Jornada de luto y paro de CTERA luego del fallecimiento de dos docentes ocurrido ayer mientras viajaban hacia Comodoro Rivadavia. Volvían de una movilización por el reclamo salarial que ya lleva nueve semanas. Otras tres profesoras sobrevivieron y están fuera de peligro.

“Es una mezcla de sensaciones, de dolor, de desasosiego, de bronca porque esta noticia cae luego del reclamo que venimos haciendo hace semanas y después de que el gobierno decidió provocarnos con patotas paraestatales, vinieron a insultarnos y sabemos que son empleados del Ministerio de Gobierno”, comentó a FM De la Calle, Marcela Capón, dirigente de ATECH.

A pesar de la incertidumbre de las trabajadoras y los trabajadores estatales respecto al cobro de los sueldos retrasados, en las últimas horas el gobierno provincial presentó un proyecto para aumentar hasta un 100% los salarios de la planta política.

Anoche hubo incidentes en la Legislatura provincial. “Ahora sigue el Ministerio ocupado por auxiliares, aparecieron otros actores y hubo desmanes”, comentó la educadora.

Capón comentó que “somos todos los estatales que pasamos por esta situación de la obra social cortada, nos pagaron tarde julio, sin aumentos pactados, no nos dicen cuándo nos van a pagar. Si bien el accidente fue eso, si el gobierno hubiera dado respuesta las docentes tendrían que estar en la casa con sus hijos. En eso si el gobierno es responsable”.

“El día a día es complejo porque estamos en la calle y cada uno resolviendo sus cosas personales, te enfermas y no tenés obra social, las tarjetas de crédito están cortadas, lo vemos cuando hacemos las ollas populares, vemos los compas que vienen a comer, entre todos ayudándonos”, dijo.

“Este gobierno fue un representante fiel de los intereses del patrón. Se ha caracterizado por seguir el camino que ofrece el capitalismo. Su práctica dentro de estos cuatro años de gobierno es que han pedido que los trabajadores pongan el hombro pero que los empresarios sigan consiguiendo ganancias”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra.

Desde ayer se realiza en Bahía Blanca una jornada de formación sindical con participación de dirigentes nacionales y abogados laborales y penalistas.

“Piensan como la patronal y siguen sus consejos. Además tienen la costumbre del castigo, algo común en los patrones”, aseguró Yofra tras tres años y medio de caída de la industria y cierre de fábricas.

El dirigente planteó el objetivo de la lucha sindical frente a la adversidad económica y social: “Hay un 50% de trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza. No podemos esperar mucho tiempo más. Necesitamos que nos allanen el camino para ciertas cuestiones y poder cerrarlas nosotros con los empresarios. Queremos paritarias libres para poder acordar nuestros derechos. Tiene que haber menos accidentes de trabajo ,y por ende, menos muertes”.

Pretenden “un salario que pueda satisfacer las necesidades que establece la ley de contrato del trabajo y la Constitución Nacional. Siempre y cuando sea un consenso donde los trabajadores participen”.

Yofra aseguró que “el patrón siempre considera que el salario es un costo y que, si es muy alto, perjudica a la empresa. Esta es la famosa lucha de clases. Que el empresario gane un poco menos para que podamos tener una vida mejor. El presidente no habla desde su rol como presidente sino como el de un patrón. Quieren zafar del conflicto de tener que echar a una persona. Es mentira que no pueden echar a nadie, de hecho, hoy lo hacen”.

Respecto a las alternativas que tiene el movimiento obrero para lograr sus objetivos, el referente aceitero afirmó que “no podemos permitir que nos saquen el derecho a huelga porque es el último bastión que tiene el trabajador. Es como pelear contra un enemigo sin ningún arma. Necesitamos un movimiento unido sin importar el color político que esté en el poder”.

El gremio de docentes privados elaboró un proyecto de ley contra despidos abusivos que busca garantizar la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras del sector.

La secretaria general de la delegación bahiense, Margarita Orellano, dijo a FM De la Calle que “desde hace un tiempo nos preocupa la cantidad de despidos sin causa que se produjeron en su mayoría en establecimientos con subvención estatal”.

