Mañana vence el plazo para el canje de deuda bajo legislación extranjera, el economista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle los escenarios posibles haya o no acuerdo.

“Se activaron fuertemente los lobistas locales de los bonistas señalando que hasta ahora no habría más que un 30% de adhesión que está lejos de los mínimos necesarios. Dependiendo el tipo, rondan el 60 y 80% de los títulos que se deben alcanzar”.

“Si efectivamente el 30% ya suscribió, el canje no podría cerrar o habría que cerrarlo declarando el default. Si se declara el default puede ocurrir que quienes no ingresaron al canje demanden que se actualicen los pagos, lo que se conoce como aceleración de pagos. Si eso pasara Argentina tendría un problema más severo”.

Si esto ocurriera la presión de la salida de capitales podría podría incrementarse y generar “discrepancias entre el dólar oficial y los paralelos”.

No es el único escenario posible: “Puede ocurrir que se extienda el plazo. La adhesión dentro de los bonistas que están en Argentina fue casi total. (…) Podría ser que mañana se extienda el plazo o cierre con una adhesión que alcance a algunas de las partes del canje o que no se cierre el canje y ver qué opciones hay”.

El economista mencionó que una de las opciones es el Standstill: “Pagar los vencimientos de intereses, freezar la negociación y avanzar en otro frente. Con esto el Gobierno ganaría no comerse juicios de entrada y patear más para delante el problema. Tendría que pagar los vencimientos que ya pasaron, para que los bonistas esperen un rato más. El gobierno trataría de cerrar los frentes del FMI y el Club de París”.

¿Qué pasa con el FMI?

“Hasta el momento estamos en una incógnita total de qué va a requerir el FMI. En el pasado cuando extendió el crédito ha requerido que se hagan ciertas reformas, ¿va a pedir eso ahora? No sé si hay espacio político para hacerlo”.

“Acaba de presentarse el informe de Instituto Internacional de Finanzas que decía que en el segundo trimestre, de abril a junio de este año, lo que ocurrió es que la deuda creció. Y creció fuertemente respecto del PBI porque se emitieron alguna salidas de deuda, la crisis hizo que se desplomaran los PBI y esto lleva a muchos países a la incapacidad de pago”.

“Si hay una gran cantidad que entran en estos problemas de pagos, los acreedores están ante la posibilidad de cesación de pagos generalizada. Tienen que ver hasta qué punto le exigen a la Argentina o aceptan un arreglo que quizás no es el mejor pero le sirve de seña para arreglar con otros países”.

El conflicto real

“Todo el tiempo en la prensa local se señala que estamos en una diferencia de uno o dos dólares entre acreedores y gobierno, no sería para tanto. Invito a los periodistas y economistas que señalan que no son tanto que pongan ellos los miles de millones de dólares que significan de pago. La Argentina arrancó la oferta en 39 dólares de valor presente neto, eso se transformó entre 51 y 53 que es por donde están cotizando. Hubo una mejora del 30%. Del otro lado arrancaron pidiendo 60 y están en 57”.

“Los bonistas quieren desmontar las cláusulas de acción colectiva. Quienes quieran canjear ahora que canjeen y que quienes no quieren canjear puedan seguir demandando para obtener un arreglo mejor y en caso de no llegar a acordar, demandarlo”.

“Si el gobierno accede a esto, el canje no tiene sentido. Porque quién va a querer canjear ahora cuando se deja abierta la puerta a que si hay canje más adelante se pueda obtener un mejor resultado. Esa es la discusión que está sobre la mesa, más que ese dólar o los dos dólares que se discuten”.

“Desde hace muchos años en la literatura de políticas sociales se viene discutiendo sobre la necesidad de un ingreso universal. Es un ingreso mínimo asegurado a las personas por el solo hecho de ser ciudadanos y que no está atado a ninguna condición laboral, es por fuera de lo que uno gane en el trabajo”, dijo Agostina Costantino en su columna de FM De la Calle.

La economista mencionó que la CEPAL, que no suele “proponer políticas muy revolucionarias”, abonó la creación “de ingresos universales” y destacó “la importancia de las tareas de cuidado”.

“Ahora, trabajando en casa, nos damos cuenta de la necesidad de que alguien se encargue de niños, niñas y adultos mayores y también visibilizó la necesidad de que todas las personas tengan garantizado el ingreso para vivir dignamente”.

El organismo propone un ingreso básico de emergencia por seis meses “equivalente a la línea de pobreza. Actualmente es 43 mil pesos por familia tipo, pareja y dos hijos. Después de ese período se puede pensar cómo recalcular esa cifra pero mantener la política de ingreso universal”.

