(Por Francisco J. Cantamutto) Tras 7 años de inefectivas recetas neoliberales para capear la tormenta desatada con la crisis, la Unión Europea dirime sus posibilidades en Grecia. Syriza en una estrategia tensa.

Desde el estallido de la crisis mundial en su sección europea, las instituciones de salvaguarda del régimen –la Troika- ha insistido en trasladar el costo del ajuste a los integrantes más débiles de su “comunidad”. No solo el ajuste debía ser duro, la estigmatización debía dejar claro de qué se hablaba: los “cerdos” por sus siglas en inglés, Portugal, Irlanda, Gracia y España (PIGS) fueron la carne de cañón del ajuste. Salvavidas a las entidades financieras detonantes de la crisis (salvatajes directos, pero también reducción de las tasas de interés para inundar el mercado de euros) y lastre de ajuste social para el pueblo europeo, así se puede resumir la lógica. Esa propia lógica de ajuste es la que favoreció el escenario de protestas en el que emerge Syriza en Grecia, llegando al gobierno con su discurso contra el ajuste.

Las negociaciones han sido tensas desde que formara la coalición de gobierno. Tras tres meses de tirantez, en los que Syriza acabó reclamado fondos a los municipios, el capital ha mostrado su “apoyo”, retirándose masivamente del sistema financiero griego. Parte de los nuevos fondos que la Troika promete son para reponer lo fugado, salvando así a los bancos de caer en su propio juego. Pero la salida de capital ha incrementado el problema de recesión, erosionando el superávit fiscal primario. El flamante gobierno, asumen los analistas, ya no cuenta con la amenaza de no pagar intereses y usar esos fondos para pagar pensiones y salarios, como ha dicho hasta el hartazgo que hará el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis. Un documento filtrado del FMI da cuenta de que el organismo apuesta al desgaste, y, en última instancia, forzar a Grecia a una bancarrota al estilo de lo que ocurriera en Detroit.

El partido de Tsipras, mientras tanto, negocia, hace compromisos con la Troika, pero no garantiza los pagos, y mantiene la amenaza de salida de la zona euro (llamada “Grexit”). En un ensayo políticamente tenso de teoría de juegos, esta carta de ceración de pagos y salida del euro, señalan, permitiría contar con recursos fiscales y al mismo tiempo recuperar la política monetaria y cambiaria. Para los y las argentinas que recordamos la situación de 2001/2002 sabemos que esta reivindicación de soberanía no es gratuita. El FMI también sabe que esto significaría más ajuste y austeridad, y por eso sostiene sus presiones para arreglar en sus términos.

La semana última Grecia usó sus recursos (Derechos Especiales de Giro) dentro del FMI… para pagarle al FMI. 750 millones de euros giraron sobre sí mismos dentro del organismo, para pagarse en su propia ruleta, graficando con palmaria claridad la lógica financiera que propone. Pero esto no será suficiente para agosto, cuando tiene que pagar 23.600 millones de euros más. De hecho, anunció el último domingo que no pagará los 1.600 millones de euros que le correspondían a inicios de junio. Es decir, lo que ha hecho es comprar tiempo, sin resolver el problema.

Un ala de Syriza ha reclamado públicamente por la ruptura de las negociaciones. Así se expresó el ministro de Reconstrucción Productiva, Panayotis Lafazanis, junto otros tres miembros de la dirección del partido, y otros dos de su comité central. Estas declaraciones funcionan como amenaza política mientras se negocia y estudian alternativas. Es que los tratos no se restringen a la Troika: ante la posibilidad de que ésta no ceda, Grecia ha estado negociando acuerdos con las potencias orientales, Rusia y China. Los desafíos mutuos de la Unión Europea con el gobierno de Putin han sido constantes en los últimos años –como prueba Ucrania- . Grecia comparte lazos culturales fuertes con Rusia, y tiene más herramientas de negociación que su antecesor en las tratativas, la isla de Chipre. De salirse del euro, Grecia no estaría sola, como los representantes de la Troika –y no pocos analistas “progresistas”- pretenden.

