Despidos en Lucaioli: “Son unos mentirosos”

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Esta mañana la empresa Lucaioli despidió a decenas de sus trabajadores. “Nos habían prometido que a pesar de que lo que todos saben de cómo viene la situación con la empresa que no iba a haber despidos (…) son unos mentirosos, estamos hablando de más de cincuenta compañeros de Comercio y más de veinte de Camioneros”, dijo un dirigente sindical frente la sede de Patricios al 800.

Roberto Arcángel, dirigente del Sindicato de Camioneros afirmó que “a las diez de la mañana nos comunican que había 160 despidos de los cuales 24 eran de camioneros. Más allá de eso, de haber venido planeando algunas dificultades que tenían, en ningún momento nos sentamos a ver si podíamos encontrar alguna otra forma de poder paliar toda la situación porque acá estamos involucrados todos”.

Fue “una decisión unilateral, que no tienen otra alternativa según ellos pero decidieron todo ellos, el despido de los trabajadores y la forma de pago de la indemnización en cuotas, creemos que pueden existir otras alternativas”.

Un trabajador comentó “se venía viendo hace un año más o menos, Lucaioli había empezado a hacer un vaciamiento en el Centro de Distribución de Cerri, cada vez peor, de ocho camiones que se recibían por día se empezaron a recibir cinco, cuatro, tres y esta última semana o mes nada casi. Hoy nos avisaron a doce en el horario de mañana que quedábamos afuera y otros tantos a la tarde. Creo que unos treinta compañeros de Camioneros y no sé cuántos más de Empleados de Comercio, no manejo el número pero más de sesenta personas seguro”.

Semanas atrás la empresa bahiense cerró las sucursales de Río Grande y Tolhuin en Tierra del Fuego después de nueve años de presencia y despidió a todos sus trabajadores y trabajadoras. El secretario adjunto del Centro Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, manifestó entonces que “no hay problema en el pago de las indemnizaciones, pero el local se levanta y se va de la isla”.

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Inacción de Vidal moviliza gremios docentes y estatales

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El lunes no comenzarán las clases porque los gremios saldrán a la calle a protestar por la falta de respuesta a sus demandas por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. CEB, SUTEBA y ATE realizarán una manifestación en Plaza Rivadavia y se movilizarán por el centro de Bahía Blanca.

“La realidad es que nuevamente nos ponen en este brete de tener que llegar a una medida de fuerza cuando hace ya bastantes meses estamos pidiendo que se nos convoque a reunión tal como se había firmado en el acuerdo en febrero con la cláusula de monitoreo de la inflación en lo salarial y las obras de infraestructura y los reclamos históricos que venimos haciendo”, dijo a FM De la Calle Paula Repetto desde el Centro de Educadores Bahienses.

La maestra afirmó que “volvemos a la misma historia de siempre, escuchaba que estaban preocupados porque no hay docentes que quieran tomar cargos o que no hay docentes en la provincia. No es así, están pero nadie quiere tomar cargos porque hay gente que tomó en marzo y todavía no cobró el salario, es insostenible”.

“No tenemos ninguna suma en negro, tenemos un básico de 3948 pesos pero de bolsillo cobramos 7000. Un maestro que recién se inicia, con julio trabajado, al quinto día del mes de agosto va a tener un promedio de aumento de 800 pesos, con lo cual iríamos a un sueldo de bolsillo de 7800. Lo que pedimos es una recomposición del salario, tenemos un código que es el 455 de 1800 pesos que pedimos que pase al básico, esto va a tener un impacto sobre toda la antigüedad que cada docente tenga y sobre su cargo escalafonario”, explicó Repetto.

Suteba Bahía Blanca convocó una asamblea extraordinaria a las ocho en el salón de actos de la Primaria 2 de Vieytes y Colón para considerar “la continuidad de la medida de fuerza el martes 2 y un plan de acción unificado contra el ajuste”. Luego, participarán de la movilización conjunta con el Centro de Educadores Bahienses “para reclamar al gobierno la reapertura de paritarias, el pago de salarios adeudados y la inversión inmediata en infraestructura escolar”.

Desde la seccional bahiense de ATE informaron que se sumarán a la medida de fuerza provincial del gremio para reclamar la devolución de los descuentos por los días de paro, el rechazo a la oferta salarial, un aumento digno y paritarias sin irregularidades y contra la Ley de Emergencia Administrativa, el Plan de Modernización y las políticas de la Dirección General de Escuelas. Además exigen mayor presupuesto para salud, educación y políticas de inclusión social, el pase a planta de trabajador@s con contratos precarios y nombramientos en áreas críticas.

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La TV ataca: por la dignidad del salario

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Hoy volverán a verse las caras dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión y de las cámaras patronales de los cables. Será en plena vigencia de la conciliación obligatoria exprés que el gobierno otorgó a las empresas la semana pasada, horas antes de que comience el paro declarado por todas las seccionales gremiales de país.

Más de ocho mil trabajadoras y trabajadores del SATSAID realizaron el miércoles una Jornada Nacional de Lucha por la Dignidad del Salario con epicentro en la Plaza Congreso en Buenos Aires y con movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Rosario, Santa Fe, Chaco y Jujuy, entre otras. En nuestra ciudad la marcha partió desde Cerri y San Martín, pasó frente a las sedes de Cablevisión y BVC y culminó en Plaza Rivadavia con una radio abierta junto a FM De la Calle, la cual podrá revivirse desde las 21 por la 87.9 o por delacalle.org con reemisiones el sábado a las 12 y el domingo a las 13.

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El secretario adjunto del sindicato, Horacio Tolza, comentó que la paritaria comenzó hace 45 días con un reclamo del 42% de aumento salarial. Las cableras ofrecieron 29% y subieron hasta 33%. El 17 de julio el plenario general del gremio llamó al paro. “Lo hicimos para el 20, lo coordinamos, y el 19 a las 22 horas teníamos la conciliación obligatoria presentada. Nos llamó muchísimo la atención, nunca nos había pasado eso. Al entrar en conciliación pusimos todo el respeto del sindicato hacia el Ministerio pero ahora nos estamos movilizando y esperaremos la reunión del 29”, dijo el camarógrafo.

