Lorena Zerneri, mamá de la adolescente fallecida tras la caída de una rama en el Parque de Mayo y denunciante en la causa que investiga a Marcelo Caramelli por coimas y extorsión, se mostró indignada por la obtención del arresto domiciliario mediante el pago de 45 mil pesos de fianza por parte del ex titular de Parques.

“Lo que más me indigna es la argumentación de la jueza -Marisa Promé- que obviamente habrá tenido una pericia o informe médico como para tomar esa decisión, pero no me parece que argumente que en estos casi tres meses, desde el 25 de noviembre, su salud haya ido deteriorando sin responsabilizar al penal. Directamente, su salud empeoró por una deficiencia en la alimentación y lo mandan a la casa”, dijo a FM De la Calle.

La madre de Daiana Herlein agregó: “¿El penal no está dando la asistencia de salud que tiene que dar a los presos? Bueno, entonces como esta persona que va a su casa que abran la puerta y que saquen a todos los que tienen diabetes o alguna enfermedad similar”.

Tanto el fiscal Gustavo Zorzano como el representante de Zerneri, Leandro Aparicio, trabajan por estas horas en la apelación del arresto domiciliario del ex funcionario de las intendencias del actual diputado nacional Gustavo Bevilaqcua y el ex ministro de la Producción sciolista Cristian Breitenstein. “Más allá del video -en el que se ve a Caramelli recibiendo una coima de un comerciante- había mucho más para investigar que tiene que ver con esta causa o que se puede desprender en otras”, manifestó Lorena.

Al ser consultada sobre la causa que investiga las responsabilidades penales por la muerte de su hija, Zerneri informó que “corren los plazos, ya son casi dos años, eso el fiscal lo tiene presente y me dijo que está trabajando también en las imputaciones de cada uno de los imputados, que no sé quiénes son, no me lo dijo. En el próximo mes o dos meses deberían estar saliendo. Mientras él necesite el tiempo para poder argumentar de mejor manera, más sólida, su trabajo, me parece perfecto”.

Por último, Lorena comentó lo conversado con el intendente Héctor Gay, a quién le preguntó sobre “el estado de los sumarios ya empezados y de los que aún no se empezaron” y acerca del rol del abogado y empleado comunal Sebastián Martínez: “Está defendiendo a un delincuente que en nombre de la Municipalidad estafó a un ciudadano”.

La nota completa:

Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.

Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.

Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.

Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.

En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.

Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.

Cobertura: Giuliana Crucianelli – FM De la Calle.

Con la ausencia del ex presidente de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, y el silencio del gerente Adrián Saschgorodsky, se realizó el viernes la reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte del HCD para analizar la estafa concretada por la “utilización irregular” de tarjetas urbanas. Para el edil Pablo Rosenfelt, flamante representante de la oposición en la empresa, el encuentro dejó “más dudas que certezas” mientras que para el oficialista Fernando Compagnoni “fue una jornada muy positiva”.

El actual titular de la Sapem, Tomás Marisco, difundió un comunicado “atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial”. También acudieron a la cita Juan Carlos, Claudio y Cristian Curcio por EYCON y el abogado de la firma, Maximiliano Gorg.

“Creo que tuvimos menos certezas que dudas, arrancamos ya con el gerente de la Sapem que se autoexcluyó de dar respuestas aduciendo que no podía ventilar datos que tenían que ver con la justicia. Eso nos limitó porque teníamos un montón de preguntas que obviamente él como responsable tenía que haber contestado”, aseguró Rosenfelt a FM De la Calle.

El concejal interrogó a los empresarios whitenses sobre “si cuando las tarjetas estaban en blanco y salían sin crédito de la Sapem, no había controles que son elementales y que no había limitantes respecto a la carga, se podía cargar cifras siderales sin que nadie pusiera un tope. EYCON lo que dice es que ellos simplemente proporcionaban el sistema, son los dueños del software, y que no estaban en el tema del monitoreo ni del control que es una responsabilidad de la Sapem”.

“Creo que EYCON tiene muchísima responsabilidad respecto a los controles, cuando se les pregunta por qué hubo posibilidades de que estas 28 famosas tarjetas salieran con créditos exorbitantes, estamos hablando de 45 mil millones de pesos, ellos aducen que le ponen muchos dígitos a la tarjeta por el tema inflacionario”, explicó.

“Fue una jornada muy positiva y que nos permitió ampliar con la totalidad de los concejales, lo que ya había ocurrido en el despacho del intendente, Héctor Gay, en ocasión de haberse reunido con los diferentes presidentes de los bloques para ponerles en consideración todo lo que está sucediendo”, dijo el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte, Fernando Compagnoni y aclaró que “lo que se buscó fue disipar dudas de la totalidad de los concejales, sin alterar el cauce de la causa penal”.

Por su parte, el secretario del intendente y actual presidente de Sapem Transporte, Tomás Marisco entregó a lxs concejalxs y a la prensa el siguiente comunicado.

Bahía Transporte SAPEM entiende necesario transmitir a la comunidad de Bahía Blanca información clara y objetiva acerca de los acontecimientos de público conocimiento que se encuentran en instancia investigativa por parte de la Fiscalía n° 10 a cargo del doctor Gustavo Zorzano. En tal sentido, atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial, informamos:

* Que con fecha 11 de enero del corriente esta empresa, representada por su gerente y con acuerdo previo del intendente municipal, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía número 10 a cargo del Dr. Gustavo Zorzano; en forma conjunta con el representante de la firma EYCON S.A.

