La experta en medicina legal Virginia Creimer dijo a FM De la Calle que firmó “en disidencia parcial” el informe final de la autopsia a los restos de Facundo Castro y subrayó que “es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.
“Podemos decir que tuvo una asfixia que no se acerca a una asfixia por ahorcadura o por asfixia seca, que hay otras implicaciones. Más allá de eso, es importante tener en cuenta que cuando se habla de la muerte violenta por asfixia, se descarta el accidente, el suicidio y lo único que nos queda es el homicidio. A partir de este momento tenemos que empezar a hablar de homicidio”, enfatizó.
La especialista, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria investigando crímenes cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, agregó que “se trata de lo que veníamos planteando, es decir, de una muerte violenta por asfixia”.
Consultada respecto a la aplicación del Protocolo de Minessota, la perito señaló que “debió aplicarse al momento de la operación de la autopsia y al momento del informe debió ser un análisis contextualizado, eso no ocurrió. No fue contextualizado”.
“Había cuestiones científicas con las que no coincidía en virtud de mi conocimiento de lo que dicen los 20 cuerpos de la causa. Planteé que había cuestiones que tenían que quedar aclaradas porque eran importantes para pasos investigativos posteriores. Hubo un rechazo absoluto por parte de les mismes perites de siempre que se dedican a obstruir diciendo que no era su función conocer lo que se había investigado en la causa y esto es absolutamente falaz”, afirmó.
Destacó que “si el Protocolo de Minessota establece que la investigación de les perites tiene que ser contextualizada, obviamente hay que tener conocimiento de lo que ha pasado desde el momento en el cual desaparece Facundo hasta el momento en el que se encuentra el cuerpo”.
“A esto sumarle la operación de autopsia, más todos los análisis que ocurrieron después. Porque si yo no tengo en cuenta esto, no puedo hacerme a la idea de que tengo que ir a buscar y cuáles son los diagnósticos presuntivos que puedo llegar a hacer”.
Creimer ejemplificó: “En mi profesión, en la medicina, cuando tenemos pacientes de alta complejidad y es muy difícil realizar el diagnóstico para realizar un tratamiento, hacemos un ateneo. Podemos hacer un parangón entre eso y el ateneo que se hizo hoy entre distintas especialidades. Se llega y se discuten los signos y síntomas del paciente pero no se llega sin leer la historia clínica, sin leer exámenes complementarios, las radiografías, los exámenes de laboratorio, porque sino de ninguna manera se puede llegar a una conclusión de certeza”.
La experta agregó que durante la pericia, “cuando por escrito dejé mi disidencia en cuestiones científicas y de forma, me decían e increpaban con que cuál era la bibliografía y que diera otro tipo de respuestas. Muy sencillamente yo les contestaba: las respuestas las voy a dar el día del juicio oral cuando cada une tenga que dar respuestas por los informes que hizo y por la experiencia científica que utilizó”.
Señaló que “lo más importante es que hubo una coincidencia plena en que llegamos a una conclusión de una muerte violenta por asfixia”.
Por último, apuntó que “el elemento de los dientes rosados es importante pero es uno de varios factores. Se sumaron nuevos factores a este fenómeno para llegar a una conclusión de que fue una muerte violenta por asfixia. Es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.
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Esta tarde Cristina Castro encabezará una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Participarán también los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la dra. Virginia Creimer y une representante del organismos de derechos humanos.
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El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.
COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:
• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.
• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.
• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).
• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.
• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.
• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.
• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.
• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).
• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).
• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.
• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.
• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.
• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.
• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.
• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.
• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.
• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.
• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.
• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.
• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.
Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/10/of.png?fit=1036%2C422&ssl=14221036FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-10-01 13:13:562020-10-01 13:51:49Oficial: Facundo murió por “asfixia por sumersión”
(Agencia Andar) El Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca desestimó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por intimidación policial contra Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo Castro.
En un fallo contradictorio, el juez no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad.
La jueza Gabriela Marrón, quien debía atender esta presentación, se negó a hacerlo desobedeciendo el fallo de la Cámara. La CPM apeló en la instancia revisora la denegación del habeas.
Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas.
Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento. Hay dos antecedentes concretos: uno de ellos, el habeas corpus por el hostigamiento policial al ex cuñado de Facundo; el otro, la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto.
El habeas corpus había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante institucional en la causa central. La presentación del organismo denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”.
Uno de esos episodios tomó notoriedad pública días atrás: un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionado, sin razón aparente, frente a la casa de Luciano Peretto. Cuando el abogado llamó a funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le dijeron que había móviles haciendo controles en el acceso al pueblo. Peretto vive a unas 15 cuadras del ingreso de Pedro Luro.
“Tengo mucho temor no sólo por mí sino, especialmente, por mi familia, porque tengo hijos pequeños”, declaró el abogado en la audiencia de habeas corpus citada por el titular del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, Walter Lopez Da Silva. En la misma audiencia, las siete personas amparadas por el habeas ratificaron los hechos denunciados.
El mismo juez valoró los testimonios eran “creíbles y verosímiles”, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
En los fundamentos, el juez Lopez Da Silva también justificó su decisión en la inexistencia de orden judicial de detención sobre las personas amparadas; una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el habeas, es por la consumación de acciones ilegales de la policía.