Tolza aseguró que “estamos luchando contra grandes medios, no es que luchamos contra hormigas sino que son elefantes gigantes. Estamos en la calle, compañeros, compañeras, todos presentes tratando de llevarlo adelante. (…) Es Cablevisión, está Pierri, está Vila, gente que es difícil, y también tenemos los cables del interior que son las cooperativas que tampoco son nada fácil, manejan todo un pueblo desde la luz, el velatorio y el cable”.

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“¿Por qué marchamos?”, se preguntó el secretario gremial Octavio Alvarado. Respondió que era “porque no estamos dispuestos a resignar ninguno de nuestros derechos”, porque “no vamos a aceptar la extorsión del ministro de Hacienda ni la falsa opción de trabajo o salario”, para “que sepan el señor ministro y el aprendiz de tirano berreta que tenemos en la Rosada que acatar la ley no significa que estemos dispuestos a negociar la baja de nuestros salarios como pretende la patronal” y, entre otras cosas, porque “nos ha costado mucho esfuerzo y lucha llegar hasta aquí”.

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“Uno siempre está del otro lado, siempre está poniendo el micrófono y prestando la cámara para que se hagan visibles los reclamos que no terminan de ser sino otra cosa que los de uno mismo que es un trabajador o una trabajadora más y vive lo mismo que cualquier persona que tiene una familia atrás, que sabe que el salario ya no alcanza como antes, que las peleas se tienen que dar desde otro lugar porque hay una realidad distinta”, afirmó la periodista Gisela Estremador.

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El delegado de Cablevisión Jorge Diomedi destacó que “esto ha hecho que todos los trabajadores de televisión se puedan a unir para tener este porcentaje que estamos pidiendo. Nos parece que es una cifra que está por debajo de la inflación real pero las empresas no quieren dar más del 33%. Es mucha la diferencia que hay así que seguiremos en la lucha, estamos tranquilos, como estamos acá todos los trabajadores, creo que esta unión que tenemos se la debemos mucho a Carlos Arrigoni”.

“Los últimos doce años se amplió a cantidad de empleados porque se amplió la obra. Hay un dineral puesto en las redes, se hizo un enlace directamente de Buenos Aires a Neuquén con redes propias para no pagar un transporte lo que generó muchísimo trabajo, peleando para que no sea todo contratista, meterlos dentro del convenio. Tienen bolsillo de payaso, pueden pagarlo”, dijo Laly Serra sobre la empresa de Clarín que posee 250 cables en el país y acumula aumentos tarifarios del 44% en lo que va del año.

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Liliana Villa encabeza la Secretaría de la Mujer del SATSAID y recordó que cuando se afilió “éramos muy pocas mujeres y a nivel local menos todavía, con el surgimiento de los cables fuimos incorporándolas, hoy somos muchas y es un orgullo”. Luchando por la igualdad de género lograron traspasar las tareas administrativas para alcanzar los trabajos operativos “que cambian todo fundamentalmente”. Tanto Villa como Analía Izquierdo padecieron alguna vez violencia de género y laboral en Canal 7 y las oficinas de BVC, respectivamente. “Estamos tratando de abrirnos un lugar donde podamos tener los mismos derechos, pero que realmente se cumplan”, dijo Izquierdo.

Voces de apoyo. Dirigentes de gremios y agrupaciones políticas locales manifestaron su solidaridad durante la radio abierta: Néstor Alende (Asociación Judicial Bonaerense), Sergio Zaninelli (ADUNS), Hugo Astorga (Sindicato de Trabajadores Telefónicos), Rodrigo Bahía (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Ana Canullo (CTA Bahía Blanca-Dorrego), Laura García Vázquez (CTA-A Pcia. Buenos Aires), Mauricio Rasquete (Agrupación Jauretche), Joni Landa (ASTRAMYC) y Carlos Ferrari (APYME).

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FOTOS: Manifestación, Luis Ángel Salomon. Radio abierta, FM De la Calle.

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Docentes de universidades dicen ¡No al tarifazo!

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“Los aumentos son una fenomenal transferencia de recursos a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras y un saqueo al bolsillo”, así comienza el comunicado emitido por la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), en torno al aumento de tarifas.

“El gobierno nacional impuso aumentos en las tarifas de agua, luz y gas que llegaron a multiplicar hasta por 20 su valor, en algunos casos. Sumado al avance inflacionario y a los aumentos de precios de la canasta básica, la opción para muchos sectores sociales se transformó entre comer o pagar los servicios. Y ante esta opción, fue creciendo la protesta popular en todo el país. El malestar social es tan grande, que hasta la Justicia tuvo que dictaminar fallos que suspendieron momentáneamente los aumentos.

El gobierno pretende acallar los reclamos disponiendo a último momento que los aumentos tengan un techo del 400%. Esto significa que hay que multiplicar por cinco los valores de la factura del mismo mes del año pasado. ¿Qué sector de la clase trabajadora multiplicó por cinco sus ingresos en el último año? Simplemente, ninguno.

El gobierno afirma que la situación se debe a que no se actualizaron las tarifas durante los últimos años, por lo tanto las empresas no tuvieron rentabilidad suficiente y no pudieron hacer las inversiones para producir más energía. Con lo cual, hoy no hay gas suficiente y se debe importar para abastecer el consumo. Nada más alejado de la realidad que esta afirmación.

Mientras el precio internacional del petróleo no supera los 45 dólares por barril, en la Argentina se les garantiza un precio de casi 70 dólares el barril. El costo de producción del barril de petróleo en la Argentina ronda los 14 dólares. Se les garantiza entonces, ganancias o rentabilidad de más del 400%. Ya el gobierno anterior les garantizó a las petroleras -muchas de ellas multinacionales- que en la Argentina cobren un precio sostén de casi el doble.

