La escultora y activista Olga Corrales será reconocida en un festival que organiza la Cámara de Diputados y Diputadas.

Se trata de “FEDERALES Arte y Género”, una iniciativa de la legisladora Jimena López que se realiza desde el 12 de noviembre y hasta el 7 de diciembre en reconocimiento a mujeres que “por medio de la pasión y el esfuerzo en el trabajo han logrado destacarse y encontrar su lugar dentro del arte”.

“Hay artistas que son increíbles y tienen unos trabajos maravillosos y muchísimos años de lucha en el hombro. Es un placer visitarlas y conocer el trabajo de mujeres artistas que estamos invisibilizadas en el país”, dijo a FM De la Calle.

Agregó: “Estoy contenta y agradecida aunque nunca hay un reconocimiento monetario. Que no se malinterprete, me parece válido e importante pero la crítica es también para modificar algunas cuestiones”, afirmó.

En la actualidad está trabajando “en una escultura que va a medir cinco metros, es para un edificio. Es la primera escultura de acero inoxidable que estoy haciendo, al principio fue con muchas frustraciones y desastres estéticos, pero no me di por vencida y seguí practicando. La van a ver pronto en un edifico que está en Rondeau y Tucumán”.

Referentas de organizaciones del movimiento feminista de Bahía Blanca opinaron en FM De la Calle sobre el proyecto de despenalización y legalización del aborto enviado por el gobierno nacional.

La iniciativa ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados y será debatida en las próximas semanas. Esta tarde habrá acciones conjuntas en localidades de todo el país para insistir en la urgencia de su aprobación. En Bahía será una caravana a las 18 en la Plaza Rivadavia con cobertura de la 87.9Mhz.

“Es la posibilidad de hablar de mayor autonomía, de sacar a nuestros cuerpos del Código Penal y de la criminalización. Como Campaña hemos presentado históricamente nuestro proyecto de ley. Más allá de eso, sé que las leyes son el piso en la posibilidad de conquista de derechos. Una vez sancionada la ley vamos a tener que seguir generando estrategias para contrarrestar a los grupos antiderechos que van a hacer lo posible para que no se lleve a cabo”, dijo Fernanda Pertersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Agregó que hay que prestar atención “es la objeción de conciencia, la posibilidad de que se nieguen a llevar esta práctica médica, esto es incompatible con el sistema de salud público. Este es el debate que hay que dar. Haberlo enviado con la protección de los mil días y otras medidas responde a negociaciones políticas. Nuestro lugar es la lucha”.

Verónica Herrero, medica del primer nivel de atención e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, destacó que “nos parece fundamental que el proyecto tenga apoyo desde las calles. Queremos que la ley sea federal y garantice que cualquier mujer con menos de 14 semanas pueda entrar por la puerta del hospital o salita y decir quiero abortar y que no por eso vaya presas o tenga complicaciones. Que tengan derecho a un aborto seguro y acompañado por profesionales”.

“Una cosa que nos parece importante es que pena la objeción de conciencia. No puede pasar que esta objeción obstaculice el acceso al derecho al aborto. Tenemos derecho a que se nos garantice esta práctica y no morir en el intento”, agregó.

Griselda Cifuentes, integrante de Socorristas en Red- Feministas que Abortamos, mencionó que “el envío del proyecto es un paso muy importante. No hubiera sido posible sin la marea verde, nuestra tarea es estar en las calles, hay que seguir muy de cerca sin perder la capacidad de reclamo, para que el debate implique la votación favorable que nos merecemos. El Congreso tiene una posibilidad histórica, saldar una de las deudas materiales y simbólicas con los deseos, proyectos, vida y salud de quienes abortan”.

La coordinadora de Ciudadanas Trans, Saira Millaqueo, afirmó que acompañan la propuesta para “acompañar la reivindicación de la autonomía de los cuerpos. Conocemos de opresiones sobre nuestros cuerpos, entendemos el sufrimiento y padecimiento que eso acarrea, por eso apoyamos la IVE. Todas las travestis y trans estamos apoyando y acompañando siempre junto al movimiento feminista”.

“El proyecto de la Campaña no establece penas para alguien que desee abortar luego de las 14 semanas, el del Ejecutivo sí lo hace. El proyecto de la Campaña no establece objeción de conciencia de ningún tipo, el de Alberto Fernández habilita la objeción de conciencia en general sin especificar sobre el tema, planeta que se debe garantizar derivación”, apuntó respecto a las diferencias entre los dos proyectos, Daniela Rodríguez de Pan y Rosas dentro del FIT.

Cecilia Epherra, integrante de UMSUR criticó la extensión de cinco a diez para la aprobación de la IVE a partir de su solicitud y la incorporación de la objeción de conciencia para profesionales de la salud. “Tal vez no representa un problema en grandes ciudades pero sí en comunidades más pequeñas donde no abundan profesionales que brinden asistencia segura para un aborto”.

“Es momento de debate serio, democrático, plural y pronto. Legalizar el aborto permite salvar cientos de vidas, se termina con un negocio oculto como los lugares donde se aborta de manera ilegal, reafirma la ESI, dignifica nuestras vidas, nos permite decidir sobre nuestros cuerpos”, dijo Belén López de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Verónica Bajo, de Acciones Feministas, comentó que “estamos mirando positivamente que por fin sea ley pero con dudas. Se puede traslucir el problema de la objeción de conciencia y las consecuencias que sabemos que trae. Pareciera que tiene más que ver con un proyecto de despenalización que de legalización. Se trasluce que han habido pactos con la Iglesia, que puede llegar a tener que ver con el proyecto de los mil días”.

