Este sábado Bahía Blanca será sede de la “Segunda jornada sobre el uso de agroquímicos: opinión, diálogo y reflexión”. La actividad se desarrollará desde las 8 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 1º piso.

El Centro de Estudiantes de Agronomía de la UNS propone un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias de realidades urbanas y rurales que promueven a la agroecología como el modelo sustentable para una producción sana, redituable, identitaria y fortalecedora de vínculos políticos, socioambientales y culturales en defensa de la soberanía alimentaria de las comunidades.

La jornada, que ofrece distintas conferencias y materiales, tiene un valor de inscripción de 50 pesos para estudiantes y 100 para el público en general. Para más detalles e inscripciones escribir al correo: [email protected] o ingresar al sitio de comunicación del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria en Bahía Blanca: http://www.etsa.org.ar

Parte del cronograma contempla la participación del ing. agónomo Gustavo Almassio, miembro de la Regional Aapresid Necochea, quien disertará sobre la “Experiencia en el manejo de la producción agropecuaria actual”; el dr. Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba para explicar sobre la incidencia de los plaguicidas en la salud; y el ing. agrónomo Eduardo Cerdá, vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias Y Forestales de la UNLP, quien abordará la “Agroecología como la agronomía de los próximos años. La Aurora, una experiencia con 15 años de producción sin agroquímicos, rendimientos estables y menores costos de producción”, entre otros destacados profesionales.

Adhieren a la actividad el Departamento de Agronomía de la UNS y el Ateneo Rural Bahía Blanca.

La nueva encíclica papal facilita y extiende un debate sobre la ecología, el medio ambiente, y especialmente sobre la crisis ecológica. Dirigida más allá del catolicismo, “Laudato Si” interviene en el debate público mundial sobre el planeta tierra, la naturaleza y sus usos productivos.

El cambio climático es un dato de la realidad y si bien, la naturaleza viva tiene un metabolismo de cambio propio, visibles en territorios hoy turísticos y fantásticos como Ischigualasto o Talampaya, expresiones de mutaciones naturales derivadas de procesos transitados por millones de años, la intervención más reciente de los seres humanos sobre la naturaleza a través de la historia contribuye seriamente en modificaciones que alimentan la crisis ecológica contemporánea.

La crisis ecológica se hizo visible a fines de los 60 y comienzos de los 70, tiempos de aceleración de la revolución científico técnica aplicada a la producción, incluso Paulo VI en 1971 así la denominó. Varias voces y movimientos estudian y llevan adelante acciones colectivas en defensa de la ecología ya hace medio siglo.

Ambientalistas o ecologistas nutren un entramado de activismo social que con variadas motivaciones asumen parcial o globalmente la defensa de la tierra, el medio ambiente y los seres vivos. No siempre se concentra la crítica en el modelo productivo del capitalismo hegemónico en expansión desde hace medio milenio. Para evidenciar el fuerte vínculo entre modelo productivo y metabolismo social interesa el debate sobre la ecología, el medio ambiente y el cambio climático.

El fenómeno y la crisis de los 70´

Desde la crisis mundial de los 70´, asociada a la crisis financiera y del dólar, o a la crisis petrolera de EEUU con impacto global, y a las tendencias acrecentadas de militarización de la sociedad mundial en un marco de liberalización económica, lo que llamó la atención fue la crisis ecológica. Aparecía así la cuestión ecológica como novedad en el análisis de la crisis mundial del capitalismo.

El desacople del dólar en 1971 modificaba los acuerdos de 1944 en Bretton Woods, y auguraba la disputa de la hegemonía que hoy se manifiesta como guerra monetaria. El cénit en las reservas petroleras de EEUU desató las guerras por el petróleo y las búsquedas de nuevas tecnologías que hoy se exponen con la producción de hidrocarburos no convencionales, la fractura hidráulica, y la vuelta de EEUU como primer productor mundial de hidrocarburos. Mientras, la crisis ecológica era la novedad en aquellos 70´.

Desde entonces se trata de cuestionar el impacto de la producción material en el metabolismo social, que incluye a los seres humanos como parte indisoluble de la naturaleza. El capitalismo es el problema, o viceversa, el problema es el capitalismo. El modelo productivo capitalista sustentado en la energía proveniente del carbón, primero, y luego del petróleo, exacerbó la afectación del metabolismo social, colocando en peligro la reproducción de la vida y por ende de la sociedad y la naturaleza.

La huella ecológica está afectada y la continuidad del modelo productivo en curso amenaza seriamente a la supervivencia de la generación actual y futura de la humanidad. Ya no es un tema de largo aliento, sino que involucra a nuestra generación.

Tierra, trabajo, valor, ganancia y acumulación

Si de producción y reproducción se trata, la tierra y el trabajo están indisolublemente imbricados. Hay que remontarse a los primeros estudiosos de la Economía Política, aun antes de la escuela clásica para identificar a la tierra y al trabajo como fuente de la riqueza. William Petty, economista inglés, un siglo antes que Adam Smith nombrará a la tierra como la madre y al trabajo como el padre de la creación de valores.

Eran los albores de la sistematización del pensamiento explicativo del orden social emergente, el capitalismo, que tenía en Inglaterra su territorio de avanzada. Por eso, Inglaterra se construyó en imperio ganando territorios (recursos naturales o bienes comunes) y poblaciones (fuerza de trabajo), para expandir las relaciones sociales capitalistas, libre comercio mediante. La aspiración por el progreso estimuló la expectativa por instalar el libre comercio en el Río de la Plata, base programática de los comerciantes, propietarios, burócratas e intelectuales que empujaron y propiciaron la Revolución de Mayo en 1810.

Hoy como ayer, el capital hegemónico, transnacional, está ávido por conquistar territorios que le ofrezcan los bienes comunes, el agua, la tierra, los minerales, la biodiversidad y claro, la fuerza de trabajo barata de sociedades empobrecidas dispuestas a ofrecer trabajadoras y trabajadores a bajo costo.

Son los denominados países emergentes que ofrecen condiciones adecuadas para la rentabilidad del capital en tiempo de crisis. Ya no solo el capital inglés, sino el proveniente del capitalismo desarrollado y en las condiciones actuales de transnacionales de cualquier origen geográfico, sean propietario de la India que gestionan la producción de acero, o argentinos que producen golosinas.

Debates abiertos

Ahora con la encíclica papal se habilita un debate interesante, con voces que tratarán de explicar cómo los avances tecnológicos en despliegue disminuyen el proceso histórico de contaminación.

Ya se escuchan voces defendiendo la siembra directa o los silo-bolsas, como respuesta a los viejos métodos de roturación de tierras y almacenamiento que fomentaban el desgaste de los suelos y el derroche de energía, acero, materiales y maquinarias. En el mismo sentido se argumenta en defensa de las nuevas tecnologías de la extracción en la mega minería a cielo abierto, asociada a la búsqueda por aminorar el impacto ambiental y social, especialmente en la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Para nosotros, en cambio, es la ocasión para discutir el irracional modelo productivo y de desarrollo que asocia y subordina las funciones económicas de la distribución, el intercambio y el consumo a una producción subordinada a la dominación de las transnacionales y su objetivo de ganancias y acumulación.

El orden capitalista se caracterizó desde su inicio por una inmensa capacidad productiva, lo que generó la posibilidad de ampliar la producción y reproducción de la vida. Es un proceso exacerbado con el desarrollo de la ciencia y la técnica que pone en discusión en este tiempo histórico el propio proceso de la vida, afectando a la Naturaleza y su capacidad reproductiva, por lo que generó la emergencia de tendencias promotoras del decrecimiento económico.

La sociedad incorpora como sentido común favorable el proceso de crecimiento económico y poco atiende las consecuencias del crecimiento sobre el la naturaleza y la propia sociedad. El decrecimiento es visto como recesión y estado anormal de la evolución económica. Son concepciones interesadas desde la dominación capitalista. La realidad es que el crecimiento está decidido por las empresas que dominan el proceso de producción y con ello definen la obsolescencia programada para acelerar el desgaste de los productos y estimular el consumo. El consumismo es derivado directo de la dominación monopólica y transnacional de la producción mundial. El consumismo es una cultura social aceptada e impulsada por las transnacionales.

Insistamos que la Producción es un proceso mundial. A solo efecto de ejemplo veamos que los principales productos que genera la Argentina son destinados al mundo. La Soja es mundial. Lo mismo ocurre con los productos de la minería o la industria automotriz. En todos los casos, la producción es definida por transnacionales de la alimentación, la biotecnología, la minería o las automotrices.

El monopolio transnacional define a la producción mundial y poco le interesa la calidad de vida de la población y mucho menos la afectación de la naturaleza. Alguna vez, John Kenneth Galbraith remitió el fenómeno a la “cultura de la satisfacción” de las clases dominantes del sistema mundial, a costa de la población, la sociedad y la naturaleza. Esa es la razón para que la sociedad discuta la producción y el patrón de consumo que genera. En rigor, no solo se trata de producir más o menos, sino de discutir qué se produce, para quién, cómo y con quién.