También en el gas, mientras que el precio de referencia en América del Norte es de alrededor de 2 dólares el MBTU, en Argentina se les garantiza 5,2 dólares el MBTU del gas ya perforado y 7,5 dólares el gas recientemente extraído. El costo de extracción o producción en la Argentina es de 1,9 dólares el MBTU. Aún con estas súper ganancias, no hicieron las inversiones en todos estos años y hoy no hay gas suficiente. El gobierno anterior les garantizó -con los llamados subsidios- estas súper ganancias. El actual gobierno, además de aumentarles el precio de producción en el gas y la electricidad, ahora nos transfiere en las facturas el costo de las súper ganancias de las empresas multinacionales productoras y distribuidoras. Por esto los aumentos son tan desmesurados.

Es tal el aumento, que para muchas familias es impagable y para muchas pequeñas y medianas empresas implica estar al borde de la quiebra.

La crisis energética es producto de otro desfalco: el de la privatización a precio vil durante el menemismo de las empresas estatales, YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energia, luego vaciadas por los dueños privados bajo el gobierno de De La Rúa, rescatadas sobre la base de subsidios millonarios durante la gestión del kirchnerismo y que continúan en el actual gobierno.

Con servicios deplorables, que en pleno siglo XXI cubren las necesidades de apenas el 60% de la población, mientras se siguen llevando en pala los subsidios, ahora pretenden que además les paguemos tarifas más caras que en el primer mundo con todos sus libros contables cerrados, contratos secretos (Chevrón) y concesiones que no garantizan el suministro, ni en invierno, ni en verano.

CONADU Histórica repudia estos aumentos escandalosos de las tarifas, que además se hicieron al margen de las audiencias públicas que establece la ley. Por ello, apoyamos los reclamos populares que a lo largo y ancho del país se impulsan desde las distintas organizaciones sociales, sindicales y vecinales, y convocamos a nuestras Asociaciones de Base a sumarse a la coordinación de toda acción que le diga NO AL TARIFAZO hasta imponer su derogación.

– Abajo el tarifazo.

– Que se abran todos los libros de las privatizadas que saquearon el país.

– Nacionalización bajo control de trabajadores y consumidores de los servicios públicos y la energía”.

Fuente ACTA.

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Una agenda de resistencia multisectorial

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(Por Francisco J Cantamutto) La masiva movilización convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) el miércoles 20 ganó presencia en los medios. La columna de más de 20.000 compañeros realizó un raid por los ministerios de Desarrollo, Infraestructura, Trabajo y Energía con sendos reclamos. El gobierno, sin voluntad alguna de retrotraer las medidas centrales que provocan el ajuste social, apenas convoca a futuras reuniones para dialogar, dilatando el problema. Sólo en el ministerio de Trabajo se obtuvo un logro, al ser habilitado -tras meses de negociación- la línea 1 del programa para todas empresas autogestionadas. El gobierno, responsable por los aumentos de las tarifas, alega ahora que no tiene potestad sobre los entes reguladores como para establecer políticas de cuidado a los sectores vulnerables, previniéndolos de cortes de servicio. La lectura que la propia CNCT hizo de esta protesta es que solo golpeando entre todos/as se podrá doblar la voluntad del gobierno. Por eso, igual que antes los clubes de barrio, mantienen su compromiso dentro de la multisectorial.

Justamente, el sábado 23 se realizó en Luján la primera reunión de multisectoriales del país. Asistieron alrededor de 32 multisectoriales de todo el país, representadas en 400 personas que dedicaron todo el día para comentar su actividad hasta el momento, compartir información y estrategias, así como  debatir el camino a seguir. Lo que se inició hace apenas pocos meses como un intento de organizar el descontento social ante el ajuste, mostró capacidad real de crecimiento en convocatoria y de coordinación de iniciativas. La presencia de mayoría de multisectoriales del interior del país mostró que se trata de un problema auténticamente federal, que se valoró en tanto tal: las acciones territorializadas y descentralizadas son muy importantes para acercar a la población no organizada, sin perjuicio de unificar algunas iniciativas. Las multisectoriales actúan como verdaderos foros del pueblo, a la vez que escuelas de política.

Del debate surgieron diversos acuerdos, como buscar mayor eficacia de toma de decisiones, superando el momento -importante pero limitado- de la mera catarsis. En lo que afecta a esta semana, se prevé un nuevo ruidazo/cacerolazo para el jueves 4 por la noche. Se afirmó la voluntar de realizar la Marcha Federal desde diversos puntos del país, siempre bajo el reclamo contra el tarifazo y fuera Aranguren como representante del sector. Incluso se habló de iniciar una consulta popular vinculante para la revisión del ajuste tarifario.

La multisectorial de CABA, por su parte, está avanzando en la organización de una audiencia pública por el tema. Dado que el gobierno se niega a convocar, y cuando lo hace, replicando la metodología de lo ocurrido con el Subte, lo hace a último minuto, sin darle publicidad, en día y horario laboral para dificultar la participación, la Multisectorial decidió mostrar que el pueblo tiene capacidad de organizarse incluso para estas iniciativas. Así se podrán hacer públicos los argumentos sobre el tema, dando transparencia al bloqueo de información del gobierno: ¿cuáles son los costos reales de producción del sector? ¿a dónde han ido los millonarios subsidios otorgados años anteriores y este mismo año? ¿qué garantías de inversión existen, cuáles son los planes de mejora? ¿por qué deben financiar esas inversiones los usuarios? Estas son apenas algunas de las preguntas que el gobierno debería responder para discutir un aumento de precios.

Aranguren ha declarado que el objetivo primario de estos aumentos es “recomponer las ganancias” de las empresas del sector, lo cual explica que las millonarias transferencias no se hayan reducido, y que el déficit fiscal haya crecido durante los meses de Cambiemos. El gobierno alega ahora que las audiencias no serían necesarias porque el aumento se originó en el aumento del precio en boca de pozo, y el mecanismo de consulta se prevé para aumentos en los demás tramos del servicio (transporte, distribución). Llamativamente, el gobierno de la transparencia toma por ciertos los costos declarados por las empresas sin ningún comprobante o auditoría. Y estos aumentos golpean en toda la cadena.

