Marina Benítez Demtschenko vivió en carne propia los vacíos de la ley ante delitos informáticos, una pesadilla a la que tuvo que enfrentarse cuando su ex pareja difundió material íntimo sin su consentimiento.

Desde ese entonces viró su profesión, la abogacía, hacia la defensa de los derechos de las mujeres ante delitos de violencia machista en internet y creó la organización “Activismo Feminista Digital”. Diserta esta tarde en la Cátedra de Violencia de Género de la UNS.

“Tomé conocimiento de todo un sistema disfuncional desde el Estado para el abordaje de esta problemática, a partir de ahí empecé a estudiar y me comprometí con un proyecto de ley para la penalización de toda agresión digital dentro de la violencia machista”, comentó en diálogo con FM De la Calle.

La violencia machista online no solamente apunta a la difusión de material íntimo sino también “al acoso virtual,  comprende el acecho, el hostigamiento por cuentas conocidas o anónimas, o hackeo de redes sociales. Todas estas facetas de violencia machista vulneran un montón de derechos fundamentales de las mujeres”.

“Los varones lo sufren en un mínimo porcentaje, por eso reconocemos que es violencia machista, somos más víctimas nosotras porque hay un sistema que no acompaña, una sociedad que culpabiliza, que nos condena. Lo que pasa con el resto de las violencia pasa en Internet porque allí también se refleja el machismo”.

Desconocimiento en organismos estatales

“El gran problema radica en la falta de preparación del personal del Estado, estamos combinando no solo la perspectiva de género, que es tan compleja para incorporar, adicionado al conocimiento de cómo operan las tecnologías”.

“Por eso es que desde la organización proponemos la alfabetización digital de las usuarias, que comprendan cómo deben llevar adelante la autogestión de las plataformas, que conozcan sus derechos digitales. Y, además, la capacitación a agentes del Estado”.

“Más que cuidarnos nosotras lo que decimos es que pongamos el foco en los agresores. Esto no está bien. También exigirle a los varones que dejen de normalizar la exposición de la intimidad de las mujeres y que entiendan que estas tecnologías les permiten impunidad. Que no sea un delito no significa que no cause daño. Estas prácticas son delitos en otras partes del mundo, hay que generar concientización muy fuerte sobre los varones porque el grupo del fulbito o de los pibes del barrio está lleno de material no consentido de mujeres en la intimidad”.

La libertad de expresión como uno de los derechos más socavados por la violencia machista

“El machismo en internet es censura porque desacredita, humilla y, como efecto colateral, hace que llames vos a la autocensura para no recibir violencia en los niveles que recibimos. Para evitar eso cierro las cuentas, no hablo, no participo. Así opera el machismo que no quiere que estemos presentes en los espacios digitales”.

“Estamos hablando de apologías de femicidios, cosas muy bravas, por eso tratamos de apuntar a la alfabetización de las usuarias en el plano legal. Esto es un delito. Queremos incentivar a la denuncia porque permite el reflejo en estadísticas para luego realizar políticas públicas”.

Qué reproducir en los medios y qué no

“La falta de terminología adecuada. Vemos noticias sobre pornovenganza que como término tiene un corte sexista porque no es porno ni venganza, es material íntimo lesionando la intimidad y privacidad de una mujer”.

“Por otro lado se juega mucho con el morbo de `te voy a mostrar este material´ y se continúa con la viralización. Lo mejor que podemos hacer es inhibir la continuidad de esa circulación. Ir contra lo que efectivamente genera el click, contra el morbo para la atención publica. La vida íntima de las mujeres motiva la atención pública y se utiliza como producto”.

Por cuarto año consecutivo la Asamblea de mujeres, lesbianas, trans y no binaries de Bahía Blanca convocó a la movilización Ni Una Menos.

Será desde las 17:30 en la Plaza Rivadavia bajo las consignas “Ni Una Menos por femicidios, transfemicidios, travesticidios. Ni Una Menos por abortos clandestinos. Ni Una Menos por redes de trata. Ni Una Menos por políticas de ajuste, cierre de fábricas y quita de jubilaciones”.

“En un gobierno neoliberal estamos atravesando una política de ajuste, colonización económica y nos afecta más a las mujeres, sumado a la quita de la Ley de Moratoria. Es un Ni Una Menos particular, dijo a FM De la Calle Sabrina García Díaz, integrante de la agrupación La rebelión de las Evas.

Agregó que en materia de violencia machista “hay una subejecución del presupuesto del municipio, sabemos que con respecto a la violencia de género, no se ha asignado recursos, es muy bajo”.