La CEPAL calcula que en América Latina “unos 215 millones de personas están en condiciones de pobreza o el 34% a nivel regional. Esta cifra en Argentina no está actualizada y los pronósticos indican que va a estar por encima del 40 y cerca del 50 cuando finalice este proceso de aislamiento. Esto le costaría a los Estados en promedio un 2% del PBI, siempre que alcance a todas las personas pobres, lo cual parece algo bastante razonable”.

¿Qué es lo que se sabe?

“La poca información que tenemos es que después de agosto, cuando es el tercer cobro del IFE, se convertiría en una renta universal. Ya no lo cobrarían las ocho millones de personas que lo cobran ahora, sino tres millones. Se habla de personas en alta vulnerabilidad. Lo más probable es que los desocupados cobren. Sabemos que no va a ser incompatible con AUH y Asignación por Embarazo y que el monto que se piensa es el equivalente a un salario mínimo de $16.875”, aseguró la economista.

Costantino agregó que “si esta renta universal es por persona, el monto es razonable. Ahora, si es por familia al igual que IFE, resulta poco. Tampoco hay precisiones respecto a cuándo empezará a pagarse”.

Mientras tanto, “sigue sin discutirse el impuesto a las grandes fortunas, posibles impuestos a los bancos, arreglar o no la deuda. Hay expectativas de que si se arregla la deuda podrían bajar fondos para que se reconstruya la economía, pero esto atado a que se arreglen los bonistas”.

El Gobierno oficializó su nueva propuesta de reestructuración de la deuda en poder de bonistas privados mediante el Decreto 582/2020 y el economista Francisco Cantamutto la analizó en FM De la Calle.

“Esta cuarta oferta se ha ido acercando a lo que pedían los acreedores, están bastante cerca de la oferta original. Para el conjunto de bonos, el valor neto -que sería cuánto valen hoy- está en 53,5 dólares cada cien. En la oferta original se reconocía un valor de 37. La mejora fue sustantiva, más del 50 de la oferta original”, afirmó el columnista de En eso Estamos.

Agregó que “en algunos bonos específicos, los del canje 2005-2010, el valor incluso llega a 57 dólares. La diferencia respecto a lo que pedían los bonistas se achicó tanto que hace muy improbable que en el corto plazo haya juicios”.

A los bonistas “se les van a reconocer intereses caídos, van a cobrar antes y, además de eso, van a tener menores quitas de capital que en la oferta anterior”.

Cantamutto acotó que para esto es necesario contar con un mínimo de aceptación en los bonos de 2005- 2010: “Tiene que llegar al 85% y el resto de bonos emitidos durante del gobierno de Cambiemos alcanza con dos tercios. Hasta alcanzar estos valores, el gobierno ofrece estas mejoras, una vez que se supere este umbral esas ofertas se caen, lo que significa que si algún bonista espera a que fracase el canje puede perder las mejoras”.

Cantamutto destacó que “el propio Luis ‘Toto’ Caputo salió a saludar la oferta” y que “el gobierno cuenta con el apoyo de un fondo, viejo acreedor de la Argentina: Fintech”.

“Es un fondo de inversión copropietario del grupo de Telecom Cablevisión. Es amigo de los muchachos de Clarín, esto tuerce la información que circula. Este fondo no tiene gran cantidad de bonos pero actúa como carril de negociación entre Argentina y el resto de los bonistas”.

El obstáculo principal

“Blackrock, el titán de las finanzas y del poder político, está diciendo que no quiere entrar al canje y dice tener alrededor de un tercio de los bonos, por lo cual lo pone en riesgo”, comentó.

“Lo que queda claro es que esta nueva oferta de mejora cuenta con el aval del FMI, del estabishment de Washington y de gran parte de los bonistas que dicen: no solamente me estás ofreciendo un seguro de cobro sino que me mejorás la oferta”.

El economista señaló que “Blackrock, aparte de negociar con Argentina, es un acreedor de decenas de países del mundo. Después de lo que pase con Argentina va a tener que seguir negociando con otros países, entonces, no quiere que se pudra el negocio en todo el mundo”.

Última oferta con cierre en agosto

Cantamutto comentó que “el 4 de agosto esto se cierra con default o con acuerdo y se habilita la discusión del presupuesto. Lo que pasa es que se ponen las mismas condiciones para la deuda local y empieza la negociación explícita con el FMI”.

“El FMI está diciendo ‘muy bien muchachos pero no vamos a tomar correponsabilidad porque prestamos plata sobre el límite de la cuota para financiar la fuga de capital'”, adelantó.


En este contexto tan adverso, buscamos llevar adelante distintas estrategias de acompañamiento a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.

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Si bien el INDEC informó ayer que el índice de desempleo en Bahía para el primer trimestre de 2020 se contrajo 1,4% respecto del mismo período del año anterior, el empleo no aumentó.

El economista Gustavo Burachik explicó a FM De la Calle que esto es así porque hay una “retirada masiva del mercado del trabajo. Cuando hay problemas de empleo no sube la desocupación, lo que hay es un pasaje a la inactividad”.