La iniciativa que deberá analizar la Legislatura pretende que en caso de despido arbitrario se suspenda la subvención. “Sería por 12 meses en el caso de cualquier docente y por 14 meses en caso de que ese trabajador esté sindicalizado”, señaló.

La dirigente comentó que “a veces se despide a los docentes por el reclamo de sus derechos, como una manera de adoctrinar al personal. Pero, por otro lado, envían un telegrama así sin más, sin haber seguido los canales que deberían: presentar un sumario, antecedentes para presentar un telegrama”.

“En general, nos levanta sospechas el hecho de que se vuelve a cubrir ese cargo. Sabemos de 300 casos en lo que va del año en la provincia, seguramente hay más, no nos hemos enterado del resto porque no se acercan al sindicato”.

Respecto a las estadísticas locales, Orellano señaló que en los últimos meses “hemos tenido 8 despidos. 5 de esos fueron sin causa y en su mayoría de colegios subvencionados. Hay otras delegaciones donde ha habido 40 despidos. Si además tenemos en cuenta que nuestro sector está mayormente representado por mujeres y ellas se han transformado en jefas de hogar, tiene un impacto muy grande”.

Tras mantener una reunión con Orellana, el concejal Walter Larrea presentó un proyecto de resolución expresando el beneplácito del Concejo Deliberante por la propuesta de modificación a la Ley Provincial Nro 13.688 (Ley Provincial de Educación).

Consideró que la norma “ayudará a solucionar los problemas de aquellos establecimientos de gestión privada que solicitan recursos para su funcionamiento, ya que permitirá reordenar el sistema, re-direccionando los recursos estatales hacia a aquellas instituciones educativas que tengan una imposibilidad real de pago y fomentando el uso mesurado y responsable de los dineros públicos que pertenecen a la sociedad en su conjunto”.

Suteba Bahía Blanca realizará un paro este martes junto a la CTA, Aduns y la Asociación Judicial Bonaerense. La semana pasada más de 500 maestras y maestros definieron medidas de protesta ante el deterioro de la situación económica.

Gabriela Delfino, secretaria general del sindicato docente, analizó además en FM De la Calle el impacto del aumento de fondos para los comedores escolares anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal. “¿Yo quisiera saber qué es lo que le puede dar cualquier funcionario a sus hijos con 33 pesos?”, se preguntó.

“Para los comedores se tenía que implementar la administración por parte de Municipio, el suministro de recursos es una cuestión compleja por la logística que necesita y por la modalidad de entrega. El año pasado se entregaba toda la mercadería en un solo día, teníamos muchos problemas para mantener fresco lo que nos entregaban, las escuelas no tienen heladeras, aunque se cubrieran las necesidades alimenticias era muy complicado poder sostenerlos, ahora con 33 pesos la calidad ha bajado”.

Delfino comentó que “la ampliación de los cupos siempre fue una batalla que había que dar, había argumentos como que no lo necesitaban o que la gente mandaba a los chicos al comedor para no cocinar”.

Por otro lado, manifestó que durante la última asamblea docente “en la Técnica 2 hubo más de 500 compañeros y compañeras, lo que expresa el descontento de las cosas que estamos viviendo”.

“Toda esta corrida cambiaria, el dólar, originó que de un día para el otro perdiéramos todo nuestro poder adquisitivo. ¿Qué hubiera pasado si el día de cobro nos hubieran depositado el sueldo con el 20% de menos? Creo que hubieramos salido todos a la calle a reclamar que nos paguen el sueldo entero, es la misma situación”.

Delfino comentó que “a fines de octubre nos corresponde la cláusula gatillo y tuvimos en agosto un reajuste. Una de las demandas es que la indexación sea mensual y la reapertura de la discusión paritaria. Para todos los estamentos nacionales, menos docentes, se plantea un bono de emergencia, en el caso de la provincia los anuncios de la gobernadora tienen el tenor de una aspirina frente a una neumonía”.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se manifestó, junto a otros gremios del puerto, ante el Consorcio de Gestión por la falta de materia primera para los frigoríficos locales.