A esta alternativa geopolítica, se suma además otra jurídica de interés sustancial para Argentina. Se trata de la auditoría de la deuda que el parlamento está llevando a cabo. Una comisión de 30 integrantes, la mitad de ellos expertos extranjeros, está analizando la deuda griega, y como ya ha adelantado la joven vocera parlamentaria Zoe Konstantopoulou, han dado con indicios de ilegalidad e ilegitimidad, lo cual permitiría hablar de deuda odiosa. Actos de corrupción, interferencias de empresas ligadas a la industria armamentística, autoridades no autorizadas para tomar deuda son algunos de los problemas detectados. El presidente de la comisión es el famoso portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint. A diferencia de la comisión argentina, Grecia detuvo los pagos y puso autoridades reconocidas en la materia a investigar. Incluso más, Grecia ya ha reclamado a Alemania por reparaciones de guerra, cuyo no pago fue clave para la recuperación alemana de postguerra.

El gobierno de Syriza mantiene en vilo Europa con sus negociaciones, que, por el momento, no tienen un final claro. Si la Troika los doblega, será un nuevo éxito en la trayectoria de soluciones neoliberales al problema causado por el neoliberalismo. Además, será un nuevo estallido social en Grecia, que difícilmente el gobierno pueda sobrevivir. Que Grecia declare el default, no sería nada demasiado nuevo o terrible respecto de su situación actual; pero una salida del euro sí sería un fuerte golpe. Más si esto significa un acercamiento a Rusia, que saldría fortalecida sin mayores costos. La auditoría de la deuda, finalmente, representa el antecedente quizás más valioso de lo que está ocurriendo, emulando la experiencia de Ecuador.

(Por Francisco J. Cantamutto) La semana anterior trascendieron una serie de acuerdos entre Argentina y Rusia. Ambos gobiernos se anotan favores, mientras se consolida la subordinación argentina a las potencias en ascenso.

Con clima de festejo, se cerraron la semana pasada una serie de 17 acuerdos entre nuestro país y Rusia, en el marco de negociaciones iniciadas en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Cristina Fernández y Vladimir Putin celebraron los acuerdos: no es para menos, a ambos dirigentes le significó un éxito en sus propios términos. Varios de los acuerdos se mantuvieron en secreto, estas líneas analizan lo que tomó estado público.

¿Qué persigue Rusia?

Es necesario partir de un hecho clave: Rusia es una potencia en ascenso. Junto a China, representan verdaderas maquinarias  de expansión. China ya es la primera economía del mundo en diversas mediciones, desplazando a Estados Unidos. Ambos países, repletos de recursos naturales y fuerza de trabajo –calificada y no calificada- tienen las condiciones para desplegar procesos autocentrados de desarrollo. Sin embargo, desde fines de los ’70 China y mediados de los ’80 Rusia, han optado por la expansión de sus economías integrándose al mercado mundial.

En este sentido, además del intercambio comercial, las economías adquieren un comportamiento típico de los centros medianos de acumulación, exportando capitales a zonas de influencia. China en Asia, Rusia en Europa del Este y Medio Oriente, ambas en África, histórico territorio de saqueo de las potencias. Las inversiones y los préstamos se combinan para establecer relaciones de dependencia más profundas que complementan el intercambio comercial desigual. Esto no implica que no reciban capitales de países centrales, como Estados Unidos, Alemania o Francia; pero en ambos casos este proceso se amalgama con una expansión hacia afuera de los propios capitales. Similar a lo que hace en nuestra región Brasil.