Referentes de El Nido y Creer Sí lograron un acuerdo de palabra con el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para continuar su tarea en la Galería Visión 2000.

La mudanza de sus actuales sedes en el Mercado Municipal fue forzada por las autoridades comunales que pretenden instalar un “polo gastronómico” en el sector.

“Nos propusieron elegir los locales que estaban desocupados y que pudieran adaptarse. Es lo que hicimos, elegimos dos, uno para Nido y otro para nosotros”, destacó a FM De la Calle, la referente de Creer Sí, Clelia Severini.

Agregó que “verbalmente Marisco nos dijo que sí, que nos lo iban a otorgar, y fue un alivio grande. Nos dijeron que se van a hacer cargo de las reformas. Fue todo de palabra y nos dijo que esta semana íbamos a ultimar los detalles, creemos que será un comodato”.

Campaña contra el grooming

La semana pasada los ministerios de Educación y de Justicia de la Nación lanzaron una campaña de prevención del grooming en el marco de la cual Creer sí participa como entidad asesora desde nuestra ciudad.

Severini señaló que “es una de las formas de abuso sexual que se está visibilizando pero que existe desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando esta problemática, hay que hablar con los chicos y con los padres. La mejor manera de prevenirlo es preparar a los chicos para que se puedan defender”.

Asimismo destacó que el 19 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual hacia Niñxs y Adolescentes: “El tema se ha visibilizado bastante, se ha avanzado en el Código Penal, se avanza en los casos y se llega a juicio, hay condenas. Todavía falta mucho, se estima que por cada caso de abuso sexual que se denuncia hay nueve que no”.

” La maternidad no es una esencia universal: es un ejercicio, situado, que practicamos. Y en ese hacer, se cruzan opresiones y potencias”.

El Boletín Tramas publicó los resultados de una encuesta acerca de la relación entre maternidades, trabajos y tiempos. Se trata de un trabajo elaborado sobre la base de 155 respuestas.

“Nos encontramos con que tenemos mas de 150 relatos de maternidades y tiempos, eso fue lo más rico y lo más difícil de organizar. Pudimos registrar un montón de experiencias diferentes. Lo que aportó es incorporar los tiempos dedicados a los cuidados y el trabajo no remunerado”, dijo a FM De la Calle Analé Barrera.

La trabajadora social destacó que “la ocupación principal es de docentes y trabajadoras sociales, cuando vemos el tiempo dedicado al empleo no remunerado aparece con un 60% el empleo del tiempo parcial y ahí se ve cómo incide la cuestión de cuidados en las decisiones y trayectorias laborales”.

Ante la pregunta acerca de qué harían si tuvieran más tiempo, Barrera mencionó que “la principal respuesta es que lo utilizarían para formarse, hubo muchas que respondieron todas las opciones. La pobreza del tiempo es una cuestión que se suma a una serie de fenómenos que nos afectan, está asociado a otros fenómenos como la brecha de género y la inserción que tenemos las mujeres en el mercado laboral”.

Consultadas respecto a si la maternidad incidió en su trabajo remunerado la mayoría dijo que sí. “Vemos la reducción de horas, por decisión y por necesidad de no contar con otras alternativas de cuidados, interrupciones, aparecen situaciones de discriminación y violencia laboral, el despido o cese de contrato. Esta idea de que nos piden que trabajemos como si no fuéramos madres y ser madres como si no trabajáramos. Ahí aparece una exigencia en los empleos que no tienen en cuenta a los cuidados”.

Barrera subrayó “cómo el capitalismo en su funcionamiento requiere de este trabajo pero al mismo tiempo lo ningunea e invisibiliza. Tiene impacto en lo teórico de cómo comprendemos la sociedad y en lo práctico en cómo presentamos estrategias para resolverlo”.

“Lo principal es pensar las maternidades en plural. Hay un mandato que sentimos las mujeres que es el institucional de la maternidad que es de forma individual, tenemos que hacer todas estas cosas por amor y vemos que las mujeres dicen que maternar es un amor diferente”.

“Eso que llaman amor es trabajo no pago”, dicen. “Estamos de acuerdo hasta cierto punto, todo ese trabajo de cuidado implica un amor diferente, no ligado al chantaje, vemos que cuando las mujeres irrumpen en la escena pública lo hacen desde una politización de su maternidad. En las preguntas abiertas la mayoría hablaba de eso, qué es ser una buena madre, cuidar, hacerlos felices, que sean buenas personas. Pensar el amor maternal de otra forma, sacarlo de la abnegación y de la sumisión y dar cuenta de las experiencias reales”, finalizó

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, y el director del Mercado Municipal, Fabian Val, requirieron a organizaciones no gubernamentales que desocupen los locales en los cuales funcionan sus sedes para destinarlos a un polo “comercial y gastronómico”.

Entre las desalojadas se encuentran Bahía Blanca Che, una asociación civil sin fines de lucro que apunta a “defender y promover las artes/artesanías locales y regionales, organizar artesanes y artistas, promover ventas, producción, difusión, cursos, perfeccionamientos, hacer talleres, exponer y hacer conocer lo que se hace en la ciudad y la zona”.

“Nos llamó el señor que dirige el mercado, nos comunicó que van a hacer una especie de polo gastronómico, han decidido sacar a los locales que están frente al Hotel Italia. Nos dan lugares viejos y horribles”, dijo a FM De la Calle, Mónica Oliver.