* Que en dicha denuncia se describe una situación por la cual terceros ajenos a la empresa habrían empleado fraudulentamente tarjetas Bahía Urbana destinadas al pago de viajes en el transporte público de pasajeros, las cuales contenían saldos extremadamente elevados, que no correspondían al adquirido por ningún usuario.

* Que la maniobra consistía básicamente en la aplicación de un mecanismo doloso para la conversión de aquellos saldos en dinero efectivo a través de la comercialización y distribución del mismo a usuarios finales, en forma de carga de crédito para viajar en colectivo.

* Que el crédito que detentaban aquellas tarjetas excede ampliamente el rango de valores que desde los sistemas de Bahía Transporte SAPEM puede asignarse a una tarjeta Bahía Urbana.

* Que si bien el monto de la estafa es de gran significatividad absoluta y resulta de imperativa prudencia aguardar la conclusión de la investigación penal para pronunciarse sobre su definitiva cuantificación, debemos reconocer que el fraude fue advertido por esta empresa co-denunciante como consecuencia del control y alertas internos al operar el sistema mencionado.

* Que tanto la cuantía relativa del monto de la estafa – en comparación con los volúmenes de la operación normal – , como la independencia económica de la unidad de negocios afectada, descartan totalmente de plano, una incidencia negativa con respecto al valor del pasaje de colectivo tomado según el último estudio de costos.

* Que la magnitud económica relativa de la maniobra, y por la forma meticulosa del accionar delictivo que consistía en bajar pequeños saldos por día, la tornan virtualmente indetectable e inmune a los controles y auditorías contables legales y de rutina. Por ello, y más allá del pesar por lo ocurrido, valoramos como un hecho especialmente positivo el haber advertido la situación internamente y previo a la concreción de un daño económico mayor.

* Que la tarea de esta sociedad no se agotará en el hallazgo y la denuncia del delito descripto, sino que se promoverán las acciones de reparación económica pertinentes.

* Que esta Sociedad también ha activado sus mecanismos internos requiriendo una auditoría técnica de la totalidad del proceso desde la recepción de las tarjetas hasta la venta de las mismas al público, con profesionales de la Universidad Nacional del Sur a los efectos de evaluar si pueden prevenirse este tipo de contingencias.

Aguardamos el completo esclarecimiento de los hechos oportunamente denunciados, respetando en todo momento, el trabajo investigativo de la justicia. Comunicaremos en relación a este tema sin demora, toda novedad relevante.

Desde abril de 2012 trabajadorxs de esa planta tomaron posesión de las instalaciones, ante el incumplimiento de un acuerdo de reinversión por parte de la empresa. Luego, según el abogado Claudio Lofvall, la propiedad fue determinada a favor de lxs manifestantes por “una ley de expropiación de la Cámara de Diputados que le otorgó propiedad del frigorífico a la Cooperativa Fortín Cuatreros”.

Como trasfondo del conflicto, “lo que se debate a partir del lunes es si la conducta de esos trabajadores constituye el delito de usurpación o se trata de una conducta que apuntaba a ejercer un derecho o a defender la fuente de trabajo o el derecho a manifestarse, a protestar”.

De esta forma, “es un conflicto netamente del derecho laboral. Es un reclamo sindical. El derecho penal es la última alternativa si el derecho administrativo, civil o laboral no lograron encontrar solución al conflicto. En el terreno laboral esto se hubiera resuelto hace rato”.

“La discusión se da ahora en terreno penal porque evidentemente en el derecho penal los poderosos sí tienen más chance de ganar. Seguramente en el derecho laboral el derecho a huelga amparado constitucionalmente hubiera tenido otra acogida”.

Para Lofvall, “cuando dos derechos se enfrentan prima el mayor jerarquía. En este caso y siempre, cuando un derecho que es más importante que el derecho de la propiedad se enfrenta con el derecho a la propiedad existe un remedio legal que es, justamente, una ley de expropiación por utilidad pública”.

“Eso no lo hace la justicia sino la Cámara de Diputados que dice: ‘mire por estas razones, para mantener las fuentes de trabajo y habiendo constituido una cooperativa, ahora expropiamos la propiedad y se la damos a la cooperativa conformada por los trabajadores’. Eso es lo que sucedió”.

“Ahora debatiremos, a partir del lunes, si estos trabajadores, que nunca de debieron haber necesitado un abogado penalista porque con un planteo laboral les hubiera alcanzado, van a hacer valer el derecho que por ley les corresponde (Ley 15505) o se va a aplicar el derecho penal para criminalizar la protesta y se los va a meter presos y se les va a sacar el frigorífico que por ley les corresponde”.

El contexto

El abogado de los trabajadores acusados de usurpación recordó que “en el año 2011 disminuyó la faena del frigorífico. En septiembre la firma decide cerrar y despedir a 187 trabajadores. Los obreros se plantan en la puerta. Se plantea el conflicto social. Entonces intervienen la política, la municipalidad, el Concejo Deliberante, legisladores, el Ministerio de Trabajo y finalmente se hace un acuerdo de paz social. En él se comprometían a poner en marcha el frigorífico, la municipalidad iba a ayudar, la provincia iba a poner una plata y mantener a las familias que estaban tomando las instalaciones manifestando de ese modo. El convenio no se cumplió. Sí la provincia y la municipalidad cumplieron pero el frigorífico no se puso en marcha sino que, por el contrario, empezó a haber un movimiento de camiones donde empezaban a sacar máquinas balanzas, todos los elementos de trabajo”.

En este contexto, “en abril de 2012 los trabajadores dijeron: no saquen nada más. Tomaron la planta. En realidad no entraron a las oficinas. Se quedaron en una galería y las oficinas del frigorífico estuvieron siempre cerradas hasta que salió esta ley de la Cámara de Diputados que le otorgó la propiedad”.

