cannabica y el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude, estuvieron en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle.

“El viernes estuvimos desde las cinco en la plaza, no pasó una hora que ya la Policía Local empezó a hablar conmigo. Al principio un poco mal, que estábamos vendiendo marihuana, me tomé diez minutos para explicarles qué es lo que hacemos, que repartimos información con total respeto porque es algo que nadie habla, nadie se ocupa y nosotros quedamos en el medio. Nos tocó la triste realidad de tener el abuso policial y acá estamos”, dijo Cristian.

Julián recordó que “estaba filmando cómo le sacan las cosas a los chicos, la sargento los revisa, cosa que no se puede hacer. Estaba filmando tranquilo, se da vuelta la sargento, me dice ‘sabés qué, traé los ganchos’. Yo fui el primer detenido. Fue un momento muy feo, no me resistí ni nada, me agarraron cuatro policías”.

Sobre el tercer detenido, Georgina comentó que “hay una oficial que dice ‘ustedes están vendiendo marihuana y después los chicos van y roban’. El chico ese que pasó dijo ‘no, usted está muy equivocada’. Ahí fue que la policía lo agarró. Fue lo único que dijo y lo dijo bien, ni siquiera gritando, tranquilo”. Cristian agregó que el adolescente tuvo un ataque de pánico, que le faltaba el aire y terminó con un chichón en la cabeza.

Relató que “cuando llegamos a la comisaría, las primeras cuatro o cinco horas fueron totalmente incomunicados, sin un vaso de agua pidiendo diez veces, nada. El compañero Julián, viene un civil, le empieza a tomar datos, le saca fotos, lo quiere desnudar, dice ‘ponélo totalmente desnudo, le vamos a sacar fotos a ver qué tiene, si tiene más droga’. Tratándonos como criminales”.
“Pará, lo tiene que revisar un médico”, dijo Cristian. “Vos cerrá el culo”, le respondió el policía de civil, “ya sabés cómo es, ahora estás acá pero podés ir al otro calabozo, el de los homicidas y lo demás”.

Sostuvo que “el de la Policía Local estaba siguiendo la situación. Al principio fue algo muy feo porque ellos tampoco sabían cómo proceder, eran discusiones cada vez que nos llevaban, después de que yo pedí eso, porque nosotros repartimos el manual del detenido, estamos informados, no es que hacer esto es fumar marihuana porque es a lo que menos apuntamos”.

“Estamos muy informados y tratamos de hacer encuentros para estar más unidos y que esto no pase más, la impunidad hoy en día está cada vez más tapada, la democracia a veces se va al carajo”, manifestó Cristian.

Luego de más de doce horas de detención, el sábado a la mañana fueron trasladados a la Fiscalía. “No pasó nada, estuvimos presos en la celda con dos personas más, había una sola celda con candado, uno estaba con esposas dentro de la celda”.

“Después de las cinco horas, que a mí me acusan por infringir la Ley 27.737 y por resistencia a la autoridad, después de la difusión de los videos, dejaban la puerta abierta sin querer y escuchábamos que se les estaba yendo la situación de las manos”, afirmó.

Por su parte, el concejal Raúl Ayude, quien intervino para acercar a la comisaría a fiscales y defensores oficiales, declaró que “acá estaba la Policía Local pero los que guiaban eran policías de la provincia de Buenos Aires. Más allá del período de formación, hay prácticas que son las que terminan formando en la calle al policía, me parece que eso es lo complejo”.

“Si esto sucedió a las seis de la tarde un viernes con mucha gente filmando a plena luz del día en la Plaza Rivadavia, imagináte lo que debe ser Nocito, Maldonado, Stella Maris, 9 de Noviembre, lugares donde no hay testigos, donde la suposición de que un persona puede estar cometiendo un delito hace actuar sobre jóvenes por ser sospechosos. Yo pensaba, ser joven ya es complicado, ser joven y negro es una complicación y ser joven y tener rastas es otra complicación. Creo que sobre eso hay que actuar en función de que se actúe con justicia, que en el fondo se ataquen verdaderos delitos. Ahí creo que entronca con el trabajo de los chicos que quieren que no haya abuso policial ni estigmatización de cosas que no están penadas por la ley”, concluyó.

El viernes a las 15:30 partirá una marcha desde Alem y Uruguay hacia la Plaza Rivadavia en repudio al abuso policial.

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EN CASO DE QUE LA POLICIA TE DEMORE O TE DETENGA TENES DERECHO A:
• Solicitar asesoramiento de un abogado, que puede ser particular o un Defensor Oficial (te lo da el estado gratuitamente).
• Negarte a reconocer cualquier objeto secuestrado.
• Recibir asistencia médica inmediata. El único que puede revisarte es un médico. Nadie más tiene derecho a revisarte o hacerte quitar la ropa.
• Negarte a ser chequeado por personal policial que no sea de tu mismo sexo.
• Negarte a declarar.
• Negarte a que revisen tu casa (a menos que un juez lo ordene).
• Negarte a que te exhiban ante otras personas.
• Negarte a que te extraigan sangre.
• Pedir que te lean tu declaración antes de firmarla.
• Que te informen el motivo de tu detención (averiguación de indentidad, contravención o delito)
• Si te sacaron las pertenencias personales deben darte un recibo como constancia.