Agregó que “hay una tensión entre lo privado y lo estatal, ellos vienen haciendo fuerza por lo privado. En la cortada, una cosa es que pongas mesitas y otra es que te apropies de la calle”.

La comunicación llegó la semana pasada, “estábamos en shock. Es un mal momento, tendrían que priorizar otras cosas. Tenemos que tener una entrevista con Marisco. Lo que nos dijeron en principio es que no pensaban darnos nada a cambio, por eso nos hemos puesto en alerta.
Somos gente grande, con una historia de trabajo, tampoco nos vamos a ir sin decir nada”.

La orde de desalojo corre también para organizaciones que trabajan temáticas de violencia machista y abuso sexual que funcionaban dentro del Mercado Municipal como El Nido y Creer Sí.

“Estamos en tratativas aún, confiamos que en esta semana la Municipalidad pueda ofrecernos algo que cambie la situación”, comentó Laura Vulyscher, presidenta de El Nido, centro de prevención y asistencia de la violencia familiar.

Señaló que “nos ofrecieron un lugar en el mercado donde el acceso es difícil y no nos convence. Les dijimos que no que nos sirve, el lugar está muy deteriorado, nos resulta un poco chico”.

La propuesta es el uso de un espacio del primer piso y sin vidriera a la calle. “Para nosotros sí nos cambia, ese era uno de los problemas más grandes, en cuanto a la difusión, para la gente que está buscando el lugar y no lo encuentra”.

“Estamos con expectativas porque no tenemos a dónde irnos y tenemos muchas cosas que no es fácil llevarlas”, argumentó Vulyscher.

La Red Local de Violencia de Género manifestó en un comunicado que acompañan “la gestión iniciada por las ONGs ‘El Nido’ y ‘Creer Sí’ ante la solicitud del Departamento Ejecutivo local de entregar las llaves de los locales del Mercado Municipal en los que llevan adelante sus tareas de servicio a la comunidad desde hace más de una década”.

Por último, sostienen que “la tarea de estas ONGs viene a complementar, y en muchos casos a suplir, abordajes vinculados a la temática y que las áreas específicas de la Municipalidad en ocasiones no contienen, existiendo por lo tanto una articulación de hecho entre trabajadores y trabajadoras con el fin de mejorar los dispositivos locales y la llegada a quienes los necesitan”.

La autora de la obra, Julia Rodríguez, afirmó: “Que tapen un mural es común en Bahía, se repite en muchos lugares. Cuando las obras tienen carácter político siempre viene alguien y las tapa. Sabemos que en esta ciudad se vota a la derecha. Hay ataques de todo tipo contra las causas populares. En el local anterior también habían pintadas antisemitas”.

“Veinte veces lo van a tapar, veinte veces lo vamos a pintar. La violencia de ellos es de antes de que pintemos. Así como está el mural ahora, es muy gráfico de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Es odio de clase”.

(Por Mariela Dobal*) ¨El hecho hace a la palabra. La palabra hace al hecho. Como un juego de espejos, hecho y palabra, se crean uno al otro. No hay principio, solo un juego eterno donde se multiplicarán infinitamente¨. Así Malcolm Evans, fiel asistente de The Beatles, definía con simpleza la relación más poderosa para crear sentidos y poder: hechos y palabras.

La comunicación, además de ser un derecho universal, es una herramienta, un puente, una ventana abierta, un camino a transitar siempre. En ese amplio abordaje, la comunicación mediática y por diversas plataformas, es una oportunidad multiplicada para acceder a informaciones útiles, crear realidades, contar historias, aumentar voces y miradas de todos los mundos posibles que habitamos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la comunicación es servicio y poder para transformar (a veces, al menos algo) aquello que nos duele o irrita. Es pensar y hacer acciones que busquen cambiar todo, para reinventar estrategias y guiños acordes a la cotidianeidad que se altera y sacude todo el tiempo.

Y… ¿Qué implica la comunicación con perspectiva de género? En principio nombrar a quienes están más silenciadas y ausentes: mujeres y disidencias sexuales, desde un enfoque de derechos en el cual trabajar dignamente, acceder al cuidado de  la salud, no sufrir violencias por la condición de género y progresar en cualquier escenario sociocultural sea una posibilidad latente y no una excepción milagrosa.

Reflexionar sobre la paridad de mujeres y diversidades en los medios de comunicación, acerca de las representaciones de los discursos hegemónicos de roles, oficios, habilidades, apariencia, etcétera y el refuerzo de estereotipos que se escupen a borbotones en las distintas pantallas, nos ayudará a comprender que, lejos de imponer manuales de estilo, la perspectiva de género nos acercará a narrativas más equitativas y justas para contar las realidades que protagonizamos.

El uso del lenguaje, es otra decisión política. Es optar por deconstruir los discursos que perpetúan las discriminaciones y violencias machistas que atraviesan etnias, edades, capacidades, territorios, discapacidades y cuerpos. Todos los cuerpos que no encajen con el sistema que estandariza y establece lo que se compra y vende, aún a pesar de un capitalismo que hace agua por todos lados.

En este contexto, en septiembre, el gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza que aspira incorporar perspectiva de género SOLO en los medios que reciben pauta oficial del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Entes Descentralizados. Textualmente asegura que ¨será inexcusable para percibirla, el abordaje con perspectiva de género de los contenidos que generen y o reproduzcan¨.  ¿Todos los contenidos o con difundir las seis campañas anuales que proponen para visibilizar los derechos de las mujeres bastará? Y en todo caso… ¿Quiénes y cómo controlarán semejante vorágine de producciones? Porque de violencia simbólica y mediática las audiencias estamos inundadas.