¿Qué es lo que dirimirá el juicio oral?

Hasta el día miércoles, “la discusión se circunscribe a ver si hubo usurpación en ese período en que ingresaron al hall (y no a las oficinas) en 2012 y el momento en que la ley les reconoce la propiedad”.

Sin embargo, Lofvall cree “que se está queriendo criminalizar la protesta social y mandar un mensaje a toda la sociedad: que las paritarias tienen techo y que ‘si protestan los hecho’ y si hacen lío los meten preso. Creo que es una revancha política”.

En este sentido, el abogado recalcó que “la fiscal dice por los medios que van a pedir la condena y la restitución del frigorífico. Realmente eso es lo que les interesa”.

En el ámbito político, también cuestionó que “antes de que este juicio suceda y de que haya una sentencia ya las nuevas autoridades municipales se sacan foto en el frigorífico anunciando que se va a abrir con nuevos inversores. No podría hacerse esto sin que haya una sentencia”.

Foto: Telam

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

“Presentamos nuestra preocupación por la grave situación de los derechos humanos en la provincia”, expresó Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras la reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal. Como un organismo autónomo y público, y basado en su larga trayectoria, la CPM expuso la necesidad de promover políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos y profundizar las políticas de memoria.

La Comisión Provincial por la Memoria y la gobernadora María Eugenia Vidal se reunieron esta tarde y acordaron continuar trabajando en una agenda que atienda las deudas pendientes en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Juicios de lesa humanidad, desclasificación de archivos de la represión, situación carcelaria, policía bonaerense, policía judicial, políticas de niñez y salud mental”, enumeró Pérez Esquivel sobre los temas que exigen una intervención inmediata y políticas estructurales que se sostengan en el tiempo.

El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación y contó también con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Junto al presidente de la CPM, estuvieron los integrantes del organismo Nora Cortiñas, Leopoldo Schiffrin, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Víctor De Gennaro, Ana Barletta, y la directora general de Áreas Sandra Raggio.

Durante la reunión, la CPM expuso el trabajo que viene realizando como organismo de monitoreo de los lugares de encierro y control de las políticas de seguridad y prácticas judiciales, como así también su labor en la gestión y preservación de archivos, investigación y educación. Al mismo tiempo, le llevó a la gobernadora Vidal un documento que contiene seis puntos centrales de la agenda de derechos humanos y las políticas de memoria en la Provincia: política de seguridad democrática, política penitenciaria, niñez y adolescencia, salud mental, justicia y políticas de verdad, justicia y memoria. El acuerdo fue seguir cada tema en articulación con el ministerio correspondiente.

“Centralmente, le transmitimos la gravedad y preocupación permanente por los hechos de torturas como una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los institutos de jóvenes, los neuropsiquiátricos y en el despliegue policial en el territorio. Para transformar esta situación extrema de violaciones a los derechos humanos, es necesario democratizar las fuerzas de seguridad y generar ámbitos para su control, entre otras medidas que requieren de una firme decisión política para transformarlas”, explicó el integrante de la CPM, Roberto Cipriano García.

“También planteamos el desacuerdo con la designación de Fernando Díaz al frente del SPB y nuestro rechazo a las declaraciones de emergencia en seguridad, tanto a nivel provincial como nacional”, agregó Cipriano García.
Asimismo, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción policial y penitenciaria, y solicitó el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

En el marco de esta reunión y atendiendo a los puntos conversados durante el encuentro, Pérez Esquivel precisó que “la Gobernadora nos encomendó que diseñemos tres propuestas concretas de nuestra agenda de trabajo para promover políticas públicas que puedan ser implementadas y evaluadas de acá a fin de año”. Al mismo tiempo, valoró el “compromiso de Vidal para acompañar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.

Entre los temas tratados, Pérez Esquivel también destacó la posibilidad de firmar “un convenio para que los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos sean digitalizados y preservados por la CPM”. Esta línea de trabajo ya había sido expresada durante la visita del Secretario Santiago Cantón a la CPM el martes pasado, así como también en la necesidad de seguir trabajando en la apertura de distintos archivos estatales vinculados con la dictadura.

En el documento presentado a la Gobernadora está expuesta también la preocupación por las políticas de niñez y adolescencia, el desfinanciamiento de todo el sistema de promoción y protección, la criminalización de la protesta social, la ley antiterrorista y un planteo de la creación de una comisión investigadora para saber qué pasó con Jorge Julio López.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.

La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.

En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.

El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.

Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

 “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.

 Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.

 Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.

Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.

A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

foto-infojus-680x365(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio  de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional  de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí.  Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real.  El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz  escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”.  ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

El próximo jueves 3 de marzo a las 12 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolverá si remueve o no al camarista Néstor Luis Montezanti por mal desempeño de sus funciones. Este miércoles culminaron los alegatos de la acusación, a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y de la defensa encabezada por el abogado Ignacio Irigaray.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue suspendidoen septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.

El dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina le reprochaba “mal desempeño en sus funciones”, “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”, “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

Más de treinta testigos declararon en el debate que comenzó a fines de 2015 y se reanudó tras la feria judicial. El tribunal está presidido por el magistrado Miguel Ángel Caminos, e integrado por el juez Otmar Osvaldo Paulucci, las senadoras Silvia Beatriz Elías de Pérez y Sigrid Elisabeth Kunath, lxs diputadxs Alejandro Abraham y María Soledad Carrizo y el abogado neuquino Santiago Pini.

