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El director del Hospital Interzonal Dr. José Penna, Gabriel Peluffo, dijo a FM De la Calle que “hay un aumento claro de consultas” por síntomas de Covid y “un aumento de la ocupación de camas”. Destacó que “la velocidad de aparición es más rápida que la de la primera ola”.

“Esto nos genera una dificultad porque, al ser más veloz la aparición, el número de camas ocupadas crece más rápido y esto pone en problemas al sistema. Estamos tratando de reorganizar y rehabilitar las camas que teníamos disponibles durante la primera ola”.

Peluffo mencionó que esta situación “es multicausal: seguramente son las nuevas cepas, es probable que tenga que ver con el aumento de la movilidad social, la relajación de los cuidados y el incumplimiento de los protocolos. Esto se ha dado en todo el mundo”.

“Han habido algunos casos de gente bastante joven, de entre 30 y 50 años, con un gravedad manifiesta que por ahí no era tan común ver en la primera ola. Esto tiene que ver con posibles nuevas cepas”.

En relación al sector privado, que plantea que no puede sostener la atención de pacientes con Covid, mencionó que “la suma de sus camas da parecido a la suma de camas de los públicos, vamos a tener que compartir pacientes. El problema es con aquellos que no tienen cobertura social, es nuestra mayor preocupación. Esto lo hablamos con el Municipio porque nos preocupa mucho y porque la velocidad de aparición hace que los casos sean crecientes y nos sobrepase”.

Por otro lado, confirmó que mañana habrá una reunión entre autoridades del Hospital Penna y del Hospital Municipal para armar un pool de camas para coordinar y socorrer al nosocomio que así lo requiera.

El Penna cuenta con 19 camas de UTI, la mitad son para Covid y la mitad para no Covid. Hay cuatro unidades más en pediatría destinadas a adultos jóvenes. Peluffo señaló que “hay alguna unidad más de emergencia y dependiendo de la ocupación de la terapia polivalente, incluiremos allí pacientes”.

“No estamos en situación acuciante pero si se sigue así y no se hace nada seguramente alguna restricción a las actividades vamos a tener que tener. La población está cansada y relajada, hay que reactivar el mensaje, pedir colaboración”, finalizó.

“La falta de relaciones sociales o la soledad son factores de muerte, incluso con más incidencia que los que conocemos tradicionalmente: diabetes, colesterol alto, sedentarismo”, afirmó el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Se trata de un análisis que reúne información de varios estudios publicado en la revista Plos Medicine en el cual dan cuenta que la calidad y cantidad de relaciones sociales está directamente relacionada no solo con la salud mental sino con el riesgo de morbilidad y mortalidad. Se detallan qué aspectos de los vínculos sociales previenen y cuáles moderan los riesgos.

“En países donde las poblaciones tienden a vivir cada vez más solas, sin relaciones sociales, conocidos, ni círculos de amistades pareciera que tienen mucho más riesgo de morir. En Nueva York a más del 10% de personas que fallecen por Covid no las reclama nadie”, contó Romano.

“En los 80’s cuando era residente en Buenos Aires nos tocó atender a una persona que había tenido un ACV y había estado casi 24 horas tirada en su casa. Luego de una semana su hijo no la había ido a ver y eso nos parecía increíble. No me llama la atención ahora lo que sí cuando tenía 21 años y era practicante. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es fomentar el acompañamiento, tenemos que promoverlo en relación al Covid”

En el marco del aislamiento por la pandemia “estas cuestiones se ven más, tenemos vías telefónicas, distintas plataformas para vernos la cara y acompañar a los mayores”.

En relación al acompañamiento que reciben pacientes internados con Covid mencionó que “se hicieron protocolos, se pusieron a trabajar en eso. Después de mitad de año cambio mucho, ya había protocolos para acompañar”.

Por otro lado, señaló que “la soledad va de la mano con lo social y con el individualismo. Los griegos lo conocían muy bien, el castigo no era la muerte sino el ostracismo”.

“Hay mucha gente con mucha soledad, uno debería como Estado salir a procurar que la gente se encuentre de alguna forma”, finalizó.

El fiscal Pablo Fermento avanzó con el alegato contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense para quienes pedirá condenas en la audiencia del 8 de abril.

El lunes pasado continuó con la exposición de los hechos y las pruebas que dan cuenta de los homicidios que son juzgados.