Para que se entienda, digamos que los pueblos aztecas cultivaron el maíz y hoy, como resultado de la ofensiva de la genética industrial y la liberalización comercial, un país como México se transformó en importados de maíz transgénico, perdiendo la huella originaria de la cultura y la producción de alimentos de sus poblaciones ancestrales. Vale interrogarse en la Argentina sobre lo acecido con la cultura productiva de la frutilla corondina, o de las diferentes variedades de papas balcarceñas; abandonadas ambas por producciones más rentables a los inversores hegemónicos que definen el modelo productivo.

Los monopolios y la genética dominan la producción tradicional de la agricultura familiar y comunitaria con que se alimentaron históricamente nuestros pueblos. Son variadas las tesis que sostienen la concepción del decrecimiento, y nosotros afirmamos que no se trata de producir más, o producir menos, sino discutir quien decide sobre la producción.

Lo que se requiere es modificar las relaciones sociales de producción gestados desde la emergencia del capitalismo, que en Nuestramérica significa sumisión y dependencia a la dominación mundial del orden del capital. La propuesta está asociada a la recuperación en las condiciones actuales del Vivir Bien o el Buen Vivir, tal como sostienen las Constituciones de Bolivia y de Ecuador.

Es una propuesta que se orienta a definir el curso de la producción para satisfacer las necesidades del metabolismo social, lo que supone una concepción del ser humano como parte de la naturaleza y el ciclo productivo y reproductivo de la vida más allá de los seres humanos.

En los últimos años y especialmente en Nuestramérica apareció el debate sobre el progreso ininterrumpido sobre la base del incontenible desarrollo de las fuerzas productivas y el regreso a formas tradicionales de vínculo entre la tierra y el trabajo; entre la industrialización exacerbada, especialmente de la agricultura, o la búsqueda por recrear condiciones productivas de etapas pasadas, asociadas al modelo productivo y de desarrollo de los pueblos originarios. Aunque el debate existe, los extremos ocultan procesos intermedios necesarios para encarar, la transición entre una producción dominada por las transnacionales a otra sustentada en objetivos de satisfacción de necesidades respetuosas del metabolismo social, local, continental y mundial.

Convengamos que ello solo es posible con un gran debate sobre cómo atender las necesidades del conjunto de la población, a contramano de respuestas rápidas convocando a inversores que solo atenderán su necesidad esencial de ganar, acumular y dominar. Algunos piensan que regulando a los capitales inversores se pueden lograr desarrollos alternativos, incluso anti capitalistas.

La realidad nos dice que eso no ha ocurrido hasta ahora, que el capital acepta las regulaciones como mecanismo de ingreso a determinados mercados, para luego, con el solo efecto de la aplicación de las leyes de mercado, es decir, de la ley del valor, la lógica de la ganancia y la acumulación se abre paso.

En tiempos electorales de renovación presidencial en Argentina no alcanza con identificar políticas simplistas para atender y resolver necesidades socio económicas extendidas, si no se señala que el problema es el capitalismo y su modelo productivo, depredador y explotador.

En consecuencia, solo habrá soluciones para la mayoría de la sociedad si se decide confrontar con el orden capitalista, descubriendo que es un régimen que reproduce hasta el ocaso final y autodestructivo la desigualdad social, de riquezas e ingresos, que depreda la naturaleza y explota a la fuerza de trabajo; y que en su afán por satisfacer egoístas objetivos de clase, se lleva puesto al planeta y a la vida.

Seis personas son acusadas de “haber dañado la salud de vecinos con pulverizaciones aéreas de plaguicidas” en un juicio que data de la causa inicial que data del 2003, en la que 70 vecinos y vecinas son querellantes. El caso se ubica en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y, ya elevado a juicio oral aunque sin fecha aún, tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.

Un comunicado emitido por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) expresó que “por primera vez en Argentina se busca relacionar los daños a la salud sufridos por vecinos, tras quedar expuestos a los plaguicidas que habían sido pulverizados en un campo colindante al barrio”.

Durante una entrevista con FM De la Calle, el presidente de la FUNAM diferenció este proceso judicial de otro anterior que “era por violación a normas. Es decir, si se habían utilizado plaguicidas que estaban autorizados o no. No se analizó la relación entre plaguicidas y salud, que es lo que se va a revisar ahora. En este caso, en el caso de encontrar culpable a las personas, hay penas de 20 años de prisión”.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “por primera vez se va a tratar de demostrar la relación que hay entre el uso de plaguicidas y cómo eso afectó la salud”.

Por otra parte, Montenegro destacó que también “por primera vez se enjuicia a una ingeniera agrónoma”.

Se acusa a Francisco Parra (productor agropecuario), Edgardo Jorge Pancello y Gustavo Alejandro Peralta Amaya (aeroaplicadores); Javier Eduardo Amuchastegui y Fernando Ramón (propietarios de la empresa Tecnocampo que aplicó los plaguicidas) y  Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro (ingeniera agrónoma).

Foto: rightlivelihood.org

(Por Francisco J. Cantamutto) El lunes se presentó un nuevo documento del Foro de Convergencia Empresarial, explicando el tipo de Estado y las políticas públicas específicas que demandan.

Los capitalistas tienen diversas formas de condicionar el accionar estatal, que van desde la extorsión a través de sus decisiones de inversión y contratación de fuerza de trabajo hasta el lobby explícito, pasando por la difusión de ideas y propuestas que le son afines. Sólo en los casos más evidentes y extremos, el capital logra que sus representantes directos formen parte del gobierno, exponiéndose públicamente. Normalmente, el capital busca influir y condicionar las decisiones que se toman sin participar de modo directo, de modo de descargar sobre el Estado el peso político de lo que se decida.

El capital concentrado que opera en el país tiene una larga trayectoria de organizaciones propias destinadas a influir de diversas formas. Las asociaciones corporativas, es decir, las que representan intereses sectoriales tienen una existencia prolongada en el tiempo y no son pocas las veces que entran en conflicto entre sí, como ocurrió en la salida de la Convertibilidad, cuando el Grupo Productivo (Unión Industrial y socios) se desmarcó de la banca extranjera (representada en ABA), las privatizadas (representadas parcialmente en ADESPA y la Cámara de Comercio) y la Sociedad Rural. No pocas veces vimos en estos años a la UIA, la Cámara de la Construcción o las de bancos nacionales (ADEBA y ABAPPRA) apoyando actos del gobierno en primera fila, cuando SRA y socios reclamaban furibundos.

Pero el capital también recurre a agrupamientos más esporádicos destinados a encontrar puntos comunes que sirvan de “acuerdo fundamental”. Lo hicieron al crear la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en 2002, para “promover la importancia de la actividad empresaria” en la economía. Ante el miedo, real o percibido, de avance de las clases populares, reafirmaron su programa mínimo, lo que antes hacían mediante golpes de Estado y ahora por otras vías. Esta lógica se renovó el año pasado con la creación del Foro de Convergencia Empresarial, que reúne 67 cámaras empresariales, representativas de prácticamente todos los sectores de la economía. Este foro es complementario de otro de mayor trayectoria, IDEA, cuya edición del año pasado recuperó todas las propuestas del Foro.

El Estado que reclaman

El lunes 8 presentaron, en un evento público,  el documento llamado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, estilizando sus demandas para el período político por venir. Como han venido explicando en anteriores ocasiones, sus propuestas van más allá de un partido específico que pueda ganar las elecciones, proponiendo lo que llaman “políticas de Estado”, que no es otra cosa que los acuerdos básicos que no quieren que se modifiquen. Por eso han tenido acercamientos con todos los principales candidatos.

Según su visión del asunto, en los últimos años, el Estado habría excedido sus funciones básicas, consensuadas, exceso que habría sido promovido por el afán de un grupo particular, apoyándose en “una mayoría circunstancial” y no en el consenso general. Por este motivo, su afán mayoritario, habrían pasado por encima la división de poderes que el republicanismo defiende, despreocupándose por materia de ética pública: “La soberanía reside y le pertenece al pueblo todo y no a las mayorías circunstanciales”. Aunque esquemático, éste es el discurso que resume su diagnóstico y preocupaciones. Desean, según uno de los expositores, “lo que nos establece la Constitución (…) un capitalismo con rostro humano”.

Explícitamente llaman la atención sobre que es errado asumir que demandan un Estado débil, sin capacidad de intervención. Contra el diagnóstico fácil (y errado) de que el neoliberalismo promovió un Estado débil, pequeño, o su retirada, el empresariado deja en claro que necesita un Estado fuerte, pero cuyas intervenciones sean para asegurar sus privilegios. Desde el punto de vista de la acción política, esto es muy distinto.