ANTE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA CON LA POLICIA:
• Preguntar el nombre de la autoridad de la comisaría.
• Tomar nota del día, hora y lugar en que ocurrió.
• Acordate del nombre o chapa de los policías y patente de los patrulleros.
• Acordarse la cantidad de policías que intervinieron.

AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD.
Tenes derecho a transitar libremente y no pueden demorarte sin una orden competente. Sin embargo, es una práctica habitual de la policía demorarnos para averiguar nuestra identidad o antecedentes. Aunque obviamente se recomienda colaborar, tenes que saber que:
• La policía puede demorarte solo si hay un motivo previo y razonable o no tenes documentos. Si no existe tal motivo, la policía no tiene razón de demorarte.
• Estar demorado no es lo mismo que una detención, por lo tanto no te pueden tener más de 12 horas, ni te pueden poner en un calabozo con gente que cometió delitos.
• La policía no puede retenerte el DNI. Si lo hacen denuncialo en la Fiscalía lo más pronto posible.
• No pueden esposarte. No pueden sacarte fotos ni exhibirte ante otras personas.
• SI SOS MENOR DE 18 AÑOS, la policía tiene que avisarle de forma inmediata a tus padres.
• Si fuiste victima de golpes, maltratos o torturas, tenes que ir rápido a un hospital para que te den una constancia que explique tu estado de salud.

DETENIDO POR UN DELITO
Significa que violaste una normal del Código Penal.
• Se necesita una orden judicial para detenerte y para esto debe existir una causa penal. Sin esta orden solo pueden detenerte si te encuentran cometiendo el delito o escapando.
• La policía tiene que informar de tu detención al Juez, Fiscal y Defensor de turno.
• Tanto vos como tu familia y amigos tienen derecho a que la policía les informe cual es el delito.
• Tenes derecho a llamar un abogado de tu confianza. Si no tenes el Estado ya tiene designado un Defensor Oficial.

DETENIDO POR UNA CONTRAVENCION
Significa que violaste alguna normal del Código de Faltas de la Provincia. (Ej: causar desorden, incitar a la violencia en la vía pública)
• Tenes derecho a hacer una llamada.
• La policía tiene que informar de tu detención al Juez, Fiscal y Defensor de turno.
• Negarte a responder preguntas sin antes hablar con un abogado o solicitar su presencia.
• Recibir asistencia médica.
• No ser alojado junto a personas que cometieron delitos.

SI SOS MENOR
Sos inimputable, es decir, no te pueden aplicar una pena, solo medidas que favorezcan tu desarrollo como persona. La policía debe tratar de que regreses con tus padres o responsables.
• Si te detienen no pueden trasladarte en un auto sin identificación.
• No pueden esposarte sin justificativo.
• No pueden encerrarte en un calabozo con personas mayores de edad.
Está prohibido el alojamiento de menores en dependencias policiales.

SI SOS MUJER
Tiene que intervenir personal policial femenino.
• No te pueden encerrar en un calabozo con hombres.
• No te puede revisar un hombre.
• No te pueden desnudar, ni obligarte a consentir revisaciones vaginales, aunque lo solicite personal femenino o un medico.
• Si te detienen o demoran, antes de cualquier traslado tus hijos deben quedar al cuidado de alguna persona de tu confianza.

“LA POLICIA ME PASEÓ EN EL PATRULLERO”
Es una práctica naturalizada que permite a los policías contar con un margen de tiempo antes de llegar a la Comisaría para negociar con los detenidos, coimearlos o torturarlos.
Cuando te suben a un móvil policial, el trayecto a la comisaría debe ser directo. Si esto no se cumple podes denunciarlo en la Fiscalía.

Fuentes: Video Correpi. Texto Campaña contra la violencia institucional.

El filósofo Eduardo Rinesi afirmó en Bahía Blanca que “la comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía”. Invitado por la delegación local de AFSCA, el politólogo y educador participó de una charla en la UNS.

“Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo”, destacó.

“Derecho a la Comunicación, Medios y Política” fue la consigna del encuentro moderado por el periodista Carlos Quiroga. Rinesi se formó en las universidades de Rosario, São Paulo y FLACSO y dicta la cátedra de Sociología en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

El también titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual aseguró que pensar en términos de “libertad popular republicana” y “de derecho” obliga a abandonar la idea “antiestatalista” de la posdictadura para considerar “que el Estado puede estar del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia”.