A pesar de intentar minimizar el riesgo que significan estos actos intimidatorios, ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que “de estimarlo conducente” investigue la posible comisión de delitos de acción pública.
Es decir, la decisión de desestima la pertinencia del habeas corpus para atender esta denuncia y delega la respuesta judicial en el mismo fiscal que ya fue recusado en más de una oportunidad por la querella; sobre su actuación, Cristina Castro ya dijo haber perdido toda confianza. Los cuestionamientos sobre su intervención llegaron a tal punto que el Procurador General de la Nación designó dos fiscales —Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia— para sumarse a las tareas investigativas.
Cabe destacar que el tratamiento del habeas corpus fue ordenado el viernes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca luego de haber sido desestimado en primera instancia por la titular del Juzgado Federal N 2 María Gabriela Marrón. Sin embargo, la jueza desoyó a la Cámara: ese mismo viernes decidió que no iba a tomar audiencia y en cambio iba a pedir informes a distintas fuerzas de seguridad; dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno.
Al momento de decidir por primera vez en el habeas, la jueza Marrón había declarado su incompetencia porque, contrariamente a lo señalado por la querella, entendía que no había relación con la causa por presunta desaparición forzada seguida de muerte que tramita en su juzgado. La Cámara antes y el Juzgado Federal N 1 ahora consideraron que estos hechos de intimidación policial debían tratarse en el juzgado y fiscalía donde tramita la causa central porque existe entre una pesquisa y otra una estrecha vinculación.
La suerte del habeas corpus vuelve, nuevamente a la Cámara; la CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el habeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública.
En el escrito de apelación, la CPM sostuvo que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial. Y agregó: “Los testimonios deben valorarse en el contexto de estar inscriptas en el curso de la investigación penal por la desaparición y muerte de Facundo”. Por ello el organismo ya había requerido “con carácter excepcional la radicación directa y asunción de competencia por el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la pesquisa principal”.
En cuanto a los argumentos técnicos utilizados por el juez federal López Da Silva para declinar la procedencia de la acción, la CPM resaltó que, de conformidad a la doctrina constitucional, indicios vehementes o incluso la duda bastan para otorgar la protección que brinda el habeas corpus. Y que el otorgamiento de esta acción no resulta incompatible con la posibilidad de denunciar la comisión de un delito de acción pública, tal como pudo prever el mismo juez.
El antecedente inmediato es promisorio: con el voto mayoritario de sus miembros, la misma Cámara Federal de Bahía Blanca entendió que, por la gravedad de la denuncia, era necesario dar trámite a la acción.
Mientras tanto, este jueves 1º de octubre, las partes recibirán en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo. Una medida de prueba que puede arrojar más luz sobre las causas de la muerte del joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser demorado por violar la cuarentena por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
A cinco meses de la última vez que alguien vio con vida a Facundo, en la causa judicial la hipótesis más firme sigue siendo la desaparición forzada y una gran cantidad de indicios apuntan hacia la responsabilidad policial.
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A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.
Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.
Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.
El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.
“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.
Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.
Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.
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“Con todo el tiempo que tuvimos no se le dio la suficiente preparación a la cuestión sanitaria”, dijo a FM De la Calle el párroco de La Piedad, Héctor Arismende. Afirmó que más de seis meses después del inicio de la pandemia tenemos un “sistema sanitario estresado y con dificultad para responder”.
En cuanto a las consecuencias sociales y económicas en los barrios del sur de la ciudad contó que la comunidad está “entre la necesidad y la responsabilidad”. La Municipalidad está cambiando la entrega de bolsones por el depósito de dinero en las tarjetas aunque las organizaciones “no estamos en condiciones de afirmar que toda la gente que lo necesita lo esté recibiendo”.
Las instituciones barriales se movieron rápidamente para asistir a las familias que perdieron sus ingresos con el establecimiento del aislamiento obligatorio. Tiempo después, llegaron algunas ayudas municipales.
Arismende comentó que la organización fue “cambiando” con el correr de los meses. “Hubo un cambio de delegado que parece que habilitó ampliamente los recursos. Desde entonces no nos faltan bolsones pero el Municipio adoptó la medida de entregar la tarjeta celeste en lugar del bolsón, para que la gente pueda comprarse el bolsón con 800 pesos”.
El cura manifestó que el cambio de modalidad “nos fue dejando de lado porque ya no pudimos accionar en el mecanismo que se necesita para verificar que a todos les llegue. No estamos en condiciones de afirmar que toda la gente que necesita esté recibiendo la tarjeta. Nos fueron corriendo de esta toma de decisiones, estamos en la incertidumbre, recibimos llamados de gente que no recibió la tarjeta y ahí tenemos que iniciar el reclamo”.
“Formalmente no nos hemos ido de la Mesa de Noroeste pero en concreto las decisiones las toman otros”, enfatizó.
Arismende destacó que estos seis meses de pandemia podrían haberse aprovechado como “un buen tiempo de planificación de política social que tenga en cuenta las particularidades cuando la emergencia fue contenida”.
Sin embargo, “cuando llegó el momento en el cual los bolsones se habían administrado y había que ver qué más se podía hacer, no hubo una progresión en la política social para seguir viendo cuál era la necesidad particular de la gente”.
Agregó que “a las familias más numerosas un bolsón no les alcanzaba y por lo tanto los 800 pesos tampoco. Nos parece importante que las familias puedan decidir qué comprar. El corte lo da el delegado, él es que nos responde a nosotros y no eleva los pedidos a otras instancias a menos que él lo desee, el diálogo se corta, no hay posibilidad de plantear en instancias superiores medidas diferenciadas”.
