Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

El Consejo Interuniversitario Nacional se manifestó ante las denuncias presentadas por el fiscal Guillermo Marijuan a 52 universidades por el uso de 747 millones de pesos transferidos por el Estado Nacional en 2015.

“Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”, afirmaron.

“Es la misma denuncia que se hace a las 52 instituciones, se cambió el nombre, y los elementos que contiene en ningún caso particularizan ninguna situación, no es que haya una relación de hechos universidad por universidad sino que se plantea un conjunto de notas periodísticas de carácter genérico a partir de lo cual se establece una denuncia que en todo caso lo que hace es poner bajo sospecha todo el sistema de educación pública del país”, dijo a FM De la Calle el titular del CIN Guillermo Tamarit.

Agregó que “lo que estamos pidiendo es que se actúe con toda celeridad para que podamos establecer nuestras líneas de defensa porque tenemos una sospecha sobre nuestra actividad y ninguna posibilidad de contestar ningún hecho concreto, estamos en una situación muy disvaliosa que compromete el prestigio de la universidad pública”.

La declaración del CIN afirma:

  1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
  2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
  3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
  4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
  5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.

La Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle realizó este sábado un encuentro sobre “Comunicación y perspectiva de género” coordinado por la educadora popular y activista feminista Claudia Korol.

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Para desarrollar una comunicación que abogue por la igualdad de géneros, Korol propuso conocer el feminismo como marco teórico-práctico desde el cual la categoría de género se desprende.

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La integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía explicó cómo se articulan el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Sin el análisis de las operaciones y estrategias de estos tres sistemas no podemos posicionarnos desde una perspectiva distinta a la hora de comunicar. “Son cinco siglos de historia cultural, política y social la que nos atraviesa, la que ha constituido las relaciones de poder”.

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“Para poder pensar medios feministas, debemos ser activistas” y no solo en la comunicación comunitaria y popular sino también en los grandes multimedios. “Hoy estamos en una situación donde el nunca más, el ni una menos, debe ser multiplicado; acá está nuestro rol como integrantes de una sociedad”, afirmó.

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La Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle agradece a quienes participaron de cada espacio de debate y formación para alcanzar mayor profesionalismo y eficacia en la comunicación comunitaria, alternativa y popular.

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(Por Mariela Dobal) Luego de 10 años de recorrido y aprendizaje, diversos integrantes del sector debatieron y proyectaron acciones y realidades.

dscn7618Las 10° Jornadas de Economía Solidaria se realizaron en Bahía Blanca, como respuesta al trabajo que numerosas personas vienen construyendo en la ciudad y la región, en torno a este intercambio socio-económico-cultural basado en el crecimiento colectivo de comunidades que le escapan a la lógica capitalista de consumo.

dscn7635En esta oportunidad, y con la coordinación del área de ECOSOL de Cáritas Bahía Blanca, el sábado pasado se encontraron emprendedores/as, productores/as, artesanos/as, agricultores familiares y representantes de pequeñas cooperativas, para proyectar futuras acciones conjuntas, desde una perspectiva que valoriza el trabajo digno, el precio justo y el intercambio sociocultural.

dscn7667La jornada inició con una introducción y repaso de todos los logros conseguidos desde los distintos espacios que protagonizan esta otra economía posible, y continuó con dos mesas simultáneas de intercambio. Una de ellas discutió sobre cómo avanzar con la implementación de las Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias (P.U.P.A.S) para lograr la habilitación de la cocina comunitaria del Centro Integrador Comunitario de Spurr, y otra analizó el marco legal que debería contemplar un óptimo funcionamiento de la Feria del Lago y la de Villa Harding Green.

dscn7642Marina Huentenao, directora de Cáritas Bahía Blanca, compartió con FM De la Calle su emoción y alegría por “todo el crecimiento que estos años nos brindó el hecho de repensarnos como personas capaces de vivir en una sociedad más justa, donde existan debates superadores al derecho humano indiscutible del acceso a la salud, la educación y la vivienda de todos y todas. Creemos muy necesario fortalecer estos vínculos y producciones, y avanzar en marcos legales con un Estado activo que acompañe y respete las experiencias y prácticas de la Economía Solidaria, dándole legitimidad al trabajo de autogestión de numerosas familias”.

“Es gratificante escuchar a emprendedoras compartiendo todo lo que estos espacios han significado para sus vidas, porque si bien existen muchos hombres, son principalmente las mujeres quienes se empoderaron desde la elección, las palabras y sus saberes prácticos para defender y mejorar la organización cotidiana”, explicó Huentenao.

Actualmente en Bahía Blanca más de un centenar de familias promueven los valores de la economía social y solidaria. Quienes integran este concepto, tanto individual como colectivamente, “organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”,  tal se coincidió en la jornada por todxs sus participantes.

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Invitamos desde la comunicación alternativa y comunitaria a conocer y prosumir (producir y consumir) en la Feria del Lago, el local Reloj de Arena, el Banco de Telas que fomenta la producción textil, la granja agroecológica Los Tamariscos y las producciones de los distintos integrantes del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Solidaria bahiense, que tiñen de realidad cada palabra aquí expresada.

Sonia Sánchez está nuevamente en Bahía Blanca para participar de las actividades del Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia las mujeres, niñas y niños. A las 18, en Alem y San Juan, habrá una jornada de debate, cultura y música en la cual brindará una charla sobre “La deconstrucción política y social de la puta” y “la violencia y el lugar de las mujeres en las redes de trata y el sistema prostituyente”.

“Me hubiese gustado que mis maestras o profesoras me dijeran ‘Sonia existe la trata, existe la prostitución, existen los varones violentos y estas son las herramientas que vos tienes para protegerte, para decir basta’. Hoy no hay esas herramientas en las escuelas y tampoco en nuestras casas. Les invito desde mi militancia a que empecemos a hablar en nuestras casas, a que no miremos a Tinelli que es una gran fábrica de putas y de varones violentos, a que nos pongamos a pensar antes de votar qué estamos votando, a que sepamos qué es lo que nos están vendiendo nuestros gobernantes”, dijo en FM De la Calle.

La autora de “Ninguna mujer nace para puta” llegó para “incomodarnos” y preguntarnos qué estamos “haciendo para que otros varones no vayan más de putas, para que no usen a esas mujeres y no las conviertan en un objeto de uso y abuso y también preguntándole a las otras mujeres qué hacen ellas para desdibujar la frontera de la ‘buena’ y de la ‘mala’, porque también somos nosotras las mujeres las que sostenemos esta división que el patriarcado nos ha impuesto, las buenas en sus casas y las malas en los prostíbulos”.

“Seamos todas malas porque si somos todas malas podemos empezar a construir otra sociedad menos violenta para nosotras”, propuso.

Sonia pone en cuestión las políticas públicas nacionales y la restitución de los derechos de las mujeres “porque las que hoy caen en el tráfico de personas, en especial con fines de explotación sexual, son buscando trabajo”.

“A las mujeres en prostitución que están organizadas el gobierno les da desde el Ministerio de Trabajo un programa para que las mujeres que quieren dejar de ser putas, que no quieren que las prostituyan más, se conviertan en promotoras de derechos humanos. ¿Sabes cuánto les pagan? En la ciudad de Buenos Aires hace cuatro meses atrás 400 pesos, en La Pampa les pagan 1600. ¿Quién puede dejar de ser puta con 1600 pesos cuando Pinedo está diciendo que con 83 mil pesos a él no le alcanzan? Pongo en cuestión eso, es mucho más que solamente entrar en la discusión de reglamentar o abolir porque esa es la agenda neoliberalista”.