De esta forma, se garantizan flujos futuros de capital, en concepto de ganancias, regalías, dividendos, intereses. Además, permite desplegar una estrategia de geopolítica que les garantice acceso a recursos, o a ubicaciones comerciales o militares clave. Ambos países tienen gobiernos altamente centralizados, con capacidad de disciplinar a la población y las huestes internas, desplegando estas estrategias de modo consistente. Una diferencia entre ambas es la mayor disposición de Rusia a demostrar su poderío militar, como históricamente ha hecho. China también tiene fuerzas militares fuertes, pero Rusia tiene mayores roces históricos con las potencias occidentales, que la llevan a poner a prueba su eficacia. El campo de batalla, como siempre, es ajeno: tal es el lugar de Ucrania desde hace más de un año a esta parte. La absorción  de países eslavos a la órbita de la Unión Europea finalmente se encontró con un límite.

Estados Unidos, aunque, sigue siendo la potencia hegemónica en el mundo, encuentra crecientes dificultades para sostener su posición. Desde 2001 a esta parte se ha apoyado cada vez más en su fuerza militar, tratando –sin éxito- de compensar su declive económico, cultural y diplomático. Recientemente, ha intentado reconstruir su influencia en América Latina, con los diálogos con Cuba, la rehabilitación de la Cumbre de las Américas, y la amenaza a Venezuela. Rusia apoyó al país del Caribe, movilizando incluso tropas para asegurar que el imperialismo yanqui lo piense dos veces antes de entrometerse.

¿Qué busca Argentina?

La gestión económica kirchnerista logra llegar al final de su mandato con problemas, pero sin crisis. La agenda de problemas está priorizada por la falta de dólares, en el contexto de dificultades para tomar deuda a tasas razonables (la última emisión debió pagar casi 9% de interés). La necesidad de evitar la salida de dólares requiere, además, de  solucionar el problema de la restricción energética para moderar la salida, e impulsar el comercio para elevar el ingreso de divisas. Además, con la industria en recesión por la falta de demanda de Brasil, necesita impulsar la inversión para evitar una caída de la ocupación.

Los acuerdos con Rusia son plenamente coherentes en el marco de estas necesidades. Las inversiones prometidas por la potencia se orientan principalmente a infraestructura energética: acuerdos de exploración entre Gazprom e YPF, y la construcción de una sexta central nuclear, acordada entre Rosatem Overseas y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). En ambos casos, significa el ingreso de divisas, para aliviar la falta de energía, el impulso a la inversión, y de ello, la creación de empleos. Se esperan unos 6000 puestos de trabajo directos por la central nuclear. Todo indica ganancias para el gobierno: dólares, inversión, energía, puestos de trabajo.

Además, estos megaproyectos –que incluyen también participación en represas en el Sur- favorecerán en particular al capital ligado a la construcción, una de las fracciones más kirchnerista de las clases dominantes (incluso mucho más allá de los amigotes del poder que se denuncian en los grandes medios). A pesar de ello, debe señalarse que los acuerdos se establecieron entre empresas estatales, mostrando las fuertes limitaciones del empresariado argentino para liderar cualquier proceso de desarrollo en áreas sofisticadas. A pesar de que, tal como ocurriera con el ARSAT-1, todo lo avanzado lo aporta el Estado, el gobierno no deja de buscar impulsar a la burguesía “nacional” que llamó al proyecto en mayo de 2003. Los acuerdos buscan maximizar los componentes nacionales, justamente para movilizar a estos capitalistas, más dinámicos en reclamar que en invertir. De hecho, se incluyó también el desarrollo aeroespacial.

Por lo pronto, en esta cruzada, ambos gobiernos se anotaron favores en la diplomacia externa. Rusia se comprometió a apoyar a Argentina en la cuestión de Malvinas, en el conflicto con los fondos buitres y en la iniciativa ante la ONU de regular reestructuraciones de deuda pública. Argentina, a cambio, apoyará a Rusia en la cuestión ucraniana, pidiendo a la coalición occidental levantar las sanciones.

