Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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Desde este jueves se desarrolla en la sede de Textiles Pigüé el Encuentro Internacional “La Economía de las y los Trabajadores”, un evento que reúne a integrantes de empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como también sindicatos y académico@s.

El primer Encuentro fue organizado en el año 2007 por Facultad Abierta, un programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires y actualmente el comité organizador está integrado por un número cada vez mayor de organizaciones y movimientos alrededor del mundo.

Andrés Ruggeri, integrante de Facultad Abierta, adelantó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que el contexto nacional e internacional para el sector es difícil. “La política económica y en general del gobierno de Mauricio Macri está atacando las experiencias de autogestión, está generando una situación social y económica bastante complicada y desde el punto de vista de los participantes argentinos seguramente se va a discutir este tema.

Andrés-Ruggeri

En el plano internacional “aparecen desafíos similares en países como Brasil o situaciones muy complicadas como las de Colombia, Venezuela, México y ni hablar de los países centrales donde con Trump y con determinadas políticas mundiales”.

Ruggeri destacó que los gobiernos de Cambiemos están apelando al “veto sistemático” como política ante las leyes de expropiación que fueron aprobadas en los últimos meses en los parlamentos de la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la Nación.

“Lo hizo el presidente con el Hotel Bauen, el jefe de gobierno de la Ciudad con varios casos de empresas recuperadas y no solamente el veto -destacó- también uno puede observar que cuando hay conflictos laborales, lo primero que aparece es la represión como respuesta. A partir de los vetos se han producido desalojos, el caso más claro es el de Acoplados del Oeste, la fábrica Petinari en Merlo, que estaba siendo autogestionada, había sido expropiada por unanimidad por la Legislatura, vetó la gobernadora la ley y al poco tiempo fueron desalojados por un operativo de 600 policías”.

En cuanto a los desafíos de las empresas recuperadas, cooperativas o autogestivas el sociólogo apuntó que “hay un camino hecho, ya forjado, creo que lo más complicado es, por un lado, a veces las condiciones de inicio, de falta de capital, maquinarias o instalaciones que están abandonadas, más el problema jurídico que generalmente se origina por un abandono patronal, una quiebra fraudulenta, etcétera”.

“Pero desde un punto de vista un poco más amplio es cómo se encara la gestión colectiva, cómo se reemplazan funciones que antes ejercía personal jerárquico o directamente los patrones en manos de un colectivo de obreros, creo que la experiencia de las fábricas y de empresas recuperadas en nuestro país y en otros lugares ha sido bastante exitosa en eso a pesar de todas las dificultades”, agregó.

Finalmente subrayó el trabajo de la anfitriona de la segunda parte del encuentro: “Textiles Pigüé es un caso muy paradigmático de empresa recuperada exitosa desde el punto de vista que es una textil grande que era parte de Gatic, que era la que tenía hasta el 2000-2001 la licencia de Adidas. Eran muchas plantas en el país, algunas cuando quiebra la empresa en 2003 se recuperan y una es Textiles Pigüé que realmente ha logrado construir una empresa cooperativa muy eficiente y participativa en cuanto a lo político y social, con mucha importancia en el lugar donde están”.

Más información en 

https://laeconomiadelostrabajadores.wordpress.com/

Fotos: Encuentro Trabajadores y La Vaca

El abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo, el obrero que murió en la excavación de Soler al 100 a fines del año pasado, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle luego de conocerse el resultado de una “pericia trascendental en ingeniería civil”.

El letrado detalló que el perito analizó documentación pertinente y las medidas precautorias tomadas en la obra realizada por MAPSA y determinó que en el programa de seguridad -el cual detalla todo lo planificado y proyectado– “no estaba previsto el riesgo de derrumbe como acontecimiento posible, por lo tanto no se tomó ninguna medida de protección y seguridad para con los trabajadores en torno a ese riesgo”.

“Demuestra la plena responsabilidad de las personas que estaban a cargo”, agregó Chazarreta, y explicó que según el resultado del perito de La Plata: “En el programa de seguridad no se incluyen los dos riesgos básicos para cualquier zanja o excavación. Uno es la caída de personas dentro del pozo, y la segunda es el debilitamiento de las paredes y el derrumbe”.

Respecto a las imputaciones, dijo que será cuestión del fiscal determinar quiénes son las personas imputables. También remarcó que la causa ha sido calificada como ‘homicidio culposo’ y que todavía no se terminó de precisar todos los profesionales que intervinieron en la planificación del programa.

Asimismo, comentó cómo debió ser el proceder ante la obra en materia de seguridad: “Se contrata una ART (el seguro de riesgo en el trabajo), hay un licenciado en seguridad e higiene –que puede ser particular o a veces lo brinda la propia ART–, un director de obra, y a veces se suma otro profesional en el caso de las obras privadas”.

En el derrumbe ocurrido el 6 de noviembre de 2016, Burgos Melo perdió la vida, pero tres compañeros que también cayeron al pozo, sobrevivieron. Al respecto el abogado comentó: Las tres personas que han quedado lesionadas están bajo tratamiento psicológico y de licencia. Ha sido un hecho totalmente traumático, sobre todo por la cantidad de horas que han tenido que sobrevivir en ese estado. Les ha cambiado plenamente la vida, y es muy difícil seguir desarrollando su actividad después del acontecimiento sufrido”.

En relación a los dichos respecto a que un particular había pedido la celeridad de la obra frente a su lugar de trabajo, el representante de la familia Burgos Melo dijo que no le cabría ningún tipo de responsabilidad y aseguró que no era la única sección de la cuadra que se había dejado para trabajar el domingo.

Sin embargo, falta determinar si los responsables de la obra solicitaron el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme lo indica la reglamentación pertinente, que los habría habilitado a trabajar un día domingo.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC-Arg), en el marco del 97º aniversario del comienzo de la radiofonía en nuestro país, nos movilizamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos.

Este viernes presentamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones un escrito pidiendo la apertura de concurso para acceder a licencias sin fin de lucro para obtener la legalidad de nuestros medios.

Esta acción se replicará en Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca y Buenos Aires ante las delegaciones de ENACOM.