 

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) Este 3 de junio quienes integramos la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca sostenemos nuestro convencimiento de que no hay NI UNA MENOS sin comunicación con perspectiva de género; por ello hoy volvemos a denunciar:

• Que en nuestro país donde se cometen femicidios a diario, los dueños de los medios también son responsables por la difusión de mensajes de odio contra las mujeres e identidades disidentes, así como de la reproducción de noticias basadas en estereotipos y roles funcionales al sistema patriarcal.

• Que pese a que las mujeres representamos a más del 50 por ciento de la población, en los medios de comunicación no llegamos siquiera a constituir un 30 por ciento.

• Que las mujeres e identidades disidentes protagonizamos apenas el 21 por ciento de las noticias; en parte porque no somos la primera opción a la hora de consultar fuentes periodísticas y porque se nos relega y se nos arrebata la posibilidad de construir agendas propias. En cambio cuando sí ocupamos los titulares es porque se trata de casos de extrema violencia contra nuestros cuerpos siendo sometidas al juzgamiento y a la exposición pública.

• Que las mismas prácticas machistas que visibilizamos y repudiamos no nos son ajenas ya que muchas veces se reproducen en nuestros propios lugares de trabajo y cuando denunciamos las violencias a las que somos reducidas por parte de nuestros jefes y/o compañeros, la única respuesta que obtenemos es el despido como herramienta disciplinadora en un contexto hostil dejándonos en una posición doblemente vulnerable.

• También denunciamos que ni las representaciones sindicales, ni las empresas periodísticas garantizaron nuestro derecho de parar el último 8 de marzo; por el contrario eligieron una cobertura “maquillada” de dicha jornada de lucha donde el reclamo por nuestros derechos quedó invisibilizado.

No hay NI UNA MENOS si los gobiernos continúan subejecutando las partidas presupuestarias estatales destinadas a erradicar las violencias contra las mujeres y los medios resultan cómplices no contándole al conjunto de la población que esto está sucediendo.

No hay NI UNA MENOS si la pauta oficial destinada a garantizar pluralidad y equidad en el ejercicio de la comunicación, es otorgada a medios de comunicación que profundizan y/o avalan la violencia simbólica.

Somos conscientes de que el periodismo con perspectiva de género es una decisión política, y que su aplicabilidad resulta de una necesidad imperante de formación en la materia; por ello exigimos acciones concretas para alcanzar la igualdad en nuestros espacios de trabajo y en los contenidos que producimos.

Quienes integramos la Red de Comunicadoras Bahía Blanca nos queremos fuertes, libres y con voz propia. Nos queremos unidas, solidarias y con trabajo digno. Nos queremos valoradas y respetadas, también en el ejercicio de nuestra profesión sin empresas periodística que se apropien o condicionen nuestra libertad de expresión.

Una vez más y las que sean necesarias decimos que sin comunicación con perspectiva de género no hay NI UNA MENOS.

El Equipo de Antropología Forense peritará los restos de Johana Ramallo, joven desaparecida en 2017 en La Plata.  Su familia denuncia que  fue captada por una red de trata.

Marta Ramallo, la madre de la víctima, dijo a FM De la Calle que “el mes pasado fui citada por el juez Adolfo Ziulu quien me informó que los restos encontrados en agosto del 2018 pertenecen a mi hija y hoy, a casi un mes de esa noticia, no logramos tener imputados en la causa ni nos entregaron partes del cuerpo. A Johana la descuartizaron y la tiraron por partes”.

“El cuerpo de Johana está hablando, espero que lo diga todo, que la justicia meta en cana a todos los culpables, a los que me la desparecieron y a todos los que estén involucrados en esto”.

“Conseguimos que la causa sea investigada sobre una línea de trata de personas, de prostitución. Logramos que el fuero federal agarre la causa y así se mantuvo la búsqueda con pocos rastrillajes, con pocos allanamientos. Nosotros llevamos una búsqueda paralela, leíamos la causa y veíamos que no había progreso, íbamos a investigar por nuestra cuenta y llevábamos la información al juzgado luchando contra el poder judicial patriarcal”.

Marta destacó que la familia plantea la hipótesis de la red de trata de personas “por la forma en la que desapareció, por la zona en la que fue vista por última vez, por quienes estaban involucrados, por las amenazas que sufrió mi familia. Hubo una marcha que movilizó a La Plata y a la madrugada tirotearon mi casa con una escopeta. Lo único que sé es que fue el hermano de un cana. Recibí amenazas telefónicas que deje de hablar de la prostitución, de los narcos. Así los 22 meses desde su desaparición”.

“Se levantó el secreto de sumario y las novedades son las mismas que me comunicaron ese 30 de abril. Me sacaron a mi hija de la peor manera”, concluyó.

Esta tarde se presentará por octava vez en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diversas organizaciones feministas.

