Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Se trata de la charla informativa y gratuita sobre autismo que se dictará mañana a las 16hs en la Biblioteca Rivadavia, donde disertarán las licenciadas Laura Cragno (fonoaudiología) y Carolina Resio (terapia ocupacional). Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, comentó en FM De la Calle qué lxs motivó a organizar esta charla.

Moya aseguró que uno de los objetivos del Comité es “difundir qué es el autismo para quienes viven con esta condición y sus familias”. Es fundamental hablar de detección temprana, “de cómo podemos los papás y profesionales darnos cuenta que tenemos un niño que puede estar dentro de la Condición del Espectro Autista”.

“En base a mi experiencia hay una falencia muy grande por parte de los profesionales, pediatras específicamente, que son los que nos tienen que dar una alerta. En su formación profesional no tienen materias de neurodesarrollo”, explicó la mamá de Joaquín (8), niño con CEA. “Yo sabiendo que había algún inconveniente con Joaquín, no obtuvimos una detección hasta que tuvo casi 3 años y medio, es mucho tiempo para la familia”.

Actualmente intentan articular con el Colegio de Pediatras “algún tipo de detección en consultorio. Con un simple cuestionario se puede llegar a detectar un desvío, que no implica un diagnóstico pero sí llevaría a una interconsulta. La intención es que los pediatras tomen conciencia de esto y hacerles este test a los niños”.

Entre los principales mitos a derribar sobre el autismo explicó: “Esto no es una enfermedad, es una condición y toda su vida va a vivir con ello. Además nos gustaría hablar de espectro, en la televisión sólo hemos visto personajes con autismo que no hablan -cuando hay más características particulares-, parece que no están en este mundo, y son personas que están pero lo ven de otra manera. Tenemos que incluirlos y eso implica un desafío muy grande de pensar cómo”.

charla

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca.

El organismo destacó la “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades” a la que ejerció durante tres años como subrogante del Juzgado Federal 1.

Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo a FM De la Calle que “hay dos grandes motivos que, cada uno por si solo lo invalidan para ser fiscal. El primero es su actuación en los juicios de lesa humanidad donde sistemáticamente obturó, frenó, obstaculizó el avance de los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca, de eso hay acaba prueba en distintos expedientes donde eso quedó completamente claro cuál era su actitud, es decir, lo hizo durante tres años, no es que estamos cuestionando una resolución en un caso”.

“Y el segundo es, en términos más generales o integrales de cómo llevar adelante un juzgado sea federal o lo que sea, él demostró también incapacidad absoluta para hacerlo porque el estado en el cual lo dejó cuando no fue ratificada su designación como juez subrogante era realmente calamitoso y no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas que allí trabajaban, ya que por ejemplo había explosivos a la intemperie, sino que también tenía que ver con que eso terminaba afectando el derecho de defensa de muchas personas detenidas sin indagar mucho tiempo”, agregó.

El 9 de mayo a las 10 se realizará la audiencia en el Senado donde deberá aprobarse o no el pliego de Martínez como fiscal bahiense. En la misma oportunidad se definirá la cobertura de cuatro vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones local.

“Nosotros enviamos esta impugnación que nos parece suficiente, también hay otros organismos que han enviado sus impugnaciones y han propuesto preguntas para hacerle al candidato. Esperemos que la Comisión de Acuerdos realmente lleve adelante la audiencia y se le hagan las preguntas pertinentes”, dijo Efrón.

Finalmente, subrayó que la candidatura de Ulpiano Martínez “va a la Comisión de Acuerdos porque fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no es menor, o sea es grave que un candidato como este llegue a esta etapa final, es grave”.

Así opinó Carlos Quiroga, concejal por Unidad Ciudadana, sobre el proyecto del oficialismo aprobado por el Concejo Deliberante en su última sesión. El ex-intendente Rodolfo Lopes dijo que “se van a dar cuenta que con este 3% no baja absolutamente nada”.

El edil ratificó la decisión del bloque en comunicación con FM De la Calle: “Todo aquello que pudiera dejar un centavo más en el bolsillo de la gente nos parecía bien y queríamos acompañarlo”. Así lograron incorporar dos artículos en el proyecto: “Uno establece que el Departamento Ejecutivo está obligado a la reasignación de partidas del presupuesto a efecto de conformar un fondo de la misma magnitud al que estaba determinado (con la tasa)”.

Por otra parte, el artículo 3 indica “que rindan cuentas trimestralmente de qué obras se están haciendo para que no suceda lo del año pasado, que se recaudaron $8.8 millones y apenas invirtieron el 23% de ese recurso”.

Respecto al 67% de fondos restantes, Quiroga aseguró que pidieron documentación “porque hay cosas poco claras, dicen que los procesos licitatorios son muy lentos pero los recursos están comprometidos. Vamos a profundizar este tema cuando se discuta la rendición de cuentas de obras públicas y de todas las áreas del municipio”.

lopes

El ex intendente Rodolfo Lopes criticó la derogación de la ordenanza, reivindicando el fin para el cual había sido creado y modificado durante su gobierno. “Estoy en las antípodas de lo que pueda pensar este gobierno”, aclaró.

“El intendente no entiende porque no defiende al usuario de Bahía Blanca, si no se reuniría con autoridades de EDES y les preguntaría por qué de la provincia de Buenos Aires esta ciudad es la que más caro paga el kilowatt. Estamos en un corredor energético, tenemos dos centrales termoeléctricas, nadie puede explicar el tema del precio de la energía, son sinvergüenzas”.

Además expresó que “hacen creer a la población que sacando ese 3% le van a bajar el precio a la boleta, es una mentira total. El costo se baja hablándole a los cuatro empresarios de la provincia de Buenos Aires, amigotes de estos personajes, y diciéndoles ‘en vez de ganar tanto ganen menos, pero no generen este conflicto con la sociedad’”.

La tasa municipal que se derogó fue implementada en una ordenanza a fines del ‘89 y significaba “la posibilidad de tener un fondo solidario de los que tenemos gas para los que no tienen gas. Una parte para eso y otra parte para hacer redes de gas, porque cuando uno analiza: el que más caro paga el gas es el que menos tiene y más necesita”, dijo el ex intendente.