“El empleo en todo el país bajó, los datos muestran eso, en Bahía también. El porcentaje de quienes están con una ocupación disminuyó. El titular sería que bajó el desempleo no que subió el empleo”, afirmó el director del Boletín de Estadísticas Laborales de Bahía Blanca-Cerri.

“Tiene una explicación: al haber muchas menos oportunidades hay mucha gente que no tiene trabajo y deja de buscarlo. Al dejar de buscar, desde el punto de vista del INDEC, dejan de ser desempleados y pasan a ser inactivos, con lo cual no entran en el rubro desocupados. Frente a una caída del empleo hay una retirada masiva del mercado de trabajo”.

Por este motivo, Burachik señaló que en Bahía “hay un gran aumento del desempleo encubierto bajo inactividad. Hay una gran porción de desocupados, si vos llevás uno o dos meses buscando trabajo podés tener una idea general de la disponibilidad de trabajo, llega un punto que dejás de buscar. Sos un desocupado a efectos prácticos aunque en el sistema te carga como inactivo”.

Repescto de la metodología del INDEC, el analista señaló que es “correcta y se emplea en todos lados. En Estados Unidos la encuesta da otros indicadores, una idea de cuántos inactivos son en realidad desocupados que dejaron de buscar. Tenés otras herramientas para detectar el desempleo por desaliento dentro del universo de inactivos. No existen formas cuantitativas de ver qué porcentaje de inactividad son personas dispuestas a trabajar que se han desalentado y han dejado de buscar”.

Los datos locales indican que el desaliento es fundamentalmente un fenómeno de los trabajadores jóvenes, “pero si ves los datos de jefes de hogar muestran un gran aumento de la desocupación, te diría que casi se duplicó en un año. Se entiende que no hay mucha posibilidad de retirarse del trabajo cuando hay necesidad, esta más presionado a seguir en el empleo y aceptar cualquier cosa que le den”.

Burachik dijo que “esto debería ser objeto de una fuerte intervención de las autoridades que no está adquiriendo la magnitud y escala que debería”.

El informe señala que el número respecto a mujeres mayores de 29 años hay “evolución distintiva” porque “fue el único en que la desocupación se redujo debido a un incremento del empleo”.

Sin embargo, “uno podría conjeturar que se trata de una actividad femenina que suele absorber situaciones de este tipo el servicio doméstico y puede haber un aumento del cuentapropismo vinculado a las ventas domiciliarias. Ese tipo de actividades es lo que podría explicar el fenómeno”.

Por último, señaló que “parece haber una reducción del peso del comercio en el total de la ocupación. Hay cierto aumento de la industria vinculado a actividades de muy pequeña escala, talleres, que están clasificados como industrias pero son más actividades artesanales como son las casas de pasta, herrerías”.

El columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa respecto a las ventas minoristas por el Día del Padre y enfatizó que es una buena oportunidad para sentar las bases de una nueva forma de pensar el modelo económico.

Según el informe de la CAME, “hubo una caída de un 44% respecto del año pasado. Hay cierta confusión, la cuarentena de hecho interrumpe determinadas actividades, pero hay una situación de crisis latente que con la explosión de la pandemia generó un problema que incluso si se levantara la cuarentena igual sería complicado”, comentó el economista.

Afirmó que “es super importante que discutamos cambios que generen una nueva realidad económica cuando salgamos de esto”.

Cantamutto detalló que “calzado, marroquinería e indumentaria tuvieron alrededor de 50% de caída de volumen de ventas. Este dato condice con otro que releva la misma Cámara: en términos de producción encontró que hay una caída del 35%”.

La baja en la producción de alimentos es del 15%. “No se trata de que están cayendo las ventas sino que además estamos teniendo una caída de alimentos que habla de un deterioro a nivel de nutrición de la gente”.

Ayudas del gobierno nacional

“Me parecen bien orientadas pero claramente son insuficientes, muchas restricciones ligadas a la IFE están haciendo que sectores necesitados no puedan cobrarla, otros sectores lo cobran de manera tardía. Una medida que es celebrable está llegando tarde y mal”, comentó.

Cantamutto mencionó que una alternativa sería “eliminar las retenciones y hacer un ingreso ciudadano generalizado, algo que promovió Claudio Lozano. Otra es revalorizar el trabajo que hacen las organizaciones de la economía popular, trabajos realizados en malas condiciones pero que son fundamentales para la vida social”.

Destacó “los roles de tareas de cuidados básicos que se realizan a nivel comunitario por parte de la organizaciones sociales” y recordó que “hay ocho referentas mujeres fallecidas por estar expuestas al Covid por estar al frente de la pelea del día a día. Esto en cierta forma está siendo reconocido”.