Propone también que se difundan las vías de contacto y acompañamiento a mujeres violentadas -exigencia ya vigente por las leyes 26.485 (Protección Integral a las mujeres) y 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual)- es lógico y necesario. Sin embargo, conocer con precisión cuáles son las respuestas operativas del gobierno local en la materia es también ineludible al momento de brindar esa información.

Consultamos sobre este proyecto de ordenanza a concejalas integrantes de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Concejo Deliberante. Quien la preside, Analía López, expresó que si bien coincide en su espíritu general, difiere en cómo está planteado: ¨Es fundamental que los medios de comunicación tengan perspectiva de género a la hora de comunicar e informar porque son herramientas importantísimas para sensibilizar y formar opinión en la sociedad. Sin embargo, dicha perspectiva no se agota en esto, en el uso del lenguaje inclusivo, ni de incorporar temáticas específicas. Dicha perspectiva es transversal y debe reflejarse en la paridad laboral -que en los medios de comunicación, como en otras actividades, no existe-, en la igualdad de condiciones de trabajo -igual salario, oportunidades de capacitación acceso a cargos jerárquicos- y en las relaciones interpersonales que se dan en los lugares laborales¨.

Desde otro enfoque, la concejala del oficialismo Soledad Martínez resaltó ¨la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de saberes y valores, como así también en la formación del ciudadano, por eso es necesario trabajar en el correcto abordaje de las temáticas con perspectiva de género, tanto sobre igualdad como violencia de género. Entendiendo la importancia que tienen estos proyectos tratamos de llegar a un acuerdo y luego hacer los aportes necesarios para enriquecerlo, antes de llevarlo al recinto para que sea votado¨.

Otro de los artículos de la iniciativa establece que serán obligatorias las capacitaciones a los titulares de las empresas periodísticas y que ellos deberán decidir qué personal se formará en la materia. Analía López no comparte este punto: ¨El Ejecutivo tiene la responsabilidad inexcusable, por haber adherido a la Ley Micaela, de capacitar a todo el personal municipal de manera obligatoria y permanente, no es su función abordar la capacitación del personal de empresas privadas. Por otra parte, el proyecto hace mención a los medios de comunicación que reciben pauta, yo desconozco el criterio de otorgamiento y distribución de los fondos destinados a pauta (y me gustaría tener esa información), pero creo que si demandamos perspectiva de género debe ser para todos los medios de comunicación¨.

Ampliamos interrogantes… ¿Desde qué lugar funcionarias y funcionarios, sin perspectiva de género en sus políticas públicas, impondrán capacitaciones en ámbitos privados? ¿Quiénes diseñarán esas capacitaciones y cómo se garantizarán en cada espacio laboral?

Finalmente, se deja por escrito que en caso de incumplimiento de esta normativa, quienes otorgan publicidad oficial resolverán unilateralmente qué hacer. No hay mención alguna de instancias de mediación, reflexión, aprendizajes compartidos, en fin, situaciones que fortalecerían realmente una comunicación más democrática. Una vez más hacen uso y costumbre de la discrecionalidad en el (des)manejo de fondos públicos, en este caso la pauta oficial.

Celia Amorós, filósofa feminista recuerda que ¨contextualizar es politizar ¨. Contextualicemos, ya que estamos hablando de políticas públicas de comunicación.

Más allá de las perspectivas, las mujeres y disidencias sexuales faltamos en los medios. Para decidir contenidos, para opinar y no ser interpretades. Mujeres y disidencias como fuentes de consulta en cada ámbito donde nos desempeñamos con profesionalismo y empatía. Mujeres y disidencias dueñes de la palabra, de la tierra, de nuestros cuerpos y sueños. Con derechos conquistados y permanentemente vulnerados. Mujeres y disidencias políticas y profundamente necesarias en cada comunidad, como esta pandemia desnudó sin descaro. La primera semana de noviembre este proyecto será tratado en comisión en el deliberativo. Abundan las sugerencias, posibles modificaciones y mejoras para su tratamiento y reflexión. Ojalá se abra el debate para la participación activa de personas y colectivos con diversas experiencias y valiosos recorridos. Se trata de renombrar, para visibilizar derechos de todes. De escuchar todas las voces, para que el árbol no nos tape el bosque, otra vez.

*Docente y periodista. Integrante del Colectivo FM De la Calle.

La economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff, analizó los últimos informes de pobreza y distribución del ingreso publicados por el INDEC.

“El panorama general es que la pandemia ha destruido gran parte de las mediciones económicas: la caída del PBI ronda el 20%, la del consumo el 22%, cayeron exportaciones, cayó la inversión. Venimos de un contexto de crisis socioeconómica muy profunda que nos había dejado el macrismo, teníamos un promedio de inflación interanual del 50% y eso impacta en los ingresos fijos de las personas, sector trabajador y asalariado, jubilados, el sector que reciben transferencias del estado”, afirmó.

En ese marco se realizó la reunión del Consejo del Salario, espacio que determina el valor de Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). “Es muy importante porque marca cuáles van a ser los números para otro tipo de ingresos, no solo para asalariados, sino que muchas transferencias del Estado están atadas al SMVM -uno es el programa Potenciar Trabajo-. Lo que ocurre con esa discusión es que fue bastante baja, de $16.875 va a pasar en marzo a $21.600, es un aumento del 28% en tres cuotas, por ende, en octubre se percibe un 12% más”. 

Eliosoff agregó que, “desde diciembre del 2019 hasta ahora, el SMVM perdió un valor real del 18% en el contexto de una caída de la inflación muy importante”. 