El documento se encarga de explicitar la diferencia: Estado no es gobierno, el segundo es una mayoría transitoria, que no puede controlar al primero. Por un lado, el Estado tiene al menos otros dos poderes públicos, donde el capital tiene una influencia más difuminada: el Legislativo, donde encuentra representación de todas sus fracciones, y el Judicial, que defiende sus prerrogativas sin someterse a escrutinio público. El Estado incluye además una multiplicidad de agencias donde el capital ubica cuadros técnicos formados según sus necesidades. El capital de conjunto distribuye así su influencia por diversas vías, y puede aceptar que una fracción (o grupo de fracciones) tenga mayor llegada sobre el gobierno: siempre que este se limite a ese espacio. Por esto defienden a rajatabla la división de poderes, argumentando un republicanismo ético. En un sentido semejante, arguyen mediante la apelación a un constitucionalismo vetusto que es central el respeto del Estado de Derecho: es decir, los acuerdos sustanciales alcanzados por el conjunto, cuestionando cualquier avance particular sobre ese marco general.

Pero incluso más: el documento afirma la necesidad de sostener ciertas contenciones sociales, como –explícitamente- la Asignación Universal por Hijo. El capital no es ciego frente a los contextos políticos: saben que quitar estos resguardos significaría una explosión social, ante el estancamiento prolongado de la inclusión por la vía del empleo (desde 2008 a esta parte, este mecanismo está agotado). El Estado, para el Foro del capital, debe ser fuerte, capaz de intervenir no sólo para garantizar el respeto de la ley sino también para contener cualquier descontento social.

Las dudas comienzan en los avances ulteriores, especialmente en la arena productiva. En su visión del asunto, el Estado –fuerte- debe limitarse a lo anterior. “En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciados el rol del Estado del que les corresponde a las empresas. Le cabe al Estado establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”. Establecidas las reglas, el Estado debería dejar al capital operar, y atender los perjuicios que ocasiona su accionar.

Sus críticas son explícitas respecto de 3 medidas. Primero, la posibilidad de designar directores en las empresas a través de ANSES. Segundo, la Ley de Abastecimiento. Tercero, la nueva Ley de Mercado de Capitales. En los tres casos, las medidas son leídas como la posibilidad de injerencia discrecional del gobierno sobre el capital, y he ahí donde se ubican sus mayores miedos. Atender a este reclamo es una pista de qué ofende realmente al capital: no es la AUH, ni tampoco la inversión a través de YPF o Aerolíneas, como los medios promocionan. En esas empresas, se están realizando actividades que el capital no está dispuesto a costear: el problema es cuando intercede en los espacios donde sí hay negocio rentable.

Una lectura detenida del documento resulta muy importante para las fuerzas populares y progresistas, evitando distorsiones e ilusiones sobre lo que molesta al capital. Y que lo preocupa lo suficiente como para necesitar conciliar posiciones de conjunto, aún cuando en sus corporaciones particulares encuentren distancias: si ellos son capaces de encontrar puntos en común… ¿no valdría la pena indagar los nuestros?

Según Enrique Gandolfo, integrante de la comisión directiva de la Central de los Trabajadores de la Argentina Bahía Blanca – Coronel Dorrego, la medida de fuerza que llevan adelante como parte del paro nacional convocado por tres centrales obreras, está atravesada por “un reclamo unificador para la clase trabajadora”.

“Tiene que ver con esta decisión que han compartido las patronales y fue convalidada por el gobierno nacional, que es fijar un techo a los aumentos de salarios. Esta imposición del 27 % degrada el carácter mismo de la paritaria. En la práctica, quien acepta esto está aceptando una rebaja del salario”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a las condiciones laborales recordando que “ayer nos enteramos de un obrero de la construcción de 20 años con un gravísimo traumatismo de cráneo producto de una caída de diez metros de altura. La semana pasada un trabajador de 45 años, Hugo García, que fallece al caer del octavo piso en el edificio que se construye en Moreno 625. Esto es precarización laboral acompañada de la muerte de quien trabaja. Estos episodios se suceden en el tiempo. Esta cuestión de la precarización tiene que ser una bandera”.

Por último, Gandolfo completó la lista de reclamos contra “el impuesto sobre los salarios, nosotros rechazamos el argumento de que el salario sea ganancia y la cuestión de los jubilados, reclamamos un aumento de emergencia ya que es inaceptable que el 70% viva con $3800 de bolsillo”.

(Notas.org.ar) “Triste noticia”. Así resumía el asunto del correo electrónico enviado por la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires la información que desde la tarde del domingo ya circulaba por redes sociales. Norma Giarracca, docente e investigadora de la carrera, había fallecido.

Con la juventud de 70 años y un extenso currículum (académico, pero también de activismo y mucho más) Giarracca se despidió de un mundo que pensó, analizó y transformó con su aguda mirada y compromiso.

De 1969 a 1976 trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología Rural. Estaba entonces vinculada al Peronismo de Base. Cuando la Junta Militar tomó el poder por la fuerza en 1976, se exilió en España, Inglaterra y se radicó luego en México.

Con la vuelta de la democracia en nuestro país, se sumó a coordinar las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del CONICET. Con el conocimiento y experiencia acumuladas creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER). Más adelante fundaría también el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).

Fue también en su intensa vida investigadora principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores en la Junta de Carrera de Sociología.

Su preocupación principal y objeto de estudio fue el modelo agropecuario. Su enfoque, vinculado a la revalorización de los sujetos del campo, los campesinos y pequeños productores principalmente, y la crítica al modelo de agronegocios, la ubicaron como una referencia intelectual no sólo para la academia, sino también para los movimientos sociales y organizaciones del sector.

Desde la docencia, incentivó a generaciones y generaciones de futuros sociólogos. En la página web del GER – GEMSAL Giarracca escribía sobre los estudiantes: “Todos ellos nos desafiaron a que fuéramos mejores docentes, que relacionáramos la rigurosidad con un espacio placentero que incite a reflexionar, leer, trabajar, sin perder la alegría”.

La despedida de sus colegas

En Facebook, varios docentes e investigadores con los que compartió los pasillos del Instituto Gino Germani y la ex sede de Marcelo T. de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales, la recordaron con emoción y cariño.

Marcelo Langieri, ex coordinador técnico de Sociología, uno de los primeros en dar a conocer la triste noticia dijo: “Su muerte es una pérdida enorme para la sociología y para el movimiento popular. Especialmente el movimiento campesino que tuvo en ella una de las voces más lúcidas y comprometida”. “Su mirada aguda nos informó, entretuvo y emocionó permanentemente. Se fue una luchadora y una maestra”, agregó.

Por su parte, la directora de la carrera de Sociología, Alejandra Oberti, comunicó por correo electrónico el fallecimiento de Giarracca: “Es una gran pérdida para nuestra Facultad. Su vocación docente nos acompañó durante décadas formando y transmitiendo no solo saberes sino también un fuerte compromiso con la Universidad pública”.

Maristella Svampa, con quien compartió reflexiones y preocupaciones, recordó: “Hace unos diez días hablamos por última vez por teléfono. Fue por lo de Ayotzinapa, para avisarme que estaban los familiares de las victimas acá en Buenos Aires. Norma, una vez más, infaltable en su compromiso”. Además, expresó: “Hemos perdido a una gran compañera de luchas, de afectos, de pensamiento”.

“Uno se da cuenta cuando alguien es respetado”, reflexionó Ernesto Meccia, autor de La cuestión gay. Un enfoque sociológico y Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad. “Una vez”, recordó, “subió una foto con sus nietos jugando y ella sentada en el piso, lo más pancha”. “Norma a la altura de las circunstancias”, comentó Meccia a esa imagen.

Norma Giarraca escribió e incomodó. Discutió a fondo los problemas y las debilidades del actual modelo de agronegocios y las comunidades rurales. Pensó el país desde un ángulo novedoso y profundo. Y marcó, en su paso, a centenares de personas que tuvieron el gusto de compartir sus reflexiones y enseñanzas.

Usuaria incansable de las redes sociales, su último tuit fue sobre la movilización del pasado 3 de junio por #NiUnaMenos: “No fue una marcha más -decía- fue una práctica decolonial”.

Allí también la despidieron innumerables personas. Desde estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta colegas investigadores y activistas ambientales de distintos lugares del país y el continente, la conmoción sacudió unos cuantos hogares y círculos sociales del país.

Su muerte no será tapa de diarios, pero desde Notas la recordamos como una intelectual que comprometida con su tiempo.

Compartimos a modo de homenaje, su intervención en la Audiencia Publica por la Soberanía Alimentaria, en el anexo de la Cámara de diputados del 26 de Octubre de 2010.

Por Julio Gambina. En estos días y en simultáneo se realizaron las Jornadas monetarias y bancarias del BCRA, el 4 y 5 de junio; y la 1° Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación, entre el 3 y 5 de junio.