Afirmó que “el neoliberalismo ha bajado la necropolítica y en eso estamos, en especial las mujeres, nuestros cuerpos pueden ser alquilados, nuestros vientres son alquilados para seguir pariendo hijos para sostener este sistema. No son las mujeres ricas las que alquilan los vientres, son las empobrecidas. No son las mujeres ricas las que caen en el tráfico de personas, somos las empobrecidas”.

“A mí me hicieron puta en mi mejor edad, que fue mi adolescencia, yo fui el resultado de las políticas públicas argentinas (…) ¿Cómo deconstruí eso? Exigiendo los derechos porque nuestros derechos económicos, sociales, culturales y civiles no los debemos pedir, los debemos exigir. Yo pateo las puertas, no te pido por favor, y los denuncio con nombre y apellido”, concluyó Sonia.

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Los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio Ejército III reaccionaron fuertemente esta tarde cuando una testigo se refirió a la lentitud de las causas y la falta de controles sobre los imputados. Cristina Cévoli pidió celeridad incluso por el represor Osvaldo Floridia que lleva casi cinco años detenido sin condena y denunció que el imputado fue visto en una playa jugando al fútbol con sus nietos.

“Si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros”, dijo José Triputti. Jorge Ferro ignoró la labor del fallecido Hugo Omar Cañón y afirmó que el Ministerio Público “hasta el 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar”. El titular de la APDH local quiso manifestarse desde la platea de Colón 80 y fue retirado de la sala.

El fiscal Miguel Palazzani dijo a la testigo que “tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”. “Son palabras muy ponderables pero sin tribunal no tiene juicio”, retrucó el vocal Martín Bava quien se quejó de las “consecuencias físicas” que le trae viajar a la ciudad y agregó que “cuando vinimos acá nadie quería venir”.

Las audiencias se reanudarán el martes 29 de noviembre a las 15.

Cristina Cévoli es la esposa del sobreviviente de La Escuelita Eduardo “Bachi” Chironi, quien se presentó en la Policía Federal de Viedma cuando supo que lo buscaban y fue trasladado ilegalmente a dependencias del V Cuerpo de Ejército. La testigo declaró en la causa “Bayón” y fue nuevamente convocada para referirse a la intervención del represor Osvaldo Vicente Floridia en un allanamiento en casa de sus padres en diciembre del 76.

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“Lo identifico porque dos o tres días después de ese allanamiento fue a la casa de mis padres, él y (Héctor) Abelleira, me preguntó por qué estaba ahí, dije que era la casa de mis padres, que ellos tenían que explicar qué hacían ahí y me dijo ‘hacéte la viva nomás que te voy a llevar a Bahía como llevé al otro’. El otro era mi compañero ‘Bachi’ Chironi que había sido detenido el 13 de diciembre del 76 en la Federal y el 15 había sido trasladado a Bahía Blanca. Yo casi me muero del susto”, dijo Cévoli.

La ex presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro dio detalles de un amplio operativo del Ejército y la Federal en torno a la casa de sus padres. “Mi mamá me dijo que a media mañana habían tocado timbre unos hombres de particular, alguno con uniforme policial, que traían un papel en la mano y le dijeron que tenían que revisar el patio de la casa para buscar unas cosas, le dijeron que buscaban armas”.

Ella se encontraba con sus hijos en el domicilio de su suegra. Por la tarde “tocan timbre, atiende mi suegra y eran mi mamá y (el comisario) Forchetti. Mamá los había acompañado en la camioneta a buscarme porque le comentaron que ‘Bachi’ había dicho que yo sabía dónde estaban enterradas las armas”.

Para que no sigan destrozando el lugar Cévoli les indicó dónde había guardado una colección de El Descamisado, unos libros de Evita Montonera y publicaciones sobre la muerte de Perón, que su esposo suponía quemadas tiempo atrás.

“Yo soy una defensora de la justicia y me parece que estos procesos largos no son muy justos que digamos. Cuando uno exige justicia para uno mismo también tiene que exigirla por los demás. Me alegra que lleguemos a esta instancia, me alegra por él porque determinarán si corresponde o no que esté detenido pero por lo menos no está en una nebulosa”, dijo Cévoli sobre el policía Floridia.

Mencionó que “hace un tiempo le hicieron una nota radial y dijo que llevaba gente a Bahía Blanca en calidad de detenidos pero no sabía detenidos por qué. Lo cierto es que no los llevaba sentados, tomando mate y fumando. Los llevaba encapuchados, aterrados, tirados en un auto, así que realmente creo que se debiera haber dado cuenta. Es medio difícil pero realmente a mí me parece que sería necesario hacer un control un poco más estricto”.

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El juez Bava no quiso más “recomendaciones al tribunal” y dio paso al fiscal. “Me parece apropiado que se siga explayando sobre el tema, me parece legítimo e importante”, dijo Palazzani. “Hace unas dos semanas una persona de Viedma me comentó que había visto al señor Floridia jugando al fútbol en la playa con sus dos nietos. Eso quería contar”, agregó la testigo.

El presidente del tribunal, José Triputti, afirmó que “si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros. Tenemos nuestros tribunales con trabajos en nuestras jurisdicciones, el problema que existió en esta ciudad es un problema que la gente de esta ciudad no resolvió y se recurrió a jueces subrogantes e independientes entre los que estamos nosotros”.

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Bava se quejó de que “es la segunda vez que escucho la misma argumentación, me increpa a mí como parte del tribunal que yo soy el retardo de la justicia en cuanto a sus causas que ya he fallado y en cuanto a su testimonio que ya he escuchado”.

“Señora, el Ministerio Público es parte del Estado argentino y usted tiene derecho a exigir celeridad en estos juicios y el Estado se la tiene que dar, usted tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”, dijo Palazzani.

Jorge Ferro apuntó que “el Ministerio Público hasta el año 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar la dilación de los juicios y no he escuchado hasta este momento ninguna queja relacionada con los fiscales federales porque hasta la época del dr. Córdoba acá no hubo absolutamente nada y por eso tenemos que ser tres foráneos los que vinimos a hacer justicia”.

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El secretario de la APDH Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, quiso intervenir desde el público y el marplatense le ordenó: “Cállese porque lo puedo retirar de acá”. “No me pueden detener porque soy una víctima, me voy a retirar, esa es la prioridad de ustedes”, gritó mientras salía del recinto.

Ferro propuso “serenarnos” y continuar con el testimonio de Cévoli quien respondió preguntas de jueces y defensores y aclaró que su manifestación fue sobre “todo un proceso que convengamos que fue largo” y que participa “en todos los juicios no con la sensación de revictimización sino con la convicción de que así podemos ayudar a la búsqueda de la verdad y lograr la justicia”.

“Hacer justicia es muy difícil porque estamos valorando testimonios de cuarenta años atrás y lamentablemente la ciudad querida de Bahía Blanca ha tenido serios problemas con la justicia. Espero, rezo, para que los resuelva en paz, en democracia, como debe ser. No escuché nunca al Colegio de Abogados de acá con respecto a las falencias”, dijo Triputti y agregó que “si ustedes no lo defienden es muy probable que vengan otros o no venga nadie, yo no tendría inconveniente en irme”.

El Concejo Deliberante alcanzaría esta semana el consenso necesario para transformar en ordenanza un proyecto que “regule” los concursos de belleza y las elecciones de reinas. De aprobarse, dichos eventos no podrán contar “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y solo podrán participar adolescentes desde los 16 años con consentimiento de “ambos padres” y mayores de 18 libremente.