La asistencia es fundamental para preservar más de 150 fuentes laborales en White Gulf y Roucomar. Por otra parte, se demandó obras de infraestructura y mejoras laborales.

“El sector pesquero hace varios años que viene con dificultades. Desde el  2014 que no pudimos ingresar al puerto los barcos para operar, tenemos plantas como Roucomar, que hoy están sufriendo los embates de no poder tener la materia prima”, comentó el delegado regional Juan Pablo Moreno.

Desde el gremio informaron que plantearon al presidente del Consorcio, Miguel Donadío, “la urgencia de liberar de forma inmediata fondos con un atraso de más de 6 meses, lo que nos permitirá poder contar con la suficiente materia prima nuevamente para poder elaborar normalmente en la planta”.

“El frigorífico White Gulf es una empresa que exporta, que depende pura y exclusivamente de frutos del mar, que la posibilidad que tiene de adquirir materia prima es a través de camiones, que vienen desde el sur. Veíamos la imposibilidad a través de un retraso en las gestiones del Consorcio y es preocupante porque atrás hay puestos de trabajo, queremos que se entienda nuestra situación”.

Moreno comentó que “en líneas generales la situación es muy preocupante, siempre decimos que cuando al crisis llega a nuestra actividad, fabricamos alimentos, imagínenese en el resto de actividades. La situación es crítica, los compañeros no llegan a fin de mes, se ha dolarizado la economía y con los sueldos no ha pasado eso”.

Trabajadoras/es estatales denunciaron el vaciamiento y la subejecución del presupuesto de la obra social IOMA. El titular de ATE, Oscar De Isasi, rechazó el convenio firmado entre la prestataria y Provincia NET, un holding del Banco Provincia.

“Este holding que, oh casualidad, es de Jorge Macri, realiza un convenio que gerencia la obra social, le permite que ingrese a los datos de dos millones seiscientos mil afilados, al proceso de autorizaciones, proceso de pagos a afiliados y proveedores y reintegros a los afiliados, se mete en el corazón de la obra social”, explicó.

Según informó, “termina siendo mucho más caro e ineficiente. Es un negocio de quienes se están yendo y, antes de apagar la luz, se quieren llevar la plata de los trabajadores. El IOMA está financiado por los aportes de los afiliados”.

La prestataria tiene un presupuesto equivalente al Ministerio de Salud de la provincia, alrededor de 63 millones de pesos. “Desde que asumió Vidal hubo un excedente financiero de tres mil millones de pesos a costa de que se bajaran las prestaciones a partir de trabas burocráticas para desalentar que el afiliado vaya. Esas subejecuciones no fueron ahorros para la obra social sino que fueron para otro lado, esto se los permitió la reforma a la ley de Ministerios en en 2018”.

De Isasi dijo que “plantearemos que cese con el vaciamiento y, en segundo lugar, se eleve un proyecto de ley donde se plantea que la mayoría del directorio tiene que estar ocupado por trabajadores dado que la financiamos nosotros”.

Mauro Gerardi, dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, señaló que durante los últimos días se produjeron demoras y fallas en el sistema CUNA. Si bien el servicio se está regularizando lentamente todavía hay algunas liquidaciones que no aparecen.

“El sistema CUNA es de liquidación de la Cobertura Universal para la Niñez y Adolescencia, lo implementaron y falló. Esto ocasionó una demora en el pago de asignaciones universales, familiares y de personas con discapacidad”.

“El tema de asignaciones representa un monto importante para quienes la perciben, hemos sufrido bastante, la gente nos ha entendido a los trabajadores que no tenemos herramientas para brindarles, venían a cobrar o a hacer el reclamo y desde la empleadora no hemos tenido respuesta”.

Gerardi comentó que “hemos tenido gente que se ha largado a llorar. Para un trabajador que tiene dos o tres hijos representa casi un 20% de los ingresos, uno tiene compromisos que cumplir a principio de mes. Los trabajadores sufrimos a la par de los beneficiarios porque no tenemos soluciones”.