Por eso, el mismo día jueves 4 de agosto, antes de plegarse al ruidazo de la noche, la Asociación de Taxistas (CTA) estará marchando al ministerio de Energía para reclamar por una baja en el precio del GNC en surtidor, convocando al mediodía a todos los usuarios afectados. La suba de combustibles y energía golpea a todo el transporte e impulsa la inflación. Con ese mismo criterio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo aumento del precio del Subte, llevando el precio a $7,50. Un aumento de más de 700% desde que el PRO asumió el gobierno del distrito de la capital. Estos aumentos son usados como extorsión para discutir mejoras salariales posteriores con los trabajadores, lo que ha sido una disputa constante. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, bajo la concepción de que el transporte es un derecho y no una mercancía, realizará una protesta el miércoles, abriendo las cabeceras del Subte entre las 7 y las 8 de la mañana, para volver a hacerlo entre las 17 y 19 horas, convocando a un ruidazo. A esa iniciativa se sumarán los comunicadores populares, que este mismo miércoles a las 16 hs. tienen prevista una manifestación ante el ENACOM, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno, que no habilita las licencias y los fondos para los medios comunitarios.

Este clima de sistemáticos reclamos por parte de diversos sectores está haciendo mella en el gobierno. A pesar de presentarse como indemne, el asedio permanente de la protesta está haciendo efecto. De otra manera no se explica el súbito affaire entre el presidente Macri y el conductor televisivo Tinelli, que alimenta el paralelo de estos días con el turbulento 2001 que culminó con la salida adelantada de De la Rúa. Un gobierno que no respeta siquiera sus alianzas electorales -relegando a sus socios políticos-, que se cierra en un programa cada vez más corporativo, que pierde capacidad de control en el Congreso -la semana pasada se votaron 4 declaraciones contra el tarifazo en el Senado- y que enfrenta una movilización social creciente, compone una imagen política que conocemos.

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Mucho diálogo pero #EjecuciónCero

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Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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El futuro de Ferrobaires: “Era pura adrenalina para nosotros”

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Días atrás se confirmó el traspaso de Ferrobaires a la órbita de Nación, a partir de la creación de una Unidad Operativa que en seis meses deberá absorber el material rodante y los recursos humanos de la empresa estatal bonaerense cuyos servicios están suspendidos a fines de junio.

José Orellana, delegado de La Fraternidad en Ferrobaires adelantó a FM De la Calle que “de las formaciones viejas hay que olvidarse, eran un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre”.

“Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo y agregó que “nos interesa el trabajo, es la única forma que tenemos de ganarnos la vida (…) lejos está de nuestra parte quedarnos en casa esperando que pasen las cosas”.

Orellana informó que este lunes sesionó en Mar del Plata la Comisión Organizadora de Transporte, se esperanzó en que “termine esto de una vez por todas”, aunque “no hay fecha del comienzo de la circulación o la normalización de los servicios, creemos que va a ser antes de septiembre”.
“Está visto que se toman su tiempo. Sabremos luego quiénes quedamos en el camino, no sé en el caso mío, yo ya tengo 32 años de servicio y 55 de edad, pero ese es otro tema.

Antiguamente en Ferrocarriles nos jubilábamos con 55 años y 30 de aporte, en esta empresa Ferrobaires, en razón de haber sido transferidos al estado provincial no existían las categorías, no existían las jubilaciones de privilegio, razón por la cual nos habían llevado a los 60 años. Creemos que va a haber cambios al respecto”, afirmó.

En cuanto a las características que tendrán los servicios en manos del Estado nacional “nos han dicho muy poco pero han sido bastante precisos porque los pasos se han ido cumpliendo. Nuestro gremio nos informa casi diariamente al respecto, creemos que va a haber tres formaciones para la vía Lamadrid y algún Materfer o algo más liviano para la vía Pringles por su estado”.

En su opinión podría tratarse de llegada y salida vía Pringles los miércoles y viernes, martes y jueves arribo y partida vía Lamadrid y por el mismo camino llegada el sábado con salida el domingo. “Si ponen más trenes mejor, cada tren representa más trabajo”.

“De las formaciones viejas hay que olvidarse, era un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre. Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo Orellana.

Para el delegado de La Fraternidad los precios se modificarán “porque lo otro era irrisorio, con 150 pesos llegabas a Buenos Aires. Creo que se debe apuntar a la seguridad del pasajero, si bien el capital humano es lo más barato por lo visto, era una locura circular con esos coches, la verdad que tuvimos mucha suerte”.

“Siempre empezamos las cosas al revés, una casa no se comienza a construir desde el techo, las concesionadas han hecho poco y nada por las vías, creo que mínimamente para mantenerlas en algunos casos. Ferroexpreso que mantiene las velocidades que recibió en algunos lugares cuando era Ferrocarriles Argentinos, no así Ferrosur que tiene la vía Pringles en un promedio de 45 kilómetros, lo saqué hasta Olavarría que es lo que conozco”.

Finalmente, el dirigente manifestó su preocupación por el futuro de los trabajadores de los talleres Maldonado porque no fueron capacitados para mantener las unidades compradas a China ni tienen las instalaciones correspondientes. “Esa es la razón por la cual el chino que viene los sábados va a suplir gasoil a Ing. White, tienen combustibles especiales esas máquinas y cargan en White, en la base o en la playa o en Ferroexpreso Pampeano”.

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Pymes: crece el trabajo precario y no registrado

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Lo reconoció Raúl Zylberzstein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) en consonancia con el informe de INDECOM difundido durante las últimas horas. Destacan que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.

El directivo certificó los datos difundidos hace pocos días por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), cuyo sondeo se realizó sobre un muestreo de 816 pymes de las principales regiones del país, comparando el primer semestre del 2016 con igual período del 2015. Ese sondeo arrojó un aumento del trabajo informal de más de un 40%, siendo que el 29,3% de las pequeñas y medianas empresas pasó a no registrar el total o parcial de las horas trabajadas, y que el 13,3 % trasladó varios trabajadores a contratos de prestación de servicios bajo el régimen del monotributo.

