“Creemos que existen sobradas razones para absolver a Bernardo Artemio Cabezón” dijo el abogado Marcelo Llambías en los alegatos en los que defendió al represor tres veces condenado por crímenes de lesa humanidad.
El fiscal auxiliar analizó el fallo de Casación que benefició a los exintegrantes de la Triple A, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli. Ambos habían sido condenados a 10 años de prisión como miembros de la asociación ilícita que operó en los años previos a la última dictadura, ejecutando secuestros, amenazas y asesinatos con motivaciones políticas.
La Sala II de la Cámara de Casación Penal absolvió “por duda” a los ex integrantes de la Triple A, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli, quienes habían sido condenados a 10 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad. En la misma causa habían sido sentenciados los hoy fallecidos Osvaldo Pallero y Raúl Aceituno y aun debe ser juzgado el ex juez Néstor Luis Montezanti.
El abogado Gerardo Ibáñez alegó en favor de Alejandro Lawless y apuntó a deslegitimar testimonios que lo ubican dentro de las instalaciones del V Cuerpo mientras había víctimas cautivas. El acusado ya tiene dos condenas por crímenes de lesa humanidad.
El abogado Gonzalo Miño representa al imputado que se desempeñó desde 1975 como oficial principal de seguridad de la Policía Bonaerense. Está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Laura Manzo y María Emilia Salto junto a Daniel Bombara, quien falleció como consecuencia de los tormentos.
Carlos Carrizo Salvadores, abogado defensor de Osvaldo Lucio Sierra inició los alegatos en favor del imputado y condenado previamente en la causa Bayón, también por delitos de lesa humanidad. La próxima audiencia será virtual este jueves 24 desde las 9:30.
Durante las últimas audiencias el abogado Pedro Mercado alegó en favor del médico que asistía al Centro Clandestino La Escuelita acusado de crímenes de lesa humanidad contra 139 víctimas. Insistió en su inocencia y solicitó su absolución.
El abogado Mauricio Gutiérrez alegó en favor de Adalberto Bonini uno de los enfermeros que concurría al Centro Clandestino de Detención La Escuelita para suministrarle medicación a las y los prisioneros y de esa forma continuar con la tortura. Pidió la absolución para el acusado junto con el resto de sus defendidos.
El sociólogo Emilio Crenzel dijo a FM De la Calle que “la magnitud de la victimización causada por la dictadura militar excede por largo al número de desaparecidos y estos no deben limitarse en su cuantificación a aquellas personas que continúan desaparecidas, sino que también debe incluir y contemplar a aquellas otras que, habiendo estado por diversos lapsos de tiempo cautivos o cautivas de manera ilegal, fueron luego liberadas”. El análisis de la elaboración de cifras para establecer la magnitud del genocidio integra su nuevo libro.
El abogado defensor Mauricio Gutiérrez continuó con los alegatos en favor de imputados que revistaron en la Policía Federal de Viedma y el grupo de tareas que cumplió funciones en el Destacamento de Inteligencia 181. Para todos solicitó la absolución.
El patrocinio del represor Mario Torres apuntó contra las declaraciones de Carlos Príncipi. El testigo relató la participación del imputado como presidente en el Consejo de Guerra, organismo castrense mediante el cual los detenidos eran “legalizados” y trasladados a establecimientos penitenciarios.
Comenzaron los alegatos de la defensa del represor Mario Torres, a cargo de los abogados Gerardo Ibáñez y María Laura Olea. “¿Por qué hoy estamos sentados aquí, juzgando hechos de hace 40 o 50 años?”, insistieron los letrados para argumentar la prescripción del proceso judicial.
Tras la feria judicial, se reanudaron las audiencias en la Megacausa Zona 5. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia cerró su alegato. En la próxima jornada iniciarán las argumentaciones de los abogados de los imputados.
La querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia -a cargo de Verónica Bogliano, Alejandra García y Sebastián Metz- continuó su alegato en la última audiencia del año.
Finalizó el alegato de la querella de la agrupación H.I.J.O.S. y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera solicitaron perpetua para diecinueve acusados, veinticinco años para nueve, y el resto entre veintidós y dieciocho años.
La justicia federal continuará investigando la participación del exdirector de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del secretario judicial, Hugo Sierra, en crímenes de lesa humanidad. Además, amplió el procesamiento de doce militares del V Cuerpo de Ejército por violación de domicilio, secuestros y aplicación de tormentos.
Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera adhirieron a lo postulado por la Fiscalía respecto a once imputados. El resto se conocerá en la próxima audiencia. Solicitaron perpetua para dieciséis acusados, veinticinco años para nueve, y el resto entre veintidós y dieciocho años.
Se trata de un pedido de la Fiscalía. Se unificaría la prisión perpetua para los acusados Páez, Abelleira, Masson, Granada, Taffarel, Condal, Cabezón, Del Pino y Sierra. Por otro lado, demandó 25 años de prisión para Selaya, Gandolfo y Rojas.
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