Las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Neuquén continúan con los cortes de ruta para reclamar salarios dignos. La protesta comenzó semanas atrás, en rechazo al acuerdo entre el gobierno, ATE y UPCN por un 12% de aumento.

En la provincia de Vaca Muerta, promesa de “dólares y progreso”, las autoridades realizaron una nueva oferta de un 53% en varias cuotas que ya fue avalado por la ATE y este mediodía era analizada por les autoconvocades.

“Desde enero del 2020 a la actualidad, el personal de la salud recibió un 15% de aumento únicamente. Cuando tenemos en Neuquén una inflación que superó los 45 puntos y la perspectiva del 2021 es similar. El gobierno lo que tendría que haber hecho es intentar recomponer el salario perdido”, comentó a FM De la Calle Martín Álvarez Mullally, integrante del Observatorio Petrolero Sur.

Agregó que “con esta última oferta que ATE aceptó, hasta diciembre es alrededor del 40% del salario real. Tenés una economía que rige al calor de salarios petroleros y el sector público cobra muy poco, no accede a esos salarios”.

“El fracking como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales le da una característica a toda la economía de enclave, es la dependencia de una sola actividad. Eso ha generado desigualdad, que Neuquén se torne invivible”.

Álvarez Mullally explicó que “así como dicen que Vaca Muerta es la joya de la abuela, la provincia donde se desarrolla está fundida, es la que mayor deuda ha tomado del país, tiene números que son sumamente alarmantes”.

La economía regional “está atada a un mercado internacional que es super complejo de entender. La mayoría son empresas multinacionales o capitales argentinos atados a precios internacionales. El precio del crudo o el precio del gas hace que a ‘la botonera Vaca Muerta’ las empresas las levanten y la bajen todo el tiempo. Ya para 2016 tenías 3500 obreros petroleros despedidos, más 1500 que rotaban y cobraban la mitad del sueldo. Esa variación de despedir mucha gente es constante”.

“Cuando viene toda esa gente demandan viviendas, hospitales, escuelas. En la temporada alta captás más regalías e impuestos y en la baja te quedás sin regalías y con un mar de gente desocupada que te demanda ayuda estatal”, dijo Álvarez Mullally.

“No podés cerrar un hospital o un jardín porque bajó el precio del crudo porque hubo un bombardeo en una fábrica en Arabia Saudita, cosa que pasó el año pasado”, detalló.

El investigador del OPSur mencionó que “hay un problema de desarrollo grave y, sin embargo, la apuesta es defender Vaca Muerta y proyectarlo. Después tenés el impacto ambiental, la cantidad de subsidios que recibe el proyecto es enorme”.

“Siempre estuvo el mito de que Vaca Muerta va a generar los dólares que el país necesita. La relación da negativa, las petroleras perciben subsidios, y giran a empresas de paraísos fiscales parte de eso, entonces hay más fuga de dólares que se capta”, finalizó.

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) realizará este jueves un paro nacional en canales de aire y productoras tras rechazar la propuesta salarial de las cámaras del sector. 

El gremio reclama un incremento del 39% para el semestre abril-septiembre. “Hace 15 días que estamos con ATA-CAPIT discutiendo el tema, estábamos esperando una oferta razonable pero no sucedió”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Horacio Tolza.

Comentó que “ofrecieron una propuesta irrisoria de un 20% separador en un 10% y el otro 10 en cinco veces a un 2% por mes. Nos pareció que nos estaban tomando el pelo y por eso se decidió hacer el paro”.

En Bahía Blanca la medida de fuerza será por dos horas por turno y afectará a los canales 7 y 9. “En el 9 va a ser total y en el 7 puede llegar a haber informativo porque no son todos afiliados pero cuando llega el momento de repartir las ganancias logradas también las reciben. Sería bueno que fueran solidarios con sus compañeros”.

“En la pandemia hay industrias que han sufrido la desgracia de venir para abajo y esta ha crecido porque la gente estuvo en su casa. Las tandas que ves, que tienen que ser de 12 minutos, son de 18 o 16. Esto quiere decir que al producto lo están vendiendo bien pero al trabajador no lo quieren hacer participar de las ganancias. No le pedimos más que competir o estar cerca de la inflación”, agregó Tolza.

La pandemia de coronavirus COVID-19 ha desatado una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica. En todo el mundo, las proyecciones de desempeño indican una situación preocupante.

No se trata solo de la caída de la producción y el comercio en casi todos los países, sino también de la preocupante pérdida de empleos. La Organización Internacional del Trabajo la estimó en el equivalente a 255 millones puestos de tiempo completo en el mundo. Esto provoca un aumento de la pobreza extrema por primera vez en décadas, así como un nuevo incremento en la desigualdad.