También reconocieron falta total o parcial del pago de contribuciones jubilatorias y de obra social, y que tienen la esperanza de poder regularizarse en una eventual moratoria.

La mayoría afirmó que los principales motivos tienen que ver con evitar suspensiones y despidos, o el fin de tratar de mantener la actividad hasta poder superar la crisis.

Al respecto, Zylberzstein expresó que “todos estos datos no hacen más que poner de manifiesto la dimensión del problema y las pésimas regulaciones estatales” porque explicó que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

El dirigente explicó que “el sistema aplasta a las pymes desde hace décadas” pero dijo que “no se manifestó durante los años anteriores con esta misma vehemencia porque existía una restricción externa de importaciones que ocultaba bajo la alfombra esta falta de competitividad”, pero también reconoció que “esas políticas traían alta inflación, baja inversión y nula capacidad de exportación industrial”. Sin embargo, señaló que, “en la actualidad, sacar subvenciones, quitando poder adquisitivo a la gente, y abrir las importaciones sin modificar la estructura productiva, es un atentado que causa precarización y mortalidad de las pymes”.

El referente del sector aseguró que “es casi imposible para las pequeñas empresas sobrevivir al sistema actual, siendo que abarca los salarios y los impuestos más altos de la región, una costosa y conflictiva Ley de Riesgos del Trabajo, un ausentismo del 15 % promedio, aumentos desmedidos de las tasas y comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito;  y la energía más cara del mundo”. Además consideró como otro punto en contra de trabajo formal que “en nuestro país se da el mismo tratamiento a las empresas de mano de obra intensiva que a las de capital, lo cual, sumado a un régimen de monotributo que no contempla los salarios pagados y empuja a la informalidad, hace que dar trabajo no sea competitivo”.

Si bien el informe de INDECOM había arrojado que “el 91,6 % de los trabajadores dijo que aceptó las nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que le genera la posibilidad de perder el empleo”, el titular de FECIBA explicó que “el crecimiento del trabajo en negro no depende sólo de los empresarios porque hay empleados que proponen no estar en blanco o registrar menos horas de trabajo para que no se le apliquen los descuentos (jubilatorios y de obra social, ni los impositivos, como el impuesto a las ganancias) o para poder acceder a algún tipo de asistencia económica por parte del Gobierno”. También agregó que “hay muchos trabajadores que prefieren hacer “changas” cerca de sus casas, aún ganando menos dinero, para evitar los elevados gastos de transporte y comida que actualmente les quitan gran parte de sus ingresos”.

Zylberzstein reiteró que “la precarización avanza en momentos de crisis porque las pymes y los trabajadores buscan sobrevivir en el marco de una perversa estructura que se construyó durante décadas” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional y toda la dirigencia política deben tomar nota urgente de esta crítica situación y dejar de promover pequeñas leyes que no terminan de resolver los grandes problemas, para dar de una vez por todas un debate serio acerca de la estructura impositiva que se debe tener en pos de lograr un país industrializado y de pleno empleo registrado”.

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Boleto escolar sin cambios en Bahía

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En Bahía Blanca la aplicación “universal” del boleto educativo anunciado la semana pasada por la gobernadora María Eugenia Vidal no tendrá impacto al menos en el corto plazo. La primera etapa alcanza al alumnado de escuelas primarias y secundarias y estudiantes de la Universidad de La Plata pero financia solamente las líneas provinciales.

Para que el estudiantado bahiense puede gozar del beneficio establecido por la Ley 14.735 el municipio debe destinar unos quince millones de pesos. En la actualidad las alumnas y los alumnos de las escuelas primarias y secundarias públicas o de gestión pública cuentan con un 50% de descuento y quien concurren a terciarios o universidades un 40% sobre la tarifa plana de 8,80 pesos. Para ello se destinan alrededor de quince millones, trece de los cuales fueron tomados del Fondo Educativo.

“Subsiste un debate que tiene que ver con el financiamiento de esta gratuidad, de este beneficio, y va a haber que darlo a nivel local porque esto que anunció la gobernadora no está estrictamente dirigido a servicios municipales sino que tiene alcance sobre jurisdicción provincial”, dijo a FM De la Calle el ex gerente y ahora asesor de Bahía Transporte SAPEM, Adrián Saschrgorodsky.

El funcionario advirtió que aún no tuvieron acceso al texto de reglamentación de la Ley para saber si la provincia enviará fondos a los municipios y explicó que “por encima de lo que hoy demanda el transporte público, generar esa gratuidad implicaría un desembolso, cualquiera sea el origen del recurso, del orden de los 15 millones de pesos al año si nos manejamos con base en la tarifa actual. Para el año próximo imagino que con algún incremento tarifario que se va a dar a nivel país, esa cifra puede incrementarse en algún porcentaje”.

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ATE rechazó acuerdo salarial

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La Federación de Gremios Estatales Bonaerenses (salvo AEMOPBA), UPCN y SOEME aceptaron esta semana un aumento salarial del 16% hasta el 30 de septiembre alcanzando, según informó la provincia, un 31% desde enero a octubre en comparación con diciembre de 2015. ATE y CICOP rechazaron la oferta por “insuficiente” frente a la inflación mayor al 40%. En provincia impulsan un paro para el 1 de agosto.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar de Isasi, destacó ayer por FM De la Calle que si bien el gobierno reconoció que el suyo es el gremio con mayor cantidad de afiliadas y afiliados esto “no alcanza” porque “si se juntan otros gremios y suman tienen mayoría y eso fue lo que pasó”.

“Es un aumento de 1268 pesos -si no me equivoco- para los auxiliares de la educación para este trimestre, de 1000 pesos promedio para los administrativos y de 1500 pesos para quienes trabajan 48 horas en los hospitales públicos que son enfermeros y enfermeras. No le voy a poner más calificativos, quien está escuchando en Bahía sabe lo que eso significa, un auxiliar pasaría a tener un salario mínimo de 9500, si alquila y tiene dos hijos mucho más que argumentar no hay. Por eso lo rechazamos categóricamente y planteamos que se haga una nueva oferta”, afirmó.