“Necesitamos una teoría compleja que nos permita pensar el carácter bicéfalo. Estoy citando a un querido amigo hijo de esta ciudad, un gran jurista argentino, que es Abel Córdoba. No podemos andar por la vida suponiendo, como si fuéramos liberales, que el Estado es solamente una amenaza para la libertad cuando muchas veces es un garante de la libertad. Pero tampoco podemos chuparnos el dedo e ignorar que el Estado -incluso gobernado por un gobierno que eventualmente hasta nos gusta- sigue siendo un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos, un disciplinador social”, explicó.

El filósofo se preguntó qué quiere decir tener un derecho y aseguró que si se lo preguntase a un abogado positivista, este respondería que “en las leyes, los códigos o la constitución del país donde vive está escrito que tiene derecho a”. Sin embargo, afirmó que “cuando usamos la palabra derecho en nuestro discurso político decimos otra cosa. Primero porque muchas veces las leyes dicen que tenemos derecho a cosas a las que el derecho que tenemos es por lo menos opinable. Y otras veces es exactamente porque las leyes no dicen que tenemos un derecho que nosotros decimos que lo tenemos para que las leyes digan que lo tenemos de una buena vez”.

Priorizando la idea política del derecho sobre la legalista, Rinesi manifestó que “decir que se tiene derecho a algo, en general, quiere decir: a) que no se tiene el derecho que se dice tener y b) que se lo debería tener. Por eso la palabra derecho es una de las palabras más políticas que existen, porque contiene en su misma materia, en su misma carne, la tensión entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, entre la caracterización de la sociedad injusta que tenemos y el sueño de la sociedad justa que deberíamos tener”.

De esta manera, el “combate” por los derechos se torna interminable porque “postulamos derechos en la medida de que alguno no lo tenemos, cuando lo tenemos dejamos de postularlo como derecho, lo olvidamos como derecho y pasamos al siguiente. Y está muy bien que sea así. Hoy a la comunicación la pensamos como uno de esos derechos”.

“Las libertades y los derechos son individuales y colectivos, son de los ciudadanos y son del pueblo. Y cuando pensamos en el derecho a la comunicación ese pueblo suele recibir el nombre de audiencia. La audiencia es el pueblo subespecie comunicativa, y ese pueblo subespecie comunicativa tiene derechos”.

¿Cuándo un derecho es humano?

El ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento recordó que luego de la dictadura se sostenía que “lo que hace humano a un derecho es la circunstancia de que fue el Estado, abusando de su poder, el que lo violó. En general, pensábamos en los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la inmediata dictadura”.

“Cuando extendíamos un poco la reflexión, decíamos ‘pero también se siguen vioando los derechos humanos cuando esos crímenes cometidos por la dictadura no son juzgados todavía’. Y cuando prolongábamos un poquito más la reflexión, decíamos ‘pero también son crímenes contra los derechos humanos los crímenes que el Estado, incluso bajo un gobierno democrático, no deja de cometer”, dijo.

Rinesi insistió en que el Estado “es una institución compleja que no se confunde con el gobierno ni con la voluntad política de su gobierno, y hoy en Argentina bajo un gobierno que a mí me gusta y que sin duda es el gobierno que más ha hecho en favor de la vigencia de los derechos humanos en muchímas décadas en este país, hoy el Estado viola sistemática y cotidianamente una cantidad de derechos humanos”.

El politólogo aseveró que “una cosa interesante que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina es que cuando decimos ‘derechos humanos’ incorporámos a esa lista, además de los derechos que el Estado a veces viola, un conjunto de derechos que no le pedimos al Estado que se abstenga de violar sino que le pedimos al Estado que garantice. Entre esos derechos está el derecho a la comunicación”.

“La comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía. Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo.

“El sujeto, el titular, del derecho a la comunicación es cada uno de nosotros como individuo y es el pueblo en su conjunto, porque es como conjunto que se enriquece el pueblo cuando cada uno de sus ciudadanos está mejor informado, cuando pueden decir lo que quieren sin temor a ninguna forma de censura”, concluyó.

Dos integrantes de la Cofradía Cannabica que entregaban folletos informativos en Plaza Rivadavia fueron detenidos violentamente esta tarde por la Policía Local. Otro joven testigo del atropello policial corrió la misma suerte.

Los pibes fueron requisados y se les encontró semillas, plantines sin THC y cremas terapéuticas.

Acusados de resistirse a la autoridad fueron llevados a la Comisaría Primera. Allí esperaron al titular de la fiscalía de estupefacientes Jorge Viego. Interviene además el defensor oficial Carlos Carnevale.

En el lugar se reunieron compañerxs de la agrupación que milita contra el narcotráfico y por la legalización del autocultivo de marihuana e integrantes de organizaciones políticas. También se encuentra el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude.

La policía pretende que los jóvenes continúen detenidos hasta la mañana de este sábado.

Noticia en desarrollo.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.

El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.

Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

nieta 117

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.