Ante esta situación, existe amplio consenso en que el Estado debe tener un rol activo en inducir la reactivación, a través del gasto público, en especial, mediante la política social y la inversión pública.

Incluso la postura reciente del FMI indicó que esto debe ser complementado a través de una revisión de la tributación, para ampliar el espacio fiscal. Concretamente, llamó a poner en práctica impuestos progresivos a las grandes fortunas personales y a las empresas con mejor desempeño de ganancias.

Es decir, la existencia de una crisis económica mundial, así como la necesidad de que el Estado actúe gastando y recaudando más, forman parte de un consenso generalizado. Naciones Unidas también se expresó en el mismo sentido recientemente. La idea de mejorar la recaudación en un sentido progresivo ha dejado de ser una demanda exclusiva de las organizaciones sociales y ha llegado al seno mismo de los organismos multilaterales.

A nivel nacional, se aprobó a finales de 2020 un Aporte Solidario y Extraordinario (ley N° 27.605, reglamentada por decreto PEN 42/2021) cuya aplicación se encuentra en curso y solo lleva recaudado el 10%. Se trató de una iniciativa parcial, excepcional y limitada. Su aplicación estará destinada a los usos establecidos por la misma ley. Sin embargo, acontecido el primer trimestre del año, a la luz de la continuidad de la crisis y la pandemia, el mismo resulta a todas luces insuficiente. Todo indica que el esfuerzo no puede limitarse a esta iniciativa a nivel nacional.

En tal sentido, vale la pena resaltar que los gobiernos municipales están facultados para tomar medidas en esta dirección. De hecho, esto ya se hizo en 9 municipios de la Provincia de Buenos Aires: 25 de mayo, Castelli, General Lavalle, Hurlingham, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de
Febrero y Vicente López. Llamamos la atención sobre estos antecedentes por estar todos ubicados en la misma provincia que Bahía Blanca, sujetos al mismo marco legal. De hecho, en el caso de Castelli, se presentó un amparo, que la Justicia rechazó.

Cabe destacar, que cada uno de estos municipios están gobernados por diferentes colores políticos, de lo que se desprende que se trata de un tema común a las necesidades de cada población y no debe verse bajo lógicas partidarias ni de divisiones que forman parte del debate electoral y no de la
urgencia social.

Por un lado, se trata de un problema ético: mientras una parte reducida de la población vive con altos ingresos, la mayoría de la sociedad es incapaz de cubrir sus necesidades básicas. En una sociedad que expande sus posibilidades económicas, es injusto que una porción creciente viva peor.

El dato oficial relevado por el INDEC para el segundo semestre de 2020 indicaba que más de 75.000 bahienses se encontraban en situación de pobreza (equivalentes al 24% de la población local) y casi 22.000 en la indigencia. Los aumentos de precio de las canastas utilizadas para medir tales guarismos se han elevado de forma consistente en los meses siguientes, por lo cual es esperable que la situación se haya agravado. Esta situación se da al mismo tiempo que la actividad económica en la ciudad muestra lentas señales de recuperación en nichos específicos, que no abarcan al conjunto de la sociedad ni el mercado laboral.

Por otro lado, esta desigualdad no es sólo un problema ético, sino también uno económico: evita que el crecimiento se derrame al resto de la sociedad por las vías del consumo y de la inversión. Una parte significativa de los ingresos captados por quienes más ganan se destina a colocaciones
improductivas, especulación inmobiliaria o directamente atesoramiento. A esto se agrega que, tal como existe hoy en día, la estructura tributaria argentina es especialmente injusta, reposando de forma evidente sobre impuestos regresivos como el IVA. En suma, todo esto erosiona las bases del
crecimiento económico, lo cual redunda nuevamente en una concentración que intensifica y profundiza la desigualdad y la pobreza subyacentes.

Este debate dista de ser un problema exclusivamente nacional. Una gran parte de las necesidades sociales más acuciantes requieren atención desde la acción de los municipios. Captando especificidades locales, es posible complementar o incluso mejorar cualquier política nacional mediante acciones concretas en cada territorio. Queremos resaltar este punto, porque entendemos que es una buena oportunidad para discutir la aplicación de una tasa de contribución extraordinaria en Bahía Blanca.

De conjunto, la experiencia cercana indica que son posibles diversas combinaciones de base imponible y destinos de los fondos. En relación a lo primero, hay múltiples variantes, según la estructura productiva del municipio, pero también la situación económica de la actividad particular.
Es claro que también se consideró la facilidad para establecer y fiscalizar los sujetos imponibles y lograr el cobro de la recaudación. Respecto de lo segundo, consideramos que es urgente la distribución de ingresos en el ámbito de los comedores barriales, sectores precarizados de la economía como el cultural, especialmente en el sistema de salud y aquellos ámbitos que requieren de recursos para lidiar con la crisis en curso.