Por otro lado, los datos aseguran que la pobreza ronda el 41%. “Más de cuatro de cada diez personas son pobres y al menos una de cada diez son indigentes. Ocho hogares de cada cien no pueden comprar los alimentos necesarios”.

En los informes de distribución del ingreso -señaló la economista- que “cayó la cantidad de personas que reciben ingresos laborales. El Estado está teniendo claramente mayor presencia. Esto no se refleja en los niveles de ingresos más bajos, como consecuencia de la pandemia y la caída de ingresos aumentó la brecha que existe entre las familias que perciben ingresos más bajos, el promedio de $2100 mensuales y el más alto que es de $54 mil”. 

“En el decil (10% de la población) de ingresos más bajos, las mujeres están más representadas. Cuanto más bajo más mujeres hay y cuanto más alto son los niveles con menos mujeres”.

“En los deciles más bajos las mujeres perciben los ingresos más bajos, en este informe esto se dio vuelta. Esto tiene que ver con que las mujeres perciben ingresos del Estado más que los varones. Estas medidas, como aumentos de AUH y el IFE, incidieron en las mujeres de los niveles más bajos y, en contraposición, en los deciles más altos cayó la participación de las mujeres”, comentó Eliosoff.

Por último, señaló que se concentró la riqueza: “una persona es 25 veces más rica que las personas pobres y esas personas ricas son varones. Los varones son aún más ricos que antes”. 

“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.

En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.

“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.

En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.

En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.

“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.

La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.

“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.

Hoy se conmemora el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lleva adelante una acción virtual para exigirle al Gobierno nacional la aprobación del proyecto de ley.

“El movimiento feminista y de las disidencias sexuales seguimos pidiendo al Ejecutivo que apruebe el proyecto. Es urgente y esencial el acceso al aborto desde una práctica segura y el Estado es el garante para que eso ocurra. Sobre todo para que los sectores vulnerados tengan acceso a la información y a una práctica segura”, comentó Sandra Di Seri, integrante de la Campaña y del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.

Agregó que “desde el Ejecutivo plantean que el sistema de salud está estresado. Decimos que aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo descomprimiría el sistema de salud, sabemos por datos duros que al año ingresan 50 mil mujeres al hospital por haber tenido prácticas inseguras que generan diferentes tipo de infección, muchas de ellas graves y muchas ocupan camas de terapia intensiva”.

El proyecto de la Campaña está vigente y con estado parlamentario: “Modifica el sujeto al cual favorecería la ley, ahora incluye a todas las personas con capacidad de gestar. Retira un artículo donde considerábamos la objeción de conciencia, no corresponde al menos en nuestro proyecto esa posibilidad para los antiderechos”.

También propone “no penalizar ni el acceso a la práctica ni a la persona que la garantiza. Es hasta las 14 semanas, sería importante que el Estado respete después de esas 14 semanas no penalizando, que busque otros mecanismos para sortear la decisión de las personas con capacidad de gestar en ese sentido”.

En un comunicado oficial, la Campaña señala que “nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

El secretario general de la UTA y ex concejal por el massismo, Ricardo Pera, iba a ser juzgado el próximo lunes por el delito de lesiones leves contra los ediles Gustavo Mandará y Sergio Massarella.

El debate oral fue pospuesto esta mañana por el Juzgado Correccional N° 1, cuyas autoridades pretenden sea presencial. Se realizaría en noviembre.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2015 en el recinto del Concejo Deliberante. Alrededor de las 13:30, finalizada la Asamblea de Mayores Constribuyentes, Pera habría amenazado de muerte a Sergio Massarella y le habría propinado un golpe en la cabeza durante un cuarto intermedio. También le habría aplicado un puntapié a Gustavo Mandará provocándole una lesión en las pierna.

Interviene el fiscal el Dr. Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N ° 8.

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. Meses atrás fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

La economista María Julia Eliosoff explicó en su columna de FM De la Calle el funcionamiento del programa de asistencia social Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Es un programa de transferencias condicionadas de ingreso, una política social que apunta a una población focalizada, a diferencia del Ingreso Ciudadano o la propuesta de renta básica. El Estado le da un ingreso a una población de un determinado perfil con un condicionante que es realizar alguna tarea”.

“Un ejemplo es la AUH, que como contraprestación debe asegurar determinadas cuestiones en términos de salud. El Potenciar apunta a lo mismo pero con capacitaciones. Prioriza atender los ingresos de mujeres en situación de violencia y de personas trans”, señaló.

Eliosoff comentó que estos programas tienen muchas críticas desde la economía feminista “porque llevan implícita una lógica paternalista de que el Estado sabe qué es mejor para las personas y esas personas, en su mayoría, son mujeres”.

“Estos programas no son nuevos sino que tiene una larga historia en Latinoamérica y en Argentina en particular. Los primeros programas son los conocidos como de Jefes y Jefas de Hogar, que se han ido transformando en Argentina Trabaja y Ellas Hacen y después en Hacemos Futuro”.

En este caso apuntan a que “personas que cumplen con alguna característica o condiciones de vulnerabilidad perciban un ingreso, el equivalente al Salario Social Complementario, un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por lo tanto, es de 8400 pesos aproximadamente”.

“Tienen que realizar determinadas actividades laborales, tareas vinculadas a los cuidados, a la promoción de la la salud o dispositivos de apoyo para la igualdad de oportunidades. Hay una línea de proyectos vinculados al reciclado, al mejoramiento barrial, a la agricultura familiar, a manufacturas de pequeña escala y comercio popular”.