Respecto del aislamiento, sostuvo que “es cierto que en los barrios se depende más de la buena voluntad de los vecinos, han habido focos de contagio, la gente aprendió de algún modo a cuidarse y está tratando de sobrevivir con eso. Está entre cuidarse y sobrevivir como puede. Están tratando de hacer changas porque si no no pueden vivir, no hay bolsón de 800 pesos que pueda solucionar eso”.
Por último, mencionó que “no se planificaron espacios de aislamiento territoriales, habíamos hecho la propuesta acondicionando un sector de la parroquia para esto, la Municipalidad lo descartó porque dijo que no era necesario”.
“Es cierto que hasta ahora no han sido necesarios los usos masivos de las UCMAS. Por otro lado, si no se puede trasladar en los medios habituales, con una persona de nuestro barrio en el Dow Center, se tiene que cruzar toda la ciudad para acercarle una muda de ropa a un familiar aislado. Por eso pensábamos una política territorial, que estén más distribuidos”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/09/bolsones1.jpeg?fit=1200%2C400&ssl=14001200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-09-30 13:12:412020-09-30 14:41:02Pandemia en los barrios: “Las familias están entre cuidarse y sobrevivir como pueden”
Un joven de 20 años fue golpeado por la policía y estuvo tres días detenido en la DDI acusado de un robo calificado que no cometió. La Bonaerense lo levantó el 24 de agosto en Barrio Universitario. Su madre habló con FM De la Calle sobre el episodio de similares características al ocurrido en El Pinar con la detención de un joven imputado por un robo con armas que no cometió.
“Mi hijo iba caminando por 12 de octubre, lo intercepta un patrullero, lo detiene, le preguntan nombre y apellido, le piden DNI. Les comenta de dónde viene, le dicen tenemos ahí a tu compañero con el que vos cometiste el delito. Lo acusaron de un robo con un menor de edad”, comentó a FM De la Calle su madre, Liliana.
La mujer relató que al día siguiente recibió un llamado desde la sede policial: “Me dicen que mi hijo estaba detenido por un robo agravado. No lo podía creer porque mi hijo es un pibe trabajador, tiene una hija, es tranquilo, no tiene junta”.
“Fueron dos o tres días de angustia, desesperación, por no saber a dónde acudir. Cuando lo pararon en la calle hubo abuso de autoridad, el trago amargo no te lo saca nadie. Mi hijo todavía sigue con la causa, jamás tuvo una entrada de una comisaría. A mi hijo le arruinaron la vida”.
“En el momento que lo detienen uno de ellos le pega cachetazos, le dijo decí la verdad, confesá, obligándolo a que el diga yo fui y robé”, apuntó Liliana.
Dos días después del hecho, mientras el joven todavía estaba detenido, le tomaron declaración. “Coincidió con la declaración de la prima porque él estaba tomando mates con ella a la hora del hecho. Ese mismo día le dieron la libertad”.
“El es albañil, jamás en mi vida imaginé que iba suceder. Me lo traje a vivir conmigo, está con mucho temor de salir a la calle, ya a una cierta hora no quiere salir, sale de trabajar y va derecho a ver a su hija”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/09/ddi.jpg?fit=1500%2C843&ssl=18431500FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-09-30 13:00:522020-09-30 15:13:09Otra detención arbitraria: “Mi hijo tiene temor de salir a la calle”
Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que hace 30 días vive una pesadilla. Contó que su hijo Axel está detenido desde el 31 de agosto por un robo con armas que no cometió.
“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida”, afirmó. Intervienen la fiscala Claudia Lorenzo y la jueza de Garantías Marisa Promé.
Ojeda relató que suele salir a caminar con su hija por la zona de El Pinar. Ese día no tenía ganas y le pidió a Axel que acompañe a su hermana.
Según comentó, salieron 15:56 del domicilio ubicado en el barrio Sánchez Elias: “Suben por Bermúdez, los capta una cámara de vecinos, los capta una cámara del SIPREVI frente a la leñera, cruzan al cementerio y son interceptados por policías en moto. Lo revisan a Axel, mi hija me llama y me dice que vaya, escucho cómo la policía intenta sacarle el teléfono”.
“Me dicen que hubo un masculino que circulaba con un arma entre sus prendas, me dicen que me quede tranquila, que no tiene absolutamente nada. Me tienen 25 minutos demorada, me dicen que bajemos a la Comisaría Cuarta para ver antecedentes. Terminamos yendo, cuando baja mi hijo, entra a la comisaría, me saca un oficial y me dice que mi hijo queda detenido por robo agravado por uso de arma”, afirmó la mujer.
Axel estuvo arrestado durante cinco días en la Cuarta, lo trasladaron al Destacamento de Palihue hasta el 7 de septiembre y al día siguiente lo llevaron a Coronel Suárez donde permanece detenido. Desde la Fiscalía informaron que la causa ya fue elevada a juicio.
Ojeda mencionó que su hijo es asmático, que tuvo que llevarle la medicación personalmente y que solo puede comunicarse con él dos veces por semana.
