(Por Mauro Llaneza) El procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White fue solicitado por la fiscalía federal. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

El fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas. Iglesias es un hombre del presidente de la Liga del Sur, Dámaso Larraburu. Supo militar la frustrada candidatura a la intendencia del dirigente peronista y muestra con orgullo su foto con dos que tuvieron mejor suerte: los diputados nacionales Gustavo Bevilacqua y Sergio Massa.

Varios de los hombres investigados son ex integrantes de la Prefectura Naval expulsados por cuestiones disciplinarias y aún tienen contactos en esa u otras fuerzas de seguridad que los mantienen al tanto de los movimientos judiciales y allanamientos. El imputado Eduardo “Moisés” Gutt es actualmente ayudante de primera entre el personal subalterno de la Prefectura Bahía Blanca y advirtió a Beto García que la situación se estaba poniendo “peligrosa”. La exclusión de esa dependencia y su reemplazo por prefectos de Zona Mar Norte, Mar del Plata y Quequén permitió que la madrugada del viernes 15 de abril pudiesen ser rescatadas siete mujeres en el Bar Brodway y cuatro en El Gran Chaparral.

García también se mantiene informado por el policía bonaerense Marcelo de la Rosa a quien alguna vez le pidió que actúe contra El Gran Chaparral, ubicado en la playa de camiones cercana al Triángulo, porque las “fiestas” del restaurante de Martín Vargas le quitaban prostituyentes. Muchos clientes solían ver el cierre de las persianas del local sentados en sus mesas, las luces bajaban, la música subía y los machos estallaban en “aplausos, silbidos y una especie de aliento”. Los cuerpos y la compañía de las “mozas” pasaban a ser vendidos mediante “copas”, bebidas que las mujeres compran al dueño para revender más caras y quedarse con la diferencia.

Luego de la clausura de El Gran Burlesque en Torres 4091, edificio del Piraña Iglesias, los investigadores dieron con una “cumbre” de proxenetas en la cual acordaron variar la modalidad del delito para no ser descubiertos e incorporaron a ex miembros de Prefectura como personal de seguridad. Miguel Ángel “Sapo” Álvarez de Diábolo y José Gabriel Contreras de Las Vegas participaron del encuentro con los miembros de la red denunciada por la Fiscalía.

Varios de ellos están procesados en otras causas y a la espera del juicio oral -como Iglesias- aunque la justicia nunca aceptó mantenerlos en prisión preventiva a pesar del riesgo de fuga y el comprobado entorpecimiento de la instrucción mediante presiones contra las víctimas.

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La investigación concluyó que todas las mujeres rescatadas atraviesan situaciones de pobreza, violencia familiar, son único sostén de familia, madres de varios hijos e hijas menores de edad, inclusive con discapacidades físicas, o tienen parientes mayores enfermos, a quienes deben asistir, padres ausentes (suyos y de sus hijas e hijos), provienen del circuito prostibulario, vivieron circunstancias muy violentas, y no cuentan con estudios secundarios ni ninguna otra alternativa económica viable. “Allá es mierda”, dijo una de las víctimas sobre su país.

Dicha vulnerabilidad “facilita la captación -denominada actualmente ‘captación blanda’- como asimismo, mantener a la persona damnificada en la condición de explotación, asegurándose” los tratantes “no ser delatados y a consecuencia de ello, garantizar su impunidad”.

Muchas de las mujeres rescatadas no se reconocen como víctimas, según los fiscales, “por miedo a represalias por parte de traficantes, contra ellas mismas o sus familiares, trauma, vergüenza, temor al rechazo de su familia al regresar o de la sociedad, falta de confianza o autoestima y falta de información sobre la asistencia disponible”. Ellas vieron que los imputados no fueron detenidos por la jueza Mirta Susana Filipuzzi.

La licenciada en psicología María Victoria Burgos detectó en las víctimas “un vínculo patológico y dependiente con los tratantes, o que tendería a encubrirlos, mostrando enojo y molestia ante la intervención judicial y la interrupción del funcionamiento del que forman parte”.

“¿Se puede ser libre para decidir cuando se encuentran quebrantados los derechos más elementales del ser humano?”, preguntó la referente local de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas Silvina Pasquaré.

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El 13 de febrero de 2014 un llamado anónimo denunció en la línea 145 que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

Una de las mujeres rescatadas en abril dijo que una amiga le pidió que “nunca se meta con Víctor Hugo Iglesias y compañía, alias Los Pirañas, que son muy bravos, que son muy peligrosos, con la droga, no sé, ha tenido chicas encerradas, prostituyéndose”. Otra había “trabajado” en Kaos con un Víctor Hugo: “Él sí las amenazaba, se quedaba con todo el dinero de los pases. Eso hace como seis años atrás, cuando recién llegó de Paraguay. Víctor Hugo si veía una chica que no trabajaba la trataba mal, era re loco, venía y les decía por qué no trabajaban. Arriba de la casa de Víctor Hugo tenía piezas, allí vivió durante cuatro años. En esas habitaciones se hacían los pases. Eso fue más o menos de 2009 a 2013”.