Aleida Ríos, integrante de la Campaña local, comentó a FM De la Calle la iniciativa “no habla solo de mujeres, hablamos de otras identidades con capacidad de gestar en el marco del respeto a la identidad de género. La cobertura de la práctica tiene que ser integral y gratuita. Hablamos de las obras sociales. Los mismos objetores terminan enviando a la clandestinidad y no atendiéndolas en los consultorios públicos sino en los suyos privados y cobrándoles”.

El proyecto introduce modificaciones al Código Penal: “Por ejemplo que no se penalice a la persona que decide realizarse un aborto y tampoco se penalice a los acompañantes, sea une efector o efectora de salud, como familiares. Fue un punto reñido porque podemos decir que sacando esta penalización se llega a un punto de comprensión del deseo de interrumpir el embarazo”.

Por su parte, Nelly Minyersky, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirmó que lo que no se puede tolerar “es que se le impongan a una niña de once años, en lugar de preocuparse porque no la violen más se preocupen por que tenga ese embarazo. El Senado no es un organismo de la democracia, en 1994 cuando se reformó la Constitución no se pudo modificar. Poner en el mismo nivel a una persona corpórea y a un feto es algo contrario a toda moral”.

“Los antiderechos como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, están en contra de la democracia. Detrás de la lucha contra el aborto también aparecen aquellos que no están a favor de la Convención de los Derechos del Niño. Mi hijo es mío es decir que el chico no es sujeto de derecho. Y con las mujeres pasa lo mismo. Cuando se está en contra del aborto aparece algo más profundo que es que se está en contra de democracia”.

Se cumplen cuatro años del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Su familia destacó que no hay avances en la investigación para encontrar a los culpables.

La prima de la joven, Wanda Banegas, comentó a FM De la Calle que “hubo cuatro fiscales en la causa en cuatro años. Nos sentimos como que nos tomaron el pelo y que esto no se sabe por cuestiones más grandes. Nos sentimos usados porque incluso llegamos a abrir las puertas de nuestras casas para que vinieran a investigar acá”.

“Hay uno que hizo bien las cosas que era Christian Long pero, lamentablemente, tuvo que salir de la causa y nos tocó (Mauricio) Del Cero y creo que fue todo peor porque todo lo que se investigó fue para atrás, no hizo nada, dejó la causa dormida en Fiscalía y hace un año atrás reclamábamos que se fuera del caso. Juntámos un montón de firmas, incluso fui a ver a Juan Pablo Fernández, me dio una reunión y con mi tío le presentamos la carpeta llena de firmas de un pueblo y la zona y este señor se fue del caso”.

“Nos tocó Viego que hace bastante que tiene el caso y no ha hecho nada. Yo no lo conozco. Mi tío fue y la impresión que le dejó es triste porque le quiere echar las culpas a un muerto”, dijo Banegas en referencia a Josué González, nieto de “Canini” González, el hombre linchado horas después del hallazgo del cuerpo de Katherine.

“Todo nos lleva a una sola fase de la investigación y a que nos mintieron y nos tomaron el pelo. Ese momento no podés pensar pero ahora nos damos cuenta. Nos hacían buscar en un lugar que no estaba, el cuerpo apareció a metros de mi casa, donde ya habíamos buscado: no estaba el cuerpo de Kathy ahí”, comentó.

Banegas afirmó que “en Monte Hermoso no vamos a recibir ayuda, acá se está tapando un crimen, acá está prohibido. Si me preguntás qué pasó con Katherine: la mató el poder. Le pasó lo mismo que a María Soledad Morales. Le pasó lo mismo. Después de esto no quedás bien, no volvés a ser el mismo. Tu vida, incluso caminar por Monte, no es lo mismo. Hay mucha gente que está en silencio porque tienen miedo”.

“Hay muchas voces que hoy no están en el espacio público y tienen mucho para decirnos. ¿Cuántas veces encontramos las mismas voces, las mismas entrevistas, las mismas respuestas previsibles de los “opineitors” de turno? Es un laburo encontrarlas, es parte de nuestra tarea y desafío”.

Ana Cacopardo es periodista, documentalista y actualmente realiza el ciclo de entrevistas Historias Debidas que se emite por Canal Encuentro. Esta tarde participará de la Cátedra Libre de Violencia de Género de la UNS -a las 19 en Colón 80-. Antes, analizó en diálogo con FM De la Calle el lugar que ocupan las resistencias en los medios de comunicación.

“Me interesa pensar violencias y resistencias. Hace muchos años trabajo con entrevistas de fondo, con la voz testimonial, pensar qué ilumina la voz testimonial, qué nos trae para reflexionar, no solo las formas que asume la violencia y las formas de las resistencias”, comentó Cacopardo.