Una contribución extraordinaria con destino específico podría ayudar a mejorar la asistencia municipal a la situación de la población bahiense. Si bien es real que la mayor parte de la economía atraviesa una situación delicada, algunos sectores de actividad muestran recuperación, encontrándose además entre los que más crecieron en años previos y cuentan con mayor patrimonio. Tomando en consideración la estructura productiva local, entendemos que es posible evaluar la aplicación de una tasa extraordinaria a algunos de los siguientes sectores: 1) polo petroquímico; 2) actividad portuaria de gran porte; 3) entidades financieras y bancos; 4) grandes cadenas de distribución y superficies comerciales de gran escala; 5) construcción privada –en especial, de vivienda de alta gama o grandes proyectos.

Como se señaló, este conjunto de sectores se encuentra en una situación relativamente mejor al resto de la economía, habiendo además capitalizado grandes ganancias en años previos, bajo un sistema de tributación especialmente regresivo. Un aporte por única vez no erosionaría el flujo de
recursos necesario para afectar a la inversión, determinado por las oportunidades vigentes más que por la tenencia de excedentes.

La determinación de la sobretasa o monto fijo a tributar debería determinarse a partir de las necesidades de recursos determinadas por los destinos, así como por la facilidad de recaudación.

Este debate debería unir sin equívocos a la dirigencia política, social y gremial dado que es una herramienta muy concreta para aplicar en el cortísimo plazo sin cuya aplicación decenas de miles de bahienses se encontrarán sufriendo no solamente las consecuencias de la nueva situación sanitaria sino que además la transitarán sin los recursos básicos para subsistir.

Planteamos una propuesta posible, concreta y urgente.

MULTISECTORIAL POR UNA TASA EXTRAORDINARIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y SANITARIA EN EL MARCO DE LA NUEVA OLA POR COVID-19 EN BAHÍA BLANCA

ADHIEREN
ADUNS – CICOP – CÁRITAS Bahía Blanca – Consejerxs y asesores en el Consejo Cultural Consultivo – El Puente – FM De la Calle – Jorge Cascallar Docente y coordinador de Programa Envión – La René Salamanca, corriente clasista de Bahía Blanca – Sureando – Talita Kum – UMSur – Siguen las firmas…

Si querés sumar tu adhesión enviá un WhastApp al 2914723182.

Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Monte Hermoso fue censurado mientras se refería al conflicto gremial que mantienen con el Municipio durante el acto por el 24 de marzo.

Un hombre le sacó el micrófono al dirigente cuando este mencionó la situación de persecución y hostigamiento que sufren por parte del Ejecutivo, hechos denunciados penalmente ante la justicia bahiense con el acompañamiento de las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y la Nación.

“No tenía pensado hablar, habíamos hablado con la gente de Suteba que iban a ser ellos los encargados del acto pero bueno, quiero pedir disculpas en nombre de los montermoseños por este mal momento, al compañero si se sintió agredido, no era la intención seguramente, el ámbito donde se va a resolver seguramente el litigio es el judicial no en el ámbito de un día festivo“, dijo el intendente Alejandro Dichiara

En diálogo con FM De la Calle, Brian Ollearo afirmó que la persona que le impidió cerrar su discuro “es cercano al Municipio” y aclaró que “no buscamos detenernos en personas concretas, más allá de que lo que hizo es horrible”.

El dirigente señaló que “es un acto de censura en un momento que rememora entre otras cosas, la censura en la dictadura. Lo que queríamos decir es la situación delicada por la que estamos pasando. Cómo no vamos a expresar la persecución y violencia que estamos pasando los guardavidas en Monte Hermoso”.

Mencionó que “queremos que se reincorpore a los trabajadores y que se termine con la persecución de trabajadores organizados. Por primera vez nos organizamos para que se respeten nuestros derechos. Recibimos esta represalia injusta, irracional e ilegal”.

Agregó que “por ley el servicio mínimo es de 150 días y el Plan de Seguridad Acuática presentado por el Municipio establecía que los 75 guardavidas íbamos a trabajar desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril. Todo eso fue violado”.

“Hay cosas que a pese a algunos cambios nunca cambian”, dijo el concejal Carlos Quiroga a FM De la Calle al ser consultado sobre la censura de La Nueva al artículo de uno de sus periodistas sobre una causa judicial armada por la Policía Bonaerense.