Axel está acusado de robo a mano armada. La familia ofrece testigos que vieron a dos hombres en moto robar las mochilas a un grupo de adolescentes que circulaban por la zona. A partir de la identificación de una joven, la policía persiguió a uno de los implicados que volvió al lugar y finalmente escapó.
“La descripción de los delincuentes no coincide con la de mi hijo, me allanaron mi casa, buscaban pertenencias de los chicos, las mochilas, gorras, ropa y no encontraron nada. La policía cuando redacta la denuncia dice que la chica es la novia y que estaba tres cuadras, en realidad es su hermana. Me tomé todo el trabajo que la justicia no hizo”, agregó Ojeda.
“La fiscal me denegó varios testigos que presenté. No me da explicaciones, mi hija y yo pedimos muchas veces poder declarar, estoy pidiendo el rastreo de la localización del teléfono de mis hijos, eso demuestra que nunca estuvieron en el sector del robo. Si acudo a los medios es porque no me dan respuesta. Hace 30 días que tengo a mi hijo encerrado y lo único que hace es llorar”.
“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida. Llevo 30 días sin ver a mi hijo, Axel está estudiando, es un chico alegre, en casa hay valores y principios, son mis únicos dos hijos, me desvivo por ellos. Acaba de cumplir 20 años en julio. Yo siempre creí en la justicia y ahora no me dejan demostrar que mi hijo es inocente”, concluyó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/09/comisariacuarta2-1.jpg?fit=831%2C365&ssl=1365831FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-09-29 14:58:142020-09-29 14:58:15Denuncia detención arbitraria: “No me dejan demostrar que mi hijo es inocente”
Las familias de la toma en Altos de Independencia no pudieron llegar a un acuerdo con los dueños de los terrenos porque es “impagable lo que están pidiendo”.
Se trata de 150 familias que permanecen en las tierras ubicadas en Fragata Sarmiento y Fournier . “Habíamos pedido contactarnos con los dueños, hablamos y resulta que lo que pasó fue una locura. Nos dijeron que nos iba a dar cuotas y precios accesibles y fue todo lo contrario”, señaló Yanina a FM De la Calle.
“La mayoría de acá depende del día a día, son jornaleros, albañiles, amas de casa, nos dijeron que la propuesta iba a ser accesible, nos pidieron una entrega de 120 mil pesos y 18 cuotas de 22 mil pesos y si no nos pedían lo que sea que tuviéramos a nuestro nombre en forma de pago”, comentó.
Agregó que “acá nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta. Se nos rieron en la cara. Le dijimos el monto que podíamos pagar y se nos rieron en la cara. Nos bloquearon en WhastApp cuando le dijimos la propuesta”.
El acuerdo que ofrecen los vecinos es pagar el terreno a 10 años. “Podemos pagar 5 mil pesos por mes. Estamos todos cuidando nuestro lugar porque lo queremos, lo necesitamos, hay chicos, hay personas con chicos con discapacidad que no pueden pagar el alquiler”.
Por último, destacó que “sabemos y tenemos en claro que esto está mal pero necesitamos. Esto está hace años acá, esto es un basural. Nos tomaron el pelo, se nos rieron en la cara y fue una locura. Queremos llegar a un acuerdo al que todos podamos acceder”.
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(Por Suteba Bahía Blanca) En la provincia de Buenos Aires 1.240.000 familias tienen problemas de vivienda. El 50% porque necesita una vivienda y el otro 50% porque necesita mejorarla o ampliarla para vivir dignamente.
En cuanto a villas y asentamientos hay registrados 1807 barrios con graves problemas sociales, urbanísticos, ambientales y de servicios públicos.
La contracara de tantas necesidades es que el Estado ha avalado las ocupaciones ilegales y la violación sistemática de las normas cuando las llevan adelante grandes emprendimientos privados de urbanización bajo la lógica del negocio inmobiliario. En los últimos años en la Provincia se han construido 500 barrios privados sin permiso pero cuentan con apoyo estatal para grandes inversiones en infraestructura que proveen los servicios y la pavimentación de calles de acceso.
Son habituales también las excepciones a los Códigos de planeamiento urbano que promueven las intendencias y respaldan Concejos Deliberantes para facilitar la construcción de lujosas propiedades horizontales y barrios cerrados sobre áreas de humedal. En Bahía hace poco se aprobó una excepción al Código para habilitar la construcción de una torre de 20 pisos en Sarmiento al 1300 donde estaba la fábrica de colchones Fabra Fons. La ganancia para los inversores inmobiliarios por estos pisos de lujo se estima en 9 millones de dólares.
La triste paradoja del capital coloca en situación de “derecho” a los grandes negocios con la tierra mientras las necesidades de miles para que se cumpla con el derecho constitucional a la vivienda son estigmatizadas como delitos.
La pandemia, además de los padecimientos que origina sobre la salud pública, ha profundizado estas desigualdades. La pérdida de trabajos estables y temporarios y el aumento del precio de los alquileres agravan las penurias del déficit habitacional.
Entre docentes muchas de nuestras compañeras y compañeros deben trabajar al menos un cargo para poder pagar el alquiler, desempeñando el segundo para lograr la subsistencia diaria sin poder llegar a tener una vivienda propia que impida el desgaste cotidiano al que se ven sometidas. El derecho a la vivienda les está literalmente negado. Y esto se evidencia cuando en promedio se necesitan 362 sueldos mínimos de $16875 para acceder a un terreno de U$D 60000. Básicamente 30 años de sueldos mínimos.