Durante su intendencia el acuerdo con Camuzzi implicó que si el/la vecinx pagaba por la red, la empresa le retribuía 1000m3 de gas. Si bien el compromiso se mantiene, él descree: “Si hoy que tienen el dinero que llega de arriba (el 67% de recursos que mencionó Quiroga) no lo usan, ¿te parece que van a disponer una partida para hacer las obras que nunca hicieron?”.

Sobre la derogación indicó que “están quejándose todos los intendentes de la provincia –que no pertenecen a Cambiemos– que no toleran que se esté sacando el impuesto porque hay herramientas que se desfinancian y no van a representar un valor importante para bajar el costo de la tarifa.[…] El político no tiene que tener miedo, hay que enfrentar esa realidad. El costo político lo está pagando la sociedad”.

Foto factura: Ramiro Villalba.

“Vinimos al Concejo Deliberante para manifestar nuestro repudio hacia la concejala Soledad Martínez porque volvió a vincular a Sebastián Rodríguez Maidana al caso de esta niña Mariana Sol Bruna“, dijo esta mañana Ana Canullo en el marco del paro docente .

La dirigente de Suteba agregó que “son gravísimos los dichos y no dañan solamente la vida de este docente sino que atenta contra la organización sindical, la participación política”. Si bien le acercaron una nota a Martínez, la concejala no bajó al recinto. “Pedimos que se desdiga de sus dichos. […] Si no creyéramos que tiene una clara intención, pensaríamos que es de una gran irresponsabilidad”, aclaró.

Sebastián Rodríguez Maidana fue vinculado a la investigación de la muerte de Bruna por un allanamiento realizado en su domicilio. La Fiscalía y la Policía Federal entraron por error a su vivienda y encontraron 47 gramos de marihuana. Maidana ahora es investigado por tenencia de estupefacientes.

“Consideramos que estas manifestaciones, no sólo perjudican al docente, sino que desvían el eje de la exigencia de justicia por la muerte de Mariana, ya que mientras tanto quien abusó de la adolescente de 15 años y la abandonó muerta en la puerta de un hospital, camina libremente por las calles”, dijeron desde el sindicato.

Paro con nombre y apellido

Respecto al pedido de la Jefatura Distrital de armar una nómina con los nombres de quienes adhirieran al paro, Canullo opinó que “es muy grave pero no nos llama la atención, las presiones que se viven dentro de las escuelas son terribles y es sistemático. Desconocemos esa planilla pero de ninguna manera se puede dar esa información, es inconstitucional, hacer paro es un derecho”.

“Pueden las directoras mandar un porcentaje de acatamiento de adhesión pero no una nómina. La acción es parte de esta cacería de brujas que hacen. Una cosa es que nosotrxs avisamos en las escuelas por una cuestión de organización, otra que esos datos los eleves a la Jefatura. Es una acción (más) disciplinadora de este gobierno hacia lxs trabajadorxs que nos organizamos”.

En relación a los cambios en la educación generados por un recorte presupuestario, la secretaria general del gremio manifestó: “Estamos atajando un montón de cosas, generalmente estos cambios no son para mejor, terminan de precarizar aún más nuestra tarea y los aprendizajes”.

“Los bachilleratos todavía no arrancaron (los primeros años) y estamos muy preocupados porque todo lo que se propuso como paliativo o alternativa al cierre todavía no fue puesto en marcha”. Explicó que la oferta es limitada porque hay la mitad de los bachilleratos y pocos cursos.

Finalmente recordó que la negociación paritaria que “no avanzó sino que retrocedió, la propuesta anterior era de 15%, esta es semestral y del 10% en 3 cuotas, con promesa de volver a reunirnos en junio. No creemos estas promesas porque también prometieron que la paritaria empezaría en noviembre y comenzó en febrero. Este gobierno está muy determinado a condenar a un sector de trabajadorxs al ajuste, a sueldos por debajo de la línea de pobreza”.

En el marco de la carta abierta realizada por varixs periodistas y comunicadorxs bahienses respecto al tratamiento de las noticias referidas a los últimos hechos de violencia en la ciudad, la periodista y locutora, Virginia Calzada Frache habló con FM De la Calle.

“Se sucedieron en Bahía Blanca en muy corto tiempo, muchos sucesos lamentablemente violentos no solo para las mujeres sino para niños, niñas, adolescentes y fue abrumador, o por lo menos así lo viví yo, el tratamiento que se les dio a los mismos”.

“A veces, hay cosas que suceden por azar pero también tiene que ver con lo que sucedió en estos último días. Digo el azar porque nos encontramos con los colegas y ahí pusimos en común y dijimos: porqué no escribimos, porqué no ponemos algo, porqué no dejamos sentado públicamente que no todo es lo mismo, que no todas las coberturas se hacen desde el mismo lugar y quede allí públicamente”.

Respecto a su percepción sobre la publicación de esta carta pública, la periodista explicó que “a mí me hace mucho ruido esta cuestión que tiene ver con marcar algunas situaciones como que son la excepción. Y esto lo traduzco en que cuando se adjetiva o se dice, por ejemplo, de casos de femicidio o de situaciones de violencia de hombres hacia mujeres, lo catalogan como ‘el loco’, ‘el monstruo’ y a mí eso me hace mucho ruido y lo planteé con las compañeras y los compañeros”.

“Si nosotros lo planteamos como que es la excepción, como que es ‘el monstruo’ perdemos la responsabilidad que tenemos como sociedad, porque yo creo que ese hombre es producto de esa sociedad, y como es producto de esta sociedad nos tenemos que empezar a hacer cargo. Si lo aislamos, queda ahí aislado y como sociedad no nos hacemos cargo. Bueno, también hagámonos cargo como periodistas cómo construimos esos mensajes, qué pasa con la construcción de esos mensajes, cómo contamos esas historias, desde dónde nos paramos para contar esas historias, para mí eso era muy importante”.