En este marco, enfatizó la importancia de reforzar las políticas de apoyo a los sectores afectados: “La industria lentamente se está recomponiendo, la capacidad ociosa se redujo en la medida que se reactivan las actividades”.

“Acá viene la necesidad de descentralizar la actividad económica, el núcleo de la industria está en AMBA, si estuvieran radicadas en otros lados podrían estar habilitadas para poder producir en este momento”.

Desde el jueves funciona la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, “un servicio integrado por trabajadoras y trabajadores informales que impulsan emprendimientos familiares, unipersonales o asociativos”.

Conocé los productos y servicios que ofrece en http://www.reddecomercializacion.com/

Es una iniciativa del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca y FM De la Calle.

“Hace años trabajamos con estos principios donde principalmente la persona ejerce todo tipo de transacción económica y también va tejiendo lazos de solidaridad y de comercio justo donde por ejemplo alguien que produce no puede ganar menos de quien transporta. Teniendo en cuenta todo lo que veníamos trabajando pensamos una nueva forma de comercializar dado que las instancias en las que los emprendedores vendían se complicó por la pandemia”, comentó Marina Huentenao desde EcoSol.

Agregó que “participan más de 20 emprendimientos asociativos, familiares o unipersonales. Pensamos cómo hacer para que la persona que transporte las producciones lo haga en este marco pero que podamos reconocer el valor de este intermediario. Se trata de que no haya intermediarios pero en este caso era necesario”.

“Pensamos que no podían cruzarse toda la ciudad y lo que invitamos a hacer es que se haga dentro de la Delegación en la que vos vivís. Se pueden dar de una Delegación a la otra pero incentivamos que la compra sea dentro de la Delegación para que no haya grandes traslados”.

Para ello, “hablamos con el sindicato ASTRAMyC y ellos designaron una cadetería de su bolsa de empleo que va a hacer este servicios de transporte, con los protocolos vigentes pero también eso con el cuidado de lo que va pasando en Bahía. En principio fomentando la compra por Delegación y después pudiéndolo ampliar”.

Huentenao mencionó que en la página de la Red se pueden encontrar varios rubros: “gastronomía, cosmética natural, sahumerios, textiles, bolsos, carteras, mochilas, pantalones, joggins, camisetas, ropa de abrigo, reparación de calzado. Hay otros rubos que hay son categorías de servicios, una que es de fletes, la cadetería de los envíos y servicios culturales, por ejemplo, se suma UMSur con su catálogo”.

El equipo que realizó el informe sobre endeudamiento en los sectores populares de Bahía Blanca que difundimos semanas atrás FM De la Calle y Tramas comenzó a desarrollar una nueva etapa de la investigación.

Son integrantes del Departamento de Economía de la UNS y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS UNS-CONICET).

Para avanzar necesitan que quienes vivimos en el Partido de Bahía Blanca respondamos esta breve encuesta: https://forms.gle/Uv1Q5y4YFT7qspNa8

Te lleva entre 3 y 6 minutos.

Con la alegría propia del trabajo colectivo presentamos la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, un puente entre quienes producen y quienes consumen para atravesar la pandemia.

Se trata de un servicio de comercialización de la economía solidaria integrada por trabajadoras y trabajadores informales que impulsan emprendimientos familiares, unipersonales o asociativos.

Buscamos ampliar la llegada de producciones que generan ingresos sostenedores de la vida, en un intercambio que vaya más allá de la adquisición de un bien o servicio y promueva el desarrollo local, autogestivo y solidario.

Ofrecemos una modalidad de venta que respete los protocolos sanitarios para el traslado y la entrega.

Priorizamos la compra de cercanía entre los barrios de cada Delegación.

Apuntamos al consumo responsable de productos artesanales, amigables con el ambiente, sin aditivos y al precio justo.

El lanzamiento incluye propuestas de más de veinte emprendimientos de diversos rubros: textiles, gastronomía, artesanías, calzado, accesorios, jardinería, juguetes, cosmética natural, sahumerios, cadetería y servicios culturales.

www.reddecomercializacion.com

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Los centros de investigación Corporate Europe Observatory y Transnational Institute publicaron una investigación sobre cómo los abogados especializados en inversiones se preparan para demandar a los Estados ante tribunales internacionales de arbitraje por las medidas tomadas en respuesta al COVID-19.

Argentina es uno de los países que corre el riesgo de ser demandado en caso que incumpla con el pago de los bonos de deuda. “Esto es en relación a todo el andamiaje de tratados internacionales que firmaban todos los países del mundo en los ’90”, dijo a FM De la Calle la economista y especialista en Tratados de Libre Comercio, Luciana Ghiotto.

“Estos tratados permiten que los inversores demanden cuando ven puesta en peligro su ganancia pero no en el marco de la justicia nacional sino ante los centros de arbitrajes internacionales. Son abogados privados que deciden si la medida que tomó el Estado es correcta o no. Por un lado, mega privilegios de los inversores y, por otro, los Estados que al firmar estos tratados quedaron con las manos atadas”, comentó.