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“¿Por qué las mujeres insisten en jurar no saber nada? ¿No puede aparecer como indicador de la posición dominante e influencia negativa que ejerce el tratante que ellas lo llamen “señor”, “patrón” o “el dueño”? ¿Será por vergüenza que intentan convencernos falsamente que tienen novio (de los cuales no recuerdan sus datos personales) y que por eso han dejado de practicar intercambios sexuales por dinero?”, plantearon los fiscales Castaño y Colombo.

Y agregaron: “¿No es raro que alguien salga solo a tomar algo a un bar de esas características, instalado a la vera de la ruta, dejando a sus hijos durmiendo sin nadie que los cuide, únicamente para divertirse, sin ganar dinero? ¿Es solamente casualidad que todas las entrevistadas hayan tenido una vinculación anterior con el circuito prostibulario bahiense, presenciando inclusive otros procedimientos judiciales? ¿Por qué dicen haber concurrido por esa sola vez, cuando las hemos visto antes, junto a los proxenetas? ¿No debe resultar llamativo que, por ejemplo, la supuesta moza “P” mantenga el mismo discurso que el tratante?”.

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Alfredo Ismael “Beto” García se defendió en la indagatoria diciendo que su negocio “contaba con la habilitación municipal” y que tenía las “obligaciones fiscales en regla”. Dijo que se dedica al “servicio de bar y sanguchería” y que la acusación “infundada” provino de enemigos de Prefectura. Pidió una audiencia en la Municipalidad y se quejó por ser “injustamente perseguido”.

Iglesias ofreció como prueba de su inocencia las grabaciones de las cámaras ubicadas frente a su hotel aunque el fiscal la descartó por los contactos clandestinos que el imputado tenía en el Sistema de Prevención y Vigilancia por Imágenes “que le brindaban protección y aseguraban su impunidad”.

“A mí solo me rompe las bolas, me manda a decir ‘Víctor te vieron que saliste con un fierro’, ‘Víctor te vieron que saliste con un palo'”, le dijo Iglesias telefónicamente a un hombre no identificado quien le contaba que “el de las cámaras”, “el hermano de Martín”, se lavaba las manos y no lo ayudaba.

Eduardo Gutt admitió su amistad de tres décadas con Beto García, a quien conoció en la Prefectura y apuntó también a oficiales de Inteligencia de dicha fuerza con quienes tiene “mala relación”. Alias Moisés advertía sobre los allanamientos a García y este a Iglesias. Para los fiscales “violó todas las normas de secreto que regulan la actividad pública convirtiéndose en un cómplice primario del delito de trata de personas”.

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“Ninguna duda queda a esta altura que tanto en el Bar Brodway de propiedad de Alfredo Ismael García, como así también en El Gran Chaparral de propiedad de Martín Vargas, desde un tiempo desconocido hasta la fecha en que se practicó el procedimiento de registro, detención y secuestro, se cometió el delito descripto supra, habida cuenta que allí se explotaban sexualmente mujeres, las que previamente fueron captadas a través del circuito prostibulario que funciona en este medio, y a consecuencia de lo expuesto, se enriquecieron ilícitamente con el dinero preveniente de dichos intercambios sexuales ajenos. Para ello se valieron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, haciendo de dicho abuso una actividad habitual”.

“Los bares o restaurantes no eran más que la forma de intentar disimular los prostíbulos, siendo las mujeres que se ofrecían o vendían allí el motivo por el cual acudía la clientela. Una clientela muy especial: casi exclusivamente formada por camioneros”, dijeron Castaño y Colombo.

La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº1, sin titular desde la jubilación de Alcindo Álvarez Canale cuatro años atrás. En el Nº2 fue nombrada en febrero de 2015 Gabriela Marrón, de licencia hasta octubre de 2017 para acompañar el traslado laboral a Cuba de su marido. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi ordenó como subrogante los allanamientos de abril y pidió más pruebas para detener a los imputados. Está de licencia. Héctor Plou, titular del Juzgado Federal de Junín, debe resolver el pedido de los fiscales para procesar y dictar la prisión preventiva de los tratantes. Además de sus propios expedientes y los de Bahía Blanca fue designado hasta el 30 de noviembre en otra sede judicial en Santa Rosa. Intentó renunciar a esa responsabilidad pero el Consejo de la Magistratura no se lo permitió.