Gisela Estremador, integrante del equipo periodístico del noticiero de Canal 4, se refirió a la carta que ayer difudieron periodistas y comunicadorxs bahienses como respuesta a los hechos de violencia social y escraches mediáticos ocurridos durante las últimas semanas.

Comentó a FM De la Calle que la iniciativa surgió tras ver “el tratamiento periodístico que se hacía de temas sensibles que no son de estos últimos tres meses” pero que sí mostraron “que la situación ya estaba desbordándose y no existían los límites”.

“Nos parecía importante que todos los trabajadores que de una u otra manera sientan posición con respecto a lo que están editando” sean incluidos para “darle la mayor pluralidad de voces. […] Estamos satisfechos porque son alrededor de 50 firmas y en Bahía Blanca lograr esto, que cada unx se haga responsable de firmar y todo lo que conlleva al posicionamiento político que esto tiene, nos parece a destacar”.

“Quizás tengamos que hacer un mea culpa porque tal vez no llegó a personas que adherían, quizás hay gente que esto le hace ruido y tendrá que rever alguna práctica (o no) que está haciendo. […] Hay determinados límites donde no todo da lo mismo: puede haber otra forma de comunicar y no hay que subestimar a las audiencias, tampoco a aquellos que van a ser futuros comunicadorxs; no se les puede ofrecer como único modelo comunicacional este que muchas veces se explota y se pone como ejemplo”.

Estremador agregó que “esta forma de comunicar, con mayor o menor grado de sensacionalismo, existe y existió siempre, esta inmediatez con la que se nos superponen un montón de temas de altísimo grado de sensibilidad”.

“Estamos asistiendo a un espectáculo muy triste. Los límites son tan difusos que hay determinadas cuestiones que nos imponen y quedan, quedamos un poco shockeados por lo que leemos pero pasó de largo y mañana se construye otra noticia, otra realidad, y no importa si lo que se estaba contando era del todo cierto, era una interpretación, tenía una intencionalidad puntal y pasó”.

Al consultársele sobre el criterio que muchos medios aplican argumentando que “es lo que la gente quiere ver”, la comunicadora cuestionó: “¿La gente quiere ver eso? Estamos en un momento donde la sociedad termina siendo esclava de eso, el linchamiento mediático, luego no importa si por lo que te estaban acusando era verdad o no, quedaste expuestx y después vemos si pasó o no, si te trajo algún tipo de consecuencia en tu vida personal o laboral”.

“Es subestimar muchísimo, no todas las audiencias quieren eso. Hay muchas que quieren productos de calidad, información de calidad. Lamentablemente la hegemonía mediática está imponiendo este tipo de modelos”.

Lo afirmó Walter Larrea (Unidad Ciudadana) a partir del bloqueo oficialista para que el presidente de Bahía Transporte Sapem, Tomás Marisco, concurra al Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre el funcionamiento de los parquímetros. Por otro lado, el edilse refirió a la aprobación de la ordenanza de “Buzones Anti Narco” para recepcionar denuncias anónimas.

Sobre esta última iniciativa Larrea aseguró que “fue un proyecto escabroso que en primera instancia habíamos decidido no acompañar” ya que la ordenanza amplía la categoría de delitos a denunciar “dejando un poco al arbitrio de cada ciudadano la denuncia”.

“Había que dar un debate porque, de salir así, el proyecto iba a constituir una intromisión en las garantías de todas las personas. […] La apertura de buzones, recepción y evaluación de denuncias va a estar en manos de un ámbito conformado por la Comisión de Seguridad, Secretaría de Seguridad, concejales que quisieran participar y la fiscalía especializada en drogas”, explicó.

El otro tema resonante en la última sesión legislativa fue el rechazo por segunda vez por parte de Cambiemos para convocar a Marisco al recinto. Larrea mencionó los dos pedidos de informes (uno de Unidad Ciudadana y otro de Cumplir) y aseguró que “a estas alturas se torna imperativo que el presidente de Sapem concurra a dar explicaciones”.

“El pedido de informe sin las respuestas nos permite esta interpelación de manera directa. […] Que Marisco explique todas esas cuestiones que preocupan a los concejales: qué pasó con la recisión del contrato de Eycon, los fundamentos, en función de qué fue el resarcimiento que la empresa recibió, cuál es la merma de recaudación del estado municipal por el no funcionamiento de parquímetros”, entre otras.

Además, afirmó que los cinco reemplazos para los síndicos de Sapem ya fueron seleccionados, a pesar de que dos tienen que ser aprobados por el HCD: “Cuando me toque asumir el directorio pienso pedir las actas donde se designan a esas personas”.

Y reiteró: “¿Cuál es el impedimento para que venga Marisco y exponga? Supongamos que no hay ningún tipo de irregularidad, habrá que bancarse los sopapos dialécticos de la oposición pero no se puede mantener en una zona de nebulosa de explicaciones […] a esta altura el que tendría que venir es Gay”.

Insistió en que seguirán demandando respuestas y acompañarán el reclamo de la sociedad “porque entre otras cosas con la falta de recaudación se está desfinanciando el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y ‘pasajeros frecuentes’, es dinero público y hay partidas que se están dejando de percibir”.

La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió una vez más el recorte del Estado, más de 60 despidos se registraron en el país la semana pasada. El Colegio de Trabajadores Sociales de Bahía Blanca realizó un abrazo en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para repudiar la situación y los tres despidos acontecidos en nuestra ciudad. La movilización culminó en la Municipalidad con el acompañamiento de varios sectores sindicales.

Raquel Flores, una de las trabajadoras sociales despedidas, conversó con FM De la Calle respecto a las señales que venían visualizando antes del recorte ya que en la actualidad no se encontraban dentro de ninguna dependencia del Estado. A partir de septiembre de 2017, por decreto, y luego del intento de baja de más de 170 mil pensiones, el Poder Ejecutivo absorbió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones, para dar lugar a la Agencia Nacional de Discapacidad. En este proceso varios trabajadores/as quedaron sin claridad  respecto a su lugar dentro del organigrama institucional.