La investigación muestra cómo los bufetes están asesorando inversores extranjeros sobre la posibilidad de iniciar demandas de arbitraje porque los gobiernos, entre otras medidas, “aseguraron que no se corte el suministro de agua potable para lavarse las manos; evitaron los cortes en agua, gas y electricidad por falta de pago; tomaron control de hospitales privados y hoteles para tratar a los pacientes; adoptaron medidas para que medicamentos, vacunas y tests estén disponibles para todas las personas y suspendieron las actividades comerciales que habrían propagado el virus”.

La economista agregó que “el derecho está del lado del inversor, esto significa que si miramos estas demandas -hay alrededor de 1000 en los últimos 20 años- el 30% son contra países de América Latina y en esas demandas ganaron los privilegios. También somos los primeros en el triste ranking en países más demandados del mundo, tenemos más de 60 demandas y muchas las perdimos”.

Ghiotto es una de las investigadoras espiadas por la AFI en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y las reuniones del G20 durante el macrismo.

La especialista explicó cómo se vincula el espionaje con estas propuestas: “Uno de los que elaboró este reporte es el Trasnational Institute. Es la organización por la cual yo iba a entrar a la reunión de la OMC, una de las espiadas por la AFI. Nos encargamos de investigar, de presionar a los gobiernos. Si vos estás activando contra el poder, al poder le molesta y por eso hicieron toda esta movida para que no entremos”.

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los alcances del Ingreso Familiar de Emergencia en clave feminista.

La semana pasada, la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, señaló que “el IFE junto a transferencias de AUH y la tarjeta Alimentar representa que el 68% de lo que el Estado invierte, está llegando al 50% más pobre de la población. Son medidas progresivas que tienden a cerrar las brechas de desigualdad”.

Costantino destacó que “en la primera tanda lo cobraron ocho millones de personas. Es decir, ocho millones de familias cumplen con características que son muy restrictivas, familias donde no había otro ingreso. Esto es el 20% de la población argentina. No se tomaba total magnitud de la gran cantidad de familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad, son familias con ingresos super informales”.

D’Alessandro destacó la importancia de incluir a las trabajadoras domésticas en el cobro del ingreso.

“Otra novedad respecto a esta segunda tanda del IFE es que en aquellas familias que lo hayan solicitado lo van a cobrar las mujeres. Eso atiende a la desigualdad estructural que tiene la economía en donde las mujeres estamos sobre representadas en los deciles más bajos de ingresos, esto que llamamos feminización de la pobreza”, comentó Costantino.

Sin embargo, apuntó que “una cosa que no atiende y que desde la economía feminista se critica es que es familiar. Esta idea tiene como supuesto que la familia es una unidad armónica que decide democráticamente y sin conflictos cómo se distribuyen los recursos hacia adentro”.

“Sabemos que esto no esa así, que la familia es una unidad de conflicto y altamente desigual hacia adentro. También estamos discriminadas hacia adentro de los hogares en la distribución de tareas, lo más probable que vaya a suceder es que la decisión sobre qué hacer con esos recursos no la terminen tomando las mujeres”.

La economista afirmó que, por otro lado, “en el otorgar el IFE a quienes cobran AUH y a las mujeres por sobre lo varones, también parece haber una mirada maternal o maternalista por parte de las políticas sociales, se otorga en tanto madre no en tanto mujer, pareciera tener esa mirada”.

Además, hizo una salvedad, “más del 90% de las personas que cobran AUH son mujeres porque está condicionada a la asistencia de niños y niñas a la escuela y controles sanitarios y las que se encargan de esto son las mujeres”.

“Es importante que se pretenda esta mirada de género pero nos seguimos enfrentando a ese límite de la familia que resulta problemático. Es parte del problema de considerar a la familia como destinatario, ¿qué es la familia? ¿cómo la definimos?”, preguntó.

“Sorpresa no me causó. Ahora tomó una dimensión pública y me parece saludable porque permite debatir entre todes qué hacer con esta rémora de la democracia que hemos conquistado”, dijo el economista Francisco Cantamutto a FM De la Calle tras la confirmación de que es uno de las decenas de personas espiadas por el macrismo.

La titular de la AFI, Cristina Caamaño, realizó denunció a la conducción anterior del organismo, agentes, y al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje y la inteligencia realizada contra alrededor de 400 dirigentes sociales, militantes y académicos en el marco de la Cumbre de la OMC en 2017.

Cantamutto es columnista de Economía de En Eso Estamos e integra la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y militantes que impulsaron la “Confluencia Fuera OMC” y la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante 2017 y 2018 y que actualmente conforman el Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC.