El día viernes 5, mientras cerraban las Jornadas del BCRA el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central, y en la Conferencia Internacional se escuchaba la palabra del titular del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM, y de la Presidente del Parlamento de Grecia informando sobre la Comisión de la verdad relativo a la investigación de la deuda griega; en Nueva York, el Juez Griesa daba las razones a parte de los acreedores no ingresados al canje de deuda por unos 5.200 millones de dólares.

Es una cifra que se adiciona a la sentencia por 1.330 millones de dólares a manos de fondos especulativos, los denominados fondos buitres. Todo es parte de los titulares de bonos por 7.000 millones de dólares no ingresados a los canjes del 2005 y 2010. La duda es la cifra final a que pueda escalar esta deuda si se le suman los intereses reclamados por los tenedores de esos bonos. El gobierno argentino respondió rechazando la sentencia, como era de esperar y proyecta una conflictividad asociada a la negociación y pago a que aspiran las clases dominantes en el país o a la confrontación con la dependencia y la dominación, solo posible desde la suspensión de los pagos y la modificación del modelo productivo y de desarrollo que reoriente la definición por beneficiarios y perjudicados del orden económico.

Debates del BCRA

La convocatoria del BCRA, de carácter oficial, convocó a académicos y especialistas de la economía y las finanzas para analizar la situación mundial y específicamente la cuestión de las reestructuraciones de las deudas soberanas.

Realizadas en  el Hotel Alvear, congregó a especialistas de la UNCTAD y la OIT, de EEUU, Canadá, Inglaterra, Italia, Austria, China, India, México, Brasil y Uruguay.

Como dato destacable debe mencionarse, más allá de las discusiones, el acuerdo entre los bancos centrales de la Argentina y Uruguay para avanzar en el intercambio comercial en monedas locales, tal como hace tiempo se suscribió con Brasil, todo para intentar eludir el uso del dólar. Es una práctica que tiende a incrementarse en el comercio mundial y que afecta a la hegemonía irrestricta del dólar. No es menor resaltar que China es quien más acuerdos en ese sentido suscribió en el último tiempo.

El debate popular

Por su parte, en la Conferencia Internacional sobre la Deuda, los bienes comunes y la dominación, reunida en la sede de ATE, estuvo organizada por una red de organizaciones y redes de movimientos populares del país y el mundo, participantes de Haití, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay Perú, México, Bélgica, Francia, España y Grecia (vía video conferencia) se congregaron para considerar el impacto de la deuda y la mercantilización de los bienes comunes sobre los pueblos, al tiempo que se consideraron las resistencias en curso, con el fin de delinear una campaña popular por la suspensión de los pagos, la realización de auditorías integrales con participación popular, al estilo de la ecuatoriana del 2008 y la actual griega. En el horizonte se propone construir un movimiento por una consulta popular que ponga en debate en la sociedad la defensa soberana de los bienes comunes y la construcción de alternativas de carácter civilizatorio.

Presidieron el cónclave Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, evidenciando que la cuestión trasciende a la economía y se proyecta en defensa de los derechos humanos y de los pueblos; Pablo Micheli de la CTA Autónoma en la convicción de que son las trabajadoras y los trabajadores los principales afectados de las restricciones derivadas del sistema de la deuda eterna. Junto a los mencionados, la CTA Autónoma, el Foro de la Deuda Externa, Dialogo 2000, ATTAC-CADTM de la Argentina, entre otros, fueron parte esencial de la animación de la actividad desde la Argentina.

Los tratados bilaterales de inversión fueron discutidos, especialmente el TISA, al que Uruguay acaba de ingresar y que reabrió la discusión sobre potenciales acuerdos bilaterales de países del Mercosur con Europa. La presencia de delegaciones de redes intelectuales como la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA, de la Red de Estudios de la Economía Mundial, REDEM; del Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA y de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, CLATE, facilitó el diagnóstico de situación relativo al impacto sobre los pueblos y los trabajadores, como la consideración de campañas continentales y globales de esclarecimiento.

Un dato relevante estuvo dado en la entrevista de los participantes internacionales de la convocatoria popular con la Comisión bicameral de investigación de la deuda, con presencia del oficialismo y la oposición en su seno. Interesante el diálogo, donde se les reclamó a diputados y senadores que la lógica indica que mientras se investiga debieran suspenderse los pagos. Un razonamiento que fue desestimado por los congresistas del oficialismo del Frente para la Victoria y de la UCR por estar fuera de las atribuciones de la bicameral. Los visitantes recordaron que según la Constitución de la Argentina, la deuda corresponde ser arreglada por el Parlamento, cuando la realidad pone de manifiesto que se trata de un asunto que se decide desde el poder ejecutivo.

Vale rescatar que en la inauguración de la Conferencia Internacional estuvo presente Sacha Llorenti, el Embajador de Bolivia en Naciones Unidas, quien preside la Comisión sobre reestructuración de deuda soberana a instancias del G77 + China y con la oposición de los 11 países capitalistas más desarrollados, no interesados en la generación de cualquier restricción al sistema de dominación capitalista que tiene al sistema de la deuda entre sus ejes para enfrentar la crisis en curso.

Para pensar

Varias veces hemos señalado la importancia y vigencia del flagelo de la deuda. Se trata de un cáncer que atenta contra la calidad de vida de los pueblos, y sea en la Jornadas del BCRA o en la convocatoria popular, como en la Justicia de EEUU, la deuda vuelve a nuestra agenda y a condicionar la cotidianeidad de la economía y la política.

Nada de esto aparece en la campaña electoral de renovación presidencial, o solo marginalmente, por lo que se necesita instalar en la sociedad la necesaria discusión para que la soberanía popular ejerza el derecho de encauzar discusiones superadoras del orden vigente que solo contempla el interés de la hegemonía capitalista.

(Por Francisco J. Cantamutto) Se cumplió ya una década del canje de deuda que el kirchnerismo enarbola como gran logro. Las concesiones que envalentonaron al capital hasta hoy.

Cuando los recursos externos escasean, la lógica del endeudamiento eterno cobra su dimensión más evidente: porque puestos contra la pared, los gobiernos eligen pagar intereses y refinanciar deuda, o sostener el gasto social (educación, salud, etc.). Al elegir la primera de esas opciones extremas, el gobierno de la Alianza alimentó la crisis, y para todos fue evidente el problema. Cuando el breve presidente Rodríguez Saá declaró en el Congreso el default de la mitad de la deuda –que ya era un hecho, antes de su anuncio-, señaló al pasar la necesidad de investigar la deuda. El anuncio quedó en la nada.

Duhalde, en cambio, postuló una nueva idea: “hacer a los acreedores socios del crecimiento”. Pagando puntualmente, buscó mostrar que el problema no estaba en la deuda en sí, sino su rol, que debía supeditarse a la producción. Con esta lógica negoció durante un largo año con el FMI. Su ministro de economía, Lavagna, funcionó como puente operativo para llevar esta misma lógica al gobierno de Kirchner: pagar todo lo que se pueda, y que los acreedores sigan prestando, pero ahora, para invertir productivamente. El incumplido sueño keynesiano: la inversión se financió, especialmente en esos años, con ganancias de las empresas, que tanto obtenían, que les alcanzó para invertir, desendeudarse y acumular recursos improductivos.

¿Cómo se traducía en la negociación esta “asociación productiva”? El elemento novedoso y tentador del canje de 2005 fue la incorporación de bonos atados al crecimiento del PBI: toda vez que el país crecía, le pagaba más a los acreedores. Por supuesto, a esta “asociación” se sumaba en premio, el reconocimiento de intereses caídos, y nuevos intereses. Se redujeron las jurisdicciones de aplicación, pero se mantuvieron dos extranjeras, incluyendo Estados Unidos. Y, por sobre todas las cosas, contra lo que reclamábamos en el 2001 y lo que votamos en la consulta popular de 2003, se produjo un nuevo reconocimiento de deuda espuria.

¿Era gratuito? Claro que no. El canje lo que hizo fue convalidar una vez más la expoliación ilegítima de la deuda, alargando los plazos de pago, pero no mucho más. Como diversos cálculos han mostrado, no hubo quita alguna sobre los montos totales. A cambio de esto, el país obtuvo… básicamente nada. Mientras los recursos externos eran abundantes –mezcla de mayores precios externos, mayor producción exportable, importaciones deprimidas, etc.- no se percibió el peso de este arreglo: parecía que todos podían ganar. Pero cuando la billetera empezó a apretar, desde 2010, la dinámica cambió. El superávit fiscal desapareció, y para mantener el arbitraje del Estado, era necesario encontrar otras fuentes de recursos.