Durante su declaración Montezanti denunció una “operación concertada” en su contra. Según publica La Nación, el ex PCI manifestó que “quedó acreditado aquí a través del legajo pedido por la acusación que mi tarea como contratado puntual del Ejército se limitó a asesoramiento jurídico en temas de derecho internacional” y que “quedó desvinculado ‘con recomendación interna del Ejército’ de no volver a ser contratado ‘en ninguna área del Estado’”.

“Según Montezanti, las acusaciones que presentó contra él el gremio judicial se particularizaron en su contra a pesar de que habían sido adoptadas por los cinco miembros de la Cámara cuando él ni siquiera la presidía. ‘Defendí a Pilato, de un sindicato de izquierda. Pero también fui abogado de gremios de derecha. Desde que entré a la Cámara, los hábeas corpus pasaron a resolverse en el día’, dijo”, sostiene la vieja “tribuna de doctrina”.

Tanto La Nación como LaNueva. de Bahía Blanca, ambas empresas con sus propietarios imputados por crímenes de lesa humanidad, fueron las páginas elegidas por Montezanti para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra que incluso derivaron en una investigación penal en la causa Triple A que tramita el juzgado federal bahiense. El diario de los Mitre lo incluyó en su repudiada editorial “No más venganza” calificando el jury como “otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

Exactamente en un mes, se sabrá si para el Jurado haber pertenecido a la inteligencia del Ejército genocida y estar vinculado a la Alianza Anticomunista Argentina, que sólo en Bahía Blanca masacró a más de cuarenta personas, son obstáculos suficientes para integrar el máximo órgano judicial local en tiempos democráticos o se suma a los vientos políticos que prometen alegremente impunidad.

(Por José Luis Ares*)

“Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”. San Agustín.

 

I. En enero pasado, el Presidente de la Nación dictó un decreto declarando la emergencia en seguridad pública por un año “para revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”.

Entre otras medidas se encuentran las siguientes: un mayor control de las fronteras, radarización, vigilancia de la frontera fluvial, convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad, compras y contrataciones directas.

Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, y cabría señalar que nunca las declaraciones de emergencia han producido resultados tangibles y apreciables en la lucha contra el delito. Pero lo que generó mayor impacto y polémica es la facultad que se otorga a las Fuerzas Armadas de derribar aviones sospechosos.

En efecto, se establecen unas “reglas de protección aeroespacial” para identificar aeronaves y darles advertencias u órdenes, intimidaciones y demostraciones de fuerza hasta autorizar dispararles con armas aire-aire y superficie-aire “para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. La normativa considera un vector hostil al “medio aéreo tripulado o no que por sus características, en el marco de situación y exigencias de la misión, implica una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación”. Como se advierte, algo bastante difuso que queda a criterio de los mandos militares.

II. Creo que la cuestión merece algunas reflexiones en distintos planos.

En primer lugar, algunos medios de prensa señalaron que se trataba de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no es así. La Constitución Nacional (CN), reformada en 1994, luego de disponer que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, establece la facultad de dictar DNU cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la constitución para la sanción de las leyes, pero prohíbe expresamente que se trate de una materia penal.

Como claramente el derribo de aviones sospechosos es materia penal no resulta admisible el dictado de un DNU, y por eso se invocó el art. 99 inc. 1 de la CN que dispone que el Presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Si no era posible disponer el derribo de aviones a través de un DNU mucho menos lo era a través de un decreto “común”, por lo que el Poder Ejecutivo ejerció facultades legislativas de las que carece.

Asimismo, se ha dicho con toda razón que una medida de ese tenor constituye una pena de muerte encubierta por las altas probabilidades de que al dispararle a un avión en vuelo, se produzca el deceso de sus ocupantes.

La reintroducción de la pena de muerte en nuestro país está prohibida por el bloque constitucional, por lo que ni el propio Congreso Nacional puede consagrar la pena capital. En efecto, Argentina suprimió el máximo castigo en 1984 y días antes ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en 1994 adquirió jerarquía constitucional, y dispone que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. El supremo castigo (en realidad una medida eliminatoria) se aplicaría en el caso que me ocupa, sin debido proceso, decidida y ejecutada por funcionarios que dependen del ejecutivo.

Además, por su falta de proporcionalidad, el derribo de aviones transgrede el principio de razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, dado que un piloto que introduzca drogas prohibidas o contrabando al territorio nacional sería pasible de ser condenado a prisión pero nunca a suprimirle la vida. Asimismo, podrían morir inocentes como, por caso, si se transportaran por vía aérea personas para ser destinadas a trabajo esclavo o explotación sexual. ¿No sería más razonable detectar las pistas de aterrizaje clandestinas o seguir a los aviones hasta que se vean obligados a aterrizar por agotarse el combustible?. Por otro lado, algunos especialistas sostienen que la mayor cantidad de estupefacientes ingresa por agua y por tierra.

En 2001, un avión militar peruano, con información errónea suministrada por Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas del mundo), atacó a un Cessna en el que viajaba una familia de misioneros norteamericanos. Como consecuencia de ello, murió la madre, Verónica Bowers y su beba de siete meses; el esposo, otro hijo pequeño y el piloto sufrieron graves heridas.

Miremos hacia los países desarrollados. Según informó recientemente el maestro Julio Maier, la ley alemana que autorizaba a derribar aviones (dirigido a terroristas), fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese país europeo.

III. Claro, se podrá decir que esta medida es simbólica y efectista, sólo busca el impacto mediático y se inscribe en la demagogia punitiva; que no se va a poner en práctica, que los militares no se atreverán a ordenar el derribo, que la norma será declarada inconstitucional, y cosas por el estilo. Sin embargo, resulta muy preocupante que un gobierno democrático banalice de tal forma la vida humana.