Consultado por la aplicación a nivel local de órdenes de las autoridades para acelerar los tiempos de atención por turnos, dijo que “la persecución en el tema de los tiempos existe, piensan el ANSES como piensan todo, mediante una planilla de Excel. Lo que hacemos es defender a los trabajadores y a los beneficiarios. Los tiempos son insuficientes, no vamos a tratar a los beneficiarios como si fuera una mercancía”.

Por otra parte, dijo que las familias acuden a los préstamos de ANSES aunque “no dejan de ser a tasas usurarias, 50 o 53%. En vez de endeudar a los jubilados no le deberían haber sacado la movilidad jubilatoria. Se necesita un aumento de las jubilaciones, no un bono. Están muy angustiados, en muchos casos los mismos trabajadores tenemos que darle dinero para que se vuelvan a sus casa porque no tienen para el colectivo”.

El Gobierno fijó unilateralmente el salario mínimo vital y móvil en $16.875. El aumento será escalonado en 3 cuotas: 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre. Sin embargo, la canasta básica se encuentra en $31.934 según datos del INDEC.

Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, opinó que “es insuficiente porque no cubre lo que viene sufriendo la familia trabajadora, tendría que haber sido por arriba del 50, un 55%. Si vamos a pensar que en el día a día uno no se encuentra en ninguno de los alimentos básicos el mismo precio me parece una falta de respeto, no estamos de acuerdo”.

La gremialista comentó que en la última reunión de la Multisectorial 21F “se discutió mejorar los esfuerzos para que más personas votemos la ida de este gobierno que la mayoría de compañeros y compañeras coincidimos que es el peor gobierno desde que se recuperó la democracia, es insensible a la situación por la que atravesamos la mayoría de la población”.

“Hay que militar y recuperar el acceso a la salud, la educación, a la soberanía tan devastada, entregada por esta gente. Hay que entrar a ver un plan que implique reactivar el consumo, promover política activas de Estado, dar insumos y ayudar las PyMES para recomponer el mercado interno y recomponer el consumo familiar”.

“Estamos generando una reunión de conducción, de la comisión ejecutiva de la CTA  porque entendemos que en estos meses tenemos que lograr alguna acción conjunta con Yasky, con los Moyano y Palazzo, con el Frente Sindical y organizaciones populares para generar una acción para parar la depredación que estamos sufriendo y plantear una discusión que por única vez se sienten a discutir una reparación salarial”, finalizó Martínez.

Se cumplió el primer aniversario de explosión de la Escuela 49 de Moreno en la cual se produjeron los asesinatos laborales de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

La docente morenense Andrea Blanco visitó Bahía Blanca para acompañar la proyección de la película “Escuela Bomba”.

“No fue un accidente porque se pudo haber evitado si garantizamos la condiciones en las que se trabaja y se aprende. Si bien sucedió ahora, en este gobierno, no son cosas de ahora. Aunque Vidal es responsable. Las malas condiciones de infraestructura de las escuelas preceden a este gobierno, negligencia y múltiples causas que se podrían haber sido evitadas”, dijo Blanco en FM De la Calle.

Agregó que “lo que pasó luego de la explosión fue lo que se pudo construir colectivamente, eso tiene una potencia tremenda, las cosas se fueron desarrollando por la masividad del conflicto. El primer día se suspendieron todas las actividades, fue el dolor y la certeza de que cualquiera de nosotros podría haber sido Sandra y Rubén”.

El distrito estuvo casi seis meses con suspensión de clases.  “Empezamos mayoritariamente el ciclo lectivo 2019, la mayoría de las escuelas sin gas. A una escuela céntrica le habían puesto aires acondicionados para calefaccionar y cuando empezó el frío empezaron a estallar las instalaciones eléctricas”.

En Capital Federal, las autoridades del cine Gaumont censuraron el estreno del film: “Teníamos fecha, estaba en agenda y dos días antes nos dicen que no iba a salir. Eso generó toda una situación alrededor de la película. El director es Juan Mascaró, tuvo la cintura de decir ‘la pasamos en la calle’, y eso tuvo un efecto interesante. Queremos que el documental resulte una herramienta para poner luz a la situación de la provincia y del país, porque no se distancia lo de Moreno con el resto de las localidades”.