Lo que exigimos está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ni el organismo ni los funcionarios cumplen con lo dispuesto en la norma.

Exhortamos al Estado y a los funcionarios correspondientes a que tomen en cuenta nuestras necesidades y nos den respuestas efectivas y concretas a nuestras históricas demandas. Exigimos:

•Que se realice el Plan Técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios “Sin Fines de Lucro”. Hasta tanto no se formalice el mismo, pedimos que esto no condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

•Que se explicite dentro de ese 33% de los medios “Sin fines de lucro” la distinción de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, tal como están definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.

•Que se democratice la distribución de la Pauta Publicitaria Oficial.

•Que se concrete el pago de la totalidad de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) adeudados.

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A pocos meses de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), los dirigentes Adrián García y Martín Parada pasaron por El Mejor Equipo de FM De la Calle para hablar sobre la situación laboral, el gremio opositor y varios temas más.

El SITRAIC surge hace ocho años a nivel nacional, principalmente en el conurbano bonaerense (La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús). Hace tres años obtuvieron la inscripción gremial nacional, que conlleva la posibilidad de tener delegaciones en todas las provincias. El 2 de marzo crearon la sede bahiense.

Desde entonces están en campaña para “normalizar la situación” en Bahía, ya que observan mucho trabajo en negro y precarización laboral (como ocurre en diversos rubros). En el caso de García y Parada, se afiliaron al nuevo sindicato “porque teníamos un gremio [UOCRA] que nos había desamparado totalmente, donde la corrupción es muy evidente y no podías hacer uso de la libre expresión”.

¿Cómo llevan adelante el reconocimiento por parte del Estado y la representación gremial?

 El dirigente afirmó que es un problema porque “a medida que avanzamos como sociedad se generan estos planteos. La Constitución dice que sólo un gremio por cada rubro puede tener la personería jurídica (que los habilitaría a participar de las paritarias, por ejemplo), que no quiere decir que sea el gremio de preferencia”.

Sin embargo, cuando se consiguió la inscripción gremial “fue un paso muy importante”. El próximo, asegura García, es “demostrar que el sindicato que tenemos enfrente no es el que lleva ‘la batuta’. Ellos lo enmarcan solamente en tratar de llevar el poder que han conseguido con los años, directamente con violencia, discriminación. No conocen otra forma, no conocen lo que es la democracia, hacer respetar al compañero, lo que realmente el compañero quiere. Prácticamente se han perdido todos los derechos en nuestro rubro”.

También comentaron que en los primeros meses de trabajo sufrieron hechos de violencia y discriminación por parte de la UOCRA. Por ejemplo cuando denunciaron las precarias condiciones en que trabajaban en una obra de Los Chañares. Una inspectora se acercó al lugar para clausurarlo y minutos después de retirarse, el delegado regional del Ministerio de Trabajo levantó la clausura. García habló con él y “nos dijo ‘me apretaron, tuve que levantarla’. Y pienso ¿cómo puede ser que un grupo de matones pase por encima del Estado?”.

Los compañeros de trabajo tuvieron que volver a la obra porque “no se podían resistir. El apriete era ‘laburen o los despiden’”. El gremialista asegura que el Municipio no tomó cartas en el asunto, y hasta lo consideró una ‘interna gremial’.

El 7 de marzo los integrantes de SITRAIC presentaron un petitorio ante el intendente y el Secretario de Obras Públicas “porque queríamos hacer un planteo respecto a nuestra bolsa de trabajo y cómo íbamos a trabajar en Bahía. Hasta el día de la fecha no nos atendieron”.

También denunciaron que quienes se acercan al gremio son despedidos o no consiguen trabajo. Y esto no es de ahora sino que “funciona así hace años. La conducción UOCRA lleva 14 años en el mando. Cada vez que se han presentado compañeros a una lista opositora automáticamente después no consiguen trabajo en ningún lado”.

El caso más reciente fueron los despidos en Indupa a principios de agosto, razón por la que tuvieron que cortar el ingreso al Polo para obtener alguna respuesta de sus empleadores, APB (Alta Presión Bahiense), una empresa tercerizada: “Niegan todo. Niegan el apriete de UOCRA. Han sido citados al Ministerio, el viernes pasado y no hay arreglo. Salieron diciendo que nunca fueron apretados”.

La semana pasada hicieron uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante, y presentaron un petitorio que reclama “que se respete la igualdad de condiciones, que se abra la bolsa de trabajo para afiliados de SITRAIC, que es lo que corresponde”. Piden que se sancione como ordenanza, para revalidar lo que ya dice la Constitución. “Esto lo queremos trasladar también a nivel privado. Sobre todo con las obras de envergadura que se vienen en Bahía Blanca”, afirmó García.

Los afiliados a SITRAIC tuvieron que llegar a estas instancias ya que, según Martín Parada, “el empresario tiene miedo a denunciar. Y también es cómplice. Hay empresarios en Bahía Blanca y la región que son cómplices de estos distintos aprietes [por parte del sindicato opositor]. Se lavan las manos con el obrero”.

Si el Municipio no acompaña, “no te abre las puertas y dice ‘acá hay dos gremios’… Estamos hablando de 600 afiliados en una bolsa de trabajo, de los cuales, 100 han sido despedidos en el último mes y medio”. Esa es una de las razones primordiales por las que han realizado marchas. “No podemos seguir haciendo oídos sordos, y el Estado tampoco”, aseveró Parada.

Mientras que en Carmen de Patagones lograron un convenio para que ambos gremios trabajen en Vialidad, acá no sucede lo mismo. García asegura que “cuando pasan estas cosas y se consigue la pluralidad sindical, el gremio opositor pierde fuerza. Ese es el miedo realmente”. Y considera que “en poco tiempo, como hemos avanzado, vamos a poder pedir de participar en las paritarias”.

Se realizarán las primeras actividades de “Polo/Puerto y conflicto social: desarrollo y derechos humanos en Bahía Blanca”. El viernes habrá una charla y el sábado radio abierta, música y un mural en homenaje a Juan Cruz Manfredini y Nicolás Biernat, víctimas de la precarización laboral.

Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.

Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.

La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.

“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.

Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.

“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.

Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.

La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.

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“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.

La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.

“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.

La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.

“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.

Siempre me matan, me matan

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Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.

Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.

Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.


El sábado pasado, el Coro Estable de los Organismos Artísticos del Sur ofreció un concierto en la iglesia Inmaculado Corazón de María, ubicada en calle Zelarrayán 741.

Antes de comenzar, Mónica Castro, delegada por ATE, se dirigió al público en representación del conjunto de cantantes para explicar que vienen “sufriendo una serie de hechos que dificultan” su trabajo.

Haciendo referencia a los carteles (Ver video) que cada quien llevaba a modo de portada de cada partitura, como por ejemplo “Me jubilan en diciembre de 2017”, la delegada informó que “es la manera que elegimos de informar la  situación”.

A fines de 2016 “fueron  jubilados ‘de oficio’ dos compañeros y hasta la fecha no se  han realizado los concursos para cubrir las vacantes”.

A su vez, “este fin de año, según nos notificaron, nos jubilamos cinco coreutas más y no sabemos cuándo se van a ocupar los cargos. Estas dilaciones y la disminución en la cantidad de integrantes nos perjudican para realizar con excelencia nuestra labor”.

Cada vez que la dirigente mencionaba la situación que flexibiliza a decenas de cantantes expresada en los carteles, cada persona que portaba uno de ellos se alejó del escenario, quedando en última instancia una minoría en situación de estabilidad, evidenciando una grave situación para uno de los prestigiosos organismos artísticos de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires.

El Coro Estable necesita tener un orgánico (cantidad de integrantes) de al menos 90 integrantes, debido al repertorio que abordan. En la actualidad el número no supera los 50 coreutas. “No podemos permitirnos tener menos cantidad de los que ya somos”.

Por otra parte, los carteles “que dicen ‘Esperando la designación’” se refieren a “18 compañeros y compañeras que esperan, desde los  años 2010, 2011 y 2014, el acto administrativo que les da la estabilidad”.

“Todos ellos y ellas rindieron los concursos correspondientes, cantan a diario junto con  nosotros,  cumpliendo  el mismo horario pero, hay una sustancial diferencia en sus haberes respecto de los que somos estables, porque no han sido designados”.

Basándose en preceptos constitucionales, la delegada expresó que el empleador no cumple con la máxima “igual trabajo: igual salario”.

Foto: OAS

Ayer por la mañana artistas de la ciudad se manifestaron en contra de lo que denominaron “el desguace cultural”. Presentaron una nota al intendente municipal, Héctor Gay, solicitando audiencia y adjuntando un documento redactado por mandato de la última asamblea de todas las disciplinas artísticas.

El descontento generalizado en el ámbito de la cultura se evidenció ayer en una numerosa movilización que recorrió las calles céntricas de Bahía Blanca. Partiendo de la sede de la Asociación Argentina de Actores, la marcha se dirigió hacia el la Plaza Rivadavia. Luego, los y las integrantes del Consejo Cultural Consultivo, ingresaron al hall del palacio municipal acompañados por la multitud.

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En un escena bufa, cuatro efectivos de la policía local se posicionaron sobre las escalinatas con el objetivo de impedir el ingreso de los y las manifestantes. Mientras consejeros intentaban explicar que el derecho a peticionar y manifestar es constitucional, un número importante de artistas ingresó pacíficamente por la las rampas laterales.

Cuando una avezada funcionaria policial reparó en que se les había filtrado al menos la mitad de las personas que participaron de marcha, cerraron la puerta del edificio público para impedir el ingreso de los/as ciudadanos/as. Luego de diferentes tratativas en las que hubo que ilustrar a los flamantes efectivos acerca del carácter público del edificio municipal y ante el pedido de apertura de puertas de las personas que se encontraban circunstancialmente en el edificio haciendo trámites y pretendían salir, finalmente se volvió a la normalidad institucional y las puertas fueron reabiertas por la policía.

Una vez adentro, se entregó y se leyó el documento colectivo que expresa la grave situación a la que está sometida la comunidad artística local por las políticas aplicadas en el ámbito de la cultura.

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Allí se expresa que si bien “los sucesivos mandatos en representación de los/as trabajadores/as de las artes de Bahía Blanca en el Consejo Cultural Consultivo, venimos luchando para colaborar con una gestión cultural apropiada para nuestra ciudad, construyendo políticas públicas colectivamente, aportando ideas y trabajo desde las bases organizadas de quienes nos desempeñamos como artistas” también “nos ha tocado ser críticos cuando las decisiones gubernamentales no han sido igualmente beneficiosas, analizando las diversas situaciones, contextos y proponiendo cada vez alternativas que redundaran en una mejora del bienestar social en nuestro campo de acción”.

“Muchas de esas críticas, arrastradas durante años, se han hecho eco parcial o nulo en los oídos de quienes en última instancia resuelven el rumbo de las políticas públicas”.

Advierten que “las profundizaciones de las políticas que no compartimos y los retrocesos en diversos aspectos que afectan directamente al quehacer, producción y desarrollo cultural de nuestra sociedad se están tornando insostenibles, llevándonos de una situación de alerta cultural que arrastramos desde hace tiempo, a una de verdadera desarticulación”.

Por eso, ayer denunciaron “el desguace cultural, en un impostergable llamado a la reflexión y la acción de los/as responsables”.

“Desde todas las áreas y en múltiples espacios, se reproducen problemáticas basadas en decisiones que se pueden caracterizar como ajustadoras, precarizantes, desarticuladoras del rol del Estado y antipopulares, con permanentes muestras de desidia y ausencia de voluntad de diálogo y negociación real”.

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A continuación, reproducimos una extensa enumeración de las políticas que afectan negativamente al sector:

“-            Insuficiencia presupuestaria y ajuste.

Desde el primer semestre de 2017 los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles (por ej., horas extras, inversión en infraestructura e insumos, etc.) que no están siendo ejecutados correctamente.

–              Precarización laboral de los/as trabajadores/as de la cultura.

Ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y aparición de nuevos problemas (por ej., no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, agravamiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas-planta temporaria, etc.).

–              Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad.