Por eso el gobierno comenzó a desesperarse por obtener nuevos préstamos, aceptando peores condiciones. Así se reabrió el canje en 2010, a pedido de Barclays, Deutsche y Citibank, llegaron más tarde los arreglos en el CIADI, los pagos a REPSOL, el arreglo con el Club de París, etc. Estos acuerdos no generaron nuevos ingresos de divisas, pero facilitaron la emisión de nuevos bonos, incluso, desde el año pasado, en dólares. Se cumplía la promesa de Kirchner, volver a los mercados de deuda, lo que se quiso desde el inicio.

Pero tanta promesa de pagos, tentó a los especuladores de mayor calaña. Aparecieron así los fondos buitres, comprando deuda a precios irrisorios y demandando en cortes ajenas para obtener pagos ingentes. El gobierno contestó: “Queremos pagar, pero no nos dejan”. La respuesta, por supuesto, fue como sangre fresca para el carroñero, que se ensañó: “Si prometen pagar todo lo que puedan, habrá que ver cuánto es eso que pueden”. La disputa jurídica se extendió al encontrar en un tribunal de Nueva York al juez Thomas Griesa, siempre dispuesto a favorecer a los acreedores. El fondo buitre de Paul Singer lo explotó hasta el máximo, y detrás aparecieron otros fondos a buscar su parte.

Desde enero de este año, venció la cláusula RUFO que hubiera permitido al 93% de los acreedores que canjearon su deuda en 2005 o 2010 exigir las condiciones logradas por Singer. Pero una vez vencida, los reclamos, y los fallos de Griesa, continuaron, basándose en una interpretación particular de las cláusulas de pari passu típicas de los contratos. Esto permitió la aparición de los “me too” (“yo también”, en inglés), nombre que grafica el caprichoso reclamo. Son 500 dueños de 5.400 millones de dólares en bonos, que podrían ir hasta los 6.500 millones con los intereses. Si bien el monto total no es un problema irresoluble, tal como con el MNL Capital de Singer, el asunto es que genera incentivos, como repetimos en la jerga económica. Incentivos a reclamar cualquier título, a no aceptar ningún canje, a no tener el menor cuidado con la ilegalidad de los instrumentos que lo sustentan.

Los holdouts, los fondos buitres, los “yo también” y su juez estrella Griesa exigen y reclaman a la Argentina, y tras todo este tiempo y recursos invertidos, no irán por menos de lo que pedían. El gobierno argentino, mientras tanto, trata de sortear la red de trabas legales, para continuar pagando la deuda. La disputa con una fracción minúscula de los acreedores le permite continuar pagando el total de las ilegales e ilegítimas acreencias. Incluso más, atacar a adversarios internos: se descubrió recientemente que el Grupo Clarín tenía dos empresas (VLG Argentina y Grupo Clarín Services) en la misma sede que los fondos buitres, el 1209 de Orange Street en Wilmington, estado de Delaware, Estados Unidos. Una cueva de lavadores de dinero denunciada en el propio país del Norte.

Pero el ruido de esta disputa no debe oscurecer el panorama grande: la continuidad en los pagos, en el endeudamiento –que financia fuga de capitales, no inversiones-, en el mecanismo ilegal e ilegítimo de subordinación al mundo. El pago de intereses de deuda creció un 32% del primer trimestre del año pasado al mismo período de este año, según informó el Ministerio de Economía. Este es uno de los componentes que fuerza al déficit fiscal, que alcanzó los 17.428,6 millones de pesos en marzo pasado. Mientras la prensa del capital insiste con que el problema está en los subsidios a los/as trabajadores/as, no podemos dejar de insistir: la deuda es una de las formas más perversas de transferencia de recursos del pueblo argentino a la especulación mundial. La comisión recientemente creada para investigar la deuda no ofrece ninguna garantía. Los candidatos presidenciales de más presencia sólo insisten en “normalizar” la relación, esto es, continuar las promesas de pagos, algunos, incluso más allá de lo posible.

Por eso tenemos que presionar para que anule la deuda. Del miércoles 3 al viernes 5 de junio se realizará en Buenos Aires la Primera Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación, para debatir sobre el flagelo y la necesidad de una salida definitiva al problema.

La Asamblea por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda, la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes de Argentina convoca a la Primera Conferencia por la Deuda, los Bienes Comunes y la Dominación. La misma se llevará a cabo entre los días 3 al 5 de Junio de 2015.

El economista y titular de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio Gambina, dijo a FM de la Calle que “a principio de 2014 parecía que la deuda pública era un tema del pasado. En la Argentina el gobierno se había instalado el verbo desendeudar. Y parecía un tema relativamente menor porque cada vez incidía menos en el producto bruto. Y eso aparecía como una panacea: Argentina cada día debía menos. Y de la noche a la mañana irrumpió el juicio en EE UU de los inversores llamados fondos buitres y el tema cambió absolutamente de calidad, no sólo para la Argentina sino en el plano mundial. Porque empezó un debate económico, político y cultural. A tal punto que en Naciones Unidas se aprobó una comisión que está presidida por Bolivia nada menos, para discutir las re estructuraciones de deudas soberanas. Porque Argentina argumentaba que cuando un país re negociaba, como lo hizo en 2005 2010 a los acreedores que no ingresaron al canje (un 7% en el caso argentino) debía imponérsele las condiciones de la mayoría que aceptó. Ese debate sumó votos mayoritarios en Naciones Unidas”.

El encuentro tiene un amplio programa del que participarán personalidades de todo el mundo como “Sacha Llorenti, embajador boliviano en las naciones unidas, es decir, quien preside la comisión para discutir el tema de la deuda soberana”, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de la Plaza de Mayo Linea Fundadora, el Secretario General de la CTA Autónoma Pablo Micheli, el ex Ministro de Política Económica en la República de Ecuador, Diego Borja, entre otras.

Según Gambina, “hay un dato de coyuntura muy interesante que es que Argentina ya terminó con el verbo desendeudar y se está volviendo a endeudar. La semana pasada la Argentina tomó nuevos 5 mil millones de pesos de deuda. Hace muy poquito para la expropiación parcial de YPF se asumió nueva deuda por 5 mil millones de dólares. Este viernes que pasó se pagaron 683 millones de dólares al Club de París, una deuda claramente odiosa porque la mayoría fue asumida por el último gobierno militar”.

(Por Francisco J. Cantamutto) Tras 7 años de inefectivas recetas neoliberales para capear la tormenta desatada con la crisis, la Unión Europea dirime sus posibilidades en Grecia. Syriza en una estrategia tensa.

Desde el estallido de la crisis mundial en su sección europea, las instituciones de salvaguarda del régimen –la Troika- ha insistido en trasladar el costo del ajuste a los integrantes más débiles de su “comunidad”. No solo el ajuste debía ser duro, la estigmatización debía dejar claro de qué se hablaba: los “cerdos” por sus siglas en inglés, Portugal, Irlanda, Gracia y España (PIGS) fueron la carne de cañón del ajuste. Salvavidas a las entidades financieras detonantes de la crisis (salvatajes directos, pero también reducción de las tasas de interés para inundar el mercado de euros) y lastre de ajuste social para el pueblo europeo, así se puede resumir la lógica. Esa propia lógica de ajuste es la que favoreció el escenario de protestas en el que emerge Syriza en Grecia, llegando al gobierno con su discurso contra el ajuste.

Las negociaciones han sido tensas desde que formara la coalición de gobierno. Tras tres meses de tirantez, en los que Syriza acabó reclamado fondos a los municipios, el capital ha mostrado su “apoyo”, retirándose masivamente del sistema financiero griego. Parte de los nuevos fondos que la Troika promete son para reponer lo fugado, salvando así a los bancos de caer en su propio juego. Pero la salida de capital ha incrementado el problema de recesión, erosionando el superávit fiscal primario. El flamante gobierno, asumen los analistas, ya no cuenta con la amenaza de no pagar intereses y usar esos fondos para pagar pensiones y salarios, como ha dicho hasta el hartazgo que hará el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis. Un documento filtrado del FMI da cuenta de que el organismo apuesta al desgaste, y, en última instancia, forzar a Grecia a una bancarrota al estilo de lo que ocurriera en Detroit.

El partido de Tsipras, mientras tanto, negocia, hace compromisos con la Troika, pero no garantiza los pagos, y mantiene la amenaza de salida de la zona euro (llamada “Grexit”). En un ensayo políticamente tenso de teoría de juegos, esta carta de ceración de pagos y salida del euro, señalan, permitiría contar con recursos fiscales y al mismo tiempo recuperar la política monetaria y cambiaria. Para los y las argentinas que recordamos la situación de 2001/2002 sabemos que esta reivindicación de soberanía no es gratuita. El FMI también sabe que esto significaría más ajuste y austeridad, y por eso sostiene sus presiones para arreglar en sus términos.