De conjunto, el gobierno busca sacar lo mejor que puede de un acuerdo subordinado a una potencia en ascenso. Tal como se establecen las relaciones de dependencia, el intercambio comercial entre ambos países que se impulsa por estos acuerdos resulta deficitario para Argentina, especializado en vender bienes de bajo contenido tecnológico. Las inversiones en infraestructura con tecnología rusa –como ocurrió con China hace poco- le garantizan a futuro tanto ventas tanto como flujos de pagos de intereses, utilidades, regalías. Argentina queda así asociada a las dos potencias en ascenso, pero en ambos casos en una relación de abierta subordinación, desplazando a futuro el conflicto político. Ciertamente, una fuerte diferencia respecto de la estrategia de resistencia ante el ascenso de la hegemonía estadounidense en el siglo XX.

(Por Francisco J. Cantamutto) Se cumple el viernes el 15° aniversario del fallecimiento de Alejandro Olmos, el periodista que dio cuenta del carácter ilegal, ilegítimo y usurero de la deuda argentina.

El día viernes 24 se cumplen 15 años del fallecimiento del periodista Alejandro Olmos, y la mejor manera de homenajearlo no podría ser otra que enfatizar el desmanejo de la deuda. Olmos fue el periodista que reunió sigilosamente las pruebas sobre el endeudamiento, que los sucesivos gobiernos se negaron a investigar. Presentó varias demandas sobre el asunto, pero no llegaría a ver el resultado de su esfuerzo militante: pocos meses después de su deceso, el juez federal Ballesteros resolvió sobre el carácter ilegal, ilegítimo y usurero de la deuda. Corría el año 2000 y los movimientos populares se manifestaban en las calles argentinas contra el ajuste y el pago de la deuda. El neoliberalismo caía en desgracia por la fuerza de la impugnación popular.

Se creaba esos años la Alianza Social Continental,  en el marco de la cual se organizó 3 años después una gigantesca consulta popular, en la que el 88% de los más de 2 millones de votos se expresaron contra el pago de la deuda. El gobierno de Néstor Kirchner, en lugar de auditar la deuda, como se le demandaba, prefirió organizar un canje que garantizara los pagos. Ese 2005, la Contracumbre de los Pueblos en Mar del Plata también repudió la deuda (quinto punto de su declaración). Kirchner, en cambio, definió el pago al FMI a fin de ese año.

Y apareció poco después la idea de una política de “desendeudamiento”, cuyo mérito habría sido pagar todas las deudas posibles, evitando toda investigación sobre el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda.  Los “pagadores seriales”, como dijo Cristina Fernández, contaron para ello con el apoyo de Estados Unidos y grandes bancos – buitres, como el Citibank, el Deutsche, el Barclays.

El año pasado, a instancias del enfrentamiento con unos pocos buitres díscolos, se aprobó la mal llamada ley de “Pago Soberano”, donde se aprobó pagar y luego investigar. Contra toda esperanza que pudiera abrigar esa engañosa fórmula, nada ha pasado, igual que con el fallo de Ballesteros. Como Olmos, duerme el sueño de los justos, mientras continúa la expoliación de nuestros recursos, ahora con una retórica progresista.

El Foro Argentino de la Deuda Externa realizará el viernes a las 17 hs. un homenaje a Olmos, su creador, en calle 15 y Diagonal 74, en La Plata.

Reproducimos abajo fragmentos de la declaración de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.

Acerca de la Comisión Bicameral sobre la deuda externa argentina.

Desde la normalización institucional en 1983, ha sido un reclamo popular el de la constitución de una auditoría de conformación representativa y popular, que investigue y determine sobre la deuda externa en la Argentina, con el fin de establecer su origen, su crecimiento, las maniobras efectuadas a su respecto, particularmente todo lo correspondiente al período de la dictadura cívico-militar genocida de 1976 a 1983,  y decidir sobre lo que se considerara de carácter ilegítimo y por tanto no proceder a su pago. Las instancias institucionales no se hicieron eco de este reclamo y siguieron pagando como si buena parte de esa llamada “deuda” no fuera absolutamente ilegítima de origen y de consolidación.