SÍ AL DERECHO A LA VIVIENDA.
En la entrega de bolsones en las escuelas los y las docentes verificamos día a día cómo se multiplican las necesidades más acuciantes.
Por citar sólo un informe alarmante la Unicef estima que a diciembre 2020 la cantidad de niñas y niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. Pertenecen a familias que tienen que resolver minuto a minuto cómo subsistir y entre las penurias cotidianas está muchas veces, el techo que los ampare y la posibilidad de cumplir con los resguardos frente al coronavirus.
Sin dejar de repudiar a todo aquel o aquella que quiera lucrar con las necesidades de las personas, sí decimos con toda nuestra fuerza que criminalizar la lucha por la tierra va de la mano con la negación de derechos.
Los mismos políticos que en campaña enarbolan discursos sobre la igualdad ahora compiten en declaraciones amenazantes y discriminadoras.
La estigmatización y criminalización, parecen ganarle a aquello que nuestra legislación garantiza como derechos.
Por ejemplo el artículo 36 de la Constitución provincial marca con toda claridad: “la Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única”.
Tampoco se acuerdan, claro, de la ley provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat que define el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable.
Por contrapartida la apropiación de tierras públicas por parte de quienes más tienen ha sido norma en la historia nuestro país comenzando la que se llevó adelante sobre la base del genocidio primero, seguido del reparto entre pocos propietarios de centenares de miles de hectáreas de tierras comunitarias indígenas y campesinas.
Nuestra ciudad también es y ha sido testigo de estas apropiaciones de tierras fiscales para la especulación inmobiliaria y el lucro privado, contando en estos casos con las complicidades políticas y judiciales Si las pandemias del siglo XXI creadas por el capitalismo exigen distanciamiento, luchemos y exijamos al estado la tierra y la vivienda para vivir dignamente y para producir nuestros alimentos.
Exijamos nuevas escuelas y hospitales públicos, nuevos barrios y planes de construcción de viviendas Y rodeemos de solidaridad y apoyo a las genuinas recuperaciones de las familias que reclaman por el derecho a la tierra junto a las facilidades para poder pagarlas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/09/suteba-vivienda.png?fit=1064%2C318&ssl=13181064FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-09-29 13:05:312020-09-29 13:05:32Sobre necesidades y derechos
“Con respecto a las dos áreas de Covid, tanto clínica médica como terapia, estamos completos. Al momento que se libera una cama inmediatamente se ocupa por otro paciente. Esto es de hace 15 días”, dijo el vicedirector de la Clínica Raúl Matera, Pablo Casella, a FM De la Calle.
Agregó que realizan el seguimiento domiciliario de cien pacientes: “Sabemos que entre cinco y siete van a requerir el hospital y hoy no tenemos cama. Esto es a corto plazo. Hay que bajar la circulación, sé que genera en muchos sectores una insatisfacción pero el panorama, si esto no se cumple, es mucho peor.
El Hospital Privado del Sur, desde este domingo y por diez días, no recibe pacientes con coronavirus o casos sospechosos porque tiene “rebasada” el área Covid. Solo atienden urgencias.
Con respecto al personal, Casella mencionó que “los trabajadores de la salud estamos en más de un hospital, cualquier cosa que sucede en uno repercute en nosotros, tenemos algunos aislados por contactos estrechos, pero no se ha dificultado el trabajo”.
“Es un problema porque no hay reemplazo, tenemos abierta la inscripción para tomar personal de enfermería y no hay gente porque están ocupando lugares en otros hospitales”, agregó el médico.
En el caso de la Clínica Matera, la mayoría de les pacientes destacó “son empleados de comercio que están en edad de actividad de trabajo, están en el rango de 40 a 55 años, son adultos jóvenes. Todos nuestros pacientes son sintomáticos, en este momento cuatro de ellos están en terapia, tenemos otros cinco que están en área de clínica médica que son para casos moderados”.
Casella agregó que además hay “71 personas positivas en seguimiento domiciliario y 30 pacientes sospechosos a la espera de hisopados. El número de pacientes fuera del hospital es 101”.
En relación a las medidas tomadas a nivel nacional mencionó que “al inicio, cuando se hizo la cuarentena, fue fundamental si no no nos hubiésemos podido armar en esta situación”.
“Cuando empezamos no teníamos áreas para Covid, áreas de aislamiento, prácticamente se armó una nueva terapia intensiva. Veo un quiebre grande cuando en julio empezaron las aperturas y ahí, inmediatamente, se disparó el número. Septiembre fue un momento álgido y complejo que coincide con la mayor circulación”.
En tanto, sobre gestión local, el médico afirmó que “si bien las herramientas que tenemos, por ejemplo las fases, no son las que uno quisiera, son las únicas que tenemos. Entiendo que el dueño de un restaurante esté preocupado y cómo no estarlo, tienen que traernos otra alternativa. Estamos intentando evitar un problema futuro a corto plazo. La política, sobre todo la que tiene que ver con la salud, tendrían que ver qué hacen”.
“Hay que bajar la circulación, sé que genera en muchos sectores una insatisfacción pero el panorama, si esto no se cumple, es mucho peor. Tenemos cien pacientes en seguimiento domiciliario y sabemos que entre cinco y siete van a requerir el hospital y hoy no tenemos cama. Esto es a corto plazo”, sentenció.