Por otro lado, destacó que “hay una apuesta a las actividades colectivas, aunque no única y exclusivamente y, en términos de lecciones aprendidas en relación al Argentina Trabaja y Ellas Hacen, hay una gran diferencia: no se habla de cooperativas de trabajo, esto fue muy criticado en su momento y así y todo tuvo muy buen impacto. En este programa se habla de asociativismo”.

Para finalizar, Eliosoff destacó que otro aspecto a considerar “es que cayó la cantidad de horas que se pretende trabajen las personas”. Aunque “sigue siendo alta en relación a la contraprestación, se exigen cuatro horas de trabajo diarias, por medio SMVM, por tareas que en general exigen un compromiso social”.

La Red de Comunicadoras entregó una carta en la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos en la cual manifestó su “preocupación y rechazo ante la reciente designación en el Municipio de Bahía Blanca, del novísimo cargo de Director Coordinador de Cultura en el Espacio Público a Rubén Eduardo García”.

Afirmó que “hay reiterados testimonios de mujeres que sostienen que esta persona ha ejercido prácticas violentas en sus espacios laborales o en tareas relacionadas a su profesión”.

“Vemos que al momento de designar funcionarios públicos en el Municipio no realizan un análisis de las personas a asignar”, planteó el colectivo de trabajadores de la comunicación.

La periodista Gretel Walz dijo a FM De la Calle que el planteo “no es solo por el lado de la cuestión de genero -han sido públicas las expresiones completamente misóginas, violentas y xenófobas- sino también respecto a los espacios culturales que han sido completamente bastardeados por el Ejecutivo”.

“En un contexto de pandemia por COVID-19, donde los recursos económicos del Municipio se vuelven escasos para atender las distintas problemáticas de colectivos en situación de vulnerabilidad, se decide la designación de un nuevo funcionario para un cargo que hasta el momento era inexistente”, menciona la Red en dicho comunciado.

“El Ejecutivo municipal está tanto de lo que ocurre en los medios de comunicación y las violencias a las que estamos sometidas. No pecan de ignorancia al nombrar este tipo de personajes violentos en cargos, hay una decisión política que lleva a que personas como García esté a cargo de una dirección, que encima ni siquiera está creada bajo el Instituto Cultural”, mencionó la periodista.

La nota de las comunicadoras alerta “sobre la necesidad de transversalizar el enfoque de géneros y derechos humanos en las políticas públicas”.

Funcionarios sí, cultura no

Las Ramas artísticas en el Consejo Consultivo afirmaron que les sorprendió la creación del nuevo cargo aunque no fue una acción novedosa teniendo en cuenta que “desde diciembre de 2019 el área de Cultura comenzó a funcionar con seis direcciones y tres divisiones, descontando por supuesto el cargo de secretaria ocupado por Morena Roselló. Tampoco la falta de idoneidad de la persona designada para desempeñar esas funciones”.

“Lo que nos parece aberrante, más allá de las declaraciones públicas de García que fueron debidamente denunciadas por distintas organizaciones, es que el Ejecutivo decrete esta designación luego de no destinar recursos para el cumplimiento de las ordenanzas de cultura desde marzo”.

Finalmente se preguntan si “¿es acaso la ‘comida para la gente’ que compró (el intendente según sus dichos) la que administrará el flamante director García para su venta en La Isla y en el resto de los carritos del Parque de Mayo, cuyos concesionarios fueron desalojados por el propio municipio?”.

A dos años del rechazo por parte del Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Socorristas en Red relanzó la campaña “En un mundo justo, las niñas no son madres”.

Griselda Cifuentes, integrante de Bahía Rosa, dijo a FM De la Calle que la iniciativa “lleva a pensar una sociedad más justa, cómo las activistas feministas de esta red entendemos que deberían ser los cuidados de las niñeces. Que cada tres horas una niña sea forzada a gestar, parir y criar es algo que tiene que empezar a hacer ruido”.

“Es para reflexionar porqué necesitamos una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, qué es todo lo que falla cuando una niña de 13 años es obligada a parir”.

Agregó que en estos casos “siempre se enjuician a las familias y a las madres, mucha gente está interesada en saber dónde está esa madre que no la estaba cuidado. También hay una responsabilidad de la educación pública, todavía cuesta la ESI, cuesta hacer llegar la información, hay todavía mucho por hacer. Todavía hay gente que sigue diciendo que no sabían que es legal el aborto (por causales) en nuestro país”.

¿Qué implica hablar de politizar los cuidados?

“Somos feministas que cuidamos. A partir del 2016 nos hemos dado la decisión política de tener un trabajo específico de acompañar más a adolescentes. Hay una escucha particular para esas personas. En el 2019 hicimos más de 2000 acompañamientos. El tema de cuidar tiene que ver con pensar redes y darle la información para que esa persona pueda decidir”.

Cifuentes reflexionó: “Pensamos la palabra como una propuesta política de cómo la organizaciones tenemos que empezar a tener otros lenguajes para acercarnos. El feminismo como una apuesta a vivir vidas mejores y a tener otros destinos”.

Respecto al acompañamiento de abortos en confinamiento, mencionó que “tuvimos que modificar gran parte de nuestro dispositivo. Ninguna de las grupas de la red apagó las líneas telefónicas, empezamos a proponer comunicaciones virtuales, tendimos relaciones estrechas con el sistema de salud”.