Desde luego que hay que combatir al narcotráfico, un serio problema con muchas aristas, pero no convirtiéndolo en un fenómeno bélico, ni introduciendo a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior; donde ello ocurrió se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y se corrompió a militares. Por el contrario, es necesario, entre otras medidas, contar con confiable y capacitada inteligencia criminal, combatir la corrupción policial, alentar la colaboración internacional y cortar el flujo de las ganancias de los narcos, que ingresan al circuito económico legal a través del lavado de activos. Se debe consultar a expertos con una impronta democrática y siempre dentro del marco del bloque constitucional, que para algunos es un adorno superfluo y molesto, y no la Ley Fundamental, las reglas del juego democrático.

Creo que aprendiendo de la historia, nuestra sociedad debería aspirar a contar con mayores dosis de seguridad, sin socavar los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de todo ser humano.
Bahía Blanca, febrero de 2016.-

(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la Nación retoma esta semana el proceso de remoción contra el suspendido camarista bahiense Néstor Luis Montezanti. Entre lunes y martes declarará el imputado y las partes desarrollarán sus alegatos. Organismos de derechos humanos convocaron a participar de la audiencia desde las 12 en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

El juez está acusado por “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado y sus vínculos con integrantes de la Triple A. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

En diciembre el tribunal escuchó una treintena de testimonios de militantes políticos, gremiales, ex estudiantes y trabajadorxs judiciales. El último de ellxs, del recientemente fallecido ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, cuyo aporte aquí se reseña.

Hugo-Omar-CañonCañón se presentó en el edificio del Consejo de la Magistratura dos días antes de la navidad de 2015 y recordó que conoció a Montezanti en el Colegio Don Bosco. “En aquella época ya se destacaba por un perfil muy particular que le dio cierto prestigio o fama respecto a su forma de pensar o de actuar”, aseguró sobre el entonces militante de la “elitista” Guardia Restauradora Nacionalista.

Luego repasó el contexto político de los primeros 70 con Víctor Benamo como interventor de la Universidad del Sur, el desembarco de la Misión Ivanissevich encabezada por Remus Tetu y su “aparato de persecución ideológica”, el asesinato de David “Watu” Cilleruelo y el accionar de Rodolfo Ponce.

“Era vecino en Villa Rosas, mi papá me decía que era un hombre de temer, un hombre peligroso. (…) Luego fue cabeza de la Fiambrera, un vehículo que secuestraba personas para instalar el terror, inclusive hay anécdotas de colgar cuerpos en un puente como visibilización de ese terror”, afirmó.

Al referirse a la vinculación de Montezanti con miembros de la Triple A local, Cañón mencionó causas en las que el jefe de la patota Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablofueron defendidos por el juez en una causa por “tenencia de armas” en la cual los represores fueron sobreseídos.

Un civil a la altura de un teniente coronel

El ex fiscal manifestó que el imputado “fue ponderado por Vilas al igual que el periodista José Román Cachero”. Adel Edgardo Vilas fue segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y comandante de la Subzona 51. “Tenía una plana mayor pequeña entre la que estaba el Destacamento de Inteligencia que fue el eje central operacional desde el cual se fijaba los blancos para hacer los operativos de secuestro”.

Aquel destacamento fue dirigido, entre otros, por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “aval moral” de Montezanti para su ingreso a la plantilla del personal civil de inteligencia genocida. “El dr. Néstor Montezanti era un PCI de estructura de inteligencia con el rango A1 que, según la Ley de Inteligencia vigente entonces, era oficial superior y equivalente a teniente coronel del Ejército, por lo tanto el rango y el sueldo equivalente al de teniente coronel en esa estructura que funcionó durante décadas pero operacionalmente en el plan de exterminio de la dictadura militar desde el 76 en adelante”.

Contrariamente a lo sostenido por la defensa del juez respecto a la inexistencia de persecución política en la ciudad a principios de los 80, el ex fiscal explicó que “en Bahía Blanca la comunidad informativa siguió funcionando con especial ahínco, hay familiares, hay víctimas que eran ‘visitadas’ por militares, controladas y monitoreadas después de recuperada formalmente la democracia en diciembre del 83”.

“La comunidad informativa se ocupa de seleccionar y tomar información, clasificarla, porque al principio venía información -el mismo Vilas lo dice- que entraba en el ámbito de lo personal, alguien que la mujer lo engañaba hacía una denuncia para jorobar a la mujer o a su amante. Pero el perfil del ‘peligroso’, universitarios, estudiante o profesor, estaba definido por expertos”, detalló al acusador Miguel Piedecasas.

Agregó que “había canales de recolección de información muy variados”, por ejemplo, “un empleado bancario normal y oficial con el trabajo paralelo de informante que en el diálogo con el cliente iba sacando información -si viajó o no, qué depositaba, con quién estaba- y pasaba un parte que luego era procesado en esta comunidad informativa. Esta era la usina imprescindible para fijar los trazos de aquellos que Vilas nos mostró en un diagrama, de cómo armar el rompecabezas”.

Excusas

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Granada en una audiencia del juicio V Cuerpo de Ejército.

Cañón comentó el caso del genocida Jorge Granada, condenado a prisión perpetua en 2012, para cuestionar argumentaciones defensivas del camarista suspendido. El presidente Alfonsín declaró el estado de sitio en 1985 y encarceló al represor en el marco de una serie de falsas amenazas de bombas a escuelas que generaron “una inestabilidad democrática muy fuerte y angustia y zozobra en la sociedad”.