“Hay una cita de Italo Calvino que dice que en la comunicación el eslabón más importante es el de la escucha. Estamos en un tiempo donde escuchamos muy poco y siento que ese es el primer paso que hay que dar cuando laburamos con la voz testimonial de las víctimas, que no solamente nos vienen a traer un reconocimiento de la violencia sino también otras cosas, son sujetos políticos. Desde el dolor se han generado activismos que son resistentes, sujetos políticos que han ensanchado nuestra democracia”.

“¿Cómo visibilizamos violencias? Si no lo hacemos se naturalizan. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, contar un femicidio no sea instalar en la voz pública la voz del femicida? Y, al mismo tiempo, cómo cuando trabajamos con las víctimas no las pensamos como eso nada más sino como sujetas políticas”, finalizó.

(Por @Espacio de Economía Feminista UNICEN /Espacio de Economía Feminista en la SEC Feminista regional CABA) El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables.

La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo.

El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.

El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.

Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.

Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3.6% de trabajadores en casas particulares (en su mayoría mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).

Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad

Paradójicamente, el fin de medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.

Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida, exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridxs en la década anterior.

La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años), y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual y debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio. Este sistema lejos de ser una protección social robusta que garantice bienestar en las 110.711 personas beneficiarias provee una suma dineraria de $8.328,30, estando a un 10% de la línea de pobreza individual para la compra de alimentos y servicios básicos que asciende a $9.185 .

Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.

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#FinDeLaMoratoria
#EconomíaFeminista
#EsoQueLlamanAmorEsTrabajoNoPago

En 2017 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra impidió que una joven de 19 años se realizara un aborto no punible por ser un embarazo producto de una violación. Actualmente, el médico enfrenta un juicio en Cipolletti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, dijo a FM De la Calle que “este juicio es una oportunidad para mostrar que no es lo mismo una cosa que la otra, que obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres tiene que tener consecuencias”.

“Tenemos mucho interés porque está en juego la responsabilidad de un profesional que se ha dedicado activamente a violar derechos. Está en juego el derecho de las mujeres a que se respete su decisión en lo que la ley contempla desde hace cien años”, comentó la abogada.

“El Estado tiene la obligación de garantizar un aborto no punible. Esta joven fue con un aborto en curso, ni siquiera lo que se le pedía es que realice el aborto sino que permitiera su finalización. Lo que él hizo fue en contra de la voluntad de esta mujer, suministrarle medicación para interrumpir ese aborto y obligarla a que continúe con esa gestación”.

“Lo que hizo fue muy problemático porque está mostrando una manera de ejercer la medicina que es desatendiendo a los pacientes, suministrándole medicación sin su consentimiento informado, manteniendo a una mujer casi privada de la libertad dentro de un hospital público para que se lleve adelante al decisión del médico y no de la mujer”.

La especialista destacó que “va a ser muy importante que la justicia reafirme el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres. La pena no es muy elevada, lo más importante es la accesoria de habilitación para ejercer ese cargo y revisar su matrícula profesional porque, más allá de la terrible vulneración de los derechos de esta mujer, lo que muestra es un total desinterés por los derechos de los pacientes y eso es muy preocupante. “, finalizó Gherardi.

El Gobierno Nacional impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que, entre otras cosas, plantea restricciones al acceso a una Interrupción Legal del Embarazo.

Patricia Bustamante, integrante del grupo de trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP, calificó a la iniciativa como “regresiva” y comentó sus posibles efectos a FM De la Calle.

“Actualmente lo que más enfatiza la Corte es que no hay que judicializar, solo es necesario el consentimiento mediante una declaración jurada. El proyecto de reforma no aclara esto, solamente como causal pone abuso sexual”.

Bustamante resaltó que el proyecto crea dos figuras: “Habla del aborto culposo, que en este momento no existe en Argentina y sí existe en muy pocos países como El Salvador y Guatemala  que criminalizan el aborto”.

“También crea la figura de lesiones a la ‘persona por nacer’. Hoy el Código Civil, cuando habla del nacimiento de las personas, no le da entidad jurídica al feto. Esto le daría entidad jurídica y una tutela por fuera del cuerpo de la persona gestante. Es muy preocupante porque ni siquiera tomaron en cuenta los tratados internacionales ni la legislación interna”.

“Tenemos una Ley de Fertilización Asistida que en su decreto reglamentario habla de la criopreservación de los embriones. ¿Qué pasaría con esos embriones? ¿Sería un delito si están congelados? Es bastante disparatada además de criminalizadora”, dijo.

Respecto al acceso a la justicia, Bustamante destacó que “teniendo en cuenta las características del caso, el juez o la jueza decidirá las penas. Tenemos una justicia que es sumamente patriarcal, este proyecto le da más poder a los jueces sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres”.