Designaciones directas de cargos políticos con manifiesta intención de convertirlos en planta municipal y colocaciones de funcionarios/as no idóneos en los espacios culturales-artísticos municipales.

–              Afectación de las actividades de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.

Tras una serie de promesas incumplidas, la Orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los/as estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores/as que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Desprecio por los/as músicos/as que desempeñan sus funciones en la misma. Ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación.

–              Afectación de las actividades de los Museos Municipales.

A través del ajuste y la desinversión, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados/as (que redundan, por ejemplo, en una disminución de la actividad en vacaciones de invierno).

–              Afectación de los Talleres Barriales.

Generalización de la contratación por régimen de monotributo, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima.

–              Afectación de las actividades del Teatro Municipal.

Reducción de partidas que amenaza su normal funcionamiento. Su actividad se ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto y por la imposición de una política privatista a través del ya vigente recorte impuesto por el Instituto Cultural a la administración del teatro. Temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan.

–              Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopen.

Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, dilaciones en la atención y las respuestas.

–              Incumplimiento de la ordenanza de Espacios Culturales Independientes.

Con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos (por ej. La Nave).

–              Dilaciones en la aplicación de los subsidios de Hechos Artísticos y Culturales con continuidad en el tiempo.

Pese a la disponibilidad de este Fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo, desde el área de Economía se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de estas actividades, para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos y pone en riesgo la existencia  de  agrupaciones artísticas que deben enfrentar el pago de compromisos.

–              Ausencia de respuestas desde las diferentes dependencias municipales involucradas en los expedientes de cultura”.

Fotos: Laura Celave / Facundo Muñóz

(Por ¿Quién te juna?) En la actualidad de ajuste económico que vive nuestro país, lxs trabajadorxs de PEPSICO deciden continuar la lucha para recuperar sus puestos de trabajo. La multinacional, notificó a sus empleadxs el pasado 20 de junio que se quedaban sin trabajo, con un cartel en la puerta de entrada y no da señales para reincorporar al personal.

En diálogo con ¿Quién te juna?, Germán Veinticcinque, trabador de PEPSICO sostuvo: “Nosotros estamos notificados por carta documento. La empresa lo único que hizo fue llamarnos a una cita para el tema del arreglo. Me ofrecieron una plata pero les dije que no me servía”. Al mismo tiempo Germán agregó: “Yo tengo 41 años, a mí esa plata no me sirve. Yo quiero trabajar, pero no me dieron pie como para decir ‘veníte al día y hablamos’”.

“También llamaban a las familias diciéndole que agarremos, que convenzan a sus parejas porque era buena plata porque no había otra”. agregó Veinticcinque al respecto de la prácticas adoptadas por la empresa para calmar la lucha de lxs trabajadorxs de la fábrica.

Al mismo tiempo, Germán relata cuales fueron las maniobras que la empresa realizó para poder despedir a sus empleadxs, aquel fatídico 20 de junio: “Ellos presentaron procedimiento de crisis, que sabemos muy bien que no existe porque es una multinacional. Hoy por hoy están importando productos desde Chile para quebrar nuestra lucha”

Según la revista Mercado la facturación PEPSICO el año pasado alcanzó los 3800 millones de pesos. La multinacional en nuestro país comercializa las marcas: Lay’s, Cheetos, Pehuamar, Toddy, Twistos, Tropicana, Quaker, Pepsi, 7up, Mirinda, Paso de los toros, Gatorade, entre otras. Pero al parecer, esas no sería las únicas que la empresa comercializa: “Tenemos un marca que sabemos que también es de PEPSICO (…) y es Tía Maruca. Tía Maruca es una tercerizada de PEPSICO, en donde ellos ahora tienen las papas fritas Tía Maruca, de donde no sabemos”, agregó Veinticcinque.

Lxs trabajadorxs de la empresa iniciaron una campaña en la que piden no comprar las marcas que son comercializadas por la firma, para apoyar su lucha y de esta forma, no hacerle el juego a las patronales.

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Por otro lado, Germán se tomó un momento para comentar como viven el día a día de esta lucha incansable: “Nosotros estamos fuertes, somos unos 100 compañeros que nos estamos apoyando mutuamente. La familia nos apoya, porque eso es muy importante. Tenemos apoyo de mucha gente y de muchos sectores”. Y además agrega: “El día a día se va acarreando con todo lo que vamos viviendo, de lo que no vamos enterando, de los compañeros que se fueron yendo, que lamentablemente se fueron por aprietes de la empresa”.

Asimismo, comentó respecto a las diversas situaciones de represión que debieron vivir en cada una de las manifestaciones en defensa de sus puestos de trabajo: “Ésta es una guerra entre argentinos en donde el Estado está ausente y, lamentablemente nos manda a reprimir”. Por último, recordó cómo vivieron el miércoles pasado los atropellos parte de la fuerzas de seguridad cuando marchaban hacia el obelisco: “Nos estaban esperando para reprimirnos, porque nosotros estábamos marchando, no estábamos cortando la Panamericana. Para mí, Macri hoy por hoy está haciendo la dictadura con los trabajadores. Los tipos te pegan por más que vos no hagas nada”.

¿Quién te juna? se emite todos los miércoles de 21 a 22 por FM De La Calle (87.9) o delacalle.org

(Por Enrique Gandolfo / Secretario adjunto CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego / A 110 años de la huelga en el puerto de Ing. White) El 23 de julio de 1907 amanecía en el Puerto Comercial con los obreros en huelga. Las casas de chapa y madera, muchas montadas sobre pilotes, fueron testigo del paso de los trabajadores hacia la Casa del Pueblo, un lugar propicio para deliberar y decidir como continuar con los reclamos.

Bien temprano había acontecido un incidente y una pelea con dos capataces ingleses que no se plegaban al paro. Los reclamos eran varios: por la reincorporación de dos compañeros despedidos, por reducción de las horas de trabajo, por mejores salarios. Los estibadores agregaban uno propio: que las bolsas de cereal no pesaran más de 70 kilos.

En 1907 se hacían obras de ampliación del muelle del Ferrocarril Sur (de propiedad inglesa) y de edificios destinados a la Aduana y a la Subprefectura. Por aquellos años ya se exportaban un millón de toneladas de trigo anuales y de enero a marzo trabajaban 5 mil obreros.