Levantado el estado de sitio, el teniente coronel Granada fue liberado por falta de pruebas judiciales en su contra. “Granada argumentaba que su rol era dar permisos de casamiento, dedicarse a las autorizaciones cuando se trasladaba un personal militar de una ciudad a otra, que la familia se llevara los muebles de una vivienda a otra. Algo similar a la argumentación del dr. Montezanti respecto a su actividad” como PCI.

Lo mismo sucedió cuando en 1987 fueron detenidos los generales Vilas y Sexton: decían que no tenían nada que ver, que administraban traslados y autorizaciones, o desarrollaban hipótesis de conflicto con Chile o la defensa de Malvinas. “Siempre la excusa fue escudarse en argumentaciones que tienen que ver con lo específicamente militar u operaciones de ayuda comunitaria pero nunca con lo que tenía que ver con ese plan clandestino, oculto, criminal y, por ende, muy difícil de asumir. Este doble discurso se repitió en todos los militares que, por supuesto, pudimos probarlo por otras vías y no por sus declaraciones”.

“No hay casualidades, hay roles”

Madueño y Sierra

Madueño y Sierra

Consultado sobre el abogado y docente jubilado de la UNS Hugo Mario Sierra, Cañón destacó la dinámica de la historia que hace que “hoy podemos estar con alguien que creemos que comulgamos en las mismas ideas o posiciones políticas o ideológicas o la defensa del sistema democrático y después uno va descubriendo que las cosas no son así”.

Describió las reuniones que mantenía en la Procuración tras su asunción como fiscal, con funcionarios políticos, judiciales y militares. Entre ellos estaba su colega mendocino Otilio Romano, “un señor que todo hacía parecer que era una persona incorporada al sistema democrático con naturalidad. Romano, se descubrió que era un partícipe del plan de exterminio, se profugó a Chile, pudo ser extraditado, está siendo juzgado, está preso”.

El testigo tenía una muy buena imagen sobre Sierra. Tenía un artículo sobre la “autoría mediata muy interesante”, habían compartido durante la dictadura cursos que dictaba Raúl Zaffaroni en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, era “alguien que estaba muy cercano”.

“Cuando comienzo las investigaciones veo quién era el dr. Sierra y que participó como secretario de (el juez genocida Guillermo) Madueño. Yo ahora me lo cruzo en la Plaza Rivadavia cuando saca a pasear el perrito y me esquiva para no saludarme, es muy duro todo esto, uno descubre quién está atrás del personaje que uno creyó que era y que no es. Él participó en La Escuelita, en el centro clandestino de detención, asistía con Madueño cuando había prisioneros, legitimó y hasta con risas burlonas los interrogatorios ilegales, estuvo con la Policía Federal” en la ‘limpieza ideológica’ en la UNS.

“Había toda una combinación de personajes que operaron en ese período y Sierra fue defensor del dr. Montezanti en ese juicio que se hizo en el Juzgado Correccional del dr. Ares. No hay casualidades, como Montezanti fue defensor de los Argibay o lo acompañó a Remus Tetu y eso está en la Prefectura, hay un informe que dice que Montezanti lo acompañó a Remus Tetu al Juzgado Federal como abogado. No hay casualidades, hay roles”.

Una Cámara de terror

Cañón reseñó al tribunal una breve historia del desprestigio de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Arrancó por su cara opuesta, la de los jueces “Cafasso, Cotter y Larraza”, una Cámara “de excelencia” que impulsó la presentación del fiscal sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida.

Luego se amplió de tres a cinco el número de integrantes para afrontar los Juicios por la Verdad pero los cargos no se cubrieron hasta que la Alzada “comenzó a ser mal vista”. Así llegó Augusto Fernández, “camarista civil en la provincia de Santa Cruz vinculado a Duhalde” quien inició “el desembarco para cambiar la matriz de esa Cámara”.

Cuando Duhalde se ubicó en la presidencia, Montezanti juró en el coqueto palacio de Mitre 60. “Asumió una actitud en base a su concepción del orden, de la autoridad, de la jerarquía, su posición corporativa y vertical, comenzaron los conflictos”.

“Se nos empezó a prohibir circulación en la Cámara, el uso de la cocina, la biblioteca, usar un libro especial (…) inclusive para entregar un escrito teníamos que esperar a que autorizaran su ingreso, algo insólito. (…) Es la actitud patoteril puesta en significación, lo dice expresamente, si no hay orden no hay jerarquía, se subvierten los valores, esto no puede ser”, declaró.

Cañón subrayó que “había terror en la Cámara, los empleados no se animaban a venir a la fiesta de despedida de Cotter, a la mía, mandaban saludos por interpósitas personas porque había miedo. Miedo a que se enterara, había vasos comunicantes, todo se sabía”. Varias empleadas no aguantaron el estrés generado por el acoso laboral y “ni hablemos del caso de los delegados gremiales, era intolerable para la concepción de Montezanti que alguien dentro de la Cámara Federal defendiera derechos”.

Más allá del jury promovido por el Consejo de la Magistratura, Montezanti está penalmente imputado con prohibición de salir del país en la causa que investiga una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia le atribuyen  haber sido miembro de la banda paraestatal -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

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Al momento de su detención, durante un operativo policial, el dirigente se encontraba movilizando junto a sus compañerxs frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Estaban reclamando por la reincorporación de 12 trabajadorxs tercerizadxs de la empresa de limpieza Litoral Cleaning, que fueron despedidos en diciembre.

El dirigente Rodolfo Aguiar se encuentra alojado e incomunicado en la Comisaría 31 de Roca, mientras trabajadorxs de ATE y la CTA reclaman su liberación en las puertas de esa institución policial ante la presencia de más de 70 efectivos que rodean la comisaría.