Por último, y respecto a los testeos a nivel local mencionó que “no tenemos acceso a la cantidad que se realizan. Creo que cuando uno más encima esté sobre la población realizado testeos inmediatamente puede aislar a los pacientes asintomáticos que dieron positivo y evitar el contagio horizontal. Además, evita que las consultas se multipliquen por pacientes sintomáticos que llegan a la guardia de los hospitales”.
El comunicado del Hospital Privado del Sur
“Se comunica a la población que la capacidad de respuesta de nuestro personal de salud, la disponibilidad de camas y de recurso humano y tecnológico para asistir pacientes afectados de COVID-19 se encuentra colmada y comienza a afectar la asistencia de pacientes portadores de otras enfermedades que también requieren atención especializada y de alta complejidad.
El HPS, un hospital históricamente preparado para asistir problemas cardiovasculares agudos y complejos, afecciones cerebrovasculares y quirúrgicas en general, descompensación de enfermedades clínicas, pediatría, atención integral del parto y neonatología; desde los inicios de la pandemia y cumpliendo con los protocolos emanados de las máximas autoridades sanitarias provinciales, dispuso un amplio sector para asistir pacientes contagiados de SARS-Cov2 que supera lo recomendado y sugerido por las mismas.
Hoy dicha capacidad instalada se encuentra rebasada, la concurrencia de pacientes sospechosos o contagiados a nuestro servicio de emergencia es cada vez mayor y la asistencia telefónica por el equipo del hospital aumenta día a día en forma alarmante, se suma a ello nuestro recurso humano disminuido por aislamientos, licencias, por enfermedad y al límite de su respuesta física y psicológica pese a la intensa y prolongada preparación previa.
En virtud de esta situación nos vemos obligados a informar que, a partir de mañana y por el término de 10 días, se limitará la atención por guardia a sólo urgencias quirúrgicas, traumatológicas, pediátricas, cardiovasculares, partos y recién nacidos”.
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Hoy se conmemora el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lleva adelante una acción virtual para exigirle al Gobierno nacional la aprobación del proyecto de ley.
“El movimiento feminista y de las disidencias sexuales seguimos pidiendo al Ejecutivo que apruebe el proyecto. Es urgente y esencial el acceso al aborto desde una práctica segura y el Estado es el garante para que eso ocurra. Sobre todo para que los sectores vulnerados tengan acceso a la información y a una práctica segura”, comentó Sandra Di Seri, integrante de la Campaña y del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.
Agregó que “desde el Ejecutivo plantean que el sistema de salud está estresado. Decimos que aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo descomprimiría el sistema de salud, sabemos por datos duros que al año ingresan 50 mil mujeres al hospital por haber tenido prácticas inseguras que generan diferentes tipo de infección, muchas de ellas graves y muchas ocupan camas de terapia intensiva”.
El proyecto de la Campaña está vigente y con estado parlamentario: “Modifica el sujeto al cual favorecería la ley, ahora incluye a todas las personas con capacidad de gestar. Retira un artículo donde considerábamos la objeción de conciencia, no corresponde al menos en nuestro proyecto esa posibilidad para los antiderechos”.
También propone “no penalizar ni el acceso a la práctica ni a la persona que la garantiza. Es hasta las 14 semanas, sería importante que el Estado respete después de esas 14 semanas no penalizando, que busque otros mecanismos para sortear la decisión de las personas con capacidad de gestar en ese sentido”.
En un comunicado oficial, la Campaña señala que “nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.
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“Los trabajadores y las trabajadoras de la música transitamos esta situación agobiados por una política criminal por parte de las autoridades municipales”, afirmó la Unión de Musicxs del Sur.
El gremio sostiene que el intendente, Héctor Gay, y la directora del Instituto Cultural, Morena Roselló, el 11 de agosto aprobaron “de manera irresponsable permisos precarios para actividades que involucran el quehacer musical”. Aunque según indicaron “no estaban autorizadas según el protocolo provincial” salvo para localidades en Fase 5.
“¿Quién se haría responsable de la situación de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? ¿Qué ART se haría cargo de su suerte? ¿Quién iba a suministrar los instrumentos sanitarios? ¿Dónde el transporte seguro que prevé la normativa provincial? ¿Qué protocolos específicos según el instrumento musical del cual se trate? ¿Cómo se aprueba un protocolo si no se consulta a la organización gremial del sector en cuestión?”, se preguntaron.
El reclamo del sector estaba previsto en el plan de contingencia presentado al inicio de la pandemia, “que se ejecutara el presupuesto vigente en actividades que no requirieran la presencialidad y, a su vez, que los contenidos generados acompañaran a las políticas sanitarias en materia de salud mental de la población”.
Por último, mencionaron que no están pidiendo “ningún privilegio: se pide simplemente que se ejecute el magro presupuesto previsto en actividades que son necesarias y que pueden llevarse adelante de manera no presencial”.
“No es cierto que no hay presupuesto dado que se amplió la planta política del Instituto Cultural y se designó a un nuevo funcionario, Rubén García, en un organismo que no existía hasta entonces como es la Dirección de Cultura en el Espacio Público”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/09/firma-expedientes-coronavirus.jpg?fit=809%2C590&ssl=1590809FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-09-28 11:03:342020-09-28 14:03:50“Cuando la política criminal no colapsa”
Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.
“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.
Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperadaa través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.