De esa manera, después de 1983 se continuó pagando, lo que significaba aceptarla en toda su dimensión y sepultar la investigación y decisión realmente soberana. Esto hasta la actualidad.

El 13 de junio del año 2000, y en el marco de la sentencia en el  juicio promovido por Alejandro Olmos (“Olmos Alejandro s/denuncia” (Expte. 14467), ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaria Nº 4), el Juez Ballesteros, a cargo de la causa, resolvió remitir copia de dicha resolución al “Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”. Esta resolución abría el paso para la constitución de una Comisión Bicameral. Esta resolución nunca fue ejecutada, a pesar de que en su consecuencia se presentaran varios proyectos en el Congreso que tampoco nunca fueron tratados.

El movimiento popular siguió insistiendo y reivindicando la causa Olmos, pero tampoco tuvo respuesta.

De pronto el 11/9/2014 y en el marco de una ley denominada de Pago soberano (de la deuda) que consagraba el pago y no la investigación, las Cámaras de Diputados y Senadores introducen para inducir a su aprobación el artículo 12, que [crea una comisión de investigación].

Claro que a quienes luchamos siempre por una auditoría popular, por la suspensión del pago de la deuda o por el no pago de la deuda, que la hemos calificado permanentemente como “deuda odiosa” (de acuerdo al significado internacional), no nos satisfizo esa ley que consagraba el pague primero, investigue después y que en definitiva creaba una comisión sólo a nivel del Congreso.

No obstante, tampoco esta vez se constituyó la Comisión aprobada.

Todo esto constituye un verdadero fraude político hacia la ciudadanía, ya que la investigación necesaria sobre el carácter ilegítimo de la deuda se ha pospuesto sistemáticamente, aunque se haya utilizado de forma publicitaria la aprobación de esa Comisión.

Pues bien, aunque no satisfaga nuestras posiciones sobre la formación e integración y atento a que existe ya una ley que la dispone, somos nosotros quienes ahora exigimos su formación.

Nosotras/os, diputadas y diputados, movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, universitarios, profesionales, trabajadores, jubilados y jubiladas, movimientos políticos organizados.

Nosotras y nosotros, los que auspiciamos y promovemos la Conferencia Internacional sobre deuda, bienes comunes y dominación que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, los días 3, 4 y 5 de junio próximos, a 10 años del No al ALCA.

(Por Francisco J. Cantamutto) Tras la decisión del Citybank de retirarse del negocio de la deuda argentina, el gobierno ha salido a presionarlo para garantizarse su apoyo en la pelea contra el fondo buitre MNL Capital.

La batalla judicial con el fondo buitre MNL Capital y su juez neoyorquino, Thomas Griesa, no cesa. Tras haber conseguido el año pasado los fallos firmes para cobrar el 100% del valor de los bonos comprados a precio de remate, más intereses vencidos y punitorios, el juez se ha dedicado a trabar pagos todas las veces posibles, de modo de forzar a Argentina a cumplir con su fallo. El mes pasado, trabó al Citybank los pagos de bonos regularizados en los canjes. Lo llamativo fue que estos pagos debían realizarse en Argentina, bajo ley argentina, por la sede local del banco. Es que en esta cruzada, Griesa no reconoce límites a su jurisdicción. Detrás de MNL Capital, hay otros fondos buitres que buscan ganar los mismos privilegios que el juez otorga, reclamando pagos por 5.400 millones de dólares. Se ha denominado a estos buitres “me too” (“yo también”).

El gobierno argentino, que capitalizó políticamente el antagonismo con esta fracción de rapiña del capital (“Patria o buitres”), se ha sostenido firme en su postura de no pagar en estos términos. Esto no deja de ser llamativo, ya que la “hoja de ruta Boudou” que venía cumpliendo a rajatabla indicaba el pago de todas las acreencias y litigios (Club de París, CIADI, Repsol, etc.). Al vencerse la cláusula RUFO a fin de 2014, era esperable que el gobierno buscara un arreglo veloz con MNL Capital, dado que disponía de los fondos. Habiendo transcurrido el primer trimestre del año, queda claro que no es la estrategia elegida por el gobierno, que se ha sostenido firme en su batalla en este frente, a pesar de continuar pagando toda otra deuda –y, hay que insistir, negándose a auditarla.