En tanto, dos militantes de la CTA también fueron privados de su libertad y reprimidos, “por el sólo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar”. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina.

Desde la CTA Autónoma exigen “la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo nos solidarizamos con los trabajadores en lucha por su inmediata reincorporación”.

Repudio absoluto de ATE Río Negro a la detención del Secretario General de los trabajadores

“ATE repudia y denuncia la injustificada y violenta detención del Secretario General de ATE y CTA-A, Rodolfo Aguiar, en un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo”.

Según informó la organización, “alrededor de las 11.30 horas, y en un claro hecho perpetrado entre el responsable de la empresa Litoral Cleaning SRL, Santiago Fernández, y la policía, el máximo representante de ATE fue detenido y esposado de manera violenta por efectivos policiales de la Comisaria 31, sita en Paraná y Panamá. Dos trabajadores, militantes ambos de la CTA, también fueron privados de su libertad y reprimidos, por el solo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina”.

“Repudiamos desde ATE este claro ejemplo de adoctrinamiento que pretenden, tanto las fuerza policiales como políticas, estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde aseguró Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE y CTA Río Negro. Exigimos la inmediata liberación de nuestro Secretario General y no nos pararán hasta conseguirla”, sentenció Capretti.

Fuente: Acta

Susana Matzkin falleció ayer en la ciudad de La Plata donde se encontraba internada. Militante por los derechos humanos, fue querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Ausencias Presencias, de la  Comisión de Apoyo a los Juicios y de Familiares/Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado de la década del ‘70 de Bahía Blanca y la Región. Con asistencia casi perfecta siguió atentamente las audiencias para anotar en su libreta el dato que le permita develar cada detalle sobre los secuestros de sus hermanxs.

“Compañeros militantes de derechos humanos. Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado la colorada Susan Matzkin. Nos queda su trabajo sin descanso y su aporte invalorable a los juicios de lesa humanidad. Peleó no solo por memoria, verdad y justicia para su hermana Zulma sino para los 30000 compañeros detenidos desaparecidos. La butaca del salón de Colón 80 que ocupó cada día hasta que su salud se lo permitió, será un lugar para recordarla y que la mantendrá presente en las jornadas que vendrán. Hasta siempre Susana”, señalaron desde FAVIC.

El 24 de agosto de 2011 Susana testimonió en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca y relató que su familia sufrió la represión militar entre 1973 y 1980 de manera continua pero, particularmente en 1975, cada dos meses su vivienda en Pehuajó era allanada para intimidarlos y llevarse distintos materiales, documentación y libros. A principios de 1976, Zulma les comentó que era perseguida y buscada.

Zulma llegó a Bahía Blanca con su hermano y sus padres a fines de la década del ’60 para terminar de cursar el secundario y estudiar Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, trabajaba en el barrio 17 de Agosto, a media cuadra del lugar donde la patota del V Cuerpo de Ejército la fusilaría junto a otras tres personas.

“Todas las semanas iban al barrio, enseñaban particular, hacían las tareas con los niños, actividad social comunitaria. La gente del barrio a ella y a Manolo (Tarchitzky) los conocían, los ayudaban con las inundaciones del Napostá, el agua pasaba por el arroyo y se inundaban las casas. La tarea de Zulma era ayudarlos con mantas, medicamentos…”, comentó su hermana y agregó que “estaba preparando la última materia para recibirse, tenía dos becas preparadas, había dos opciones: Inglaterra e Italia. Llegó el día fatídico del asesinato y esto quedó trunco…”.

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El 18 de julio de 1976 la familia se reunió para celebrar el primer aniversario del matrimonio que conformaba con Alejandro Mónaco, desaparecido meses después. Al día siguiente, Zulma fue a trabajar a la empresa multinacional Sika de Alsina 95 donde hacía horario corrido para poder continuar su carrera. Durante la jornada recibió el llamado de su suegra a media mañana para preguntarle qué quería comer, luego su cuñado fue a dejarle el almuerzo y vio la oficina cerrada.

A las tres de la tarde, cuando volvió el gerente encontró una nota de Zulma diciendo que se había ido porque estaba descompuesta. El gerente comentó la novedad a la familia Matzkin y rato después se convencieron del secuestro.

El padre de Susana, Francisco, quiso hacer la denuncia en la comisaría pero no se la tomaron. Pasó por el Comando del V Cuerpo de Ejército donde tampoco tuvo noticias y finalmente pudo concretar la averiguación de paradero pero mediante una declaración fraguada por la policía. Quien tomó su testimonio fue un efectivo de apellido Conticorbo conocido de Matzkin padre.

Zulma Matzkin y Alejandro Mónaco vivían en una casa interna en General Paz al 200. Allí llegó un camión del Ejército con personal “con ropa verde” para cargar los muebles de la pareja. Las propietarias de la vivienda llamaron a Vicente Mónaco -padre de Alejandro- que era el garante del alquiler y le pidieron que arreglen el lugar porque “habían volado la mampostería”.

“En mi familia todos sabíamos que había secuestros, había ocurrido ya el secuestro y desaparición del cuerpo de Daniel Bombara, había ocurrido lo de Mónica Morán”, recordó Susana y agregó que decidieron ir a ver al médico familiar que trabajaba en el Batallón 181 que quedó en avisar si sabía algo.

Recién el 21 de septiembre Susana supo por el papá de sus nenas que el médico familiar le había avisado a su padre que el cuerpo de Zulma estaba en la morgue del Hospital Municipal. Inmediatamente Susana y su pareja cargaron a sus hijas y emprendieron el viaje hacía Bahía Blanca. Llegando a la ciudad escucharon por LU2 que “dos NN habían sido identificados como Zulma Raquel Matzkin y Mario Manuel Tarchitzky”.