Mensaje recuperado de un policia ( si se ase el pajero vajalo) asesinos hijos de p—a pic.twitter.com/bZAZEWsNsH
Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.
De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.
Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.
Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/09/Facundo-detenido-1152x400-1.jpg?fit=1152%2C400&ssl=14001152FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-09-27 20:29:222020-09-28 07:24:41“Si se hace el pajero, que lo bajen”
La Cámara Federal ordenó a la jueza Gabriela Marrón convocar a una audiencia para escuchar a Cristina Castro y a un grupo de testigos de la causa por la desaparición forzada de Facundo que son hostigados por la Policía Bonaerense.
Es en el marco de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. La medida fue rechazada “in limine” por Marrón e involucra a cuatro amigues de Facundo, a Cristina Castro y a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.
“Estamos esperando la audiencia que corresponde, ver cuáles son las medidas que las personas quieren pedir, no todas prefieren tener custodia. Nos costó bastante llegar a una medida de protección”, dijo a FM De la Calle la abogada de la CPM, Margarita Jarque.
La Cámara revocó el fallo de primera instancia con los votos de Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, quienes se opusieron al primer voto de Roberto Amábile.
Jarque mencionó que los hechos que originan el habeas corpus configuran “hostigamiento con una metodología bastante conocida en la policía que son rondines, pasada de patrulleros, parar el patrullero detrás de las casas, pegarle los patrulleros sobre sus autos a su círculo íntimo”.
También se contemplan los episodios sufridos por los abogados y “la muerte del perro de Facundo, en el caso de Cristina. Son prácticas conocidas en las causas donde la policía está imputada y desea cubrir de un manto de impunidad lo que pasa”.
La abogada destacó que no entienden el porqué de la decisión de la jueza dado que “ ha habido un caso, el de Marcelo González, en el que interpusimos un habeas corpus a su favor, rápidamente se avocó a eso y se dictaron las medidas de seguridad”.
En relación a las novedades de la semana, mencionó que “sabemos que se realizaron algunas pruebas respecto del hallazgo de la mochila y del móvil Etios, eso generó pruebas de laboratorio que estamos esperando. Ha llegado una parte importante de la prueba telefónica que estamos analizando”.
Jarque destacó que “teníamos un informe de Policía Federal que era muy parcial respecto de teléfonos policiales, se insistía en un informe que cruce el contenido telefónico con los AVL y algo de eso es lo que ha llegado con un análisis más profundo que el de la Federal y sin consideraciones”.
Por último, respecto de la autopsia señaló que el informe final tiene fecha para el 1 de octubre. “Sabemos que por el estado en el que se encontró el cuerpo puede ser que arroje información acerca de la data de muerte y el medio y puede ser que eso tenga cierta debilidad por que es mucho el tiempo y el deterioro. Tendremos que ver qué dicen los expertos y la doctora Creimer que podrá adherir a ese dictamen o hacer el propio”.
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La semana pasada, un grupo de especialistas expusieron de manera virtual frente a representantes de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante para avanzar hacia el tratamiento de una ordenanza que regule el acceso al cannabis con fines medicinales y terapéuticos.
Actualmente, hay tres proyectos de ordenanza presentados sobre el tema: uno por parte del oficialismo, otro de parte de la Red de Profesionales para el estudio del Cannabis (REPROCANN) y, por último, la propuesta de Cultivo mi Propia Medicina.
La defensora oficial Fabiana Vannini señaló a FM De la Calle que la principal diferencia entre los tres proyectos existentes es que el del oficialismo no contempla el autocultivo.
“El autocultivo, por muchísimas razones, no es delito y que la Municipalidad lo regule trae beneficios: en primer lugar, proteger el derecho a la salud y acceso a la medicina y, en segundo lugar, que el Estado no derroche recursos persiguiendo este tipo de casos”, apuntó.
Entre los argumentos por los que el autocultivo no debe ser considerado delito, la profesional enumeró: “Por el marco legal constitucional que es el derecho a la salud. En segundo lugar, porque esta el marco legal nacional con la ley 27350, que -si bien prevé un solo caso de epilepsia refractaria-, lo cierto es que reconoce el fin medicinal y paliativo de la planta. Y por último, hace 11 años la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, que pena o persigue a quienes consuman o hagan uso de estupefacientes para uso personal”.
“Si vos estás en un registro de cultivadores, vas a estar protegido en caso de un allanamiento. Y el órgano perseguidor, el Ministerio Público Fiscal, sabrá que tu finalidad es el autocultivo y que no tiene destino ilegítimo, y no es delito para la ley de estupefacientes”, argumentó.
Vannini agregó que si no es por la vía del autocultivo el Estado debería igualmente garantizar el acceso medicinal de la planta. “Hay proyectos que miran esa cuestión y tal vez en un futuro sea el propio Estado el que provea el medicamento. Hoy el Estado no esta preparado para fabricar. Tenés que importarlo y está previsto solo para el caso de epilepsia refractaria. Y es carísima, es un frasquito que sale 250 dólares por mes”.
Por último, resaltó “la mirada de género es muy importante. Somos las mujeres las que tenemos el rol de cuidadoras, somos las que nos ponemos esta lucha al hombro y también me gusta destacar que la primera organización que se hizo famosa en Argentina es Mamá Cultiva. Son las que ponen el cuerpo cuando les toca la detención. Es la mujer la que se pone en riesgo porque son las mamás las cultivadoras”.