“Pudimos seguir acompañando a la gente de la zona y los talleres que se hacían de manera presencial ahora son virtuales. Hubo situaciones donde las mujeres se tuvieron que acomodar en los patios, en el auto, en una esquina porque su cotidianidad se transformó y ya no hay lugares de intimidad o se convive con violentos o con parejas que no acompañan esta decisión. Siempre hay una cuestión de resolver situaciones, la creatividad es inmensa”, finalizó.

Buscá las redes de Socorristas en Red y difundí el material. Podés sumarte al twitazo del viernes 14 de agosto, 11 horas. En un mundo justo las niñas no son madres. Las queremos: #VivasYJugando.

Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde Monte Hermoso hasta Capital Federal para hacerle llegar al presidente el reclamo de justicia por el femicidio impune de su sobrina Katherine.

Hoy se reunirá en La Plata con la conducción del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Esto ha tomado mucha repercusión, ha hecho ruido. En cierta manera hemos logrado el cometido, si bien en cierta medida era entrevistarnos con el presidente tuvimos que apurarnos porque tomaron nuevas medidas, el miércoles vuelven a fase 1”, comentó a FM De la Calle.

Agregó: “Venimos con un mensaje y un pedido claro, lo que esperamos es comprometer a esta gente con la que nos vamos a entrevistar, tenemos muy presente que hemos hecho avanzar mucho el caso por parte de la querella. Hemos aportado pruebas, hace tres meses que denunciamos a 22 personas, al ex intendente Marcos Fernández, dos patovicas, el ex secretario de Seguridad, bomberos, a todos los fiscales de Bahía Blanca excepto a (Chirstian) Long. De hecho, ahora la causa está radicada en Azul”.

Moscoso mencionó que desde que presentaron las pruebas ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul -hace tres meses- no tuvieron respuesta.

Respecto a la caminata hacia la Capital, afirmó que “cuando salimos de Monte hasta Dorrego nos sentimos amenazados, hemos tenido miedo por nuestras vidas, nos habían llegado mensajes de que nos iban a levantar en la ruta, que estábamos regalados. Levantamos campamento en Dorrego y fuimos hasta Tres Arroyos y después llegamos hasta Azul. Producto de que se acercaba la fase 1 (en el AMBA) tuvimos que llegar con auto”.

Respecto de los dichos del indentende de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, advirtiendo que les dejaría volver mientras dure el aislamiento, Moscoso señaló: “Yo no he tenido trato con el intendente pero hemos gestionado que vamos a hacer la cuarentena en Monte con el protocolo que se debe”.

A 51 años de la revuelta de Stonewall Inn y con motivo de la Marcha virtual contra los Travesticidios, la economista feminista María Julia Eliosoff analizó las condiciones de vida del colectivo trans y travesti en su columna de FM De la Calle.

“La lucha por la identidad y pensar al orgullo como respuesta política tiene consecuencias muy concretas en las cuestiones materiales. Hay que entender que las condiciones de vida de las personas LGBTIQ implican violencia, no estamos pensando solamente en un golpe sino en la violencia en sentido amplio, la violencia económica”, afirmó.

Eliosoff agregó que “ayer, cuando se dieron los datos de salud, estaba la secretaria de Políticas por la Diversidad Alba Rueda y habló de un transfemicidio social”.

“El promedio de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años, son personas que no tienen los mismos derechos. Su vida están fuertemente vulneradas, son ciudadanías de segunda o tercera. El aislamiento las expone a situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Las estadísticas que tenemos a nivel nacional son siempre binarias, siempre hay datos de mujeres y varones, es muy difícil conocer oficialmente lo que pasa porque ni siquiera hay datos”.

Eliosoff explicó que “la información con la que en general contamos proviene de investigaciones de organizaciones y de una prueba piloto del INDEC que se hizo en 2012 en La Matanza. Los datos arrojan que más del 60% expresa su identidad de género entre los 13 y 17 años y hay muchos investigadores que identifican que allí comienza el proceso de desciudadanización”.

“Empiezan a atravesar un proceso de exclusión, quedan fuera del colegio, de vínculos familiares. El 80% tiene el secundario incompleto, no tienen cobertura de salud y están bajo tratamientos hormonales. Solo el 14% tiene controles médicos de esos tratamientos”, comentó la economista.

Otro determinante tiene que ver con el acceso a una fuente de ingreso: “El 77% dice no recibir ninguna ayuda del Estado, sin embargo, el 81% manifiesta que hace actividades con las cuales obtiene un dinero aunque 7 de cada 10 personas trans nunca tuvo una entrevista laboral”.

“Más del 80% en ambos informes habla de que están o estuvieron en situación de prostitución o trabajo sexual. Sin embargo, el 72% de ese total manifiesta buscar otra fuente de ingreso”.

Respecto a las condiciones de vivienda, “más del 55% vive en viviendas que se caracterizan como deficitarias, no cuentan con acceso a condiciones habitacionales y solo el 7% pudo acceder a un contrato de alquiler”.

¿Qué respuestas da el Estado?

“Gracias a la organización de los movimientos feministas y personas travestis trans existe hoy un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el cual tenemos una subsecretaría para pensar estas problemáticas. Existen proyectos vinculados a la Ley de Cupo Trans que hablan al menos de 1% de personas trans en lugares de trabajo estatal. Otra respuesta es el POTENCIAR Trabajo, 4100 personas trans accedieron a este programa. Por otro lado, están las miles de respuestas que dan las organizaciones, cooperativas de trabajo, etcétera”, comentó.