(Por Mariela Dobal*) El 8 de marzo esta ciudad lució sus calles céntricas repletas de niñas, mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries que marcharon y se expresaron denunciando las opresiones e injusticias que sufren en cada rincón teñido de patriarcado. Lo que sucede en los medios de comunicación locales y en las coberturas  en las que están involucrados estos colectivos también fue parte de los reclamos.

“Apoyamos el movimiento de las/es trabajadoras/es de la comunicación para construir medios responsables a pesar de los intentos de silenciamiento, precarización y despidos injustificados, que las grandes cámaras empresarias intentan imponer”, sostiene el documento leído en el acto de Bahía Blanca.

“Paramos porque no queremos ser cómplices de la violencia simbólica ejercida en el tratamiento de las noticias y de la falta de voluntad para capacitar en materia de géneros”, se indica desde la plaza central, mientras un grupo de mujeres, identificadas profundamente con esa visión, aplaude con fuerza y emoción.

Se miran y se encuentran, por primera vez, juntas. Unidas. Temblando de alegría e indignación. Fortalecidas por empezar a reunirse y organizarse para de construirse y no callar más.

La Red de Comunicadoras Bahía Blanca es una realidad. Un espacio de encuentro. Una red que entrama múltiples realidades, experiencias, ideologías, aprendizajes y silencios ya no deseados, de trabajadoras de los medios locales de comunicación. Desde hace meses se reúnen y planifican trabajos compartidos y coberturas mediáticas con real perspectiva de género. Están buscando mecanismos y recopilando información para visibilizar el desigual trato laboral que reciben en sus lugares de trabajo: a misma tarea que los hombres periodistas inferior paga, despidos injustificados por negarse a mandatos patriarcales, sufrir exigencias estereotipadas externas antes de valorarse su formación y experiencia, entre decenas de otras injusticias dignas de este sistema despiadado.

¿Por qué? “Porque no queremos más medios de comunicación hostiles y bastiones del disciplinamiento para quienes queremos producir nuevos sentidos. No estar en los medios es violencia simbólica y laboral. Este 8 de marzo, paramos el mundo. Este 8 de marzo nos hacemos oír, pero no solo hoy sino también mañana porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, expresa la red en un pronunciamiento.

Mientras tanto, y ante las coberturas periodísticas que insisten en“nota de color”, “efeméride semanal” o “nota especial” para difundir estas realidades, perpetuadas en el lenguaje sexista y excluyente, inundadas de lugares comunes y sin consciencia de clase… nacen producciones autogestivas en espacios de comunicación comerciales y comunitarios, que invitan a reflexionar y expresarse.

Surgen discursos que construyen una comunicación fundada en visibilizar y defender los derechos de las personas. Emergen acciones pensadas para escuchar todas las voces posibles, capaces de ilustrar cada realidad negada en las editoriales de medios hegemónicos, reproductores de desigualdades e intolerancia.

Irrumpen trabajadoras de la comunicación que se encuentran en cuerpo y alma para no callarse más y desaprender mandatos y prácticas que las tenían inmóviles. “Paramos el mundo. Nos bajamos. Y ahora nos volvimos a subir. Unidas y empoderadas”. 

Fotos: Fabiola Natalio, Virginia Pascual y Paula Ércoli.

*Nota publicada originalmente en Comuna.

Un grupo de abogados y médicos tucumanos presentaron una denuncia contra Jose Gigena y Cecilia Bousett, quienes le realizaron la microcesárea a la niña de 11 años que tuvo un embarazo producto de una violación.

La senadora Beatriz Mirkin (PJ) comentó que “hay que defender esa terrible situación por la que pasan las mujeres que tienen embarazos no deseados, en este caso una violación por parte de una persona adulta de la familia que la ha llevado a querer suicidarse”.

“El gobernador Manzur estuvo en una marcha provida, junto al vicegobernador, a la ministra de salud, en conjunto con la senadora Elías De Pérez y el obispo encabezando. Están dividiendo la sociedad en una falacia entre los que están a favor de la muerte y de la vida, dicen ellos. En realidad estamos todos a favor de la vida, de la vida de una nena de 11 años”, dijo Mirkin.

Por último, comentó que la provincia “es muy conservadora y hay cada vez más embarazos adolescentes porque no hay educación por la igualdad”.

Compartimos el documento consensuado por la Asamblea de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries de Bahía Blanca leído durante el paro y la manifestación de este viernes 8 de marzo. Fotos: Charlie Pereuilh.

Nosotras/es paramos contra la violencia machista, el ajuste, por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado.

Este 8 de marzo, PARAMOS EL MUNDO.

Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries.