Bahía Blanca tenía un intendente (Jorge Moore) y concejales pero curiosamente todos llamaban Lord Mayor a un señor inglés que luego compraría imponente casa en la avenida (hoy Alem 41). Mister Arthur Coleman era el Superintendente del Ferrocarril Sur. Además, tuvo en sus manos la administración de servicios fundamentales para la ciudad como la electricidad, los tranvías, el Mercado de Victoria, el gas y el agua, actividades vinculadas al mismo ferrocarril inglés.

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Preocupado también por los reclamos obreros, el hombre fue muchos años presidente de la Sociedad Protectora del Trabajo, una organización que propiciaba el trabajo “libre”para evitar las molestas huelgas sindicales. Es que además de ganarse el pan con su trabajo, los obreros tenían oídos receptivos para ideas que eran la materia prima de la conciencia: la de los socialistas y los anarquistas.

Aquella mañana en la Casa del Pueblo, el calor de las pasiones justicieras hacía olvidar el frío del invierno junto al mar. En la Subprefectura se recibe una orden precisa de su jefe, el comandante Astorga, que se encuentra en Bahía: “Hay que capturar a los delincuentes”. Hay 700 personas congregadas dentro y fuera del edificio. La patrulla produce ocho descargas cerradas sobre la multitud. Hay numerosos detenidos y ocho heridos. Dos de ellos de gravedad van a fallecer en los días siguientes: Atiliano Pascual y José Falcioni, un italiano de 30 años socio de la Sociedad Recreativa La Siempre Verde.

A partir de ese momento el paro en el puerto es total. En Bahía la Federación Obrera llama a una asamblea que se va a realizar en su local de Lamadrid 199. Al día siguiente muere Atiliano Pascual. Sus compañeros lo van buscar al hospital y lo llevan a pulso hasta el cementerio. Se inicia una una colecta para ayudar a las familias de las víctimas. La asamblea de la Federación Obrera decide un paro de 48 horas. Van a adherir los albañiles, los pintores, los carpinteros, los barraqueros, los cocheros de plaza, los mozos, dependientes del comercio y muchos empleados del Ferrocarril pese a las presiones de los gerentes.

El 26 una gran manifestación de cinco mil personas se moviliza en una ciudad militarizada a la que han llegado tropas de refuerzo. En el puerto la manifestación consigue la libertad de los presos. A la ciudad también han llegado el diputado socialista Alfredo Palacios y el director del anarquista diario La Protesta, Carlos Balsan.

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El 27 fallece José Falcioni. Al día siguiente, en el puerto, más de dos mil personas -entre las cuales hay mujeres y niños- inician el cortejo fúnebre. Al pasar por La Siempre Verde, la bandera y la orquesta de la Sociedad Recreativa se suman al cortejo. Antes de dirigirse a la estación hacen una parada frente a la Subprefectura donde la orquesta toca una marcha fúnebre y un orador arenga a la multitud. En el patio aparece el comandante Astorga. Valientemente, el orador Antonio Brizzi lo señala y lo responsabiliza de los hechos. Un cabo y dos marineros intentan detenerlo. Se produce una lucha cuerpo a cuerpo y luego suena una descarga. Astorga ordena tirar contra el pueblo trabajador. En la huida, el ataúd y los instrumentos de la orquesta quedan en la calle. José Falcioni ha sido acribillado por segunda vez. Ahora, cuando yace sin vida dentro de su ataúd. Nuevamente hay varios heridos de bala.

Al día siguiente Astorga recibe orden de la Marina de Guerra de presentarse en Buenos Aires, en la Prefectura General de Puertos. A la estación van a despedirlo distinguidos ciudadanos representantes de la banca, el comercio, la industria y los principales diarios. Algunos nombres todavía resultan hoy conocidos: intendente Jorge Moore, general Pablo Riccieri, Dr. Leónidas Lucero, Dr. Valentín Vergara, Ángel Brunel, Enrique Julio, para citar algunos.

Los mismos ciudadanos dirigen un telegrama al ministro de marina contra almirante Betbeder: “No hacemos sino exteriorizar un sentimiento latente y unánime de la población conservadora de Bahía Blanca en el comercio, en el foro, en la industria, que a diario ven amenazados sus intereses, sus vidas, en el avance continuo de multitudes inconcientes, que so pretexto de teorías igualitarias tienen convertida a la ciudad en fermento de pasiones encontradas (…) En estos hechos desgraciados, hállase envuelto el subprefecto de Bahía Blanca. En nuestro concepto (…) este funcionario ha cumplido el penoso deber de defender a sus soldados de la agresión de una masa turbulenta y provocativa. Tristes días nos esperan si solo la anarquía y la sedición llegan a gobernarnos. Respetuosamente hemos deseado exteriorizar a V.E. estos sentimientos en honor del Teniente Astorga”.

No son los mismos sentimientos los que abrigan los trabajadores quienes van a continuar la huelga otros dos días. Cuando las noticias llegan a Buenos Aires, las dos centrales sindicales la FORA (anarquista) y al UGT (socialista) deciden un paro en todo el país a llevarse a cabo el jueves 1 de agosto. La clase trabajadora muestra una vez más el valor de la solidaridad ante la represión y los atropellos de los poderosos.

La obstinada memoria

Portada

La memoria histórica de los de abajo siempre pugna por el lugar que le corresponde. Intenta abrirse paso entre la telarañas construídas por la historia oficial que solo sabe del “progreso” y de los grandes hombres que hicieron la ciudad. Pocos recuerdan a Atiliano Pascual y a José Falcioni y a los hombres y mujeres de aquella pueblada.

Al comenzar la década del ’70 esta historia es rescatada por el grupo Teatro Alianza que hace una profunda investigación antes de la puesta de la obra que va llamarse “Puerto White, historia de una Pueblada”.

Dardo y Coral Aguirre, Julio Teves, Mónica Morán, son algunos integrantes de ese grupo que decide estrenar la obra un 19 de agosto de 1973 en Villa Nocito. Avanzaba la década del ´70 y el grupo Alianza recorría Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y parte de América Latina.