La agrupación impulsora del debate, Acciones Feministas, e integrantes de otras organizaciones volverán al recinto de Estomba y Sarmiento el jueves a las 14 para presenciar la sesión.

En junio, Integración Ciudadana propuso “la no realización” de concursos “en espacios privados de acceso público” y el desaliento comunal de “toda iniciativa privada que promueva su realización”. La Sociedad de Fomento de Ing. White, que realiza la elección de la reina del Camarón y el Langostino, se manifestó en contra.

“Sin necesidad de llegar a un extremo de la prohibición de los concursos de belleza, en procura de no atentar contra derechos personales e individuales, se propone establecer una serie de condiciones que regulen a los mismos, garantizando que se realicen en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad de género y dejando en claro que este tipo de iniciativas no se incluyen entre aquellas que deberían recibir forma alguna de aliento, colaboración o auspicio por parte del Estado”, dice el texto que se votará.

El despacho establece que los concursos de belleza que se realicen en el partido de Bahía Blanca no contarán “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y prohíbe la participación de menores de 18 años en certámenes en que “se evalúen atributos físicos” aunque permite una “autorización especial” para mayores de 16 con “consentimiento escrito” de “ambos padres”.

Dispone que los certámenes que se realicen con apoyo comunal no estén “ligados ni asociados a la evaluación del aspecto físico de mujeres y hombres y sean sustituidos por el reconocimiento a personas que en forma individual o colectiva se destaquen en el cultivo de valores ciudadanos, participativos y solidarios, fortalecimiento de la identidad y las tradiciones positivas, superación personal, conocimientos académicos o aptitudes artísticas o deportivas”.

Sus organizadores deberán “simultáneamente” y “por su cuenta” realizar “actividades de promoción de la equidad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y la discriminación y concientización sobre los efectos negativos de todos los tipos de violencia”.

La iniciativa prohíbe la participación de “funcionarios municipales y concejales como jurados” o en la entrega de reconocimientos, sugiere la conformación de una comisión asesora dentro del Consejo Local de las Mujeres para monitorear el cumplimiento de la ordenanza y “proponer acciones que acompañen, difundan y promuevan su espíritu”. Asimismo, quienes participen y “verifiquen acciones u omisiones contrarias” a la norma podrán denunciarlas “ante la autoridad que corresponda”.

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Los fundamentos

Los bloques coincidieron en “la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de determinados estereotipos de belleza que, sin duda, pueden menoscabar la dignidad de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes a partir de su participación en concursos y/o elecciones de representantes”.

El proyecto se inscribe en el trabajo de “distintos sectores” que buscan prohibir dichos eventos para evitar la “cosificación de la mujer” y la “violencia simbólica” impulsadas por “organizaciones feministas e instituciones” y continuada, por ejemplo, por las que integran la Red Local de Violencia de Género.

Si bien considera “que los concursos de belleza son una tradición en fiestas populares” destaca que “se pueden seguir desarrollando certámenes, concursos, fiestas patronales, etcétera, que continúen alimentando la tradición y la construcción de la identidad de las comunidades sin que ello suponga la discriminación o estigmatización de las mujeres”.

Sobre su carácter discriminatorio suma argumentos de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, del Comité de los Derecho del Niño y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“La cancelación de estos concursos de belleza debería encontrarse incluida en una reflexión más amplia sobre la equidad de los géneros y el lugar que las prácticas sociales tienen en la búsqueda de ésta y nos plantea un desafío pendiente que deberíamos re-pensar a la luz de los instrumentos jurídicos analizados”, afirma el despacho y agrega que “como lineamiento de mínima, se impone con urgencia la eliminación de todo criterio discriminatorio y lesivo del principio de igualdad que, en los reglamentos de estos certámenes, se estipula en relación a las aspirantes, estableciendo distinciones arbitrarias de oportunidades y de trato que nuestro sistema vigente de protección de los derechos humanos claramente no admite”.

(Por Mauro Llaneza) Este sábado se constituyó en la estación ferroviaria de Sierra de la Ventana la Coordinadora Pueblos por el Tren que reúne representantes de distintos partidos de la provincia que pretenden recuperar el servicio que brindaba Ferrobaires hasta la suspensión por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.

“No hay información oficial, no hay términos, no hay plazos, no hay alternativas para que la gente pueda trasladarse afectando muy seriamente sobre todo a las poblaciones de más bajos recursos”, afirmó a FM De la Calle Claudio Setti desde Villa Ventana.

Agregó que “hace unas semanas que venimos buscando la manera de coordinar estas luchas y justamente el sábado nos reunimos varias localidades. Aspiramos a pegar un golpe de conjunto en todas las poblaciones para ser más efectivos, estuvieron representante desde Punta Alta, Brandsen, Bahía Blanca, Pringles, Pigüé, Saavedra, Laprida, Chascomús, Puán, Ituzaingó y por supuesto los anfitriones de Sierra y Villa Ventana y Saldungaray”.

“Durante el transcurso de la asamblea tomamos simbólicamente las vías del ferrocarril que resaltamos que son las vías que nuestros mayores construyeron con su sudor para comunicar poblaciones y no para trasladar la mercadería de las corporaciones dejando afuera a los pueblos, a los usuarios”, comentó.

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Setti informó que con la asamblea de este fin de semana se pasó de la comunicación virtual a una coordinación de actividades que comenzaron este lunes con la presentación de un primer documento al Foro de Intendentes de la sexta sección electoral que se realizó en Pringles, “pidiéndoles que se pongan a la cabeza de esta situación”.

“El mayor mercader de la industria automotriz del país, casualmente ministro de Transporte, (Claudio) Dietrich dijo bien clarito que hay que reforzar el transporte carretero a contramano de la realidad del primer mundo al que ellos aspiran a vincularnos, donde en Europa y en todos lados se refuerza y se trabaja en ferrocarriles que comunican países, ellos plantean todo lo contrario. El ferrocarril acá para el transporte de mercaderías y modificar, mejorar, las rutas y autopistas para poner todas las fichas en el transporte carretero que es antiecológico, antieconómico, que excluye a gran parte de la población y con el recargo que significa en nuestras rutas en estado de abandono y accidentes”, advirtió.

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Por su parte, Valeria, vecina de Saavedra que se acercó a la asamblea en la comarca serrana, aseguró a FM De la Calle que la suspensión del servicio “realmente fue sorpresiva y nos dejó aislados porque somos una pequeña comunidad de dos mil habitantes que el único medio de transporte de larga distancia era el tren y ahora para tomarnos el tren chino que pasa por Saavedra y no para, hay que tomar el colectivo que sale tres o cuatro veces más e ir a Pigüé”.

“La última vez que viajé en tren, en junio, paró en Curamalál, en Arroyo Corto, en Saavedra y después iba a parar en Dufaur, en un tramo de 50 kilómetros, cuatro pueblos dependen de más recursos para viajar en colectivo e ir a Pigüé”, manifestó y agregó que también “perjudicó al comerciante que iba a buscar sus productos para vender más barato, a los estudiantes, a los jubilados. Yo gracias al tren pude estudiar, pude viajar y seguir comunicada con mi familia”. Destacó además la baja de viajes de familiares de detenidos en la unidad penitenciaria y el impacto en la economía local.

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Próximas actividades de la coordinadora:

-Sábado 3 de diciembre de 14 a 19: Jornada Ferroviaria con presentaciones culturales, debate y difusión en el playón de la Estación Sud de Bahía Blanca.

-Domingo 4 de diciembre: difusión de la problemática en la Gran Omelette de Pigüé.