En Bahía Blanca, tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia, junto con miles de mujeres en los más de setenta países en donde se convoca este 3º paro internacional.

Gritamos que NO queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia y explotación patriarcal y capitalista.

Paramos porque:

Reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y exigimos paro activo y plan de lucha a las centrales sindicales.

Le decimos NO al ajuste del gobierno de Macri, les gobernadores y el intendente Héctor Gay.

Paramos en contra de la reforma laboral, previsional y los despidos porque nos afectan doblemente.

También porque los trabajos domésticos y de cuidados que nos son asignados socialmente están invisibilizados y no remunerados.Apoyamos el movimiento de las/es trabajadoras/es de la comunicación para construir medios responsables a pesar de los intentos de silenciamiento, precarización y despidos injustificados, que las grandes cámaras empresarias intentan imponer.

Paramos porque no queremos ser cómplices de la violencia simbólica ejercida en el tratamiento de las noticias y de la falta de voluntad para capacitar en materia de géneros.

Paramos porque las palabras son nuestras armas ante el silencio y el vaciamiento de mujeres, lesbianas trans, travestis y sexualidades disidentes en los medios de comunicación.

¡No nos callamos más!

Rechazamos el pacto con el FMI y el pago de la deuda. La deuda es con nosotras/es.

Asimismo, nos plantamos contra al avance de la derecha en Latinoamérica.

FUERA EL IMPERIALISMO!

Justicia por Marielle Franco y Berta Cáceres.

Frente a los femicidios, travesticidios, transfemicidios y la violencia machista decimos: el Estado es responsable.

Para terminar con todo tipo de violencia, desde el primer Ni una menos levantamos demandas concretas que comprenden la asistencia integral a las víctimas, el acceso a la vivienda digna, trabajo estable y derechos laborales de género.

La respuesta sigue siendo nula.

El Estado nos obliga a parir para luego abandonarnos a la maternidad en condiciones paupérrimas, sin garantizar jardines maternales en lugares de trabajo, estudio y en los barrios, tampoco educación y salud de calidad.

No se implementan las licencias por maternidad para la totalidad de las trabajadoras ni las licencias por violencia de género.

Muchas veces la maternidad y el derecho a la lactancia ponen en riesgo nuestra fuente laboral, demandamos la extensión de las licencias por paternidad.

En este contexto, consideramos de gravedad el reciente cierre de las salas maternales de los jardines municipales, que afecta a las mujeres trabajadoras privándolas del derecho a acceder de forma gratuita a un lugar de contención y cuidado para sus hijes.

Ante los crecientes ataques y crímenes de odio al colectivo LGTBIQ+ reclamamos la promoción, protección y la garantía de los derechos de esta comunidad.

Exigimos la aprobación, reglamentación y cumplimiento del proyecto de cupo laboral trans, ya presentado en el Concejo Deliberante.

Repudiamos la implementación del código de faltas en algunas provincias, que criminaliza la identidad travesti. Vivienda, salud y educación para las travas y trans!

Exigimos real implementación de las leyes locales y nacionales que dictan la emergencia en materia de violencia de género y presupuesto propio acorde a las necesidades bajo control de un organismo de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, autónomo e independiente del Estado y de la Iglesia, electo y revocable por las mismas organizaciones.

 

Denunciamos las muertes, torturas y sometimientos dentro de comisarías, psiquiátricos e instituciones penitenciarias.

Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, con la participación indispensable y complicidad de la justicia, las fuerzas represivas y los funcionarios como parte del sistema prostituyente.

Exigimos justicia por Rosa Aìda Cavallín y aparición con vida de Andrea Esnaola, Marita Verón, María Cash, Johana Ramallo, Florencia Penacchi y todas/es las/es víctimas.

A cuatro años del crimen de Katherine Moscoso denunciamos al gobierno de Monte Hermoso por ser cómplice en su femicidio, y reclamamos esclarecimiento y justicia.

Exigimos el fin de la impunidad sobre las denuncias públicas y/o judiciales realizadas hacia funcionarios y agentes del Estado, amparados por el poder de su cargo.

Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven la violencia machista, racista y capitalista por oponerse a la invasión de los megaproyectos en las comunidades.

 

Nos pronunciamos contra cualquier tipo de política anti inmigratoria.

Exigimos libertad y desprocesamiento a todas/es las luchadoras y les luchadores y preses polítiques.

Basta de persecución a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Absolución para Higui y Moira Millán.
Libertad a Milagro Sala.
Derogación de la ley antiterrorista.
Basta de criminalización de la pobreza.
No a la baja de la edad de imputabilidad.

Nos pronunciamos contra la violencia en espacios de militancia, cultural, política, sindical, social y partidaria.

Por la creación de comisiones de género y elaboración de protocolos.