Se refirió a Luis Jesús García, Alberto Noé Bayarsky, Carlos Dorñak, María Isabel Mendivil, Fernando Antonio Alduvino, José Manuel González, Angel Enrique Ogues, Ovidio Oscar Ancel, Carlos Anibal Nakandakare, Alberto Mario Pojomovsky, Víctor Eduardo Oliva Tronocoso, Hugo Norberto Ardiles, Orlando Walker, Manuel Santiago García y Salvador Julio Trujillo.

Luis Jesús “Negrito” García, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Al ser asesinado tenía 18 años y trabajaba en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, donde había sido designado delegado de obra.

De acuerdo con las pruebas señaladas por la fiscalía, en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, un grupo de entre cuatro y cinco personas armadas ingresó violentamente en su domicilio alegando pertenecer a la policía. En el acto, procedieron a su secuestro, arrastrándolo y golpeándolo. Los captores se retiraron del lugar en dos vehículos. Por la mañana de aquel día, y luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y compañeros de militancia, el cadáver de García fue hallado junto a un camino de tierra perpendicular a la ruta N° 3, cerca del paraje conocido como “El Pibe de Oro”.

Para la fiscalía, la realización de aquel operativo por parte de la asociación ilícita dirigida por el fallecido diputado provincial Rodolfo Ponce quedó acreditada –junto al patrón de actuación– por los testimonios que dieron cuenta de una tarea de “fichaje” por parte de la C.G.T. local, entre cuyos blancos se encontraba el propio García.

Pero el dato insoslayable resulta ser, según se indicó en el alegato, que tanto los captores como los vehículos utilizados para la concreción del secuestro fueron identificados por la madre y la hermana de la víctima como pertenecientes a la organización criminal conocida como Triple A. De acuerdo a las actuaciones judiciales de la época, el automotor fue hallado en el hall de la Universidad Nacional Tecnológica de la ciudad, cuyas instalaciones se encontraban por entonces bajo ocupación armada del mismo grupo paraestatal.

Otro aspecto destacado en la exposición fue la profusa actividad de inteligencia que se realizó sobre el acto de sepelio de García —según consta en archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense que fueron expuestos en pantalla durante el alegato— en donde figuran los nombres y las banderas políticas de quienes asistieron. Tal es así que la gran mayoría de las personas apuntadas luego fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Por otra parte, se expuso la prueba sobre una serie de crímenes cometidos por la misma organización criminal en la madrugada del 21 de marzo de 1975, en la que fue asesinado el sacerdote Dorñak, y secuestrados y posteriormente ejecutados Mendivil y Alduvino.

Esa misma madrugada, hicieron detonar además una bomba en el domicilio del militante universitario Jorge Riganti, atacaron con armas una escuela de Cáritas (en donde intentaron secuestrar a la hermana Norma Gorriarán) y tuvo lugar la tentativa de secuestro de Carlos Entraigas, también militante estudiantil.

A su vez, se analizó la prueba del caso de Alberto Mario Pojomovsky, quien en la madrugada del 29 de junio de 1975, al retirarse junto a su esposa en vehículo de la casa de unos amigos, fue interceptado por un grupo de personas armadas que se trasladaba en un Ford Falcón verde con techo blanco y una camioneta doble cabina, ambos vehículos propiedad de la Universidad Nacional del Sur.

Tras hacerlos descender del automóvil y pedirles que acreditaran la identidad, los agresores intentaron secuestrar a la pareja de la víctima, quien logró escapar corriendo, pero recibió un disparo en una de las piernas. Mientras se alejaba, escuchó los disparos efectuados a su marido.

Según el análisis de la fiscalía, Pojomovsky fue abandonado herido por los captores, junto a la camioneta que estos utilizaban, la cual un día más tarde fue reclamada a la policía por uno de los integrantes del grupo paraestatal en representación de la Universidad Nacional del Sur, bajo la cobertura de que el automotor había sido robado del rectorado la noche anterior. Antes de fallecer veinte días más tarde en el Hospital Municipal, la víctima llegó a manifestar a su familia que el Falcon que usaron los atacantes también pertenecía a esa casa de altos estudios.

La fiscalía enfatizó en el modo en que los casos de García y Pojomovsky ponen de manifiesto la práctica de utilización de los vehículos y recursos de las universidades, al servicio del accionar delictivo de la asociación ilícita. Por aquel entonces, el rector de la Universidad Nacional del Sur era Remus Tetu, señalado por la acusación como uno de los jefes de la Triple A bahiense.