-Sábado 10 de diciembre (horario a confirmar): segunda Asamblea Plenaria en Saavedra.

-Sábado 17 de diciembre: presencia en la conmemoración de los 106 años de la llegada de un tren que ahora no llega a Estación Solier de Punta Alta.

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Documento presentado al foro de intendentes:

La coordinadora PUEBLOS POR EL TREN, que representa diversas asambleas y organizaciones y hasta el momento incluye delegaciones de las localidades de Punta Alta, Bahía Blanca, Pringles, Pigüé, Saavedra, Laprida, Chascomús, Puán, Ituzaingó, Bandsen, Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray, en lucha por la inmediata restitución de los trenes de pasajeros de larga y corta distancia de ramales privados del servicio, se dirige a los Sres. Intendentes de ese importante foro a fin de solicitarles incorporen en vuestras prioridades la grave problemática que nos afecta y que a continuación detallamos.

El tren cumple un imprescindible servicio social para las poblaciones, permitiendo su traslado a escuelas, servicios de salud, destinos laborales, etc, siendo además un factor central en el desarrollo económico, político y social de los pueblos, poblados y ciudades que conecta.

Resultando de dominio público el amplio abanico de destinos afectados, que son prácticamente la totalidad de los incluidos la  6° SECCION, ocasionando a sus pobladores innumerables inconvenientes, muchos de ellos insalvables al no existir servicios alternativos al alcance de los usuarios, y dejando a muchos otros presa de servicios monopólicos, con tarifas privativas y prestaciones de cuestionable calidad.  La incertidumbre ocasionada por la suspensión inconsulta, absolutamente carente de información y plazos de restitución por parte de las autoridades, se agrava por la situación de los trabajadores del ferrocarril que ven perder, y en los mejores casos, peligrar sus fuentes de trabajo.

Queremos destacar que en otros ramales, mientras se realizan tareas de mantenimiento de magnitud tal que impidan la circulación de los trenes, se ofrecen servicios alternativos a igual costo del pasaje ferroviario, cubierto en forma provisoria por colectivos y combis, hasta la total normalización de los servicios ferroviarios, cosa que no se les ofrece a nuestras poblaciones, desentendimiento que resulta en graves perjuicios, especialmente para las amplias mayorías que obviamente, y como sistemáticamente ocurre, son los pobladores de menores recursos, resultando librados a su suerte al negársele el derecho constitucional a desplazarse libremente por el territorio nacional.

Es por ello que nos resulta de primordial importancia solicitarles su intervención con objeto de interceder ante las máximas autoridades por la urgente recuperación de los servicios ferroviarios, reclamo que entendemos prioritario de los vecinos en los municipios en que ustedes resultaron electos para representar y gobernar.

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El viernes se realizaron elecciones de representantes en los cuerpos colegiados de gobierno de la Universidad Nacional del Sur. La Junta Electoral informó los resultados provisorios mostrando un panorama sin cambios significativos y preponderancia del oficialismo.

El responsable de Prensa de la casa de altos estudios comentó los resultados y detalles del proceso electoral en diálogo con FM De la Calle.

La Asamblea Universitaria, compuesta por 72 miembros, quedará conformada por 16 profesor@s de la Lista Blanca (274 votos), 14 de Línea Phi (231 votos) y 6 de Universidad (107 votos).

También, por 5 docentes auxiliares de Auxiliares del Sur (513 votos), 3 de Línea Phi (398 votos), 1 de Convicción (152 votos) y 1 de Reforma Universitaria (128 votos). La representación de no docentes en este cuerpo será de 1 para la lista Azul (262) y 1 para la lista Celeste (222).

En el caso del alumnado, los votos obtenidos hasta el momento por cada lista son: Unidad: 2770, Generación UNS: 2081; Nueva Universidad UNS: 876; Puño y Letra e Independientes: 335 y Franja Morada: 224.

Como la Junta Electoral resolvió anular los votos emitidos por estudiantes empadronad@s en todas las sedes del PEUZO, cuya participación en estos comicios se reprogramará en instancia a definir por el Consejo Superior Universitario, restan sufragios para conocer con exactitud la cantidad de representantes que podría obtener cada agrupación.

En el Consejo Superior Universitario –se reitera que según los resultados provisorios, y que esta composición puede variar en caso de votos recurridos- la lista Blanca logró 4 consejer@s (275), Línea Phi 4 (232) y Universidad 1 (105).

Las bancas de auxiliares de docencia se distribuirán en 2 para Auxiliares del Sur (522) y 1 para Línea Phi (392). En tanto, Convicción (146 votos) y Reforma Universitaria (137 votos) no lograron consejer@s. El único escaño para el sector no docente fue para la lista Azul (266).

En cuanto a los votos del claustro de alumn@s, se repartieron de la siguiente manera: Unidad, 2790; Generación, 2047; Nueva Universidad UNS, 885; Franja Morada, 233; y Puño y Letra e Independientes 336.

En el caso de l@s alumn@s representantes de cada lista en el Consejo Superior, se aplica la misma salvedad que para la AU respecto a la anulación de las mesas del PEUZO.

Luego de realizarse los sufragios de estudiantes de la zona, se darán a conocer los resultados de las elecciones Departamentales, en donde además de conformarse los nuevos Consejos de cada unidad académica, los colegios electorales tendrán a su cargo la selección de decan@s.

El Padrón Electoral estuvo compuesto por 775 profesor@s, 1622 docentes auxiliares, 7670 alumn@s y 597 no docentes.

Votaron efectivamente más del 82% de l@s alumn@s; casi el 79% de los profesores, más del 73% de los auxiliares y más del 81% de los no docentes. El porcentaje general de asistencia fue cercano al 79% de habilitad@s para sufragar.

Se publicó en el Boletín Oficial una modificación a la ley de drogas 23.737 que incluye a los precursores químicos dentro de la descripción de los tipos penales, faculta al Poder Ejecutivo para confeccionar y actualizar listas de los mismos, y establece la obligatoriedad de inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos de aquellas personas físicas y jurídicas que legítimamente utilicen esas sustancias. También se actualizaron las multas dinerarias de varios tipos penales.

La noticia generó dudas y confusión entre autocultivador@s y consumidor@s de marihuana que entendieron que se trata de “una nueva cruzada legislativa” en contra de sus derechos. Para Mariano Fusero, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, la penalización anticonstitucional del autocultivo está intacta y su criminalización sigue librada a la “ruleta judicial”.

“La inclusión de precursores químicos es hasta una deuda pendiente porque hubo mucha confusión también respecto a si estaban contemplados dentro de la ley de drogas”, dijo el especialista en diálogo con FM De la Calle. “Judicialmente se debatían si los precursores químicos -por ejemplo la efedrina o el tolueno que son utilizados para el desarrollo de determinadas drogas como las sintéticas (…)- se consideraban dentro de los términos de la ley como una materia prima o no, o si estábamos hablando, por ejemplo, de la hoja de coca”.

“Para terminar esa confusión es que se incluye claramente el tema de los precursores químicos dentro del texto de la ley, penalizándolos a igual grado que se realiza respecto a otras conductas como es la producción, el comercio, la tenencia para comercialización -no la tenencia para consumo-, etc. No hay ningún consumidor que en la práctica tenga precursores químicos en su poder ni en su casa como para desarrollar una droga de diseño. Se está criminalizando lo que sería la cadena de tráfico”, explicó.