La edición ya había sido impresa y estaba lista para su distribución aunque el empresario Gustavo Elías prefirió destruirla para no “horadar” una investigación del fiscal Santiago Martínez.

“Ha sido una decisión atroz, me puse a disposición sindicato del que fui uno de los afiliados más antiguos hasta mis desvinculación del periodismo”, comentó Quiroga.

Agregó que “es un tema de una empresa privada que maneja información y tiene poder por encima de cualquier otra actividad de naturaleza privada, sería merecedor de una discusión pública más intensa. Los compañeros del sindicato lo han dado por saldado”.

“En aras de la libertad de expresión que dicen defender, los lectores estaban en derecho de conocer lo que el colega había escrito”, opinó.

Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.

“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.

“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.

Foto: Tamame y Pavón junto a González

“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.

Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.

“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.

La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.

“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.

En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.

En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.

Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.

“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.

Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.

“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.

En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.

Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.

El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.

Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.

Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.

Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.

“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.

El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.

Y nada menos.

Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.

“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.

Servicios prestados

En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.

Álvaro Coleffi, subrogando el mismo juzgado que Martínez, llegó a indagar al empresario y al arzobispo Guillermo Garlatti, en este caso por el encubrimiento del cura torturador Aldo Vara. Tiempo después, el secretario judicial fue perseguido en una causa por la filtración de escuchas del caso Suris y expulsado del Poder Judicial. Sin embargo, al llegar a juicio la Fiscalía desistió de la acusación por falta de pruebas. Así, las miradas se fijaron sobre el accionar de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia.

Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.

*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Este sábado la edición en papel de La Nueva se imprimió y no se distribuyó. La empresa de Gustavo Elías no brindó explicaciones.

Así lo difundió el Sindicato de Prensa en un comunicado en el cual afirma que “la libertad de expresión y de información son derechos que todos tenemos como ciudadanos y que los trabajadores de prensa defendemos y promovemos con especial hincapié, a través del ejercicio de nuestra profesión”.

“No es por ello viable cuestionar la integridad profesional de los trabajadores de prensa, que por estas horas ven manchada su trayectoria, tan cara a la credibilidad de un comunicador social”.

El gremio agregó que “este tipo de hechos atentan contra la tan sana práctica del periodismo de investigación, necesaria para escrutar la transparencia de funcionarios, instituciones y del propio sistema democrático”.

“Vemos propicia la ocasión para recordar que preguntar, investigar e informar son parte intrínseca del periodismo, como así también el derecho de opinar y reclamar información. Derechos que, al mismo tiempo, conforman la piedra basal de la libertad de expresión”, sostuvo la entidad.

La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.

La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.

“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.

La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.

“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.

Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.

“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.

Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.

“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.

El Congreso de delegados y delegadas llevado adelante el viernes pasado resolvió la aceptación de la propuesta que el Gobierno provincial formulara en la paritaria de la Ley 10471. La misma consistió en un aumento salarial del 9 % promedio para el mes de diciembre de 2020, lo que llevó el incremento anual, sumados los tres acuerdos alcanzados en el año, a un 44,6 % promedio de bolsillo respecto a diciembre 2019. La oferta incluyó un aumento del 48,1 % para el salario inicial (36 horas de labor semanal sin antigüedad), un incremento promedio del 44 % para residentes y un 36 % para  reemplazos de guardia. Estos quedaron, a partir del 1 de diciembre, en $ 13.852 para los días de semana y $ 16.593 para fines de semana y feriados.

Según informaron desde CICOP, “en la Mesa Técnica llevada a cabo el jueves 28, el Ministerio receptó nuestra demanda de ampliación de licencias, promoviendo la posibilidad concreta de tomar nuestra licencia anual complementaria (estrés) correspondiente al año 2020, a partir del hoy. La decisión debe ser notificada por la Dirección Provincial de Hospitales en forma inmediata, a fines de poder hacerla efectiva rápidamente. Finalmente, también se acordó una Mesa Técnica por el tema previsional para el jueves 4 de febrero, la continuidad de la discusión sobre temas pendientes, como las leyes de excepción para la regularización de la Carrera y las diversas tramitaciones demoradas en curso, así como la apertura de la paritaria 2021 en el mes de febrero”.

La crónica institucional señala que quienes participaron del congreso “expresaron los debates que se produjeron en las asambleas y consultas realizadas, con una buena valoración mayoritaria del porcentaje de aumento salarial alcanzado, teniendo en cuenta las cifras acordadas en la paritaria general estatal de la provincia de Buenos Aires (38,7 % promedio), así como lo que viene sucediendo en el resto de las discusiones salariales en el Estado Nacional y en el resto del país, incluyendo las específicas de Salud. Pero, a la vez, fue señalado también que los sueldos siguen siendo bajos, con valores levemente superiores a la línea de pobreza en la categoría inicial y con la mayoría de los ingresos por debajo del valor de referencia de la canasta básica publicada por ATE-INDEC”.