La semana última Grecia usó sus recursos (Derechos Especiales de Giro) dentro del FMI… para pagarle al FMI. 750 millones de euros giraron sobre sí mismos dentro del organismo, para pagarse en su propia ruleta, graficando con palmaria claridad la lógica financiera que propone. Pero esto no será suficiente para agosto, cuando tiene que pagar 23.600 millones de euros más. De hecho, anunció el último domingo que no pagará los 1.600 millones de euros que le correspondían a inicios de junio. Es decir, lo que ha hecho es comprar tiempo, sin resolver el problema.

Un ala de Syriza ha reclamado públicamente por la ruptura de las negociaciones. Así se expresó el ministro de Reconstrucción Productiva, Panayotis Lafazanis, junto otros tres miembros de la dirección del partido, y otros dos de su comité central. Estas declaraciones funcionan como amenaza política mientras se negocia y estudian alternativas. Es que los tratos no se restringen a la Troika: ante la posibilidad de que ésta no ceda, Grecia ha estado negociando acuerdos con las potencias orientales, Rusia y China. Los desafíos mutuos de la Unión Europea con el gobierno de Putin han sido constantes en los últimos años –como prueba Ucrania- . Grecia comparte lazos culturales fuertes con Rusia, y tiene más herramientas de negociación que su antecesor en las tratativas, la isla de Chipre. De salirse del euro, Grecia no estaría sola, como los representantes de la Troika –y no pocos analistas “progresistas”- pretenden.

A esta alternativa geopolítica, se suma además otra jurídica de interés sustancial para Argentina. Se trata de la auditoría de la deuda que el parlamento está llevando a cabo. Una comisión de 30 integrantes, la mitad de ellos expertos extranjeros, está analizando la deuda griega, y como ya ha adelantado la joven vocera parlamentaria Zoe Konstantopoulou, han dado con indicios de ilegalidad e ilegitimidad, lo cual permitiría hablar de deuda odiosa. Actos de corrupción, interferencias de empresas ligadas a la industria armamentística, autoridades no autorizadas para tomar deuda son algunos de los problemas detectados. El presidente de la comisión es el famoso portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint. A diferencia de la comisión argentina, Grecia detuvo los pagos y puso autoridades reconocidas en la materia a investigar. Incluso más, Grecia ya ha reclamado a Alemania por reparaciones de guerra, cuyo no pago fue clave para la recuperación alemana de postguerra.

El gobierno de Syriza mantiene en vilo Europa con sus negociaciones, que, por el momento, no tienen un final claro. Si la Troika los doblega, será un nuevo éxito en la trayectoria de soluciones neoliberales al problema causado por el neoliberalismo. Además, será un nuevo estallido social en Grecia, que difícilmente el gobierno pueda sobrevivir. Que Grecia declare el default, no sería nada demasiado nuevo o terrible respecto de su situación actual; pero una salida del euro sí sería un fuerte golpe. Más si esto significa un acercamiento a Rusia, que saldría fortalecida sin mayores costos. La auditoría de la deuda, finalmente, representa el antecedente quizás más valioso de lo que está ocurriendo, emulando la experiencia de Ecuador.

La Federación de Trabajadores Aceiteros Desmotadores de Algodón (F.T.C.I.O.D y A.R.A) sostuvo medidas de fuerza durante más de un mes, paralizando la producción de más de 40 empresas en todo el país.

Según dijo a FM de la Calle el delegado de Cargill, Juan Marcet, siguen con medidas de fuerza ya que “en el día de ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo. La empresa y nuestra federación llegaron a un acuerdo pero el Ministerio no lo quiere homologar”.

La negociación final entre patronal y trabajadores arrojó un monto de $ 14 300. “Lo que estábamos pidiendo nosotros era de $ 14 931. Si lo homologa el Ministerio de Trabajo estaremos levantando el paro”, explicó el dirigente.

Respecto de las versiones que afirman cortes totales en los accesos a este polo industrial, Marcet afirmó que “seguimos entregando panfletos pero al único que se corta es a Cargill. Las otras empresas tiene acceso sin problemas”.

Durante la sesión de ayer en el Concejo Deliberante fue rechazada parcialmente la rendición de cuentas del ejercicio 2014. Di eciséis votos contra siete dirimieron el rechazo de la correspondiente a la Administración Central, mientras que obtuvo unanimidad la aprobación la referida a Obra Social y el Hospital Municipal. Por su parte, obtuvo el visto bueno la del propio cuerpo por mayoría.

El gobierno municipal decidió, “por primera vez desde el ’83 hasta acá”, no dar explicaciones acerca de las erogaciones al cuerpo deliberativo, según expresó la concejala de Integración Ciudadana Elisa Quartucci a FM de la Calle.

Por su parte, la dirigente destacó que “para la transparencia de la gestión y de la administración pública es necesario que los funcionarios responsables de las diferentes áreas brindes explicaciones”.

Según surge de los informes, el presupuesto ejecutado supera en trescientos millones de pesos al aprobado.

En este sentido, Quartucci explicó que “ha habido un incremento en la recaudación de la tasa de seguridad e higiene y de la sobretasa, producto de la inflación, y ha habido también un incremento en lo referido a co participación provincial. Es decir, han recibido recursos de más, en carácter de libre disponibilidad y se han ido gastando a lo largo del ejercicio en diferentes áreas“.

El próximo paso administrativo en la evaluación de irregularidades le corresponde al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Los votos

Rechazo

Integración Ciudadana
Frente Amplio Progresista
FPV-PJ
FPV-27 de Octubre
Juntos por Bahía-Coalición Cívica
Unión Cívica Radical
FULyT

Aprobación

Frente Renovador

Ausente
Soledad Espina (FPV-PJ)

(Por Francisco J. Cantamutto) La Justicia argentina falló contra el acuerdo del Citibank y los fondos buitres. Mientras tanto, la comisión de investigación inició sus tareas.

El día lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 dio lugar a la medida cautelar para que la filial argentina del Citibank no ponga en práctica el acuerdo firmado en Estados Unidos con los fondos buitres comandados por Paul Singer. En marzo de este año, el Citibank –uno delos operadores financieros más grandes del mundo- acordó con MNL Capital y otros fondos retirarse del negocio de los bonos de deuda argentina, a cambio de permitirle el pago inminente de intereses de esos títulos. El gobierno argentino reaccionó sancionando al banco por este acuerdo, al poner en riesgo los derechos de cobro de los bonistas que ingresaron a canjes previos.

La novelesca trama tuvo esta semana un nuevo episodio, cuando el referido Juzgado falló sobre la cautelar pedida por el Ministerio de Economía, obligando al banco a abstenerse “de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el pacto.  Además, se dispuso que está impedido de “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”. Es decir, aunque no se dijo nada de la cuestión de fondo, se cuestionó en todo orden la posibilidad de cumplir el acuerdo. Se alegó que el acuerdo no tiene validez en Argentina, puesto no fue homologado según las leyes locales, por lo que desvincularse unilateralmente significaría un daño sobre los bonistas y una infracción de la ley nacional.

El Citibank ya quedó antes “atrapado” en esta pugna entre el gobierno y los fondos buitres, y decidió que el costo del forcejeo ya supera las ganancias, por lo que decidió retirarse del negocio. Ya anunció a los fondos Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg SA que rescindía sus contratos de custodia sobre los títulos públicos de deuda. El City ha sido un socio del gobierno de Cristina Fernández en la puja por los bonos de deuda, desde que en 2008 la presidenta le reabriera el canje de 2005 para que pudiera canjear títulos comprados al 22% de su valor nominal. Esta asociación se mostró incluso en la arena internacional. El City ya hizo su negocio y se quiere retirar.

El gobierno no lo tolera: por eso el Banco Central inhabilitó al CEO del City en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país, y suspendió al banco como operador bursátil. La novedad es que ahora la pelea se lleva a cabo en el mismo terreno. Esta vez fue el Poder Judicial argentino el que cuestionó –jurídica y políticamente- los fallos de Griesa en Nueva York. La prepotencia del juez neoyorkino pretende hacer valer su jurisdicción más allá del distrito sur de su estado, hasta el extremo Sur del continente. Si bien se trata de un exceso poco diplomático, lo cierto es que el resto del poder judicial estadounidense y el propio presidente Obama, lo han dejado actuar en tal sentido.

Mientras tanto, en el Congreso nacional

Tras meses de la aprobación de la mal llamada “Ley de pago soberano”, finalmente a fines de abril se creó la comisión investigadora de la deuda en el Congreso. A pesar de lo valioso de la investigación, algo que venimos reclamando desde el regreso a la democracia, no pocas dudas surgen de la misma. En principio, que se encuentre en una ley que declara de interés público el pago de la ley, aprobada para sortear las limitaciones a los pagos impuestas por Griesa.