“La última alerta que tuvimos fue cuando desde Coordinación Territorial que viene a ser nuestra dependencia superior, nos informan que nosotros teníamos la liquidación de nuestro sueldo a través de una financiera, lo cual significa que no solamente se generó un desguace de las políticas sociales, del vaciamiento del estado, sino que también los afectados específicamente a pensiones, quedaban liquidados por una tercerización provisoria”, aseguró Flores.

También denunció la situación en la que queda la dependencia local de Desarrollo Social y los trámites/expedientes por pensiones: “El cierre del expediente es con el informe del trabajador social, la gestión del trámite requiere de profesionales. El hecho de que despidan a las dos únicas trabajadoras sociales en Bahía Blanca significa el cierre de la comisión acá en Bahía Blanca”.

Consultada por el mecanismo de selección que pudieron haber tenido para definir quiénes serían los/as despedidos, Raquel Flores, aseguró que lo que está ocurriendo “tiene que ver con esta situación nacional, este modelo de Estado y qué posición tienen frente a las políticas públicas. Además están las vertientes personales de la vida privada y del desarrollo profesional. Yo creo que soy parte de este desguace que afecta a los pensionados y  a las condiciones del trabajador y que también afecta a la vida privada porque en lo personal yo vengo del campo nacional popular donde jamás mezcle mi condición militante dentro de mi desempeño profesional. Esto es lo que ha aparecido fuertemente en el listado de los seleccionados porque tiene que ver con personas que están o han estado en algún momento muy vinculado a los sectores de la militancia”.

Las políticas de ajuste en el organismo llevaron a ATE Pensiones a  mantenerse en estado de alerta permanente, ya que como afirman de la asociación, “este gobierno desmantela áreas y recorta por los más débiles”.  Flores agregó que todas las pensiones gestionadas a partir de 2015 no recibieron el ingreso al sistema.

“Están en un cuello de botella. Nosotros teníamos una apertura de expedientes normalmente un promedio de 20 pensiones por día para elaborar el informe, y ahora con estos nuevos criterios donde dejan afuera a todos los discapacitados para acceder al sistema, hay un promedio de entre tres y cinco semanales, entonces sobramos”, finalizó.

Somos periodistas, comunicadores/as y trabajadoras/es de diversos medios de comunicación de la ciudad de Bahía Blanca, reunidos ante la necesidad de expresar nuestra preocupación por las coberturas periodísticas y el ejercicio de nuestra profesión en la ciudad. Les hablamos a ustedes, lectores y lectoras, audiencias, estudiantes, docentes de la comunicación y a quien desee escuchar lo que tenemos para decir.

Construimos esta carta abierta desde el pleno convencimiento que el llamado ‘periodismo independiente y objetivo’ no existe, ni tampoco la idea corporativa del “periodismo”. Lo que hay son diversas miradas editoriales desde donde relatar la realidad y construir una interpretación de ella. En ese ejercicio creemos que la libertad de expresión, la ética periodística y la responsabilidad social que debemos ejercer, está en riesgo por la forma de dar construcción y tratamiento a esas noticias.

En las últimas semanas en nuestra ciudad se sucedieron varios hechos de violencia social que requieren de nuestra práctica periodística el máximo cuidado y respeto con estos principios básicos de la profesión. Los tiempos que corren son complejos y por lo tanto vulnerables al tratamiento que cada medio otorga a los casos; en este sentido si las herramientas que tenemos a nuestro alcance no son aplicadas de forma responsable con la información, corremos el riesgo de faltar a la veracidad de los acontecimientos y romper con los límites de nuestro sistema constitucional de derechos. Si instalamos una noticia adulterada como verdad, no sólo se falsea y miente, sino que también, se manipula a plena conciencia.

La tergiversación, el sensacionalismo, la provocación y la idea de la primicia desmembrada, son acciones tendientes a fomentar aún más la violencia social existente y a reproducir parámetros estigmatizadores y lapidarios.

Los alarmantes sucesos de violencia hacia las mujeres que se vienen sucediendo, en aumento en las últimas semanas, merecen al menos replantearnos algunas formas delejercicio de la profesión, entendiendo que los medios de comunicación son constructores de realidades y legitimadores de conductas. Cuando se dice que esos “hombres violentos” son la excepción a una regla, a una sociedad, y no el producto de una sociedad violenta, se legitiman con palabras y se aíslan como único emergente. Entonces se re victimiza a las víctimas y perdemos de vista la responsabilidad como sociedad.

El caso reciente de la difusión ilegal de imágenes de menores de edad ante el asesinato de Agustina Bustos, el nivel de exposición del docente Sebastián Maidana, la creación de escenarios más ficcionales que periodísticos del caso de las dos mujeres secuestradas, llevando los relatos a la morbosidad sin respeto por los derechos personalísimos, y la utilización de ideas estigmatizadoras son sólo algunas muestras de lo expresado anteriormente.

Como no creemos en la censura, tampoco censuramos nuestra palabra, pero sí creemos que esta lógica se aplica a nuestra profesión, cuando las únicas fuentes periodísticas son aquellas que faltan en algunos casos a su profesionalismo y que desde el lugar que ocupan en la estructura de poder las convierte en parte del problema y no de la solución.

Proponemos una carta abierta a la sociedad en su conjunto porque los/as trabajadores de la comunicación también somos parte de una sociedad que pretende informar y ser informados/as con la mayor rigurosidad y coherencia posible, de esta manera los y las abajo firmantes nos comprometemos a ejercer con profesionalismo y responsabilidad nuestra tarea.

