Marcelo Ferrero, secretario adjunto alterno de La Bancaria, explicó a FM De la Calle los alcances del paro de este jueves y la situación provocada por el cierre definitivo del Banco Citi.
De no mediar nuevas maniobras dilatorias por parte de su defensa, el secretario general de la UTA, Ricardo Javier Pera, estará en el banquillo los días 24 y 25 de noviembre. Esta vez será por lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su ex pareja.
Pablo Hernández, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo a FM De la Calle que la paritaria del sector no perdió en relación con la inflación registrada por INDEC o el CREEBBA. Sin embargo, reconoció que estos índices no reflejan cabalmente los aumentos en bienes sensibles como los alimentos.
El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, propuso sumar una hora de clase en las escuelas primarias de todo el país. La dirigente del SUTEBA, Ana Canullo, opinó respecto a la necesidad, conveniencia y viabilidad de la medida.
El dirigente de SITRAIC, Adrián García, se refirió a la situación salarial del gremio de la construcción y destacó que ante la gran demanda se precarizan las condiciones de seguridad y el empleo registrado.
Será el lunes a las 9:30 en Estomba 34. Organizaciones feministas y las hijas de la mujer asesinada en Ing. White convocaron a acompañar a la familia durante las audiencias que se extenderán hasta el miércoles.
Tras una semana de reiterados ataques al personal de salud, este sábado explotó una bomba en la casa familiar de la máxima autoridad sanitaria de la zona y se amenazó a profesionales de hospitales públicos de reconocida labor durante la pandemia. Además, se “sentenció a muerte” a la referente mapuche atacada en noviembre.
Guardavidas de Monte Hermoso se reunieron con el intendente Marcos Fernández luego del corte de ruta que realizaron el viernes en el acceso a la localidad. Reclaman la reincorporación de 30 rescatistas.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) presentó en FM De la Calle su historia hecha libro: “Unicornio Sindical – SITRAIC: de fenómeno local a una realidad nacional”.
A pocos días de iniciada la temporada estival, guardavidas de Monte Hermoso continúan con el reclamo de reincorporación y denuncian que contabilizan casi 30 despidos debido a que el Municipio apartó a 15 rescatistas por solidarizarse con sus colegas.
Mariángeles Galeano, integrante de la Federación de Cartoneros, Recicladores y Recolectores -adherida al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)- expresó en FM De la Calle que buscan “organizar una cooperativa de trabajo con inclusión social para reconocer la labor de cartoneros, carreros y recicladores”.
El gobierno lanzó un programa para reducir la informalidad de las trabajadoras de casas particulares y promover su bancarización. “A partir del 4 de octubre se van a habilitar los canales informativos de recepción de la AFIP, estamos con expectativa de ver cómo va a funcionar”, dijeron desde la UPACP.
La abogada Fernanda Petersen destacó la elevación a juicio por violencia machista del secretario general de la UTA, Ricardo Pera. Afirmó que “la validación de la justicia de cada uno de los hechos que se denuncian es parte del camino de recuperación de la víctima”.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de Mar del Plata ordenó al Municipio de Monte Hermoso la reincorporación de guardavidas apartados y garantizar la contratación de quienes hayan trabajado la temporada anterior.
Dow Argentina anunció el cierre y desmantelamiento de su fábrica de Puerto General San Martín, Santa Fe. Es la única productora de poliuretano del país y ocupa a 120 trabajadores. Advierten que es una decisión política para priorizar la importación desde Brasil.
“Es un día especial, pasaron personas que han trabajado mucho. Gente que ha trabajado por este gremio y por la lucha de los trabajadores. Lo ideal hubiera sido hacer una fiesta pero lo festejamos con algo especial”, dijo a FM De la Calle, Horacio Tolza, secretario general de SATSAID en el 50° aniversario del gremio en consonancia con el Día de les Trabajadores de la TV.
Está tarde sortearán desde una concesionaria un auto 0KM entre las afiliadas y los afiliados. Podrá seguirse en vivo desde las 19 por Cotidiano – El día a día del SAT SAID Seccional Bahía Blanca.