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Fusero subrayó que “el autocultivo ya estaba criminalizado, o sea, con la misma pena que en la actualidad que es de un mes a dos años. La tenencia para consumo personal, que es donde versa el fallo Arriola de 2009, también se encontraba criminalizada y nunca varió la ley a pesar del fallo Arriola. Todo eso no cambia, con lo cual vale la pena aclararlo una y otra vez como para brindar cierta tranquilidad en ese punto, que vale aclarar también que estamos en la misma situación de inconstitucionalidad que antes, no es que estemos bien, ni mejor ni nada. Estamos igual”.

“No hay una cuestión numérica de decir ‘a partir de determinada cantidad de plantas uno puede estar exento de una pena o no’. Es una cuestión de discrecionalidad judicial que es muy peligrosa porque hay fallos que en la práctica dijeron que un número de 110 plantas eran para consumo personal o que no había muestras o indicios de comercialización. Le cabe la duda a favor de la persona, el Estado es el que debe demostrar que esa persona estaba cometiendo alguna conducta de comercio, de tráfico, no es la persona que tiene que demostrar su inocencia”.

“Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires principalmente, por cinco plantas bajaron una pena de prisión de alrededor de cuatro años de cumplimiento efectivo y esas sentencias están hoy por hoy apeladas y las personas pasaron largos meses en prisión preventiva. Es una ruleta judicial: dónde cae, en qué jurisdicción, bajo qué fiscal, bajo qué juez, va a tener un criterio un poco más abierto, más progresista, o un criterio mucho más punitivista de presumir que esa persona estaba cometiendo un acto de tráfico cuando no hay ningún indicio”, afirmó.

Allí continúa vigente la deuda del Congreso de adaptar la legislación al fallo Arriola de la Corte Suprema, situación que “afecta principalmente a las personas más vulneradas, que no tienen acceso a una defensa técnica relevante y se ven compelidos a una criminalización que la mayoría de los casos lleva a una aplicación a veces tardía del fallo Arriola, pero se ven vinculados a todo un proceso penal que ya significa prisión preventiva, estigmatización social, familiar, laboral, toda una serie de perjuicios respecto de los consumidores que afectan sus derechos y causan un daño más allá de que la causa quede en nada”.

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La Defensoría Oficial de Bahía Blanca presentó en septiembre un Hábeas Corpus correctivo ante la Jueza de Garantías N°1, Dra. Gilda Stemphelet por “las inhumanas condiciones de detención de quienes están privados de libertad en la Comisaría Primera de Bahía Blanca”.

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El Defensor Oficial, Dr. Carlos Carnevale, dijo a FM De la Calle que “se establecieron plazos” para normalizar la situación por lo que aún “sigue habiendo 21 personas” y ello “excede la actuación judicial”. El abogado explicó que decidieron darlo a conocer públicamente porque la situación se repite desde hace años. “Llegó a haber 32 detenidos”, informo´.

“La dependencia policial sólo está habilitada para tener a 8 personas detenidas”, sin embargo, “en promedio se encuentran alojadas 30 personas, contando con un solo baño para todas ellas, sin poder acceder al mismo en horas de la noche” (ver fotos).

A esta grave situación se suma al oscuro escenario carcelario que “no cuentan con elementos de seguridad. Algunos incluso deben dormir en el suelo. La comida no alcanza para el excesivo número de personas. Ninguna de las celdas posee luz natural”.

La Dra. Stemphelet comunicó esta grave situación a la Suprema Corte Bonaerense teniendo en cuenta la responsabilidad internacional que podría caberle a nuestro país por el incumplimiento de las reglas mínimas de detención. La Corte ordenó que en forma inmediata se informe a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de nuestra provincia para que tomen las medidas pertinentes a fin de revertir el estado pésimo en la que se encuentra la Comisaria 1° de nuestra ciudad.

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“Pese a todo lo actuado las condiciones inhumanas de detención no han cesado y por el contrario se ha agravado, por lo que en el día de martes se realizó una nueva presentación ante la Jueza de Garantías en turno, Dra. Susana Calcinelli, “quien ordenó, ese mismo día, el inmediato traslado de TODOS los detenidos fuera dicha dependencia policial”.

En consecuencia, por disposición de la Sra. Defensora General Dra. Graciela Cortazar, funcionarios de la Defensoría Departamental, constataron que pese a lo dispuesto por la magistrada de garantías, hay 21 detenidos, sin que hayan mejorado en forma alguna las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran.

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Ayer por la tarde un grupo de personas de Ingeniero White realizaron una protesta ante los reiterados sucesos de falta de protección ciudadana y cuestionaron la complicidad del poder político encabezado por el delegado municipal, Marcelo Acosta. La marcha “se hizo por los ocho meses del fallecimiento de Ángel y por lo que pasó con el comerciante del supermercado chino”, a quien le rompieron una botella en la cabeza en un aparente intento de robo el domingo, minutos antes de las 20. “Ya se escapa de todo lo que está pasando acá”, dijo a FM De la Calle la tía del joven músico, Viviana Almada.

Tuvieron un encuentro con funcionarios policiales. Estos les comunicaron que reforzarían medidas de seguridad, Sin embargo, Almada sostuvo que “ya no creemos más nada. Estamos todos cansados. White es tierra de nadie”.

Con respecto al comerciante chino, la vecina relató que “a media cuadra de la comisaria” al comerciante “le dan un botellazo en la cabeza y hoy está peleando por su vida. Minutos antes, estos mismos delincuentes habían salido de la Cooperativa (Obrera). La encargada (de la sucursal) llama al 911, los sacan a estos dos malvivientes, los dejan en la vereda y la policía se va”. De inmediato, “cruzan la calle y matan al señor; porque realmente el estado del señor está irreversible”.

En ambos episodios hay un factor común como epicentro del conflicto y blanco de las críticas de la comunidad: el delegado del gobierno municipal, a quien el intendente ha respaldado hasta el momento. En el caso de Ángel, está acusado por la comunidad y familiares de encubrimiento. Con respecto al comerciante, “salió de la policía” la información de que “el señor delegado había dado esta casa a esta gente”.

“Sabemos que a nadie le importa. Sabemos que lo encubren tanto. Sabemos que la corrupción es terrible”, aseveró.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en cambio, tiene una fluida relación con Alamada a través del Ministerio de Justicia y la Secretaría Privada de la Gobernación. Hoy se reunió con “un abogado porque llegó una pericia de Ángel de Mar del Plata. Aparentemente no participó una tercera persona del hecho”, en referencia a la caída del puente que costó la vida de Ángel.

Algunos medios amplificaron el mensaje como si se tratase de una sentencia judicial. Sin embargo, Almada leyó “la nota en un periódico digital y me comuniqué con el fiscal Zorzano”. El funcionario judicial le dijo que “la nota está muy agrandada y que todavía no se descartó nada”.

(Por Equipo de acompañamiento al caso) Es adolescente, pobre y víctima de violencias múltiples: el caso de la jovencita madre de Monte Hermoso y su niño abusado son la evidencia de una problemática social a partir de la cual se deben alcanzar soluciones integrales como una necesaria perspectiva de género y de consideración de las intersecciones de opresiones y violencias.

Estamos ante un caso de imposibilidad del acceso a una justicia justa en términos de derechos, esta sería una justicia que considere la perspectiva de las intersecciones de vulnerabilidades y esto debiera manifestarse en las políticas, los programas, los servicios de salud que abiertamente han reproducido en este caso la violencia de género sufrida revictimizando a dos menores víctimas de violencia sexista.