“Hubo un alto consenso en que las discusiones paritarias de 2021 deberán avanzar en la recomposición salarial, profundizando sus aspectos cuantitativos y cualitativos, avanzando en el blanqueo de las sumas no remunerativas, evitando los descuentos ligados al presentismo y estirando la pirámide, valorando así también la trayectoria en la Carrera. Para ello, sigue siendo indispensable dotar de los recursos necesarios a la Salud Pública, mejorando los presupuestos y fortaleciendo un sistema que, aún con sus grandes dificultades producto de decisiones políticas erróneas que llevan años, fue capaz de brindar respuestas eficientes ante el advenimiento de una pandemia de características inéditas”.

CICOP aclaró además que “como en cada cierre de etapa, quedan muchas cuestiones por abordar y resolver. La extensión del acuerdo salarial a todos los municipios de manera perentoria se impone como desafío en el corto plazo para revertir las inequidades – muy importantes en algunos casos – y la fragmentación del sistema de Salud también en materia de derechos laborales. La continuidad de la discusión salarial, profundizándola y enriqueciéndola tanto en valores como en calidad, continúa siendo vital”.

Pandemia y Vacunación

La entidad gremial difundió, además del acuerdo paritario, una serie de consideraciones sobre la situación sanitaria: “Sin lograr ser detenida, la pandemia por Covid-19 sigue causando estragos alrededor del mundo entero. Con epicentro en el hemisferio norte y comunicación de nuevas cepas, la problemática persiste en forma alarmante. Miles de nuevos casos diarios, confinamientos, toques de queda nocturnos y tensión extrema sobre los sistemas de atención, son la consecuencia directa de un cuadro altamente preocupante. Como en 2020, en el hemisferio sur observamos con gran preocupación su evolución, habida cuenta de lo sucedido en el año anterior y con la perspectiva de padecer una situación similar”.

En nuestro país, “nos encontramos con una estabilidad en la cantidad de contagios que se comunican cotidianamente, conformando lo que se ha dado en denominar una ´meseta alta´. La mayoría de los positivos se vuelven a dar en el área metropolitana, como al inicio de la epidemia, con la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe como las más afectadas. Una ocupación de poco más del 60 por ciento de camas críticas en el AMBA nos mantiene expectantes, teniendo en cuenta que el sistema requiere de personal en las mejores condiciones para hacer frente a una segunda ola de contagios, lo que no sucede como debiera ser en todas partes”.

Todas las preocupaciones que se desprenden del cuadro de situación también “se extiende a trabajadores y trabajadoras de la salud que, aunque en menor proporción, seguimos padeciendo los efectos de la exposición al virus. Hasta la semana pasada, cerca de 35.000 contagiados y al menos 225 fallecidos corresponden al personal sanitario provincial. La demanda se sostiene y las dificultades en las condiciones de asistencia también, con la escasez de personal y el pluriempleo como manifestación sistemática. Ello constituye mayores riesgos para enfermarse, con la consiguiente afectación de los equipos de Salud y, naturalmente, de la propia salud de trabajadores, trabajadoras y sus familias”.

“En este contexto, el advenimiento de las vacunas es una gran noticia. La inmunización se viene llevando adelante en los establecimientos y, aún con algunas imperfecciones, es un dato favorable para el tiempo que viene. Contar con una respuesta inmune acorde a la necesidad nos permitirá trabajar de mejor forma para hacer frente a la atención. Todavía falta el acceso a la vacunación completa de muchxs de los integrantes de los Equipos de Salud, en particular del Primer Nivel de Atención, por lo que reclamamos que se cumplimenten los esquemas con las dosis requeridas en las próximas semanas”.

Finalmente, el gremio advierte que “una preocupación que ha surgido durante la semana que pasó es el retraso en la producción de las vacunas, lo que nos ha llevado a contar con menor disponibilidad de las mismas en los últimos días. Considerando que el proceso recién se inicia y que tenemos por delante un tiempo que demandará de un gran esfuerzo, hemos planteado en el Comité de Crisis provincial el involucramiento de los sindicatos, los comités de crisis locales, los Equipos de Salud territoriales y de todxs aquellxs que puedan contribuir a llevar adelante con éxito la tarea, ya que de ello dependerá la posibilidad de combatir una pandemia que viene asolando a todos los rincones del planeta”.