Para el dirigente, al no ser retroactivo, el aumento salarial “ni siquiera nos permite recuperar lo que hemos perdido en el primer semestre”. Por otro lado, aseguró que desde ATE plantearon “que no se descargue la crisis sobre los trabajadores y se reinicie el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que hoy no tienen estabilidad y que se derogue el Decreto 618 que congela las vacantes”.

“Hoy para nombrar un camillero en el Penna no tenemos cargo, solo podría ingresar por el contrato autónomo de la Ley de Emergencia Administrativa que le quita derechos porque expresamente dice que no implica derechos de la Ley 10.430 y que no genera ningún tipo de expectativa de continuidad laboral, es decir, que ni sueñe que alguna vez pase a planta permanente”.

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Teléfono para las telefónicas

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Frente a la sede de la empresa Telefónica de Berutti 54 se concentrarán desde las 15 trabajadoras y trabajadores de telecomunicaciones y se movilizarán luego en demanda de una mejora salarial. La protesta será fuera del horario laboral porque rige la conciliación obligatoria en la paritaria del sector.

Desde el Sindicato de Obreros Empleados y Especialistas de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de Bahía Blanca, Hugo Astorga informó a FM De la Calle que exigen un incremento del 39% y un bono alimentario que compense el desfase registrado durante el primer trimestre.

“La única propuesta concreta de la empresa ha sido un 20% para el salario de julio y diferir algunos números para el primer semestre del año que viene. Si bien la paritaria nuestra compete desde el 1 de julio al 30 de junio entendemos que ha habido un impacto terrible sobre los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores que debe ser subsanado en el transcurrir de este 2016”.

Recordó que “el propio ministro de Economía anunció que la inflación prevista hasta diciembre es del 42%, vemos que hemos percibido un 7,8% en abril y algún 1 o 2% en enero que fue una suma fija”. La protesta será en simultáneo con otra que tendrá lugar en Neuquén.

La movilización pretende esclarecer a la comunidad “respecto a la falta de respuesta al reclamo salarial efectuado a las compañías de telecomunicaciones, abarca a Telefónica, a Telecom, a Movistar, a Personal y también debería abarcar a Claro que se está negando a aceptar el convenio colectivo de trabajo que represente en las telecomunicaciones a sus trabajadores. (…) No sé si estarán afiliados porque Claro -valga la redundancia- tiene una clara persecución  hacia sus trabajadores por cualquier forma de sindicalización”.

Finalmente, Astorga destacó que esperan que el Senado transforme en ley el proyecto de participación en las ganancias empresariales que ya obtuvo el aval de la Cámara de Diputados.

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Un pasaje hasta ahí

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La gobernadora María Eugenia Vidal anunció el cumplimiento parcial de la ley que creó el boleto estudiantil gratuito en la provincia. En una primera etapa, que regirá de agosto a diciembre, se incluirá a los niveles “inicial, primario, secundario de las escuelas de la provincia y también para los estudiantes universitarios de la Universidad de La Plata”. El alumnado de terciarios y de la UNS tendrá que esperar. El municipio deberá adherir a la medida.

Vidal aseguró que la implementación de la ley implica “una inversión de 143 millones de pesos que va a cubrir 50 viajes por mes para los chicos de primaria, secundaria y nivel inicial; y 45 viajes para los chicos de universidades” y que la medida “es universal y transmite un valor que creemos es el acceso a la educación pública y gratuita”.

“Lo tomamos con pinzas, por un lado lo vemos como una victoria porque ella llegó a Bahía Blanca en el aniversario diciendo que no se iba a implementar el boleto estudiantil. La lucha de los estudiantes fue y es muy tenaz en toda la provincia, lo han demostrado las importantes movilizaciones que se hicieron en muchísimas ciudades y pueblos. Tuvo que recular y hacer este anuncio que tomamos con pinzas porque es solamente para estudiantes primarios y secundarios. La ley que se aprobó plante que tiene que otorgar el boleto al nivel terciario y universitario también”, dijo a FM De la Calle Marcos Di Benedetto de la Coordinadora por el Boleto.

El militante afirmó que “que haya sido solamente para los estudiantes de La Plata no lo vemos como una prueba piloto sino al revés, plantea que el foco más importante de la lucha que se daba en La Plata lo quieren apagar con anuncios a medias”.

Foto: Diario Contexto.

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Paro en la TV por cable

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Este miércoles trabajadoras y trabajadores de la televisión por cable realizarán un paro nacional tras el estancamiento de las negociaciones paritarias con la cámara que agrupa a las empresas del sector. En Bahía Blanca afectará la programación de Bahía Visión Color y Cablevisión.

“Llegamos a esta instancia en base a las continuas dilaciones que ha tenido la mesa de negociación que se inició hace unos 45 días aproximadamente y no estamos teniendo una respuesta satisfactoria al pedido efectuado por la entidad sindical”, informó a FM De la Calle Octavio Alvarado desde la seccional local del Sindicato Argentino de Televisión.

El gremio exige una recomposición del 42% “habida cuenta del deterioro notable que vienen sufriendo los salarios a lo largo y a lo ancho del país en todas las actividades” y recibió en principio una oferta del 18% y el martes pasado una mejora del 32% en tres cuotas, la última de ellas a cobrar en marzo de 2017.

“A diferencia de otras oportunidades hemos tomado la decisión del cese de actividades en todos los sectores de las empresas habida cuenta que la respuesta ha sido durísima, que hubo un menosprecio por la mesa negociadora y la voluntad que ha mostrado nuestro sindicato, con un grado de virulencia importante que no tiene antecedentes”, dijo Alvarado.

En ese sentido, opinó que la actitud empresaria “responde a una clara política del gobierno nacional y de los grupos concentrados de la economía del país de comprimir salario, que ya han logrado en un primer paso con una devaluación salvaje, con el ajuste de tarifas, es decir, tomaron todas las medidas necesarias para comprimir el ingreso de los trabajadores en el marco de lo que ellos llaman lograr competitividad, comparando nuestros salarios con el resto de la región, de los países vecinos”.

