El juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla procesó a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas. Varios de los militares fueron condenados tras los dos primeros juicios realizados en Bahía Blanca, algunos son juzgados en la causa Armada y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La mayoría de ellos habían sido indagados por el secretario Santiago Ulpiano Martínez quien, entre otras irregularidades conocidas luego de su desempeño en el Juzgado Federal Nº1, nunca resolvió su situación procesal.

Los imputados estaban presos en distintas cárceles, con arresto domiciliario en varias provincias y algunos como Jorge Norberto Igounet, Antonio Miguel Seghighi y Ricardo Baccini fueron desvinculados provisoriamente de la investigación por falta de mérito. La instrucción fue delegada en los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Los procesados son coroneles, tenientes coroneles, suboficiales mayores, capitanes, sargentos y penitenciarios. Se trata de: Walter Bartolomé Tejada, Hugo Jorge Delmé, Carlos Alberto Taffarel, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Andrés Reinaldo Miraglia, Alejandro Osvaldo Marjanov, Guillermo Julio González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Martínez, Carlos Ferreyra, Luis Delaico, Pedro Cáceres, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén.

Sus tres víctimas tienen una cualidad importante que les permitió identificar centros clandestinos de detención y unir los nombres con los rostros de sus torturadores: no sólo sobrevivieron al cautiverio, sino que estuvieron secuestrados por largas temporadas y luego fueron “blanqueados” en cárceles comunes a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Carlos Príncipi fue secuestrado el mediodía del 26 de febrero de 1977 cuando caminaba por la calle, por una patota de civil. Lo subieron a un auto a los golpes y lo llevaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita. Allí fue sometido a interrogatorios bajo tortura, “submarino”, golpizas feroces, gritos y agresiones constantes durante quince meses. Estaba aislado, inmovilizado, vendado, estaqueado. Sus verdugos se burlaban diciéndole que habían matado a su compañera Patricia Acevedo. En abril de 1978 se lo llevaron en camioneta hasta la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Allí siguió aislado, sin poder contarle a su familia que estaba vivo, lo sometieron a un “simulacro de juzgamiento” que llevó a cabo el Consejo de Guerra Especial Estable del Comando V Cuerpo. Finalmente lo trasladaron a la Unidad Penal 21 de Ezeiza, desde donde recuperó su libertad en diciembre de 1982.

El 6 de julio de 1977 un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entró a la casa de Hipólito Irigoyen 1451, donde vivían Rodolfo Oscar Maisonave y Ana María Germani. Además de pareja, eran militantes sociales y universitarios. Los subieron a autos distintos y los llevaron a La Escuelita. Con ellos secuestraron a Silvia Aylén, que tenía un año y cuatro meses y pasó aquella noche en el chupadero. Al día siguiente la dejaron en la casa de sus abuelos. Las primeras veces que torturaron a Maisonave con picana eléctrica, escuchó que su hija estaba en una sala contigua.

Germani fue alojada en una casilla rodante o vagón ubicado en el predio de La Escuelita, donde estuvo sola y tabicada. Estuvo con su hija y la custodia de los guardias. Cuando se llevaron a la beba, empezaron los interrogatorios con corriente eléctrica y los tormentos con connotación sexual. Volvió a encontrarse con su esposo unos días después, en el Batallón de Comunicaciones 181.

Después de un Consejo de Guerra, los dos fueron trasladados a cárceles comunes. Maisonave fue llevado a la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson y luego reintegrado a la Unidad de Villa Floresta. Germani se quedó en la UP4 hasta que la trasladaron a la Unidad 2 de Villa Devoto, para regresarla finalmente a la UP4. La pareja siguió presa incluso en democracia: fueron liberados el 14 de junio de 1984.

Fuente: FM De la Calle e Infojus.

Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.

Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.

Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.

Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.

Los cinco presos armados

Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.

El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.

Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.

Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.

Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.

Los once que “no las tenían”

Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.

Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.

Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.

Fuente: InfojusNoticias.

Foto: Sol Vázquez.