El ex concejal del Frente Renovador, Ricardo Pera, fue condenado esta semana a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante.

Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar “un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental”. Por otro lado, el ex edil no podrá “entablar contacto por cualquier medio con las víctimas”.

El juez tuvo por probado que Pera amenazó de muerte a Massarella manifestando “a vos también te voy a matar, sos un hijo de mil puta te voy a matar” e inmediatamente le propinó un golpe con la cabeza en el rostro. Luego pateó a Mandará.

El fallo destaca el temor de Massarella “por la forma y la virulencia esgrimida por Pera”. “Sintió que estaba ante una persona capaz de hacer cualquier cosa. Dijo que desde ese día tuvo y tiene miedo. Sintió miedo por sus hijos, porque no sabía cómo iba a continuar la situación, de hecho pidió custodia para sus hijos. Dijo que a los pocos meses que sucedió el hecho, le prendieron fuego una casa que tenía en Monte Hermoso. (…) También dijo que todo se desarrolló en un contexto, y que como antecedente habían sucedido una serie de actos violentos que habían tenido como centro de la escena al agresor”.

Giuliani tomó como agravantes la condición de funcionario público de Pera y que los hechos haya ocurrido en el recinto del Concejo Deliberante. “Es sabido que se debe guardar el respeto por la opinión contraria y ello es propio del sistema republicano de gobierno”, afirmó el fiscal Marcelo Romero Jardín durante el debate.

El representante del Ministerio Público había solicitado una pena de dos años de prisión en suspenso por ser la primera condena y el defensor, Sebastián Martínez, la absolución.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor es investigado por la justicia en otra causa iniciada a partir de una denuncia realizada por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

(Por Enrique Gandolfo*) Como si la pandemia fuera un factor de unidad para intereses contrapuestos los dirigentes de las dos fracciones de la CGT han recibido en la sede sindical al nuevo presidente de la UIA Gustavo Elías (dueño de la Nueva y La Brújula), al intendente de Bahía Blanca y otros de la región y al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Federico Susbielles.

Vale mencionar especialmente la presencia del intendente de Villarino Carlos Bevilacqua, el hombre que reclamaba que se investigara a Facundo Astudillo Castro por narcotráfico.

Ante ello decimos:

*Los dos dirigentes de las dos fracciones de la CGT reciben en la sede sindical al presidente de las cámaras patronales sin haber dicho una palabra de solidaridad con la huelga nacional aceitera que con ejemplar firmeza reclaman desde hace 15 días por un salario digno que se atenga al principio constitucional que define el mínimo vital y móvil. Y lo hacen frente a patronales que este primer semestre del 2020 han exportado por 14 mil millones de dólares y han ingresado 9 mil millones.

Es decir, han dejado en los paraísos fiscales donde tienen sus casas matrices uno de cada tres dólares.La Federación Aceitera dice con razón que las empresas provocan el conflicto para presionar al gobierno con desgravaciones impositivas, baja de retenciones y devaluación de la moneda.

La explotación del trabajo descansa en la competencia entre trabajadores, en la desunión. Quien desde la dirigencia sindical mira para otro lado frente a un conflicto así favorece a los dueños del capital por más que hable de “equidad y oportunidades de progreso”.

*En el documento se habla de “fomentar el empleo”. Se olvidan que Gustavo Elías al frente de la Nueva ha producido despidos de trabajadores gráficos. El año pasado fueron 15 los compañeros gráficos despedidos que se agregan a los 26 del 2016 cuando Massot tenía la propiedad del diario.

*¿Cuántas son las patronales que han desconocido las condiciones de resguardo en los lugares de trabajo frente al corona virus?

*En medio de la pandemia hemos visto como se aprueban proyectos inmobiliarios de lujo como el Sarmiento al 1300 o se pretende destruir una plaza para construir cocheras, al tiempo que cientos de familias buscan tierra y vivienda para dignificar sus vidas. ¿Hay algún interés común entre los grandes inversionistas en busca del máximo lucro y quienes ya no pueden pagar un alquiler?

*El documento firmado habla de “armar una agenda de acciones conjuntas para velar por la seguridad en el trabajo, mientras todos los indicadores hablan de como en el período de pandemia hay decenas de empresas que han aprovechado para flexibilizar las condiciones de trabajo (algunas valiéndose del teletrabajo), para producir reducciones salariales o propiciar formas aberrantes de explotación como las empresas multinacionales de cadetería.

