El abogado Gonzalo Miño representa al imputado que se desempeñó desde 1975 como oficial principal de seguridad de la Policía Bonaerense. Está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Laura Manzo y María Emilia Salto junto a Daniel Bombara, quien falleció como consecuencia de los tormentos.
Carlos Carrizo Salvadores, abogado defensor de Osvaldo Lucio Sierra inició los alegatos en favor del imputado y condenado previamente en la causa Bayón, también por delitos de lesa humanidad. La próxima audiencia será virtual este jueves 24 desde las 9:30.
Durante las últimas audiencias el abogado Pedro Mercado alegó en favor del médico que asistía al Centro Clandestino La Escuelita acusado de crímenes de lesa humanidad contra 139 víctimas. Insistió en su inocencia y solicitó su absolución.
El abogado Mauricio Gutiérrez alegó en favor de Adalberto Bonini uno de los enfermeros que concurría al Centro Clandestino de Detención La Escuelita para suministrarle medicación a las y los prisioneros y de esa forma continuar con la tortura. Pidió la absolución para el acusado junto con el resto de sus defendidos.
El sociólogo Emilio Crenzel dijo a FM De la Calle que “la magnitud de la victimización causada por la dictadura militar excede por largo al número de desaparecidos y estos no deben limitarse en su cuantificación a aquellas personas que continúan desaparecidas, sino que también debe incluir y contemplar a aquellas otras que, habiendo estado por diversos lapsos de tiempo cautivos o cautivas de manera ilegal, fueron luego liberadas”. El análisis de la elaboración de cifras para establecer la magnitud del genocidio integra su nuevo libro.
El abogado defensor Mauricio Gutiérrez continuó con los alegatos en favor de imputados que revistaron en la Policía Federal de Viedma y el grupo de tareas que cumplió funciones en el Destacamento de Inteligencia 181. Para todos solicitó la absolución.
El patrocinio del represor Mario Torres apuntó contra las declaraciones de Carlos Príncipi. El testigo relató la participación del imputado como presidente en el Consejo de Guerra, organismo castrense mediante el cual los detenidos eran “legalizados” y trasladados a establecimientos penitenciarios.
Comenzaron los alegatos de la defensa del represor Mario Torres, a cargo de los abogados Gerardo Ibáñez y María Laura Olea. “¿Por qué hoy estamos sentados aquí, juzgando hechos de hace 40 o 50 años?”, insistieron los letrados para argumentar la prescripción del proceso judicial.
Tras la feria judicial, se reanudaron las audiencias en la Megacausa Zona 5. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia cerró su alegato. En la próxima jornada iniciarán las argumentaciones de los abogados de los imputados.
La querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia -a cargo de Verónica Bogliano, Alejandra García y Sebastián Metz- continuó su alegato en la última audiencia del año.
Finalizó el alegato de la querella de la agrupación H.I.J.O.S. y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera solicitaron perpetua para diecinueve acusados, veinticinco años para nueve, y el resto entre veintidós y dieciocho años.
La justicia federal continuará investigando la participación del exdirector de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del secretario judicial, Hugo Sierra, en crímenes de lesa humanidad. Además, amplió el procesamiento de doce militares del V Cuerpo de Ejército por violación de domicilio, secuestros y aplicación de tormentos.
Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera adhirieron a lo postulado por la Fiscalía respecto a once imputados. El resto se conocerá en la próxima audiencia. Solicitaron perpetua para dieciséis acusados, veinticinco años para nueve, y el resto entre veintidós y dieciocho años.
Se trata de un pedido de la Fiscalía. Se unificaría la prisión perpetua para los acusados Páez, Abelleira, Masson, Granada, Taffarel, Condal, Cabezón, Del Pino y Sierra. Por otro lado, demandó 25 años de prisión para Selaya, Gandolfo y Rojas.
La querellante Mónica Fernández Avello se refirió a los delitos sexuales ocurridos en cautiverio y a la postura asumida por los jueces ante reiteradas conductas machistas de los imputados y las defensas.
La fiscalía cerró su alegato con el pedido de penas para los 35 imputados por crímenes de lesa humanidad. Solicitó veinte perpetuas, once penas a 25 años y el resto entre 22 y 18. Luego, comenzó el alegato de la querella.
En la etapa final de su alegato, la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad denunció ante el tribunal el “cumplimiento laxo” de las prisiones domiciliarias de las que gozan la mayoría de los imputados y pidió que sean revisadas. Argumentó que el avance del juicio “incrementa el riesgo de fuga” de los genocidas. También requirió como acción reparatoria que se publique la sentencia en las páginas de La Nueva.
Con los casos de Claudio Kussman y Héctor Luis Zelaya la fiscalía culminó su análisis sobre las responsabilidades de cada represor. La próxima instancia del alegato incluirá el pedido de pena para cada uno de ellos.
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