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La imputación judicial había sido realizada por la Fiscalía en 2015. Previamente, Alberto Rodríguez fue querellado por el represor tras ventilar su pasado en una reunión del Consejo Superior de la UNS y Dante Patrignani padeció tres demandas luego de pedir su juicio académico.
“Todo este proceso fue muy largo, a veces uno pierde la esperanza de tener alguna respuesta, que es mínima a lo que fue este personaje dentro de la universidad”, dijo Rodríguez. Patrignani señaló que “costó bastante” llegar a esta instancia pero se derrumbó el “mito de que era poderoso e intocable”.
Rodríguez agradeció a Montezanti por haberle iniciado la querella porque “gracias a su prepotencia se creía que iba a poder pasar a la historia como lo que no es: un abogado triunfante. Apenas es un miserable que inició un juicio, lo perdió y, a partir de ahí, se hace la presentación en Cómodoro Py ante Oyarbide por la causa de lesa humanidad de la Triple A donde se lo imputa a el también”.
Patrigani reconoció que el procesamiento “costó tiempo y juicios”. “Me hizo tres demandas: una en el fuero civil, que me obligó a pagar una suma por haber herido su buen nombre y honor -que está apelada en la Suprema Corte-; otra junto a mi abogada Mónica Fernández Avello en la justicia penal por revelar secretos políticos y militares por haberle ventilado el legajo en inteligencia, causa fallada a favor nuestro; y una tercera por haber provocado daños frente a la Cámara Federal por unos afiches que aparecieron con su famosa imagen con la gorra, que por supuesto también falló el juez Ramos Padilla a favor mío”.
“Esas son las medallas que se lleva uno en la lucha. Me sorprendió la noticia ayer, ya habiendo pasado tanto tiempo no esperaba que pudiera ser procesado. Seguramente esto va a ser largo, va a requerir mucho esfuerzo y militancia para que pague sus responsabilidades”, agregó.
Rodríguez recordó que “este hombre fue parte de la acción intelectual dentro de la acción criminal. Estaba vinculado a los grupos empresarios, a los sindicatos, a la universidad a través de Remus Tetu y a la UTN a través de (Emilio) Garófoli”.
Respecto del juicio académico, Patrignani mencionó que “todos los jurados que se nombraron se excusaron, no quisieron meterse con Montezanti y se fue alargando hasta que cumplió los 70. Por ley está obligado a jubilarse, en ese momento presentó un escrito ante la Cámara Federal pidiendo que se cayera su juicio académico por su jubilación, a pesar de ello la Cámara se lo rechazó. El juicio académico estuvo en vigencia aun después de jubilarse pero se fue diluyendo”.
En ese sentido, Rodríguez destacó las dificultades que tuvo para encontrar un abogado para que lo represente en la querella que tramitó el juez José Luis Ares. “Recorrí a penalistas de Bahía Blanca y ninguno aceptó defenderme en el juicio de Montezanti. Tuve que terminar yendo a la Defensoría Pública. Hasta qué punto la miserable actitud de este tipo hace a la miserable actitud de aquellos profesionales que se niegan a defender a una persona de Montezanti. Algunos por amistad, otros porque habían tenido un problemita con él, todos tenían un argumento pero ninguno aceptó mi defensa”.
“No me cabe duda que en la universidad y los pasillos tribunalicios sabían de qué tipo estaban hablando, algunos fue por miedo y otros por mala gente. Así que no puedo ser optimista, fue impune jubilado como juez, impune jubilado en la universidad. Esperemos que la justicia alguna vez sea justa, simplemente. Tengo el derecho a tener tantas dudas después de 45 años”, sostuvo.
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Esta tarde se realizará la primera reunión de la paritaria docente provincial. Suteba Bahía Blanca advirtió que será «luego de ceder al amotinamiento de la Policía Bonaerense otorgando $44000 de inicial más $5000 y de que 15 sindicatos se pronunciaron por la apertura».
Si bien no hubo consulta a las bases por parte de las autoridades de Suteba, desde la conducción local estiman que debería reclamarse «el 40% de aumento al básico y a todas las sumas».
«El salario docente es el que cobramos por cargo, por cuatro horas. Siempre estuvo por debajo de la línea de pobreza, lo que hace que haya que recurrir a dos cargos. Otra situación que nos preocupan son la condiciones laborales en las que nos desempeñamos y la situación de alumnos que quedaron por fuera del sistema educativo. Esto también debería ser discusión en la paritaria», dijo a FM De la Calle Gabriela Delfino.
Respecto de la intención de Juntos por el Cambio de volver a las aulas, Delfino afirmó que “las idas y vueltas del ministro Trotta hacen que una pueda llegar a temer que esto sea una consideración importante. Verdaderamente esperamos que el Frente Gremial Docente se oponga a esta situación porque las condiciones no estaban dadas antes, mucho menos ahora”.
“Ni oficialistas ni opositores se preocuparon por la educación pública, por que se hubiera exigido y se hubiera puesto todo para que este proceso en pandemia se llevara adelante. No existió la voluntad política para que alumnos y docentes tuvieran dispositivos y conectividad”.
“Si están preocupados funcionarios y oposición que pongan dinero y voluntad política para que todos chicos y chicas tenga computadoras e internet para la continuidad pedagógica. El resto es pura sarasa”.
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