“Escuela bomba” es una producción independiente del Departamento de Educación de la Universidad de Lujan, “sin un solo peso, con una cámara prestada”.

Blanco señaló que “intentamos en 68 minutos reflejar lo que los distintos colectivos piensan, el impacto de los asesinatos, la muerte, la explosión. Todo lo que vino después, lo que pasó con la película es análogo a lo que pasó con la explosión”.

“Sandra y Rubén fueron dos compañeros muy comprometidos en su organización sindical y en su labor. Muy comprometidos con su trabajo, con esa escuela y con la comunidad. Su compromiso social habla de ellos como laburantes, como sujetos históricos. Y si no fueran así también deberíamos estar haciendo esto por cualquier trabajador que muere tratando de ganarse la vida”.

La docente comentó que “judicialmente el que tiene algún costo es el gasista, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Claramente los responsables son los gobernantes, sin embargo, ellos no pagan ningún costo”.

“En Moreno los padres han sacado a cachetazos a (el Director General de Cultura y Educación, Gabriel) Sánchez Zinny de la escuela, hay mucha irritabilidad ganada, eso está y tiene su efecto político. Ninguno tiene causas ni procesos judiciales por esto”.

Por último, Blanco señaló que “si Sandra estuviera viva estaría pagando los costos de la explosión porque siempre somos los trabajadores los que pagamos los costos”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, dijo a FM De la Calle que la obra social de la Universidad Nacional del Sur atraviesa un momento crítico y que podría ingresar en cesación de pagos.

“Se trata de la atención de la salud de las familias de docentes y no docentes de la Universidad. Una obra social que fue ejemplar durante muchísimos años y hoy, producto fundamentalmente de las políticas de ajuste y devaluación de este gobierno, del incremento de tarifas, e impericias de la conducción local, seguramente mala administración, llegamos a este grado de situación que nosotros denunciábamos hace meses”, declaró.


“La única solución que plantea el Consejo Administrativo de la Universidad es seguir pretendiendo que este déficit se solucione a través de mayores aportes de afiliados y afiliadas, a través de pagar más coseguros, reducir las prestaciones. Eso es dinero que debería salir del salario para palear el déficit de la obra social que no definimos los afiliados. Nos oponemos a que se ejecute ese plan de ajuste y proponemos otras soluciones como reclamar a la Universidad del Sur que realice un aporte extraordinario, dado que es el empleador natural, y reclamarle al Ministerio de Educación”.

El presidente de SOSUNS, Juan Carlos Lobartini, planteó un programa de ajuste y reducción de prestaciones: “Estamos hablando de 10 mil afiliados y afiliadas. Pretenden aprobarlo en la reunión del Consejo el próximo jueves. Pensamos en ir a hacer oír nuestra voz, no ser neutrales con esta posición, defender la obra social. Pero de ninguna manera pretender que el salvataje de este déficit lo paguen los salarios de los trabajadores”, finalizó Zaninelli.

El secretario general de la CTA Regional Bahía Blanca sostuvo que la judicialización de la toma de viviendas en el barrio Spurr “marca una línea de intervención de parte del gobierno municipal y de la justicia”. Porque no hace “una lectura de la realidad que indique que los reclamos de vivienda y el déficit habitacional son evidentes y que esta toma de tierras está enmarcada dentro de ese reclamo que existe en otros sectores de la ciudad. A ese pedido ante las autoridades públicas se responde de esta manera”.

Respecto de la imputación del delito de usurpación, basados en la interpretación de que fue “violento”, el dirigente explicó a FM De la Calle que“retuerce lo que dice le código penal. Es público que el reclamo ha sido genuino, pacífico, ahora continuo y que tiene legitimidad”.

¿Qué motiva la toma? “Lo definía muy bien hace unos días un joven que frente a una pregunta de un periodista: ´cuando empezamos esto no lo conocíamos ni a Aparicio ni a nadie. ¿Sabe qué, don? Lo que nos empujó a esto es la necesidad´. Es una verdad innegable, cualquiera que se acerque al lugar verá que hay un reclamo genuino. Hay un estado de necesidad”.