Por otra parte, la paritaria del personal de los canales de televisión por aire debería reabrirse recién en septiembre. “Se le ha solicitado a la cámara un adelantamiento o extender alguna suma fuerte que nos permita llegar con un poco más de holgura”, culminó el dirigente.

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Dreyfus: “Lo único que pido es justicia”

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Con la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Héctor Gay y otras autoridades gubernamentales y de la empresa Dreyfus la semana pasada se inauguró la planta de la multinacional en ing. White. Tal como anticiparon las centrales sindicales locales, la fiesta no incluyó la más mínima mención a César Benítez, obrero que murió durante la construcción el 24 de marzo de 2011.

“Hubo un accidente muy grave ahí, por eso me pareció raro tanta celebración sin que haya pasado nada en estos cinco años, me dieron ganas de protestar, te imaginarás la bronca que tengo”, contó a FM De la Calle Maximiliano Contreras, quien perdió tres dedos al intentar ayudar a su compañero. El trabajador se acercó a Dreyfus para exigir que la empresa reconozca su situación y las autoridades le ayuden a conseguir empleo.

Contreras afirmó que “lo único que estoy pidiendo es justicia” y recordó que desde la época de los hechos está en juicio con la empresa y “todavía no resolvieron nada, recién hace un mes más o menos vino el perito en la causa, el ingeniero, y me tomó declaración”.

“Siempre trabajé, desde que tuve el accidente lamentablemente la vida sigue y con el tema de la mano se me puso más dificultoso conseguir trabajo, así que sigo trabajando pero nada estable, no como antes de tener el accidente. Te imaginarás que me cambió la vida, perder tres dedos de la mano, el empleador ya te mira de otra forma cuando vas a buscar trabajo”, comentó.

El obrero se matriculó como gasista y sumó una herramienta para buscar sustento para su familia. Durante la inauguración en Dreyfus logró contactarse con un secretario de la gobernadora Vidal quien prometió atender la demanda de acompañamiento en la causa y empleo.

“Todo el tiempo trataron de tapar todo rápido, supuestamente le tenían que hacer pericias al lugar y no sé si se hicieron o no, que ahora hay problemas con la causa, todo el tiempo tapaban todo para que nadie vea nada, fue todo muy encubierto desde el momento del accidente. Yo estaba shockeado, estaba mal, mucha importancia no le di a si hacían bien las cosas o no, en ese momento era en lo que menos pensaba”, recordó sobre la actuación de la empresa tras el incidente.

Y agregó que “para mí sé lo que pasó, ya lo hablé con el perito en la causa y lo dije varias veces, la viga de contención estaba fisurada, el día del accidente le dije al encargado de seguridad, con César le dijimos, y dijo que no pasaba nada, que no iba a pasar nada, que bajemos tranquilos y pasó lo que pasó. Desde ya también los pilotes de contención estaban socavados abajo por el agua, la función que teníamos era colocar bombas para drenar agua, te imaginarás lo socavados que estaban los pilotes”.

Foto: Captura de TV BVC Noticias.

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#Ruidazo bahiense

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En Bahía Blanca también se escuchó el ruidazo contra los tarifazos del gobierno de la Alianza Cambiemos. Más de 800 personas se concentraron frente a la Municipalidad y marcharon por las calles del centro.

A la Coordinadora contra los Tarifazos, el Plenario Abierto del Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores y otras agrupaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos y sociales se sumaron bahienses independientes con bocinas, cacerolas y otros objetos para dejar en claro su desacuerdo con los aumentos en los servicios públicos y el ajuste.

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Al recorrer la columna de manifestantes se podían escuchar diversas consignas: “Paso, paso a paso, abajo el tarifazo”, “Che Mauricio, che Mauricio, no te lo decimos más, si no paran el ajuste que quilombo se va a armar” o su versión en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández, el clásico antineoliberal “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, “Vamos a volver, vamos a volver” y “A dónde está, a dónde está, el periodista que gobierna la ciudad”.

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La movilización pasó por el frente de la empresa de la familia del jefe de la bancada PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot. La Nueva Provincia despidió recientemente a más de veinte trabajadoras y trabajadores al amparo del gobierno macrista-radical.

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El presidente y sus ministros “aprenden” a costa de la ciudadanía, sin convocar las audiencias públicas que establece la Constitución y fijan aumentos impagables en los servicios de luz, gas, agua y transportes. En la justicia se multiplican los amparos que obstaculizan o frenan los tarifazos y la Corte Suprema demora su definición. Mientras tanto, los sectores afectados confluyen en multisectoriales y salen a la calle a mostrar su hartazgo.

DSCN9005Como en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en las capitales provinciales y otras grandes ciudades se replicaron las movilizaciones, cacerolazos, frazadazos y otras protestas exigiendo también la renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren.

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“¡No queremos más pueblos fantasma!”

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Un grupo de habitantes del partido de Tornquist “alarmados y gravemente afectados” por la suspensión del servicio de trenes de Ferrobaires junta firmas para reclamar la “inmediata restitución” del transporte con “calidad” y “tarifas accesibles” y pide se “establezca un canal de diálogo permanente” con la población.

“Es uno de los medios de transporte más usados para la Comarca, por los distintos pueblos que la componen, Sierra de la Ventana, Tres Picos, Tornquist, Saldungaray, y te encontrás con distintos tipos de pasajeros que lo usan frecuentemente”, dijo a FM De la Calle el usuario Mario Sehtman.

Comentó que viajando “casi todas las semanas desde Tornquist o desde Sierra de la Ventana a Constitución te encontrás personas que lo usan como medio de transporte que los puede trasladar esa distancia a bajo precio por cuestiones personales o comerciales. Tenés gente que va con sus bolsones de ropa a comprar a lugares mayoristas a Buenos Aires y vuelve a sus pueblos a revenderla o gente que utiliza ese tipo de transporte por el tema de encomiendas porque de otra manera le resulta muchísimo más costoso”.

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El petitorio, que puede descargarse aquí, señala que la suspensión del servicio “impacta de forma negativa en toda la zona afectando a: casi 20 mil usuarios mensuales, sólo en el ramal Roca, que usan el tren para ir a trabajar, estudiar y con fines turísticos; comerciantes, productores y particulares que utilizan el servicio de encomienda; la comunicación entre pueblos que cuentan con el tren como único medio; y a los 2700 trabajadores de Ferrobaires”.

El grupo, que se comunica por facebook en Que vuelva el Tren, denunció además “la violencia que ha generado la medida, cancelando la totalidad del servicio sin brindar una alternativa a la población, vulnerando así nuestros derechos constitucionales” y recordó que la Ley 27.132 obliga al Estado a “garantizar un servicio público de trenes”.

“El petitorio está justamente dirigido a que el Municipio de Tornquist, quien por supuesto está al tanto de esto, pueda mediar y tomar cartas en el asunto y tanto algunos intendentes de la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires se han reunido y están preocupados por lo que sucede con el tema del corte del ferrocarril”, afirmó Sehtman y destacó que “nosotros tal vez tenemos pueblos un poquito más grandes pero Tres Picos, por ejemplo, no tiene otra forma de comunicación que no sea el tren”.

Fotos: Facebook Sierra de la Ventana y Arqueología Ferroviaria.

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Ante la visita del presidente Macri

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(Por CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego) El presidente Macri inaugurará las obras de ampliación de la planta que Dreyfus tiene en la zona de Galván: dos tolvas para recepción de camiones, cuatro silos de chapa de aproximadamente 5265 toneladas de capacidad cada uno, el cambio de posición de la balanza para control de camiones vacíos, la construcción de nuevas calles internas para que egresen de la planta los camiones vacíos y la modificación y ampliación de la línea de recepción de producto por vagón e instalaciones y equipamiento para transferencia de mercadería desde un punto a otro de la planta.

Son mejoras en los negocios que esta corporación cerealera realiza desde hace más de cien años en la ciudad. Negocios que han recibido un gran impulso este año gracias a las decisiones políticas que produjeron la devaluación y la reducción y eliminación de las retenciones. Esto ha significado millones de dólares que las cerealeras han embolsado como beneficios extraordinarios.

La patronal extranjera le agradecerá al presidente este buen clima para sus inversiones.

¿Alguien se acordará de Cesar Benítez? Un trabajador de la construcción que el 24 de marzo de 2011 murió asfixiado por la tierra y los escombros que lo sepultaron, como consecuencia del desmoronamiento producido cuando operaba una pala mecánica en un profundo pozo en la planta de la empresa Louis Dreyfus Comodities.

Dreyfus había tercerizado el trabajo que estaba a cargo de la subcontratista IGM. Seis días se tardó en encontrar el cuerpo de Cesar Benítez que permaneció sepultado en un pozo de 13 metros de profundidad. Se sabía de la peligrosidad de la tarea ya que las aguas de las napas subterráneas habían puesto muy fangosa la tierra. Sin embargo se siguió adelante con el trabajo ese día, que además era feriado nacional. Precarización laboral se llama esto. Poco vale la vida de un trabajador en medio de estos millonarios negocios. La desidia del capital frente a la desprotección del trabajo. La vida vulnerada de ese joven obrero no será mencionada.

Por el contrario, Macri en el discurso del bicentenario ha dicho:” “Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien”. Lejos de preocuparse por el 40% de trabajadores en situación de precarización laboral toma las preocupaciones patronales por la supuesta falta de productividad de los obreros argentinos.

Por eso desde la CTA Bahía Blanca-Dorrego y ante la visita de Macri recordamos a Cesar Benítez. Un obrero de la construcción, un hombre con derecho a una vida digna, víctima de la avidez de ganancias y la codicia del capital.

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Marcharon contra el tarifazo

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En el marco del paro y movilización convocado por la CTA bonaerense, gremios estatales y la Coordinadora contra los Tarifazos se manifestaron esta mañana frente a la sede de la empresa EDES y luego marcharon hacia el Consejo Escolar. “La lista de reclamos es amplia”, dijo a FM De la Calle Ana Canullo y agregó que el aumento salarial acordado a principio de año “se está haciendo más que insuficiente y el gobierno se niega a la apertura de paritarias”.

“La verdad que el aumento del costo de la vida cada vez se hace más difícil para todos los trabajadores y trabajadoras. (…) Esto de los tarifazos es un ataque más a los sectores más vulnerables, populares, a nuestros hogares, a los más humildes, a las organizaciones barriales y a todos aquellos sectores que incluso están peligrando continuar con su funcionamiento. Vemos que este gobierno por un lado favorece con quita de impuestos a los sectores más concentrados de poder y por otro nos ataca con estos aumentos de tarifas”, afirmó la secretaria de la CTA local.

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Entre las demandas de la protesta, tanto docentes como auxiliares de la educación coinciden en sus denuncias contra la prestataria médica Dienst Consulting por el mal negocio que representa para las arcas públicas y la mala atención que brinda.

Canullo comentó que se realizó una reunión de la cual participaron dirigentes de varios gremios y un representante de la empresa que “terminó enojándose porque se sintió maltratado con todas las verdades que se le dijeron y se fue”. Sin embargo, “fue muy importante” porque pudieron firmar un acta acuerdo para pedir el fin del contrato.

“Pensamos que el control no solamente de ausentismo sino la salud de los docentes y los trabajadores de la educación debe estar en manos del Estado. Existe la estructura para afrontarlo, son cuantiosas las cifras que se lleva esta prestataria que obviamente es una empresa privada y que encima lejos de atender la salud de los docentes lo único que hace es controlar mal el ausentismo. Denunciamos situaciones de maltrato. Ayer había en la ciudad representantes de otras localidades y seccionales del Suteba, vino gente de Suteba central, estaban compañeros de Soeme y Ate y hasta con los consejeros escolares tuvimos un acuerdo y firmamos ese acta”, concluyó.

Foto: Raúl Ayude.

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