El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.

“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.

Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.

El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.

El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.

El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.

Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.

Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.

Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.

“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.

¿Para qué se endeudaron?

La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Gastos de supervivencia

• Gastos cotidianos, especialmente comida.
• Pago de las facturas de servicios públicos.
• Pago de alquiler.
• Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
• Mantenimiento.
• Pago de otros créditos previos.

Gastos para mejorar las condiciones de vida

• Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
• Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
• Pago de terrenos.

Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios

• Compra de máquinas.
• Compra de mercadería e insumos.

El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.

“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.

¿Con quiénes se endeudaron?

Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.

Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.

La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.

Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.

La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.

En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.

Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.

Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.

Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.

El endeudamiento de los sectores populares estuvo directamente motivado por la degradación de la realidad social que se vive en los barrios bahienses y la ausencia de políticas sociales por parte del Estado.

Así lo demuestra la investigación realizada por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez, quienes manifestaron que “si bien la situación social era mala, en 2018 se agudizó a partir de la salida de capitales y el acuerdo del gobierno de Cambiemos con el FMI”.

Las deficiencias en infraestructura tuvieron un gran impacto en las condiciones de vida y obligaron a multiplicar los gastos asociados a la precariedad a casi un tercio de la población de nuestra ciudad que vive bajo la línea de la pobreza.

El deterioro del mercado laboral fue “muy significativo, con carácter generalizado y profundo”. La desocupación creció y los salarios perdieron la carrera con la inflación. Los tarifazos significaron una carga incompatible con los ingresos de las clases populares. El corte de servicios aumentó los riesgos, por ejemplo por el reemplazo del gas por la leña, y el encarecimiento del boleto de transporte dificultó la llegada al centro para conseguir trabajo o acceder a políticas sociales.

La caída generalizada del consumo provocó el cierre de más de dos mil pymes y golpeó también a los comercios barriales. Se dificultaron los cobros y se rompió la cadena de pagos, lo cual generó que más personas salieran a buscar un empleo y usaran la deuda para suplir el ingreso faltante.

En el caso de las políticas sociales, muchos programas fueron dados de baja o sufrieron recortes presupuestarios. También se registraron diversos problemas que restringieron su acceso: las condiciones laborales variables generaron complicaciones administrativas, los trámites eran engorrosos, hubo falta de unidades de atención del Estado en los barrios y se sobrecargaron los servicios sociales. La mayor cantidad de necesidades y los escasos recursos para distribuir tensionaron la red de relaciones barriales.

“Esto no solo crea desconfianzas y rencores, no es un efecto colateral sino un objetivo de las políticas. Se trató de una búsqueda por evitar la organización colectiva en los barrios, algo que dificulta organizar las demandas populares”, sostiene el informe.

Por otra parte, les investigadores destacaron que quedó en evidencia la invisibilización de las tareas de cuidado, lo cual afecta mucho más a la población sin recursos para contratar a terceros que realicen esos trabajos.

“Al encarecimiento de los consumos básicos para la vida y la pérdida de fuentes de ingreso, se sumó la falta de respuesta del Estado. La deuda apareció como una vía para solventar parte de este abandono”, concluyeron.

Salidas colectivas

Los testimonios de integrantes de 14 organizaciones consultades para la investigación, relataron que ante este panorama surgieron propuestas solidarias con “un fuerte reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”.

“No se trata del favor persona a persona sino de entramados de relaciones que involucran a terceras personas en diversos formatos de organización colectiva”.

La cooperación se impuso sobre la caridad y permitió resolver urgencias alimentarias mediante ollas populares, el compartir mercadería o conformar efímeras “cooperativas” de compras o “vaquitas”. De la misma manera se atendieron necesidades habitacionales o se sostuvo el comercio barrial.

Todos los caminos conducen a la deuda

Entre los efectos que produjo esta realidad social, les investigadores mencionaron el incremento de los pedidos de comida, con comedores populares que pasaron de cocinar para niñas y niños a hacerlo para toda la familia. Esto no implicó “solo malestar económico o fisiológico sino un deterioro en la autoestima con efectos secundarios difíciles de determinar”.

Los problemas fueron y son mayores en la segunda quincena del mes cuando se agotan los recursos de la Asignación por Hijo y se debe recortar cualquier gasto no esencial dejando la sensación de que “tanto esfuerzo no sirvió para nada”.

Al deterioro del mercado laboral se le suma el empobrecimiento de las clases populares mediante la falta de empleo y la caída de los ingresos. Se produce una mayor competencia por los mismos trabajos, “nuevos pobres” compiten con más recursos y más integrantes de las familias deben salir para elevar los recursos. Esto último en ocasiones involucra a menores o les expone a riesgos cuando deben quedarse en casa a su propio cuidado para que les adultes busquen trabajo.

Por último, se registran más afecciones psicológicas ligadas a la impotencia ante la situación y la falta de empleo. Los más afectados son los hombres que no pueden cumplir el rol de “proveedores” que les impone la lógica patriarcal. Aumentan el alcoholismo y la violencia machista, la cual muchas veces obliga a las madres a retirarse del hogar con sus hijes empeorando las condiciones de vivienda y de trabajo.