El sábado 26 de julio de 1975, en el diario El país de Cali, Colombia, Dardo Aguirre y Julio Teves, denunciaban la represión y persecución que se aplicaba en Argentina bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón. “En Argentina para hacer teatro hay que jugarse la vida y la prueba de que ellos es así es que cuando nuestro grupo montó ‘Puerto White’ nos amenazaron con matar a uno de los integrantes”.

Ya con la dictadura, el 13 de junio 1976 Mónica Morán, maestra, titiritera e integrante del grupo, es secuestrada y su cuerpo aparece unos días después acribillado. Ella había escrito en la obra teatral la parte del relato del velatorio y el cortejo fúnebre de José Falcioni. Decía así: “Era domingo 28 de julio de 1907, estábamos todos junto a tu cuerpo. Andrés lloraba. Te llevábamos con pena y con orgullo por las calles del Puerto. Pasamos por la Casa del Pueblo ¿Te acordás Falcioni? Allí vibraban tus gritos todavía. No era un ataúd lo que llevábamos: era un pedazo de fuego en la mañana. Paloma de pólvora tu cuerpo. Frente a la Subprefectura estaba el que te mató. Y fue Brizzi que no aguantó la rabia y la vergüenza y lloró a los gritos frente al asesino. Pero hubo una respuesta”.

Blog Puerto WhiteFalta un capítulo de esta historia. En el 2007 se hace una nueva puesta de la obra bajo la dirección de Julio Teves con el grupo Nuevodrama. Luego de la puesta un actor en la cocina del museo del Puerto va a recordar lo siguiente.

El teniente Astorga volvió a Bahía luego de aquella masacre y falleció unos años después. “En esa época los ataúdes se sellaban con una larga estañadura para evitar que las emanaciones del cadáver se propagasen más allá del cajón. Era un trabajo peculiar que se encargaba a los hojalateros, habitualmente dedicados a parchar fuentones y ollas o las maltrechas chapas de los techos de las casas. Así ocurrió ante el fallecimiento del capitán de navío Astorga que estuviera a cargo de la Subprefectura hasta 1914. Habían pasado muchos años y cuando llegó el momento de sellar el ataúd, el hojalatero pidió a los asistentes que se retiraran para realizar su tarea. Una vez a solas con el cajón, vinieron a su mente los fusilamientos que había perpetrado Astorga y accionó el soplete sobre su rostro mientra repetía: ‘Esto por Pascual, esto por Falcioni'”. Selló el cajón, recibió su salario y se fue. Muchos años después, lo contó a sus nietos y uno de ellos en los ’70 esperó en las escalinatas del Teatro Municipal a los actores para referirles lo que su abuelo había contado.

A 110 años de la pueblada ninguna calle, ninguna plaza, ninguna escuela recuerda a aquellos hombres. En el 2008 en un acto por el Primero de Mayo, en la calle frente a la Municipalidad integrantes de Nuevodrama recrearon un fragmento de la obra.

Fotos: Federico Randazzo – http://lasgrietasdelrelatohistorico.blogspot.com.ar/

Desde hoy se realizarán las 11º Jornadas de Economía Solidaria Bahiense en el Salón Fundadores de la UNS en Colón 80. La actividad cerrará mañana desde las 14:30 en La Feria del Lago del Parque de Mayo con chocolate  caliente y la música de Kaiser Carabela.

La directora de Cáritas, Marina Huentenao, comentó que las jornadas “son un espacio para reflexionar la práctica, haciendo una evaluación proyectiva una vez al año. Surgieron en el 2006 cuando comenzamos a pensar un programa integral en conjunto con el Estado abordando las líneas de producción, comercialización, financiamiento, capacitación, comunicación y difusión desde los principios de la Economía Solidaria y Comercio Justo”.

El encuentro es organizado por el Corredor Productivo y Cultural de la Economía Social y Solidaria Bahiense compuesto por La Feria del Lago, Reloj de Arena (local de comercio justo), los centros de formación profesional 402 y 401 Anexo UP4, ProSauChi (acompañados por INTA Cambio Rural II y UNS Dpto. de Agronomía), Moras Brix (acompañadas por INTA Pro Huerta), La Fuente Agua para el Corazón, FM De la Calle y Cáritas Bahía Blanca.

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A la histórica demanda de marcos legales que garanticen perdurabilidad y crecimiento a los proyectos se suma en la actualidad la necesidad de pensar estrategias para enfrentar la vuelta de las políticas neoliberales.

Huentenao afirmó que “desde la economía familiar es muy fuerte el impacto de la suba desmesurada de los servicios y de los insumos para la producción que van reduciendo cada vez más el margen de ganancia y hace que muchos emprendimientos ya no puedan planificar las compras de insumos ni tener stock porque venden y el dinero obtenido lo destinan al sustento diario”.

Este año la economista María Julia Eliosoff aportará su mirada teórica respecto al rol protagónico de las mujeres frente la crisis y luego habrá dos paneles con exposiciones de organizaciones vinculadas a la producción de alimentos y experiencias de autogestión y organización comunitaria.

En el primer bloque participarán integrantes de Moras Brix, ProSauChi y el coordinador de Microempresas del Municipio de Tandil, Martín Freiría, quien se referirá a la implementación y funcionamiento de la Sala Elaboradora de Alimentos que funciona en el ex Mercado Municipal de su ciudad.

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Luego será el turno del Frigorífico Empresa Recuperada Cooperativa INCOB, La Fuente Agua para el Corazón, el trabajo en grupos y el plenario final. La propuesta es abierta a quienes desarrollen algún emprendimiento y/o entiendan lo que implica el trabajo colectivo.

Compartimos aquí el cronograma completo:

11° Jornadas de Economía Solidaria Bahiense

Sábado 8 de julio – Colón 80 Salón Fundadores

14:15 Apertura y presentación de las Jornadas y de lxs expositorxs.

14:30 Marco teórico a cargo de la economista María Julia Eliosoff.

PANELES DE EXPERIENCIAS

1º BLOQUE: Organizaciones vinculadas a la producción de alimentos

15:00 Sala Comunitaria de Elaboración, a cargo de Martín Freiría (Municipio de Tandil).