El Citybank trató de destrabar los pagos apelando la medida en diversas instancias, sin lograr  mayores resultados. A fines de marzo, se conoció que la centenaria entidad bancaria había pactado con el fondo buitre que se le habilite la posibilidad de pagar los siguientes vencimientos, a cambio de no volver a apelar y retirarse del negocio de la deuda argentina. Una actividad que le reditúa 17 millones de dólares al año, a pesar de constituir sólo el 2% de sus negocios en el país. De esta forma, abandonaría esta actividad a cambio de ahorrarse problemas.

El ministro de economía Axel Kicillof reaccionó duramente esta semana. “En lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”, sorprendió en declaraciones el ministro. El increíblemente extraño argumento sería que el Citibank debería ser un camarada en la batalla contra MNL Capital, traicionando su propia naturaleza como conocida ave de presa financiera. El gobierno pretende, continuando con lo que ha sido su estrategia de alianzas hasta hoy, poner buitres (que cobran) contra buitres (que reclaman).

Kicillof señaló que el gobierno está pidiendo ante la justicia que se declare nulo el pacto entre el City y MNL Capital, haciendo nulas todas las acciones que del mismo se derivan. Para ello interpuso una medida cautelar, alegando que el pacto firmado en Nueva York va en perjuicio de Argentina y los propios clientes del City, por afectar tanto la regulación de la deuda pública argentina como los negocios locales. No deja de ser llamativo que el gobierno pretenda que la justicia nacional amplíe su jurisdicción a un trato hecho en el exterior, entre entidades con afinco en otro país. Un fabuloso enredo jurídico.

El City buscó aquietar las aguas, señalando que su decisión de retirarse del negocio fue previa al pacto. De todas formas, sus propios alegatos indican que resultaron posteriores a las resoluciones del juez, indicando que el banco no quiere litigar por este negocio. Señaló que actuó bajo las leyes argentinas en todo momento.

El gobierno argentino ha desplegado un accionar decidido de cumplir sus amenazas. El Banco Central inhabilitó al CEO del Citybank en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país. Además, se suspendió al banco como operador bursátil. Le reclama, en definitiva, pagar con lealtad las ingentes ganancias que obtiene.

Al mismo tiempo, ha apelado el fallo ante la Corte de Nueva York. Alega el gobierno que Griesa confunde deuda nominada en dólares con deuda externa. “El juez Griesa piensa que como el dólar es la moneda mundial, su jurisdicción es el mundo”, señaló Kicillof. La deuda en cuestión es deuda doméstica, de acuerdo con su jurisdicción de aplicación, pero nominada en dólares.

Esta misma semana, el gobierno argentino encontró el apoyo explícito de otra gran ave carroñera. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un avance de su Informe sobre Estabilidad Financiera, donde cuestiona severamente la agresividad de los fondos de inversión, que ponen en riesgo al sistema financiero internacional. Pidió por ello mayores regulaciones de los Estados, un reclamo que se empalma de perillas con el proyecto de regulación presentado por Argentina ante la ONU. El FMI, que ya había advertido sobre los hedge funds y ahora incluyó a los fondos comunes de inversión, reclamó por mayor supervisión activa, con más datos y vigilancia. Estos fondos manejan hoy más de 75 billones de dólares, superando todo el PBI del mundo.

El gobierno argentino, pues, no está solo en su batalla. Si bien el camarada Citybank parece querer hacerse a un costado, otros compañeros –como el FMI- salen al cruce. Aislar a Griesa y el MNL Capital es la estrategia. Todos los demás buitres que quieran participar de la cruzada, son bienvenidos.