Durante el desarrollo de los restantes casos analizados en la jornada, se exhibió en pantalla un volante de la época —aportado por un testigo— en el que compañeros de militancia de los trabajadores “Negrito” García, González, Ardiles, Walker, Trujillo y Santiago García apuntaban al sector de Rodolfo Ponce como el responsable de sus asesinatos. Cabe destacar que para la fiscalía el diputado nacional y secretario de la CGT Bahía Blanca era el otro de los jefes de la Triple A local.

El juicio continuará el 8 y 9 de abril a las 8.30. La fiscalía estima que en la primera jornada concluirá su exposición y formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Integración Ciudadana presentó sus precandidaturas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) e inauguró un local en Thompson 287.

La lista estará encabezada por la abogada María de los Ángeles Rosón a quien secundará el ex secretario del bloque de IC, Nicolás Marín. Participan también Vanesa Troncoso, integrante del Concejo de Niñez y de la ONG La Misión; Diego Márquez, prosecretario del Sindicato Aceitero; la presidenta de Salud Ambiental Gladys Girotti y el docente de la UNS Mariano Santos.

“Hemos decidido a volver a los orígenes, una alternativa local que conoce los problemas de la gente y que quiere solucionarlos desde Bahía Blanca darle participación a los ciudadanos y generar normativa para dar soluciones en el HCD”, comentó Rosón a FM De la Calle.

Señaló que dentro del recinto “el doble voto debería ser una excepción y se ha instalado como una modalidad. Integración Ciudadana generaría discusión y debate, trataría de generar puentes, equilibro y consensos, siempre anclados en lo local. Aspiramos a llegar a dos bancas, sería cambiar la dinámica del Concejo, criticamos al oficialismo y también a la oposición, hay cierta pasividad, hay mucho más para trabajar”.

En relación a la problemática de la falta de agua, Rosón destacó que “el oficialismo echó la culpa y se desligó del problema diciendo que es de competencia provincial. Es cierto pero de ninguna manera se puede justificar una pasividad por parte del gobierno local”.

“Que se cree una Mesa del Agua es positivo, se trató de dar participación, pero es menguada. Hay un trabajo a nivel provincial de solucionar este tema, creemos que es algo que hace muchísimos años que está presente y recién ahora por las manifestaciones de vecinos se ha pedido un crédito y se está dando una solución”, resaltó.

Respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes mencionó que “desde el Consejo Local de Niñez se está pidiendo la emergencia hace años. En esta situación de emergencia ni siquiera el gobierno ha llamado a los distintos sectores de la ciudad para resolverlo, cada cual desde su conocimiento podría haber aportado muchísimo”.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

Los ocho espacios municipales reabrieron al público los miércoles, jueves y viernes con horario reducido de 10 a 13. El director de Museos, Christian Díaz, expresó en FM De la Calle que “durante este año de pandemia perdimos el contacto con los visitantes pero estamos muy contentos con la reapertura”.

Los museos municipales son Ferro White Museo-taller, Museo del Puerto, 2 Museos: Bellas Artes + MAC, Museo y Archivo Histórico, Museo Fortín Cuatreros, Museo del Deporte y Museo de Ciencias.

Díaz comentó que “la propuesta lanzada, fue charlada con directores y equipos de trabajo. Evaluamos la necesidad de abrir con todos los protocolos, sintiéndonos seguros, tanto los trabajadores como los visitantes que pudieran acercarse”.

 “Queremos ir testeando, en esta apertura gradual. Tener en cada uno de los museos entre diez y doce visitantes por día es muchísimo más que durante todo un año que no tuvimos nada. El siguiente paso es abrir un fin de semana, primero un sábado, luego un domingo. Con la experiencia pre pandemia, las visitas eran mayores durante los domingos. Recién hace quince días otros museos de la provincia iniciaron actividades, nos pone contentos que haya expectativa y que nos pidan más horarios”, explicó Díaz.

Desde la Dirección coordinan los espacios museísticos a través de sus patrimonios. La política cultural en este contexto es “hacer un trabajo mucho más social de construcción colectiva del conocimiento, brindar herramientas de transformación. Es complicado en pandemia pero nos preparamos para poder seguir trabajando con la idea de que el museo sea un lugar de encuentro, será más virtual por no poder disponer de la presencialidad”.

Por último, el diseñador en comunicación visual concluyó que “el interés en la dirección es resolver situaciones estructurales tanto en personal y edilicias, planteo que pienso a largo plazo. Veremos qué podemos ir logrando”.

El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.

Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

El Consejo Local de Niñez expresó su preocupación ante el rechazo al proyecto de ordenanza que proponía la creación de una “Mesa Social de Articulación en la Pandemia”.

“Fue confusa la respuesta del jueves del Concejo, pareciera que en aras de defender un posicionamiento se empieza a desconocer ciertas realidades que a través de las organizaciones que representamos vemos permanentemente”, comentó la psicóloga Alba Picardi.

Señaló que “el planteo puntual da a entender como que la mesa de crisis alimentaria funcionaba y bien. Hemos presentado un informe porque no estaba funcionando. Cuando lo hacía era más un espacio donde se informaba lo que se pensaba hacer pero las decisiones ya venían tomadas, no había un trabajo articulado con las organizaciones”.

“Nos parecía que este proyecto era un propuesta superadora en relación a esa mesa que no está funcionando desde septiembre. Era una buena manera de adelantarnos a lo que va a venir y para seguir trabajando con lo que va pasando. La crisis alimentaria no se terminó en septiembre, no entendemos porqué no se convocó más a la mesa”, comentó Picardi.

Insistió que la emergencia alimentaria no se resolvió: “En vistas de la segunda ola se va a profundizar. Más allá de eso, lo que propone el proyecto es articular entre efectores y organismos que trabajan en los barrios para generar redes e instrumentos que no queden solamente en lo que implica lo alimentario e ir hasta algo más profundo. Lo pensábamos saliéndonos del criterio del asistencialismo, para que las comunidades pudieran organizarse y puedan ser generadores de herramientas”.

“Tenemos representantes de las organizaciones en el Consejo Local. Si la idea era plantear que la crisis ya no era real, vemos que sigue siendo real. La desigualdad se ha profundizado, significa que no es solo el alimento que llega o no, sino además la desigualdad con todo, acceso a la salud, quienes quedaron fuera de la cotidianidad de la educación por no tener los elementos, problemáticas de salud mental, violencia y adicciones”.

Picardi concluyó, “es mucho más amplio que una tarjeta alimentaria o un bolsón, pareciera que vivimos en realidades paralelas”.

Desde Creer Sí también manifestaron su preocupación por el rechazo a la inicativa.

“Creemos que las miradas y accionar de distintos actores sociales de la comunidad implicaría un trabajo colectivo más eficiente que redundaría en una mayor protección, amparo y promoción de las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad y en especial de nuestras infancias”.

En la última sesión del Concejo Deliberante el oficialismo rechazó conformar una “mesa social articulada de trabajo, gestión y planificación en el marco de la pandemia” para analizar la situación de los sectores vulnerables ante la segunda ola de Covid.

Romina Pires, una de las autoras del proyecto, dijo a FM De la Calle que el espacio que se conformó e 2020 “dejó de funcionar en septiembre”.

“El martes se juntaron directores de hospitales, integrantes de Región Sanitaria y el intendente. En esa misma línea, pretendemos sentarnos a pensar y retomar el diagnóstico del año pasado junto a organizaciones sociales y al Consejo Local de Niñez”.

Pires remarcó que “lo social no es sólo lo alimentario, también hay cuestiones de vínculos, de dispositivos, de contención, de propuestas territoriales, con un abordaje más integral: hay personas que no salieron de sus domicilios y otras que quedaron golpeadas por la pandemia”.

“No es menor que se diga que está por venir una segunda ola, esto nos tiene que llevar a pensar que la ciudadanía requiere respuestas distintas a las de estos últimos seis meses. Hay que sumar el frío, las lluvias y la complejidad en los barrios”, afirmó.

Por último, la concejala expresó que “desde el Municipio existen varias tarjetas: una de $860, otra de $1660 y la última de $1860 por mes. Habría que preguntarle a la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, el criterio de estas tres tarjetas”. Un ejemplo de coordinación podría ser que, a través de la mesa, “junto a las organizaciones sociales, se releve si todos los que la necesitan tienen tarjeta, hay familias que por distintos motivos aún no accedieron a este beneficio”.

El debate en el Concejo

“¿Qué es lo social?”, preguntó durante la sesión el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini. “Creo que se confunde lo social con el asistencialismo. Dicen que no nos interesa lo social. Cuando uno habla de esto, puedo decir que es bregar por el asistencialismo en las escuelas, cosa que se han negado sistemáticamente en post de la obsecuencia al gobernador”.