“La familia de Tarchitzky es muy unida en el vínculo afectivo con la nuestra. Manolo era físico nuclear, muy amigo de la casa, es mi hermano de la vida y vivía con sus padres en calle Dorrego casi Alsina”.

Diciendo que había escuchado la noticia en la radio, Francisco Matzkin ingresó a la morgue donde “alguien vestido de verde con armas le muestra tres cadáveres de varón”, reconoce el de Manolo y el último cuerpo era el de Zulma.

En ese momento comenzó una larga serie de trámites para tratar de trasladar los restos hacia el cementerio donde ya les habían advertido que no podían cremarlo ni velarlo.

“Vuelve azorado porque le daban un papel tipo recibo y nuevamente le preguntan qué religión profesaba Zulma. Aparece escrito “Israelita”. Mi papá nunca hubiese dicho eso, cuanto mucho, hubiese dicho judaísmo”, destacó Susana.

En ese sentido recordó que pudo saber durante los juicios por la verdad que “el sobrenombre de Zulma -en La Escuelita- era ‘la turquita’, imaginemos que con el apellido ruso que tenemos era otra burla más a su persona”.

532304_310903475684003_8875972_nAl ser consultada por el juez Jorge Ferro acerca del motivo de la persecución contra su familia, Susana insistió en el origen de su apellido y agregó que “por el caso de Mónaco dice la Dipba (servicio de inteligencia de la policía provincial) que era un sujeto interesante para perseguir”.

“Creo que no fuimos los únicos perseguidos por portación de apellido. Además porque eran militantes de la Juventud Peronista y se los perseguía por su compromiso social y su decisión de cambios, ellos no estaban de acuerdo con cómo funcionaba el país y se juntaban a leer, a socializar…”, sugirió.

Zulma “estuvo en el centro clandestino de detención La Escuelita donde varias personas la vieron con vida, entre ellas tres chicas que declararon en los juicios por la verdad”. Una de ellas, que estudió Economía con Zulma, comentó tiempo después a Susana que “tuvo un careo por un guardia donde puerta por medio Zulma tenía que responder preguntas qué hacía ella”.

Los abogados radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya compartieron cautiverio con Zulma y el primero de ellos comentó a Francisco Matzkin que “las mujeres habían sido violadas dentro del centro clandestino de detención, brutalmente torturadas” y “recibían todo tipo de castigo”.

“El 24 de noviembre del ’76, después de lo que pasó con Zulma, tuvimos un allanamiento en casa. Esa semana me llama mi mamá para decirme que no lo podían encontrar a José. Apareció en el Hospital Regional Español internado por una peritonitis en un estado crítico que no despertaba de la anestesia, no me dejaron venir (NdR: Según testimonios escuchados en la causa Armada, José pudo haber estado secuestrado en Baterías). En enero del año siguiente me fueron a buscar con las nenas porque para esa instancia no sabíamos cómo seguían nuestras vidas”, manifestó Susana y agregó que “después viene el asesinato de Alejandro en agosto del ’77”.

Su cuñado desapareció tras el fusilamiento de Zulma, “alguien lo habría visto con vida, hay documentación que dice que el día de su cumpleaños -el 3 o 4 de agosto del ’76-  allanaron su casa y estaba su padre Vicente solo. A nosotros se nos diluye Alejandro, no sabemos nada de él”.

El 4 de agosto de 1977 el diario La Nación publicó que cinco “sediciosos” fueron identificados en Paraná, Entre Ríos. Tres de ellos eran: Alejandro Tomás Mónaco, José Antonio Garza y María Luisa Buffo.

El constante hostigamiento con la familia Matzkin culminó en una larga serie de enfermedades para su padre y su madre desde 1981 hasta 1996, cuando murieron con poquitos meses de diferencia.

“La vulnerabilidad de la psiquis de los que quedamos… mi hermano absolutamente vulnerado, a mí me costó mucho daño moral, respecto a mis hijas que es lo que una más cuida, con mucha terapia tanto de las chicas como mía pudimos buscar la verdad y así estoy hoy buscando justicia, el daño moral es irreparable”, relató Susana.

Además dijo que sufrieron el “aislamiento social”, la mirada condenatoria de algún directivo de la escuela donde trabajaba y la imposibilidad de vincularse normalmente con la comunidad. “Después de muchos años, con mucho esfuerzo, pude vincularme socialmente pero siempre con familiares donde encontré una cadena de contención, aparte por la cuestión de la religión que profesaba mi papá sufrimos un despreció total”.

El cuerpo de Susana dijo basta, pero su coraje y su compromiso con la búsqueda de Verdad y Justicia quedarán vivos por siempre en nuestra Memoria. ¡Compañera Susana, Presente!

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Fotos: Belén López, Luis Rojas y Marcelo Núñez.

(Por Astor Vitali) Milagro Sala fue detenida el 16 de enero en el marco del expediente “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de Investigación a cometer delitos y tumulto en concurso real. Ciudad” tramitado por el Juzgado de Control Penal de Feria, Jujuy.

El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala “juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano”.

Continua el laborioso magistrado arguyendo que “esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares”.

Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que “la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente”.

El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que “luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

El Defensor de la Paz Social además agrega que “esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido” aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.

Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.

¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?

Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.

Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.

De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.

Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.

No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.

Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una olla popular no es delito.

Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.

Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.

Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.

Fuente: Rebelión

Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.

En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.

Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.

En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.

Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.

En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.

Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.

Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.

Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.

La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.

Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.

Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.

Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.

Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.

Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.

Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV

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El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.

Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.

Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.

En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.

“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.

Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.

La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.