Sobre las acusaciones que expresaron públicamente varios funcionarios de que la central obrera “instigó” al desarrollo de la toma, el dirigente sindical sostuvo que “hay un propósito avieso de quienes sobre estiman nuestra capacidad de organización. La CTA, lo decimos sencillamente, no tiene la capacidad de organizar a cuatrocientas familias en el barrio Spurr sencillamente porque no tenemos la inserción social en ese lugar como para producir ese grado de organización”.

Además, argumentó que “los funcionarios que hablan de esta manera desprecian la capacidad de organización de los y de las de abajo, como si no pudieran organizarse colectivamente por las suyas, tomar decisiones, reunirse en las asambleas, decidir qué van a hacer, por donde van a encaminar sus pasos”.

“Lo que nunca entenderán estos funcionarios y estos jueces es que sí hacemos un esfuerzo, pero de ahora, por ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, y la CTA tiene escrito desde el primer programa una de nuestras acciones principales iba a ser la solidaridad con quienes reclaman por sus derechos. Eso fue lo que hemos hecho”.

Gandolfo repudió la decisión del gobierno de Héctor Gay de retirar asistencias sociales a quienes reclaman por vivienda. “Eso es tremendo. Se reconoce su estado de necesidad y por lo tanto se les da un plan y por otro lado cuando se disponen a reclamar por algunos de sus derechos se los quitamos si protestan”.

Por último, el titular de la central local exhortó a pronunciarse en torno a la situación de estas familias: “Frente a esta situación donde está puesta sobre el tapete la cuestión social es muy importante que todos y todas, organizaciones y personas, se hagan oír colectivamente y tomen posición con respecto a esto: que lo digan”.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) y adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo que ante la devaluación del 40% “en los próximos días vamos a movilizarnos en defensa del salario”. En línea con las declaraciones de otros dirigentes gremiales y sociales, dijo a FM De la Calle que “hay intercambio de opinión de qué hacer en momentos como el que estamos viviendo”. Hoy tendrá lugar una reunión de la conducción nacional de la central de la que participa.

Durante la mañana de ayer, Macri anunció una cantidad de medidas, entre ellas, el congelamiento del precio de los combustibles. Rigane sostuvo que “no hay probabilidad cierta de que se ejecute. Para hacer un cambio de fondo tiene que terminar con la dolarización de la tarifa tanto de los combustibles como de los servicios públicos”. Antes de terminar la jornada en que habían sido anunciadas esas medidas, el gobierno dio marcha atrás con el supuesto congelamiento de precios.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a sindicatos de la rama de la energía señaló que “entre el viernes 9 de agosto y hoy (por ayer), miércoles, la devaluación del peso argentino fue del 40%. Cada dólar pasó de valer 45,19 pesos a 63 pesos, según la cotización oficial en el Banco Nación. Ante esta situación, el movimiento obrero, a través de distintos gremios y centrales sindicales, ya manifestaron su repudio”.

“Hacemos un llamado a una mayor unidad en la acción para preparar una gran movilización en defensa del salario y los derechos adquiridos de cada trabajador y trabajadora. Vamos hacia una masiva marcha en defensa de la soberanía popular y el pueblo argentino”.

Rigane remarcó que “a pocas horas del rotundo rechazo por parte del pueblo argentino a las políticas de hambre y exclusión de este gobierno, alertamos a todos los trabajadores que esta corrida cambiaria impactará de forma feroz en los salarios, la inflación y el costo de vida de cada trabajador”.

Elecciones en la FeTERA

Hasta las 18 se llevan a cabo las elecciones de la entidad federada a través de 50 mesas distribuidas por territorio argentino. El dirigente sindical, que va por la renovación de la secretaría general, expresó que esperan “la participación de todos los compañeros y compañeras del ámbito de la energía y que podamos desarrollar esto con amplia democracia. Es lo que hace viable y posible cualquier iniciativa que pretendamos llevar adelante. Hemos planteado la recuperación de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los trabajadores”.