Vitalini ejemplificó: “Fue año sin presencialidad, ¿dónde está la parte social de la vinculación de los chicos con sus pares? Lo social también tiene que ver con evitar restringir los derechos: durante un año hubo un Estado policíaco, te pedían un permiso para entrar a un lado y otro”.

“A veces se hace un enfoque en los barrios que más necesidades tienen, pero muchas medidas del presidente y del gobernador tuvieron impacto negativo en lo social. Porque esas personas más vulnerables son las que precisan que sus hijos se eduquen para salir de dicha situación, necesitan tener un trabajo y no perderlo. Argentina tiene un índice de alto crecimiento de la desocupación por las medidas desacertadas tomadas durante la pandemia”, afirmó.

Finalmente, el edil expresó: “Terminemos con el planteo de que somos insensibles. Se le da una connotación a lo social que en definitiva es la consecuencia pero no se ataca nunca la causa. Que Argentina tenga una pobreza estructural de más del 30% hace cuarenta años tiene que ver con lo social y si no hay generación de empleo, si no hay libertad, si no hay educación, va a ser cada vez más grave”.

La concejala del Frente de Todos, Analía López, interpeló a la oposición al decir que “ya que desde su espacio político se arengó tanto por la vuelta a la presencialidad y por el sostenimiento de las escuelas, principalmente las de explotación o responsabilidad privada, también pedimos que haya una mirada atenta hacia el cumplimiento de los protocolos y de lo que establece el plan jurisdiccional”.

“Debemos ser promotores de los derechos pero, a su vez, como veedores y fiscalizadores, tenemos la responsabilidad que la normativa se cumpla porque es en pos de la protección y cuidado de todas y todos”, finalizó la docente.

En respuesta al bloque opositor, Lucía Pendino afirmó que “el proyecto que presentaron propone algo que ya existe. Se logró trabajar en forma efectiva y con amplia convocatoria: participaban la Universidad del Sur, representantes de distintos cultos, organizaciones sociales, el Municipio desde la Secretaría de Políticas Sociales y la Secretaría de Gobierno, PAMI, concejales, la senadora provincial, Ayelén Durán, la presidente del bloque Frente de Todos y el Consejo Local de Niñez”.

Pendino dijo que rechazaron el proyecto presentado por Pires “porque la mesa de contención y colaboración social es un trabajo comprometido que se viene realizando desde el 2020 y que sin duda, atento a las necesidades, va a seguir trabajando en forma conjunta”.

Nuevamente, desde el Frente de Todos, Paula Echeverría retrucó que “la mesa que existió no se junta desde septiembre. Esto fue hace seis meses. ¿Vamos a decir que no existieron en estos meses problemáticas y urgencias dentro de nuestros territorios? Estas instituciones no tuvieron un lugar de encuentro” y, a pesar de eso, “las organizaciones sociales, la universidad, las iglesias, la organización comunitaria y territorial sigue dando respuesta y acompañamiento”.

“Nos falta como Estado municipal dónde encontrarnos y articular, pensar desde lo local de qué manera vamos a hacer frente a esta próxima ola de Covid que golpea a todos y todas pero mucho más fuerte en nuestros territorios. Para eso necesitamos no solamente poder decir qué es lo social sino que solicitamos una gestión, una planificación, un abordaje y un trabajo serio, desde los sectores que durante este tiempo le pusieron el hombro a la pandemia”, expresó.

La concejala Lucía Martínez Zara dijo que “perdemos una gran oportunidad de crear un espacio, de tener una agenda común. Pensamos distinto, tenemos concepciones de Estado muy diferentes, pero por fuera de estas cuatro paredes hay una realidad social compleja y delicada. Muchas personas que la pasaron súper difícil y otras que se pusieron a disposición de manera solidaria, voluntaria a ayudar, se merecen ser escuchados, tenidos en cuenta”.

Por último, desde el mismo bloque, Carlos Moreno Salas planteó que “si hubo un gesto del señor intendente de juntarse con los médicos y con los directores de hospitales, también cabe juntarnos con los referentes que las vivieron en carne propia, gente humilde, sencilla, que ofreció su casa para hacer un plato de comida caliente y poder distribuir en el barrio. Hay hipocresía, dejamos de reconocer las cosas que ocurrieron. Debemos tener la responsabilidad y la madurez política para pasar este difícil momento”.

El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

El Municipio cedió a la empresa San Gabriel las líneas de colectivos 502 y 504, las cuales eran gestionadas por Bahía Transporte SAPEM.

Varios días después se informó que el traspaso incluyó 17 unidades a un costo de 16 millones de pesos -incluyendo intereses por el pago en cuotas- y a 32 de alrededor de los 70 trabajadores de la SAPEM .