La jovencita tenía 14 años cuando quedó embarazada de Pablo Baldevenito, de 19 años, en ese momento estudiante para el ingreso a la Prefectura Naval en Ingeniero White. Ella fue víctima de violencia de género desde el comienzo de la relación, acrecentándose en el transcurso de la misma, con el embarazo y cuando es trasladado a Capital Federal a estudiar en Prefectura.

Fue una joven violentada antes, durante el embarazo y luego del nacimiento del niño. Recibía golpes, amenazas, hostigamientos, control permanente incluso al punto de dejarla encerrada junto a su hijo días enteros hasta que el llegaba de su trabajo en la prefectura. Su niño fue víctima también de golpes de este hombre y esto ha sido denunciado por su madre. Estas denuncias todas han sufrido el camino que sufren la mayoría de este tipo de denuncias, han sido “cajoneadas” en la comisaría de la mujer de Monte Hermoso.

El círculo de violencia se sostuvo mucho tiempo, con maltratos, amenazas, hostigamiento, violencia psicológica. La familia de la jóven acude a buscarla a Capital Federal en uno de los episodios de violencia y la trae a Monte Hermoso.

Su padre viajaba a verlo desde Capital Federal. El niño llega un domingo luego de la visita con su padre afiebrado, según el padre “estaba insoportable” por eso le pidió llevárselo a su mamá. El niño es llevado al hospital regional, donde en medio de los estudios le preguntan a la madre si ha sido víctima de violencia, ella informa que sí, ella y el niño, de parte del progenitor. A partir de allí se realizan estudios y se detecta que el niño había sufrido abuso sexual de parte de un hombre que no se pudo identificar la identidad por el tiempo transcurrido para los exámenes de líquidos en el cuerpo del niño.

Luego de un mes de internación en el cual la joven recibió hostigamientos de Pablo Baldevenito para que retire las denuncias de violencia de género, amenazas incluso con ostentación de uso de arma reglamentaria, acusaciones del progenitor del niño de que culpa suya de no haber accedido a volver a estar en pareja estaba en esas condiciones el niño.

En todo ese mes el hombre vio al niño, no se restringió desde la fiscalía a cargo del Fiscal Mauricio del Cero a ninguno de los seis hombres de la familia que podrían ser sospechosos ya que se menciona al círculo familiar como suceptibles de ser considerados responsables del abuso. No hubo investigación en el mes en que se conoció el hecho que permita dilucidar o al menos alejar al niño de posibles abusadores, si se condenó a la madre. Recibió maltratos, acusaciones, humillaciones de parte del personal del hospital.

El Consejo Local de Niñez y Familia elaboró un informe basado prácticamente en información proveniente de informes médicos del hospital que no consta ningún peritaje que permita acusar a la madre del abuso, además se basó en entrevistas a la familia del padre, quienes salieron en los medios durante todo el mes en que el niño estaba hospitalizado acusando a la madre del niño de la situación.

El juez de familia Orlando Daniel Mattii (juez suplente), firmó la solicitud del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de autorizar una medida de “abrigo compulsivo”. Desde ese día, por autorización de este juez a que se utilice la fuerza policial, el niño fue traslado en un móvil policial a una institución denominada “Casa del Niño” en Punta Alta. La madre se encuentra en Monte Hermoso a 90 km. de distancia y puede ver cada dos días a su hijo, el régimen de visitas favorece al padre quien puede seguir viéndolo con mayor asiduidad que la madre y no se ha restringido la visita a ningún hombre de la familia.

Su abogado Leandro Aparicio está denunciando tanto estas violencias de género que la joven venía atravesando como así también la violencia institucional de la que ha sido víctima. Estamos ante una situación de revictimización, de vulneración de derechos que como madre adolescente le asisten, de una inexistente perspectiva de género en el abordaje del caso en cada una de las instancias de la política pública.

Estamos ante una intersección de opresiones que se consolidan en el acto judicial y policial -ya que fue con la presencia policial que se le retira el niño de sus manos en el hospital- de alejar a la madre de su hijo en una acción acusatoria de la mujer.

Las circunstancias de mayor vulnerabilidad en la que se encuentra esta joven por su edad, su condición social, haber visto interrumpida su escolarización, por ser víctima de violencia de género, son las que justamente obligan al estado a garantizar una mayor protección, a tener un “plus” o “extra” de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes.

Esto no sólo se encuentra consignado en el Código Civil sino que también se encuentra establecido por la Ley de Violencia de Género, por los pactos y tratados de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional y supra legal.

Este jueves el Frente Gremial Docente realizará un nuevo paro en demanda de la reapertura de la paritaria en la provincia de Buenos Aires tal como habían acordado con la gobernadora meses atrás. “Llegamos a fin de año bastante angustiados y devastados porque habíamos entendido que este gobierno había puesto en su agenda como puntos número uno la salud y la educación y ya estamos a casi un año y seguimos en iguales o peores condiciones que antes”, dijo a FM De la Calle Paula Repetto.

La dirigenta del Centro de Educadores Bahienses aseguró que “estos reclamos y este paro son la consecuencia de todo lo que el gobierno no hace y eso lo queremos dejar bien en claro porque muchas veces se pone la culpabilidad en el docente sin mirar que estuvimos todo un año esperando y haciendo reclamos, pidiendo que nos convoquen a las mesas técnicas salariales porque a nuestros sueldos la inflación los ha superado ampliamente y ya no nos alcanza, pero también está la otra cuestión que tiene que ver con las condiciones de salud laboral”.

Desde el Frente Gremial advirtieron que “la pérdida del poder adquisitivo proyectada es superior al 10%” y que persisten las irregularidades en el cobro de los salarios. Tampoco se garantiza la cobertura total de cargos ni las condiciones dignas de enseñar y aprender por la no inversión en infraestructura.

“El presupuesto en la provincia de Buenos Aires se reducirá en un 3% ($16.533.000.000) que equivale, entre otras cosas, a la construcción de 1764 jardines de infantes y 998 escuelas secundarias. Se redujeron y congelaron los cupos, siendo además insuficientes las partidas para los Comedores Escolares (SAE) dada la subejecución del Presupuesto Educativo 2016. En provincia se destinan $12 para la dieta alimentaria por alumno y en CABA más de $40”, plantearon los sindicatos.

El fiscal Eduardo Zaratiegui dijo a FM De la Calle que la muerte de Gabriel Burgos Melo se debió a “una infracción a las normas de seguridad e higiene y consecuentemente este accidente”. Agregó que cuando se refiere al término “accidente” lo hace “entre comillas porque realmente esto no es un accidente como podría ser un rayo en la calle: es consecuencia directa a esta infracción a las normas”.

La causa está caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas”.

Las pruebas las tomó “gente de policía científica” y serán “objeto de pericia”. Para el fiscal “parecieran ser responsables el director técnico de la obra y el responsable de seguridad e higiene de la misma”, desde el punto de vista penal.

Según el funcionario judicial, con la documentación acumulada hasta el momento, habrían fallado “las paredes de contención laterales que debieron haber estado colocadas. En toda zanja que tiene cierta profundidad debe haber medidas para evitar el derrumbe. En zanjas de profundidad no es excepcional que se produzcan deslizamiento de tierras y en consecuentemente derrumbes”.

“Además ahí el terreno es muy arcilloso, seguramente había filtración de agua de los desagües fluviales y la misma vibración del tránsito y de las máquinas que trabajan pueden provocar este deslizamiento”, explicó.

De esta forma, la investigación penal apunta a los responsables directos encargados de la seguridad en la empresa Mapsa Ingenieria.