La composición de la comisión era otro riesgo. La preside el diputado del Frente para la Victoria, Eric Calcagno, quien conoce del tema y tiene una perspectiva crítica… limitada al pasado. En su visión del asunto, la política de pagos del kirchnerismo es la adecuada para “disolver” la deuda. Su preocupación se centra en identificar el rol de los fondos buitres, en clara sintonía con el deseo oficial de pagar a todos menos una ínfima fracción del poder financiero. Es decir, de la presidencia de la comisión no se puede esperar que cambie la absurda postura de pagos del gobierno.

Por parte del oficialismo, también son parte de la comisión María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos Moreno, Juan Mario Pais, y los senadores Walter Barrionuevo, María Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino y Juan Manuel Irrazábal.  Con esta mayoría de 10 integrantes sobre 16, nuevamente, no podemos esperar grandes cuestionamientos a la política oficial de “pagos seriales”, a toda costa.

La participación minoritaria de la oposición no arroja mayores esperanzas tampoco. Es dudoso que los 4 integrantes del radicalismo (los diputados Jorge D’Agostino y Enrique Andrés Vaquié, y los senadores Gerardo Morales y Laura Montero, que ni siquiera fueron a la primera reunión) cuestionen la deuda y sus mecanismos, habiendo sido su fuerza política corresponsable del endeudamiento que nos trajo a esta situación. El senador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá fue quien declaró el default y la necesidad de investigar la deuda, aunque no llegó a hacer nada al respecto.

El único integrante del que se puede esperar una revisión integral, crítica y seria, es el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien ha expresado su posición en reiteradas oportunidades, acompañando además iniciativas históricas de la CTA como la consulta popular de 2003. El diputado pidió incorporar el fallo del juez Jorge Ballesteros, que ya sentenció sobre 477 irregularidades en el proceso de endeudamiento durante la dictadura, deuda que se ha renovado hasta hoy. Ese fallo duerme en el Congreso desde el año 2000. La única expectativa creada por Calcagno fue considerar este y otros fallos existentes, y convocar a expertos sobre la materia.

Un conjunto amplio de organizaciones estamos llamando a la Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación a realizarse del 3 al 5 de junio en Buenos Aires. Es una oportunidad para las fuerzas sociales y las políticas sin representación en el Congreso para expresar nuestras posiciones en torno al problema, y aportar material para forzar a la comisión a dictaminar sobre la ilegalidad, ilegitimidad y carácter usurero de la deuda. El corolario de tal dictamen sería el no pago. Claro que esto va contra la expresa y reiterada voluntad del gobierno de pagar a toda costa. Incluso si eso implica pelearse con un juez neoyorquino.

(Por Francisco J. Cantamutto) La semana anterior trascendieron una serie de acuerdos entre Argentina y Rusia. Ambos gobiernos se anotan favores, mientras se consolida la subordinación argentina a las potencias en ascenso.

Con clima de festejo, se cerraron la semana pasada una serie de 17 acuerdos entre nuestro país y Rusia, en el marco de negociaciones iniciadas en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Cristina Fernández y Vladimir Putin celebraron los acuerdos: no es para menos, a ambos dirigentes le significó un éxito en sus propios términos. Varios de los acuerdos se mantuvieron en secreto, estas líneas analizan lo que tomó estado público.

¿Qué persigue Rusia?

Es necesario partir de un hecho clave: Rusia es una potencia en ascenso. Junto a China, representan verdaderas maquinarias  de expansión. China ya es la primera economía del mundo en diversas mediciones, desplazando a Estados Unidos. Ambos países, repletos de recursos naturales y fuerza de trabajo –calificada y no calificada- tienen las condiciones para desplegar procesos autocentrados de desarrollo. Sin embargo, desde fines de los ’70 China y mediados de los ’80 Rusia, han optado por la expansión de sus economías integrándose al mercado mundial.

En este sentido, además del intercambio comercial, las economías adquieren un comportamiento típico de los centros medianos de acumulación, exportando capitales a zonas de influencia. China en Asia, Rusia en Europa del Este y Medio Oriente, ambas en África, histórico territorio de saqueo de las potencias. Las inversiones y los préstamos se combinan para establecer relaciones de dependencia más profundas que complementan el intercambio comercial desigual. Esto no implica que no reciban capitales de países centrales, como Estados Unidos, Alemania o Francia; pero en ambos casos este proceso se amalgama con una expansión hacia afuera de los propios capitales. Similar a lo que hace en nuestra región Brasil.

De esta forma, se garantizan flujos futuros de capital, en concepto de ganancias, regalías, dividendos, intereses. Además, permite desplegar una estrategia de geopolítica que les garantice acceso a recursos, o a ubicaciones comerciales o militares clave. Ambos países tienen gobiernos altamente centralizados, con capacidad de disciplinar a la población y las huestes internas, desplegando estas estrategias de modo consistente. Una diferencia entre ambas es la mayor disposición de Rusia a demostrar su poderío militar, como históricamente ha hecho. China también tiene fuerzas militares fuertes, pero Rusia tiene mayores roces históricos con las potencias occidentales, que la llevan a poner a prueba su eficacia. El campo de batalla, como siempre, es ajeno: tal es el lugar de Ucrania desde hace más de un año a esta parte. La absorción  de países eslavos a la órbita de la Unión Europea finalmente se encontró con un límite.

Estados Unidos, aunque, sigue siendo la potencia hegemónica en el mundo, encuentra crecientes dificultades para sostener su posición. Desde 2001 a esta parte se ha apoyado cada vez más en su fuerza militar, tratando –sin éxito- de compensar su declive económico, cultural y diplomático. Recientemente, ha intentado reconstruir su influencia en América Latina, con los diálogos con Cuba, la rehabilitación de la Cumbre de las Américas, y la amenaza a Venezuela. Rusia apoyó al país del Caribe, movilizando incluso tropas para asegurar que el imperialismo yanqui lo piense dos veces antes de entrometerse.

¿Qué busca Argentina?

La gestión económica kirchnerista logra llegar al final de su mandato con problemas, pero sin crisis. La agenda de problemas está priorizada por la falta de dólares, en el contexto de dificultades para tomar deuda a tasas razonables (la última emisión debió pagar casi 9% de interés). La necesidad de evitar la salida de dólares requiere, además, de  solucionar el problema de la restricción energética para moderar la salida, e impulsar el comercio para elevar el ingreso de divisas. Además, con la industria en recesión por la falta de demanda de Brasil, necesita impulsar la inversión para evitar una caída de la ocupación.

Los acuerdos con Rusia son plenamente coherentes en el marco de estas necesidades. Las inversiones prometidas por la potencia se orientan principalmente a infraestructura energética: acuerdos de exploración entre Gazprom e YPF, y la construcción de una sexta central nuclear, acordada entre Rosatem Overseas y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). En ambos casos, significa el ingreso de divisas, para aliviar la falta de energía, el impulso a la inversión, y de ello, la creación de empleos. Se esperan unos 6000 puestos de trabajo directos por la central nuclear. Todo indica ganancias para el gobierno: dólares, inversión, energía, puestos de trabajo.

Además, estos megaproyectos –que incluyen también participación en represas en el Sur- favorecerán en particular al capital ligado a la construcción, una de las fracciones más kirchnerista de las clases dominantes (incluso mucho más allá de los amigotes del poder que se denuncian en los grandes medios). A pesar de ello, debe señalarse que los acuerdos se establecieron entre empresas estatales, mostrando las fuertes limitaciones del empresariado argentino para liderar cualquier proceso de desarrollo en áreas sofisticadas. A pesar de que, tal como ocurriera con el ARSAT-1, todo lo avanzado lo aporta el Estado, el gobierno no deja de buscar impulsar a la burguesía “nacional” que llamó al proyecto en mayo de 2003. Los acuerdos buscan maximizar los componentes nacionales, justamente para movilizar a estos capitalistas, más dinámicos en reclamar que en invertir. De hecho, se incluyó también el desarrollo aeroespacial.

Por lo pronto, en esta cruzada, ambos gobiernos se anotaron favores en la diplomacia externa. Rusia se comprometió a apoyar a Argentina en la cuestión de Malvinas, en el conflicto con los fondos buitres y en la iniciativa ante la ONU de regular reestructuraciones de deuda pública. Argentina, a cambio, apoyará a Rusia en la cuestión ucraniana, pidiendo a la coalición occidental levantar las sanciones.

De conjunto, el gobierno busca sacar lo mejor que puede de un acuerdo subordinado a una potencia en ascenso. Tal como se establecen las relaciones de dependencia, el intercambio comercial entre ambos países que se impulsa por estos acuerdos resulta deficitario para Argentina, especializado en vender bienes de bajo contenido tecnológico. Las inversiones en infraestructura con tecnología rusa –como ocurrió con China hace poco- le garantizan a futuro tanto ventas tanto como flujos de pagos de intereses, utilidades, regalías. Argentina queda así asociada a las dos potencias en ascenso, pero en ambos casos en una relación de abierta subordinación, desplazando a futuro el conflicto político. Ciertamente, una fuerte diferencia respecto de la estrategia de resistencia ante el ascenso de la hegemonía estadounidense en el siglo XX.