15:20 Moras Brix (INTA-ProHuerta).

15:40 ProSauChi (INTA Cambio Rural II).

2º BLOQUE: Organizaciones vinculadas a la autogestión – organización comunitaria

16:00 Frigorífico Empresa Recuperada Cooperativa INCOB.

16:20 La Fuente Agua para el Corazón.

16:40 Trabajo en grupos.

  • Producción (Experiencia de Tandil – Emprendedorxs de Moras Brix – UP4 Producción de Gírgolas- Emprendedorxs de alimentos – invitadxs).
  • Comercialización (emprendedoras del Reloj de Arena – La Feria del Lago – La Fuente Agua para el Corazón – invitadxs).

17:40 Plenario – conclusiones.

18:30 Cierre y despedida.

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Fuente: Cáritas.

(Por Martín Becerra) Tras más de un año de desmentidas oficiales, Cablevisión Holdings y Telecom, cuyos accionistas son los grupos Clarín y Fintech (David Martínez) anunciaron esta noche su fusión. El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.

En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.

El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.

La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.

El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.

Un grupo de jubilados y jubiladas conformó la Agrupación Norma Plá y convocó a sus pares a organizarse y salir a la calle en defensa de sus derechos. Se reunirán esta tarde en La Bancaria, Mitre 177, desde las 15. “La gente recibe las cosas como si lloviera y el jubilado no se mueve para defender sus derechos, si él no se mueve nadie se va a mover”, afirman.

“El jubilado ha dejado de entender que es un sujeto de derecho, es una persona que tiene derechos y tiene que defenderlos”, dijo Rodolfo Ferrini y agregó que “somos los últimos del tarro, se habla de todos los sueldos menos del último, del jubilado, ni siquiera estamos en la mínima”.

Ferrini manifestó que el grupo “es esencialmente político, no vamos sobre las sociedades de fomento que tienen su actividad, que en algunos casos es muy buena y les sirve a los jubilados, pero sí vamos a decirle que la política no es una cosa mala (…) lo que no va a haber es política partidaria”.

“Este gobierno no está haciendo nada bueno por los jubilados y todo lo que se perfila es para peor. Una ley como sacó a los discapacitados -NdR: la quita indiscriminada de pensiones- ni Videla la sacó. (…) Llamamos a los jubilados no para que cumplan un papel de seguir sino un papel protagónico, necesitamos gente que tenga ganas de protagonizar esto, de decir yo soy un jubilado pero no soy alguien que desapareció”, aseguró.

Jorge Molina explicó que decidieron referenciarse en la figura de Norma Plá porque “es la luchadora de la Plaza Lavalle para todos los jubilados. Más allá de que muchos se burlaban de ella, Cavallo se reía de ella tomándole el pelo, diciéndole que a su padre no le alcanzaba con 10 mil cuando ella cobraba 150 pesos, creo que en estos momentos identificarnos con ella es un honor”.

“Vienen por las pensiones, que si muere el titular de la familia, muere el abuelo, a la abuela si tiene una pensión o una jubilación probablemente ya están pensando en no dársela. Fueron por los medicamentos, fueron por los lentes, están poniendo cápitas y topes, va a pasar la fiesta del plus, que todos los jubilados que no vamos a poder ir porque no tenemos médicos de cabecera o tenemos que hacernos ciertas prácticas no la vamos a poder hacer solventándolo del PAMI, vamos a tener que sacar plata de lo que no tenemos, de nuestros hijos”.

Margarita Grandotto agregó que en la obra social de los jubilados y las jubiladas “se generaron 351 cargos nuevos gerenciales y subgerenciales en esta gestión de gobierno con sueldos, salarios, de aproximadamente 160 mil pesos cuando en realidad lo que se necesitan son médicos. En Bahía Blanca hay ocho mil personas sin médicos de cabecera”.

(Por TEL*) La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.

Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.

La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.

Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.

La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.

La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.

El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.

El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.

Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.

Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.


El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.

Ayer se presentó el libro “Imagen de trabajo. Historia de la seccional Bahía Blanca de SATSAID 1971-2016” en la sede de la seccional (Sarmiento 799). La redacción y la investigación estuvieron a cargo del Dr. José Marcilese.

Julio Kessler recordó que la iniciativa se originó durante la presentación del libro de la historia del gremio a nivel país. Durante la misma, el dirigente y ex delegado del Ministerio de Trabajo Carlos Arrigoni propuso a sus compañeros la confección de una historia local. La idea se sustentó en el hecho de que no solo cuentan con archivo sino con la posibilidad de apelar a la historia oral, ya que muchos dirigentes están vivos y se hicieron presentes durante la jornada.

Marcilese dijo a FM De la Calle que se trata de “un gremio que se origina en los años del Onganiato: nace con conflictividad. Es lo que define su historia. Tuvo una postura muy activa en la defensa de los derechos de sus afiliados. Lo mostró en los años 90 donde el gremio siguió siendo un gremio que luchaba en situaciones muy adversas”.

Por otra parte, “es un gremio que se define políticamente. Todo el mundo lo hace pero este gremio lo hace explícito. Otros se dicen apolíticos pero actúan en algún sentido”.

Casualmente, la presentación del libro se dio el mismo día en que se desarrolló –en 1971- la primera elección de Comisión Directiva. Néstor Cantañiro, quien formó parte de ella con la responsabilidad de ejercer el cargo de Secretario General, recordó que “la primer elección se dio sin saber quiénes eran los candidatos. El compromiso era no difundirlo. Entonces, si la empresa sabía quiénes eran, serían despedidos ipso facto. Hasta que uno de los gerentes del canal ablandó a uno de los trabajadores. Dio mi nombre. Esa noche me echaron”.

“La historia de esta seccional es mucho más larga que este libro. Faltan algunos compañeros. Siempre pasa eso. Es difícil acordarse de todos, de cómo lo hicimos. No era fácil: había una dictadura militar. Había que encontrar compañeros dispuestos a integrar una lista y trabajar por la construcción del sindicato. Falta por ejemplo Manuel Baca que estaba donde tenía que estar. Hoy me estoy acordando de él pero hay muchos compañeros. Tiene que ver con la historia muy íntima. De cada uno de los que se fueron amenazados hay toda una historia”.