“No es sorpresa porque nos prohibieron participar de la reunión interministerial de la OMC en el 2017 porque instábamos a la violencia. Esto llamó la atención, de dónde sacaban que nosotros hacíamos esto. Presentamos un recurso de habeas data para saberlo. Ese recurso avanzó, según las posibilidades personales de cada quien. En mi caso, junto a otras compañeras, la Cámara de Apelaciones nos dio la razón que el Ministerio de Seguridad debía responder, no así la AFI. Esto esta apelado ante la Corte Suprema”, detalló.

Según publicó Página/12, las fichas de Cantamutto y otro integrante de la Sociedad de Economía Crítica, destacan: “Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página/12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.

Cantamutto afirmó: “No puedo descartar ni aseverar que haya más información que esa. No hemos tenido acceso a las fichas porque nos han ido pateando con distintas excusas que han sido respondidas por la defensa que tenemos del CELS, porque más allá de la dimensión personal esto se trata de un problema de dimensión política. En un gobierno que se jactaba de su republicanismo hemos sido espiados”.

“Esto es profundamente antidemocráctico, me llama la atención ver a Bullrich defendiendo este espionaje cuando ha quedado claro que nuestras actividades no tenían nada de ilegal o delictivo sino poner en discusión de porqué venía la Organización Mundial del Comercio”.

Agregó que tras la denuncia de Caamaño “tenemos que ver si podemos anexarnos a la causa en carácter de querellante o de víctimas, tenemos que tener en claro las implicancias de cada caso. El CELS nos va a indicar los caminos posible, el recurso de habeas data ha seguido su curso en términos personales y ahora esta esta otra causa donde deberemos incorporarlo”.

Por último, mencionó que la UNS repudió la persecución ilegal a través de un comunicado.

El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto analizó la renegociación de la deuda entre el gobierno nacional y los bonistas.

En primer lugar destacó que “la semana pasada se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Una cuestión que resonó fue el informe del Banco Central con datos que mostraban que el 90% de lo que había ingresado por deuda se había fugado, esto es importante porque tuvo un reconocimiento institucional”.

Cantamutto afirmó que “la negociación está centrada en el 20% de la deuda total, que es la deuda del Estado argentino con privados pero bajo legislación extranjera. La mayor parte, que tiene que ver con legislación nacional, se pateó para fin de año y la del Club de París y FMI está en stand by. Esta deuda es importante porque en caso de desacuerdo se dirime en el extranjero y acá podemos tener otra vez esa larga secuencia los 15 años que tuvimos con los fondos buitres”.

El fin de semana Horacio Verbitsky publicó en El cohete a la luna el listado de las primeras 100 personas que formaron activos externos. “En gran medida parece que estamos dirimiendo una disputa con poderes externos y no es cierto, gran parte de los acreedores son personas que viven en este mismo suelo”.

En cuanto a la oferta del gobierno nacional, el economista opinó que “se están dando ‘endulzantes’ que hacen que la propuesta se haga más atractiva. En vez de tres años de gracia están tratando de que sea uno, que no se paguen intereses, capitalizar intereses antes, suba de interés, etcétera”.

Cantamutto aseguró que la Argentina no esté queriendo discutir el trasfondo de la deuda: “Algo que se insinúa en la Bicameral pero, por otro lado, se avanza en renegociar la deuda. Es un sinsentido, cómo podés avanzar en discutir la legalidad de la deuda y al mismo tiempo querer pagarla”.

Señaló que hay una contradicción en el desarrollo de la negociación, “al mismo tiempo que el Banco Central informa que se utilizó para fugar se avanza en reconocerles más derechos a los acreedores, reconociéndoles más ingresos de capital”.

¿Qué puede pasar?

“Que lleguen a un acuerdo. No está claro cuál es la probabilidad de que los acreedores acepten de manera tal que las cláusulas de acción colectiva obliguen a que se dé por cerrado el canje. Y puede pasar que queden algunos tramos de bonos que sean judicializados. Si no se llega a un acuerdo y se cae en default, el acceso a fondos igual estaba trabado, lo reconoció Guzman, así que no habría un gran costo en ese sentido”.

Concluyó que “si la Argentina no logra acordar sería mérito de las inconsistencias del propio sistema financiero internacional. Ahora, si logra acordar es un error muy grueso, se siguen los términos de una negociación de mercado, no se está pensando en un Comité de Acreedores que se siente a la mesa a negociar con un sistema de reglas, con un árbitro que dirimiera, cosas que incluso ha propuesto el FMI. Se está tratando una deuda estatal como una deuda de privados. Esto no está discutiendo nada del sistema financiero internacional”.

La inflación de mayo sumó un 0,41% respecto al mes de abril. La variación de precios fue menor al registro anterior y acumula en 2020 un 9,09%, según IPC Online. La cifra interanual alcanza el 44,57% y es la más baja registrada desde enero de 2019.