Basta de justicia misógina y patriarcal; aplicación de la ley Micaela para que quienes desarrollan una labor en los espacios de atención pública de salud, justicia y educación sean capacitadas/es en perspectiva de género.

Exigimos la plena implementación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y procreación responsable. Consideramos imprescindible el real cumplimiento de la ley de forma laica y científica, en todas las instituciones Educativas de manera transversal.

Rechazamos la campaña “con mis hijos no te metas” que, amparada por las iglesias y el Estado, obstaculiza la efectivización de la ESI, herramienta fundamental para la detección de abusos intrafamiliares de menores.

Repudiamos la persecución a las/les docentes que implementan dicha ley. En ese sentido, planteamos la eliminación del Art 5 de la ley actual que habilita la injerencia clerical y la adecuación institucional.

Paramos para que las Instituciones de Salud cuenten con anticonceptivos y se brinden consejerías para garantizar el derecho a decidir.

Denunciamos todo tipo de violencia obstétrica y exigimos el real cumplimiento de la ley de parto respetado.

Nos pronunciamos contra los dichos del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, para quien “todo feminismo termina siendo un machismo con polleras” y “los homosexuales deben ir al psiquiatra”, mientras encubre hordas de pedófilos en sus filas.

También denunciamos el avance de las iglesias evangélicas en nuestro territorio y en la región.

El trasfondo de estas declaraciones ante el potente movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries tiene la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho tan básico como la decisión sobre nuestros propios cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad.

Además, nuestras demandas significan un obstáculo para el pacto entre los sectores anti derechos o “pañuelos celestes” y el poder político y económico, que acuerda con los diferentes cultos a cambio de cooptar a los sectores más vulnerados.

Advertimos que estas alianzas al estilo Bolsonaro en Brasil culminan en la tortura de niñas como ocurrió en Jujuy y Tucumán y el año pasado en Salta, pero que bien sabemos ocurren en todo el país.

Los gobernadores Morales, Manzur y Urtubey son algunos de los abanderados anti derechos. Ellos designan sus provincias como “pro vida” mientras niegan un derecho ganado hace casi un siglo: la interrupción legal del embarazo a niñas violadas. Están cometiendo un delito!

Por eso decimos la maternidad no debe ser obligatoria.

Queremos niñas, no madres, y exigimos la separación de la Iglesia del Estado y el desfinanciamiento de todos los cultos.

Repudiamos a los poderes del Estado desde el advenimiento de la democracia hasta hoy por no aprobar el proyecto de legalización del aborto.

Por eso continuamos exigiendo:

Educación sexual para decidir.

Anticonceptivos para no Abortar.

Aborto Legal para no morir.

El caso de Alejandra Galicio es un emblema de la lucha contra las violencias hacia el colectivo trans y travesti de nuestra ciudad. Tenía 33 años y la encontraron malherida en las instalaciones de la ex bodega Arizu en abril del 2005. Días después falleció en el Hospital Municipal.

“Estuvo en terapia intensiva durante cuatro días y luego falleció. Alejandra era trabajadora sexual pero nunca se investigó el caso, se hicieron unos allanamientos para aparentar. Como era de Salta y su familia era humilde, le dijeron que no se podía hacer nada, que no sabían quién lo había hecho”, relató en FM De la Calle su amiga Yohanna Maidana.

Yohanna recordó a Alejandra como “una persona muy divertida, muy luchadora por ella y por su familia. Le gustaba mucho divertirse. Todas intentamos crear un futuro. Nuestro proyecto era poder tener algo y ayudar a nuestra familia”.

Hace décadas y en un pueblo pequeño ser una mujer trans no era nada fácil: “Nos conocíamos desde los ocho años, somos del mismo pueblo, Colonia Santa Rosa de Salta. Luego fuimos a La Plata y después vinimos a Bahía. En aquel momento éramos muy perseguidas por la policía. Hoy muchas no necesitan dedicarse al trabajo sexual porque pueden hacer otra cosa. Las chicas trans tenemos más posibilidades por el hecho de tener nuestro documento y nuestra identidad. Podemos estudiar, de conseguir un trabajo”.

Maidana agregó que “antes yo renegaba muchísimo y decía porqué nosotras las chicas trans tenemos que pasar por esto. Hoy en día veo a las mujeres luchar por sus derechos y pienso no solo a nosotras nos pasaban cosas. Nada más que esta sociedad es un poco hipócrita y no lo decía”.

La economista feminista Agostina Costantino destacó que para remunerar los trabajos domésticos y de cuidados que hacen las 2 millones 700 mil amas de casa de nuestro país se deberían desembolsar 30 mil millones de pesos, lo que equivale a lo aportado al PBI por todo el sector de la administración pública.