Anabella Tarabelli, periodista; Gisela Estremador, periodista; Joaquín Baridón, periodista; Gabriel Cena, comunicador; Virginia Calzada Frache, periodista; Luis Cano, periodista; Sandra Crucianelli, periodista; Gabriel Bermúdez, periodista; Mariano Álvarez, periodista; Matías Oyamburo, periodista; Matías Freidig, periodista; Gretel Walz, periodista; Virginia Pascual, periodista; Mauro Llaneza, periodista; Mariela Dobal, periodista; Giuliana Crucianelli, periodista; Paula Ercoli, periodista; Soledad Reuque, periodista; Astor Vitali, periodista; Emanuel Brianne, fotógrafo; Sol Azcárate, periodista; Marcelo Lev, periodista; Diego Kenis, periodista; Denise Navarrete, periodista; Natalia Schnaider, periodista; Rodolfo Formosa, camarógrafo; Mario Fernando Etchegorry, camarógrafo; Mauro Salvador, comunicador; Federico Hidalgo, periodista; José Cornejo, periodista; Rocío Cereijo, periodista; Sergio Segui, periodista; Matías Aguirre, periodista; Martín Ruperez, camarógrafo; Carla Pereuilh, periodista; Facundo Muñoz, periodista; Facundo Morales, fotógrafo; Soledad Llobet, periodista; José Luis Díaz, operador de control central; Marcelo Cejpek, productor; Emiliano Falco, operador de control central; Oscar Contreras trabajador jubilado de control central; Analía Garelli, reportera gráfica; Antonio Ferullo, control central; Roberto Fiori, control central; Guillermo Aversano, productor; Cristian Romero, camarógrafo; Ángel Dantagnan, conductor-comunicador; Belén López, locutora; Brenda Ghiberti, periodista.

En 2016 las legisladoras rionegrinas Marta Milesi y Marta Bizzotto presentaron una denuncia por mal desempeño en sus funciones contra el juez Juan Pablo Chirinos, por haberle otorgado salidas transitorias a Jonathan Luna, quien nunca volvió y engañó y mató a Micaela Ortega en Bahía Blanca.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro suspendió ahora al magistrado. El sumario iniciado a Chirinos quedó a cargo del diputado por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochás.

“La vinculación de tres casos en el análisis de las decisiones adoptadas por el juez son las que me tocó a mí llevar adelante como instructor sumariante del Consejo de la Magistratura y de sugerirle al pleno al pleno del Consejo de la Magistratura las conclusiones que arribaban al cargo de mal desempeño. Solicitándoles también que tengan bien valorada la suspensión del juez hasta tanto se resuelva esto que ahora con la decisión del Consejo de la Magistratura pasa a la órbita del Ministerio Público Fiscal”, manifestó el  legislador a FM De la Calle.

Explicó qué “la decisión respecto de las conclusiones sumariales que yo había advertido, sobre la formulación del cargo de mal desempeño, fue por unanimidad. Eso incluye al presidente del Superior Tribunal de Justicia y al representante de de la Cámara Penal de esa circunscripción. Lo que fue por mayoría, con abstención, fue la separación del cargo”.

El legislador sostuvo que el Poder Judicial tiene “que abandonar esta posición corporativa y de protección, de autodefensa, porque la sociedad está reclamando otro tipo de posicionamiento, está reclamando de los funcionarios públicos, de todos los que seamos, a mí me toca ser legislador pero a ellos les toca ser jueces y lo que tenemos en común es que somos funcionarios públicos, que no somos una casta especial, que tenemos que rendir cuentas de cada uno nuestros actos y hay una sociedad esperando que así sea”.

Es el título de la charla a cargo del Dr. Ulises Camino,  arqueólogo del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Giorini”, que tendrá lugar en el auditorio terraza de la UTN (11 de Abril 461) a las 20.15 hs. La invitación surge desde la Comisión de Asociados del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo., filiales White, Villa Rosas y Las Villas, con entrada libre y gratuita.

Camino adelantó en FM de la Calle que la disertación abordará distintos puntos: “De dónde viene el cooperativismo, los principios y la importancia de volver a ellos para saber a dónde vamos, los desafíos del contexto y tener claro qué representamos (la cooperativa como identidad)”, entre otros.

También aseguró que en nuestro país “es muy fuerte el movimiento cooperativo y siempre es importante volver a la educación cooperativa porque es un punto débil que tenemos. La gente que quiere conformar una piensa que va a ser sencillo, y el tema de la administración, involucrarse, es también algo importante para el socio, no es delegar nada más en el presidente, el secretario y dos más las responsabilidades porque a veces también es negativo para lo que va a suceder en el futuro”.

Además, hizo hincapié en las obligaciones de lxs socixs de “responsabilizarse en la gerenciación y la administración, conocer y no dejar que manos extrañas se hagan cargo de la cooperativa”.

Este tipo de sociedad sin fines de lucro “son una ventaja porque es un proyecto asociativo, colaborativo, que reúne voluntades, espíritus, conocimientos, capital. A veces es muy importante juntar capital para iniciar determinada empresa, es un beneficio importante que nos da la solidaridad de grupo”.

Sobre el contexto económico de hoy dijo “la recesión, los tarifazos –muchas empresas recuperadas afectadas por el fuerte aumento de las tarifas de servicios– que obviamente perjudican pero no solo a las cooperativas, a las PyMEs en general. El cooperativismo, por la solidaridad, puede soportar estos embates”.

Lxs alumnxs que quieran recibir certificado de asistencia deben inscribirse en: [email protected] y dejar ahí su datos.

 

Juan Manuel Larrosa, economista y docente del Departamento de Economía de la UNS, comentó los datos del IPCOnline del último mes y opinó sobre la meta inflacionaria del gobierno.

Sobre la expectativa del Ejecutivo de cerrar el año con una inflación en  un 15%, estimó que si “en marzo ya tenemos acumulado un 6%, muy tranquilamente a mitad de año vamos a llegar al 12% o 15%. […] De ahí, que en medio año tengamos que cubrir 2% es completamente irrealizable, es algo que hacemos en un mes. Esa meta en este momento no es viable, […] es un pensamiento mágico”.

Respecto a su percepción sobre la economía, manifestó que “va a estar muy parecido al 2017, que cerró en 21% o 22%. Este año –con suerte– cerrará en un punto menos. El tema es simple, si la inflación mensual supera el 1% vas a tener 18% o más de inflación anual. En los primeros tres meses ya se registra un total de 5,6%, tenés que compensarlo en los meses siguientes y no hay expectativa de que la inflación vaya a bajar tanto”.