El ex concejal y dirigente de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, analizó en FM De la Calle qué implica el traspaso de líneas para el sistema de transporte público.

“Nos enteramos que le vendieron colectivos a menos de un millón de pesos cada uno, transfirieron 32 empleados, sin debate previo y sin que los miembros del directorio de la SAPEM lo sepan. Eso hace a una complejidad que es repudiable”, señaló.

Agregó que hay “una crisis muy grande debido a que la pandemia bajó la cantidad de gente que circula en transporte, con un agravante que es el aumento automático, sin revisión del funcionamiento del sistema, a partir de la mayoría automática de Cambiemos en el Concejo”.

“Tenes el boleto que aumenta de manera automática, la concentración en dos empresas privadas del sistema público de transporte, el vaciamiento de SAPEM, menos cantidad de pasajeros transportados y mucha dependencia de los subsidios de provincia y Nación para el sostenimiento del sistema”.

Sistema de cobro

El sistema de cobro no es propio de SAPEM sino que depende de SUBE. “Eso implica determinados costos y obligaciones que tienen que ver con SUBE. Durante todos estos años se incorporó personal. Si para una empresa privada el servicio le permite tener ganancia, en el caso concreto parte de esa reinversión se estaba haciendo para brindar trabajo”.

“Pareciera que una misma línea a San Gabriel le da ganancias y al Municipio da pérdidas. Ahí hay una diferencia entre la concepción del Estado, de lo público”.

Rol de la SAPEM al momento de su conformación

En sus inicios el reparto de recorridos estaba compuesto por “combos de líneas estrellas, las que tenían muchos pasajeros en relación a los kilómetros recorridos y otras que se llamaban de carga. Lo que se pedía es que el Estado intervenga para tener líneas testigos”.

“Al no tener pretensión de ganancias puedo tener un servicio para personas con discapacidad, que los pibes lleguen a una escuela de otra manera que capaz no es tan rentable, tengo mi propia estructura de parada, de cambio de parada. Manejar tres líneas permitía tener esos elementos y sentarte a discutir con empresas, gremios y usuarios”, comentó Ayude.

El Estado y lo público

La 19 A “es una línea que da pérdida, SAPEM se quedó con la peor de las tres, con más empleados que los que necesita. Lo que tenés que explicar a los usuarios es porqué tomás esta decisión, explicando números, estrategias”.

El ex concejal mencionó que con SAPEM se aplicó una “concepción en la que se privatizan espacios públicos” donde, por ejemplo, “en gastronomía con experiencias que son rentables se cede a una estructura privada”. “Lo mismo se hizo con SAPEM. Es la visión política que tienen por la cual cerraron talleres en los barrios dejando de atender la primera infancia”.

¿Se debería discutir una reforma integral del sistema?

Queda pendiente una reforma estructural del sistema de transporte, aunque Ayude sostuvo que “no se puede repensar en este momento de pandemia o en plena crisis”.

“La mayoría de líneas pasan por el centro, la mayoría de recorridos son muy largos, sigue habiendo mucha centralidad, pasan por calles angostas, el sistema de transporte escolar hace que sea necesario refuerzos en diversos momentos”, apuntó para la futura discusión.

El dirigente de Nuevos Vientos destacó finalmente que, con la cesión de líneas, SAPEM y el Municipio “perdieron la posibilidad de ganancia cuando mejore el sistema porque ya se quedó con cosas deficitarias”.

Los grupos asociados que ofrecen cada mes las bolsas con Producciones de la Agricultura Familiar inaugurarán este domingo al mediodía un nuevo punto de comercialización: se trata de la Feria del Puerto que funcionará los fines de semana de 12 a 19 en Ing. White.

El espacio es impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto, organismo que convocó a INTA Pro Huerta y Cambio Rural, sumando a una red de trabajo que integran Cáritas Arquidiocesana, los centros de formación profesional N° 402 y 401 (anexo UP N°4) y FM De la Calle. Se podrán adquirir hortalizas, panificados, huevos, harinas integrales, mermeladas y conservas, plantas aromáticas y próximamente hongos, pescado, carne de cerdo y pollos.

Si bien la apertura del mercado estaba prevista para este sábado por cuestiones climáticas el puerto no abrirá.

Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria de Cáritas, comentó que el público ser encontrará con un patio de gazebos que muestran las propuestas de emprendimientos que se aglutinan en el local de comercio justo Reloj de Arena y la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, junto a otros artesanos locales.