“Nuevo mínimo histórico en el nivel general para este proyecto desde septiembre de 2014 con 0,41% de variación, añadiendo también el mínimo histórico del principal capítulo de Alimentos y bebidas con un variación de -0,14”, menciona el informe.

Cabe destacar que continuan las restricciones impuestas por el aislamiento obligatorio. “Las listas de precios en línea (no necesariamente los precios que enfrentan en góndola) mantenidas por la reglamentación de precios máximos de referencia junto con las condiciones restrictivas de la demanda llevan a escasa variación de precios”.

“En el caso de Alimentos y bebidas predominó fuertemente la escasa variación de precios entre los grupos de productos con pocas alzas que terminaron siendo compensadas también con bajas puntuales. Indumentaria vuelve a ser el capítulo con mayores alzas con 2,12%”.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Indumentaria (2,12%), Transporte y comunicaciones (1,08%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,69%), Vivienda y servicios básicos (0,27%), Esparcimiento (0,16%), Otros bienes y servicios (0,11%) y Educación (0,06%). Por su parte, Atención médica y gastos para la salud no registró variación mientras como ya se expresó Alimentos y bebidas marcó una baja del -0,14%.

“¿Qué tienen en común el terraplanismo, lxs antivacunas, los movimientos antiderechos (con mis hijos no te metas, salvemos las dos vidas), lxs detractorxs del lenguaje no binario, lxs autodenominadxs libertarixs y, más recientemente, los movimientos anti-cuarentena?”, se preguntó Nicolás Dvoskin, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador posdoctoral en la universidad católica de Eichstätt, Alemania.

En diálogo con FM De la Calle afirmó que “después de la crisis del 2001 en Argentina, en América Latina hubo una expansión de derechos de la diversidad, derechos que no son los que piensan en una sociedad uniforme. A la vez, se conjuga con un momento en el cual crece la desigualdad en el mundo y hay fuertes crisis económicas”.

“Tenemos un movimiento que reclama derechos de inclusión y tenemos una crisis económica, que nada tienen que ver, pero rápidamente la respuesta a la crisis puede venir por el lado de cuestionar esos derechos inclusión”.

El autor de “El anarcoliberalismo como terraplanismo económico” destacó que “es fácil echarle la culpa a procesos concretos y ese fenómeno permite la expansión de ideas vinculadas a discursos de odio, los cuales virulentamente se oponen a los derechos de inclusión”.

Los movimientos mencionados en el interrogante inicial “surgen como un cuestionamiento a todo desde el odio y el resentimiento y tienen una perspectiva de cierta superioridad intelectual. Cierta ignorancia se expresa con aires de superioridad y para hacerlo tiene que deslegitimar la voz de espacios formalmente autorizados a emitir opiniones científicas”, como el Conicet.

En cuanto al impacto de la crisis sanitaria en el desarrollo de las ideas antiderechos, Dvoskin opinó que, al principio, “aparecía esta idea de que la pandemia convirtió a los neoliberales en keynesianos, que todos nos dábamos cuenta que el Estado era necesario. Con el tiempo la lógica política se impuso más, sobre todo a partir de que se desnudó que el Estado es necesario pero que eso implica tomar decisiones que van a perjudicar o beneficiar a unos u otros. En Argentina fue desde que se pensó en el impuesto a las grandes fortunas, más allá de que no se haya implementado”.

“Vivimos un contexto de mucha incertidumbre, nadie sabe cuándo va a terminar y las ideas más disparatadas tienen mayor capacidad de expansión porque se erigen sobre el descreer de lo que se nos presenta. Cuando el mundo que se presenta es incierto, obviamente surgen las dudas. Si le agregamos que la gente la está pasando económicamente peor y que hay gente aislada, angustiada por no ver a su familia y amigos y gente que ve que quienes toman decisiones dudan -que es lógico porque nadie está preparado para esto- empiezan a aparecer estas ideas”, detalló.

El investigador del Conicet agregó que como “tenemos un Estado que está tomando decisiones extrañas por este contexto particular, se nos obliga a confiar o creer en determinada voz científica. Ante una medida extraordinaria nos damos mucha más cuenta que hay decisiones conscientes: confiamos o no en quien toma la decisión”.

Por último, señaló que expresiones “anarcocapitalistas” como las de Milei o Espert, “no dejan de ser minoritarias en Argentina pero no en todo el mundo. No hay que dejar de prestarles atención. El debate es más político e irracional que científico y racional”.

El aislamiento obligatorio elevó a los servicios de reparto a domicilio a la categoría de servicio esencial. Las aplicaciones multinacionales dominan el mercado y se obtienen enormes ganancias a costa de cadetes y comerciantes con escasa intervención del Estado en la regulación y el cobro de impuestos.