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Algunos bloques del Concejo Deliberante discuten modificaciones o propuestas alternativas al proyecto de Integración Ciudadana para “dejar sin efecto todo procedimiento administrativo que permita o habilite por parte del Municipio concursos de belleza”. Según la edila Betiana Gerardi, desde el Frente para la Victoria apuntan “a algo mucho más serio y más amplio”.

La iniciativa de Miriam Iantosca (IC) cuestiona las elecciones de reinas por “discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica” y advierte que el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer y promoviendo medidas que eviten la violencia simbólica, en el marco de la ley 26.485”.

El jueves, cuatro meses después de su presentación y luego de escuchar opiniones a favor y en contra desde la Banca 25, las firmas de Integración Ciudadana no alcanzaron para que el tema sea debatido en sesión. Un grupo de militantes feministas -que esperaron tres horas sin ningún tipo de explicación- mostraron su enojo y preocupación ante la falta de compromiso del cuerpo en la toma de medidas contra la violencia machista y para la adecuación de las normas municipales a la legislación nacional.

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Verónica Bajo de Acciones Feministas dijo apuntando su megáfono a las espaldas legislativas: “No queremos ver a ningún concejal o concejala en las marchas del #NiUnaMenos, no nos vamos a cansar de escracharles porque no pueden dar tantas vueltas para pensar que una piba desfilando en tanga es violencia simbólica o no. Están avalando que se midan mujeres en una fiesta, que les midan las tetas, la cintura y el culo, ¿no les da vergüenza? ¿Qué tienen que discutir?”.

“¿Cómo pueden tener esta cara, las mujeres, cuál es la sororidad, la solidaridad de género? Quiero saber, mujeres, ¿dónde estaban la noche de Micaela? ¿Estaban con las chicas? Tienen que votar esto porque es todo el mismo circuito de violencia patriarcal y machista, gente, se están equivocando muy mal, están equivocando el camino, nos da mucha pena tener que irnos de esta manera de este recinto”, afirmó Silvia Palumbo, integrante de DesBandadas.

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La secretaria de CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Ana Canullo, agregó que “no pueden no sensibilizarse con esto, espero que mañana esto salga en todos los medios, lo que los concejales y las concejalas se negaron a tratar hoy, no se los vamos a dejar pasar y las vamos y los vamos a seguir escrachando porque se trata de la salud, de la salud de niñas, de adolescentes, de mujeres, no es una pavada”.

El día después

Para la autora del proyecto “era innecesario lo que pasó el jueves porque venimos preguntando qué le falta, las organizaciones visitaron los bloques para ver si necesitaban alguna información porque sabemos que esto es un cambio cultural y que se necesita un tiempo”.

“Creo que fue un tiempo prudencial, semana a semana, trayendo diferentes propuestas, llevando herramientas y que el día anterior no dijeron que no lo iban a tratar como el jueves anterior que sí me pidieron que lo bajara. Tienen razón las organizaciones, nadie bajó a explicarles las otras agrupaciones políticas que estaban ahí que sabían cómo son los tiempos legislativos o qué es lo que podía llegar a pasar, eso motivó el enojo, el silencio, e inclusive cuando hablaban no las miraban”, dijo Iantosca.

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En diálogo con FM De la Calle, Bajo ratificó que “nadie nos dio ningún tipo de explicación” y calificó la negativa a debatir la ordenanza como “un boicot muy importante”. Destacó que “si hay un proyecto superador se podrá discutir más adelante pero por lo menos debemos desvincular a la Municipalidad de la elección de la reina o de los concursos de belleza”.

La intención de “profundizar un poco más el tema de la cosificación de la mujer, que no quede solo en una prohibición sino que vaya más allá, apuntando a un tema educativo, a una concientización” fue evidenciada por Betiana Gerardi, presidenta de la Comisión de Educación. La legisladora aseguró que el “gesto” de Educación fue despachar el proyecto a la comisión de Legales para mostrar que “seguimos discutiendo el tema”.

“Se le presentó de parte de Cambiemos un despacho alternativo a Miriam Iantosca del cual no aceptó los cambios que se estaban haciendo, pedimos que pase al Consejo Local de Mujeres y que sean las propias mujeres las que charlaran y conversaran tanto del proyecto de Iantosca como de este despacho que había hecho Cambiemos. En el Consejo Local de Mujeres -que fue el día miércoles- no se llegó a un acuerdo, no pusieron ninguna objeción, no hicieron cambios ni nada por el estilo entonces el jueves a la mañana estuvimos trabajando sobre el tema”.

“Como concejales nos enteramos que el tema se iba a tratar el jueves por las redes sociales y no por lo que nos corresponde que es el orden del día”, se quejó.

Para Gerardi “los concursos de belleza llevan a la cosificación de la mujer pero estamos diciendo que eso solo no resuelve el tema de la cosificación de la mujer, queremos ampliar un poquito más lo que tiene que ver con esta ordenanza o armar una distinta si no llegamos a un consenso de un despacho conjunto”.

Ante el pedido de detalles sobre el borrador, la concejala afirmó: “Si nos llamás la semana que viene te presentamos el proyecto conjunto para no poner a discusión algo que lo estamos charlando acá en el seno del Concejo Deliberante”.

Fue la de Gabriel Burgos Melo. Hay tres heridos más. El joven trabajaba para Mapsa Ingeniería. Su muerte ocurrió ayer, luego de un derrumbe, en calle Soler al 100 en el marco de la realización de un trabajo de tendido eléctrico. La justicia deberá investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad pertinentes.

Al respecto, el referente de la UOCRA Guillermo Molina dijo a FM De la Calle que “la zanja se derrumba porque la empresa se corre del proyecto original y decide socavar 30 centímetros más por debajo del encofrado de la vereda lo que hace que esta ceda”.

“Era un frente de trabajo que estaba por fuera del programa de seguridad elaborado por esta obra. El programa de seguridad lo hace un ingeniero en seguridad de acuerdo a las características de cada tipo de obras. En el desarrollo de la obra el técnico en seguridad es que el que va haciendo cumplir ese programa”, explicó.

“Evidentemente, ayer no había ni un técnico comprobando que se lleve a cabo. No es habitual” que se trabaje un domingo, “sobre todo en esta obra donde el comité no autoriza a trabajar los fines de semana. Ha sido una decisión extemporánea de la empresa. Tendrá que dar explicaciones”.

El sindicato hizo cinco denuncias contra esta empresa en el Ministerio de Trabajo por la obra en cuestión y otras. “Los organismos de contralor son el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Obras Municipal que es la que libera los permisos. No tenemos constancia de que hayan hecho los controles”.

Por su parte, la Secretaria General de la CTA Bahía Blanca Coronel Dorrego, Ana Canulo, dijo a este medio que año a año la estadística de muertes por precarización laboral “se va engrosando. La precarización laboral se lleva estas vidas. (En) estas empresas son todos trabajadores tercerizados. En este caso trabajaba para EDES pero es contratista de otras empresas como ABSA”.

“Un domingo al medio día cuando muchos jóvenes salieron a divertirse, este pibe estaba trabajando, seguramente ganaba dos mangos y perdió la vida en una zanja. Da una amargura tremenda pensar que la vida nuestra vale dos mangos y que la ganancia de las empresas siempre es prioritario”, agregó.

La dirigente observó que “ahora todo el mundo sale a excusarse” (en referencia a los escuetos comunicados emitidos por autoridades municipales y provinciales)  y que “es al Estado a quien tenemos que exigirle que controle a estas empresas y les exija todas las medidas de seguridad”.

Al momento de las primeras tareas de auxilio, fueron agredidos periodistas y personal de prensa abocado a cubrir lo ocurrido.