En el día de ayer el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que se decretará la regulación del mercado de semillas, luego de una reunión en el Ministerio de Agricultura.

“Venimos peleando desde el año 2012 porque no se modifique la Ley de Semillas. El anuncio de Aníbal Fernández expresa que se modifica la Ley en beneficio de las corporaciones. Cosa que no sólo es una lectura nuestra sino que ya Monsanto y la Asociación de Semilleros Argentinos manifestaron su satisfacción” con el decreto, expresó el coordinador para América Latina de GRAIN.

El farmacéutico afirmó que “este DNU aparece como un intento de mediar entre un conflicto que hay entre Monsanto y los productores de soja. Muchos de ellos firmaron hace dos años un contrato de regalías extendida con la empresa, comprometiéndose a que cuando cosechan la soja, le van a declarar cuánto grano van a guardar y usarlo como semilla. La mayoría no lo hizo. Y en estos últimos meses Monsanto está parando los embarques de soja y en la entrada de las aceiteras para ver si allí ese tipo de soja y cobrar regalías extendidas a los productores”.

Como freno a este conflicto, el gobierno tenía la posibilidad de declarar que “los contratos de regalías extendida son ilegales”, como lo hizo el Uruguay.

Sin embargo, según el Vicente, el decreto “nace de reconocer la validez de esos contratos de regalías extendidas. Trata de quedar bien con los sojeros diciendo que solamente se cobrarán regalías sobre las semillas pero también con Monsanto avanzando en algunos puntos de modificar la ley de semillas vigente”.

Esto no representa “un consenso con la sociedad”.

Organizaciones que conformar la Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas emitieron un comunicado expresando su punto de vista.

Este día “Nace como una iniciativa de todas las víctimas y las comunidades afectadas de la selva amazónica ecuatoriana que sufrieron la atroz contaminación ambiental que les dejó Texaco y posteriormente Chevron”, explicó Martín Álvarez, integrante el Observatorio Petrolero Sur.

Por su parte, Álvarez recordó que se produjo “un juicio muy grande que se llevó a niveles internacionales. La empresa está condenada por el gobierno ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares. La firma se fugó de ese país dejando ningún activo, por lo que es prófuga de la justicia de ese país”.

Esta información llegó a Argentina “momentos antes de que el gobierno decidió que Chevron fuera su socio para desarrollar en Loma Campana el primer “play” de no convencionales con la técnica de fractura hidráulica”.

Por su parte, el dirigente añadió que “Chevron tiene un antecedente en el país que es bastante grave. En Neuquén tiene el yacimiento El Trapial que fue el segundo más grande del país. Entre el 2007 y7 el 2011 Chevron generó una desinversión impresionante girando divisas a sus casas centrales mayores de lo que producía. Sin embargo, Chevron no sufrió la misma suerte que Repsol. Es decir, los argumentos por los cuales se le expropió a Repsol hubiesen sido válidos para expropiarle a Chevron y a otras compañías más. Entonces estamos viendo que el desarrollo de los no convencionales sí o si tenía que venir de la mano de una transnacional como Chevron porque tenía este carácter de impunidad”.

En este sentido, Álvarez insistió en recordar que “el gobierno de Argentina le dio a Chevron impunidad judicial, porque acá, cuando se le hizo un embargo de sus activos en función del juicio que tiene con la víctimas ecuatorianas, la procuradora General de la Nación le sugirió a la Corte Suprema que le dé vía legal. Con lo cual la Corte determinó que Chevron Argentina era una subsidiaria que nada tenía que ver con Chevron Corporation. Semanas después Chevron Argentina volvió a ser Chervron Corporation”.

El asesor legal del gremio de aceiteros (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), Carlos Zamboni, afirmó que, luego de las negociaciones ef ectuadas ayer en audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se encuentran “lejos de acordar el aumento para este año”.

Se fijó una nueva audiencia para el jueves. Sobre esa cita, el dirigente calificó de “positiva” la posibilidad “de sentarse en forma directa con las empresas en un conflicto que ya lleva más de 15 días”.

El porcentaje ofrecido por las patronales es “del 23 o 24% y no se mueven de ahí”. Respecto de esa actitud empresarial, Zamboni expresó que “me da la sensación de que (las empresas) encuentran respaldo en algunas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que están en todos los diarios. Por ejemplo, ayer la presidenta clausuró la posibilidad de un acuerdo en la paritaria de la UOM”.

La Federación sindical cree que la situación “podría cambiar en los próximos días, no por el gobierno sino porque el conflicto ya lleva muchos días y está haciendo daño a las empresas”.

Los trabajadores del rubro exigen aumentos basados en las ganancias de las empresas y en los estudios realizados sobre las necesidades básicas de cada familia obrera.

“Ustedes conocen muy bien en Bahía Blanca lo que mueven estas empresas agro exportadoras y la rentabilidad que tienen. Los costos laborales son realmente irrisorios en este tipo de empresas. Por ello no se entiende por qué no hay un aumento”, afirmó el dirigente.

Finalmente, cuestionó el mecanismo oficial de aumentar salarios con el criterio de porcentajes. “En esta locura del porcentaje, queda de lado lo que necesita una familia para vivir. Nosotros lo calculamos en $ 14 931 para un trabajador inicial. Esto, al hablar de porcentaje, queda de lado. Porque en algunos salarios de miseria por más que le aplique el 40 por ciento van a seguir siendo salarios de miseria. Lo otro que no se discute es la tasa de ganancia de los empresarios, en el marco de esta locura del porcentaje”.

En Bahía Blanca se levantaron los cortes pero el paro nacional sigue, involucrando a más de cuarenta fábricas de todo el país.

A 19 meses de transcurrido el “primer sorteo de la línea de crédito compra de terreno y construcción en octubre 2013, co n promesas de todo tipo que ni siquiera han comenzado a resolver nuestra problemática de acceder a un terreno en las condiciones que lo indica el crédito y el Banco Hipotecario” emitieron un comunicado personas beneficiarias del Pro.Cre.Ar. Fue luego de una asamblea que realizaron las familias involucradas en la problemática.

El documento expresa que “desde diciembre de 2013, y ante la realidad de que más de mil familias nos encontráramos a merced de la especulación inmobiliaria, comenzaron los sucesivos anuncios que fueron quedando en la nada. Primero, Anses-Procrear decidió apostar todo al Programa de Movilidad de Suelos propuesto por el Municipio de Gustavo Bevilacqua como solución. Luego, la Licitación Pública impulsada por Anses desde mayo de 2014, para la compra de macizos privados, y su posterior descarte a raíz de una “nueva” alternativa consistente en las 15 has desafectadas del Ejército en octubre del mismo año. Finalmente, nos encontramos con otras 21 has, también del Ejército, que vienen a reemplazar a las anteriores, y tierras de provincia, sobre las cuales el municipio reclama su propiedad en tanto le habrían sido cedidas hace décadas por el estado provincial. De esta manera, el Estado se viene haciendo presente con sus “aciertos” y su imposibilidad de articular entre sus distintos estamentos y sus respectivos funcionarios políticos, administrativos y técnicos”.

Franco Baier es uno de los beneficiaros del programa. En diálogo con Mauro Llaneza durante el periodístico En Eso Estamos de FM de la Calle, el referente reclamó que “esta ‘imposibilidad’ y las numerosas versiones encontradas, que se divisan claramente como producto de enfrentamientos políticos ajenos a nuestras necesidades, no nos retrase más la posibilidad de acceder a la compra de un terreno por medio del crédito Procrear en las condiciones que impone el crédito y el Banco Hipotecario”.

Concretamente, las familias beneficiarias reunidas en asamblea el pasado jueves resolvieron:

– “Solicitar tierras para todos los beneficiarios; que de existir un sorteo, sea para asignar los terrenos entre todas las familias y no para que algunos sean bendecidos por el azar y otros continúen sin lote”.

– “Reclamar a todas las partes intervinientes (Anses-Procrear, Banco Hipotecario, Gobierno de Bs. As., Municipalidad y Concejo Deliberante de Bahía Blanca) una reunión conjunta, donde nos sea explicitado a los beneficiarios de forma concreta y fehaciente cómo se instrumentarán las medidas anunciadas, quedando esto plasmado en un acta compromiso. Es decir, entre otras cuestiones importantes, cuáles son los plazos estipulados, quiénes serán los responsables de llevar a cabo los distintos pasos administrativos y las obras de urbanización sobre las tierras anunciadas, y cómo se piensa articular lo mencionado con las cuestiones vinculadas a los trámites personales en el Bco. Hipotecario –donde al día de hoy se están dando turnos con hasta cuatro meses de demora, existiendo la posibilidad de que nos encontremos allí con un cuello de botella muy importante en caso que cientos de familias iniciemos los trámites simultáneamente-“.