El Movimiento Evita propuso en el Concejo Deliberante de Rosario un proyecto de ordenanza para crear la APP Rosario, “Aplicación Pública de Pedidos de Rosario”.

“LA APP permite intermediar entre tres actores: usuarios, comerciantes y productores de la economía social y popular y las empresas registradas en la ciudad de cadetería y mensajería”, comentó a FM De la Calle el concejal Eduardo Toniolli.

El legislador afirmó que “la filosofía que promueven es que son apps de intermediación entre libre prestadores de un servicio, cadetes, y usuario. Producto de esa pretensión intentan en todos los niveles del Estado, con obligaciones y normativas que son reconocidas, no tributar, desconocer la relación de dependencia y, en el plano municipal, obviar cualquier legislación”.

Toniolli destacó que “estas empresas pasaron de cobrar en los inicios un 7% a cobrar hoy el 33% de cada envío. Se quedan con la tercera parte de lo que recibe la empresa y en algunos casos de convenios nuevos, llegan a quedarse con el 45%”.

“El cadete está sobreexplotado, ni siquiera se lo reconoce como trabajador, Rappi dice rappitender, Glovo habla de glovers. En el caso de Rappi hay un plateo casi filosófico pero es un discurso que apunta a desmontar cien años de adquisición de derechos”.

El concejal señaló que hubo un antecedente municipal surgido al calor de la disputa por la posible llegada de Uber. “Propusimos el Móvil Taxi que es intermediación entre usuarios y las unidades de taxis de la ciudad de Rosario. Tiene todo lo que ofrece Uber y más, porque está la Municipalidad de por medio. Está el nombre del chofer, se puede elegir si es hombre o mujer, ofrece ver dónde está la unidad y cuánto falta para llegar. Lo único que no ofrece es el viaje compartido porque la normativa no lo dispone. El software lo desarrollaron las cámaras de taxistas”.

Durante la cuarentena se intensificaron los pedidos online y como consecuencia el reparto a domicilio, en muchos casos de la mano de empresas multinacionales que no cumplen con los derechos laborales de los cadetes. “¿Por qué no una economía popular de plataformas?”, fue la pregunta que se hicieron el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Gatto y el investigador del Conicet, Juan Pablo Hudson en esta nota de la Revista Crisis.

En diálogo con FM De la Calle, Hudson explicó que el interrogante tiene dos razones: “Una es estructural, porque la economía de plataformas lleva varios años instalada en nuestra vida cotidiana y, a la vez, por una cuestión coyuntural, las empresas privadas trasnacionales se han enriquecido fuertemente porque han sido declaradas como servicios esenciales y han monopolizado estos pedidos en cuarentena. ¿Qué pasa con los trabajadores que se encargan de los envíos y cargan sobre sus espaldas los costos generales de un negocio que queda en muy pocas manos?”.

“Hasta el momento en la Argentina se intentó armar un sindicato o si no reclamarle al Estado o a la CGT que regule la actividad. Esto está bien pero no ha tenido muchos avances. Lo que proponemos es crear una plataforma con convenios del Estado y que se pueda desprender de las aplicaciones de las empresas privadas”.

Agregó que “hay una idea de que la modernidad tecnológica es propiedad y asunto de las empresas privadas, la Argentina tiene un desarrollo muy importante a nivel tecnología que puede generar otro tipo de emprendimientos, que logren disputar ese botín de oro que es la infraestructura digital. Si el Estado fue capaz de crear el ARSAT, mirá si no vamos a poder crear una plataforma de repartos. De esta forma se podría sacar a estos jóvenes de los niveles de explotación en los que están”.

Iniciativa rosarina

En Rosario se presentaron tres proyectos durante el último mes. “Uno del Movimiento Evita que busca armar una App para repartidores que permita sacar a los trabajadores de la órbita privada. Hay otro proyecto de la izquierda independiente y el propio Municipio ya armó una aplicación para comercios y organizaciones de la economía popular para ofertar sus servicios que se puede pagar a través de un posnet virtual. Van a presentar un proyecto para que que se hagan los repartos”.

“Esto va en principio desde una cooperativa, desde una organización y también se pueden incluir programadores y diseñadores. Esto requiere articulación con el Estado, hablamos de las áreas tecnológicas del CONICET”.

Hudson señaló que “uno de los proyectos que está en danza, proponía que una porción mínima de la tasa municipal se destinara a financiar un proyecto de este tipo, lo que permitiría pagarle mejor a los repartidores sin que se toque el precio de usuarios. No requiere un nivel de subsidio inabarcable”.

Por último, mencionó que “es indispensable salir a disputar. Las empresas han sido muy eficaces en construir un sentido común de que el Estado no puede ser eficaz y mucho menos una cooperativa. Hay que poder dar un paso para que la eficacia pueda estar de nuestro lado, se necesita desarrollo, ideas y un sostén de cooperativas”.

Foto: Sebastián Pani.