 

ATE denunció malversación de fondos por parte de autoridades del Hospital Penna. El gremio advirtió que la administración se quedaba con diferencias de salarios mal abonados por parte del Ministerio de Salud a trabajadores recién ingresados.

“Cuando esto sucede, al mes siguiente el Ministerio te descuenta lo que pago de más. Hacemos la denuncia de que se les debe reintegrar ese dinero, empezamos a encontrar que esto se estaba haciendo hace rato, encontramos compañeras que firmaban recibos de devolución desde el 2018”, dijo a FM De la Calle Viviana Marfil.

La secretaria general de ATE destacó que “es tal la impunidad que hacían mensajes de whatsapp diciendo que debían pasar por al oficina del administrador para pagar ese dinero que se les había abonado mal”.

“La provincia es la que paga el sueldo. Si a vos te pagan de más, al mes siguiente la misma provincia te hace el descuento. Aprovechando que eran compañeros que recién ingresaban en planta, ante el desconocimiento, les decían que les habían pagado de más y que tenían que devolver el dinero”.

Marfil afirmó que “nadie sabe a dónde iba a parar ese dinero porque nunca debía haber ingresado a las arcas del hospital. El Ministerio se enteró de lo que denunciamos, bajó la orden de que se les reintegrara el dinero y ahí nos enteramos de más casos”.

Los hechos se plantearon ante la provincia y el lunes serán presentados ante la justicia penal. “Con las autoridades del hospital no existe diálogo y te responden con evasivas. Esto es responsabilidad del hospital”.

Marfil denunció, además, descuentos mal realizados , concursos ilegales para designar jefes de servicios de enfermería y cambios de turno imprevistos.

Durante el fin de semana más de 3000 trabajadores y trabajadoras debatieron en el primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular, junto a personas vinculadas a la función pública un programa para ponderar al sector.

Joaquín Fernández, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, comentó a FM De la Calle que “había muchas organizaciones que venían reclamando cuestiones por separado, propusimos un foro donde discutamos qué modelo de país queremos, para poder avanzar en políticas concretas para nuestro sector”.

“Las cooperativas de trabajo, al igual que cualquier sector, sufrimos la caída del mercado interno, las políticas del macrismo han hecho que la pasemos muy mal. El gobierno no cree ni reivindica el trabajo cooperativo, sino la salida individual del emprendedurismo. Las cooperativas no cerramos, sucede que no tenemos trabajo, que somos menos socios. El cooperativismo creció mucho. Queremos formar arte de un gobierno que pueda salir de la crisis con trabajo genuino”, destacó.

“A partir de ahora queremos ver de replicar las actividades como este foro, empezar a juntarse cada una de esas cooperativas para hacer cuestiones concretas, estamos pensando hacer una gran feria en las distintas plazas del país”.

Trabajadores de Fabra Fons denunciaron que los dueños de la firma, Luis e Isabel Fabra y su esposo Vicente Sanchís, no pagan sus salarios hace cuatro meses y que pretenden cerrar la fábrica de colchones.

“Seguimos con la protesta en la vereda. Con Walter (Uranga) vamos a hacer unos volantes para repartir  y unos afiches con la cara de estos tres señores”, comentó el delegado Hector Giacobini.

“Se está poniendo cada vez más pesado, estamos haciendo cosas que a ellos no les gustan. Ante el mínimo problema el señor Fabra, que falleció hace quince años, te lo solucionaba. Isabel y Luis, sus hijos, son dos sinvergüenzas”.

Hay dos inversionistas interesados en comprar la fábrica: uno pretende comprar las maquinarias, trasladarlas a otro galpón y emplear a 12 de los 24 trabajadores; el otro solo apunta a comprar el edificio de Sarmiento 1341 para construir un “edificio inteligente”.

“A la mañana vino Sanchís y dijo que estaba todo firmado con el inversor, que pagaban lo que se debe y las indemnizaciones, o sea que nos quedamos todos afuera. No vamos a hacer nada sin el abogado. El viernes tenemos audiencia con el Ministerio de Trabajo, 18 pertenecemos al Sindicato de Plásticos y 6 personas son de Empleados de Comercio, tampoco el sindicato se hizo presente”.