En cuanto al proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans que discute la Cámara de Diputados, mencionó que “los proyectos son a nivel nacional en los tres poderes. En la provincia de Buenos Aires está aprobado desde 2015 pero nunca se reglamentó. Lo mismo en Bahía, en septiembre del año pasado se aprobó la ordenanza pero no hay información de cuánto ha avanzado el cupo, si han ingresado compañeres”.

¿Qué falta?

Si bien ha habido avances en materia de política pública aún resta mucho. Algunas reivindicaciones de las organizaciones son:

*Producción nacional y del Estado de hormonas y prótesis para garantizar la continuidad en los tratamientos y no depender de importaciones o laboratorios privados.

*Garantizar provisión en todos los Centros de salud.

*Formación y capacitación para profesionales de salud y frenar la violencia en la atención a personas TTT en los Centros de Salud.

*Extender redes de cuidado a personas TTT.

*Garantizar acceso (hay faltantes) a medicación para atención del HIV.

*Actualización de la Educación Sexual Integral (más contenidos no binario).

*Que se reconozcan en el RENAPER identidades no binarias, travas y travestis.

Se cumplieron 51 años de la revuelta de Stonewall Inn, en Nueva York, inicio de la lucha histórica del movimiento LGTBIQ+.

En Argentina, hace cinco años que el 28 de junio se organiza la Marcha contra los Travesticidios.

Debido al aislamiento, ayer se realizó una movilización virtual en el aniversario de los disturbios newyorkinos para reivindicar los logros del movimiento de travas y trans en los últimos años.

La lucha colectiva nunca deja de reclamar el derecho a una vida que merezca ser vivida.

“El tiempo de la revolución es ahora porque a la cárcel y al closet no volvemos nunca más”.

Lohana Berkins.

Producción: Giuliana Crucianelli

Edición: Astor Vitali

La Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre los proyectos que proponen establecer un cupo de acceso laboral al Estado Nacional para los colectivos trans y travestis.

Son once propuestas de diversas extracciones políticas, las cuales pretenden destinar entre el 1 y 1,5% de los cargos estatales a personas del colectivo. También hay otros que apuntan a reservar un espectro de los puestos laborales en el ámbito privado.

Mónica Macha, diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos dijo a FM De la Calle que “hubo una primera reunión informativa, vamos a tener dos más: una con referentes de instituciones estatales de distintas provincias y una última con varones trans, porque la agenda tiene puntos en común pero no es necesariamente la misma”.

“Lo que prima en todos los proyectos es la búsqueda del ingreso al trabajo formal para el colectivo trans y travesti que es uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, muchas han sido expulsadas de sus propias casas, buscamos poder generar un ingreso a un trabajo formal en distintas dependencias que el Estado nacional”, comentó.

Uno de los proyectos se refiere al empleo en el ámbito privado: “Es una discusión que me parece importante traerla como un tema de debate. Vamos por esto seguro y después vamos ampliando. Si ponemos todo en un proyecto es mucho más difícil de implementar también, es como abrir todos los frentes al mismo tiempo”.

Macha agregó que “la posibilidad del cupo en el Estado depende de una decisión del gobierno, tenemos un camino mucho más allanado y, a la hora de pensar la incorporación, también es importante imaginar que hay que consolidar compañeros que vayan siendo de algún modo quienes van acompañando ese proceso de inclusión. Vía la normativa podemos ir contra un obstáculo organizacional, podemos generar una apertura en ese sentido pero los lazos sociales se van construyendo”.

“Ahora va a entrar gente al Estado que no se lo merece o que no está capacitada”

En relación a este prejuicio, la diputada mencionó que “cuando hablamos de desigualdades, la idea del merecimiento y la capacitación la tomo como un discurso patriarcal, como el querer evitar un acto de justicia. Merecer, todos merecemos trabajar. Es un derecho y tiene que ser una posibilidad para todas las personas. Estamos hablando de un colectivo que entre el 80% y el 90% de las personas trans travestis se han dedicado como método de supervivencia a la prostitución”.

“¿Cuál fue el momento que tuvieron para capacitarse si fueron excluidas de la casa, de la escuela? Se habla de capacidad, una persona que ha tenido que sobrevivir a un mundo tan hostil vaya si no tiene capacidades para trabajar. Son motivaciones patriarcales para no perder privilegios”.

“¿Todos los varones que ingresan al Poder Legislativo lo hacen por su capacidad?” , se preguntó.

Varones trans, un colectivo del que poco se habla

“La discriminación y la exclusión son dos líneas similares que se dan en todos los casos. Primero que es una población con la que no se ha trabajado mucho, cuando hablo con ellos no han tenido el nivel de acercamiento que han logrado las compañeras. Es una necesidad poder empezar a tener espacios donde puedan ser escuchados”, comentó Macha.

Los principales obstáculos son “cuestiones vinculadas a la salud, los varones trans tienen especiales complicaciones para poder ser atendidos con respeto, que su identidad sea tenida en cuenta, donde no se les digan cosas hirientes. Esto lo que hace es alejarlos del sistema de salud e implica que cuando una persona se siente mal no tome al sistema de salud como un lugar a donde ir. También tienen dificultad en el acceso a las hormonas, a actividades deportivas, a querer cursar un embarazo”.

Proceso legislativo

En la actualidad el Congreso sesiona virtualmente para atender urgencias vinculadas a la pandemia.

“Sobre otros temas estamos haciendo estas reuniones informativas que nos permiten ir trabajando y ajustando los proyectos, buscar modificaciones, agregando cosas. Calculo que en pocas semanas iremos transitando otro camino”, dijo Macha.

Luego de las reuniones informativas, resta que les asesores se reúnan y consensúen un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras..