Horas después de la última audiencia del juicio contra 22 represores que actuaron en la órbita de la Base Naval de Puerto Belgrano y a la espera del veredicto que leerá este miércoles a las 15 el Tribunal Oral, el dr. José Nebbia aseguró a FM De la Calle que durante el debate los objetivos de la Fiscalía fueron “ampliamente superados”.

Agregó que el “contundente” análisis y entrecruzamiento de testimonios y prueba documental permitió “tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército”.

La causa analizó los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Para el miércoles la Comisión de Apoyo a los Juicios y organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas convocaron a un acto a las 13:30 en la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex Plaza del Sol) y a una movilización hacia la sede del tribunal de Colón 80, una hora después. En tanto, APDH, HIJOS Bahía Blanca, Red x la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados concentrarán a las 13 en Colón y Drago.

Mientras varias investigaciones se tramitan en la primera instancia, nuevos tramos de Ejército  y Armada esperan fecha para el juicio oral. La Fiscalía insiste en acumular las causas y realizar un único debate que acelere los tiempos y, como el que culmina, dé “acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión”.

-¿Cómo evaluás el resultado del debate oral en relación a los objetivos planteados por la Fiscalía?

Como lo venimos señalando junto con Miguel Palazzani, el otro fiscal de la causa, los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados. La riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo.

-¿Qué datos podrías destacar de aquellos que surgieron durante el debate?

Mucho análisis de documentación sobre reglamentación pero también de archivos de inteligencia y de todo tipo de documentos que, al cruzarlos, al analizarlos de manera conjunta, nos permitieron tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército.

Eso ha quedado absolutamente demostrado, lo que nos permitió también explicar cómo las estructuras que aparecen en los reglamentos funcionaron en los hechos, en los secuestros, en las torturas, en los abusos sexuales y luego en el destino final que era la liberación, el asesinato haciendo aparecer los cuerpos como falsos enfrentamientos o la desaparición de personas. En ese aspecto la documentación que se analizó, se entrecruzó y se fue exponiendo durante los alegatos fue contundente.

-¿Notaste características particulares de lo que fue el accionar de la Armada -más allá de la actuación conjunta- en relación a lo que fue la del Ejército?

Sí, son modus operandi distintos los de la Armada y el Ejército. Tanto en las acciones concretas que llevaron adelante durante el terrorismo de Estado como así también en la manera de dejar plasmado en los documentos esas acciones. Algo que sí tiene la Marina a diferencia del Ejército es que luego, en la retirada, la destrucción de la documentación fue mucho mayor. Por eso también el trabajo que se tuvo que llevar adelante analizando otro tipo de documentación como, por ejemplo lo de Prefectura, misma del Ejército o los legajos, es un poco más compleja.

-Sobre la documentación decía en su alegato uno de los defensores que a la Prefectura no se le podía endilgar haber tenido una política de destrucción de los archivos. ¿Hacía referencia a lo que salvó el ex fiscal Hugo Cañón a partir de una denuncia o hablaba de documentación de aquellos años que efectivamente estaba a disposición de la justicia?

No, para nada. A mediados de la década del dos mil el fiscal Cañón recibe información, la denuncia de propia gente de la Prefectura, gente de la Prefectura de la democracia digamos, que se iba a destruir un montón de documentación vieja, entre ella, archivos. Ahí Cañón inmediatamente, con mucha diligencia, se apersona y secuestra esa documentación. Son los archivos de inteligencia que hoy nos sirven para este juicio, para el de La Plata y el de Mar del Plata. La actitud de la Prefectura lejos estuvo de colaborar con la justicia sino que fue justamente una anomalía, quedaron esos archivos allí y cuando los fueron a destruir se pudieron rescatar.

-¿De las estrategias defensivas algo te llamó la atención o fue más de los mismo en el sentido de ‘no estuve en el momento de los hechos que se me imputan’ o ‘no tuve nada que ver con la lucha contra la subversión’?

No, giraron en torno a eso.  Si uno está a los más de veinte imputados en el juicio no sucedió nada o lo que sucedió es un invento porque cada uno en lugares estratégicos nada tuvieron que ver, nada supieron, nada vieron, en los momentos más álgidos inclusive de la represión. Yo no estuve, yo no vi, yo no supe.

-Un punto que hemos conversado y difundido en detalle pero amerita mencionar en un balance es el tema de la violencia sexual, la posibilidad de poner sobre la imputación este tipo de delitos y lo que destacabas en el alegato respecto al valor y coraje de las víctimas en esta etapa de los juicios de avanzar en ese aspecto tan difícil para cualquier persona.

Absolutamente, ese es otro de los puntos que sobresalen de este juicio. A lo largo del debate las víctimas pudieron ir contando las situaciones a las que fueron sometidas de abusos sexuales, de exposición a la desnudez, de tocamientos, insultos o comentarios sobre sus cuerpos desnudos. Eso fue recogido por la Fiscalía y ampliamos la acusación. Que las víctimas lleguen a contar eso implica que sienten de alguna manera la contención por parte del Estado, que recogen sus planteos, las protegen y llevan adelante el reclamo, ese es un punto concreto.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagináte que para nosotros en nuestra vida privada y cotidiana, nuestras experiencias sexuales o lo que sea, inclusive a nuestros amigos más íntimos es pudoroso hablarles sobre ese aspecto de nuestra vida. Hay que ponerse en la situación de una víctima que fue forzada, que fue abusada, contando algo tan íntimo adelante de personas que no conoce, de tres jueces, de un fiscal, de las defensas, de un público. El valor y la valentía de esas mujeres son inconmensurable.

-En distintos juicios se proponen nuevas formas de reparación a las víctimas, complementaria a la pena de los responsables. Aquí propusieron junto a Miguel Palazzani que el diario La Nueva Provincia publique el veredicto.

La reparación absoluta no es posible porque el daño fue tan grande que volver al estado anterior es imposible. Pero hay determinadas medidas, entre ellas el juicio, las condenas, escuchar, recoger lo que dicen las víctimas, que hacen a modos de reparación.

Nosotros lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas. Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera.

-¿Hay antecedentes de casos similares?

No, lo que planteamos es que es un derecho a réplica de las víctimas. Imaginemos que hoy si en cualquier medio se vierten manifestaciones sobre nosotros de determinadas características tenemos el derecho a, por el mismo medio, dar nuestra opinión e inclusive la justicia puede obligar después de un proceso a que se publique la verdad. Entonces, entendemos que un derecho sui generis de derecho a réplica se encaja dentro de esta petición.

-¿Qué te pareció la poca repercusión del juicio en la ciudad?

Lo analizo en perspectiva de las características particulares que tienen Bahía Blanca, Punta Alta y los medios de la zona. Creo que ese análisis tiene que caber dentro de ese contexto.

-¿Qué causas quedan en trámite para juicio oral?

Hay un segundo tramo de Armada con nuevos imputados y otras víctimas que nosotros habíamos propuesto al comienzo de este juicio que se lleve adelante en el mismo juicio y el tribunal opinó que no era posible. Y hay un tercer tramo de Ejército con muchos imputados y nuevas víctimas que también está a la espera que se fije fecha para el debate oral. Quizás podríamos hacer todos juntos esos juicios.

-Sobre todo porque en este mismo debate quedaron en el camino no solo represores sino también sobrevivientes por el paso del tiempo.

Entendemos que estamos en condiciones de llevar adelante los juicios, que todos se deben acumular y el ejemplo más claro es este que estamos concluyendo donde hubo acusados de Armada, de Ejército, de Prefectura, de la Policía provincial, del Servicio Penitenciario, se dio acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión. Es absolutamente factible hacer un único debate.

-Respecto a las investigaciones en curso, en este clima político de recambio de gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en torno a las causas contra civiles y militares?

En las causas que están elevadas a juicio los juicios se deben hacer, se debería fijar fecha y comenzar. En las causas en instrucción hay pedidos de indagatorias, de hecho el juez Ramos Padilla fijó para el martes que viene (por el pasado 17) una serie de indagatorias de más de media docena de represores. Así que eso continúa, los juicios son políticas de Estado, todos los estamentos y los poderes en efecto así lo han dicho Inclusive la propia Corte en cabeza de su presidente Lorenzetti. Deben continuar las causas y, como venimos haciendo, redoblando esfuerzos para llevar adelante las investigaciones.

Lxs trabajadorxs del Frigorífico INCOB brindaron ayer por la tarde una conferencia de prensa tras el ataque sufrido de parte de un grupo de hombres armados que llegó a la planta encabezados por el dirigente Enrique Garaggiola. Además, convocaron a la comunidad a una asamblea para informar sobre la defensa de sus puestos laborales este miércoles a las 18 en el predio de Ruta 3 Sur KM 693.5.

Ernesto Guenemil afirmó que los golpes le dejaron “un corte en la cabeza, un dedo quebrado y un tendón” pero que más “duele lo que hicieron porque los que vinieron con armas hoy eran cinco compañeros que trabajan hasta la semana pasada con nosotros. Cuando un hombre, un compañero, el famoso Mudo, tiró un tiro al aire cuando había mujeres en el portón. El hermano de Enrique un traidor más, trabajando con nosotros hoy a la mañana, empezó a tirar piedras”.

“Los actos de violencia comenzaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades”, dijo María del Carmen Dauphin y agregó que “no era manera de hacer una represalia como vino a hacer, con armas de fuego, con palos, nosotros estábamos con bombos y unas banderas porque si INAES no nos daba la importancia que pedíamos íbamos a salir a cortar la ruta, nada más”.

“Se enfermó de poder y se cree que es intocable, que es el patrón, cuando acá tenés setenta compañeros que queremos trabajar dignamente. Pero con lo que pasó hoy, somos conscientes que si acá no toman cartas en el asunto los políticos de turno, esto no va a terminar bien. Si hoy vinieron acá a darnos palo, imagínense cuando me vaya a mi casa caminando, ¿quién me dice que no me den un tiro? La misma policía, cuando llegó Garaggiola con su gente le dije a uno de los oficiales ‘Fijáte que en el 206 hay armas’, me dice ‘¿Cuál? ¿Ese?’. Lo llama al del 206 y se fue”, manifestó Cristian Guenemil.

Dauphin recordó que el frigorífico fue recuperado en 2005 mediante “una lucha muy grande con la patronal”, tras la cual se conformó la flamante cooperativa. “A Garaggiola lo pusimos nosotros de presidente porque confiamos en él”, dijo Guenemil y destacó que ahora “nadie le dijo que se vaya, simplemente que apoye el proceso de cambio porque al tener el apoyo político, porque se ha movido más en la calle, nos sirve para que apoye a los nuevos compañeros. Evidentemente hay algo más, él no quiere que esto vaya para adelante”.

“El mandato debió durar tres años, lo cual nosotros no estábamos muy al tanto. En parte es culpa nuestra porque no nos interiorizamos en saber cómo era una cooperativa, cuánto duraba un mandato y cuáles eran nuestros derechos y obligaciones”, declaró la trabajadora.

Además, comentó que “tenemos muchísimos problemas económicos, el 25 de septiembre se le pidió a esta gente que nos presentaran balances desde 2008 al 2014, que dejaran sus cargos y ahí fue cuando empezó la lucha nuestra. El sr. Enrique estaba por seguro, el sr. Gabriel Martínez que era el secretario decidió a los quince días tomarse vacaciones y el único que nos ha venido a apoyar y a dar una mano es el tesorero”.

“Los actos de violencia empezaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades, ahí fue cuando no le cerró tener que dejar la cooperativa. Bien la palabra lo dice, hay un presidente pero él no es el dueño de la cooperativa. Tampoco entendemos por qué él no quiere dejar el cargo, qué hay detrás de todo esto. Ha mandado infinidad de cartas documento, nos mandó para echarnos a diez compañeros, intimando a la persona que nos iba a comprar los cueros, mandó al Hotel Bauen que nos dieron una mano grandísima la semana pasada cuando viajamos, mandó al síndico. Manda cartas documentos como si fuera el dueño y señor de todo este frigorífico y él mismo ha salido por todos los medios que por primera vez está haciendo las cosas bien pero acá nunca se acercó a decirnos está pasando esto o lo otro”, sostuvo María del Carmen.

Por otra parte, destacó que el dirigente cuestionado tiene apoyos de “La Cámpora, de Alicia Kirchner y seguramente tenga del PJ, del Frente para la Victoria”. “Cuando hablamos la semana pasada con gente del INAES, que es el ente regulador de las cooperativas deciden mandarnos a alguien el viernes para que nos venga a fiscalizar. Nos llaman por teléfono y nos dicen va a ir el lunes, por ayer. Ayer nos llaman y dicen que iban a venir el jueves porque Garaggiola pidió una asamblea fuera de la cooperativa, cuando no corresponde, en la calle Chancay y Jujuy, poniendo como orden del día lo que a él le convenía y mentiras, porque nunca le prohibimos la entrada ni a él ni a nadie porque tenemos firmas de los compañeros, hasta la semana pasada vino el hijo del secretario a trabajar, vino la gente que hoy golpeó”.

“Desde el INAES lo único que nos pudieron comunicar es que hubo alguien que agarró los papeles que habíamos entregado con las denuncias y le dijo ‘Vos salís de este cargo, esto lo toma tal persona’. Cuando nos enteramos de eso mandamos a cuatro personas a Buenos Aires, entre ellas la carta más grande que tenemos que es el síndico, porque al no estar el presidente, ni el secretario, ni el tesorero, es quien sigue en sus cargos. A favor nuestro tenemos a todos los vocales también, todos los trabajadores estamos luchando por lo mismo que es querer trabajar dignamente. Nosotros no le vamos a hacer nada si él robó o no robó, eso se lo vamos a dejar a la justicia, a la AFIP o a quien corresponda”, detalló.

Cristian Guenemil recordó que “cuando mandaron los balances que supuestamente nos iban a servir, en ninguno está la firma de él, todos truchados. Y a mí el dolor que me quedó es que yo en 2008 laburaba por nada acá, estábamos todo el día, revocábamos, limpiábamos, hacíamos despostada, faena, cobrábamos 200 pesos por semana y ya en ese momento él se estaba encargando de hacer las cosas mal por otro lado”.

“Cuando fuimos al Concejo Deliberante a denunciar esto que está pasando en la cooperativa nos dijeron ‘No, pero si Carlín es lo más bueno que hay’, porque habla lindo y habla hermoso y nosotros somos unos brutos. Sí, somos unos brutos pero no somos ladrones (…) cuando vinieron acá estaba todo arreglado con la policía porque la policía estaba acá a la vuelta y no hizo nada”.

En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, José Lualdi informó acerca de una reunión que mantuvieron con la jueza de garantías Marisa Prome: “Nos resulta extraño que ni el fiscal ni la jueza ni el comisario Maldonado envíen los patrulleros que solicitamos para que se resguarde la seguridad de los trabajadores. No es que los trabajadores tienen que ir a negociar a la Quinta si van o no van a mandar un patrullero. Hacemos responsable a la justicia y al comisario Maldonado si algo le ocurriera a un trabajador de la Cooperativa INCOB o a cualquiera de los compañeros que han venido a apoyar”.

DSC08837Durante la mañana de hoy un grupo de matones junto a Enrique Garaggiola llegaron “en cinco autos y armados” a las instalaciones del frigorífico recuperado INCOB (Ex Paloni). Quienes se encontraban trabajando en la planta fueron atacadxs con armas de fuego y con otros elementos como ladrillos y fierros.

“A la fuerza y a tiros nos quisieron sacar de la planta. Estábamos en la portería en la entrada. Vinieron cinco o seis coches. Se empezaron a bajar algunos compañeros que apoyan al presidente (Enrique Garaggiola) que no quiere irse”, dijo a FM De la Calle Juan Cornou, un trabajador de la empresa.

DSC08839“Bajaron con armas. Alcanzamos a cerrar el portón. Empezaron a tirar tiros al aire y a agredirnos con fierros y ladrillos. Acá adentro no los dejamos entrar hasta que llegaron los patrulleros. Hay dos lastimados con piedrazos. A uno casi le arrancaron un dedo”.

“Hace más de treinta años que estoy acá, trataba de calmar las aguas. Hace tiempo estábamos trabajando juntos. Tenemos compañeros que viajaron a Buenos Aires al INAES porque esta persona quería hacer una asamblea fuera de la planta como para que él te pone 20 o 30 ahí afuera y entonces la asamblea la hace a gusto de él y después la presenta. Es muy lamentable”, agregó.

En este sentido, desde la cooperativa habían convocado para mañana a la tarde “a la comunidad y todas las organizaciones” para informar sobre la situación que estaban atravesando.

“Queremos seguir trabajando. Esto nos perjudica. Lamentablemente esta persona ha adoptado la fuerza así. El vino con gente que es amiga de él y medio mafiosos”.

Luego de la agresión, algunos patrulleros entraron al interior del frigorífico.

DSC08836Por su parte, la CTA se entrevistó con la jueza de Garantías Marisa Prome, exigiendo que “se articulen los medios para que garanticen la seguridad de los trabajadores”, según dijo a este medio José Lualdi, miembro de la Comisión Directiva de la central. A su vez, hacen “responsables a las fuerzas de seguridad de cualquier daño que sufran los trabajadores”.

El SUTEBA Bahía Blanca expresó a través de un comunicado “el más enérgico repudio al accionar de una patota de hombres armados, claramente identificados, que pretendieron ingresar por la fuerza a la empresa. No consiguieron su objetivo ante la valiente defensa ejercida por trabajadores y trabajadoras de INCOB. Los agresores hicieron uso de armas de fuego produciendo lesiones en varios trabajadores (uno de ellos con herida de bala en un dedo de la mano)”.

“Podemos desmentir rotundamente que se trate de un enfrentamiento entre dos fracciones rivales. Por el contrario hubo un grupo agresor que intentó entrar por la fuerza en el frigorífico y una actitud llamativamente pasiva de la policía”.

“Los trabajadores y trabajadoras de Incob han demostrado que quieren continuar su trabajo legítimo por el que tanto han luchado. Es por esa razón que al tiempo que repudiamos la violencia y demandamos juicio y castigo a los agresores, hacemos público nuestro respaldo a la lucha de quienes están hoy defendiendo el derecho a tener trabajo”.

Desde ASTRAMYC también manifestaron “nuestra absoluta solidaridad con los compañeros y compañeras del frigorífico INCOB frente al brutal ataque perpetrado por una patota, comandada por Enrique Garaggiola, en la cual fueron heridos varios compañeros con balas de plomo. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad a solidarizarse con la lucha que se está llevando adelante por la defensa de los puestos de trabajo. A continuación dejamos el link de uno de los videos donde se observa a parte de la patota intentando ingresar al frigorífico, armas en mano”.

Desde principios de mes en Ushuaia son juzgados 17 docentes y 16 camioneros por participar de un reclamo salarial. La acusación partió de la gobernadora Fabiana Ríos tras una protesta realizada en Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2013 en el marco de un paro provincial impulsado por la CGT y CTA.

“Los delitos imputados son atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones con diferentes grados y que llegan incluso a los catorce años de prisión como pena máxima para nuestro secretario general de la organización y secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena”, dijo a FM De la Calle Verónica Andino, dirigente de Sutef.

En aquel entonces, luego de varias negociaciones y ocho días de permanencia en el edificio se arribó a un acuerdo salarial acorde a lo solicitado por el gremio docente. Pero la revancha fue la inmediata apertura de causas judiciales y sumarios administrativos.

El 21 de octubre se conformó el Tribunal para juicio oral y público. Ese  mismo día, se dispuso la fecha de inicio. Todas las causas en Tierra del Fuego, cuando llegan a esta instancia demoran un año en fijar la fecha y dos en dar comienzo al juicio. Los turnos se están entregando para el 2017. Esta vez, rápidamente, la fecha se resolvió en un día y el juicio se realiza quince días después.

Desde la CTA Autónoma de Tierra del Fuego afirmaron que “en plena transición de gobierno, llevan a juicio a aquellos que se opusieron al ajuste sobre los trabajadores, a aquellos que se enfrentaron a la quita de derechos laborales que quería imponer el Gobierno saliente (PSP), a aquellos que hoy resisten el recorte que quiere imponer el Gobierno entrante (FPV)”.

Además, destacaron que el juez de la causa, De Gamas Soler, está acusado y procesado por ocultar evidencias en el juicio de la AMIA y buscó refugio en el fin del mundo “con la complicidad de la clase política que lo nombró”. Los sindicatos fueguinos exigen “el inmediato cierre de todos los sumarios administrativos realizados a los docentes por las mismas causas, impulsados por la gobernadora Fabiana Ríos para exonerar de sus cargos a los trabajadores de la educación. La sanción por parte del Congreso de la Nación de una ley nacional que indulte a todos los compañeros trabajadores, referentes, delegados y dirigentes procesados por hechos sucedidos en el contexto de la protesta social y sindical”.

Foto: Gremiales del Sur.

Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.

La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.

“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.

Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El Suteba Bahía Blanca presentó este martes el informe “Educación Pública: los números de la crisis” en el cual se manifiesta que “en el transcurso de estos ocho años, lejos de cumplir con la promesa de la ‘recuperación de lo público’ el gobierno privilegió el desarrollo de la educación privada a través de subsidios discrecionales y le otorgó el status de ‘pública de gestión privada'”. En este artículo ofrecemos una entrevista con la subsecretaria de Educación gremial, Monserrat Gayone, y otra con la postura del jefe Distrital Santiago del Santo.

Para el sindicato, “el sostenimiento del sistema privado y la continuidad de la transferencia de responsabilidades a los presupuestos provinciales, junto a la Emergencia Económica son el corsé que impide materialmente el crecimiento de la educación pública estatal. El congelamiento presupuestario afecta tanto el cobro de los salarios docentes y auxiliares como la creación de nuevos cargos, el pago a los proveedores, la creación de nuevas escuelas y jardines y la refacción y/o mantenimiento de las existentes”.

Gayone subrayó en el documento que “luego de casi una década de obligatoriedad del nivel inicial, este no creció sustancialmente. Para que ingresen más alumnos de cuatro y cinco años, quedan afuera los de tres. Si no pueden concurrir a privado se inscriben condicionales, a la espera de vacantes. Así es que se registran sólo 497 niños más que en 2007, quedando este año 733 como condicionales”.

En el caso de la escuela primaria se registró una pérdida de 400 alumnxs cuyo “destino más probable” fueron las instituciones privadas. “Se evidencia también una dinámica de la matrícula desde las escuelas periféricas hacia las más céntricas y de éstas a las escuelas privadas. De esta manera se sigue trasladando la creciente fragmentación social al sistema educativo”.

Al analizar la educación especial, la dirigente del Suteba destacó que “comparando los datos de 2007 y 2015 se contabiliza una baja de 194 alumnos. El nuevo paradigma ‘social’ que desalienta la derivación de alumnos con necesidades educativas especiales y la inclusión como estrategia universal está a la base de la baja de matrícula en el sector”.

El informe desarrolla el caso de la Escuela 509 y concluye que “la falta de espacio, la demorada creación de cargos y la carencia de recursos, por los que hace años reclama la escuela y su comunidad educativa, perjudica a los niños y jóvenes con discapacidad, más allá de la promesa incumplida por el Estado de la ampliación de derechos”.

Finalmente, desde el gremio se sostuvo que en el nivel secundario, a pesar de su obligatoriedad, se registró una pérdida de 4161 pibas y pibes entre 2007 y 2015. Sobre sus causas, se planteó la hipótesis de que parte de la matrícula haya pasado al sector privado y otro tanto haya optado por el plan FINES o proyectos de terminalidad similares. “La educación secundaria es el nivel con mayores problemas de infraestructura que se arrastran desde la reforma de los 90 -transferencia de escuelas de Nación a provincia-, creación precaria de secundarias en edificios de primaria, falta de obras de reparación y mantenimiento de los edificios de las escuelas Medias y Técnicas preexistentes. Un rasgo muy significativo del período es la fragmentación curricular profundizando la ruptura del nivel con el conocimiento disciplinar”.

educacionEl jefe distrital de Educación, Santiago del Santo, coincidió con los datos publicados por Suteba pero no “con la interpretación que se hace” de los mismos. Acordó además en el rechazo a “los resultados nefastos para los derechos de las personas” que trae el neoliberalismo y criticó la falta de diálogo y colaboración por parte del gremio para “construir y sacar adelante las cuestiones del Estado que son responsabilidad de todos”.

Respecto a la variación de la matrícula planteó analizar cuáles son las variables que intervienen: “Los compañeros de los gremios han suspendido 71 días de clases en el año 2014 y 36 días de clase -38 solamente el Suteba- en el 2015. Entonces, pararnos en la vida cotidiana de las familias, yo como papá, y seguramente las cuestiones de infraestructura van a incidir, hemos hecho mucho pero falta muchísimo por hacer (…) pero creo que pesa mucho, mucho, muchísimo más, además de este análisis de políticas ideológicas profunda, que no tengan clases”.

“Ninguna acción mía va en contra de la educación de gestión privada, es parte de la educación pública porque en el mismo lugar, en el mismo artículo de la Constitución Nacional donde está consagrado el derecho a aprender, también está el derecho a enseñar”, aseveró.

Sobre la baja en la matrícula del nivel inicial el funcionario aseguró que en la comparación entre los últimos dos años no se registraban menos alumnxs sino la misma cantidad -tomando a lxs chicxs de cinco como caso testigo-. “Apareció un dato significativo que eran 200 chicos más en privada, la explicación se dio en algunos colegios privados de Bahía Blanca que abrieron su jardín, por ejemplo el Don Bosco y otros lugares que abrieron mayor cantidad de salitas. Ahora, la meseta de por qué se mantenía la misma cantidad de chicos era algo que no le encontrábamos explicación y lo logramos viendo la tasa de natalidad. Afirmamos exactamente lo mismo que el Suteba, (aunque) pensamos que las causas son múltiples y no solo una”.

Del Santo informó que hay cuatro jardines por construir para atender la demanda de las salas obligatorias, dos edificios están en obra y los restantes pendientes por falta de terrenos propios. Más adelante se refirió a la sobredemanda de matrícula en sectores que han incrementado su población, las obras financiadas por el Fondo Educativo y la falta de cargos y otras problemáticas de la Escuela Especial 509.

“El presupuesto de la educación en la provincia de Buenos Aires se lleva el 33% del presupuesto oficial y de ese 33 el 98% se aplica a sueldos. Entonces, en ese volumen de dinero estamos gestionando para que las cosas vayan donde tienen que ir”, afirmó el jefe distrital.

El juez federal Alejo Ramos Padilla desestimó la denuncia que había realizado el camarista suspendido Néstor Montezanti ante una fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, respondiendo a otro pedido del fiscal José Nebbia, el magistrado ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

Montezanti había realizado una demanda por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen del camarista luciendo una gorra militar.

La causa había sido iniciada en el fuero ordinario por impulso del propio abogado en noviembre de 2014 y pasó al fuero federal por incompetencia. En esa denuncia, el ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado había imputado el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani, a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. El uniformado “llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aun así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

El fiscal Nebbia había desestimado el planteo de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

El juez federal resolvió en el mismo sentido señalando que “ninguno de los hechos imputados en este legajo ha reunido las exigencias típicas requeridas por los tipos penales objeto de estudio, no logrando en ninguno de los casos atravesar el umbral de la tipicidad, deviniendo indefectiblemente en la atipicidad de las conductas endilgadas”.

Además, en relación con el pedido de investigación sobre la violación a la ley de inteligencia nacional, Ramos Padilla precisó que “dado que los hechos descriptos son expresamente contrarios a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales generan responsabilidad para el Estado Argentino, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, por ello, extráigase testimonio de la presente causa, fórmese causa penal y deléguese la instrucción al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El colectivo de Antena Negra TV festeja por estas horas el sobreseimiento de uno de sus integrantes, quien había sido imputado por el delito de interferencia en la comunicación tras un violento allanamiento del canal por parte de la Policía Federal.

“Como grupo estamos más tranquilos de que no tenemos un compañero puesto en peligro de estar penalizado por una causa judicial sino que además nos tranquiliza como medio de comunicación porque el hecho de que se pudiera llevar al fuero penal a una persona por comunicar era bastante significativo y preocupante”, dijo Malena a FM De la Calle.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi falló en contra de la empresa PROSEGUR y determinó que Martín Sande había sido erróneamente acusado. “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”, dicta el fallo. Ocurre que faltan elementos, como el dolo, para que se configure el tipo penal en cuestión cuya expectativa de pena es de seis meses a dos años de prisión.

Malena afirmó que “se habla mucho de la pluralidad de voces y demás y que suceda esto hubiera sido muy preocupante para la situación futura de nuestros medios de comunicación”.

“No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente, so riesgo de intervenir el suscripto en competencias ajenas que exceden ampliamente las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional para su tratamiento“, concluye el magistrado.

Desde el canal comunitario afirmaron que “quedó demostrado que Antena Negra TV afrontó una causa donde nunca existió el delito. PROSEGUR y la Policía Federal llevaron adelante un proceso legal que derivó en el secuestro de equipos y destrozos en el canal. Antena Negra fue dejada sin aire el 4 de septiembre por un delito que nunca cometió. Desde ese momento la transmisión se fue a la calle y logró la resolución favorable del conflicto”.

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Bahía Blanca, Néstor Alende, se refirió en FM De la Calle a las demandas de las trabajadores y los trabajadores del sector y anunció que “vamos a una jornada de lucha el 28 de octubre”.

Alende remarcó tres temas primordiales: “Exigimos que se trate en la Legislatura la ley de recuperación del 3% de antigüedad que hemos perdido, la ley de Paritarias y la ley de Autarquía”.

El secretario se explayó sobre estos dos últimos y explicó que “la ley de autarquía es un resorte del Poder Ejecutivo. Nosotros discutimos con dos patrones, uno como dije es el Ejecutivo, que abarca el tema monetario, y otro con la Suprema Corte que comprende las condiciones laborales”.  “Queremos una cláusula, queremos tener paritarias con o sin autarquía”, enfatizó.

Algunos dirigentes de gremio, en el caso local el propio Alende, están siendo perseguidos gremialmente. El tema fue planteado en una reciente reunión con el máximo tribunal provincial. El dirigente aseguró al respecto que “persiguen a los compañeros de varios rincones de la provincia y adelantó que  “el presidente de la Corte Suprema lo va a dejar sin efecto”.

Finalmente, el secretario de la AJB comentó que “hay varios peritos que no están cobrando la retención del título, ya sea escribanos o contadores.  A los abogados se lo están liquidando”.

Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.

“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.

El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.

En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.

Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.

En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.

“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.

Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.

“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.

Luego de dos años de intenso recorrido en cines y festivales “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” está disponible para ver y bajar en internet. La tercerización, los negociados con los servicios públicos, el desvío de subsidios, el papel de la burocracia sindical y de los funcionarios políticos, la actuación de las fuerzas represivas (bajo el mando de Aníbal Fernández) son temas de enorme actualidad en la situación política reflejados en la película. Mirala en delacalle.org

Un intenso recorrido 

El 4 de abril de 2013 fue el día del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” en los cines. Faltaban sólo dos semanas para la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano que terminaría con una histórica sentencia a una parte de los responsables políticos del crimen. Entre ellos uno de los principales líderes de la burocracia sindical que aún hoy continúa preso: José Pedraza.

Los realizadores Julián Morcillo y Alejandro Rath, junto al Ojo Obrero y la productora Puente Films, hicieron un gran esfuerzo para llegar con la película terminada para esa fecha con la intención de sumar el estreno a la campaña por juicio y castigo que ya era una gran causa popular con importantes hitos de movilización y expresiones artísticas de apoyo. En un mercado cinematográfico muy hostil para las producciones documentales nacionales (por el dominio del mismo por parte de las producciones norteamericanas) la película consiguió permanecer en cartel durante cinco semanas en cinco salas de la ciudad de Buenos Aires y estrenar en varias salas del interior del país (Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, etc.) logrando superar la cifra de 10.000 espectadores. Incluso ese número podría ser superior si la película hubiese sido estrenada en una mayor cantidad de salas. Un dato que certifica esto es que la película logró estar en el top ten de cantidad de espectadores por función de todas las películas estrenadas en 2013. Este hecho y la gran repercusión obtenida en medios y críticas hablan de la importancia de la película en la lucha por el juicio y castigo.

La realización misma de la película fue producto de una excepcional movilización política. Martín Caparrós interpretando al protagonista; Iván Moschner y Lucía Romano realizando importantes papeles; la participación de Leonor Manso, Enrique Piñeyro y Soledad Villamil; los compañeros de lucha de Mariano y su familia que dieron su testimonio; los cientos de militantes que representaron los hechos del 20 de octubre; el equipo técnico que se sumó a la producción; la gente que puso su casa para filmar o que ayudó con la comida en el rodaje, las decenas de aportes recibidos para terminar la película; la campaña militante de difusión de la película; los miles de espectadores que llenaron las salas en los primeros días para permitir que la película siga en cartel… en fin, una película que pudo ser realizada y tener el recorrido que tuvo sólo porque expresó una causa popular y sentida.

Fuente: APEL.

El titular de la Asociación de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, dijo que “sin ninguna duda” se sintió sorprendido por el procesamiento del ex secretario gremial de la entidad, Héctor Forcelli, en el marco de la causa Triple A “porque más allá que se rumoreaban algunas cuestiones, no el caso de que podía llegar a quedar detenido”.

“Forcelli fue un dirigente de Empleados de Comercio, ya no lo es, ya no lo era ahora, ya estaba jubilado. Igualmente desde el momento de la intervención en el año 2013 había finalizado su mandato como comisión directiva del gremio. Sus abogados tendrán que llevar adelante la causa y hacer la defensa correspondiente”, manifestó.

Aolita aseguró que lo conoció cuando él trabajaba en la Cooperativa Obrera y por la actividad “intersindical” que compartían como dirigentes de Punta Alta y Bahía Blanca. Luego se excusó de opinar sobre el pasado “porque por una diferencia de edad no viví épocas anteriores”. Tiempo atrás la concejala radical Aloma Sartor también se escudó en que “era chica” cuando le consultaron sobre la participación en el terrorismo de Estado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot.

“Cacarulo” está procesado con prisión preventiva por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla, acusado de integrar la Triple A, la cual en el fallo fue definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975.  Además del ex basquetbolista se encuentran detenidos Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En la misma causa está imputado el suspendido camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti, quien hoy faltó por cuarta vez a una indagatoria convocada por Ramos Padilla.forcelli intendencia

El dirigente sindical y ex directivo de la Asociación de Empleados de Comercio Alberto Brandán aseguró que Forcelli lo recibió armado en el rectorado de la UNS al concurrir a una entrevista con el interventor Remus Tetu. Forcelli estaba adentro de la sala y no intervino, era “el mandadero nada más”.

Brandán recordó que “tenía una trayectoria -siempre dentro de la CGT- como un matón, un tipo que andaba siempre buscando pleitos con los empleados de comercio. Nosotros en ese tiempo teníamos muchos problemas, era otro tipo de actividad sindical, más presiones y bueno la vivíamos también los empleados de comercio”. En aquellos años el matón “recibía las dádivas de la gente de la CGT, del que estaba en ese momento, del secretario de turno” que era Rodolfo “Fito” Ponce y luego habría empezado a “incursionar en comercio”.

En su defensa, el ex mano derecha del histórico dirigente Ezequiel Crisol, sostuvo que en la época de los hechos militaba en la Juventud Peronista, se dedicaba a jugar al básquet “y que su principal changa era ser empleado de comercio”. Comentó que trabajó como preceptor en la Escuela de Comercio “hasta que un teniente de navío de la marina lo dejó cesante” y que “nunca vio ni conoció al rector de la UNS Remus Tetu”, cuyo plantel de “personal de seguridad” integró junto al resto de los procesados.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron en abril que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles”. Aquella solicitud fue luego ampliada con la imputación contra los cinco civiles por “haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

Cuando el intendente electo Cristian Breitenstein burló la voluntad popular y prefirió hacer carrera junto al gobernador Daniel Scioli, el empresariado y “las fuerzas vivas” bahienses fueron a respaldarlo. A la derecha del jefe comunal se ubicó el custodio de Tetu (foto). Durante aquella campaña, Forcelli fue “el dueño de casa” que recibió a los candidatos del Frente para la Victoria en Empleados de Comercio (video).

Más de 2000 docentes que trabajan desde 2010 en el programa Orquestas y Coros del Bicentenario hicieron pública su situación de precarización laboral.

“Desde el inicio somos monotributistas y firmamos contratos que empiezan y terminan cada año. Por suerte incluye las vacaciones pero implica retrasos en los cobros, en algunos casos hasta seis meses. Estamos trabajando para el Estado en una situación de precariedad y de trabajo en negro encubierto, además de los valores que están por debajo que lo que cobran otros docentes de igual tarea”, dijo a FM De la Calle Valeria Rozengardt, docente de Lenguaje Musical en la Orquesta Don Bosco de la localidad de Quilmes.

La remuneración depende de la cantidad de horas asignadas a cada docente. Muchas las horas de trabajo asignadas nominalmente no coinciden con la cantidad de horas trabajadas en términos reales, siempre en una relación desfavorable para lxs trabajadorxs.

La docente señaló que trabajan “en un programa de inclusión, que trata de romper alguna lógica en que los chicos se encuentran, de precariedad -las orquestas funcionan en barrios donde un montón de recursos no llegan, entre ellos la música que es un derecho, la posibilidad de educación-, y nosotros participando de esos espacios como el agente del Estado que va ahí a tratar de paliar ciertas situaciones de precariedad estamos precarizados”.

“Contamos con mucho apoyo de la comunidad. Hemos tenido reuniones con la Coordinación. Hemos tenido reuniones con el Director General de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación Alejandro Garay que nos ha recibido pero que básicamente lo que nos dice es: no está a nuestro alcance”.

En respuesta a los reclamos, desde la cartera educativa “hicieron todo un proceso de municipalización, cambió el área administrativa. Los recursos tanto pedagógicos como económicos para que el programa se sostenga dependen del Ministerio de Educación pero los municipios se encargan ahora de la parte administrativa. Y eso lo que hace es que nos deja en un limbo porque la administración del municipio lo que nos dice es ‘yo solamente les voy a pagar en función de la partida presupuestaria de Nación y si no me llega no me hago cargo’ y Nación dice ‘ustedes vayan a reclamarle al municipio si se retrasa en pagar’. Por eso quedamos en un limbo”.

“Más allá de un derecho laboral que nosotros merecemos y que es para cualquier trabajador un derecho estar en blanco, además pensamos que como derecho adquirido por la comunidad la existencia de las orquestas, la estabilidad laboral de sus docentes es una manera más de garantizar la continuidad del programa”, finalizó.

Según el sitio oficial de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, “el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario está dirigido a niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social de diversas jurisdicciones del país (…) Actualmente el Programa cuenta con 132 orquestas y 155 coros en todo el país, y  reúne cerca de 10.000 niños y jóvenes para quienes la música abrió una nueva dimensión social y pedagógica”.

Hoy existen orquestas y coros dependientes de este programa en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Fé, Entre Ríos, La pampa, Neuquén, Chubut, Santa cruz, Córdoba y Misiones.

Ayer por la tarde hubo una reunión de docentes y estudiantes de las escuelas terciarias de artística (Teatro, Artes Visuales, Danzas y Conservatorio de Música) convocada por el SUTEBA local y llevada a cabo en la sede de esa organización. La convocatoria manifestó su preocupación por “la inminente reducción y cierre de las Formaciones Básicas”.

Celeste Calvo, docente y delegada en el conservatorio, explicó a FM De la Calle ayer que el disparador de la reunión fue el anuncio del cierre de la Formación Básica en la escuela de Artes Visuales, por parte de los directivos de ese establecimiento.

“Las escuelas de arte, depende de la especialidad de cada una, tenemos una formación básica, cuyo objetivo es preparar a los alumnos en la especificad de cada área para acceder luego a las carreras de los profesorados. Estamos hoy preocupados por una serie de rumores y situaciones que se están generando en las escuelas de arte con respecto a alguna posibilidad de cierre o achicamiento de las formaciones básicas”.

Directivos de la Escuela de Artes Visuales anunciaron el cierre de la FOBA. No hay ninguna normativa al respecto esto de generar proyectos que reemplacen o articulen algo así como una formación básica. Estamos preocupados porque no hay información y nadie nos hace una bajada de una fuente fidedigna. Por eso nos convocamos los docentes de artística para charlar de las problemáticas de cada una de las escuelas”.

“La preocupación central es el anuncio de por parte de los directivos del cierre de la Formación Básica para acceder a las carreras de profesorados en la Escuela de Artes Visuales”.

“La preocupación no sólo pasa por la pérdida de fuentes laborales. Nosotros nos plateamos el tema de la precarización de los saberes. La formación básica es productiva porque el alumno necesita una formación previa que lo vaya integrando con la especialidad. Y ese contacto con el hacer artístico lo necesita para poder encarar después una carrera tan importante como lo es un profesorado. Es como si alguien que no sabe leer y escribir va a estudiar magisterio”.

Se invita a centros de estudiantes, docentes y comunidad educativa en general a participar de la segunda reunión sobre este tema el próximo jueves a las 14 horas en Las Heras 367.

Las personas que trabajan realizando diferentes tareas en casas particulares consiguieron un aumento del 28 %. Fue a través de la primera paritaria de la que participaron dirigentes de sus organizaciones gremiales.

Claudia Limonita, apoderada legal y directora de la obra social de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) de Bahía Blanca, explicó a FM De la Calle que “la Ley 26844 (que data de 2013) fue el primer hecho histórico para los afiliados del servicios casas de familia que comprende a todas las personas que trabajan en domicilios particulares prestando servicios a una persona física, ya sea por hora o tiempo completo. No cubre los acompañamientos terapéuticos. Eso es por otro gremio”.

En Argentina el gremio existe desde el año 1901. Sin embargo, Bahía Blanca cuenta con representación a partir del 2005. Antes de la ley había existencia sindical pero el sector no contaba con “las herramientas suficientes como para poder bregar por la dignificación de estas trabajadoras que provienen de una situación social muy vulnerable. Hemos tenido una amplia repercusión”.

Por otra parte, “el sistema para el registro de las trabajadoras es muy simple, porque es dar el alta en AFIP y después inscribirlas en el acta 102 y se paga todos los meses en cualquier Pago Fácil. No hay cargas sociales. Es un monto único que implica jubilación, ART y obra social. Está al alcance de todo el mundo”.

Pese al avance que quienes trabajan en casas particulares en los últimos años, queda mucho por hacer en materia de blanqueo ya que “hay más de un millón y medio de trabajadoras domésticas en todo el país, de las cuales se han registrado unas quinientas mil”.

La primera paritaria es otro gran avance ya que la Unión “se ha podido sentar en la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo, con Ministerio de Desarrollo Social y con las entidades empleadoras”.

En este sentido, Limonitas calificó la paritaria como “un hecho histórico. Costó mucho porque a partir de la ley, el problema es que no podíamos negociar porque no había con quién. Ahora la parte empleadora apareció representada por un Sindicato de Amas de Casa y con otro sindicato que nuclea a los empleadores jerarquizados, que son los que tienen un salario, sean profesionales o no”.

Trabajadorxs de la provincia de Buenos Aires encuadrados en la CTA llevan a cabo hoy un paro por 24 horas. La Secretaria General de la central regional dijo a FM De la Calle  que “las demandas son las que venimos levantando hace meses o años que tienen que ver con la situación de ajuste, estas políticas de ajuste que venimos resistiendo los trabajadores y las trabajadoras en la provincia y a nivel nacional también”.

Por otra parte, a las 9 30 se realizó una asamblea en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense a la que asistieron diferentes organizaciones gremiales para analizar “cuestiones que nos atañen a todos los trabajadores y trabajadoras, políticas que nos han afectado directamente. Lo que vemos es que de cara a las elecciones de octubre esto realmente no sólo no va a cambiar para nosotros sino que creemos que se va a profundizar”.

En este sentido, la dirigente sostuvo que “los tres candidatos que se perfilan como los posibles ganadores -los dos más que los tres-, tienen en mente políticas de ajuste, devaluaciones y cuestiones que impactan no solamente en lo que es nuestra situación salarial”.

A su vez, Canulo denunció a nivel provincial “una gran desinversión en lo que es salud, educación y justicia. Eso repercute en la falta de cargos, en problemas de infraestructura. Vemos que en los distintos sectores vamos percibiendo esta situación de manera muy similar. Y en lo que se supone que son servicios básicos para la población. Ahí está el doble juego. Estamos perjudicados nosotros como trabajadores y trabajadoras y también la población que son los que acceden a la educación pública, a la salud pública, a la justicia o debería acceder de forma igualitaria”.

El viernes pasado una asamblea extraordinaria del SUTEBA Bahía Blanca resolvió adherir al paro de 24 horas que organiza la CTA de la provincia de Buenos Aires para este martes 29 de septiembre. En nuestra ciudad se sumarán a la medida de fuerza la Asociación Judicial Bonaerense, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Asociación de Profesionales del Hospital provincial Penna y la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal.

La jornada de lucha se realiza “contra las políticas de ajuste y precarización del gobierno provincial, por el pago íntegro de todos los salarios adeudados y la reapertuta de paritarias”, según difundió la asociación de docentes en un comunicado.

Por otra parte, se habrá una asamblea convocada por la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego convocando a participar a “todos los sindicatos que adhieren a la medida”. Será a las 9 30 en la sede de la AJB.

Las propuestas electorales de oficialistas y opositores

Desde el SUTEBA Bahía Blanca afirman que “programas como Terminar la secundaro (más allá de la validez del título en la ciudad y la provincia) es parte delos planes precarizantes que hemos venido denunciando. Precarización por doble vía: en lo pedagógico para los estudiantes por el vaciamiento de contenidos y en lo laboral para los docentes por el desconocimiento de los derechos estatutarios”.

En este sentido, la titular del sindicato sostuvo que “desde hace 4 años que venimos diciendo el problema del no cobro, el problema de la infraestructura en las escuelas, pero sobre todo el tema de los proyectos pedagógicos educativos que son parte, no sólo de este gobierno, sino también de los anteriores.  Hubo una continuidad con algunos nombres distintos pero el contenido es el mismo. Así que, en ese sentido y relacionándolo con lo que después hemos sacado con respecto a terminar la secundaria, queremos decir que éste plan y el FinEs es exactamente lo mismo”.

“Lo que pasa es que todos estos programas, con una propuesta para que finalicen los estudios secundarios aquellos que no lo pudieron hacer en tiempo y forma. En un principio comenzó siendo una propuesta para gente que se ha quedado con una o dos materias, y después terminó siendo para gente que en todo caso no ha podido transcurrir no solo esas dos materias sino años de la secundaria y lo están terminando a través del plan FinEs.  O sea, compite con la educación de adultos, con el bachillerato de adultos, con las propuestas que se hacen más sistematizadas, que tienen otro formato, que tienen una asistencia regular, clases como cualquier secundario. En cambio el del FinEs es por encuentros, por tutorías. La calidad es muy inferior y reciben el mismo título secundario que cualquier otro chico o persona que haya transcurrido los 4 o 5 años según la modalidad, de cursada de todos los días. Es por esta cuestión que decimos que es más matricula pero menos conocimiento”, afirmó.

SUTEBA señaló que “ambos sectores (PRO; FRENTE PARA LA VICTORIA), comparten propuestas (en este caso, sí podemos decir ofertas) y objetivos en cuanto a la educación pública, aunque el gobierno lo enmascare con un discurso “progresista”. La propuesta de Masa va en el mismo sentido con el agravante de intentar introducir un sistema de premios y castigos para los docentes que demuestren más ‘productividad’.

Otras resoluciones de la asamblea

* Acompañar a la movilización de la Coordinadora de Estudiantes por el Boleto estudiantil Gratuito, el día jueves 1 de octubre a las 1430 horas. En la misma se demandará al Concejo Delieberante que el Municipio adhiera a la ley provincial.

*Invitamos a participar el día lunes 28/9 a las 18 hs a la concentración frente a la Unión Industrial Argentina (UIA) en Brown al 400, para protestar por la precarización laboral y contra los despidos de trabajadores y en particular contra el despido como forma de persecución política contra Mauro Vargas ( militante del PTS y el FIT).

*La asamblea se solidariza con el pueblo de Jáchal ante el derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro por responsabilidad de la empresa Barrick-Gold y el aval de los gobiernos para con los proyectos de megaminería a cielo abierto altamente contaminantes.