La precarización laboral se extiende por todas las áreas del trabajo público (con despido incluído de trabajadora municipal precarizada) y privado. Todos y todas recordamos las muertes de Juan Cruz Manfredini y tantos otros jóvenes que trabajaban en las empresas de la industria, el puerto o en la construcción. La mayoría de esas pérdidas de vida son consecuencias de la desidia y la desinversión de las empresas para garantizar las condiciones de seguridad.

¿Hay intereses comunes entre empresarios que “ahorran en seguridad para bajar los costos laborales” y quienes tienen que vender su fuerza de trabajo en estas condiciones?

*En medio de un empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador un puñado de grandes empresas han abultado sus ya muy considerables ganancias. Los grandes bancos, las empresas tecnológicas, las mineras y las del complejo agro exportador y petroquímico van a la cabeza.

*Desde un punto de vista de clase decimos que el funcionamiento “normal” del capitalismo es el gran productor de injusticias y que la pandemia opera como una oportunidad para agravar las desigualdades e incrementar la opresión sobre la clase trabajadora.

*Quienes desde un puesto sindical enarbolan un discurso de equidad e igualdad de oportunidades entre quienes ejercen el poder económico y quienes vivimos de un salario no hacen otra cosa que ocultar su rol de contenedores de la protesta y favorecedores de intereses ajenos a la clase que dicen representar.

*La organización sindical de los y las trabajadores y trabajadores sólo con democracia de base y la más plena autonomía frente a las patronales, el Estado y los partidos políticos puede defender cabalmente los intereses de su clase y al mismo tiempo proyectar una salida alternativa a la crisis que se oriente por intereses comunes para una vida digna y no por el imperativo de la ganancia como motor de la economía. Hay otro país posible por el que vale la pena luchar.

*Secretario General CTA Bahía Blanca.

Foto: UIBB.

Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.

El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.

Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.

El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

Entre la documentación secuestrada en la base de Bahía Blanca de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal se encontró el archivo titulado “informe_organizaciones.docx”.

Para el juez federal Alejo Ramos Padilla “resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado informe_abril2017.docx, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.

Allí se menciona el listado completo de las organizaciones sobre las cuales recayó el seguimiento ilícito del gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad hasta abril de 2017.

–Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).
–Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.
–Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca).
–Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB).
–Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
–Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca).
–Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM).
–Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
–Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC).
–Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
–Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
–Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
–Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
–Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA).
–Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
–Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
–Partido Obrero (PO).
–Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
–Frente Popular.
–Patria Grande.
–Partido Comunista.
–WATU – Corriente Comunista.
–Frente del Colectivo Pueblo en Lucha.
–Grupo 83.
–FM De la calle.
–Unidad Socialista Para la Victoria (USPV).
–Federación Juvenil del Partido Comunista.
–Tesis XI.
–Cardumen.
–Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación.
–Franja Morada.
–La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo.
–Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL).
–Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
–Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
–Pan y Rosas.
–Plenario de Trabajadoras (PDT).
–Corriente Clasista y Combativa (CCC).
–Partido Comunista Revolucionario (PCR).
–Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
–Movimiento Evita.
–Unidos y Organizados.
–La Cámpora.

El juez Alejo Ramos Padilla confirmó que la sede bahiense de la AFI realizó espionaje ilegal “con un objetivo netamente político” durante el gobierno de Mauricio Macri. La base local, creada a principios de la década del 70, estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais.

“Es dable destacar que la producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”, subrayó el magistrado.

El fallo incluye un informe de abril de 2017 con el seguimiento a 43 organizaciones: “Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación”.

El “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de  inteligencia en el conurbano -Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes- desde mediados de 2016, a las que se sumaron las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en la provincia durante 2017.

Oficialmente debían “investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas” aunque se probó que “se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Para ello se reclutó a 70 personas que se sumaron a los 20 agentes que revistaban en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. La delegación local estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais, quien ingresó a la AFI en 1995 y se jubiló en junio de 2017, ocasión en la cual fue contratado nuevamente.

“A pesar de sus esfuerzos por mostrarse lejano –geográfica y funcionalmente– a las labores de las restantes bases de inteligencia provinciales, lo cierto es que aquella división interna de la base bahiense pasó a depender directamente, desde abril de 2017, de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la que tenía ámbito de competencia en toda la provincia y no sólo sobre el conurbano bonaerense”, dijo el juez.

La resolución advierte que una mirada comparativa a los acervos documentales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de la AFI “permite identificar el modo en que la Agencia Federal de Inteligencia, a través de las bases que nos ocupan, vino a reinstaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales”.

El Proyecto AMBA “dio lugar o cobertura a una intensa red de inteligencia ilegal que se había iniciado unos meses antes y logró un conocimiento bastante acabado de todas las actividades de tipo de actividad política, en las que se incluyen las acciones de protesta, las articulaciones políticas de cada zona, los referentes, los movimientos de los intendentes, las estructuras locales de los partidos políticos y de cada agrupación de base, gremial, entre otras”.