Luego, accederá al mercado donde tendrán sus puestos Moras Brix, Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced, Runtu Thani, Don Atilio, Trigo Limpio, Cocinando Ilusiones, Somos Andando y proyectos productivos que acompañan las Cáritas Parroquiales como trabajo de promoción humana.

Huentenao señaló que esta alternativa de comercialización estable «es un punto importantísimo porque hace muchos años hemos ido caminando en distintos lugares con todo lo que implica el armado y desarmado. Poder contar con un espacio fijo que esté pensado para eso, donde la infraestructura está dispuesta para eso, es impensado. Cuando inauguremos lo vamos a poder creer».

«Desde los pequeños productores se generan puestos de trabajo concretos. Con el desarrollo y el acompañamiento del Estado o instituciones intermedias, con apoyo financiero, se puede ver la calidad de vida que adquieren», enfatizó.

La integrante de EcoSol comentó que la apertura del mercado en el puerto coincide con la llegada de un banco de herramientas que le permite a las emprendedoras, por ejemplo, pasar del horno casero a un horno pizzero e incorporar amasadoras y cuadruplicar la producción.

«En esta economía donde su costo fijo es el cuerpo, poder contar con maquinaria de este estilo significa que no se levantan a las tres o cuatro de la mañana. Eso que no se puede cuantificar y que está acompañando por instituciones hace que estos espacios mejoren la calidad de vida estos integrantes de esta red».

Otro gran desafió es la autonomía. Huentenao resaltó «lo positivo que ha sido el momento de crisis que nos lleva a pensar alternativas. Se constituyeron bancos de herramientas, un fondo rotativo para la producción de harinas y de alimentos balanceado que nace desde Cáritas y habilita la compra de insumos de manera colectiva con un pequeño interés para generar fondos y ampliarlo».

«Estamos acompañando todo el paso previo para que la producción vaya tomando escala de a poco para que no se termine autoexplotando el productor si no que sea un crecimiento paulatino», finalizó.

La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con FM De la Calle a un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro.

El lunes, la querella denunció la desaparición de un testigo clave, quien fue localizado varias horas después. Se había escondido por temor a las amenazadas recibidas en el marco de la causa que tiene a la Bonaerense en la mira de la justicia.

“Buscan amedrentar, yo perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo. Seguimos en pie de lucha sin importar quién caiga, son muchas las personas que están cubriendo este asesinato”, dijo Cristina.

Como cierre de la semana de la Memoria, afirmó que “cambiaron los Falcon por la Hilux. Estamos viendo una vena de la dictadura que no logramos cerrar. Es lo mismo, solo que en democracia avalados por muchos, por el poder político y judicial”.

“Lamentablemente me tocó pasar por lo mismo que les pasó a las Madres y las Abuelas. Me acordaba de tantas cosas, veo que la lucha de Facu era genuina, tuve que empezar a estudiar historia de verdad, tuve que aprender de lucha”.

En relación al testigo de identidad reservada contó que “desapareció, venía siendo amenazado de muerte él, su familia, su hijo. Nos dijeron que habían activado protocolos de búsqueda. Estos policías tienen un abogado, la jueza (Gabriela) Marrón levantó el secreto de sumario, así tuvieron acceso a las iniciales de estos chicos y empezaron a amenazarlos”.

“Gendarmería tardo casi cinco horas en llegar a Luro y ni siquiera fueron a la casa del chico. Yo creo que apareció por la presión de las redes, los grupos activaron el protocolos de búsqueda”, enfatizó.

Cristina relató que “la ministra Frederic me aseguraba que ya lo habían localizado y estaba todo bien y no era así. Terminé de hablar con ella y a los cinco minutos tenía a la familia en mi casa diciendo que no, que era mentira lo del mensaje de voz, que era un mensaje escrito por Whatsapp, y nos pidieron que no lo dejáramos de buscar hasta que apareciera, que querían verlo con vida. A la madrugada cuando apareció hicieron lo mismo y me pidieron que tuviera un poco de calma y pidiera reserva y tranquilidad para ellos, imagináte el momento que pasaron”.

Respecto a las pericias judiciales realizadas esta semana, en las cuales el perro del adiestrador Marcos Herrero volvió a señalar los patrulleros que detuvieron a Facundo el 30 de abril, Castro destacó la marcación de la Hilux del Puesto de Origone: “Ni bien soltó a Yatel, se clavó en el patrullero, no hay dudas de que mi hijo estuvo ahí y lo trasportaron en ese móvil”.

