El fiscal general Juan Pablo Fernández se refirió ayer en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al desarrollo de la investigación que lleva adelante su colega Rodolfo De Lucía sobre la desaparición y posterior femicidio de la niña Micaela Ortega. “Cuando usted busca a una persona que supuestamente está escondida en un lugar o la tienen retenida la busca de una forma determinada, no de esta forma en un descampado (…) Este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”, declaró.
En cuanto a la demora en acceder a “la clave” que desde un primer momento Mónica Cid planteó estaba en la cuenta de Facebook de su hija, el fiscal explicó que “las redes sociales tratan de proteger en todo lo que pueden la intimidad de los usuarios, agravada esta cuestión por tratarse de una empresa que se encuentra en Estados Unidos, con las dificultades propias del idioma, de oficiar a otro país, de que tenga que canalizarse a través de un procedimiento en sí bastante engorroso el pedido de información”.
La empresa informó “oportunamente” algunos datos aunque solo indicaban el lugar desde el cual se conectaba la nena. “Esto no nos servía porque Micaela desde el día en que había desaparecido no se conectaba a su usuario, lo que necesitábamos era el contenido de chat para ver si de allí surgía algún dato sobre dónde iría”.
A partir de la intervención de la embajada estadounidense, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children®), una organización sin fines de lucro financiada por el Congreso de su país, reportó el 25 de mayo “datos puntuales sobre la persona con quien se había comunicado los últimos días”.
Se trataba de un usuario “que tenía una identidad ficticia, cambiada, de género distinto, era una mujer, que se había comunicado con Micaela y le había ofrecido irse a vivir con ella, por lo menos unos días. A partir de este informe y de otra información adicional relativa a otros usuarios que se conectaban desde el mismo protocolo de internet, permite llegar a la casa del sospechoso, Jonathan Luna. Se procede al allanamiento por razones de necesidad y urgencia y allí se incauta un teléfono celular que pertenecía a Micaela y una planchita del pelo”.
“Luna intenta explicar cómo es que tenía esas cosas de Micaela y ahí dice dónde la dejó. Señala un lugar con características de modo genérico y luego de una búsqueda con perros entrenados, rastreadores, se llega a donde estaba el cuerpo que era un lugar con relativo difícil acceso”, dijo Fernández.
Respecto a las declaraciones del secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, en cuanto a que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar”, el fiscal general opinó que “hubiéramos llegado igual, tal vez con más tiempo, unos días o una semana más, porque la punta del ovillo ya la teníamos cuando se llega al domicilio de Luna. Previo a esto se le había recibido en sede de la Fiscalía declaración a su concubina donde claramente lo identifica como la persona que se ve en el video, que iba con la niña”.
“No se buscaba lo mismo con anterioridad al allanamiento de Luna que con posterioridad. Desde el momento de la denuncia la hipótesis era distinta, era la fuga de un hogar, con el correr de los días probablemente ayudada por terceros, por personas mayores, la hipótesis más grave era que podía haber caído en una red de trata pero no este desenlace. A partir del allanamiento la hipótesis cambia y se busca en forma distinta”, explicó Fernández y agregó que “este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”.
En cuanto al femicida, el funcionario informó que “se negó a declarar en un acto formal -ese es el único que vale-, todo lo que pudo haber dicho con anterioridad a la comisión policial, a terceros, carece de relevancia procesal pero de todas formas la investigación tiene bases muy sólidas. Hay una serie de elementos serios y concordantes que permiten sostener la autoría de Luna”.
El hombre de 26 años -se encuentra detenido y procesado por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por ser una cuestión de género lo que conlleva una expectativa de pena de reclusión y prisión perpetua. La Fiscalía solicitará su prisión preventiva y oportunamente el debate oral y público. Fernández comentó que el móvil del femicidio apunta al robo y al abuso sexual: “Mata para encubrir y para evitar la delación posterior de la menor”.
En tanto, la concubina del acusado, María Espinosa, cuestionada en la ciudad por no haber denunciado a Luna, el fiscal manifestó que “por el momento no hay nada que lleve a sospechar de que ha participado” y que “más allá de lo que pueda entenderse si debió haber hablado antes o no, lo cierto es que colabora con la investigación y reforzó las pruebas en contra de Luna. (…) También es importante tener en cuenta que las personas particulares, que no son funcionarios públicos, tienen la facultad pero no la obligación de denunciar. Sí tienen como carga pública la obligación de declarar cuando se las llama como testigo”.
Al momento de evaluar las dificultades de la investigación y el cruce con el cibercrimen, Fernández concluyó que “es necesario invertir dinero en la compra de tecnología y capacitar profesionales. Un hecho de esta naturaleza puede ocurrir en cualquier lugar del país y de la provincia y a veces a los operadores del lugar se les dificulta la investigación porque no conocen con precisión los mecanismos, no tienen aceitado el tipo de relación que permite muchas veces desde lo informal destrabar algún informe, sobre todo en otro país. Un aspecto a mejorar sería algún organismo específico que gestione las respuestas que las distintas fiscalías o los jueces puedan gestionar con fluidez”.