Docentes en la mira

Durante la campaña electoral de 2017, la cual llevaría al ministro de Educación Esteban Bullrich al Senado, el espionaje puso el foco sobre los sindicatos docentes y sus organizaciones de base. Entre muchos otros: ADUNS, Suteba, CEB-FEB y Sadop. Este es solo un ejemplo de la persecución a objetivos específicos dentro de la planificación ilegal.

Además del fichaje de algunes referentes de los gremios bahienses se encontró en los archivos una publicación de la Confederación de Educadores Argentinos titulado “Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”.

“No se advierte cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior, la defensa nacional o qué investigación sobre delitos complejos pudo motivar a que la Agencia Federal de Inteligencia tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”, manifestó Ramos Padilla.

Por otra parte, el juez subrayó que “la delegación Bahía Blanca tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaban de la vida política institucional de la Universidad Nacional del Sur, con sus números de documento y legajo universitario”.

Falta de mérito para el jefe local

Ramos Padilla dictó la falta de mérito con prohibición de salir del país y una caución de diez millones de pesos para Novais.

En su declaración, el imputado manifestó que su jurisdicción era muy grande y no tenía recursos humanos ni tecnológicos para hacer su tarea. Respecto a sus superiores afirmó que “no nos daban ni cinco de bolilla”. El juez destacó que el espía se refirió a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires como “Dirección AMBA” o directamente “AMBA” y a la base que tenía a cargo como “base AMBA” y que insistió que “fuera del área del conurbano bonaerense poco podía aportar”.

Además de la distancia que intentó establecer con la actividad ilícita de la AFI en el conurbano, el jefe local declaró: “Realmente es prácticamente imposible que haya hecho algún tipo de inteligencia porque en Bahía Blanca tanto 2015, 2017, 2019 con amplia mayoría el partido que estaba en ese momento –perdón, el gobierno que estaba en ese momento– ganó ampliamente, entonces realmente no tengo ninguna, nada que decir con respecto a eso”.

Para el magistrado, de esta manera, Novais “asume que la inteligencia de tipo política sólo se realiza frente a un panorama electoral adverso”.

“La información hallada vinculada a la Base AMBA, si bien en su mayoría es anterior a la asunción de Novais, da cuenta de un amplio registro ilegal de inteligencia y que es compatible con la misión que les fue asignada formalmente y por resolución escrita, a todos quienes integraran la estructura de inteligencia dependiente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, Novais incluido”, agregó.

En el marco de una nueva jornada de lucha, la Asociación Sindical del Personal de la Salud (CICOP) reclama un aumento salarial actualizado por inflación, nombramientos y regularización de la carrera, licencia para grupos de riesgo y únicxs cuidadorxs, licencias regulares para todxs y presupuesto de emergencia. 

El gremio fue convocado por el gobierno provincial para discutir la paritaria el próximo lunes. 

“Hablamos de recomposición salarial porque es difícil a esta altura poner un porcentaje, hay que considerar que un salario ingresante está en 46 mil pesos, casi al límite de pobreza. La canasta básica está en 72 mil pesos. Tenemos que avanzar en tener salarios acordes a la responsabilidad que requiere nuestra tarea”, señaló a FM De la Calle Marta Márquez.  

Además del reclamo salarial acuden con un pedido específico: las restitución de las licencias.

“Necesitamos que se organice de tal manera que compañeros y compañeras puedan tomarse un descanso porque la prórroga de la pandemia hasta marzo hace que haya profesionales que hace más de un año no se toman licencia”.

Sumar personal es un pedido histórico y más aún en contexto de pandemia: “Se incorporó una parte, se pasó a interinos a residentes que terminaron, pero que ya estaban trabajando. Es imprescindible que se tome personal nuevo dentro de la carrera. Todas estas son decisiones que están en manos del gobierno que requieren un presupuesto de emergencia para salud, básicamente para recursos humanos”. 

Márquez argumentó que más de 23 mil profesionales se contagiaron en la provincia según las cifras oficiales y “estamos cerca de los 150 fallecidos, entre los cuales hay un número mayoritario de personal de enfermería.”.

“En relación a elementos de seguridad en los hospitales provinciales al día de hoy están, no así en los municipios. Acá hay que poner énfasis en el pluriempleo, porque salarios bajos empujan a que los trabajadores tengan tres trabajados, como no en todos los lugares están asegurados los elementos esto ha hecho que se contagien. El cansancio provoca una inmunodepresión que hace más factibles los contagios”.