Consultada sobre el pedido de revisión del teléfono del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio, explicó que está relacionado a una testigo “que se presenta a declarar de forma espontánea algo que escuchó. No la conozco, ella se acercó, tuvo una entrevista conmigo y después de un tiempo de animó a declarar porque tiene mucho miedo. Recuerden que a los amigos de Facundo los están persiguiendo todo el tiempo, tenemos ocho cartas documentos por un valor de 200 mil pesos cada una (por realizar pintadas). La policía los sigue hostigando, no pueden salir porque les ponen un patrullero atrás”.

“Esta testigo hace referencia a la jueza Marrón y a su amiguismo particular con la familia Bevilacqua, el intendente de Villarino. Nos resulta extraño que siga al frente de la causa cuando dijo que iba a cerrar el caso a finales del año pasado. Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando resultados para las imputaciones, la salud me jugó una mala pasada, no puedo estar al frente, están mis abogados y mi familia ocupándose”.

Los policías sospechados -Siomara Flores, Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca y Alberto González- “siguen trabajando y portando un arma, siguen desparramados por acá. Es inevitable no cruzarlos, siguen gozando de un sueldo que le pagamos los ciudadanos y ahora están patrocinados por un abogado que puso el Municipio”.

“Vamos por lo que el Flaco peleaba, por un Nunca Más en serio, porque en Villarino no nos vuelva a desaparecer ni un pibe, porque no los golpeen en las comisarías, porque no tengamos más femicidios, por todo eso. Sabemos que la lucha es larga y contra gigantes, pero no se preocupen que desde este lado les vamos a dar pelea”, concluyó.

Foto: Cristina Castro junto a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el Puesto Policial de Origone.

Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.

Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.

Escuchalo acá.

En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.

Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.

Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.

Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.

Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.

Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.

Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.

Juan y Victoria, estudiantes de la FES.

María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

Los relatos de las y los sobrevivientes, su voz, el ejercicio de recordar juntas y las materialidades del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Escuelita de Bahía Blanca son reflejados en el primer corto del Ciclo Zaranda.

Se trata de un proyecto colaborativo impulsado desde el programa Arqueología en cruce del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur.

Cecilia Simón comentó a FM De la Calle que “la idea de zaranda atraviesa todo el ciclo, es un objeto muy significativo y característico de la práctica arqueológica y tiene una funcionalidad que va en diálogo con cómo trabaja la memoria, qué cosas quedan, qué cosas pasan”.

“Aparte es un objeto muy bello, si algo aprendimos a partir de este diálogo con el teatro de objeto es que se pueden resignificar y tener una belleza que no le habíamos dado. Es un material educativo, estamos trabajando en cuadernillos que van a acompañar el corto para que ingrese y se trabaje en las aulas de los distintos niveles. Estamos todas muy contentas porque fue un trabajo muy lindo”.

El punto de partida fue la propuesta de Ina Morales y Cata Corredor, actrices y manipuladoras integrantes de Ciclo Objeto, “para pensar que la materialidad alberga memoria y tiene la capacidad de contar historias”.

“El primer capítulo es sobre La Escuelita, para eso trabajamos conjuntamente con las chicas de H.I.J.O.S. y de Red x la Identidad. A través de encuentros virtuales fuimos pensando distintas historias y objetos que se asocian a La Escuelita. Fueron muy importantes los relatos de Alicia Partnoy, el material que se recolectó en la práctica de campo que se hizo en 2011 y declaraciones testimoniales de quienes sobrevivieron”, contó Simón.

Agregó que “a partir de esos hilos y discursos fuimos armando este relato que se apoya y se hace con objetos y con todo lo que se dispone alrededor. Le dimos mucha importancia a los sonidos, a la iluminación, a recuperar el paisaje”.

Mirá:

1025 genocidas fueron condenados tras la reapertura de las causas de lesa humanidad hace 15 años y 165 personas fueron absueltas. En total, son 3490 las investigadas de las cuales solo un cuarto está privado de la libertad.

Según información de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas.

En la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado: 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Entre febrero y marzo inicaron los debates de cinco causas y para abril se espera el inicio de otra. La situación de emergencia sanitaria influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados antes de la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. Entre estos últimos, el debate de la causa Triple A de Bahía Blanca.

De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

De las 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas 1661 -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

La Procuraduría destacó, además, que en relación al tiempo que insume la tramitación de estas causas, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.