“Sin el trabajo de esas amas de casa el resto de los integrantes no podría salir a trabajar porque tendría que ocuparse de los cuidados personales y familiares diarios”, dijo en FM De la Calle y opinó que “las personas que se encargan de los cuidados deben recibir remuneración pero esas tareas deben dividirse entre varones y mujeres” para no profundizar las desigualdades en el mercado de trabajo desde el origen.

Las amas de casa, las jubiladas y las estudiantes son la mitad de las mujeres de más de 15 años de nuestro país. La otra mitad trabaja o busca empleo fuera del hogar. De ellas, “casi un 10 por ciento está desocupada”.

“De las que logran emplearse, trabajan principalmente en casas particulares -9 de cada 10 son mujeres-, en servicios sociales y de salud -7 de cada 10 lo son- y en la enseñanza repiten esa proporción”, explicó Costantino.

La economista agregó que “son sectores muy mal pagos, por lo cual la discriminación de género se da también por el sesgo de género de cada uno de esos sectores: los de cuidados feminizados y mal pagos y en otros mejores pagos, como la industria y el transporte que son los más masculinizados de la estructura económica, las mujeres solemos ocupar cargos operativos y no de dirección”.

La doctora en Ciencia Política e investigadora del Conicet Natalia Martínez analizó en FM De la Calle las distintas olas del feminismo en el marco del 3º Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.

“Lo conmovedor viene por el lado de la masividad y de la heterogeneidad, se multiplican los feminismos. Hoy es feminismo y qué más. Necesitamos más significantes que den cuenta desde qué feminismo venimos. Y eso habla de la riqueza del momento”, opinó sobre el desarrollo de la cuarta ola en nuestro país.

Agregó que “la metáfora de la ola vino a decir que hubo muchos momentos individuales o aislados que juntos logran desplazar cierta configuración de época”.

Más allá de caracterización internacional de las diferentes etapas del movimiento feminista, la investigadora afirmó que en Argentina “la primera ola se dio a principios de siglo, la segunda en los ’70 y la tercera ola se difumina un poco más porque nuestros ’70 se vinculan a los ’80 por la recuperación democrática”.

“En los ’70 la política partidaria y estatal tenía una connotación peyorativa para las feministas y eso cambio en los ’80 cuando la política y la intervención en ella tuvieron otro sentido”.

Martínez explicó en cuanto a la tercera ola que “hay un cambio muy importante que se da en los ’90 y tiene continuidad con el 2001. Los ’90 dividieron los feminismos en América Latina en torno a la autonomía y a la institucionalidad. Esa aproximación al Estado que se da en los ’80 en los ’90 tomó otro sentido por la política que estaba muy vinculada al proyecto neoliberal”.

“A la cuarta ola se la engloba en la llegada de lo popular al feminismo. Hay un sector que cree que lo novedoso vendría por ahí pero para mí se fue dando antes, hubo ciertas condiciones en el país que hicieron que llegasen. Me parece que lo de hoy se da por la heterogeneidad que siempre fue constitutiva del feminismo pero hoy llega con masividad”, concluyó.

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca)Paramos porque hay un femicidio cada 28 horas. Paramos para repudiar todas las formas de violencias machistas.

Paramos para exigir el aborto Legal, Seguro y Gratuito. Paramos porque no queremos más niñas obligadas a la maternidad.

Paramos porque queremos un Estado presente que no estigmatice a las mujeres y que no elija recortar el presupuesto nacional, provincial y municipal en políticas de género.

Paramos porque decimos basta a la discriminación salarial. No naturalizamos que la brecha salarial entre hombres y mujeres llegue al 27 %, ni que cobremos menos por iguales tareas.

Paramos por las lesbianas y travestis asesinadas. Por las que están desaparecidas. Por las pibas que nunca volvieron.

Paramos porque muchas de las víctimas de violencia no tienen acceso a la justicia. Misma justicia patriarcal y machista, que opera protegiendo y garantizando la impunidad de los violentos.

Paramos por las presas políticas, las perseguidas en nuestra tierra latinoamericana por defender los intereses del pueblo.

Paramos porque exigimos ser oídas, pero por sobre todas las cosas porque queremos tomar decisiones sobre lo que nos afecta.

Nosotras, quienes integramos la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, paramos y decimos basta a los estereotipos históricamente asignados a nuestra profesión.

No queremos más medios de comunicación hostiles y bastiones del disciplinamiento para quienes queremos producir nuevos sentidos. No estar en los medios es violencia simbólica y laboral.

Este 8 de marzo, paramos el mundo. Este 8 de marzo nos hacemos oír, pero no solo hoy sino también mañana porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

¡Ni una Menos, vivas nos queremos!