También recordó la huelga que compartieron con los gráficos y las víctimas fatales: Heinrich y Loyola. “Ellos estaban ahí adentro”. Pero Massot –por entonces dueño del diario La Nueva Provincia- también “le mandaba carpetas” a los militares en el marco del plan sistemático de torturas, secuestros y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar-clerical.

Finalmente, el dirigente enfatizó acerca de la concepción sobre el sindicalismo: “representa la lucha contra el capital explotador. Mientras no cambie esto las cosas van a seguir siendo así. Hace falta tener gente que entienda que no es cierto que ellos sean los dueños de todo, hasta de nuestras vidas, de cómo tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que tener claro que tenemos derechos”.

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre la situación del sector a partir de las demandas que no fueron escuchadas por las autoridades comunales en la última paritaria así como por el incumplimiento de otras que sí habían sido acordadas.

Según el gremio, el contexto se agravó al hacerse cargo el sistema público de la atención de pacientes de PAMI ante la crisis de la obra social que no avizora perspectivas de mejoramiento. Cabe destacar, que la población afectada por esta problemática demanda muchos más cuidados que los habituales.

La atención municipal también está recibiendo una sobredemanda de afiliados y afiliadas a obras sociales que no cubren las prestaciones básicas como la de aquellas trabajadoras y trabajadores que en lo últimos meses perdieron sus empleos y, por consiguiente, sus coberturas médicas y afrontan difíciles realidades socioeconómicas.

Ante este panorama no hubo adecuación de los recursos humanos ni materiales.

Al precario estado de la infraestructura de las unidades sanitarias y los centros de salud, se sumó el anuncio de la construcción de otros centros sin profesionales para cubrir las vacantes de cargos que todavía no fueron concursados.

Este faltante, advirtió la Asociación, se repite en otras áreas del sistema sanitario local o es cubierto por personal precarizado mediante distintas formas de contratación irregular.

En el aspecto salarial, el Departamento Ejecutivo firmó un aumento en las categorías profesionales a cobrar a partir de julio que no cumplió y demora su pago.

Finalmente, el acuerdo paritario incluía una bonificación para el conjunto de las y los profesionales de atención primaria en reconocimiento a la complejidad de su labor, sólo restaba definir el monto. “El Ejecutivo nuevamente intentó negar el pago aunque ante el insistente reclamo abonó 200 pesos como suma fija, monto que interpretamos como el valor que da el ejecutivo local a la labor de la atención primaria de la salud que realizamos día a día”, afirmaron.

El camarógrafo Claudio Videla y su compañera fueron detenidos por un grupo de hombres de civil mientras cubrían la conferencia de prensa que brindó la gobernadora María Eugenia Vidal durante el encuentro de ADEPA en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Nunca les dijeron de qué se les acusaba. Su delito fue filmar. Su delito fue mostrar lo que “no debe” ser mostrado.

En una camioneta blanca sin identificación Claudio fue trasladado a la DDI de la Polícia Bonaerense donde 40 años atrás funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Su compañera fue llevada a un calabozo de la Comisaría 1º donde la obligaron a desnudarse para revisarla.

En ambos casos el objetivo era quitarles las tarjetas de memoria de sus cámaras y borrar las imágenes que tomaron rodeados de periodistas y funcionarios municipales y provinciales que avalaron con su silencio el accionar de los hombres de la gobernadora.

Los grandes medios que se proponen garantía de la Verdad eligieron no difundir la noticia.

Hoy como ayer: “Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. (Rodolfo Walsh)

LIBRTAD

“Nos ofrecieron la mitad de la indemnización. Esperamos que recapaciten y que siga la fuente laboral o que por lo menos nos paguen lo que corresponde”, dijo Fernanda Schott empleada de heladería Vito en diálogo con el programa ¿Quién te juna? de FM De la Calle.

El conflicto se originó el sábado por la tarde cuando algunxs de lxs empleadxs  no pudieron ingresar al local. “Me di cuenta que habían cambiado la cerradura, cuando miro por la ventana, faltaban computadoras. “Mañana no vengas,  tomate franco” me dijeron. Ahí pensamos que había algo raro. Directamente nos autoconvocamos en la sede. Cuando vino el apoderado nos amenazó verbalmente que estábamos todos despedidos, pero hasta ese momento no teníamos ningún indicio, nunca nos dijeron nada”, señaló Schott.

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El gerente, José Luis Lombardo, dice ser solamente empleado pero cuando lxs trabajadrxs  recibieron el telegrama se dieron cuenta de que “quien lo firma es el padre de él”.

Veinte familias son las perjudicadas por el cese de producción, administración y venta, pero Schott manifestó que “es una cadena, porque se abrieron veinte franquicias más y dejan a esas otras familias sin trabajo”. Hacía dos meses que el personal notaba una baja en la producción de helado que nunca se normalizó.

“En este momento seguimos pacíficamente en la heladería, estamos a la espera de la audiencia de mañana (por hoy), esperamos tener una respuesta favorable a nuestro reclamo. Esperamos que hayan recapacitado y que siga la fuente laboral y si no hay posibilidad, que por lo menos nos pague lo que corresponde. 100% de la indemnización. Ellos nos ofrecieron un 50%. Yo no soy socia de la empresa, soy empleada. Si se manejaron mal, no es mi problema, ellos tendrán que hacerse cargo”, sentenció la empleada.

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Hasta el momento los dueños no se han contactado con lxs trabajadorxs, solo intervinieron los abogados que los representan.

“No sabemos las intenciones verdaderas de la empresa, ellos no presentaron quiebra.  Sabemos que querían vaciarla y dejarnos en la calle. Eso queda claro al ver que empaquetaron toda la mercadería, embalaron las computadoras, cambiaron las cerraduras. Yo le dije a Lombardo que tiene asegurado el plato de comida para sus hijas, a nosotros nos está cortando la posibilidad”, dijo.

Hoy a las 9 los trabajadores y las trabajadoras se concentraran frente a la sede del Ministerio de Trabajo en O´Higgins 247.