Giacobini, por último, comentó que “ese grupo inversor quiere la fábrica sin maquinaria y sin personal y el problema que tienen los Fabra es que está el personal adentro y no lo pueden sacar”.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

La Asociación Judicial Bonaerense advirtió que de 2016 a junio de este año tuvieron un 19,1% de perdida del poder adquisitivo en los salarios de sus afiliadas y afiliados .

Flavio Meles, titular de la seccional Bahía Blanca, señaló a FM De la Calle que “no existe paritaria, el aumento del 13% no fue producto de una negociación salarial. Fue producto de una voluntad de la gobernadora que especula con las elecciones próximas. Si no hay una mesa de negociación salarial, brindar este 13% es un manotazo de ahogado de la gobernadora”.

“La inflación de junio ya supera el aumento de este año, queremos garantizar una pauta salarial que nos garantice que nuestros salarios van a ir a la par de la inflación hasta fin de año”.

Respecto a la propuesta del Mapa Judicial que presentó el gobierno provincial para suprimir o abrir juzgados en distintas ciudades, Meles comentó que “es el Mapa Judicial del ajuste, pretende optimizar recursos escasos y redistribuirlos de forma conveniente en función de lo que es desastre laboral en algunos fueros”.

“No podemos decir que hay que optimizar los recursos escasos. Los fueros Civil, Familiar y Laboral están viviendo un colapso y lo sufren nuestros compañeros, son quienes ponen el lomo ante la escasez de recursos. No sobran recursos, faltan. Esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, opinó.

La Asociación de Trabajadores del Estado realiza un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias y aumento salarial.

“Lamentablemente no hay convocatoria, lo que hay es una manifestación clara de desprecio contra los estatales sobre los problemas salariales y laborales”, dijo a FM De la Calle el secretario general Oscar de Isasi.

El también titular de la CTA bonaerense agregó que “pocos días atrás, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo del gobierno de Buenos aires, planteó que se iba a mantener cerrada la paritaria, excusándose que ya se habían cerrado en el 2018”.

El acuerdo consistió en que miles de empleados/as estatales cobren, en diciembre de 2019, un promedio de $19.800. “Es verdad que se cerraron por todo el año pero no hay ningún impedimento para poder reabrir las paritarias, si es que hubiese un mínimo de sensibilidad social. La línea de pobreza está planteada en más de $28.000. La inmensa mayoría de quienes pertenecen a la Ley 10.430 cobran entre $17.000 y $25.000”.

“La angustia que estamos sufriendo nos hace tomar una medida con respecto a lo sucedido el 17, vamos al Ministerio de Trabajo provincial a exigir la reapertura de la paritaria. A esta altura nos sorprendería que cambie el rumbo, pero ha pasado que con la masividad han retrocedido”, dijo de Isasi.

El dirigente reveló qué tan perjudicial fue la gestión de este gobierno para su sector: “El estado provincial, al igual que el nacional, ha tenido dos variables de ajustes. Una de ellas en las políticas sociales, ha disminuido sistemáticamente las partidas de salud, educación, niñez y desarrollo social. Año tras año desde que asumió María Eugenia Vidal”.

“También han implementado una ecuación clásica de neoliberalismo cuando se quiere descargar el ajuste sobre los trabajadores del Estado. Jubilaciones compulsivas, retiros voluntarios, bajas salariales y despidos. Alguno dirá que no hubo despidos, pero en realidad hubo 4000 que fueron reincorporados a través de la lucha. Pero la intención era despedir”.

Según los cálculos de ATE, con Vidal se perdió, al menos, el 27% del salario real.

Con respecto a la perspectiva electoral, el dirigente opinó: “No hay que dejar la calle hasta el fin de año, es un buen mensaje para el que viene: no solo queremos cambio de nombres sino también de políticas. Un gran frente electoral que le ponga un límite electoral a Macri. El Frente de Todos es una buena opción para la derrota de Macri, que sea lo más amplio posible”.