Sobre la situación local, el equipo integrado por Larrosa, Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro (estudiante de Abogacía) y el ingeniero Juan Ignacio Uriarte computó 55.178 precios de sitios web radicados en la ciudad sobre 14.601 productos y servicios, que dio como resultado una inflación fue de 1,49% respecto a febrero. Un resultado bajo en comparación a “otros indicadores de Buenos Aires, como el INDEC, que cerraron en más de 2%”.

El economista también explicó que informan dos valores diferentes: el IPComún (1,49%) “que registra todas las variaciones, y después filtramos todo lo que tenga que ver con productos estacionales –frutas y verduras– y precios regulados –tarifas–, que es la inflación núcleo. Justo este mes tenemos una inflación núcleo más alta que lo común”.

Aseguró que a pesar de no haber tantos ajustes en marzo por el cuadro tarifario, “sí esperamos que en abril se registre un fuerte impacto de tarifas sobre lo que va a ser el IPC de abril, por el gas y el agua, y la actualización de las tarifas”.

Cabe destacar que entre los capítulos analizados, ocho registraron incrementos: Alimentos y bebidas, Vivienda y servicios básicos, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Transporte y comunicaciones, Esparcimiento, Educación, Otros bienes y servicios.

El Partido Justicialista de Bahía Blanca expresó su preocupación por la “arbitraria” decisión de la Jueza Servini de Cubría de disponer la intervención del Consejo Nacional del PJ.

“Resulta un atentado a la libre organización de los partidos políticos garantizada por la Constitución Nacional. Esta medida tiene una gravedad institucional inusitada que esconde motivaciones que en nada se condicen con la democracia. Resultan cada vez más evidentes los efectos de las presiones del Poder Ejecutivo sobre la Justicia para neutralizar cualquier opinión que manifieste no estar de acuerdo con sus políticas”, afirmaron en un comunicado Mario Simón y Hugo Álvarez, presidente y vice locales.

Según los dirigentes, “el fallo carece de todo fundamento legal, erigiéndose en un manifiesto de arbitrariedad. Es la intervención judicial la que apunta al vaciamiento del principal partido de oposición, dejándolo a expensas de los intereses electorales de la restauración conservadora en marcha”.

“Las autoridades del Partido Justicialista se constituyeron de manera legal, constitucional y sobre todo legítima, con dirigentes de altísimo valor militante y representatividad territorial. Denunciamos una arbitraria injerencia ‘judicial’ en la vida interna de nuestro Partido, por esto instamos a que se restablezcan las legítimas autoridades del Consejo Nacional ilegalmente desplazadas”.

“Hacemos responsables directos a la Jueza y al gobierno nacional de las consecuencias de esta intervención antidemocrática e ilegal que lleva entre sus objetivos ocultar el rechazo cada vez más generalizado del pueblo argentino a sus políticas de hambre y desempleo. Invitamos a todas las instituciones y partidos políticos a expresarse frente a esta afrenta institucional que en el futuro también pueden sufrir ante acciones políticas que no sean del agrado del poder de turno”, agregaron.

El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión un pedido de informes acerca de las gestiones realizadas por el Municipio en relación a la implementación del boleto estudiantil gratuito prevista por Ley para el ciclo lectivo 2018.

La iniciativa de la concejala Betiana Gerardi surgió de las reiteradas consultas de integrantes de la comunidad educativa local luego de anuncios realizados a la prensa por parte de funcionarios y por el intendente.

En su Artículo 65, la Ley de Presupuesto provincial dispone que el Poder Ejecutivo deberá asignar los créditos necesarios para la consecución de los fines establecidos en Ley N° 14.735 (Creación del Boleto Estudiantil Gratuito) a las jurisdicciones que resulten ser Autoridades de Aplicación.

El 16 de febrero, Héctor Gay manifestó que mantuvo una comunicación con el jefe de Gabinete Federico Salvai y que es necesario aprobar una ordenanza para la puesta en práctica del beneficio estudantil.

“Resulta necesario que desde el Departamento Ejecutivo se brinde precisiones en relación a cuáles serían las disposiciones que restan sancionarse para lograr el cumplimiento de la mencionada Ley”, preguntó Gerardi.

Por otro lado, y en relación a las cuestiones operativas vinculadas a la implementación del boleto, Gay dijo que “no es tan fácil instrumentarlo desde el punto de vista técnico, de las maquinarias” y que es necesario “generar toda la estructura en el sistema SUBE que lleva tiempo”. “En este marco, solicitamos el detalle de las gestiones realizadas desde el Municipio que tengan por objeto avanzar en los mecanismos aludidos”, afirmó la concejala.

Bahía Transporte Sapem informó la semana pasada la pérdida de recaudación que tuvo entre el 18 de enero y el 13 de marzo por la mala ejecución del nuevo sistema de estacionamiento medido y pago cargo de EXO. La cifra alcanza los 3 millones de pesos y son fondos afectados a subsidios que reciben instituciones de la ciudad y el boleto estudiantil.

Pablo Rosenfelt, concejal de Cumplir e integrante del directorio de la empresa, explicó que la información presentada “fue una contestación (del pedido de informe) de una carilla donde manifiesta que la Secretaría de Hacienda había evaluado –sin decir el método que utilizó– que la pérdida es de $3.400.000 y que recaudaron 400.000 pesos desde enero a marzo, pero en ningún lado existe algún expediente firmado por la Secretaría de Gobierno que avale lo que dice el informe. Falta muchísima información que vamos a requerir hoy y durante la semana”.

También difiere sobre el período estipulado para calcular la pérdida ya que “se tiene que contemplar hasta la fecha en que empiecen a funcionar bien los parquímetros porque hoy el sistema no funciona correctamente, es deficitario. Hay muchos reclamos al respecto […] y sostenemos que sigue perdiendo recaudación”.