 

(Por Giuliana Crucianelli) “Quiero contarles lo que me pasó. Los medios son un recurso importantísimo en la búsqueda de una nena”, dijo Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega en la charla sobre violencia simbólica y mediática organizada por ¿Quién Te Juna? y el Frente Julieta Lanteri. Además, disertaron Verónica Bajo de Acciones Feministas y la periodista Virginia Calzada Frache.

La violencia simbólica está tipificada en la ley 26.485, aprobada en 2009 y reglamentada en 2011, y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca la desigualdad, discriminación y subordinación de la mujer en la sociedad.

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“Estamos cansadas del doble discurso de lxs concejalxs, se sacan fotos con el cartel del #NiUnaMenos para después aplaudir o avalar la violencia simbólica”, dijo Verónica Bajo, impulsora del proyecto para desalentar la participación del Estado en los concursos de belleza. “Después de más de  cuatro meses desde que la concejala presentó el proyecto no lo quieren tratar. Hay resistencia,  falta de interés y falta de compromiso”, agregó.

Virginia Calzada Frache se refirió al rol de los medios en casos de violencia de género y femicidio. “Como primer paso para que seamos visibles, tenemos que nombrarnos. El lenguaje no es algo menor, es fundamental. Hay que empezar a incluirnos”.

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Señaló que hay que empezar a hablar de todas las violencias además del femicidio, violencia sexual, económica, psicológica y en los diferentes ámbitos tales como el doméstico o institucional.

“¿Para que nos sirve a los medios publicar ciertas cosas? ¿Ayudan? Hay cosas que no, hay cosas que son puro morbo”, concluyó la periodista respecto a la necesidad de preserva r la intimidad de la víctima.

“Siempre tuve bien claro qué necesitaba de los medios, que mostraran su cara, el número de teléfono y que era de Bahía Blanca. Cuando llegaron los medios nacionales me pidieron cosas de Mica, yo las mostré. Y después me pidieron que les muestre el cuarto, yo tenía el pedido de la policía de no dejar entrar por resguardo del lugar. Y la noticia fue que la mama de Micaela ocultaba información. Innecesario”, señaló Mónica Cid.

La mamá de Mica afirmó que “tenía que decirle a mis amigos y familia que no lean los comentarios, que no contesten. Y en uno de los diarios decía ‘“La nena de Bahía Blanca tenía más de cinco perfiles de facebook’, era innecesario. ‘¿Dónde estaba la mamá de Mica cuando ella estaba en facebook’, eso duele”.

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“Cuando publicaron la carta no querían buscar una nena que estaba perdida, querían seguir matando a la familia de Mica y a la nena”.

Parafraseando a Rita Segato, la violencia simbólica es la madre de las violencias y cuanto más sutil es, más efectiva se vuelve.  Es como una gota que cae siempre en el mismo lugar, durante un tiempo no va a hacer nada, pero cuando esa misma gota cae por años en el mismo lugar hace desastres. Por eso es tan importante concluir con los concursos de belleza que ponen como objeto  a las mujeres cada día más, que se entrelazan con montones de actitudes violentas  y terminar de una vez con todas aquellas formas que toma el patriarcado para violentarnos. Porque no queremos otra Katherine, porque no queremos otra Micaela.

“Los testimonios dieron mucha información y siguen ratificando la presencia constante y nefasta de La Nueva Provincia actuando en conjunto con la justicia de entonces, con el juez Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti y el aparato represivo, ese tridente en combinación y los efectos que produjeron acá en la zona”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia tras las primeras declaraciones del juicio Ejército III.

Las audiencias se reanudarán el martes 15 a las 15 y el miércoles 16 desde las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

El tribunal aseguró que se desobedeció la orden, motivada en una queja de la Fiscalía, para que las fuerzas de seguridad se encarguen del traslado de los represores Noel, Salinas y Laurella Crippa quienes hasta ahora concurren solo con sus cuidadoras. Nebbia comentó que el martes “a la salida se retiraron y pasaron por medio de los familiares, los sobrevivientes y las hijas, con sonrisas socarronas –provocando, básicamente- y eso es muy violento”.

El martes la audiencia comenzó casi una hora después de lo previsto por la demora en el traslado de los imputados alojados en la unidad de Villa Floresta. “Brujas de mierda”, dijo el condenado Walter Bartolomé Tejada al pasar cerca de la abogada querellante Mónica Fernández Avello y las dos hijas de desaparecidxs que la asisten. Frente al tribunal, el ex segundo jefe del Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército prefirió callar y dar lástima con sus supuestas dolencias. Otros siete represores acompañaron su silencio por videoconferencia desde Capital.

La excepción fue Enrique José Del Pino, miembro del Batallón de Inteligencia 601, quien por su “destacada” participación en el Operativo Independencia al mando del general Adel Vilas fue requerido por éste como jefe de su custodia en comisión en el V Cuerpo de Ejército y participó en operativos de secuestro. “Colombres” dijo a los jueces que no tuvo relación con la represión en la ciudad sino que vino en varias ocasiones asignado a reforzar la seguridad de Vilas y su familia ante supuestas amenazas del PRT-ERP y ofreció “sus condolencias” a “todas las víctimas de ambos contendientes en este absurdo conflicto”.

El primero de los testimonios fue el de Ricardo Ángel Bustos, integrante de una familia de militantes peronistas particularmente perseguida durante la dictadura y sobreviviente de La Escuelita. Su vecino y amigo de la infancia, José Azpiroz, relató cómo fue secuestrado en el marco del operativo militar en torno a la casa de Bustos y mantenido varios días en cautiverio.

Josefina de las Nieves Álvarez fue secuestrada en dos ocasiones y recluida en La Escuelita en 1976 y en la cárcel de Villa Floresta en 1978. Sus torturadores le hicieron identificar a militantes barriales en una serie de fotos carnet.

Al día siguiente abrió la sesión Paula Lazer, hija de Laura Manzo, militante peronista secuestrada por efectivos de la policía bonaerense a fines de 1975 junto a María Emilia Salto y Daniel Bombara, primer desaparecido bahiense. Sobre el mismo caso fue convocada Gladys Inés Espíndola Vera, amiga de Manzo.

María Cristina Prado, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, declaró sobre un operativo en el departamento que compartía con dos estudiantes de la UNS que fueron capturados ilegalmente en julio de 1976 y cómo un par de meses después ella misma fue secuestrada en Coronel Dorrego. Estuvo en La Escuelita y en las cárceles de Villa Floresta y Devoto donde compartió cautiverio con varias víctimas de la causa.

También hizo su aporte la titular de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien llegó a entrevistarse durante los años de impunidad con algunos de los guardias del mayor campo de exterminio del V Cuerpo de Ejército para dar con el paradero de las personas desaparecidas y los bebés nacidos en cautiverio.

Liliana Beatriz Griskan describió cómo un choque de autos entre su hermano y el represor Alejandro Lawless derivó en una represalia y persecución contra su familia que incluyó un despliegue militar alrededor de su domicilio, el cautiverio en dependencias militares y la tortura contra su hermano mientras realizaba el servicio militar -del cual había sido exceptuado por problemas de salud- en Colonia Sarmiento.

Pedro Alberto Golub fue encerrado en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 por reclamar por el paradero de su hermano secuestrado en Mayor Buratovich y aseguró que allí se encontró con Jorge y Raúl Griskan.

Las reseñas de cada una de las declaraciones mencionadas serán ampliadas y publicadas en www.juiciobahiablanca.wordpress.com en los próximos días.