En relación a las situación salarial y las condiciones laborales del sector Tolza mencionó que “después de un paro y una mesa de negociación bastante extensa hemos logrado llegar casi al 42%, estamos en la quinta o sexta paritaria nacional en el monto. Eso significa que se equipare o pase un poco la inflación. Esperemos que mejore la economía, esta pandemia ha hecho un desastre, la gente está adentro, el universo del entretenimiento que tiene es la televisión o películas, las empresa han ganado dinero, exigimos que se recompense a trabajadores”.
El dirigente comentó que la representación del sindicato es amplia “porque tenemos canales abiertos y circuitos cerrados. En canales abiertos, son productor, editor, director, camarógrafo y en el rubro cerrado también hay noticieros, ahí también es importante el cableado, las conexiones, atención al cliente”.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la condena al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, por las lesiones leves y amenazas proferidas a Sergio Massarella y Gustavo Mandará. Los hechos ocurrieron en 2015, durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante.
El fallo rechaza las quejas de la defensa, a cargo de Sebastián Martínez, las cuales apuntaron a la prescripción de la causa, el estado de salud del imputado y la valoración de los testimonios.
La resolución de la Sala II -compuesta por Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Federico Petersen- confirma la pena a un año y diez meses de prisión dictada por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani.
En mayo, el fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de otra causa que tiene al ex concejal del Frente Renovador como protagonista, en ese caso imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja. La defensa se opuso y ahora debe definir la jueza de Garantías Claudia Olivera.
En cuanto a la prescripción de los delitos ocurridos en el HCD, el fallo remite a la ley 25.188, la cual establece que “también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En el caso de Pera, destitución y reposición en el cargo de por medio, terminó su mandato el día 10 de diciembre de 2017.
Respecto a la supuesta inimputabilidad del ex concejal al momento del juicio, la Cámara afirma que “la incomparecencia del procesado a la Asesoría Pericial denota una falta de colaboración para que se pueda llevar a cabo la pericia, y al no existir otras constancias probatorias que constaten la mentada incapacidad procesal, debe inferirse a ese momento la capacidad procesal de Pera para asistir e intervenir activamente en el debate”.
El tribunal destacó la fundamentación de la sentencia de Giuliani respecto al análisis de las pericias médicas y las declaraciones de las víctimas y de Pablo Rosenfelt, José Antonio Vidal y María Florencia De Caso Dupont. “No se puede poner en tela de juicio la credibilidad de tales testimonios por las circunstancias de compartir un mismo espacio político, aun dando por cierto que tengan una relación cercana a la amistad y/o dependencia”, aseguró Mones Ruiz.
En referencia a las amenazas recibidas por Massarella, el juez manifestó que “resulta grave objetivamente, ya que en el contexto histórico en que se produjo tuvo la entidad necesaria para atemorizar a la víctima; máxime si tenemos presente la conducta de Pera -que sin discusión previa, en forma intempestiva, profiere el giro lingüístico amenazante: ‘a vos te voy a matar, sos un hijo de puta, cagón'”.
“Le pregunté qué pasaba, quedamos más próximos. Me pegó un cabezazo en el ojo izquierdo y cuando me doy vuelta veo a Mandará y cuando me acerco veo que le estaba pateando. A Pera lo saca Morini. (…) A mí me intimidaron, sentí miedo por la forma, la virulencia con que me dijeron las cosas. Fue el primer día que sentí miedo ya que estaba ante una persona que era capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy una persona tranquila, sí con debates o diferencias políticas. La situación alteró mi vida, tuve y tengo miedo, porque vi una persona capaz de cualquier cosa. Pedí que mis hijos tuvieran presencia policial en su casa. ‘Qué casualidad que a meses de ocurrido este hecho me prenden fuego una casa que tenía en Monte Hermoso'”, declaró Massarella en el juicio.
Por último, los camaristas reafirmaron los agravantes por la condición de funcionario público de Pera y por haber cometido los delitos en el Concejo Deliberante. El dirigente de la UTA no solo vulneró “la integridad física de las personas y la libertad”, también lesionó “la confianza pública, lo cual de alguna manera evidencia el efecto nocivo que provocan en la sociedad tales circunstancias, en relación a la legitimidad de las instituciones públicas, lo que implica, en el caso, un mayor grado de culpabilidad”.