“En definitiva el damnificado es el Municipio porque la plata que no entró al tesoro municipal son fondos precisamente del área municipal. Lo que me llama la atención es que quien le reclama a la Sapem no contempla lo que pasa hoy en día. Ellos tienen todos los mecanismos para medir concretamente cuál es el total que se tendría que haber recaudado hasta la fecha”, aseguró.

“En estos días vamos a pedir el expediente para ver cuál es el basamento que se tuvo para llegar a esa cifra y queremos ver si se ha firmado algún convenio entre EXO y Sapem, desde donde mencionan una posible triangulación: que Sapem no le pague el canon a EXO y que el Municipio no le pague el gerenciamiento a Sapem”, explicó el concejal.

Además dijo que hicieron dos pedidos de informe “uno a SAPEM -contestado parcialmente-, y otro al Municipio que no fue contestado. Se adjuntaron dos cartas documento intimando a EXO, y hay una sola respuesta donde la empresa niega absolutamente todo. La segunda carta no fue respondida”.

De acuerdo a lo expresado por Rosenfelt, “desde EXO dicen que están ejecutando bien el contrato y cargan las responsabilidades sobre Sapem y el Municipio, pero hay una contradicción flagrante: por lo que dice el informe [EXO] acepta que se le descuente el canon”.

En relación a lxs agentes de tránsito, el concejal aseguró que realizaron un pedido de informe (aun sin respuesta) “donde hemos preguntado la cantidad de inspectores que disponen, cómo van a hacer para tener un control más férreo del tránsito”.

Manifestó su preocupación por la recaudación de los parquímetros “que son fondos orientados a subsidiar al pasajero frecuente e instituciones de bien público (se le asigna partidas a los bomberos de White, de Cerri, de Cabildo). Hay varias entidades que dependen de la recaudación de parquímetros para su subsidio”, explicó.

La sexta publicación de la colección de Cuadernos del Sur -que edita la UNS- se presenta el domingo a las 17 en FerroWhite. Emilce Heredia Chaz, licenciada en Historia y compiladora de la obra, pasó por el estudio de FM De la Calle.

La propuesta “se enmarca dentro de un proyecto de extensión universitaria donde se propone abordar la historia local y regional y que los conocimientos que se generan en la UNS sirvan de material para docentes de nivel secundario. Los cuadernos son trabajos colectivos y se organizan en dos partes: la primera es el núcleo principal problemático y la segunda propone actividades […] para despertar en el aula más sentidos”.

El núcleo duro de este sexto cuaderno es la cuestión neoliberal. “La ventaja de afrontar problemas complejos [de la historia argentina] desde lo local es que a los estudiantes les vuelve más cercano esos problemas y tiene el potencial de que se cuestionen el territorio donde viven, el cual tienen más posibilidades de transformar”.

“La perspectiva de la historia desde ese marco trata de deconstruir ciertos momentos fundacionales desde los cuales los sectores hegemónicos cuentan la historia de la ciudad. Siempre problematizando pasado, presente y futuro, entendiendo que la historia es todo eso al mismo tiempo”.

Sobre las distintas fundaciones mencionó que “la primera fue en 1828 con la instalación del fuerte en territorio indígena, la segunda habría acontecido a fines del siglo XIX (y principios del XX) a partir de inversiones inglesas con las que se construye el puerto y el ferrocarril”.

“Esta tercera de nuevo estaría en manos de inversiones extranjeras, que siempre aparecen sin sujeto, nunca se nombra a las corporaciones transnacionales. […] A mediados de los ‘90 desde el municipio hablaron del ‘Plan Estratégico Bahía Blanca’, a partir de ahí, generaron la promesa de un futuro de grandeza, de progreso y desarrollo para toda la ciudad, un discurso que silenciaba el momento que se vivía en la ciudad”.

“El ‘aluvión de inversiones’ estaba generando a partir –y a pesar– de todo lo que se estaba construyendo: la privatización de los ferrocarriles, el desguace de muchas empresas y entidades estatales con un saldo de desocupación enorme que generó alrededor de 4000 despidos”, explicó.

Heredia mencionó que recuperaron el trabajo de Valentina Riganti sobre la explotación sexual de Bahía Blanca en ese contexto, “entendiendo que así como la ciudad es un centro económico en términos del flujo de bienes comerciales también lo es en términos de circuitos de trata y prostitución de mujeres”.

En relación a los conflictos socioambientales, remarcó que el flujo de inversiones extranjeras “tuvo su punto más álgido cuando ocurrieron los escapes del año 2000 en el Polo Petroquímico, al ver las asambleas, piquetes y respuestas que se generaron por parte de la sociedad”.

Una de las características del ‘discurso de la globalización’, que se puede ver en discursos como los del Banco Mundial, es que son procesos de cambio sin agentes. “Parecen cambios inevitables, que se nos vienen encima. Sin embargo los actores aparecían en términos de quién debía responder ante estos cambios: nosotros tenemos que responder, adaptarnos”, explicó Heredia.

Jaime Linares, intendente en ese momento, dijo el 11 de abril de 1998: “La cuestión es aceptar estos cambios espectaculares que hoy se notan en el perfil urbano y de las costumbres. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en la nostalgia trágica derivada de una etapa pasada que ya no volverá”.

la tercera fundacion

Sobre el consenso para el progreso de una ciudad, aseguró que una peculiaridad de los procesos de planeamiento estratégicos es que “se llama a lo participativo, pero ves la diversidad de actores –una corporación transnacional frente a una sociedad de fomento– y uno se pregunta hasta qué punto es posible (en términos de igualdad, de relaciones de poder y del conflicto que es parte de esa relación social).

Al consultársele si considera que el proceso de la tercera fundación continúa o terminó, aseguró que “no tiene una respuesta unívoca, no está bueno decir que ‘es todo lo mismo’ o ‘es todo diferente’ sino preguntarse por los movimientos de cambios y continuidades. Cuando se analiza ese espacio productivo donde se radicó todo ese cúmulo de inversiones extranjeras en los ‘90, Bahía Blanca fue la ciudad de la provincia que más inversiones recibió en ese momento y, aún con un Estado que redistribuyó más, esas empresas siguieron creciendo”.

Según Heredia, lo único que cambia en relación a la renta que sale de actividades extractivas es “que en un momento se reparte un poquito más o un poquito menos, pero eso no afecta el cúmulo de ganancia de esas empresas”.

Días atrás, el intendente Héctor Gay brindó un discurso muy similar al de Linares en el marco del aniversario de la ciudad. La historiadora comentó que “es muy fuerte ver esa continuidad a lo largo de las sucesivas fundaciones […], que ciertas características de ese discurso siguen vivas: la ideología del desarrollo, la cuestión que siempre está pateada a futuro, que la respuesta siempre va a venir de afuera”.

Parecería ser que “Bahía Blanca es una ciudad que se tiene que entregar a los mercados globales para lograr ese progreso, y eso lo va a posibilitar el puerto o el polo. Esa ideología del progreso en desarrollo es algo muy fuerte en esos relatos históricos forjados en sectores hegemónicos”.

*El Cuaderno Nº6 va a estar disponible en formato digital a partir de la semana que viene en la página web del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.

Carolina Recalde, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, explicó a FM De la Calle por qué pidieron al Concejo Deliberante que sancione la emergencia en el sistema de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante un proyecto de ordenanza.

En la asamblea del lunes participaron ONGs, concejales y consejeros escolares pero no participaron funcionarixs municipales. Se definió trabajar sobre los Servicios Locales que “hoy por hoy necesitan más recursos humanos y recursos económicos. Algunos sectores están colapsados y no tienen todas las personas que corresponden, muchas veces dijimos que tienen un solo vehículo para hacer las medidas de abrigo”.

Sobre la prevención de adicciones comentó que “en Bahía no hay ningún lugar que pueda contener niños o adolescentes con problemáticas de adicción o con patologías psiquiátricas. Tenemos el Centro Provincial de Atención pero deriva a otros lugares y hay pocos psiquiatras infantiles”.

Respecto a los pibes involucrados por la policía al homicidio de Agustina Bustos, quienes fueron escrachados en redes sociales, Recalde advirtió que “es un delito”. “En la ley 26.061, art. 22, se prohíbe publicar fotos y datos acerca de niños o adolescentes. No lo podemos permitir porque ahora tenemos que hacer un resarcimiento moral, esos chicos están estigmatizados. Desde sectores de la educación se están ocupando, la inspectora expuso cómo se está trabajando con la familia de los chicos el tema de volver a la escuela, volver a la calle. Va a ser complejo para los chicos, sus hermanos y para la familia”.

Sobre el recorte en talleres como Envión y cómo esto perjudica a niñxs y adolescentes afirmó: “El chico va por su propia voluntad, si el taller no tiene docente, no tiene horario, está cerrado, el chico se va. Y son talleres preventivos para contener, para poder trabajar”.

Recalde sostuvo que el Instituto Valentín Vergara “está colapsado de chicos, no pueden venir más de otras jurisdicciones porque no hay lugar y había chicos que dormían en condiciones insalubres”.

Desde el Consejo visitan servicios locales y hogares convivenciales donde hay chicas y chicos que “viven una situación compleja y que se está analizando su situación judicial para ver si son devueltos a su familia biológica o van en adopción”. De la misma manera planteó que “faltan proyectos de vida para los chicos y adolescentes. Los chicos que están en adopción son chicos que se les han vulnerado los derechos y pasan bastante tiempo en hogares. Necesitan proyectos de vida, talleres, contención”.

“Desde el Consejo Local no decimos que el Municipio no trabaja, queremos que las cosas se hagan bien, que se pongan todas las herramientas a disposición. […] Es importante que el presupuesto municipal sea puesto en Niñez y Adolescencia para que puedan tener una infancia y adolescencia como corresponde, desde la parte educacional, salud, protección y promoción de sus derechos”.

proyecto

Sebastián Rodríguez Maidana es el director de escuela vinculado mediáticamente a la investigación de la muerte de Mariana Sol Bruna, quien fuera abandonada en el Hospital Español tras una sobredosis. El docente dijo a FM De la Calle que su departamento fue allanado por error y que aún espera el llamado de la justicia para defenderse.

“Cuando me entero que mi nombre estaba vinculado al fallecimiento de esta nena, obviamente no entendía la relación porque no la conozco. No conozco a (el imputado Nicolás) Martínez, no conozco a nadie de los que están involucrados. Y a medida que va pasando el tiempo, a través de declaraciones periodísticas, y después lo puedo constatar por los testimonios que están en la causa, este Martínez indica un domicilio con algunas características que no coinciden en nada con el domicilio que yo alquilo desde el 15 de marzo”, relató.

“No sé porque motivo o en donde se produce esta distorsión, esta incongruencia, el allanamiento recae sobre mi domicilio y ahí empieza toda la cadena de hipótesis y de elucubraciones por algunos sectores de la prensa”, manifestó.

La causa por la muerte de la joven de 16 años está a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín. A partir de las declaraciones del imputado en cuanto a que la noche en que ocurrieron los hechos llevó a pedido de Bruna a otro hombre a un departamento del segundo piso de Uruguay 50 a comprar drogas, el fiscal Mauricio del Cero y la Policía Federal irrumpieron en el domicilio de Uruguay 51 alquilado por el docente.

Rodríguez Maidana no estaba en el lugar: “Estaba escuchando la radio el lunes a la mañana. Me encontraba en la casa donde viven mis hijos -estoy separado y este departamento lo había alquilado el 15 de marzo-. Por la radio me entero que me habían allanado el departamento y escuché mi nombre, la dirección y datos concretos sobre mi trabajo, mi vida cotidiana. Así me entero yo”.

“Después cuando voy al departamento veo todo el resultado: la puerta rota, bueno lo que se hace en un allanamiento”, explicó.

Las autoridades distritales de Educación separaron al docente de su cargo. “Técnicamente se dice relevo transitorio de funciones, es un artículo de estatuto que, al estar sospechado de alguna falta, manifiesta una serie de procedimientos”.